El documento presenta un anexo al protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, centrado en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que afecta principalmente a mujeres y niñas. Se destacan las responsabilidades del personal sanitario en la detección y atención a posibles víctimas, así como la necesidad de una actuación coordinada y homogénea para garantizar sus derechos y recuperación. También se subraya la importancia de sensibilizar al personal sanitario sobre la violencia de género y los efectos de la trata en la salud de las víctimas.