Presentación.doc realidad nacional

PRESENTACIÓN
La inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos,
secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en día, es una
de las principales características de todas las sociedades modernas, y es que
vivimos en un mundo en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en
un clima generalizado de criminalidad. A continuación, presentamos la vertiginosa
transición de la delincuencia en el país y las causas que originan esta
incertidumbre en la sociedad.
Entre las causas de inseguridad que se detectan, está el desempleo que vive una
gran cantidad de personas; las personas que atentan contra los bienes y la
integridad física de los ciudadanos lo hacen, frecuentemente, por no tener un
empleo estable que les garantice ingresos suficientes para mantener a su familia.
También, se identificó a la pobreza como otra causa que puede generar
agresividad y que causa, además, altos índices de delincuencia que,
generalmente, se ubican en las zonas marginales de la ciudad.
La falta de educación es otra causa. La escasa (y, muchas veces, inexistente)
educación de los ciudadanos genera delincuencia, agresividad y, por supuesto,
inseguridad en aquellas personas que se mantienen al margen, pero que son los
que sufren las consecuencias de esta situación.
Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra población genera altos índices delictivos
y de agresividad contra las personas. Puede afirmarse que, cuanta menos
educación y cultura tengan las personas, más propensas a la delincuencia y al
crimen serán.
En conclusión, la inseguridad ciudadana puede ser superada si el Estado crea un
sistema educativo que disminuya las cifras de deserción escolar que inciden en la

criminalidad, y que, además, ofrezca oportunidades laborales a todos los sectores
de la sociedad
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo humano es un
proceso de expansión de las libertades efectivamente disfrutadas por las
personas. Ese desarrollo no es automático. Por el contrario, está plagado de
amenazas. Precisamente por ello, el desarrollo humano debe estar
indisolublemente ligado a la seguridad humana, que tiene como propósito proteger
al individuo frente a amenazas de distinta naturaleza: desastres naturales,
criminalidad, enfermedades y epidemias, hambre, pobreza extrema,dictaduras y
totalitarismo.2
La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad
humana, aquel componente responsable de enfrentar las amenazas violentas y
delictivas contra las personas y sus bienes. La seguridad ciudadana tiene dos
acepciones.
La primera la define como la condición —objetiva y subjetiva— de encontrarse el
individuo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo intencional por parte
de otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza
física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La noción de
despojo remite al acto de privar ilegítimamente de su patrimonio a una persona
física o jurídica.3
Aunque esta definición parecería restrictiva, en realidad, incluye a todos los delitos
contra las personas, como el homicidio, la agresión, la violación, el secuestro y la
trata de personas, así como los delitos contra el patrimonio, tanto privado (robo,
hurto y estafa) como público (soborno y cohecho). Incluye, además, modalidades
delictivas propias del crimen organizado, como el narcotráfico, el tráfico de armas,
el lavado de activos o el comercio de bienes ilegales, que «están muy
estrechamente relacionados con la violencia y el despojo, aunque no dañen
directamente a las personas o a su patrimonio».
La segunda acepción de seguridad ciudadana la refiere como la acción destinada
a proteger a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o despojo, lo que se

persigue con una política pública, entendida como los lineamientos o cursos de
acción que definen las autoridades estatales. Esto constituye una obligación
positiva del Estado derivada de sus compromisos internacionales para garantizar
los derechos fundamentales.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el concepto de seguridad
ciudadana es el más adecuado para el tratamiento de los problemas de
criminalidad y violencia, en lugar de los conceptos de seguridad pública, seguridad
interior u orden público, por cuanto tiene un enfoque centrado en la construcción
de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana y los
grupos sociales como objetivo central de las políticas, a diferencia de la seguridad
del Estado o de determinado orden político.
La seguridad ciudadana ha sido y es una de las principales demandas de la
población peruana.
A lo largo de los últimos veinte años, su abordaje ha merecido diversos enfoques y
tratamientos por parte de las autoridades, pero con escaso éxito hasta hoy. Y es
que la seguridad ciudadana es un fenómeno social complejo, multidimensional y
multicausal, que debe ser abordado desde diversos aspectos en forma simultánea.
La inseguridad, la violencia y el delito no son problemas que solo merecen
respuestas de contingencia; en verdad, requieren un tratamiento integral y
holístico, de procesos de mediano y largo plazo. Los desafíos son múltiples y
complejos. La seguridad ciudadana exige tomar medidas oportunas y eficaces —
en especial por parte de los decisores políticos— que permitan remover los
obstáculos de carácter estructural y cultural profundamente arraigados en los
sistemas de administración del Estado. En ese sentido, la tarea es compleja
En nuestro país, según las conclusiones del Informe de la Comisión Nacional
de Seguridad Ciudadana, instituida por el Gobierno en septiembre del 2,001, no
existía una política de Estado y un sistema de seguridad ciudadana que articule
vínculos intersectoriales entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las Regiones,

las Municipalidades y la sociedad organizada para hacer frente a la criminalidad y
violencia delictiva.
El contexto social, es la base vinculante del accionar de la seguridad ciudadana en
el entendido que es el esfuerzo conjunto de los componentes del Estado, Policía
Nacional, Autoridades e Instituciones y Comunidad en general, para
buscar soluciones a la problemática de convivencia social que aqueja el país, en el
único supuesto que es entender que las carencias de la policía
como organización, solo pueden ser subsanadas con la participación de todos los
estamentos comprometidos y afectados por la alteración del Orden Público.
Pero lo que busca la sociedad es hacer posible la vida en comunidad, sin
preocuparse de los peligros que amenacen su existencia, para lo cual es
necesario efectivamente contar con organismos encargados de asegurar su
tranquilidad y garantizar el goce de los derechos ciudadanos sin tener
preocupación alguna de defenderse de los peligros que amenacen a sus
miembros o a la organización social misma, de ahí que la coordinación entre la
POLICIA NACIONAL y el SERENAZGO, asi como de otras instituciones, debe
tener como norte solamente esa prioridad y no avocarse a intereses subalternos
de querer captar o coadyuvar de una u otra forma a estas instituciones, ya que
cada una cumple un rol importante dentro de la sociedad, como esta demostrado,
pero para esto hay que estar preparado.
Se ha dado pasos importantes en materia de seguridad ciudadana a partir de
setiembre del 2002, cuando por primera vez el Acuerdo Nacional, en forma seria y
responsable, analizo la seguridad ciudadana en nuestro país, teniéndose como
resultado la dación de la sétima política de Estado que precisa como necesidad
prioritaria la erradicación de la violencia y el fortalecimiento el civismo y la
seguridad ciudadana con participación activa de la ciudadanía.
A partir de esta política se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con
1858 instancias descentralizadas a nivel nacional, que son denominadas Comités
de Seguridad Ciudadana Regional (26), Provincial (194), y Distrital (1,638), a fin de
que los Gobiernos Regionales, Locales y la Policía Nacional puedan realizar

acciones dentro de una competencia compartida, porque la seguridad ciudadana
en su esencia sobrepasa la esfera de la acción policial, privilegiando la prevención
antes que la represión.
LEGISLACION
Paralelamente, se dictaron un paquete de dispositivos legales (Leyes N° 27934,
27935, 27936, 2793, 27938 Y 27939), relacionadas con la regulación de la
intervención policial y el ministerio público en la investigación preliminar del delito;
modificación artículos de la Ley N° 27030 sobre ejecución de las penas de
prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres; sobre las
condiciones de legítima defensa; modificación de los artículos 366 y 367 del
código penal y autorización para la asignación en uso de los bienes incautados en
caso de delitos de secuestro o contra el patrimonio, cometidos en banda,
establecimiento del procedimiento en casos de faltas y modificatoria de los
artículos 440, 441 Y 444 del código penal, respectivamente.
Con este marco legal, se ha procedido a dinamizar el Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana a través de la conformación de Comités de Seguridad
Ciudadana, a nivel Distrital, Provincial y Regional, los mismos que constituyen
soportes fundamentales en el fortalecimiento de este trabajo en sus respectivas
jurisdicciones.
NORMAS LEGALES - LEYES
Ley Nro 27933
"Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana"
Ley Nro 29611
Ley que modifica la Ley Nro 29010, Ley que faculta a los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú, y
la Ley Nro 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley Nro 27238
Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú
Ley Nro 27972
Ley Orgánica de las municipalidades
Ley Nro 29372
Ley que modifica el artículo Nro 259 y su entrada en vigencia, así como la del
artículo Nro 260 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo
Nro 957, referidos a la detención policial y arresto ciudadano en flagrante delito,
respectivamente
Ley Nro 29701
Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las Juntas Vecinales y
establece el Día de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
NO BASTA CON UNA LEY
Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, el endurecimiento de las penas
nunca ha dado buenos resultados en el país. El experto señala que las
experiencias que plantearon cadena perpetua y pena de muerte para los
delincuentes en otros países no lograron reducir los índices delictivos.
“El delincuente no tiene capacidad de discernimiento y no encuentra en la ley un
amedrentamiento. Creo que esta ley de tolerancia cero es una reacción política
frente a los recientes casos criminales”, dijo Lamas Puccio.
Según el penalista, durante los últimos 30 años el país ha incrementado las penas
al terrorismo y al narcotráfico dependiendo de si el delito es más mediático. “La
cárcel debe entenderse como una medida de extrema gravedad. No se puede
mandar ahí a todo el mundo”, dijo Lamas.
Para el general Gustavo Carrión, ex director de la PNP, la única respuesta que ha
tenido este gobierno para combatir la delincuencia es endurecer las penas, pero
eso no es suficiente. “Las penas para el robo agravado, por ejemplo, ya son lo
suficientemente duras. El problema es que los operadores del sistema penal,

Ministerio Público, Poder Judicial e INPE, están fallando. Es probable que estas
normas solo queden en el papel”, concluyó.
EN PUNTOS
La norma dispone que los abogados defensores que utilicen mecanismos
dilatorios y los fiscales que no cumplan oportunamente con sus deberes
funcionales sean sancionados según la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Para quienes sean condenados por cometer crímenes, la ley declara la
incapacidad definitiva para obtener licencia de conducir cualquier tipo de vehículo
o para portar armas de fuego o de aproximarse o comunicarse con las víctimas o
de visitar internos en penales.
Se disponen mayores requisitos para obtener los beneficios penitenciarios
Perú: plan de seguridad ciudadana busca reducir en más de 11% la
victimización
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para el periodo 2013-2018, presentado
por el gobierno ante el Foro del Acuerdo Nacional, tiene como meta reducir en
más de 11 por ciento los índices de victimización en el país, informó este lunes el
ministro del Interior, Wilfredo Pedraza.
Durante su exposición, precisó que el plan busca disminuir el porcentaje de
victimización del 36.6 al 25 por ciento en 2018, "una cifra conservadora, pero real,
porque estamos en un proceso de consolidación de la reforma policial, que ira
dando resultados progresivamente", anotó.
Asimismo, dijo, aspira a reducir los índices de violencia familiar contra la mujer del
13,6% al 10%, así como disminuir el reingreso a las cárceles del 30,5% al 25%.
Finalmente, bajar los niveles del consumo de drogas ilegales en general del 1,5%
al 1% en cinco años.

El ministro Pedraza sostuvo que este plan supone el desarrollo de un conjunto de
actividades concretas desde el sector Interior, en el marco de una reforma
normativa, que está en proceso de implementación en el ministerio y en la Policía
Nacional.
Ratificó que se fortalecerá la logística de las comisarías y del cuerpo policial en el
país, así como las unidades de investigación criminal, enfatizando en la
inteligencia, para la desarticulación de las bandas criminales.
Para ese objetivo, recordó, se destinarán hasta julio del 2014 unos mil millones de
soles.
Señaló que el plan tiene un enfoque integral e institucional, cuenta con seis
objetivos estratégicos y aspira a desarrollar un eje estratégico de lucha contra la
delincuencia de forma más articulada.
Entre los objetivos estratégicos del plan figura el promover una mejor coordinación
con los gobiernos regionales y locales. También reducir la violencia familiar y el
consumo de drogas con programas de prevención.
En este aspecto se impulsa la participación de la sociedad civil, sector privado y
medios de comunicación para enfrentar el flagelo. También se pone énfasis en la
resocialización del reo.
El ministro recordó que dicho plan fue aprobado por el Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana (Conasec) y el Consejo de Ministros como política de
Estado
Conclusiones
A. Que, se debe tener en cuenta que La Seguridad Ciudadana, es el conjunto de
medidas y previsiones que adopta el Estado, a través de sus instituciones y de la
comunidad organizada, dentro del marco de la ley y los derechos humanos, con la
finalidad que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y
amenazas que genera la criminalidad y delincuencia.
B. La Seguridad Ciudadana no es una situación o condición, ni tampoco un campo
de acción exclusivo o de competencia de alguna Institución, la seguridad

ciudadana es la participación conjunta de diferentes organismos estatales,
comunales y de la Policía Nacional, para poder desarrollar labores policiales, en
favor de las comunidades con el fin de alcanzar la paz y tranquilidad necesarios
para que las personas puedan desarrollar sus actividades.
C. Que, ante las dos conclusiones anteriormente indicadas se podría decir que el
distrito de Magdalena, efectivamente no se han estado llevando a cabo las
diversas acciones de Seguridad Ciudadana, por parte de la Comisaría del sector y
de autoridad edil, los cuales obraban en forma separada, pese a tener ambos
conocimiento de lo estipulado en la Ley de Seguridad Ciudadana, facilitando de
esta manera el crecimiento de la delincuencia en dicho distrito.

Presentación.doc realidad nacional

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (20)

Destacado (8)

Similar a Presentación.doc realidad nacional (20)

Último (6)

Presentación.doc realidad nacional