El documento aboga por la reinstalación de la pena de muerte en México como solución a la creciente criminalidad y la reincidencia de delincuentes, basándose en estadísticas alarmantes y la ineficacia de otras soluciones propuestas. A lo largo del texto, se presentan diversas posturas éticas y estadísticas que sostienen la necesidad de un castigo severo para delitos graves, argumentando que la pena de muerte puede servir como un disuasivo y una medida necesaria de justicia. La conclusión invita a reflexionar sobre el estado actual de la sociedad y el papel que la pena de muerte podría desempeñar en la mejora de la seguridad pública.