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Faux-titre.fm Page 1 Wednesday, March 11, 2009 11:38 AM

Revisión de Políticas Nacionales de Educación

La Educación Superior
en Chile

BANCO MUNDIAL

Faux-titre.fm Page 2 Wednesday, March 11, 2009 11:38 AM

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS

La OCDE constituye un foro único en su género, donde los gobiernos de 30 países democráticos trabajan
conjuntamente para afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la
globalización. La OCDE está a la vanguardia de los esfuerzos emprendidos para ayudar a los gobiernos a
entender y responder a los cambios y preocupaciones del mundo actual, como la gobernanza, la economía
de la información y los retos que genera el envejecimiento de la población.

La Organización ofrece a los gobiernos un marco en el que pueden comparar sus experiencias políticas,
buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y trabajar en la coordinación de
políticas nacionales e internacionales. Los países miembros de la OCDE son Alemania, Australia, Austria,
Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. La Comisión de las Comunidades
Europeas participa en el trabajo de la OCDE.

Las publicaciones de la OCDE aseguran una amplia difusión de los trabajos de la Organización. Estos
incluyen los resultados de la compilación de estadísticas, los trabajos de investigación sobre temas
económicos, sociales y medioambientales, así como las convenciones, directrices y los modelos
desarrollados por los países miembros.

Originalmente publicado por la OCDE en inglés bajo el título:
Reviews of National Policies for Education
Tertiary Education in Chile

© OCDE y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo /Banco Mundial, 2009.
Todos los derechos reservados.
© 2009 Ministerio de Educación de Chile para esta edición en español.
Publicado por acuerdo con la OCDE, Paris y el BIRD/Banco Mundial.
La calidad de la traducción al español y su coherencia con el texto original es responsabilidad del
Ministerio de Educación de Chile.
Las erratas de las publicaciones de la OCDE se encuentran en línea en www.oecd.org/publishing/corrigenda.

La OCDE autoriza libremente toda reproducción de esta publicación para uso personal, no comercial. Los permisos para
fotocopiar con fines comerciales o de uso público una parte de este trabajo deben dirigirse al Copyright Clearance Center
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conservadas en su forma original. Toda solicitud para otro uso comercial o público de este material o para derechos de
traducción debe dirigirse a rights@oecd.org.

PRÓLOGO – 3

Prólogo

Ha habido un progreso importante en la reforma de la educación
superior en Chile desde el informe de la OCDE en 2004. Como sociedad, los
chilenos valoran la educación y es el tema de un frecuente debate público
intenso y los gobiernos sucesivos han respondido a las demandas sociales a
través de reformas a la educación básica, secundaria y superior. El sector de
educación terciaria ha sido y se mantiene dinámico de manera importante y
Chile ha tenido éxito al cambiar de un sistema de elite a uno masivo,
manteniendo la calidad de la educación. Este informe conjunto de la OCDE
y el Banco Mundial, entrega una visión general del impresionante enfoque
progresista de la reforma en Chile y su firme aplicación, mientras el país se
prepara para incorporarse a la OCDE.
El informe cubre la gama completa de la educación superior en Chile,
basado en el informe de antecedentes preparado por las autoridades chilenas
para el Informe Temático de la Educación Terciaria de la OCDE, y la
información proporcionada a los revisores en las reuniones que tuvieron
lugar durante sus visitas a terreno (Santiago, Arica, Antofagasta,
Concepción, Iquique, La Serena, Talca, Temuco, y Valparaíso). El informe
proporciona un análisis de los logros de la última década y los desafíos que
Chile enfrenta en pos de la entrega de un sistema de calidad mundial a sus
ciudadanos, a la luz del contenido económico, social y político del país. El
informe entrega un estudio profundo y recomendaciones para el acceso y
equidad; la relevancia del sistema; su gobernabilidad y gestión; y su
financiamiento. El capítulo final contiene, en forma de síntesis, las
recomendaciones específicas de cada capítulo y establece cómo pueden y
deberían ser enfocadas las políticas.
Este informe de las políticas de educación superior se realizó dentro del
marco del programa de trabajo de la Dirección de Educación de la OCDE,
en conjunto con el Banco Mundial. El financiamiento del informe fue
provisto por el gobierno de Chile y el Banco Mundial.
Los miembros del equipo fueron: Caroline Macready (Reino Unido),
Investigadora, ex-Sub Directora del Departamento de Educación y
Habilidades; Mary Canning (Irlanda), Autoridad de Educación Superior de

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE – ISBN 978-92-64-05414-1 © OCDE Y EL BIRD/BANCO MUNDIAL 2009

4 – PRÓLOGO

Irlanda, anteriormente Especialista en Educación, Banco Mundial; Francisco
Marmolejo (Mexico), Director Ejecutivo, Consorcio para la Colaboración en
la Educación Superior de Norteamérica (CONAHEC) y Vice Presidente de
Programas para el Hemisferio Occidental de la Universidad de Arizona,
Estados Unidos de Norteamérica; Simon Schwartzman (Brasil) Instituto de
Estudios del Trabajo y la Sociedad (IETS), Rio de Janeiro y ex- Presidente
del Instituto Estadístico y Geográfico de Brasil; Peter Tindemans (Holanda),
Estrategias y Sociedades para el Conocimiento Global, ex-Director de
Políticas de Investigación y Ciencias; Ian Whitman (Secretaría de la
OCDE), Jefe del Programa para la Co-operación con Economías que no son
Miembros; Michael Crawford (Banco Mundial), Especialista en Educación,
Departamento de Desarrollo Humano de Latinoamérica; y Jamil Salmi
(Banco Mundial), Coordinador de Educación Terciaria. El equipo fue
apoyado por Ginette Mériot y Emily Groves (OCDE); Ricardo Reich y Ana-
María Quiroz (Ministerio de Educación de Chile).

Barbara Ischinger Pedro Alba
Directora de Educación Director, Países del Cono Sur
OCDE Banco Mundial


ÍNDICE– 5

Índice

Lista de Siglas...................................................................................................... 9

Resumen Ejecutivo ............................................................................................ 11

Capítulo 1. Visión General ................................................................................ 19
Acerca de Chile ............................................................................................... 19
Economía y sociedad ...................................................................................... 20
Chile en el contexto internacional ................................................................... 21
Comparaciones con la educación internacional .............................................. 23
Visión general del sistema de educación en Chile .......................................... 25
La educación secundaria y sus efectos en la admisión
a la educación terciaria .................................................................................... 26
Propósito, objetivos y estándares de la educación terciaria. ........................... 31
Historia y desarrollo recientes de la educación terciaria. ................................ 32
Principales agencias nacionales ...................................................................... 34
Instituciones de educación superior ................................................................ 35
La población estudiantil .................................................................................. 37
Admisión a la educación superior: acceso y equidad ...................................... 42
Currículos terciarios ........................................................................................ 45
Educación superior y mercado laboral ............................................................ 46
El rol regional de la educación superior .......................................................... 50
Financiamiento de la educación superior ........................................................ 53
Personal de las instituciones de educación superior........................................ 56
Aseguramiento de la calidad ........................................................................... 58
Gobernabilidad ................................................................................................ 60
Internacionalización ........................................................................................ 61
Investigación y desarrollo ............................................................................... 62
Recomendaciones anteriores de la OCDE sobre la educación superior .......... 65


6 – ÍNDICE

Capítulo 2. Logros y Problemas Pendientes .................................................... 69
Introducción .................................................................................................... 69
Crecimiento espectacular por medio de la diversificación
institucional y de financiamiento compartido ................................................. 70
Implementación de audaces reformas ............................................................. 70
Inconsistencias, ineficiencias y distorsiones ................................................... 70
La perspectiva de los estudiantes .................................................................... 71
Las instituciones de educación terciaria .......................................................... 72
Respondiendo a las necesidades de los empleadores. ..................................... 74
Rol del estado .................................................................................................. 74
Capítulo 3. Acceso y Equidad ........................................................................... 77
Introducción .................................................................................................... 78
Aumento reciente de oportunidades: impacto en la equidad ........................... 80
PARTE 1. Oportunidades de Acceso y Permanencia en
la EducaciónSuperior....................................................................................... 84
El sistema actual de admisión a la educación superior ................................... 84
Impacto del sistema de admisión en la equidad y el acceso: evidencia .......... 85
Estudiantes de familias de más bajos ingresos y de escuelas municipales...... 86
Alumnos de sexo masculino y femenino......................................................... 90
Estudiantes por región ..................................................................................... 93
Retención y equidad: la evidencia................................................................... 96
Problemas de equidad en la admisión y retención: causas
y opciones de política ...................................................................................... 98
PARTE 2. Oportunidades de Acceso a Programas de Ayuda Estudiantil ..... 111
Mecanismos de equidad y apoyo estudiantil ................................................. 111
Análisis de la incidencia de los beneficios. ................................................... 121
Conclusiones ................................................................................................. 124
Recomendaciones.......................................................................................... 125
Anexo. Metodología Aplicada para Realizar el Análisis de
Incidencia de los Beneficios.......................................................................... 129
Capítulo 4. Relevancia ..................................................................................... 131
Provisión de educación terciaria en Chile ..................................................... 133
El mercado para trabajadores calificados ...................................................... 134
Los empleadores ........................................................................................... 142
Articulación del sistema: de la educación secundaria a la terciaria .............. 144
Articulación del sistema: dentro del sistema de educación terciaria ............. 146
Relevancia de los programas académicos y oferta de cursos ........................ 152
La dimensión internacional de la educación superior ................................... 157


ÍNDICE– 7

Capítulo 5. Visión, Gobernabilidad y Gestión .............................................. 165
Naturaleza y funciones de las instituciones de educación superior ............... 165
La autoridad para conferir grados académicos .............................................. 168
Administración pública (public governance) ................................................ 172
Gobernabilidad institucional y gestión.......................................................... 177
Capítulo 6. Calidad .......................................................................................... 185
Introducción .................................................................................................. 185
Del control de la calidad al aseguramiento de la calidad y más allá ............. 186
La contribución del programa MECESUP al mejoramiento de la calidad .... 191
Calidad de la docencia, cursos y aprendizaje ................................................ 192
Calidad de la investigación ........................................................................... 197
Calidad de contribución a la comunidad ....................................................... 198
Calidad de las sedes regionales ..................................................................... 198
Calidad de la formación de profesores .......................................................... 200
Conclusiones y recomendaciones ................................................................. 203
Capítulo 7. Investigación y Desarrollo ........................................................... 207
Introducción: la necesidad de investigación y desarrollo (I&D)
y su relación con la innovación. .................................................................... 207
Investigación y desarrollo en Chile ............................................................... 209
Financiamiento del desarrollo científico y tecnológico,
especialmente en la educación superior. ....................................................... 221
Tendencias en el financiamiento de investigación ........................................ 227
Hacia un mejor sistema de financiamiento de la investigación..................... 229
Marco y responsabilidades en las políticas de investigación ........................ 232
El desarrollo de la investigación universitaria .............................................. 234
Cooperación internacional ............................................................................ 238
Capítulo 8. Financiamiento ............................................................................. 241
Introducción .................................................................................................. 241
Movilización de recursos .............................................................................. 242
Educación superior privada ........................................................................... 250
Asignación de recursos ................................................................................. 257
Utilización de recursos .................................................................................. 274
Principales conclusiones del capítulo............................................................ 283


8 – ÍNDICE

Capítulo 9. Información, Transparencia y Rendición de Cuentas .............. 289
Introducción .................................................................................................. 289
Información a los estudiantes potenciales ..................................................... 290
Información para el diseño de políticas y evaluación ................................... 296
El Sistema de Información sobre Educación Superior (SIES) ...................... 301
Resultados ..................................................................................................... 302
Capítulo 10. Conclusiones y Recomendaciones ............................................. 305
Introducción .................................................................................................. 305
Conclusiones y recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial para la
Educación Superior ....................................................................................... 305
Conclusiones y recomendaciones del equipo revisor .................................... 309

Ver también Informe de Antecedentes en Ministry of Education of Chile (2007),
OCDE Thematic Review of Tertiary Education: Country Background Report for
Chile, Santiago. http://dx.doi.org/10.1787/478236220760, también disponible en
www.oecd.org/edu/tertiary/review


LISTA DE SIGLAS – 9

Lista de Siglas
Español Inglés
AFD Aporte Fiscal Directo Direct public grant
AFI Aporte Fiscal Indirecto Indirect public grant
AGCI Agencia de Cooperación Internacional Agency for International Co-operation
AR Arancel de Referencia Reference fee
BB Becas Bicentenario Bicentenary scholarships
BEA Beca de Excelencia Académica Academic Excellence scholarships
BDP Beca para estudiantes Destacados que Scholarships for outstanding students
ingresan a Pedagogía to study pedagogy
BJGM Becas Juan Gómez Millas Juan Gómez Millas scholarships
BNM Beca Nuevo Milenio New millennium scholarship
CAE Crédito con Aval del Estado State guaranteed loan system
CDD Convenios de Desempeño Performance agreements
CFU Crédito Fiscal Universitario University public credit
CNES Comisión Nacional de Educación National higher education commission
Superior
CNA Comisión Nacional de Acreditación National accreditation commission
CNAP Comisión Nacional de Acreditación de Commission for the evaluation of
Programas de Pregrado undergraduate programmes
CONAP Comisión Nacional de Programas de Commission for the evaluation of
Postgrado postgraduate programmes
CSE Consejo Superior de Educación Higher council of education
CFT Centro de Formación Técnica Technical training centre
CONICYT Comisión Nacional de Investigación National commission for science and
Científica y Tecnológica technology
CORFO Corporación de Fomento de la Chilean economic development
Producción agency
CPR Confederación de la Producción y del Chilean confederation of production
Comercio and business
CRUCH Consejo de Rectores de las Council of rectors of Chilean
Universidades Chilenas universities
DEMRE Departamento de Evaluación, Medición Department of evaluation,
y Registro Educacional measurement and educational
registration
DIVESUP División de Educación Superior del Higher education division of the
Ministerio de Educación Ministry of Education
DFL Decreto con Fuerza de Ley Decree with legal force
FC Fondo Competitivo Competitive fund
FDI Fondo de Desarrollo Institucional Institutional development fund


10 – LISTA DE SIGLAS

FIAC Fondo de Innovación Académica Academic innovation fund
FONDAP Fondo de Áreas Prioritarias Centres for excellence in priority areas
FONDECYT Fondo Nacional de Desarrollo Científico National fund for scientific and
y Tecnológico technological development
FONDEF Fondo de Fomento al Desarrollo Fund for the promotion of scientific
Científico y Tecnológico and technological development
FUAS Formulario Único de Acreditación Single socio-economic accreditation
Socioeconómica form
FSCU Fondo Solidario de Crédito Universitario University credit solidarity fund
ICM Iniciativa Científica Milenio Millennium scientific initiative
INGRESA Comisión Administradora del Sistema Commission for the administration of
de Créditos para la Educación Superior higher education credits
IP Instituto Profesional Professional institute
ISI Instituto para la Información Científica International science index
JCE Jornada completa equivalente Full time equivalent (FTE)
JUNAEB Junta Nacional de Auxilio Escolar y National committee for student support
Becas and scholarships
KAWAX KAWAK STI observatory
LOCE Ley Orgánica Constitucional de Organic constitutional law on
Enseñanza education
MECESUP Programa de Mejoramiento de la Higher education improvement
Calidad y Equidad de la Educación programme
Superior
MINEDUC Ministerio de Educación Ministry of education
NEM Notas de Enseñanza Media Secondary education report
PAA Prueba de Aptitud Académica Academic aptitude test
PSU Prueba de Selección Universitaria University entry test
RICYT Red de Indicadores de Ciencia Y Ibero-American network of science
Tecnología and technology indicators
SIES Sistema de Información de la Higher Education Information System
Educación Superior
SNAC Sistema Nacional de Aseguramiento de National quality assurance system for
la Calidad de la Educación Superior higher education
SOFOFA Sociedad de Fomento Fabril – The Chilean federation of industry
Federación Gremial de la Industria
STI Ciencia Tecnología e Innovación Science, Technology and Innovation
UAFI Unidad de Aporte Fiscal Indirecto Indirect public grant unit


RESUMEN EJECUTIVO – 11

Resumen Ejecutivo

Los chilenos valoran la educación; la ven como el camino más
importante y seguro hacia una continua prosperidad y hacen grandes
esfuerzos, como individuos y como sociedad, para tener acceso a una
educación de calidad y aprovechar las ventajas de las oportunidades que ésta
brinda. El número de jóvenes chilenos que continúan sus estudios en la
educación superior ha crecido constantemente en las últimas cuatro décadas
y seguramente continuará creciendo por muchas décadas más. Los
beneficios económicos, sociales y personales de tener más y mejor
educación siguen acumulándose en Chile, junto con el deseo de mantener un
sistema de educación nacional en expansión y de mejor calidad.
Por lo tanto, no es sorprendente que la educación tenga un lugar
prominente en la discusión de las políticas públicas. Varios gobiernos
sucesivos han respondido a las demandas sociales y han realizado reformas
en la educación básica, secundaria y superior. Dentro de este contexto, el
gobierno invitó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y al Banco Mundial, a colaborar en este Informe sobre
la Educación Superior en Chile. La colaboración es oportuna dada la
inminente incorporación de Chile como miembro pleno de la OCDE y su
larga asociación con el Banco Mundial en las reformas de la educación
superior y de la educación en general.
Muchos aspectos de la educación superior en Chile impresionaron al
equipo revisor. El crecimiento masivo de las matrículas en décadas pasadas
no ha producido tensión en el marco institucional en forma excesiva ni
provocado una disminución general de la calidad de la educación. El
fenómeno de expansión parece haber estimulado, o por lo menos haber
acompañado, algunas osadas innovaciones en las políticas. El sector de la
educación superior ha sido y permanece dinámico de maneras importantes.
El éxito de Chile al pasar de un sistema de educación de elite a uno de
educación masiva, manteniendo la calidad de la educación, se debe en gran
medida a su voluntad de implementar políticas con nuevos enfoques.
El equipo revisor reconoce los éxitos logrados por Chile en el pasado;
sin embargo, fue su opinión unánime que ahora se necesita una segunda
generación de reformas. Se puede decir que el sistema de educación superior
chileno ha negociado los desafíos de expansión con éxito razonable. Ahora
debe enfrentar los problemas más difíciles y fundamentales que le impiden
ser reconocido como un sistema de calidad de clase mundial. Estos


12 – RESUMEN EJECUTIVO

problemas tienen que ver, entre otros, con el acceso desigual que tienen los
estudiantes de ambientes y grupos de ingresos diferentes, marcados por la
segmentación entre instituciones universitarias y no-universitarias, los
currículos inflexibles y métodos de enseñanza anticuados, programas de
estudios demasiado largos, prácticas de financiamiento retrógradas en las
instituciones, un sistema de investigación que carece de enfoque y
financiamiento, y con deficiencias persistentes en la información entregada
y en la rendición de cuentas sobre resultados.
Varios de estos problemas son multifacéticos, y el Informe ha querido
tratarlos en sus variadas dimensiones. Por ejemplo, la duración de los
programas de estudio se considera un problema: i) de igualdad, porque
aumenta el costo financiero y de oportunidad para obtener un grado; ii) de
relevancia, porque demora innecesariamente el ingreso de los estudiantes a
los mercados laborales, al mismo tiempo que los obliga a aprender un
contenido teórico que puede ser muy poco pertinente a su desempeño
profesional; iii) de calidad, puesto que mantiene un enfoque en el número de
horas de estudio en lugar de las competencias adquiridas; iv) de
gobernabilidad del sistema, porque contribuye a mantener un distinción cada
vez más sin sentido entre instituciones que son universidades y otras que no
lo son; v) de financiamiento, ya que baja las tasas de titulación y erosiona la
eficiencia interna de las instituciones; vi) de investigación, porque los
estudiantes que dedican en promedio 7 o más años a obtener su primer grado
pueden no estar dispuestos a seguir estudiando para obtener grados más
avanzados; y vii) de transparencia y responsabilidad, porque las altas tasas
de deserción persistentes parecen ser, por lo menos parcialmente,
responsables de la reticencia de las instituciones para analizar y compartir
datos sobre indicadores clave de los porcentajes de matrículas y graduación.
El Informe desea ser franco en su evaluación de la situación actual y en
su análisis de las áreas que requieren una segunda generación de reformas.
Esta revisión ofrece recomendaciones concretas, y algunas veces una
variedad de opciones para solucionar los problemas identificados; aunque
los detalles de la implementación deben ser, naturalmente, la decisión de los
diseñadores de políticas y los involucrados en la educación superior en
Chile.
De acuerdo con la interrelación de los desafíos presentados por las
reformas, el orden de los Capítulos del Informe no refleja juicios acerca de
la relativa importancia de los temas en discusión; comienza con un amplio
resumen detallado del sistema de educación superior chileno, considerando
sus antecedentes y contexto.
Los problemas de acceso y equidad son ejemplos de cómo los esfuerzos
de las políticas de Chile ahora necesitan concentrarse en una segunda



generación de reformas. Claramente se ha progresado en el mejoramiento
del acceso a la educación terciaria para los estudiantes pobres pero bien
calificados. En el lapso de una generación, los porcentajes de matrícula de
estudiantes de los dos quintiles de ingreso más bajo, han aumentado en un
factor cinco. Sin embargo, los problemas de acceso y equidad no son sólo de
participación; involucran la proporción de postulantes versus estudiantes
admitidos por grupo de ingreso, el relativo éxito de los alumnos de sexo
masculino versus los de sexo femenino, la participación de estudiantes por
ingreso familiar y por tipo de institución, y la distribución de ayuda
estudiantil, entre otras cosas. El Gobierno tiene objetivos ambiciosos para el
acceso y la equidad basados en su reconocimiento de la igual distribución de
talento en la población. Alcanzar estos objetivos requiere análisis y acción
en los temas mencionados anteriormente.
Los problemas tienen sus raíces en la severa segmentación de la
sociedad chilena que se refleja en las diferencias entre las escuelas. Los
colegios a los que van jóvenes de familias acomodadas tienen
consistentemente mejores tasas de graduación de la educación media,
preparación para la admisión a la universidad y éxito en la universidad. Una
gran cantidad de alumnos de grupos de bajos ingresos y de escuelas
municipales rinden la principal prueba de admisión universitaria en Chile, la
Prueba de Selección Académica (PSU), pero tienen peores resultados que
los que podrían predecirse de su tasa de graduación de la educación media.
Las niñas no están representadas en las universidades en la proporción en
que obtienen su licencia de educación media. En un país donde la educación
superior es relativamente cara, la ayuda estudiantil no está disponible para
muchos de los estudiantes que la necesitan. Los estudiantes de sectores de
bajos ingresos tienen menos probabilidades de graduarse y más
probabilidades de tener que pagar el costo total de sus estudios.
El éxito para resolver los problemas de equidad y acceso es variable
dentro de la OCDE. La situación de Chile puede compararse
aproximadamente con la de Portugal que ha luchado por lograr acceso total.
El equipo revisor se da cuenta de que el Gobierno chileno tiene bastante que
hacer para lograr sus objetivos - equidad con acceso a la educación superior,
corregir desigualdades y garantizar a todos los jóvenes de talento el derecho
a ella. Se recomienda considerar intensas prácticas de “discriminación
positiva” anteriores, dirigidas hacia pruebas de admisión más
multidimensionales como también los criterios para asignar cupos a los
estudiantes, y una mayor atención a las tasas de graduación y al tiempo que
toma graduarse.
Las recomendaciones para reformar la ayuda a los estudiantes incluyen
una mayor expansión de las oportunidades de becas y préstamos,
asegurando que todas las condiciones de los programas sean equitativas y



apropiadas, teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes y de las
misiones institucionales; y tratando de evitar que estudiantes calificados se
queden sin ingresar a la educación terciaria o impedidos de completar sus
estudios en ella por necesidades financieras. El Equipo también recomienda
combinar todos los programas de becas actuales en uno solo y los dos
programas de préstamos existentes en uno sólo con el modelo del CAE,
introduciendo, idealmente, un elemento contingente al ingreso.
El equipo revisor se dio cuenta de que los empleadores generalmente
tienen considerable aprensión respecto a la relevancia del conocimiento,
competencias, y destrezas que los graduados universitarios aportan al
mercado laboral. Los empleadores no parecen hacer un aporte regular y
sistemático al contenido de los currículos universitarios, las prácticas
pedagógicas o la gestión institucional que les diera la posibilidad de discutir
cambios. Esto podría explicar por qué los graduados en Chile demoran más
en encontrar trabajo que los de otros países de la OCDE. Los empleadores
están satisfechos con la calidad de los graduados de las instituciones no
universitarias, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica,
pero no lo están con la cantidad que se está graduando, que es insuficiente
para satisfacer las necesidades económicas del país. A pesar de estos puntos
de vista, las diferencias de sueldos entre graduados de instituciones
terciarias universitarias y no universitarias siguen siendo considerables.
El equipo revisor cree que se necesitan medidas inmediatas para
aumentar el atractivo y el prestigio de la educación terciaria y disminuir la
clara segmentación entre universidades y otras instituciones que no lo son.
Un paso posible en esta dirección podría ser el establecimiento de un marco
nacional de calificaciones para facilitar el paso de un tipo de grado a otro,
para reconocer previas experiencias y competencias académicas o de trabajo
y para facilitar la transición entre áreas de estudio. La transición hacia un
marco nacional de calificaciones tendría ventajas al incluir una revisión de
todos los currículos terciarios, para hacerlos más flexibles y enfocar el tema
del exceso de horas de contenido teórico en los programas conducentes a
grados.
Chile ha hecho notables progresos al entregar información sobre el valor
futuro de los grados, a los posibles estudiantes, especialmente a través del
sitio de internet, futurolaboral. La calidad de la información es a menudo
adecuada, aunque se necesita mejorar el sistema para que sea de fácil acceso
para aquéllos a quienes está dirigida. Las universidades chilenas también
desean buscar la internacionalización en forma de asociaciones
internacionales e intercambio de estudiantes y académicos; pero, no ha
habido un esfuerzo estratégico serio para agregar una dimensión
internacional a los currículos o para equipar a los estudiantes con destrezas
que son necesarias en una sociedad moderna, basadas en el conocimiento



global, por lo que la educación superior aún no está contribuyendo como
debería hacerlo, a mejorar la competitividad internacional del país.
Al considerar la visión total del sistema terciario, y su gobernabilidad
y gestión, el Informe considera que la ley (LOCE) reserva a las
universidades el derecho a otorgar grados de licenciatura en las 18
profesiones con títulos exclusivos universitarios y en algunos casos controla
el derecho a ejercer estas profesiones. Este monopolio mantiene una
jerarquía de prestigio entre las instituciones terciarias y contribuye a
prácticas pedagógicas y requisitos para otorgar grados que tienen más
relación con el pasado que con el futuro. El Equipo recomienda remover las
barreras artificiales y dejar que la acreditación, más que el estatus legal de la
institución, determine el valor y prestigio de un grado académico; que Chile
adopte un marco amplio de tres ciclos para los grados de Licenciaturas,
Maestrías y Doctorados, similar al del proceso de Bolonia; y que las
funciones educativas de la educación terciaria estén separadas de las que
otorgan las licencias profesionales.
El equipo revisor consideró que las razones para restringir la calidad de
miembro en el Consejo de Rectores (CRUCH) también han sobrepasado su
utilidad. Los roles que desempeña el CRUCH en la representación de los
intereses de las instituciones de la educación superior chilena, y también en
la realización de funciones importantes como la admisión de estudiantes, se
cumplirían mejor si representara a todas las instituciones acreditadas. Otros
organismos del sistema (el Consejo Superior de Educación, el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA) y el Directorio de Préstamos Estudiantiles)
tienen funciones bien definidas y complementarias. Sin embargo, el equipo
revisor sugiere que el MINEDUC a través de la División de Educación
Superior encargue hacer prácticas regulares de planificación estratégica,
para asegurar que todas las agencias e instituciones involucradas en el
sistema están coordinando sus esfuerzos para el bien del país.
Con respecto a la gestión institucional, el Informe considera que,
comparada con las mejores prácticas internacionales, las universidades
públicas de Chile asignan un rol importante en la toma de decisiones
institucionales al personal académico, pero muy poca influencia a los
actores externos. También recomienda reformas que permitan a las
universidades públicas contratar rectores de fuera de sus instituciones,
estimulándolas a que adopten prácticas modernas de gestión y se liberen de
los engorrosos controles y normas de la administración pública.
Al examinar la calidad de la educación superior, el equipo revisor
quedó debidamente impresionado con el progreso reciente de Chile, y
especialmente con la exitosa introducción y consolidación de un sistema de
aseguramiento de la calidad completo y basado en la revisión hecha por



pares. Las visitas del Equipo confirmaron el impacto que ha tenido la
acreditación en un cambio de cultura de las instituciones que pone y
mantiene el tema de la calidad en la agenda de gestión, de los académicos y
del personal. Se esperan mayores beneficios cuando se profundicen las
prácticas y cultura de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, para lograr
su total potencial se justifica prestar una atención continua al mejoramiento
del sistema de aseguramiento de calidad. También, por ejemplo, sería
beneficioso para la CNA aclarar a las instituciones terciarias que la calidad,
bien entendida, significa hacer que el conocimiento y las destrezas sean
accesibles a todos aquellos que la institución tiene la misión de servir; así, la
calidad debería ser evaluada teniendo como referencia la misión particular
de cada institución. También sería muy útil que la CNA entregara criterios
más profundos a los pares evaluadores al mismo tiempo que se evita
retroceder a una mentalidad de control o “lista de chequeo”. Criterios más
profundos podrían ayudar a reducir en algo el margen de amplitud
injustificada y de discreción que da un sabor arbitrario a algunas decisiones
de acreditación.
Como parte de una mayor claridad y definición en los criterios de
acreditación, se deberían encontrar maneras en que el sistema de
aseguramiento de la calidad tuviera mayor impacto en las prácticas de
enseñanza y aprendizaje en la sala de clases. En Chile, el proceso de
acreditación podría contribuir más de lo que hoy hace, a elevar los
estándares de enseñanza y aprendizaje, estimulando el uso de enfoques
pedagógicos basados en competencias y aumentando la participación de los
empleadores en el diseño de currículos y diseño de cursos, conduciendo así
a tasas más altas de graduación y a un mayor éxito de los titulados en el
mercado laboral. El Informe también recomienda maneras de elevar la
calidad y la efectividad de la formación de profesores entregada por algunas
instituciones de educación superior; esto podría significar una verdadera
diferencia en la preparación de los escolares y por lo tanto, su éxito en el
ingreso a la educación superior.
Los esfuerzos del Informe para evaluar el rol de la investigación y el
desarrollo (I&D) dentro del sistema terciario, se vieron obstaculizados por
la falta de datos confiables y consistentes. Esta es, en sí misma, una tarea de
la que hay que preocuparse y que se debe mejorar. La buena información
disponible, además del contacto del equipo revisor con los actores
interesados, revela un sistema que produce una cantidad encomiable de
investigación de alta calidad en áreas escogidas, y se desempeña por sobre el
promedio regional y más cercano al promedio de la OCDE en algunos
indicadores. Son loables las iniciativas recientes para aumentar el
financiamiento base de grupos selectos de investigación y promover centros



de investigación de excelencia; pero, al mismo tiempo, el sistema carece de
fondos y de un enfoque coherente.
Más específicamente, la política nacional no logra un balance adecuado
entre el financiamiento a las ciencias básicas y el apoyo a áreas estratégicas
prioritarias. Los instrumentos de financiamiento de la investigación,
especialmente los de CONICYT, son numerosos, fragmentados y se
duplican; podrían ser más eficientes si se consolidaran en un número menor,
pero más grandes y mejor enfocados. Restringir la proliferación de nuevos
instrumentos de financiamiento también haría que los fondos de
investigación fueran más estables y por lo tanto, los investigadores podrían
tener carreras con una trayectoria más previsible. Además, las políticas de
investigación en Chile deberían fomentar una mayor diversidad de modelos
que pudieran seguir las universidades. Se vio que muchas seguían el modelo
“una talla sirve para todos”, basada en la definición clásica de lo que es una
universidad de investigación, en vez de buscar una ventaja comparativa en la
investigación que sea más compatible con la misión particular de las
instituciones, o que tenga una especial relevancia regional. A pesar de las
mejoras recientes, Chile continua produciendo pocos doctorados con
respecto a datos comparativos de la OCDE, y la relación costo-eficiencia a
largo plazo necesita crear programas de doctorados locales de alta calidad en
lugar de mantener una excesiva dependencia de la capacitación en el
extranjero. Es necesario aumentar la inversión pública en investigación,
junto con otras reformas.
En el área de financiamiento, el Equipo reconoce que Chile ha
alcanzado una infraestructura de financiamiento sofisticada y ha obtenido
beneficios por su diversidad e innovación. La exitosa gestión de la transición
desde un sistema de elite a uno masivo, le debe mucho a estos logros. Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos satisfactorios recientes para aumentar el
gasto público por estudiante, se mantiene bajo con respecto a estándares
regionales y de la OCDE; y, como la educación en Chile es también más
cara que en la mayoría de los países de referencia, esto significa una carga
más grande y excesiva para los alumnos y sus familias. Teniendo en cuenta
los objetivos de mayor expansión, con aumento de la calidad y la relevancia,
hay razones imperiosas para aumentar aún más los niveles de financiamiento
público.
El aumento de los fondos públicos, sin embargo, será más efectivo si
éstos son precedidos o acompañados de una reestructuración del sistema con
el que se financian las instituciones. El equipo revisor reconoce que la
infraestructura de financiamiento está diseñada para que Chile pueda lograr
varios objetivos al mismo tiempo de sus políticas, incluyendo la calidad
(compitiendo por los mejores estudiantes); un enfoque en la investigación; y
un mejoramiento en la equidad y el acceso a la educación superior. Pero las



asignaciones de fondos todavía están dominadas por consideraciones
históricas más que por el desempeño, lo que debilita las metas que algunos
de estos instrumentos estaban destinados a lograr.
Las principales recomendaciones financieras del Equipo incluyen:
diseñar una visión a largo plazo para el financiamiento de la educación
superior; tener como objetivo doblar la inversión pública en educación
terciaria e investigación en los próximos años; transformar el AFD y basarlo
más en el desempeño y, posiblemente (dependiendo de cuál de las tres
opciones se escoja) ponerlo a disposición de más instituciones; eliminar el
AFI; expandir el uso de convenios de desempeño; y confirmar al MECESUP
como la principal vía del gobierno para canalizar los fondos de inversión.
Finalmente, con respecto a la información, la transparencia y la
rendición de cuentas, el Informe considera la existencia de varios sistemas
de información para los estudiantes, incluyendo una base de datos completa
sobre el futuro valor que tienen en el mercado laboral los grados obtenidos
en la educación terciaria. Aún cuando se necesitan mayores esfuerzos para
asegurar que esta información sea de fácil acceso a los usuarios, en general,
es adecuada para sus propósitos. De mayor preocupación para el Equipo fue
la falta de información detallada y confiable para el diseño de políticas. Es
sorprendente encontrar que, a medida que Chile se convierte en miembro
pleno de la OCDE, haya versiones contradictorias sobre cifras tan básicas
como las de matrículas en la educación terciaria. Los problemas que se
presentan en los datos, reflejan poca comprensión de la necesidad de que las
instituciones informen en forma completa sobre todos los aspectos de sus
actividades y no solamente sobre su uso de recursos públicos. El equipo
revisor valora los esfuerzos del MINEDUC para eliminar estos problemas
por medio de la creación de un Sistema de Información sobre Educación
Superior.
La situación actual permite a algunas instituciones que legalmente no
tienen fines de lucro, realizar actividades que son, de hecho, lucrativas. El
equipo revisor sugiere que sería mejor que Chile permitiera la existencia de
universidades con fines de lucro y exigiera, al mismo tiempo, una
información completa, confiable de parte de estas instituciones, y
estableciera los impuestos adecuados y otras políticas que diferenciaran
entre las actividades educativas con fines de lucro y las que legítimamente
son sin fines de lucro.
El equipo revisor cree que el paquete de recomendaciones de este
informe – si se implementa adecuadamente – ofrece a Chile un camino hacia
la reforma que logrará la ambición del gobierno de crear un sistema de
educación superior accesible, de alta calidad e innovador.


VISIÓN GENERAL – 19

Capítulo 1. Visión General

Este capítulo entrega una descripción del contexto nacional de este informe,
incluyendo el sistema educacional chileno como un todo y la situación de
Chile, comparada con la educación internacional. Describe el sistema de
educación terciaria, cubriendo aspectos tales como su propósito y objetivos;
historia y desarrollo recientes; principales agencias nacionales; tipos de
instituciones terciarias; composición de la población estudiantil; currículos
terciarios; acceso y admisión a la educación terciaria; la educación
terciaria y el mercado laboral; el rol regional del sistema; financiamiento y
personal; aseguramiento de la calidad; gobernabilidad;
internacionalización, e investigación y desarrollo. El capítulo concluye con
una lista de las recomendaciones relativas a la educación superior del
Informe emitido por la OCDE en 2004, sobre las Políticas Nacionales de
Educación.

Acerca de Chile

Chile es un país largo y angosto, tiene 4 300 km de norte a sur y entre 90
y 435 km de este a oeste; su territorio de cerca de 757 000 kilómetros
cuadrados lo hace el octavo país más grande de América del Sur. La
extraordinaria variedad del terreno incluye la Cordillera de los Andes, los
desiertos más áridos del mundo, frondosas praderas y viñas, volcanes,
fiordos y lagos.
Tiene una población de alrededor de 16.4 millones,1 que crece sobre 1%
al año: la expectativa de vida en Chile es de 78 años. La densidad de la
población es en promedio 22 por kilómetro cuadrado, pero 87% de los
habitantes viven en áreas urbanas.
Según el censo de 2002, cerca del 70% de los chilenos se considera
católico y alrededor del 15%, evangélico, mientras que el 8.3% no pertenece

1
Informe Económico de Chile de la OCDE 2007.


20 – VISIÓN GENERAL

a ninguna religión. Alrededor de un 4% declara pertenecer a una etnia o
población nativa: más del 80% de éstos son Mapuches, seguidos de Aymara,
Rapa Nui o Pascuenses, Atacameños, de comunidades Quechuas y Collas en
el norte y Kawashkar o Alcalice y Yámana o Yagán en los canales australes.
Chile es una república con gobierno democrático, gobernado por el
Presidente, que es jefe de estado y jefe de gobierno. La coalición de centro-
izquierda, Bolonia de Partidos por la Democracia, se ha mantenido en el
poder desde el término de la dictadura militar de Pinochet, en 1990; ahora es
liderado por Michelle Bachelet Jeria, la primera mujer en ocupar la
Presidencia. El poder legislativo está en manos del Congreso Nacional,
compuesto por 120 Diputados y 38 Senadores, todos elegidos por votación
popular.
El país está dividido en 15 regiones. Más del 40%2 de la población vive
en la Región Metropolitana o RM, que incluye la capital, Santiago, la 5ta
ciudad más grande de Latinoamérica. Las regiones, a su vez, están divididas
en provincias (53) y comunas (346).

Economía y sociedad

Chile tiene la economía más exitosa de Latinoamérica. El país tuvo un
fuerte crecimiento en la década de los 90, prácticamente doblando sus
resultados entre 1987 y 1998.3 Aunque el crecimiento se hizo entonces más
lento, repuntó nuevamente desde 2004. El Informe Económico de Chile de
la OCDE, publicado en 2007, indica que en 2006 el PIB de Chile fue
USD 145.8 billones, su PIB per cápita, USD 8 875, su crecimiento promedio
real anual en los últimos 5 años, 4.3% y su tasa de desempleo, 7.8%. El
Informe Económico felicitó a Chile por su fuerte rendimiento económico,
ejemplar gestión macroeconómica, finanzas públicas fuertes y baja
inflación, aunque en alza. El Banco Mundial pone a Chile en el grupo de
países de ingreso medio superior.
Chile goza de una gran riqueza natural. En 2006, las exportaciones
representaron 39.8% del PIB, excediendo cómodamente el 24.6%4 de las
importaciones. En ese año, el cobre contribuyó con más de la mitad del

2
Ministerio de Educación de Chile (2007) OCDE Revisión Temática de Educación
Terciaria: Informe País para Chile, Santiago.
3
Ibid.
4
OCDE, Informe Económico de Chile, 2007.



valor de las exportaciones;5 salmón, fruta, vino y otros minerales también
contribuyeron significativamente.
Sin embargo, los beneficios de la riqueza nacional y el éxito económico,
no son distribuidos igualmente entre la población; la sociedad chilena es
muy desigual. En términos de la diferencia entre el porcentaje de la riqueza
nacional de los quintiles más pobres y más ricos de la población, el Banco
Mundial lo ubicó como el 9° país con mayor desigualdad en el mundo, en
2002,6 aunque las estadísticas nacionales sugieren algún progreso desde
entonces.7 Dentro de América Latina, sólo Brasil es más desigual. Esto es
menos porque los pobres de Chile son pobres – el porcentaje de la población
clasificada de esa manera ha caído de 40% en 1990 a 14% en 20068 – que
porque los ricos de Chile son ricos, especialmente el 10% más alto.
La desigualdad es más visible y más difícil de cambiar en el corto plazo,
porque los ciudadanos chilenos tradicionalmente han pagado los servicios
básicos para el hogar mientras que en otros países de la OCDE son
financiados con fondos públicos y están disponibles para todos. Los
servicios universales tienen un efecto de nivelación social, aunque puede
haber, por supuesto, buenas razones económicas por las cuales Chile no los
proporciona. Para algunos servicios hay una opción gratis, pero la opción
gratis es generalmente considerada inferior y muchas familias prefieren
pagar; esta es la situación, por ejemplo, en la educación preescolar, primaria
y secundaria. Otros servicios deben ser pagados porque no hay alternativa –
por ejemplo, Chile tiene un fondo estatal de pensiones mínimas (que
también afecta la decisión de jubilar de los académicos) y la salud (es sabido
que la mala salud deprime el rendimiento escolar) aunque hay actualmente
reformas en curso en ambas áreas.

Chile en el contexto internacional

Como una indicación de su fortaleza económica Chile está en el lugar 26
de 131 países en el Índice Global de Competitividad del Foro Mundial de
Educación de 2007,9 por sobre España y en cierto modo, por sobre todos los

5
OCDE, Informe Económico de Chile, 2007.
6
Indicadores Mundiales de Desarrollo (WDI) base de datos.
7
Informe de Antecedentes.
8
MIDEPLAN 2004 y OCDE, Informe Económico de Chile 2007.
9
Informe del Foro Económico Mundial de Competitividad Global 2007-8, Octubre
2007.



otros países de Latinoamérica. El índice de 2007 está basado en 12 ‘pilares’.
Chile se ubicó especialmente alto en el 3er pilar, estabilidad macro-
económica, en el cual su rango total fue 12, y en el 7° pilar, eficiencia en el
mercado laboral, en el cual su promedio fue 14.
El país no lo hizo tan bien en las áreas más relevantes de este informe: el
4° pilar, salud y educación primaria (rango total 70), el 5° pilar, educación
superior y capacitación (rango total 42) y el 12° pilar, innovación (rango
total 45). Y el Fondo Económico Mundial (WEF) encontró que el tercer
problema mayor para hacer negocios en Chile (después de las regulaciones
laborales restrictivas y la ineficiente burocracia gubernamental) es una
fuerza laboral con una educación inadecuada.
El informe del Foro identificó entre los pilares, algunas áreas especiales
que hacían bajar la evaluación total de Chile, y las clasificaron como
“desventajas competitivas”. Estas incluyen tanto la cantidad (cobertura)
como la calidad de la educación en todos los niveles. La matrícula de
educación primaria se ubicó en el lugar 79, la matrícula secundaria, 53 y la
terciaria, 41. La calidad de la educación primaria quedó en el lugar 102, la
de la educación secundaria, terciaria y la capacitación, en el lugar 78 y la de
la educación en matemáticas y ciencias a nivel secundario, en el lugar 107.
La calidad de las instituciones de investigación científica quedó en el lugar
51, la capacidad de innovación, en el 50 y la colaboración universidad-
industria, en el 43. La única ventaja competitiva que el WEF identificó entre
los pilares de educación e innovación es la calidad de las escuelas de
administración, en el lugar 19.
El Gobierno de Chile se ha comprometido a mejorar el desempeño de la
educación nacional, aprendiendo de la experiencia internacional. No
satisfecho con tener uno de los sistemas educativos más prestigiados en
América del Sur, Chile aspira a elevar su sistema de educación a los
estándares de los países altamente desarrollados de la OCDE. Como país
miembro observador de la OCDE, Chile participó en PISA (el Programa
para la Evaluación Escolar Internacional) en 2000, 2003 y 2006 y fue el país
anfitrión del Foro Global de Educación de la OCDE en 2005. Los informes
de la OCDE que se han publicado sobre Chile, incluyen un importante
informe sobre la política Nacional de Educación (2004), uno sobre Política
de Innovación (2007) y un Estudio Económico (también en 2007). Chile ha
sido ahora aceptado para iniciar el proceso como miembro pleno de la
OCDE. El país también se ha beneficiado con el apoyo del Banco Mundial
para realizar una importante variedad de proyectos en educación,
capacitación e investigación, descritos en capítulos más adelante.



Comparaciones con la educación internacional

La publicación de la OCDE, Education at a Glance, en 2007, entrega
cifras para los 30 países miembros de la OCDE y 6 países asociados. Estas
muestran que:
• Chile tuvo una tasa de graduación de educación secundaria superior
a 73% en 2005, bajo el promedio OCDE de 82%, pero ligeramente
mejor que España y Nueva Zelanda y significativamente mejor que
el 49% de México. La cifra de Chile representa un progreso
significativo desde 2004, cuando la tasa era de 66% y un progreso
dramático desde 1995, cuando era 46%.
• En 2004, los graduados de educación terciaria constituían el 13% de
la población entre 25 y 64 años, la mitad del promedio OCDE, pero
la tasa de Chile está mejorando consistentemente y alcanzando a los
otros países de la OCDE. Un 18% de la población entre 25-34 años
está formado por graduados de educación terciaria, comparado con
un porcentaje OCDE de 32%; este 18% es igual a la tasa de México
y más alto que las tasas de Italia y la República Eslovaca (16%), la
República Checa (14%), Turquía (12%) y Brasil (8%).
• Sin embargo, la proporción de la población de Chile actualmente
matriculada en la educación en todos los niveles es
sorprendentemente alta, 28%, una cifra sobrepasada sólo por Israel,
Irlanda y México. En ausencia de evidencia de un aprendizaje
permanente, esta cifra implica cursos terciarios excesivamente
largos y/o que números significativos de los matriculados no logran
graduarse.
• Las tasas de ingreso a la educación terciaria en Chile son también
más altas que lo que podría esperarse dada la cantidad de graduados.
Education at a Glance muestra tasas de ingreso (todos los que
ingresan, sin importar la edad, como proporción de la población de
una edad típica de ingreso) de 48% a cursos Tipo A y 37% a cursos
Tipo B.10 Los promedios OCDE son 54% y 15%. Sin embargo, las
10
Los cursos terciarios tipo A son en su mayoría teóricos, diseñados para proporcionar
calificaciones suficientes para la admisión a programas de investigación y
profesiones con altos requisitos de destrezas y que involucran por lo menos tres
años de estudio completos, equivalentes a un nivel terciario. Los programas
terciarios tipo B, tienen un enfoque más práctico, técnico o de destrezas
ocupacionales para ingresar directamente al mercado laboral y, aunque son
generalmente más cortos que los de tipo A, se espera que duren por lo menos dos
años a tiempo completo, equivalentes a un nivel terciario.



altas cifras de ingreso de Chile no son comparables con las tasas
netas de ingreso dadas por la mayoría de los otros países, que se han
limitado a los ingresos efectivamente nuevos para el grupo etario
relevante. Las cifras de Chile pueden muy bien verse aumentadas
por estudiantes que ingresan por segunda o aún por tercera vez, ya
sea para obtener calificaciones de más alto nivel o por haber
abandonado sus estudios y vuelto a probar nuevamente. (Education
at a Glance también incluye tasas de graduación terciaria y de
permanencia, pero éstas no existen para Chile).
• El gasto total de Chile en educación, como proporción del PIB es
6.4%, comparado con un promedio OCDE de 5.7%. Estos dos
porcentajes sólo divergen a nivel terciario, donde el gasto de Chile
es 1.6% del PIB contra un promedio OCDE de 1.2% en cursos Tipo
A, 0.4% del PIB contra un promedio OCDE de 0.1% en cursos Tipo
B. Esto, nuevamente, implica ineficiencia en el sistema terciario.
• Mientras el promedio total OCDE del gasto en educación pública es
5% y 0.7% en la privada, en Chile es 3.3% en la educación pública y
3.1% en la privada. Chile tiene una participación pública más baja
que cualquier país, según Education at a Glance en 2007 – 51.6%,
comparado con el 60.5% de Corea y el 68.4% de los Estados
Unidos.
• En Chile, el gasto en educación preescolar privada es 33.8%; el
gasto en educación privada primaria y secundaria, 31.1% y en la
educación privada terciaria, un 84.5%. En este 84.5%, 83.7% viene
del ingreso familiar, sólo 0.9% viene de otras entidades privadas.
Las figuras comparables para Corea son 55.6% del ingreso familiar
de un total de 79% de todas las fuentes privadas. Para los Estados
Unidos, las cifras son 35.1% proveniente del ingreso familiar de un
total de 64% de todas las fuentes privadas.
• Del gasto público en educación terciaria en Chile, 65.2% va
directamente a las instituciones; el resto, como apoyo financiero a
los estudiantes. Sólo Noruega y Nueva Zelanda tienen porcentajes
más bajos de apoyo a las instituciones. El promedio de la OCDE es
8.9%.
• El 34.8% de los fondos públicos gastados en apoyo a los estudiantes
se divide en 13.8% para becas/subsidios y 21% préstamos. Por el
contrario, el promedio 17.5% de la OCDE, incluye más
becas/subsidios (9.9%) que préstamos (8.6%), como también el
20.7% en los Estados Unidos (15.4% becas/subsidios, 5.3%
préstamos).



• En Chile, las estudiantes mujeres obtienen una proporción menor de
grados que el promedio de los países OCDE. No hay una diferencia
marcada en cursos Tipo A (57% comparada con el 58%), pero es
significativa en los cursos Tipo B (49% comparado con el 57%) y
los grados avanzados (38% comparado con el 43%). Estas
diferencias son ampliamente consistentes con las diferencias en las
tasas de ingreso hombre/mujer.
• Cuando se analiza a los graduados por campo de educación, la
mayor diferencia está en que las instituciones terciarias en Chile
producen una mayor cantidad de ingenieros. En Chile, 15.6% de los
graduados Tipo A y 24.2% del Tipo B son ingenieros, comparado
con los promedios OCDE de 12.2% de los graduados Tipo A y
14.7% de los del Tipo B.
• La tasa de ingreso a programas avanzados de investigación es
mucho más baja en Chile (0.2% en 2005, la misma que México) que
el promedio OCDE (2.4%).
• Otra fuente de comparaciones en educación es el análisis del
resultado de los estudiantes chilenos de 15 años, en el estudio PISA
de la OCDE. Participaron 57 países en 2006, cuando el estudio se
concentró especialmente en las ciencias pero también incluyó la
lectura y las matemáticas.
• Los estudiantes de Chile fueron ubicados cerca del lugar 40 en las
tres asignaturas, considerablemente más bajo que los promedios
OCDE.
• Chile no se desempeñó tan bien en matemáticas, donde los niños
superaron a las niñas por un margen más alto que cualquier país
participante. En lectura, sin embargo, los resultados mejoraron
significativamente desde el estudio de 2003.
• Se notó una variación bastante amplia entre el desempeño de
alumnos de diferentes colegios, lo que sugiere que la calidad de los
colegios secundarios chilenos varía enormemente; y una proporción
especialmente grande de esta variación podría ser explicada por las
diferencias socio-económicas entre los alumnos de los diferentes
colegios.

Visión general del sistema de educación en Chile

La Figura 1.1 muestra el sistema de educación en Chile. La educación
obligatoria dura 12 años, generalmente comenzando a los 6 años de edad y



hay ocho años de educación básica (primaria). En términos de la
Clasificación Estándar Internacional de Educación de la UNESCO, los
primeros seis años corresponden a ISCED 1, los dos años restantes, a
ISCED 2 (secundaria inferior).
Los cuatro años siguientes son de educación secundaria, que
corresponde al ISCED 3 (secundaria superior). Después de los primeros dos
años, los alumnos se separan en dos modalidades: educación científico-
humanista/educación general (ISCED 3A) o técnico profesional/vocacional
(ISCED 3B). En 2006, 64.5% optaron por la educación general y 35.5% por
la vocacional.11
Una vez completada la educación secundaria y obtenida la Licencia de
Educación Media para la educación general o de Técnico Medio para la
educación vocacional, los egresados, generalmente de 18 años, pueden
ingresar a la educación terciaria.
Las instituciones de educación terciaria pertenecen a tres categorías, las
que se explican en mayor detalle más adelante: Centros de Formación
Técnica o CFTs, Institutos Profesionales o IPS, y Universidades. La
duración de los cursos depende del tipo de institución. La formación en un
CFT generalmente dura 2 años; (por ley, los grados técnicos requieren 1600
horas de entrenamiento), los cursos para grados profesionales en un IP, 4
años y para un grado universitario, 5 años. Los estudiantes que escogen
ciertas materias o que repiten años demoran más. Las universidades también
ofrecen programas de postgrado y diplomas de un año, estudios para optar a
una Maestría, de dos años y de cuatro años para Doctorados.

La educación secundaria y sus efectos en la admisión a la educación
terciaria.

Las escuelas secundarias son de tres categorías: municipalizadas,
privadas subvencionadas y privadas pagadas. Las escuelas municipalizadas
son administradas por 345 municipalidades y no cobran aranceles. Como lo
implican sus nombres, los colegios privados subvencionados cobran, pero
bastante menos que los privados pagados.
Es generalmente reconocido en Chile que los colegios privados pagados
educan a los más privilegiados socio-económicamente, los privados
subvencionados atraen a las familias de ingresos medios y los
municipalizados, a los sectores más pobres de la sociedad. Muchos de los

11
OCDE Education at a Glance 2008, Tabla C1.1.



más pobres y menos capaces académicamente derivarán hacia escuelas
vocacionales municipalizadas.

Figura 1.1 El sistema educacional en Chile

Año/Curso
21
Doctoral (ISCED 6)
S
19 u 2º diploma (ISCED
p 5A largo)
Educación 2º diploma (ISCED 5A corto)
e
17 Superior
r
i ISCED 5
o Profesional (ISCED 5A, 1er diploma)
r
14
Técnico (ISCED
13 5B)

M Educación
e Media Vocacional
d General (ISCED 3A)
(ISCED 3B)
i (ISCED 3)
9 a

Eduación Básica (ISCED 2)
7 Educación
B Obligatoria
á
s
i
c Educación Básica (ISCED 1)
a

1

Fuente: MINEDUC, Informe de Antecedentes.

Como ya se ha indicado, el desempeño de los alumnos chilenos en PISA
2006 mostró gran variación entre las escuelas, lo que era predecible debido a
su estatus socioeconómico. Los alumnos de 15 años de edad en las escuelas
privadas pagadas se desempeñaron significativamente mejor que los de
escuelas privadas subvencionadas, quienes, a su vez, lo hicieron
considerablemente mejor que los de las escuelas municipalizadas.
La probabilidad de completar la educación secundaria con éxito también
varía de acuerdo con el estatus socioeconómico. La Figura 1.2 muestra la
tasa de titulación por quintil de ingreso familiar. Aunque las posibilidades de
graduación aumentaron a más del doble entre 1990 y 2006 para el 20% de



las familias más pobres, se puede ver que en 2006, de la población entre 20-
24 de edad, sólo 62% del 20% más pobre había completado la educación
secundaria, comparado con el 96.6% del 20% más rico.

Figura 1.2 Porcentaje de la población entre 20-24 años que por lo menos ha completado
la educación secundaria

1

1 95% 96%
90%
87%
82% 84%
78% 80%
1 75%
71%
68%
66%
62%
1
52% 52% 52%

39%
0
26%

0

0
I II III IV V Total

1990 2003 2006

Fuente: MIDEPLAN (2004).

De acuerdo con esto, los alumnos de las escuelas municipalizadas son
los que menos probabilidades tienen de obtener una licencia secundaria,
requisito mínimo para ingresar a la educación terciaria. Esta es la mayor
causa de las diferencias entre los grupos de ingreso, para el acceso a la
educación terciaria, pero no es la única, como lo demuestra el Capítulo 3.
Los alumnos de escuelas municipalizadas que dan la Prueba de Selección
Universitaria o PSU, también tienen las más bajas posibilidades de aprobarla
y obtener los puntajes más altos.
La PSU se basa en el conocimiento del currículo nacional en
matemáticas, castellano y una o más asignaturas optativas, usando preguntas
de selección múltiple. Una razón por la cual los alumnos de escuelas
municipalizadas están en desventaja, es que sus escuelas tienen dificultades
para enseñarles el currículo nacional completo. Una gran mayoría de las
escuelas municipalizadas no logra enseñarlo todo y las que logran hacerlo,
generalmente completan el currículo sólo inmediatamente antes de la PSU,



mientras que los colegios privadas generalmente lo completan mucho antes,
dejando tiempo para preparar intensamente la PSU. Una segunda razón es
que las familias más pobres, cuyos niños asisten a escuelas municipalizadas,
no pueden pagar los preuniversitarios para prepararlos para la PSU. Los
preuniversitarios son numerosos, no regulados y de calidad variable, pero se
cree que hacen un buen negocio tanto de parte de las escuelas privadas que
los contratan para preparar a los alumnos dentro del horario escolar como de
familias de altos ingresos que pagan para que los preparen fuera del colegio.
Las deficiencias de las escuelas municipalizadas fueron destacadas,
desde finales de abril hasta junio de 2006, por protestas de alumnos
secundarios a nivel nacional. Entre otras cosas, exigían una reforma mayor y
un mejoramiento del sistema de educación pública que entregue una
educación de alta calidad, gratis para todos. Los estudiantes también exigían
transporte público gratis a los colegios, rendición de la PSU en forma
gratuita y participación en la decisión de las políticas del gobierno. Las
protestas fueron ampliamente conocidas como “la marcha de los pingüinos”,
una referencia al uniforme escolar de los que protestaban.
Las protestas llegaron a su punto máximo el 30 de mayo, cuando
marcharon 790 000 estudiantes, y el 5 de junio, cuando una huelga nacional
convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes – la más grande en
la historia chilena – paralizó el sistema de educación en el país. La mayoría
de las universidades cerró y el Colegio de Profesores se declaró en huelga.
Las razones de los estudiantes fueron ampliamente reconocidas como justas:
alrededor de 87% de los chilenos encuestados dijo que apoyaba el
movimiento y los alumnos de colegios privados le dieron su apoyo activo.
La Presidenta y el Gobierno reconocieron que muchas de las quejas de
los alumnos eran justificadas. El Senado chileno se reunió en sesión especial
para escucharlos y se estableció un Consejo Asesor Presidencial, con
representación de los estudiantes, para recomendar soluciones. Después de
mucho debate, el Gobierno y los partidos de la oposición firmaron un
‘Acuerdo para la Calidad de la Educación’, el 13 de noviembre de 2007.
Este acuerdo12 indicaba que los nuevos principios prioritarios del sistema
educacional chileno serán Calidad, Igualdad, Rendición de cuentas y
Transparencia. Específicamente, el acuerdo:
• reconocía que la dinámica del mercado en sí y por sí misma, no
producirá un sistema competitivo y equitativo.

12
Como lo describió Cristian Bellei en la revista Mensaje, en Noviembre 2007.



• definía los derechos y deberes de todos los interesados, incluyendo
la responsabilidad del Gobierno de proteger los derechos de los
estudiantes a recibir una educación de calidad.
• prometía que el Ministerio de Educación definiría estándares de
logro para los niños y estándares de desempeño para directores y
profesores; se establecería una superintendencia para proteger los
derechos de los estudiantes para las escuelas, sus dueños, y sus
familias y aseguraría que los colegios cumplirían los requisitos del
Gobierno; y formaría una Agencia de Calidad para recoger la mejor
información para el diagnóstico y solución de los problemas de la
educación.
• se comprometía a cambiar el modelo del sistema actual de 8 años de
educación primaria más 4 años de secundaria por 6 + 6, y prohibiría
la selección de estudiantes – identificada como la mayor causa de
segregación social en el sistema escolar – hasta el 6° año. (El
gobierno había esperado eliminar totalmente la selección, pero los
dueños de colegios privados no cedieron en este punto).
• Prometió exigir que los dueños de colegios tengan personalidad
jurídica, que se dediquen exclusivamente a la educación y que
tengan auditorías si reciben subvenciones del gobierno.
El acuerdo, sin embargo, no hace otros cambios que algunos opinan que
son importantes si se quiere lograr una revolución de calidad. Estos incluyen
dar más recursos y apoyo técnico y una administración más fuerte para los
colegios municipalizados, terminando con el sistema de ‘financiamiento
compartido’ que subvenciona a algunos colegios privados, y mejorar la
formación inicial de los docentes, continuar el desarrollo profesional, las
condiciones de trabajo y la capacidad de entregar una enseñanza de alta
calidad.
El gobierno ya está actuando en algunas de estas áreas. Por ejemplo, el
Ministerio de Educación entrega una subvención para todos los colegios que
enseñan a los niños más pobres. Esta subvención será una cantidad
suficiente para aumentar el presupuesto de estos colegios hasta llegar al
nivel del que gozan los colegios privados y los privados subvencionados que
enseñan al sector de mejores ingresos. Para obtener el subsidio, el colegio
debe presentar un plan de mejoramiento de la calidad de la educación para
los 4 años siguientes y evaluar su éxito de ahí en adelante, así como
implementar el currículo nacional, dedicar recursos suficientes a los más
pobres y trabajar con las familias de los estudiantes.
Es muy pronto para decir hasta qué punto las reformas planificadas van
a lograr un punto de cambio en la calidad de la educación secundaria



pública. Así como están las cosas, el campo de ingreso a la educación
terciaria está muy desnivelado entre ricos y pobres, educados en el área
privada o en la municipalizada.

Propósito, objetivos y estándares de la educación terciaria

El Ministerio de Educación (MINEDUC) ha identificado las siguientes
funciones vitales de la educación terciaria en el siglo 21:13
• Desarrollar el capital humano avanzado de la sociedad.
• Proporcionar oportunidades para un aprendizaje continuo una vez
terminada la educación secundaria.
• Entregar información y conocimientos avanzados.
• Servir de apoyo vital para una cultura reflexiva y un debate público.
• Estimular el desarrollo regional.
En 2003, el MINEDUC estableció los siguientes objetivos principales
para las políticas de educación terciaria, reconociendo, al mismo tiempo, un
número de problemas existentes en el sistema:14
• Desarrollar más y mejores académicos, profesionales y técnicos.
Esto implica educar mayores segmentos de la población;
emprendiendo profundos cambios en la enseñanza de pregrado
grado para hacerla globalmente competitiva, incluyendo el
abandono de currículos rígidos y estimulando el desarrollo de
competencias transversales generales que son indispensables para
los profesionales del siglo 21, tales como el buen manejo del idioma
inglés y el conocimiento de tecnología de la información y de las
comunicaciones (TICs).
• Expandir la cobertura. En 1990 había 220 000 jóvenes asistiendo a
cursos de educación terciaria. Para 2005, este número había crecido
a unos 600 000 que asistían a cursos de pre y postgrado en
universidades, institutos profesionales y centros de formación
técnica. La meta actual es que en el año 2012, cuando dos millones
de jóvenes estén en edad de seguir estudios de educación superior,
un millón, o 50%, tenga acceso a la educación terciaria.

13
14
Ibid.



• Lograr igualdad en el acceso, corrigiendo desigualdades. El talento
está distribuido de igual forma entre la gente joven: las
oportunidades deberían ampliarse para garantizar el derecho a asistir
a la educación superior a todos los jóvenes con talento.

• Garantizar y mejorar la calidad, lograr los objetivos descritos
anteriormente y asegurar que los cursos de las diferentes
instituciones sean equivalentes tanto nacional como
internacionalmente.
• Hacer más transparente la información. Este objetivo se refiere a la
información sobre la educación superior y su calidad, posibilidades
de empleo y perspectivas de sueldo.
• Modernizar las políticas de ciencia y tecnología. El país necesita
políticas de ciencia y tecnología que indiquen prioridades y
describan estrategias coherentes, junto con instrumentos y
programas adecuados. Entre las áreas que necesitan ser fortalecidas
están la inversión pública y privada en ciencia y tecnología, vínculos
entre investigadores y el sector privado; la educación de los
investigadores; su rol en relación con los negocios; mayor uso del
conocimiento y más productivo; y la organización de redes de
investigación nacional e internacional.
• Innovar e introducir mayor flexibilidad en el diseño de currículos.
Los programas de estudio en Chile son largos y no están adaptados a
las circunstancias del mercado laboral moderno o a las demandas
del sistema de educación terciaria masiva. La educación terciaria
está demasiado segmentada; faltan vías que permitan a los
estudiantes cambiarse dentro del sistema, y las estructuras
curriculares no permiten la transferencia de créditos o
reconocimiento de destrezas adquiridas en el trabajo.

Historia y desarrollo recientes de la educación terciaria

Hasta 1980, el sistema de educación terciaria consistía en sólo 8
universidades. Las dos pertenecientes al Estado (la Universidad de Chile y la
Universidad Técnica del Estado) tenían 65% de toda la matrícula y un gran
número de sedes regionales. Las otras seis eran privadas, aunque casi todo
su financiamiento era asumido por el sector público. En 1980, la matrícula



total en la educación superior era 116 962, cerca de 7.2% del grupo etario
18-24.15
En la década de los 80, las reformas del gobierno militar permitieron la
creación de nuevas universidades privadas autofinanciadas, Institutos
Profesionales (IPs) y Centros de Formación Técnica (CFTs), como
alternativas a las universidades y con orientación vocacional. El gobierno
descentralizó las dos grandes universidades estatales; como resultado,
muchas de sus antiguas sedes se convirtieron en universidades regionales.
También se introdujo un sistema nuevo y diversificado de financiamiento
para las 8 universidades que ya existían, transfiriendo una parte considerable
de los costos a los estudiantes y sus familias. Entre 1980 y 1990, la
contribución pública a la educación superior disminuyó en 41%,
descontando la inflación.16
En 1990, el gobierno militar fue reemplazado por un gobierno
democrático de la Bolonia, una coalición de centro-izquierda. La legislación
heredada del gobierno militar creó el Consejo Superior de Educación como
la organización responsable de acreditar universidades e institutos
profesionales. Durante los años 90, el número de universidades privadas
autofinanciadas continuó creciendo, pero más lentamente: mientras que
entre 1981 y marzo de 1990, se habían establecido 120 nuevas instituciones
(40 universidades y 80 IPs), entre julio de 1990 y diciembre de 2005, sólo
20 nuevas instituciones habían sido aprobadas (10 universidades y 10 IPs) y
38 habían sido cerradas. Los gobiernos de la Bolonia no impidieron que se
fundaran nuevas universidades privadas – como algunos habían temido –
pero establecieron fuertes regulaciones a través de la implementación de la
ley constitucional (LOCE) aprobada el último día del gobierno militar. La
reforma de 1981 concentró los recursos en las universidades estatales y las
privadas subvencionadas por el estado dentro del Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas, o CRUCH. Los fondos directos a estas
universidades del CRUCH aumentaron y se crearon para ellas mecanismos
especiales de fondos de inversión, tales como el Fondo de Desarrollo
Institucional, FDI. En 1994, el Gobierno estableció el Fondo Solidario de
Crédito Universitario, un sistema subsidiado de crédito universitario con
bajos intereses (de 2% anuales) y términos de devolución con amplias
facilidades (plazo de 12 a 15 años y si la persona se encuentra sin trabajo
puede postergar el pago) para estudiantes de bajos recursos matriculados en
las Universidades del CRUCH.

15
16
Desormeaux & Koljatic, 1990, citado en Informe de Antecedentes.



En 1997, el gobierno por primera vez definió las políticas de educación
superior más importantes y éstas han sido seguidas por los gobiernos
subsiguientes. Las políticas confirmaban explícitamente los objetivos de
calidad y equidad así como la importancia de la regionalización y la
internacionalización. Como resultado, usando un préstamo del Banco
Mundial, el gobierno creó el Programa Mejoramiento de la Equidad y
Calidad de la Educación Superior, o MECESUP. El objetivo del MECESUP
es ayudar a las instituciones a mejorar la educación de pre y postgrado y la
tecnología avanzada. El programa también aspira a fortalecer la capacidad
del sistema estableciendo un aseguramiento de la calidad y perfeccionando
la estructura reguladora y las organizaciones que coordinan el sistema.
Algunas reformas más recientes incluyen la introducción, por medio de
una ley de 2006, de un sistema nacional de aseguramiento de la calidad a
través de la acreditación de las instituciones y programas de estudio. La
acreditación es voluntaria y las instituciones pueden continuar operando sin
ella, pero ciertos tipos de ayuda a los estudiantes están disponibles sólo para
los de universidades acreditadas, y ciertos programas (tales como las
pedagogías y medicina) deben estar acreditados para recibir fondos públicos.
La ley de 2006 se construyó sobre la práctica y procedimientos
desarrollados bajo el sistema anterior de acreditación totalmente voluntaria
que se creó en la década de los 90. Otra reforma importante fue el
establecimiento, en una ley de 2005, de un segundo tipo de crédito
universitario, el Crédito con Aval del Estado (CAE) gestionado en conjunto
con bancos privados, abierto tanto a los estudiantes de Universidades del
CRUCH como de instituciones de educación superior acreditadas no
pertenecientes a Universidades del CRUCH.

Principales agencias nacionales

Los siguientes son los principales actores nacionales con
responsabilidad del análisis, diseño y/o implementación de las políticas de
educación en Chile. Sus roles se explican en mayor profundidad en el
Capítulo 5.
• El Ministerio de Educación, MINEDUC es el principal coordinador
y regulador, a través de su División de Educación Superior,
DIVESUP.
• El Consejo Superior de Educación o CSE, decide sobre las
postulaciones de instituciones privadas para obtener reconocimiento
oficial y licenciamiento como CFTs, IPs o universidades; supervisa
aquéllas que están acreditadas pero no son aún autónomas y concede
autonomía a instituciones que han demostrado que la merecen.



• La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICYT
aconseja al Gobierno en materias de ciencia y tecnología y
promueve y fortalece la investigación y el desarrollo en esas áreas.
Entre sus objetivos están coordinar las políticas y programas
nacionales y regionales.
• La Comisión Nacional de Acreditación o CNA, se formó en 2006
para conducir los procesos de acreditación y coordinar el nuevo
sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
Este sistema está descrito más detalladamente en el Capítulo 6. Las
principales tareas de la CNA son diseñar y desarrollar la
acreditación de instituciones y programas, y ayudar a las
instituciones de educación terciaria a construir su propia capacidad
para asegurar la calidad y proveer información pública completa y
precisa.
• La Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios
Superiores, INGRESA, tiene a su cargo la administración de los
créditos universitarios con garantía del estado, incluyendo la
verificación de que los postulantes cumplan con los requisitos,
obteniendo el financiamiento de los bancos y vendiendo las deudas
de los préstamos.

• El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH, se
estableció en 1954; representa los intereses de las universidades que
son sus miembros y administra la Prueba de Selección Universitaria,
o PSU.
• El Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, que
incluye representantes de todos los tipos de instituciones terciarias y
de los estudiantes, presentó su informe en Marzo de 2008. En el
Capítulo 10, se puede encontrar un resumen de las principales
recomendaciones del Consejo y las del Equipo revisor. A diferencia
de las agencies mencionadas en el listado anterior, el Consejo no
tiene un rol de continuidad, habiendo ya cumplido la tarea
encomendada por la Presidenta.

Instituciones de educación superior

Chile tiene tres tipos de instituciones de educación superior.
Las universidades pueden otorgar cualquier tipo de grados académicos,
profesionales o técnicos. Son las únicas instituciones que pueden otorgar
grados académicos, (licenciaturas) y, por lo tanto, enseñar las profesiones



reguladas por la ley que los requieren para ser ejercidas. Estas profesiones
son: abogados, arquitectos, bioquímicos, ingenieros agrónomos, ingenieros
civiles, ingenieros comerciales, ingenieros forestales, médicos-cirujanos,
veterinarios, dentistas, psicólogos, profesores primarios y secundarios y
farmacéuticos. Entre las universidades hay dos subtipos:
• Las que reciben fondos públicos directos, llamadas universidades
tradicionales.
• Las creadas desde 1980 por el sector privado y conocidas como
Universidades Privadas.
Las universidades tradicionales se establecieron antes de 1981, excepto
las tres universidades católicas que se formaron en 1991, sobre las bases de
tres sedes regionales de la Universidad Católica de Chile. De las 25
universidades tradicionales, 16 son estatales; 6 son universidades católicas y
3 son universidades laicas privadas. Son miembros del Consejo de Rectores
de las Universidades Chilenas (CRUCH), y por lo tanto se llaman
universidades CRUCH.
Las diferencias entre las universidades del CRUCH y las otras, en
términos de los requisitos para obtener financiamiento directo y el apoyo
disponible para sus estudiantes, se explican más adelante, pero no hay
diferencia en los grados que pueden otorgar. Ambos tipos de universidades
están enfocadas hacia cursos de primer grado Tipo A, ISCED 5A,
conducentes a una Licenciatura. Estos cursos generalmente duran 5 años,
con énfasis en la teoría, y otorgan calificaciones y destrezas necesarias para
proseguir estudios de investigación más avanzada. La mayoría de estos
programas son a tiempo completo, aunque los de tiempo parcial están
aumentando en cierta medida.
Las universidades también ofrecen diplomas de postgrado (post-títulos)
que duran un año, y grados de Maestría y especializaciones médicas que
duran más tiempo. En algunas universidades hay también un pequeño grupo
de programas más técnicos que son de Tipo B, ISCED 5B. La investigación
y el trabajo de postgrado están concentrados casi exclusivamente en las
universidades del CRUCH. Aunque la mayoría de las universidades privadas
tiende a concentrarse casi exclusivamente en la enseñanza de pre-grado, hay
algunas excepciones. Por ley, todas las universidades deben tener el estatus
de instituciones sin fines de lucro.
Los Institutos Profesionales (IPs) otorgan grados profesionales o
técnicos. Debido a que no pueden dar grados académicos, no pueden ofrecer
programas conducentes a títulos en las profesiones que requieren una
licenciatura antes de obtener el grado profesional. Generalmente, los IPs
ofrecen programas profesionales de cuatro años a nivel 5A, pero también



ofrecen una buena cantidad de programas 5B. Todos los IPs son privados,
autofinanciados y pueden ser con o sin fines de lucro.
Los Centros de Formación Técnica (CFTs) sólo pueden ofrecer
programas técnicos (ISCED 5B), que normalmente requieren entre 2 y 2.5
años de estudio. Son instituciones privadas y pueden ser con o sin fines de
lucro.
Universidades, IPs y CFTs pueden ser autónomos o no. Cuando una
institución se establece por primera vez, solicita permiso para funcionar al
Consejo Superior de Educación. El permiso se concede bajo ciertas
condiciones. El Consejo supervisará a la nueva institución y se hará
responsable de los grados que otorgue, durante un período no menor de seis
años y no mayor que once. Después de eso, el Consejo determina si la
institución se ha desarrollado de acuerdo con los objetivos que ha declarado.
Si es así, obtiene la autonomía. Si no, debe ser cerrada.
En Octubre de 2007, había:17
• 192 instituciones de enseñanza superior, 61 de las cuales eran
universidades, 44 IPs y 87 CFTs;
• 25 universidades del CRUCH y 36 Privadas: 32 de las universidades
privadas eran autónomas;
• 29 IPs autónomos y 15 no autónomos;
• 21 CFTs autónomos y 66 no autónomos.

La población estudiantil

En 1990 había 245 000 estudiantes de pregrado en la educación chilena;
en noviembre de 2007, había más de 678 000.18 En este período
relativamente corto, la educación terciaria chilena ha cambiado de un
sistema de elite a uno masivo.
Tomando como base el grupo etario 18-24, las cifras brutas de cobertura
aumentaron de 16.3% en 1992 a alrededor de 34% en 2006, según
estimaciones del MINEDUC.19 Según otras estimaciones basadas en

17
Consejo Superior de Educación Superior, INDICES – 2008.
18
Consejo Superior de Educación Superior, INDICES – 2008. NB Puede ser que
estos datos no den una información completa del número de estudiantes porque 1
universidad, 11 de 44 IPs y 16 de 87 CFTs no entregaron sus cifras.
19



encuestas a familias, el nivel de cobertura fue 38% en 2003: no está claro si
esta diferencia se debe a un sector ‘escondido’ no declarado por las
instituciones terciarias mismas o a un sesgo en las encuestas. Según las
cifras de la UNESCO,20 en Chile había una tasa de admisión total de 24% a
cursos 5B y de 44% a cursos 5A; parece haber acuerdo general en que para
2010, la cobertura total será superior al 40%.
La Figura 1.3 muestra cómo el crecimiento del número de estudiantes
desde 1990 ha sido principalmente en las universidades privadas, cuyos
estudiantes han aumentado más de diez veces. La rapidez de crecimiento
desde 1999, se debió más a la proliferación de sedes de universidades
existentes que a la creación de universidades nuevas. Las universidades del
CRUCH han aumentado constantemente, más que doblando el número de
sus estudiantes. Los Institutos Profesionales (IPs) disminuyeron un poco
hasta 1995, principalmente porque los IPs estatales se convirtieron en
universidades, pero luego reanudaron su crecimiento. Sólo los Centros de
Formación Técnica (CFTs) vieron declinar el número de sus estudiantes –
aunque se han recuperado algo desde el 2005.
La Tabla 1.1 muestra cómo se distribuían los alumnos entre tipos de
instituciones y niveles de programas en noviembre de 2007: 68.8% asistían a
universidades, 19.6% en IPs y 11.6% en CFTs. Las universidades tenían un
67.9% de la matrícula de pregrado y sólo poco más de la mitad de éstos
(50.3%) estaban matriculados en universidades privadas. De los estudiantes
de programas 5A, 82.9% estaban en universidades y 17.1% en IPs. De los
estudiantes de programas 5B, 11.6% estaban en universidades, 31.7% en IPs
y 56.7% en CFTs. Los programas de postgrado son monopolio de las
universidades; las universidades del CRUCH tienen un 62.6% de los
estudiantes en estos programas, lo que incluye 89.2% de los alumnos de
doctorado.
Aunque no se muestran en la Tabla 1.1 y fueron entregados por la
misma fuente,21 los porcentajes de los 216 772 estudiantes que ingresaron a
programas de educación terciaria en 2007 fueron los siguientes: 55%
ingresaron a universidades, 26% a IPs y 18% a CFTs. Podría esperarse que
los CFTs, y en menor grado los IPs, tuvieran un más alto porcentaje en
primer año puesto que sus cursos son más cortos, pero entre los que ingresan
a las universidades, 56% lo hicieron a universidades privadas. Esto sugiere
que el actual crecimiento no viene de las universidades estatales o

20
UNESCO, Indicadores Mundiales de Educación, citado por el Profesor JJ Brunner
en “El sistema de Educación Superior en Chile: un enfoque comparativo de
economía política”.
21



subvencionadas por el estado, sino de las universidades, IPS y CFTs del
sector privado; y que el gobierno chileno necesitará confiar especialmente
en estas instituciones para lograr su meta de 50% de participación.
En 2007, los estudiantes de pregrado Nivel 5B constituían el 21.05% de
todos los estudiantes nivel 5. Esto significa que por cada estudiante de
pregrado 5B, hay 4 en el nivel 5A. Sin embargo, la proporción de la
educación terciaria es menos extrema que la de la población adulta de Chile,
donde por cada adulto educado 5B, hay 10 5ª.22 El Capítulo 4, sobre la
Relevancia, discutirá hasta qué punto la oferta actual de educación terciaria
satisface las necesidades del país.
La Tabla 1.2 muestra la distribución de los estudiantes de educación
superior entre áreas de estudio en diferentes tipos de institución
En los últimos años la composición de la población estudiantil ha ido
cambiando, con más mujeres, estudiantes mayores y muchos que trabajan
parte del tiempo. Las mujeres componían un 14.3% de los estudiantes de
pregrado en 1990. Para 2007, sumaban ya un 49%,23 consistente en un 50%
de la matrícula de los CFTs, 43% en los IPs y 51% en universidades (49%
en las universidades del CRUCH). En ese año, las mujeres formaron un
40.2% de la matrícula de pregrado y un 40.8% de los estudiantes
comenzaron programas de doctorado. Es probable que haya más mujeres
que hombres estudiando pregrados en ciencias sociales (13% v 6%),
educación (20% v 10%) y salud (21% v 9%), y mucho menos probable que
estudien tecnología (7% v 38%).
Según un estudio del PNUD,24 en 1998, 22.6% de los estudiantes de
educación terciaria tenían 25 años o más, mientras que para 2003 el número
había aumentado a 28.4%. La participación de los adultos había crecido de
22.3% a 30.3%, especialmente en el sector no universitario; las
universidades han visto un crecimiento de 22.7% a 24.6%. El mismo estudio
encontró que muchos estudiantes mayores trabajan mientras están
estudiando.
Como ya se ha dicho, el Gobierno espera alcanzar un 50% de
participación en la educación superior para el 2012; el futuro crecimiento se
producirá, en parte, por las políticas nacionales para ampliar el acceso y en
parte por cambios demográficos.

22
23
Consejo Superior de Educación, INDICES – 2008.
24
2006 estudio citado en el Informe de Antecedentes.



Figura 1.3 Indices promediados de estudiantes de pregrado a nivel superior, por tipo de
institución (1990=100)

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Centro de Formación Técnica Instituto Profesional Universidad Estatal
Universidad Particular con Aporte Universidad Privada

Fuente: Basado en MINEDUC (2006).



Tabla 1.1 Matrícula de estudiantes de educación superior por tipo de institución 2007
(miles)

5B Pregrado 5A Pregrado Maestrías Doctorados Especialización Total
(Técnico Nivel (Bachillerato, Médica o
Superior) Licenciatura, Dental de
Profesional, Prof. con Postgrado
Lic., Plan Común o
Ciclo Básico)1
Universidades 16 147 432 466 13 872 2 353 1 993 466 831
CRUCH 222 798 7 538 2 099 1 759 234 194
Privadas 225 815 6 334 254 34 232 637
IPs 44 066 89 012 133 078
CFTs 78 826 78 826
Total 139 039 521 478 13 872 2 353 1 993 678 735
1
Nota: Número de estudiantes de pregrado en cada tipo de programa: Bachillerato 4 533, Licenciatura
10 929, Profesional 32 859, Profesional con Licenciatura 372 684, Plan Común o Ciclo Básico 11 461

Fuente: Consejo Superior de Educación, ÍNDICES – 2008.

Tabla 1.2 Matrícula en educación superior por área de estudio 2007 (miles)

Area de estudio Universidades % IPs % CFTs % Total %
Administración y 49 103 11 22 292 17 23 201 29 94 596 14
comercio
Agricultura y pesca 26 893 6 3 305 2 3 103 4 33 301 5
Arte y arquitectura 30 370 7 16 637 13 2 141 3 49 148 7
Ciencias 14 802 3 272 0.2 738 1 15 812 2
Ciencias sociales 52 479 12 10 201 8 1 014 1 63 694 10
Leyes 32 851 7 7 382 6 6 932 9 47 165 7
Educación 79 936 18 14 825 11 4 360 6 99 121 15
Humanidades 9 234 2 1 116 1 339 0.4 10 689 2
Salud 70 590 16 10 878 8 15 330 19 96 798 15
Tecnología 82 355 18 46 170 35 21 668 27 150 193 23
Total 446 613 100 133 078 100 78 826 100 660 517 100

Fuente: Consejo Superior de Educación, ÍNDICES – 2008.



La Figura 1.4 muestra la población actual por niveles de edad de
5 años.25 Los números de los niveles más jóvenes (hasta los 10 años) están
disminuyendo comparados con los inmediatamente superiores, pero los tres
grupos más grandes cubren las edades de 10 a 24 años. Puede esperarse que
éstas aumenten la cantidad de estudiantes que desean ingresar a la educación
terciaria por muchos años, así como puede hacerlo la tendencia en aumento
para ingresar a una edad superior a los 25 años. Las proyecciones
demográficas sugieren que el total de la población de Chile crecerá a 17.9m
en 2015 y 19.1m en 2025. Sin embargo, el grupo etareo más relevante para
la educación superior en Chile seguirá siendo el de los 18 a 24 años. Se
espera que este grupo aumente en un 12.5% entre 2005 y 2015. Entretanto,
la cohorte de egresados de educación media de 18 años de edad permanecerá
prácticamente estable. La Figura 1.5 ilustra estas proyecciones.

Admisión a la educación superior: acceso y equidad

Debido a los niveles de desigualdad y diferencias notables de ingreso
por nivel educacional en Chile, el acceso justo a la educación superior es
una aspiración importante para grandes sectores de la población. En 2006,
uno de los factores causantes de las huelgas y protestas de estudiantes
secundarios a nivel nacional fue la preocupación de que el acceso no es
justo.
Como ya se dijo anteriormente, la calificación básica para ingresar a la
educación superior es la licencia de educación media, pero, aunque ésta es
necesaria para todo tipo de instituciones, es suficiente sólo para los CFTs y
en algunos casos, para los IPs. Todas las universidades miembros del
CRUCH exigen que los postulantes rindan la Prueba de Selección
Universitaria o PSU, y se espera que reserven las matrículas para los que
hayan obtenido por lo menos el puntaje mínimo, actualmente 450 puntos.
Las universidades privadas, algunos IPs y unos pocos CFTs, también toman
en cuenta los puntajes de la PSU para la matrícula.
Además, todos los programas de apoyo a los estudiantes, financiados
por el gobierno (a excepción de una beca específicamente para técnicos de
alto nivel) exigen un puntaje PSU mínimo, entre otras condiciones. Para los
préstamos, el puntaje debe ser por lo menos 475; para las becas, excepto
una, por lo menos 550.

25



Figura 1.4 Población por sexo y grupo tario – estimación de 2006 (miles)
Mujeres Hombres

Fuente: INE (2006).

Figura 1.5 Población sobre 18 y entre 18-24 años, 1990-2015 (miles)

350 2.100

300 2.000
250
1.900
200
1.800
150
1.700
100

50 1.600

- 1.500
90
92
94
96
98
00
02
04
06
08
10
12
14
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20

18 18-24

Fuente: CELADE (2000).



Por lo tanto, prácticamente todos los jóvenes que han egresado
satisfactoriamente de la educación media y piensan ingresar a la educación
superior, rinden la PSU. Para la admisión de marzo de 2008, la rindieron
cerca de 217 000 estudiantes.26 Esto representó un aumento del 3% con
respecto a 2007 que tuvo, a su vez, un incremento del 20% con respecto a
2006.
La Universidad de Chile, en representación del CRUCH, tiene una
unidad, conocida como DEMRE (Departamento de Evaluación, Medición y
Registro Educacional), que administra la PSU y sus resultados. Una vez que
se conocen los resultados de la PSU, los estudiantes que han obtenido un
puntaje mínimo pueden postular, a través de esta unidad, al ingreso a las
universidades del CRUCH. Pueden señalar varias alternativas, definiendo su
orden de preferencia. En los últimos dos años, de acuerdo con las cifras de la
unidad, todas las universidades del CRUCH han tenido más postulantes a
través de este sistema multi-preferencial que el número de vacantes
disponibles. La unidad asigna lugares según el puntaje total.
Como se explicará con mayores detalles en el Capítulo 3, este sistema
de admisión produce una distribución desigual de las vacantes en educación
superior entre los grupos socioeconómicos. Los alumnos de escuelas
municipalizadas y familias más pobres tienen mucho menos posibilidades de
aprobar la PSU que los de colegios privados y familias más ricas. Si la
aprueban, es menos probable que logren los puntajes más altos que les
permite tener acceso a los programas de apoyo financiero y a las mejores
universidades.
Otras causas de desigualdad incluyen el alto costo de estudiar en Chile
(el promedio de los aranceles es el 30% del ingreso per cápita, tres veces
más alto que en los Estados Unidos, Australia o Japón) y las condiciones
establecidas para los programas de apoyo a los estudiantes. El sistema de
apoyo estudiantil con fondos públicos, consiste en diferentes programas de
préstamos y becas, que también serán descritos en el Capítulo 3. Primero,
aunque muchos de estos programas están dirigidos específicamente a
jóvenes de las familias más pobres, su dependencia de la PSU limita el
número de aquéllos a quienes pueden ayudar. En segundo lugar, la mayoría
de los programas parecen haber sido diseñados pensando en las instituciones
del CRUCH, y los estudiantes de universidades privadas, IPs y CFTs – dos
tercios de los estudiantes de la educación superior – están mucho más lejos
de poder postular a ellos.

26
216 881 según cifras de la Universidad de Chile (que administra la PSU),
entregadas al equipo revisor por la Universidad de La Serena.



Currículos terciarios

En Chile, las universidades mismas diseñan los currículos y otorgan los
grados, aunque las asociaciones profesionales tienen alguna influencia sobre
el diseño de currículos y estándares de los títulos otorgados y algunos
aspectos son regulados por ley. Por ejemplo, la ley define una lista de
“profesiones exclusivamente universitarias”, que sólo pueden ser ejercidas
por quiénes tienen un grado de licenciatura; y la ley indica que sólo las
universidades pueden otorgar este tipo de grado académico. Las desventajas
de este sistema de licenciatura se discuten en el Capítulo 5.
En Chile, los programas conducentes a grados profesionales
normalmente duran 5 años, y más en algunas asignaturas: un programa de
ingeniería civil, por ejemplo, dura 6 años. Algunos estudiantes pueden tener
que repetir uno, dos, o más años. En una respetada universidad que visitó el
equipo revisor, el tiempo promedio para obtener un grado de ingeniería civil
era de 8 años, aún cuando los estudiantes ingresaban con puntajes PSU muy
altos.
El MINEDUC y la mayoría de quienes opinan al respecto, están de
acuerdo en que a pesar de los esfuerzos de la reforma reciente, los
programas de estudio chilenos son aún largos y sus currículos son
demasiado rígidos.27 Hay mucho énfasis en la enseñanza de conocimiento
teórico en la sala de clases y no lo suficiente en el desarrollo de la
comprensión, destrezas prácticas y capacidad de estudio independiente. Los
currículos universitarios no han sido suficientemente adaptados a medida
que Chile cambia de una educación superior de elite a una masiva. Las
necesidades de la diversa masa estudiantil de hoy no han sido identificadas
ni satisfechas efectivamente, y tampoco las exigencias de un mercado
laboral global o el ritmo de cambio del mundo moderno.
Una de las consecuencias es el alto nivel de deserción, que es
especialmente alto entre los estudiantes de familias más pobres que tienden
a estar menos preparados para la universidad debido a las escuelas
secundarias a las que asistieron.
También se nota en el sistema chileno, la falta de coordinación entre
cursos de una misma asignatura en diferentes tipos de institución terciaria.
Si, por ejemplo, un estudiante ha hecho un curso de ingeniería técnica en un
CFT y luego desea ingresar a la universidad para ser ingeniero profesional,
puede ser que necesite empezar desde el principio: este era el caso de una
universidad que visitó el equipo, aún para estudiantes que se habían
graduado en el CFT de la propia universidad. Chile actualmente no tiene un
27



sistema general de vías para proseguir estudios entre calificaciones y
niveles. Esta situación – también muy importante para el mercado laboral –
será discutida con mayor detalle en el Capítulo 4.

Educación superior y mercado laboral

La Figura 1.6 muestra la composición de la fuerza laboral por nivel de
educación.
Puede verse que, entre 1990 y 2006, el porcentaje de la población que
tenía sólo educación primaria disminuyó considerablemente y la proporción
con educación superior creció de 18% a 25%. Entre éstos hubo un mayor
crecimiento del porcentaje que tiene educación universitaria.

Figura 1.6 Perfil educacional de la fuerza laboral y la población adulta

50%
47%

41% 41%
40%

30%
28%
1990
2006

20%
15%

11%
10%
10%
7%

0%
Primaria Secundaria Terciaria no Universitaria
universitaria

Fuente: Cálculo hecho por los autores del Informe de Antecedentes en base a las encuestas CASEN
de 1990 y 2006.

Como estas tendencias no están en desacuerdo con las tendencias de las
matrículas en educación superior, la Figura 1.6 no dice mucho por sí sola



acerca del impacto de la educación terciaria en las perspectivas de empleo.
Se ha temido que el aumento de graduados desde 1990 pudiera saturar el
mercado laboral y reducir las tasas económicas de retorno a la educación
superior: pero no hay signos de que esto esté sucediendo, por lo menos hasta
el 2003. La encuesta CASEN muestra un aumento sostenido en los retornos
salariales de la educación superior, y una reducción para aquéllos que sólo
tienen educación secundaria. La Tabla 1.3 muestra tasas de retorno en
términos de un año más de educación. Los retornos a la educación superior
que se muestran, han permanecido consistentemente alrededor del 20% al
año, excepto para el 2000, cuando fueron más altos. Las cifras levemente
más bajas en 2003 y 2006 posiblemente pueden indicar que habrá una baja
en las tasas futuras.

Tabla 1.3 Retorno de un año más de educación por tipo de educación (%)

Básica Secundaria Superior
1990 2.9 – 7.8 9.1 – 10.8 20.6 – 25.6
1992 3.6 9.9 22.1
1994 4.2 – 9.7 9.1 – 12.9 20.7 – 27.9
1996 3.2 11.3 21.4
1998 3.6 – 7.7 7.0 – 11.4 21.0 – 28.1
2000 7.0 11.0 29.3
2003 10.2 7.8 19.8
2006 9.5 6.8 19.4
Fuente: Basado en Mizala & Romaguera (2004) para 1990-2000; www.futurolaboral.cl para
2003 y 2006.

La Tabla 1.3 no hace distinción entre quienes terminaron la etapa
educacional y aquéllos que no lo hicieron. Un estudio realizado por Sapelli
encontró que los retornos de quienes obtuvieron un título profesional están
en un rango de 40-50%. Según la encuesta CASEN de 2003, la diferencia de
ingreso entre los que completaron sus estudios y los que no lo hicieron, es
de 26.2% para quienes estudiaron en CFTs, 10.2% para quienes estudiaron
en IPs y 73.6% para quienes se graduaron en la universidad. Del mismo
modo, un estudio hecho en 2002 por Meller y Rappoport señalaba que una
persona que completaba sus estudios universitarios tenía el doble de
posibilidades de tener empleo que una que los comenzó, pero no los
terminó.
Estas excelentes tasas de retorno a la educación terciaria son en gran
parte el resultado de las grandes diferencias de ingreso económico en Chile.
Según el cálculo de los autores del Informe de Antecedentes, basado en la
encuesta CASEN, quien haya completado la educación universitaria obtiene



un ingreso casi cuatro veces mayor al recibido por alguien cuya educación
concluyó luego de completar la educación secundaria. También hay
diferencias significativas entre quienes han completado la educación
terciaria. Un profesional educado en la universidad gana 65% más que uno
que estudió en un Instituto Profesional y más que el doble que un técnico
especializado que estudió en un CFT.
No hay fuentes de información a nivel nacional que muestren el éxito
que tienen los titulados universitarios para encontrar trabajo a los seis meses
o un año de haber completado sus estudios; pocas de las universidades
visitadas por el equipo revisor pudieron entregar información amplia al
respecto. Las Universidades generalmente indicaban que los departamentos
habían estado recogiendo información, en forma individual, sobre el destino
de los graduados, lo que se procesaría de manera más efectiva en el futuro –
especialmente ahora que esto es una condición para la acreditación.
A pesar de la alta tasa de retorno descrita con anterioridad, se reconoce
ampliamente que la educación superior se enfrenta a algunos problemas del
mercado laboral. El primero es la cantidad y calidad de profesionales y
técnicos. Un estudio28 sugiere que hay un 10% de déficit en el número
necesario para el desarrollo económico del país. La Encuesta Nacional sobre
Alfabetismo Adulto29 sugiere que en las áreas examinadas, las destrezas de
profesionales y técnicos en Chile no son mayores que las de los jóvenes que
han completado la educación secundaria en economías avanzadas. Sin
embargo, es difícil comparar los niveles de destrezas y conocimiento de los
graduados de educación superior en Chile con las de los de otros países,
porque Chile no ha establecido un Centro de Información para el
Reconocimiento Académico Nacional para poder emitir juicios con
autoridad sobre las equivalencias de las calificaciones internacionales,
trabajando con estos centros de otros países.
Un segundo problema es la baja participación femenina en la fuerza
laboral chilena. Como se informó en la Encuesta Económica de Chile de la
OCDE,30 durante el período 1990-2003 la participación masculina
permaneció relativamente estable alrededor de un 73%, cercano al promedio
de la OCDE. La participación femenina, a pesar del aumento de casi
10 puntos porcentuales durante este período, alcanzó sólo 42%, lo que es
bajo para los estándares de la OCDE e incluso para los de América Latina.
El desempleo es también generalmente más alto para las mujeres que para

28
Meller and Rappoport (2004), citado en el Informe de Antecedentes.
29
Citado en el Informe de Antecedentes.
30
OCDE 2007.



los hombres; la diferencia de género en la participación laboral es aún mayor
cuando se toma en cuenta el trabajo a tiempo parcial; y la diferencia de
género en los sueldos es considerable, aún entre los individuos mejor
educados.
Sin embargo, la Encuesta Económica de la OCDE también encontró que
en Chile, la participación parece depender de la educación, y que la
educación universitaria trae altas tasas de retorno a las mujeres. La OCDE
sugiere que estimulando la participación de las mujeres en la fuerza laboral,
se podría contribuir a elevar el potencial del crecimiento económico en el
largo plazo, reduciendo la pobreza y la desigualdad de los ingresos; y que
estimulando el capital humano se podría reducir la diferencia de género en la
oferta de trabajo y el empleo. Esto puede tomarse como una fuerte señal
para que Chile estimule la participación de las mujeres en la educación
terciaria.
Un tercer problema es que algunas ocupaciones, como muestra la
Figura 1.7, ya tienen un alto porcentaje de profesionales jóvenes (graduados
entre 25 y 34 años de edad). Esto puede reducir las perspectivas de empleo
de los futuros titulados en estos campos. Ha habido situaciones recientes de
universidades chilenas que ofrecen cursos nuevos para capacitar estudiantes,
con grados especializados que casi no tienen valor en el mercado.

Figura 1.7 Profesiones con mayor participación de profesionales jóvenes (25-34 años)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ingeniería en Computación 81%

Psicología 79%

Periodismo 76%

Ingeniería Forestal 67%

Diseño 66%

Ingeniería Industrial 65%

Sociología 64%

Ingeniería en Electricidad 62%

Ingeniería Comercial 61%

Arquitectura 55%

Fuente: http://www.futurolaboral.cl citado en el Informe de Antecedentes.



Ver Capítulo 4 para una discusión más completa de la educación
superior y el mercado laboral.

El rol regional de la educación superior

Chile está dividido en 15 regiones administrativas. Cada una está
gobernada por un Intendente, que es el representante del Presidente de la
República, un Consejo regional y una administración de apoyo responsable
ante el gobierno regional. También hay Secretarías Ministeriales Regionales,
organismos descentralizados de los Ministerios, pero éstas están
subordinadas al Intendente.
Hasta octubre de 2007 había 13 regiones, 12 nombradas con un número
romano y una – Santiago y alrededores – por su nombre, Región
Metropolitana, o las iniciales RM. Las regiones iban en secuencia de norte a
sur, siendo la I la de más al norte, con la Región Metropolitana entre la V y
la VI. En octubre de 2007, se formaron dos nuevas regiones. Las provincias
de Arica y Parinacota, anteriormente el tercio superior de la I Región,
Tarapacá, se convirtió en la Región XV, Arica-Parinacota; la provincia de
Valdivia, anteriormente parte de la X Región de Los Lagos, se convirtió en
la XIV Región, de Los Ríos.
Con disculpas a las dos regiones nuevas, el resto de este informe se
referirá algunas veces a 13 regiones, porque mucha de la información y
evidencia para el Informe, recogida por el equipo durante el trabajo en
terreno, está basada en ellas.
La población de Chile está concentrada en las regiones centrales, que
tienen el clima más favorable. Las regiones ubicadas en los extremos norte y
sur del país (I, II, III, XI y XII), cuentan con más del 60% del territorio pero
sólo 9.39% de la población. Más del 40% de la población está concentrada
en la Región Metropolitana de Santiago (RM). Las siguientes regiones más
pobladas son la VIII (Bío Bío) con 12.3%, y la V (Valparaíso) con 10.2%.
Mientras las regiones II, III, XI y XII tienen menos de 5 habitantes por
kilómetro cuadrado, la RM tiene 434, seguida por la V, con 104, la VIII con
54 y la VI, con 52. En la RM y la II región (Antofagasta) más del 96% de la
población habita en las ciudades; mientras que en las regiones VII (Maule),
IX (Araucanía) y X (Los Lagos) la cifra es menos de 70%, lo que implica
que mucha gente vive en áreas rurales.
No ha habido una política nacional explícita para igualar las
oportunidades de educación superior entre las regiones, lo que en cualquier
caso sería difícil dada su geografía y densidad de población tan diferentes.
Los gobiernos regionales, sin embargo, han estado deseosos de obtener
igualdad de oportunidades para sus ciudadanos. También han estimulado a



las instituciones terciarias a desarrollar identidades regionales y ofrecer
programas que fortalezcan la economía regional.
A pesar de la falta de una política explícita, el crecimiento de las
matrículas en educación superior desde 1990 en adelante hizo mucho para
extender la educación terciaria hacia las regiones. Entre 1990 y 2006, la
cobertura terciaria aumentó de 14% a 34%.31 La Tabla 1.4 muestra cómo
estuvo distribuido este crecimiento entre las regiones. Todas mostraron un
aumento, aunque algunas regiones hicieron bajar el promedio nacional,
incluyendo la VI región (O’Higgins, inmediatamente al sur de Santiago) y la
XI (Aysén). Estas sólo habían logrado tasas de 7% y 9% respectivamente en
2006, aunque la XI región tiene la tasa de crecimiento anual más alta de
todas las regiones.
Las regiones con mayor cobertura en 2006 fueron la V (Valparaíso), RM
(Santiago), I (Tarapacá), II (Antofagasta) y la VIII (Bío Bío). Sólo estas
regiones tuvieron una cobertura mayor que el promedio nacional.
Las regiones diferían en la base institucional para su crecimiento. En la
RM y la VIII región, la mayor contribución fue de parte de las universidades
privadas, mientras que en las regiones I, II, III y XII el crecimiento fue
liderado por las universidades del CRUCH. Como resultado, las regiones
varían en el equilibrio entre diferentes tipos de institución. Por ejemplo, en
2007,32 más del 80% de las vacantes de ambas regiones nuevas eran de
universidades, mientras que en Aysén, 61% de las plazas eran de CFTs.
Sin embargo, todas las regiones se beneficiaron tanto de la proliferación
de instituciones privadas nuevas, especialmente entre 1990 y 2000, como de
nuevas sedes de instituciones existentes, a partir de 2000. El número de
sedes creció un 39% entre 2000 y 2006, aumentando la competencia entre
las instituciones. Por ejemplo, el equipo visitó en Arica, una universidad que
había instalado una sede en Iquique, y una universidad de Iquique que había
instalado una sede en Arica; ninguna de las dos se había alegrado de la
presencia de la otra en su ciudad y hubo considerable duplicación en los
programas que ofrecían. La expansión de las sedes también ha producido
preocupación acerca de la calidad. En más de una ocasión una institución no
ha logrado la acreditación porque no pudo demostrar que los estándares de
aseguramiento de la calidad del campus principal se han extendido de la
misma manera a las sedes.
Un impulso importante para el crecimiento regional han sido los
recursos de nuevos programas de financiamiento, especialmente el Fondo de

31
32
Consejo Superior de Educación, INDICES – 2008.



Desarrollo Institucional o FDI y el Fondo Competitivo, FC, ambos ahora
parte del Programa MECESUP. Del total de los fondos asignados al
MECESUP, 68% fue para las universidades de las regiones.

Tabla 1.4 Evolución y promedio de crecimiento anual (porcentaje) de la tasa de
cobertura por región, 1990-2006

Región Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Diferencia en Tasa anual de
cobertura cobertura cobertura cobertura puntos % en crecimiento de
1990 1995 2000 2006 cobertura cobertura,
1990-2006 1990-2006

I 16.35 22.57 25.10 38.59 22.24 5.51
II 16.78 25.96 33.74 35.89 19.11 4.87
III 7.64 9.95 12.78 18.30 10.66 5.61
IV 10.40 18.44 23.13 30.72 20.32 7.00
V 17.87 24.75 34.17 43.07 25.20 5.65
VI 3.28 5.29 5.16 6.98 3.70 4.83
VII 5.54 9.63 13.94 19.99 14.45 8.35
VIII 14.18 18.14 24.74 35.82 21.64 5.96
IX 9.13 16.14 21.30 20.92 11.79 5.32
X 9.89 12.88 17.39 23.13 13.24 5.45
XI 1.10 0.08 3.62 8.75 7.65 13.84
XII 9.75 15.45 23.79 29.82 20.07 7.24
RM 18.57 25.77 33.26 41.28 22.71 5.12
Total 14.36 20.21 26.92 34.27 19.91 5.59
Fuente: Basado en MINEDUC (2006) para las matrículas, CELADE (2000) e INE 2006 para la
población de 18-24 años.

Otros programas que han proporcionado un apoyo valioso al desarrollo
de la educación superior en las regiones, incluyen:
• El Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico de
CONICYT, cuyos objetivos han sido apoyar la capacidad de
investigación a nivel regional y crear consorcios de investigación
regionales.

• El Programa Chile Califica, de Educación y Capacitación
Permanente, que promueve la formación de redes regionales de
instituciones que se conectan con diferentes tipos de capacitación
técnica para sectores productivos de prioridad en la región.



Financiamiento de la educación superior

Las instituciones reciben fondos públicos de las siguientes formas:
• Aporte Fiscal Directo, AFD). Fondos disponibles sólo para las
universidades del CRUCH. La cantidad recibida depende del
número de estudiantes y cursos de pregrado, personal docente con
grados de Magister y Doctorados, proyectos de investigación que
compiten por fondos y publicaciones. El AFD favorece a las
instituciones más grandes, más complejas y que realizan
investigación más intensiva.
• Aporte Fiscal Indirecto, AFI. Este fondo recompensa a las
instituciones que matriculan a los 27 500 estudiantes con puntajes
más altos en la PSU. Estos estudiantes están divididos en 5 grupos
de 5 500 cada uno; los aportes para los 5 500 mejores son 12 veces
más altos que para los que están entre los lugares 22 000 y 27 500.
El AFI se creó para promocionar la calidad estimulando la
competencia para atraer a los mejores estudiantes. En la práctica,
dirige los fondos públicos hacia las instituciones que tienen una alta
reputación establecida, cuyos estudiantes vienen más probablemente
de las familias de más altos ingresos.
• Las donaciones de fondos o mecanismos competitivos intentan
mejorar la calidad de la formación de pregrado, postgrado y técnica,
la investigación y la administración institucional. Estas incluyen el
Fondo Competitivo ya mencionado, el Fondo de Innovación
Académica, FIAC, y los Convenios de Desempeño, CdD. Todos, en
conjunto, están apoyados por el Banco Mundial y el gobierno de
Chile bajo el programa MECESUP.
La Figura 1.8 muestra cómo cambió el financiamiento de estas fuentes
entre 1995 y 2007, considerando la inflación. Se puede ver que el AFD
creció en un 29%, de CLP 93.9 billones a CLP 120.7 billones, pero que el
AFI efectivamente ha sido congelado. La asignación de fondos competitivos
ha aumentado en un 178%, de CLP 10.1 billones, para llegar a una cima de
37.4 billones en 2003, disminuyendo a 26.4 billones en 2006 debido al ciclo
del proyecto FC. Fondos distintos a los fondos competitivos, tales como el
Fondo de Desarrollo Institucional, han ido desapareciendo y han sido
reemplazados por fondos competitivos.
Las políticas públicas han sido aumentar el gasto a través de fondos
competitivos y mantener estables las donaciones en bloque. En 1995, las
donaciones en bloque representaban un 82% del total de los aportes públicos



a las instituciones de educación superior mientras que en 2003, cuando el
flujo del FC alcanzó su punto más alto, representó sólo un 71%. Se espera
que en el futuro los fondos competitivos aumenten a medida que el estado
financia más proyectos.
Las instituciones terciarias también reciben subsidios públicos indirectos
por las garantías tributarias de las donaciones privadas. Hay una rebaja del
50% del impuesto sobre las donaciones para la compra de muebles, equipos,
renovación de infraestructura, perfeccionamiento académico y proyectos de
investigación.

Figura 1.8 Aportes fiscales a las instituciones de educación superior
(CLP millones 2007)

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

-
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AFD AFI Fondos competitivos Otros
cmcompetitivos

Fuente: MINEDUC, Compendio Estadístico de Educación Superior para los años 2006 y 2007
Presupuesto Oficial – citado en el in Informe de Antecedentes.

El Capítulo 8 analiza el financiamiento y los recursos en más detalle.
Las instituciones terciarias son también, naturalmente, financiadas por
los aranceles pagados por los estudiantes. La Tabla 1.5 muestra el monto de
los aranceles por tipo de institución y cómo han aumentado entre 1995 y



2005. Como se dijo anteriormente, los aranceles son en gran parte pagados
por los estudiantes y sus familias (83.7% de todo el gasto en educación
superior en Chile.33)
Hay, sin embargo, algunos fondos públicos como becas (subvenciones)
y préstamos garantizados por el estado. El gasto público en programas de
becas creció un 321% entre 1995 y 2007. En el mismo período, el gasto en
préstamos garantizados por el estado aumentó un 448%.

Tabla 1.5 Evolución del promedio anual de aranceles por tipo de institución de
educación superior (CLP 2007)

1995 2000 2005 Aumento Aumento Aumento
1995 – 2000 – 1995 –
2000 2005 2005
CFT 426 820 625 433 704 200 46.5% 12.6% 65.0%
IP 699 764 916 641 882 600 31.0% -3.7% 26.2%
CRUCH
U 765 962 1 234 310 1 477 093 61.1% 19.7% 92.8%
U.
Privadas 1 146 623 1 498 327 1 698 282 30.7% 13.3% 48.1%
Fuente: MINEDUC, División de Educación Superior.

Hay muchos programas de becas diferentes, descritas más ampliamente
en el Capítulo 3. En su mayoría están enfocados hacia los grupos de ingreso
más bajos (estudiantes en los dos quintiles de ingreso más bajos). La mayor
parte exige un nivel mínimo de desempeño académico, generalmente un
puntaje PSU, y menos frecuentemente, un promedio de notas de educación
media. Algunos son sólo para las universidades del CRUCH e instituciones
privadas acreditadas; algunos están disponibles sólo para estudiantes de
escuelas municipalizadas o privadas subvencionadas; y uno es
específicamente para cursos de Técnico Superior.
Las becas de mantención son automáticas una vez que se otorgan las
becas de matrículas. Estas consisten en bonos de alimentación y dinero para
subsistencia.
Sin embargo, las becas sólo cubren entre 63% y 70% del costo real de
los aranceles; para el resto, los alumnos deben pedir préstamos. Hay dos
programas de préstamos garantizados por el estado, uno de los cuales es sólo
para estudiantes de las universidades del CRUCH; ambos exigen un puntaje
mínimo en la PSU; y un programa nuevo por medio del cual los estudiantes

33
OCDE Education at a Glance, 2007.



pueden obtener préstamos de bancos privados. En el Capítulo 3 se encuentra
la información sobre estos préstamos.

Personal de las instituciones de educación superior

En Chile, los miembros del personal académico no son funcionarios
públicos, aunque el personal no académico sí lo es. No hay una estructura
académica estándar, ni términos y condiciones acordados a nivel nacional.
Las condiciones para contratar, promover y recompensar el desempeño del
personal académico dependen completamente de los estatutos propios y los
reglamentos internos de las instituciones de educación superior. No es fácil
despedir a un miembro del personal académico y puede ser muy caro
hacerlo, pero especialmente debido a la fuerte influencia de las asociaciones
representativas.
Hay dos tipos de personal académico en las universidades: ‘personal
académico de planta’, normalmente contratado por concurso y empleado en
forma permanente y con jornada completa, de entre los cuales se escoge a
los profesores más conocidos y de mayor prestigio para asumir
responsabilidades administrativas, participar en comités universitarios y que
pueden llegar a los más altos niveles de la jerarquía académica; y, el
“personal a contrata”, académicos que no tienen la propiedad de sus cargos
y que no tienen derecho a ser elegidos para esos privilegios. Para el personal
de planta, la promoción generalmente depende de su experiencia, la
evaluación de los estudiantes y su producción de publicaciones.
Una práctica común es contratar personal por horas, casi exclusivamente
para la enseñanza. Este tipo de trabajo puede ser atractivo para académicos
de otras universidades como una manera de aumentar sus ingresos o para
gente de fuera del mundo académico. Se ha abierto un mercado amplio para
los profesionales y académicos jóvenes de algunas universidades como
resultado de la apertura de ‘programas especiales’. Estos programas tienden
a ser más cortos que los regulares, funcionan en forma vespertina y atraen a
un amplio público de entre los trabajadores jóvenes que buscan mejorar sus
antecedentes educacionales o gente con títulos profesionales buscando subir
de categoría.
Las universidades privadas a menudo tienen una proporción menor de
personal académico de planta que sus contrapartes del CRUCH, como lo
muestra la Tabla 1.6. Esto está asociado a la concentración de las
universidades privadas en la enseñanza más que en la investigación en la
mayoría de los casos. Especialmente en CFTs e IPs, el personal docente
contratado puede tener que competir cada año por un número suficiente de
horas para recibir un sueldo adecuado.



Tabla 1.6 Número de docentes y de jornadas completas equivalentes (JCE) por grado
académico
Grado académico
PhD MA Otros Total %PhD %PhD+MA

Universidades del CRUCH No 3 656 4 676 13 632 21 964 16.6 37.9
JCE 3 085 3 272 5 729 12 086 25.5 52.6
Universidades Privadas Acreditadas
que participan en el programa de No 1 280 3 026 7 300 11 606 11.0 37.1
crédito universitario CAE
JCE 507 937 1 692 3 136 16.2 46.1

Fuente: Informe de Antecedentes.

Como muestra la tabla, las universidades del CRUCH tienen una
proporción más alta de profesores con doctorados; aunque ambos tipos de
instituciones muestran una mejoría cuando se considera las JCEs. De los
académicos con jornada completa en las universidades del CRUCH, 37%
tienen un doctorado.
El número de Doctorados en la fuerza laboral académica en Chile es
generalmente considerado demasiado bajo. Las políticas nacionales para
mejorar la calidad del personal académico se han concentrado en subir este
indicador, el que tiene una estrecha relación con la investigación y el
desarrollo. La meta es que para el 2015, la mitad de los académicos a
jornada completa tengan doctorados, para lo que se necesita que el número
graduado en los programas nacionales aumente a 600 doctorados por año. El
gobierno también tiene como objetivo mandar a algunos 3 000 chilenos por
año al extranjero para que sigan estudios de postgrado.
El equipo revisor notó una gran cantidad de preocupaciones
relacionadas con el personal académico y la capacitación. Primero, la fuerza
laboral académica está envejeciendo. La edad promedio de los académicos
se estima alrededor de los 54 años. Para algunas universidades del CRUCH,
casi la mitad del personal académico llegará a la edad de jubilarse en los
próximos 5 o 6 años y no hay suficientes talentos nuevos listos para
reemplazarlos.
Segundo, muchos profesores que han llegado a la edad de jubilarse y
cuyas instituciones preferirían que se retiraran, rehúsan hacerlo,
principalmente porque las pensiones son bajas y no hay un programa de
jubilación anticipada. Esto limita las oportunidades de trabajo y
oportunidades de promoción a los académicos jóvenes. El problema es
especialmente agudo en las universidades del estado, donde generalmente se



reconoce que es impracticable hacer que los académicos jubilen contra su
voluntad.
Tercero, la amplia gama de estudiantes que ya está en la educación
superior y la meta de atender al 50% de la cohorte para el 2012, presenta
nuevos desafíos para el personal académico en Chile. Para satisfacer las
necesidades de estos estudiantes, los académicos necesitarán una mejor
formación inicial y un desarrollo profesional continuo en métodos y
enfoques pedagógicos nuevos, y más imaginativos.

Aseguramiento de la calidad

El Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior en Chile está basado en la Ley 20.129 de 2006. Las
instituciones principales del sistema son la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA), MINEDUC, el Consejo Superior de Educación (CSE)
y las agencias de acreditación. El CSE y el CNA son instituciones públicas
autónomas con sus propios recursos. Las agencias de acreditación pueden
ser privadas, nacionales o internacionales y deben estar autorizadas por el
CNA para poder acreditar. La Ley establece un Comité Coordinador para
resguardar la integridad del sistema supervisando las actividades de los
diferentes tipos de organismos.
El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad tiene cuatro
funciones:
• Licenciamiento de nuevas instituciones de educación superior,
realizada por el CSE (excepto los CFTs, por ahora; la
responsabilidad de la autorización de los CFTs será transferida al
CSE del MINEDUC en noviembre de );
• Acreditación institucional, bajo la supervisión del CNA;
• Acreditación de grados o programas, realizada por agencias de
acreditación autorizadas. La CNA acredita programas para los
cuales no hay una agencia autorizada;
• Información acerca de las instituciones, lo que ofrecen y su calidad
bajo el auspicio del Ministerio de Educación (Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior – SIES).
El proceso de licenciamiento es obligatorio para todas las nuevas
instituciones de educación superior. Cuando se considera si una nueva
institución debería ser autorizada para funcionar, el CSE lo hace por medio
de Comisiones de Evaluación por Pares, entrevistas con estudiantes, y
auditorías, evaluaciones y visitas especiales. El CSE evalúa especialmente



planes de negocio, propuestas de programas de estudio y si la institución
tiene o tendrá recursos suficientes para desarrollar sus planes y programas.
Una vez que la institución ha sido aprobada, el CSE supervisa su
funcionamiento por medio de comisiones de evaluación de pares, exámenes
a los estudiantes, auditorías, evaluaciones y visitas especiales. Después de
que ha funcionado con licencia por lo menos seis años, el CSE considera si
se ha desarrollado lo suficiente como para concederle la completa
autonomía. Si el Consejo decide que no, la licencia será extendida por otros
cinco años. Después de esto, las opciones del CSE son conceder la
autonomía a la institución o cerrarla.
Cuando ya tiene autonomía, la institución puede crear nuevos programas
y establecer nuevas sedes. También puede postular a la CNA para obtener la
acreditación institucional, y para que sus programas sean acreditados por
agencias de acreditación especializadas.
La acreditación sólo está disponible para las instituciones autónomas. La
CNA usa procesos de revisión por pares, desarrollados por su precedente, la
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, o CNAP, que promovía la
acreditación de manera totalmente voluntaria.
La acreditación institucional debe concentrarse en la administración
institucional y la enseñanza y aprendizaje de pregrado. Además, las
instituciones pueden escoger ser acreditadas en áreas relacionadas con su
orientación, como por ejemplo, la enseñanza de postgrado, la investigación,
los vínculos con el medio o la educación continua. La acreditación es muy
importante para las instituciones, tanto para fines de publicidad como para
su reputación y porque los estudiantes pueden entonces tener acceso a becas
o planes de préstamos subsidiados por el estado.
La acreditación de los programas puede ser para cursos técnicos,
profesionales, de pregrado, Maestrías o Doctorados. Esta acreditación
certifica la calidad de los cursos y grados, tomando en cuenta los objetivos y
los estándares nacionales e internacionales para la profesión o disciplina en
que se ofrecen. Medicina y educación son las únicas dos áreas en que los
programas deben ser acreditados. Si no lo son, las instituciones pierden
todos los fondos públicos asociados al programa. El Ministerio de Salud está
tratando de evitar que los graduados de programas no acreditados trabajen
en el sector público. El Ministerio de Educación ha propuesto una reforma
legal que permitiría cerrar programas que son incapaces de obtener la
acreditación.
La acreditación de programas de pregrado puede otorgarse por un
máximo de siete años o un mínimo de dos. Los de postgrado pueden ser
acreditados por hasta diez años. La duración de la acreditación se entiende



(y con razón) como una indicación de que la instancia acreditadora
considera que la institución es de una cierta calidad. Una institución se
considera buena si tiene un alto porcentaje de programas acreditados.
El sistema de aseguramiento de la calidad en Chile no se aplica a la
calidad o efectividad de los proyectos de investigación.
El Capítulo 6 trata el tema de la calidad y el aseguramiento de la
calidad.

Gobernabilidad

Dentro de la educación terciaria, hay tres claros modelos de
gobernabilidad, uno que se aplica a las universidades estatales, otro a las
universidades privadas que pertenecen al CRUCH y el tercero, a las
universidades privadas, IPs y CFTs. Los tres modelos están descritos en
mayor detalle en el capítulo sobre Gobernabilidad.
Dentro de los estatutos estándar usados por la mayoría de las
universidades estatales, la más alta instancia es la Junta Directiva,
compuesta por un igual número de representantes del gobierno, nombrados
por el Presidente de la República, y miembros externos, nombrados por el
Consejo Académico. La Junta, a petición del Rector, establece las políticas
de desarrollo de la universidad, aprueba préstamos y la adquisición,
impuestos o venta de propiedades, establece la escala de remuneraciones del
personal académico, aprueba los funcionarios de la universidad y las
calificaciones y grados ofrecidos por la institución, así como los planes de
estudios que conducen a ellos. El Consejo Académico (que en la
Universidad de Chile se llama Consejo Universitario), está compuesto por el
Rector, el Vicerrector Académico, Decanos y otros directores o profesores
designados. A excepción de la Universidad de Chile, donde el Consejo
Universitario asume las funciones de la Junta, en las universidades estatales
el Consejo Académico es sólo consultivo.
Los Rectores son elegidos por voto directo del personal académico;
permanecen en el cargo por cuatro años y, en teoría, pueden ser re-elegidos.
Los Decanos son designados por la Junta a sugerencia del Rector y los
Directores de Departamento son designados directamente por el Rector. En
la práctica, los Decanos y Directores de Departamento son elegidos por el
personal académico; los Consejos de Facultad y el Consejo Académico,
están compuestos por miembros elegidos por sus pares.
Los estudiantes y personal administrativo no participan del gobierno de
la institución en 13 de las 16 universidades estatales; las excepciones son la
Universidad de Chile, la Universidad Tecnológica Metropolitana y la



Universidad de Los Lagos, que han incorporado estudiantes y personal en
sus cuerpos colegiados.
Las tres universidades laicas no estatales del CRUCH han seguido en
general el modelo similar al de las universidades estatales. De las seis
universidades católicas, algunas encuentran candidatos para Rector a través
de comités de búsqueda más bien que por medio de elecciones. Su
organización también concede un rol en la designación del Rector al obispo
correspondiente y, para las dos universidades Pontificias, la decisión final es
de la comisión correspondiente en el Vaticano.
Los Rectores de universidades privadas son designados por Consejos
corporativos que representan a los dueños o miembros de la corporación. El
Rector designa a los Decanos, generalmente con la aprobación del Consejo,
pero sin consultar a los profesores. Los cuerpos colegiados son escasos y
funcionan principalmente para asesorar al Rector o el Decano. Los Decanos
con experiencia y prestigio especial suelen tener alguna influencia informal
en las políticas y decisiones institucionales.
Los Institutos Profesionales y CFTs son manejados principalmente por
las autoridades más antiguas de las instituciones, nombradas por los dueños
o por el Consejo de Directores. Los cuerpos colegiados no existen, ni hay
estudiantes involucrados en las decisiones sobre el desarrollo institucional.

Internacionalización

La internacionalización tiene una larga historia en Chile. Desde la
década de 1950, algunas de las universidades más antiguas han desarrollado
programas de intercambio internacional, firmando acuerdos con
instituciones en otros países y permitiendo que los académicos realicen
estudios de postgrado en los Estados Unidos de Norteamérica y Europa.
Las reformas al comienzo de la década de 1980, dieron un mayor
impulso a la internacionalización; el modelo de mercado produjo una gran
competencia entre las instituciones de educación terciaria lo que a su vez las
llevó a buscar una mayor diferenciación entre ellas. Más recientemente, el
impacto global de la información y las comunicaciones tecnológicas ha
hecho que la sociedad chilena valore más la conexión con el mundo, y que
las instituciones de educación superior respondan a las crecientes demandas
de calificaciones de prestigio internacional. El entusiasmo de los alumnos
por grados y títulos extranjeros ha llevado a más instituciones de educación
terciaria a establecer acuerdos con instituciones extranjeras y ofrecer a sus
estudiantes un grado otorgado en conjunto o doble o cursos impartidos en
conjunto. Algunas instituciones ofrecen programas que pueden realizarse en
Chile o en el extranjero.



La creciente internacionalización se refleja en la creación de oficinas
dedicadas a las relaciones internacionales; en 2003, alrededor del 80% de las
universidades del CRUCH tenían algún tipo de organización formal dentro
de la institución. Una de las principales actividades de las oficinas de
asuntos estudiantiles es el intercambio académico. En 2001, las
universidades recibieron 3 477 estudiantes extranjeros, una quinta parte de
los cuales eran de los Estados Unidos.34 La Agencia de Cooperación
Internacional del gobierno ha tenido un rol importante ayudando a
estudiantes chilenos a estudiar en el extranjero, proporcionando información
y acceso a becas; mientras que CONICYT ha ayudado a los investigadores a
ubicarse internacionalmente y a los centros o institutos de investigación,
encontrar socios internacionales.
Unas pocas instituciones de educación terciaria chilena han instalado
sedes en el extranjero, tales como el campus de la Universidad Técnica
Federico Santa María en Ecuador. Muchas instituciones extranjeras ofrecen
y promueven sus programas en Chile, ya sea instalándose como entidades
sin fines de lucro y postulando a ser reconocidas como nuevas universidades
privadas o comprando universidades existentes. Y con el apoyo del
MECESUP, las universidades chilenas participan en el Proyecto Alfa para
Latinoamérica (el proyecto Tuning), para intercambiar información y
mejorar la calidad, efectividad y transparencia.
A pesar de toda esta actividad, quedan algunos problemas que inhiben la
movilidad internacional de estudiantes y académicos. Chile no tiene todavía
un sistema de transferencia de créditos, claro y comprensible, que se aplique
a todas las instituciones de educación terciaria. Ni es parte de la red
internacional de Centros de Información del Reconocimiento Académico
Nacional, a través de los cuales las instituciones de educación terciaria y los
empleadores en un país pueden establecer cómo se comparan las
calificaciones obtenidas y los estudios realizados en otro país o se asimilan a
las propias, con el propósito de ingresar a la educación superior, continuar
en ella o encontrar empleo profesional.
La internacionalización se discute en mayor detalle en el Capítulo 4.

Investigación y desarrollo

De los tres tipos de instituciones terciarias en Chile, sólo las
universidades pueden otorgar postgrados, por lo tanto, son principalmente
las universidades las que se dedican a la investigación y el desarrollo. Los
dos mayores fondos competitivos para la investigación y el desarrollo son el
34
Informe de Antecedentes y Ramírez, 2004.



Fondo para el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica,
FONDECYT, para desarrollo básico, y el Fondo de Fomento al Desarrollo
Científico y Tecnológico, FONDEF, para I&D tecnológico. Entre el 2000 y
el 2004 las universidades recibieron un 100% de aportes de FONDECYT y
99.6% de FONDEF.
Las universidades forman un amplio espectro, desde aquéllas para
quienes la investigación representa una parte importante de su actividad y
presupuesto, hasta las que se concentran en la enseñanza y hacen poco o
nada de investigación. Las cuatro grandes universidades que hacen
investigación son las Universidad de Chile, la Universidad Católica de
Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad de Santiago. Entre
ellas, reciben dos tercios de los aportes otorgados por FONDECYT y
FONDEF.
Del total de fondos otorgados por FONDECYT a las universidades, la
Universidad de Chile recibió 36.7%, la Universidad Católica de Chile,
21.7% y la Universidad de Concepción, 10.6%. Otro 27.75% fue para las
otras universidades del CRUCH, completando para éstas un 96.75% en total,
aunque tres recibieron menos de 0.1%. Sólo 3.25% fue para las
universidades privadas, pero algunas de ellas estuvieron mejor que algunas
universidades del CRUCH. Los aportes de FONDEF en el mismo período
estuvieron igualmente concentrados en las universidades del CRUCH,
quienes ganaron un 97.8% de los fondos – seis de ellas recibieron 65% de
los fondos.
Los fondos competitivos como FONDECYT y FONDEF, aunque son
una fuente importante de financiamiento para la I&D básica y aplicada, no
son los únicos. Hay fondos privados, los fondos de las propias universidades
y fondos competitivos disponibles.
Extraordinariamente, no hay información sobre cómo se distribuyen los
gastos, los ingresos o el tiempo del personal académico en cada universidad.
No hay obligación aún en las universidades estatales de proporcionar esta
información al MINEDUC o hacerla pública. Sin embargo, del
financiamiento base pagado a las universidades del CRUCH, Aporte Fiscal
Directo, se estima que, en promedio, las universidades gastan un 58.6% en
I&D.
En la Tabla 1.7 se muestra el gasto colectivo en I&D en Chile en 1997-
2004. El crecimiento tuvo un promedio de 18.6% anual, pero el gasto en
I&D no logró alcanzar la meta nacional de 1% del PIB.



Tabla 1.7 Evolución del gasto de investigación y desarrollo 1997-2004

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CLP Miles de millones 170.8 182.6 188.7 213.2 228.7 315.5 341.2 392.9
% del PIB 0.49 0.50 0.51 0.53 0.53 0.68 0.67 0.68
Fuente: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y tecnología RICYT (www.ricyt.org) 2008.

La Tabla 1.8 muestra cómo han contribuido los diferentes actores al
gasto total de Chile en I&D. En el Capítulo 7 se analiza con mayor detalle el
gasto y los aportes de los diferentes sectores.

Tabla 1.8 Aportes y participación por agentes de financiamiento de investigación y
desarrollo 1997-2004

Agentes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CLP Miles de Millones 117.9 131.8 137.5 149.9 157.5 172.4 147.6 175.0
Gobierno % 69.0 72.2 72.9 70.3 68.9 54.6 43.2 44.5
Firmas % 16.0 16.2 17.1 23.0 24.9 33.2 43.5 45.7
Educación Superior % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.8
Fundaciones sin lucro % 8.6 6.2 4.7 1.9 2.1 0.3 0.4 0.3
Extranjeros % 6.4 5.4 5.3 4.7 4.1 11.4 12.0 8.7
Total
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: RICYT 2008.

Los fondos del estado para I&D no se entregaron sólo a las
universidades sino también a 14 institutos y servicios del estado. Los aportes
públicos competitivos crecieron más del 80% entre 1995 y 2004. Este
aumento refleja la política de mayor transparencia del gobierno y la
asignación de fondos más competitiva para I&D, con mayor discreción para
definir los tipos y áreas de investigación. Los fondos para el desarrollo de
recursos humanos fueron los que más aumentaron (en 119%), y los que
aumentaron menos, los fondos para investigación básica (53.8%).
Nuevamente, esto fue consistente con la política de gobierno de
concentrarse en fortalecer la investigación aplicada, el desarrollo



experimental y tecnológico y la innovación, así como la capacidad de formar
recursos humanos.
Los gobiernos chilenos recientes también han apoyado la ciencia, la
tecnología y la innovación con programas para promover la colaboración
entre investigadores y empresas altamente calificadas, como se describe en
el Capítulo 7.

Recomendaciones anteriores de la OCDE sobre la educación superior

El informe de 2004 de la OCDE, sobre Políticas Nacionales para la
Educación en Chile, se preocupó principalmente de la educación de primer y
segundo nivel, pero hizo un número de recomendaciones generales y
específicas sobre la educación terciaria, que se resumen a continuación:
• Chile debería revisar la división tradicional entre universidades del
CRUCH y otras universidades, que afecta la manera en que se
distribuyen las subvenciones públicas y los préstamos a los
estudiantes; es importante cambiar a un sistema que relacione más
las subvenciones públicas a la igualdad y los resultados.
• Al expandir los programas de becas y préstamos a los estudiantes, el
enfoque debería estar en proporcionar más y mejores oportunidades
de educación a los estudiantes de sectores socioeconómicos más
bajos.
• Valdría la pena revisar y modificar la actual secuencia de cursos
hacia un modelo como el de “Bolonia”, con un grado inicial de tres
o cuatro años para todos los estudiantes, seguido de uno o dos años
para una Maestría y que continuara, eventualmente, con estudios de
doctorado y especializaciones. Esto haría posible mejorar la
educación técnica post secundaria, permitiría vías de educación
diversificadas y sería más eficiente, reduciendo los excesivos
requisitos académicos. También sería más compatible con las
tendencias internacionales y facilitaría los intercambios académicos
y profesionales.
• En lugar de restringir los préstamos a alumnos de universidades
tradicionales, se debería aplicar los mismos criterios de préstamos
sin importar en qué institución se matriculara el alumno, basándose
en tests que midieran los recursos y un mínimo de logros
académicos.
• No es deseable variar los préstamos de acuerdo con el valor de los
aranceles de cada universidad; esto da a las instituciones un



incentivo para aumentarlos. Se debería reconsiderar las tasas de
interés, los topes mensuales y el máximo de duración de los pagos e
introducir un mecanismo de retorno más eficiente y coordinado. Se
propone un descuento automático de las remuneraciones como parte
del sistema de impuesto a la renta.
• Chile debería desarrollar sistemas de certificación basados en
competencias en áreas como la educación y la salud; ya no debería
ser suficiente obtener un grado universitario.
• Chile necesita un sistema mucho mejor de información al público y
a los potenciales alumnos, sobre costos, matrículas, características
de los estudiantes, recursos, instituciones, programas de los cursos,
carreras abiertas a los graduados y su destino futuro.
• Chile podría hacer más para fortalecer la educación de postgrado y
adaptarla a las necesidades del país.
• La matrícula y la graduación universitarias deberían seguir
expandiéndose, pero Chile debe tratar de mantener la calidad como
parte de esta expansión. Se necesitan formas blandas de regulación e
incentivos para estimular a las instituciones autónomas a participar
totalmente en el control de calidad. Todos los tipos de instituciones
terciarias, si están acreditadas, deberían tener acceso prioritario a
fondos para préstamos a los estudiantes.
• Los alumnos razonablemente bien calificados, de sectores de
ingresos bajos y medios, que podrían tener éxito en la universidad,
no deberían tener su acceso restringido por barreras financieras. El
Ministerio debería hacer una investigación sistemática para
determinar el tamaño de este problema.
• Los institutos de capacitación técnica deberían ser subidos de
categoría para acoger a un mayor número de jóvenes.
• El Ministerio debería dejar de lado la lista oficial de las profesiones
con títulos exclusivos universitarios, que son monopolio de las
universidades y se debería ofrecer cursos más cortos de pregrado
para estas profesiones, seguidos de programas de Maestría.
Estas recomendaciones fueron bien recibidas y ya se ha empezado a
actuar en cierto número de áreas; continúan siendo relevantes y se
incorporarán al resto de este informe.



Referencias

Ministry of Education of Chile (2007), OCDE Thematic Review of Tertiary
Education: Country Background Report for Chile, Santiago.
http://dx.doi.org/10.1787/478236220760, también disponible en
www.oecd.org/edu/tertiary/review
OCDE (2007), Economic Surveys: Chile. Paris: OCDE.
OCDE (2007), Education at a Glance. Paris: OCDE.


LOGROS Y PROBLEMAS PENDIENTES – 69

Capítulo 2. Logros y Problemas Pendientes

Este capítulo analiza los considerables logros recientes de Chile en el
crecimiento, desarrollo y mejora del sistema de educación superior. Luego
indica un número de problemas que el Gobierno de Chile debe solucionar si
desea alcanzar su objetivo de dar igualdad de oportunidades a los jóvenes y
tener un sistema de educación de alta calidad, eficiente y relevante.
Estos problemas se discuten desde la perspectiva de los diferentes actores
interesados e incluyen: las deficiencias en la educación secundaria, que
prepara a muchos alumnos en forma deficiente para la educación superior;
un sistema terciario segmentado, caro, con cursos universitarios
excesivamente largos y una alta tasa de deserción, y procesos de admisión
que perpetúan las desigualdades de la sociedad chilena; apoyo financiero
inadecuado a los estudiantes, especialmente a los de ingresos más bajos o
que optan por la educación técnica; falta de vías y oportunidades para
progresar de instituciones de educación técnica superior a las
universidades; poca orientación con respecto a los estudios y metodologías
anticuadas con falta de énfasis en las necesidades económicas y las
expectativas de los empleadores; además de insuficiente información,
responsabilidad y transparencia. El equipo revisor considera la
importancia de mejorar aún más el sistema de aseguramiento de la calidad,
de enfocar mejor los esfuerzos en investigación y desarrollar una visión
compartida y una planificación estratégica a nivel nacional.

Introducción

Este capítulo analiza y elogia el progreso que ha logrado Chile para
alcanzar un sistema educacional terciario diverso y competitivo con respecto
a los países del OCDE. Identifica los temas que no han sido resueltos o que
han surgido como efecto del rápido crecimiento y diversificación del
sistema. Estos temas y cómo se deberían enfrentar serán discutidos en
profundidad en los capítulos posteriores.


70 – LOGROS Y PROBLEMAS PENDIENTES

Crecimiento espectacular por medio de la diversificación institucional
y de financiamiento compartido

“Educación Superior de Calidad”, “Educación de Excelencia”, “Un
Futuro Profesional Garantizado” y “Tu Futuro: Nuestro Trabajo y Nuestro
Sueño” son algunos de los anuncios de las distintas universidades en todo
Chile para atraer a los estudiantes, lo que refleja el rápido aumento del
mercado de la educación superior y la gran competencia entre los
proveedores. Chile ciertamente ha experimentado un aumento espectacular
de matrículas en los últimos años, desde sólo 7% del grupo 18-24 en los
años 70 a cerca de 40% actualmente. Esta impresionante expansión se debe
en gran parte al considerable desarrollo de la educación terciaria privada y a
la introducción de financiamiento compartido en todo el sistema.

Implementación de audaces reformas

Varias reformas importantes han contribuido y facilitado este rápido
crecimiento cuantitativo. Se ha permitido operar a las instituciones de
educación terciaria con bastante autonomía. El Gobierno de Chile ha
desarrollado un mecanismo mixto de oferta y demanda, incluyendo un
sistema de subsidios (Aporte Fiscal Indirecto), para promover la calidad de
las instituciones, mediante la provisión de fondos recurrentes más una serie
de mecanismos destinados a ayudar a los estudiantes (becas y préstamos) a
fin de estimular la participación de estudiantes de buen rendimiento pero de
bajos ingresos. La contribución directa del presupuesto (Aporte Fiscal
Directo) a las universidades del CRUCH ha comenzado a incluir algunos
elementos relacionados con el rendimiento. Asimismo, se ha aumentado el
financiamiento para realizar investigaciones con una base competitiva para
estimular la innovación académica. El proceso de acreditación ha tenido
cierto éxito en fomentar estándares académicos e institucionales mínimos y
en proteger a los estudiantes de programas de baja calidad.

Inconsistencias ineficiencias y distorsiones

Sin embargo, y precisamente debido a estos logros y a las extensas
reformas que los han sustentado, el peso del pasado ha comenzado a dejar en
evidencia una cantidad de inconsistencias que producen serias ineficiencias
y distorsiones en el sistema. Si el gobierno quiere lograr sus objetivos de
igualdad, calidad, relevancia y eficiente uso de los recursos y si el sistema
educacional terciario quiere darle al país la posibilidad de competir en una
economía global del conocimiento, es necesario enfrentar varios temas



fundamentales. El resto de este capítulo los presenta desde la perspectiva de
los principales interesados en la educación terciaria.

La perspectiva de los estudiantes

Un objetivo clave es asegurar igualdad de oportunidades de acceso y de
éxito. Sin embargo, el sistema de educación terciario está tan segmentado y
el éxito de las pruebas de admisión, tan ligado a las características socio-
económicas, que los estudiantes tienen muy diferentes oportunidades
académicas y de realizar una carrera, dependiendo de su educación
secundaria, del nivel de ingresos de sus familias, del género y de la
ubicación geográfica. La falta de articulación y de vías de continuidad entre
centros de formación técnica (CFTs), institutos profesionales (IPs) y
universidades, agrava estos temas y hacen muy difícil una movilidad
profesional ascendente para los estudiantes que se inician en la educación
terciaria no universitaria.
A pesar de todos los mecanismos de asistencia para estudiantes,
organizados y creados por el gobierno (becas y préstamos), aún persiste la
impresión de que muchos estudiantes de bajos ingresos como asimismo los
interesados en optar por la educación terciaria técnica, más relevante a las
necesidades económicas de Chile, no están en condiciones de estudiar por
falta de recursos financieros. El sistema de becas y préstamos para
estudiantes es demasiado complejo y pretende lograr demasiados objetivos
simultáneamente, en lugar de enfocarse en asegurar un acceso equitativo a
todos aquéllos que requieren de asistencia financiera, lo que beneficiaría a
los estudiantes que ingresen a la educación terciaria, y al país. De acuerdo
con normas internacionales, la educación superior en Chile es cara y gran
parte de su costo recae en los estudiantes y sus familias, y una parte muy
pequeña, en el estado.
Es necesario que los estudiantes tengan acceso a información completa y
clara para poder elegir adecuadamente las instituciones, cursos y carreras.
Además, necesitan información respecto a los programas académicos
ofrecidos y a su calidad, costos, apoyo financiero disponible y posibilidad de
completar sus estudios; conocer las perspectivas laborales del mercado y de
desarrollar una carrera. Actualmente, en Chile, parte de esta información es
limitada, sesgada, difícil de analizar por parte de los estudiantes o no existe.
Hay, especialmente, poca información sobre tasas de titulación, de
deserción, del tiempo que toma realmente completar los programas
académicos en comparación con su duración en teoría, sobre el éxito que
han tenido los titulados para obtener empleo y cómo varían estas
circunstancias según la institución, los programas y las características de los
estudiantes.



Una vez que han ingresado a la educación superior, los estudiantes
esperan contar con profesores competentes que comprendan y satisfagan sus
necesidades individuales de aprendizaje, que monitoreen sus progresos y
que les ayuden a completar sus cursos dentro del tiempo que en teoría
deberían durar. En el caso de profesiones como pedagogía, enfermería o
ingeniería, los estudiantes también esperan que dentro del curso se incluya la
experiencia práctica o laboral que contribuya en forma efectiva al
desempeño de dicha profesión al graduarse. Frecuentemente, los estudiantes
reciben una educación anticuada por parte de personal académico que no ha
actualizado ni ha adaptado sus métodos y habilidades pedagógicas para
satisfacer a un contingente de estudiantes que es mucho más diverso como
consecuencia de la evolución de la educación superior de elite a una
educación más masiva. Estos profesores no están bien preparados para
lograr una evaluación formativa, para monitorear los progresos o para
ayudar a los estudiantes en los desafíos de su trabajo. Los estudiantes
también se quejan de la falta de elementos y experiencia práctica de los
cursos.

Las instituciones de educación terciaria

El sistema de educación terciaria no es aún un sistema unificado en el
que todas las instituciones puedan competir en igualdad de condiciones.
Para las instituciones públicas, que se ven obstaculizadas por normas
engorrosas y controles en el área de gestión de recursos, políticas de
personal y de adquisiciones, sería necesario un manejo más eficiente y una
flexibilidad operativa para lograr la nivelación requerida, con una
distribución más racional de los recursos presupuestarios de acuerdo con los
criterios relacionados con el desempeño. Permitir que el sector privado
compita en igualdad de condiciones para acceder a los fondos públicos,
significaría introducir criterios más uniformes que pudieran cumplir tanto
las universidades del CRUCH como las privadas. En un sistema totalmente
unificado, se eliminarían todas las diferencias innecesarias entre diversos
tipos de instituciones de educación terciaria, de manera que todos los tipos
de instituciones autónomas funcionaran con normas de gobierno claras y
consistentes con respecto al estatus (el estatus con fines de lucro debería
permitirse a las universidades y a los IPs y CFTs), al funcionamiento,
dirección, docencia, investigación, entrega de títulos, financiamiento,
personal, contrataciones y otros servicios.
Se necesita también una cultura de rendición de cuentas y transparencia
más estricta, tanto en las instituciones públicas como privadas. Esto es
importante para hacer que las instituciones respondan ante el gobierno y el
público en lo relativo a sus fondos, derechos y privilegios; para incentivar



una mejor calidad y mayor relevancia en programas académicos, para
asegurarse de que las instituciones usen los recursos en forma eficiente y
efectiva y para que quienes ya estudian en esas instituciones y los
potenciales estudiantes, reciban una mejor información. Se requieren datos
más actualizados con respecto al resultado que tienen los titulados en el
mercado laboral, para ayudar a las instituciones a no repetir las ofertas de
estudio existentes y multiplicar las sedes.
Los cursos universitarios, especialmente los destinados a obtener títulos
profesionales, tienden a ser anticuados, con mucho énfasis en el
conocimiento académico y la teoría en lugar de la comprensión, aplicación
de conocimientos y destrezas y el desarrollo del potencial para innovar. Los
programas evolucionan lentamente en comparación con las necesidades
económicas globales y no responden en forma adecuada a las cambiantes
expectativas de los empleadores nacionales e internacionales. Pocas
universidades chilenas se dan cuenta de que es imposible enseñar a los
estudiantes de pregrado todo lo que alguna vez necesitarán saber y que es
mejor equiparlos con conocimientos y técnicas de aprendizaje básicos que
les permitan desarrollar conocimientos más especializados posteriormente.
Los programas son demasiado extensos según los estándares internacionales
y debido a que muchos estudiantes tienen que repetir años o semestres, el
período de estudio real es aún más prolongado de lo previsto. Estos cursos
tan largos son innecesarios, injustos y poco económicos, especialmente para
los alumnos que se autofinancian. Una de las causas de este período
excesivamente largo es el tipo de título que es la licenciatura chilena y la
legislación que reserva el derecho a conceder estos títulos sólo a las
universidades.
En Chile aún no se ha comprendido claramente que las instituciones
terciarias pueden y, en realidad debieran, tener una variedad de misiones y
desarrollar sus respectivas fortalezas. En ningún sistema se sustenta que
todas las universidades se dediquen a la investigación. Por el contrario, es
necesaria una mayor planificación, coordinación y colaboración para lograr
una investigación mejor enfocada y de mejor rendimiento, lo cual generaría
una masa crítica en áreas relevantes para las prioridades de desarrollo del
país y que daría un valor agregado al dinero de quienes la financian.
Además, es necesario respetar de la misma manera a aquellas instituciones
que entregan una enseñanza y aprendizaje de alta calidad relevante a las
necesidades de los distintos estudiantes y de sus futuros empleadores; y
crear vías que permitan el acceso de los alumnos a estudios de mayor nivel,
acreditando sus conocimientos previos, ya sea en la misma institución o en
otra.
El sistema de aseguramiento de calidad chileno está diseñado para
asegurar una buena administración institucional, una enseñanza y



aprendizaje de alta calidad en general, y una buena investigación mediante
la acreditación de sus instituciones y programas. Aun cuando el sistema ha
obtenido algunos logros en forma rápida, han surgido ciertos problemas a
los cuales se debe dar atención. Está claro que las instituciones harán todo lo
posible por conseguir la acreditación, pero no está tan claro si esto está
logrando un mejoramiento significativo de la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje en la sala de clases, que se pueda medir a través de los
resultados y la experiencia de los alumnos. Hay quejas con respecto a que
los actuales criterios de acreditación son vagos y subjetivos y que dejan un
amplio margen a la interpretación personal por parte de los pares
evaluadores que pueden favorecer a instituciones similares a las propias y
perjudicar a aquellas que cumplen misiones distintas.

Respondiendo a las necesidades de los empleadores
En Chile, la mayoría de las instituciones superiores profesionales y
técnicas (IPs y CFTs) han comprendido cuáles son las destrezas que
necesitan sus egresados para insertarse en el mercado laboral y encontrar
trabajo; han establecido contactos con empleadores y han tomado en cuenta
sus puntos de vista al diseñar y desarrollar los diferentes cursos. Sin
embargo, no se puede asegurar lo mismo con respecto a gran parte de las
universidades chilenas.
Mediante una comunicación más cercana con los empleadores, las
asociaciones profesionales y ex-alumnos, las universidades podrían mejorar
su capacidad para adecuar el perfil de sus graduados a las necesidades de las
empresas y de ese modo contribuir en forma más efectiva al desarrollo
regional con una transferencia tecnológica apropiada. Esto implica dedicarse
a las fortalezas y características básicas y entregar información sobre el
mercado laboral para evitar una sobre-oferta de las disciplinas tradicionales
y lograr una mejor distribución de las calificaciones entre técnicos de nivel
medio y profesionales de alto nivel. Esto significa también un ajuste de los
programas existentes a fin de impartir las nuevas competencias genéricas
que permitan a los graduados desenvolverse con flexibilidad y tener la
capacidad de actualizar sus destrezas y sus conocimientos a lo largo de la
vida, reduciendo al mismo tiempo la duración de los estudios a fin de
ajustarlos a las normas internacionales.

Rol del estado
Uno de los dilemas clave que enfrenta el gobierno se refiere a la tensión
entre mantener privilegios adquiridos y nivelar el campo en que se
desenvuelven las instituciones de educación terciaria. Desde un punto de
vista político, no es fácil romper con el peso de la tradición, pero es



improbable que el sistema de educación terciaria pueda lograr los niveles de
rendimiento e innovación necesarios para apoyar los esfuerzos del país para
llegar a ser una economía del conocimiento, a menos que se tomen las
medidas necesarias para enfrentar las inconsistencias y distorsiones antes
mencionadas. Es necesario que el gobierno encuentre un mejor equilibrio
entre apoyar a las instituciones de educación terciaria con el fin de satisfacer
las necesidades de la sociedad y permitir que operen las fuerzas del
mercado.
Esto requerirá una visión compartida del futuro de la educación terciaria
en Chile, articulada mediante una planificación estratégica encargada por el
estado y preparada en cooperación con las instituciones; se requiere un
marco regulatorio financiero que permita hacerlo, un fortalecimiento en la
formulación de políticas y en la capacidad de implementación; una
administración más simple de todo el sistema de educación terciaria; una
definición más clara de la misión de los diferentes tipos de institución de
educación superior, incluyendo una definición más transparente entre las
que son con fines de lucro y las que no lo son, y un sistema amplio y
completo de información sobre todos los aspectos del funcionamiento del
sector de educación terciaria, incluyendo aportes, procesos y resultados.
Además necesitará un mayor nivel de financiamiento estatal. Esto se
refiere no sólo a la ayuda estudiantil, sino también al aporte directo para que
las universidades puedan cumplir bien su importante misión pública,
incluyendo fondos para investigación. Los mecanismos actuales para
canalizar fondos directos a las universidades son deficientes; dan ventajas
injustas a las universidades del CRUCH (aún cuando el grado de ventaja
entre los miembros del CRUCH es variable) y están demasiado ligados a su
historia y no lo suficiente al rendimiento y a las necesidades actuales. Los
fondos destinados a investigación son pocos en general y no están
suficientemente enfocados en las prioridades estratégicas; las universidades
se ven enfrentadas a serias dificultades para mantener su infraestructura y
para adquirir equipos científicos importantes.
Finalmente, el gobierno debe reconocer la importancia crucial de
mejorar la educación secundaria, que es la principal determinante de la
preparación de los estudiantes que ingresan a la educación terciaria. Aún
cuando no es imposible compensar una mala educación con clases de
recuperación una vez que los alumnos han ingresado a la educación
terciaria, es más difícil y más caro que enfrentar previamente el problema.
Además, los bajos estándares de los colegios son una causa importante de la
desigualdad actual para ingresar a las universidades. Mejorar la formación
inicial de los profesores – una función clave y subestimada de la educación
terciaria – puede contribuir poderosamente a mejorar la educación
secundaria.


ACCESO Y EQUIDAD – 77

Capítulo 3. Acceso y Equidad

Ha habido un fuerte crecimiento de las matrículas de estudiantes en años
recientes, y el gobierno aspira a que el 50% de los jóvenes entre 18 – 24
años de edad ingresen a la educación terciaria para el año 2012. Este
capítulo analiza si todos los grupos tienen igual acceso y oportunidades
para ingresar y graduarse en el sistema.
La Parte 1 discute los actuales procesos de admisión. Analiza en
profundidad el sistema de admisión a la universidad, basado en la prueba
nacional de ingreso, la PSU, y evalúa la evidencia sobre cómo varían las
tasas de éxito según los grupos de ingreso, tipos de colegio, género y
regiones. Algunas conclusiones clave son que los estudiantes de grupos de
ingreso bajo, que asisten a escuelas municipalizadas o que son mujeres,
tienen mucho menos probabilidades de alcanzar el puntaje necesario para
tener acceso a la universidad tradicional de su elección, y tener derecho a
recibir apoyo financiero. Los estudiantes de grupos de bajos ingresos y
escuelas municipales, también tienen pocas probabilidades de completar los
cursos en las universidades tradicionales (CRUCH), y generalmente
demoran más en hacerlo, si lo logran. Se consideran maneras de lograr una
mayor equidad en la admisión y en la retención.
La Parte 2 discute el extenso sistema de ayuda económica a los estudiantes
en Chile. Considera cuán bien opera el sistema, si los jóvenes de diferentes
grupos tienen las mismas posibilidades de obtener los beneficios que ofrece
el sistema, cómo se podría mejorar, y piensa que, a pesar del notable
esfuerzo por expandir la cobertura de apoyo económico, menos de la mitad
de los estudiantes de los quintiles más bajos recibe algún tipo de beca y
para los estudiantes de CFTs es especialmente difícil obtener ayuda
financiera.
El capítulo concluye con recomendaciones para mejorar el acceso y la
equidad en la admisión y en la retención, aumentando las oportunidades de
préstamos y combinando los programas que existen para otorgarlos.


78 – ACCESO Y EQUIDAD

Introducción

Como indica el Capítulo 1, el número de estudiantes en educación
terciaria en Chile creció de 117 000 en 1980 a 245 000 en 1990 y sobre
678 000 en 2007. Entre 1980 y 2006 la proporción del grupo entre 18-24
años de edad aumentó de 7.2% a 34%, según estimaciones del MINEDUC y
38% según las encuestas de hogares.
El gobierno espera que la cobertura llegue al 40% en el 2010 y ha
declarado su objetivo de alcanzar el 50% para el 2012. El equipo revisor
considera que este es un objetivo correcto y apropiado, consistente con las
metas económicas del país.
Algunos países que desean aumentar su participación en la educación
terciaria, especialmente entre los jóvenes que no están bien representados
actualmente, han encontrado difícil hacerlo porque los grupos a quienes han
querido atraer, no aspiran a ir a la universidad. Esto no es un problema en
Chile, donde la demanda de los estudiantes está alimentada por las grandes
diferencias de ingresos y las altas tasas de retorno de la educación superior –
especialmente la universitaria - descritas en el Capítulo 1.
Los objetivos para la educación superior, declarados por el gobierno
chileno, van más allá de la expansión numérica para lograr la equidad en el
acceso. El gobierno se ha fijado el objetivo de corregir las desigualdades, y
ampliar las oportunidades para garantizar el derecho de asistir a la educación
superior a todos los jóvenes con talento, reconociendo al mismo tiempo (en
los principales objetivos de las políticas de educación superior descritas en
2003) que el talento está distribuido de igual forma entre los grupos
socioeconómicos.
El equipo revisor hace un reconocimiento al Gobierno de Chile por
haberse impuesto estos loables y ambiciosos objetivos de equidad. Este
capítulo considera hasta dónde se han logrado y qué pasos se podrían seguir
para apurar el proceso hacia obtenerlos.
Evaluar si los estudiantes de diferentes grupos de la sociedad chilena
tienen un acceso igual y justo a la educación terciaria, significa evaluar no
sólo si obtienen y hacen uso de las vacantes en la educación superior – y
luego se gradúan con éxito - sino también a qué tipo de institución terciaria
asisten y si es el tipo, e institución, de su elección. Generalmente, si a todos
los jóvenes de Chile se les dejara escoger libremente, las prioridades de sus
preferencias serían de la manera siguiente: 1) universidad CRUCH
2) universidad privada 3) IP (4) CFT. Este ranking refleja el prestigio
relativo de las instituciones y el potencial que se percibe en ellas para
aumentar el ingreso económico futuro y también - un factor crucial para los



estudiantes de familias más pobres - los mejores programas de ayuda
financiera disponibles actualmente en las universidades CRUCH.
Se estima que los problemas de equidad surgen siempre que los jóvenes
que se puede asumir que tienen igual talento o capacidad para beneficiarse
de la educación terciaria, pero que tienen características y formación
diferentes, están teniendo resultados significativamente distintos.
Naturalmente, las “brechas de equidad” no se dan solamente en
Chile. Hay relativamente más jóvenes de familias más acomodadas en la
educación superior en la vasta mayoría de los países; pero, unos pocos
países muestran, con su ejemplo, que esto no es inevitable. El documento
de la OCDE, Education at a Glance 2008, en su Indicador A7, ilustra esto
con información sobre unos diez países de la OCDE. Tres de esos resultados
pueden ser especialmente relevantes para Chile:
• Seis de los ocho países para los cuales hay información, todavía
matriculan proporcionalmente más estudiantes cuyos padres tienen
profesiones de oficina (white-collar occupations). En Irlanda y
España, la proporción de estudiantes cuyos padres son obreros
(blue-collar occupations) está cercana a lo que se podría esperar de
acuerdo a su representación en la población;

• En los diez países, se matriculan más estudiantes de familias en las
cuáles el padre tiene educación superior de lo que garantiza el
porcentaje de estas familias en la población. Pero la proporción
varía ampliamente. En Portugal, es 3.2:1, Austria 2.5:1, Alemania
2.2:1, Francia y el Reino Unido 2:1, Italia y Finlandia 1.7:1,
Holanda 1.6:1 y España 1.5:1. Sólo en Irlanda, con su proporción de
1.1:1,se puede decir que está la primera generación de estudiantes
que, claramente, no tienen pocas probabilidades de entrar a la
educación superior;

• Si la proporción de estudiantes de educación superior de sector
obrero se compara con las cifras de PISA que muestran la
discrepancia socio-económica de cada país en el desempeño escolar,
se puede ver que, aun cuando todas las desigualdades en el
desempeño escolar se llevan a la educación superior, hay una
asociación notable entre la variación del desempeño
socioeconómico a los 15 años de edad y la variación socio-
económica al acceder a la educación superior, donde los sistemas de
educación están estratificados y hay un alto nivel de variación del
desempeño entre las escuelas (y no al interior de ellas). De los siete
países comparados, hay una menor variación inter-escolar en



Finlandia, Irlanda y España; estos tres países también tienen la más
alta proporción de estudiantes de sector familiar obrero, dentro de la
educación terciaria.

Education at a Glance señala que los países que han expandido su
educación superior en los años recientes, tendrán, por defecto, una matrícula
mayor de estudiantes de sectores menos aventajados. Este factor ayudó a
Chile a mejorar el acceso para grupos menos aventajados en el período
1990-2006 y debería ayudar al país a continuar mejorando su acceso a
medida que la participación crece hasta el 50% planificado. En todos los
otros aspectos destacados por el análisis de la OCDE, Chile enfrenta
mayores desafíos que la mayoría de los países para lograr equidad en el
acceso a la educación superior - incluyendo un legado considerable de
desigualdades sociales y financieras. Y, como se menciona en el Capítulo 1
del resumen de los resultados de Chile en PISA, también hay niveles
especialmente altos de variación en el desempeño inter-escolar, cuya mayor
proporción es atribuible a las diferencias socio-económicas entre alumnos de
escuelas diferentes. Sin embargo, como observa la OCDE, es
extremadamente importante nivelar el terreno entre estudiantes ricos y
menos ricos, no sólo como un tema de equidad, sino también como una
manera de aumentar las posibilidades de contratación para trabajos
altamente especializados y para la competitividad laboral en general. Todos
los países miembros de la OCDE están haciendo grandes esfuerzos y ajustes
a las políticas y prácticas para tratar de cerrar la brecha de equidad y el
Gobierno de Chile también se ha comprometido a lograr esto.

Aumento reciente de oportunidades: impacto en la equidad

Como se menciona en el Capítulo 1, las oportunidades para los jóvenes
chilenos de todos los sectores aumentaron dramáticamente entre 1990 y
2006.
Un factor importante que contribuyó a esto fue el aumento del número
de alumnos que completó satisfactoriamente la educación media y así
obtuvo la licencia secundaria que es la calificación mínima para la
educación superior. Como lo muestra la Figura 3.1 (también la Figura 1.2 en
el Capítulo 1), el porcentaje de jóvenes de 20-24 años de edad que por lo
menos habían completado la educación media, aumentó de 52% en 1990 a
80% en 2006.
Otro factor importante en el reciente aumento de participación ha sido la
política del gobierno de Chile de estimular el crecimiento de la educación
terciaria. Donde había demanda de estudiantes que querían ingresar a la
educación superior y tenían la capacidad financiera de emprender cursos



terciarios, el sector privado respondió rápidamente para satisfacer esa
necesidad.
En términos numéricos, por lo tanto, se puede mostrar que el acceso a la
educación superior ha mejorado considerablemente. En 2006 había 433 000
personas más en educación superior que en 1990 y 561 000 más que en
1980.
¿Hasta qué punto ha permitido esta expansión numérica que se cierren
las brechas de inequidad? En la Figura 3.2 están las últimas cifras
disponibles sobre la población estudiantil por grupo de ingreso. Esta figura
muestra el porcentaje de la población de la educación terciaria en 1990 y
2006, por quintil de ingreso. Claramente, durante este período, las
probabilidades que tenían los jóvenes de familias de más bajos ingresos, de
entrar a la educación superior, aumentaron dramáticamente. La participación
del quintil de ingreso más bajo más que cuadruplicó entre 1990 y 2006,
mientras que la del segundo quintil más bajo, prácticamente triplicó. El
acceso de estos grupos claramente mejoró más en términos de porcentaje.
Sin embargo, todos los quintiles mejoraron considerablemente su
participación; y en 2006, la tasa de estudiantes del quintil más alto estaba
tres veces por sobre la de estudiantes del quintil más bajo.
Naturalmente, había que esperar algunas diferencias en la participación
de estudiantes de diferentes quintiles de ingreso, dadas las distintas tasas de
graduación de la educación media. Sin embargo, en la Figura 3.1, se puede
ver que los estudiantes del quintil más alto tenían sólo una vez y media más
de posibilidades para obtener su licencia secundaria que los del quintil más
bajo. Sin embargo, como recién se mencionó, la Figura 3.2 muestra que los
estudiantes del quintil más alto tenían tres veces más probabilidades de
entrar a la educación terciaria que los del quintil más bajo.
Esta comparación sugiere que surgen problemas de equidad adicionales
en la transición de la escuela a la educación superior, más allá de aquéllos
que son aparentes en el momento en que los jóvenes terminan la educación
media.
Sin embargo, las diferencias en participación entre grupos de ingreso
varían dependiendo del tipo de institución terciaria y, en el caso de las
universidades, si son del CRUCH o privadas. La Figura 3.3 da un detalle de
la población estudiantil de 2006 por quintil de ingreso familiar y por
institución en que estudió. Los estudiantes del 40% de las familias más ricas
están sobre representados en todos los tipos de educación terciaria,
ocupando 70.2% de las vacantes en la universidades privadas (a las que
asiste alrededor de 34% de los estudiantes terciarios), 53.2% de los cupos en
las universidades CRUCH (también 34% de los estudiantes), 51.3% de las
vacantes en IPs (20% de los estudiantes) y 45.5% de las plazas en CFTs



(12% de los estudiantes).1 El 20% más pobre de las familias está poco
representado en todos los tipos de institución, aunque los CFTs,
nuevamente, se acercan más a la paridad con 14%. Las universidades
privadas matriculan sólo 15.5% de sus estudiantes del 40% de las familias
más pobres y 41.6% del 20% más rico.

Figura 3.1 Porcentaje de la población de 20-24 años que han completado al menos la
educación media

1

96%
1 95%
90%
87%
82% 84%
80%
78%
1 75%
71%
66% 68%
62%
1
52% 52% 52%

39%
0

26%

0

0
I II III IV V Total

1990 2003 2006

Fuente: MIDEPLAN (2004 y 2007).

1
El número y porcentaje de estudiantes en cada tipo de institución en 2007, se
entregó en la Tabla 1.1 del Capítulo 1.



Figura 3.2 Cobertura terciaria en Chile por quintil de ingreso familiar, 1990-2006

Fuente: Encuesta CASEN – años respectivos.

Figura 3.3 Población estudiantil por quintil de ingreso familiar e institución terciaria

100%
90% 24 24.3 25.8
80% 41.6
70%
21.5 27
60% 27.4
50%
40% 21.0 28.6
24.3 19.9
30%
20% 19.6 14.4
15.7 15.3
10% 9.2
14 8.7 11.7 6.3
0%
CFT IP CRUCH Univ. Privadas

I II III IV V

Fuente: Cálculos de los autores del Informe de Antecedentes, basados en la encuesta CASEN
(2006) sobre personas de 18-24 años de edad.



La Parte 1 de este capítulo analizará los temas relativos a la admisión y
retención en la educación terciaria. La Parte 2 tratará los temas de equidad
relativos a los mecanismos que existen actualmente para entregar apoyo
financiero a los estudiantes de educación superior.

PARTE 1. Oportunidades de Acceso y Permanencia en la
Educación Superior

El sistema actual de admisión a la educación superior

La calificación básica para entrar a la educación terciaria es la licencia
de educación media. Es necesaria para todo tipo de instituciones, pero es
suficiente sólo para los CFTs y algunos IPs.
Todas las universidades que son miembros del CRUCH exigen que los
postulantes rindan la Prueba de Selección Universitaria o prueba PSU, y se
han acordado limitar las matrículas a los graduados de educación media que
han obtenido un puntaje mínimo, que actualmente es de 450 puntos. Aún
cuando no es necesaria para tener acceso a instituciones técnicas y algunos
institutos profesionales, prácticamente todos los licenciados de educación
media rinden la prueba. La población estimada en el Capítulo 1 (Figura 1.5)
sugiere que en 2008 habrá alrededor de 240 000 jóvenes de 18 años de edad
en Chile. Si esta cifra es correcta, la cantidad de jóvenes egresados con
licencia de educación media a fines de 2007, debe haber sido menor que
200 000, tomando en cuenta la cifra de 80% de término satisfactorio que se
muestra en la Figura 1.2 para 2006, aún si esa tasa aumentó dos puntos
porcentuales en 2007. Sin embargo, como también se dice en el Capítulo 1,
cerca de 217 000 personas rindieron la PSU en diciembre de 2007 para
ingresar a la universidad en marzo de 2008. Esto sugiere que un número
considerable de estudiantes que terminó su educación media en años
anteriores también rindió la PSU.
Los resultados alcanzados en la PSU marcan una diferencia en el acceso
de tres maneras. Primero, un egresado de enseñanza media que obtiene un
puntaje menor que el mínimo definido por el CRUCH, actualmente un
promedio de 450 puntos en los tests de matemáticas y lenguaje, no tiene
derecho a postular a ninguna de las universidades del CRUCH.
Segundo, los estudiantes con puntajes PSU más altos, tienen mayores
posibilidades de obtener vacantes en las instituciones de educación terciaria
de su elección. Una unidad ubicada en la Universidad de Chile, llamada
DEMRE, administra un sistema común de admisión para todas las
universidades del CRUCH. Este sistema trata de asignar cupos de acuerdo



con las preferencias que han expresado los alumnos, pero si hay menos
vacantes que candidatos, los cupos son asignados según el puntaje total, que
se calcula teniendo en cuenta el puntaje en los tests de lenguaje y
matemáticas de la PSU, el promedio de notas de educación media (NEM) y,
si la universidad así lo estipula, los puntajes en las pruebas de conocimiento
electivas.
Tercero, como se explicará más completamente en la Parte 2, la mayor
parte de los programas de apoyo estudiantil - préstamos y becas - dependen
de obtener por lo menos 475 puntos en las pruebas de matemáticas y
lenguaje de la PSU, y algunos están disponibles sólo para las universidades
CRUCH. Aunque estos programas también han sido diseñados para dirigir
el apoyo a los grupos socioeconómicos más bajos, los estudiantes de estos
grupos que no cumplen los requisitos de desempeño en la PSU quedan fuera
al primer obstáculo.
No se ha publicado una fuente de información completa sobre los
procesos de admisión de las universidades privadas, IPs y CFTs, lo que
refleja el hecho de que todas las instituciones terciarias fuera del CRUCH
pertenecen a organizaciones privadas y funcionan mayormente sin apoyo
directo del gobierno. Sin embargo, el equipo revisor tiene entendido que las
universidades privadas y los IPs, aunque no están obligados a usar los
puntajes de la PSU, lo están haciendo cada vez más. Esto se refiere
especialmente a las universidades privadas que quieren competir con las
universidades CRUCH más importantes para atraer a los mejores
estudiantes, pero todas las universidades privadas están muy interesadas en
obtener y mantener la acreditación institucional y los pares evaluadores
están cada vez más dispuestos a ser persuadidos por los criterios de
admisión basados en la PSU, según las instituciones que visitó el equipo
revisor. Una universidad privada, no acreditada, que visitó el equipo revisor,
pedía un puntaje PSU de sólo 400 puntos, más un promedio razonable de
notas de educación media, y usaba entrevistas y tests psicométricos para
evaluar la aptitud y motivación para el curso escogido; pero lograba buenas
tasas de retención supervisando de cerca y dando apoyo al progreso de los
alumnos además de ayuda financiera con su propio programa de préstamos.
Para la admisión a los CFTs sólo bastaría la licencia de educación media,
pero algunos, especialmente los que pertenecen a universidades, al parecer
toman en cuenta los puntajes PSU.

Impacto del sistema de admisión en la equidad y el acceso: evidencia

Anteriormente en este capítulo, se mencionó que, aun cuando la
cantidad y la proporción de estudiantes de grupos de ingreso bajo que hay en
la educación terciaria es mucho mayor ahora que en 1990, es menor que lo



que se podría predecir basándose en la tasa de graduación de educación
media. Como esto no es porque menos estudiantes de bajos ingresos aspiren
a la educación terciaria, debe ser porque tienen menos éxito en obtener las
vacantes que desean, o porque no pueden darse el lujo de aceptarlas o
porque tienen mayor deserción. En el caso de las instituciones terciarias
cuyos requisitos de admisión son solamente tener la licencia de educación
media y los medios para pagar, el problema parecería consistir
principalmente en los mecanismos de apoyo a los estudiantes, o la ausencia
de ellos.
En el caso de las universidades, muchos IPs y algún CFT cuyos
requisitos de admisión consisten total o parcialmente en el desempeño del
estudiante en la PSU, es probable que el sistema de admisión se convierta en
una barrera, tal vez no necesariamente la única. Una fuente primaria de
evidencia del éxito de varios grupos en el sistema de admisión, es la
información publicada por el DEMRE sobre el desempeño en la PSU y los
estudiantes aceptados por las universidades CRUCH.

Estudiantes de familias de más bajos ingresos y de escuelas
municipales

No hay cifras disponibles sobre el desempeño en la PSU por quintil de
ingreso, pero la Tabla 3.1 muestra los resultados del la PSU de 2008 para
cuatro grupos de ingreso familiar usados por el DEMRE.

Tabla 3.1 Distribución de puntajes PSU en lenguaje y matemáticas (promedios) por
grupo de ingreso familiar

Grupos de B1 B2 B3 B4 No se sabe Total
ingreso
Puntajes
(PSU para 0-270 000 270 001- 541 001- 810 001 CLP
ingreso 2008 CLP 540 000 CLP 810 000 CLP o más
)
Bajo 450 54 983 11 124 2 372 1 623 84 70 186
450-600 64 704 25 227 9 077 10 018 53 109 079
601-700 10 382 7 330 4 427 9 543 2 31 684
Over 700 962 1 028 815 3 127 0 5 932
TOTAL 131 031 44 709 16 691 24 311 139 216 881
Fuente: Cifra del DEMRE disponible en el sitio de internet www.estudie.cl.

Estas cifras muestran que 60% de los que rindieron la PSU y 76% de los
que fracasaron en ella pertenecían al grupo B1, el de ingresos más bajos.
42% de los que la rindieron obtuvieron menos de 450 puntos, comparados



con 6.7% de los de la B4 y 32.4% del total que rindió la prueba. Sólo 8.7%
obtuvo sobre 600 puntos y 0.7% tuvo un puntaje sobre 700, comparado con
52% y 12.7% de los de la B4 respectivamente. Estas son diferencias
significativas, que plantean un problema importante de equidad.
La Tabla 3.2 muestra los resultados de la PSU por tipo de escuela, en las
pruebas rendidas para la admisión en 2006, 2007 y 2008. En estos tres años,
el porcentaje de estudiantes que obtuvo un puntaje mínimo de aprobación
para alumnos de escuelas municipalizadas, fue consistentemente más bajo
que el de las escuelas privadas subvencionadas y privadas pagadas, y
disminuyó de 58.43% a 57.60%; mientras la tasa de puntaje mínimo de
aprobación de los estudiantes de escuelas privadas totalmente pagadas fue
consistentemente más alta y subió de 91.08% a 93.70%. En la PSU para la
admisión 2008, la diferencia en el puntaje promedio entre alumnos de
colegios municipalizados y pagados fue 84.3 en lenguaje y 96 en
matemáticas, sobre los 83.5 y 92.5 de 2007. Estas diferencias también son
muy significativas, y constituyen un problema de equidad.

Tabla 3.2 Distribución de puntajes PSU en lenguaje y matemáticas (promedios) por tipo
de colegio

Tipo de
2006 2007 2008
escuela

Rindieron >=450 %>=450 Rindieron >=450 %>=450 Rindieron >=450 %>=450
Municipal 72 347 42 370 58.43% 89 ,316 51 487 57.65% 88 029 50 709 57.60%
Privada
77 461 53 597 69.03% 94 754 66 474 70.15% 102 720 72 003 70.10%
subsidiada
Privada
24 051 21 904 91 08% 24 768 22 942 92.63% 24 765 23 206 93.70%
pagada
No se
2 276 969 42.57% 2 423 1 167 48.16% 1 367 777 56.84%
sabe
TOTAL 176 314 118 740 67.35% 211 261 142 070 67.25% 216 881 146 695 67.64%
Fuente: Cifras del DEMRE, disponibles en www.estudie.cl.

Otra información disponible de la misma fuente muestra que hay
diferencias aún mayores entre tipos de establecimientos escolares cuando
consideramos cuántos de los matriculados obtuvieron puntajes PSU de
475 puntos o más (el mínimo necesario para cualquier tipo de beca). Sólo
47.8% de los alumnos de establecimientos municipalizados alcanzó este
puntaje, una baja del 10% del porcentaje que alcanzó 450 puntos o más. La
cifra para los alumnos de establecimientos subvencionados fue 60.83%,
también una baja de casi 10% de los que obtuvieron 450 o más. De los



alumnos de colegios privados pagados, 91% obtuvo 475 puntos o más, una
baja de menos de 3%.
Estas diferencias en los resultados de la PSU en gran medida pueden
reflejar diferencias en la calidad de educación y preparación entregada por
los diferentes tipos de colegios. Sin embargo, es importante tener en mente
que las diferencias por tipo de colegio que se muestran en la Tabla 3.2 no
son independientes de las diferencias por grupo de ingreso en la Tabla 3.1,
porque las familias más pobres envían a sus niños a colegios
municipalizados y las más ricas envían a los suyos a colegios privados
pagados. También, como lo muestran consistentemente las investigaciones y
estudios internacionales de educación como PISA, en promedio, y en
igualdad de otras condiciones, incluyendo la inteligencia natural, los niños
de sectores más privilegiados generalmente sobrepasan en rendimiento a los
de sectores más bajos. En tercer lugar, los colegios no son las únicas
instituciones educacionales cuya enseñanza puede afectar los resultados de
la PSU en Chile. También es probable que las familias que envían a sus
hijos a colegios privados pagados, paguen preparación extra para la PSU en
un preuniversitario. Todas las ciudades grandes tienen una o más de estas
instituciones y hay una fuerte demanda de mercado para los servicios que
ofrecen, generalmente en el último o en los dos últimos años de la educación
media, ya sea durante el horario de clases, por acuerdo con los colegios
(privados) o en las tardes o fines de semana. Los preuniversitarios cuestan
alrededor de USD 40-50 al mes y no hay becas ni subvenciones disponibles
para asistir a ellos. Esto significa que la mayoría de los estudiantes que
necesitan preparación extra para la PSU porque sus colegios
municipalizados o privados subvencionados no los ha preparado bien, tienen
menos posibilidades de poder pagarlos.
Otro punto que considerar es si los estudiantes de grupos
socioeconómicos más bajos y colegios municipalizados o subvencionados
tienen oportunidades iguales de obtener un lugar en su institución de
preferencia. Cuando las universidades del CRUCH tienen más postulantes
que vacantes, éstas son asignadas primero a los puntajes más altos de la
PSU. La Tabla 3.3 muestra, para la admisión de 2008 a cada una de las
25 universidades del CRUCH, el promedio de puntajes PSU de los
postulantes aceptados, y la proporción de los 5 000 puntajes PSU más altos a
nivel nacional. La tabla muestra que para 50 423 vacantes había 205 262
postulantes, de los cuales 146 695 (ver Tabla 3.2) lograron el puntaje
mínimo PSU para poder postular.



Tabla 3.3 Universidades del CRUCH 2008: postulantes, vacantes, promedio de puntajes
PSU de los aceptados, proporción de los 1000 puntajes más altos

% de los 1000
Universidad Vacantes Postulantes Puntaje promedio
más altos
Universidad de Chile 4 404 18 398 688.26 37.10
Universidad Católica de Chile 3 511 11 323 692.46 46.18
Universidad de Concepción 4 844 23 896 601.06 6.63
Univ. Católica de Valparaíso 2 645 14 496 614.03 0.82
Univ. Federico Santa María 2 490 11 213 592.86 3.26
Univ. Santiago de Chile 3 270 13 923 629.41 1.02
Univ. Austral de Chile 2 204 10 065 587.13 0.71
Univ. Católica del Norte 1 630 4 250 574.56 0.51
Universidad de Valparaíso 3 577 21 079 587.80 1.33
Univ. Metropolitana de Cs Ed 1 063 4 209 596.31
Universidad Técn. Metropolitana 1 650 7 450 581.33
Universidad de Tarapacá 2 033 2 900 533.25
Arturo Prat Universidad 1 610 1 969 524.91
Universidad de Antofagasta 1 362 4 616 540.94 0.41
Universidad de La Serena 1 555 5 894 562.20
Universidad de Playa Ancha 1 195 7 992 554.18
Universidad de Atacama 740 1 269 539.00
Universidad de Bío-Bío 2 107 8 272 562.07
Universidad de La Frontera 1 658 7 931 591.76 1.63
Universidad de Los Lagos 920 1 282 523.77
Universidad de Magallanes 630 812 537.12
Universidad de Talca 1 240 6 043 592.93 0.20
Univ Católica del Maule 1 090 5 222 583.47 0.10
Univ Católica Ssma Concepción 1 555 7 102 550.73 0.10
Univ Católica de Temuco 1 440 3 656 535.91
TOTAL 5 0423 20 5262

Algunas universidades del CRUCH son mucho más selectivas que otras,
pero el puntaje PSU más bajo en la Tabla 3.3 es 524, para la Universidad
regional de Los Lagos. Al otro extremo de la escala, los aceptados por dos
de las universidades chilenas más grandes y de mayor prestigio, la
Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, tienen puntajes
PSU de 692 y 688 respectivamente. La Tabla 3.1 y las cifras de porcentaje
citadas inmediatamente después dan alguna indicación de la dificultad que la
mayoría de los estudiantes de familias de bajos ingresos deben enfrentar al
competir por vacantes en las universidades del CRUCH más competitivas.
Hay mayor evidencia en la Tabla 3.4, que muestra qué porcentaje de
postulantes aceptados por cada universidad del CRUCH venía de cada una



de los cuatro grupos de ingresos familiares. Los grupos son los mismos que
para la Tabla 3.1. Se puede ver que, en general, mientras más alto es el
puntaje PSU promedio de la universidad, más bajo es el porcentaje de B1 y
más alto el de B4. Este ciertamente es el caso de la Universidad Católica de
Chile, que tenía el promedio PSU más alto – 51.4% de los postulantes
aceptados son de B4 y sólo un 15.6% de B1. En el otro extremo de la escala
hay varias universidades regionales cuyas matrículas de B1 son casi 60% o
mayores. Los estudiantes de grupos de ingreso más bajos y colegios
municipalizados tienen posibilidades razonables de ir a una universidad del
CRUCH si viven en esas regiones y desean ir a esas mismas universidades;
pero sobretodo, dada la evidencia anterior de que relativamente pocos logran
los puntajes PSU más altos, la conclusión debe ser que su elección de
institución parecería estar mucho más limitada que la de los estudiantes de
grupos de ingreso más altos.

Alumnos de sexo masculino y femenino

La igualdad de acceso por género parece ser considerada un tema
menor en Chile, dentro del MINEDUC, por lo menos. El Informe de
Antecedentes informa que “el equilibrio de género es bastante parejo, ya que
las mujeres son el 48% de los estudiantes de pregrado”. Esta cifra se refiere
a 2005, año en el cual las mujeres constituyeron el 50% de los estudiantes en
CFTs, 39% de los estudiantes en Institutos Profesionales, 48% de los
estudiantes en las universidades del CRUCH y 53% de los estudiantes en
universidades privadas.
Sin embargo, se podría esperar que las mujeres fueran más de la mitad
de los estudiantes de pregrado tanto en los sectores no universitarios como
universitarios, si sus oportunidades de participar en la educación superior
fueran iguales a las de los hombres bien calificados. En Chile, como en la
mayoría de los países de la OCDE y Europa, un porcentaje
significativamente más alto de mujeres que de hombres completa
satisfactoriamente la educación secundaria (77% comparado con 69% en
2005, según Education at a Glance2). Por lo tanto, más mujeres que
hombres obtienen la licencia de educación media y cumplen con el mínimo
de requisitos para ingresar a la educación no universitaria. De la misma
manera, más mujeres que hombres rinden la PSU; las mujeres eran el 52.5%
de los que la rindieron en 2006, 53.5% en 2007 y 53.9% en 2008.

2
Tabla A2.1.



Tabla 3.4 Universidades del CRUCH 2008: porcentaje de postulantes aceptados de cada
grupo de ingreso
T1: 0-270 000 T2: 270 001-540 000 T3: 540 001-810 000 T4: 810 001 CLP o
Universidad
CLP (%) CLP (%) CLP (%) más (%)
Universidad de Chile 26.4 29.1 16.4 28.0
Universidad Católica 15.6 18.5 14.5 51.4
de Chile
Universidad de 51.9 27.6 11.4 9.1
Concepción
Univ Católica de 39.5 31.1 13.9 15.6
Valparaiso
Univ Federico Santa 47.4 27.2 10.9 14.5
María
Univ Santiago de Chile 44.4 33.8 11.8 10.0
Univ Austral de Chile 50.7 28.6 12.2 8.5
Univ Católica del Norte 40.0 31.6 15.1 13.3
Universidad de 49.4 30.7 11.7 8.2
Valparaiso
Univ Metropolitana de 58.8 28.0 8.5 4.7
Cs Educación
Universidad Tec Met 54.2 33.0 8.6 4.2
Universidad de 61.7 26.8 8.3 3.1
Tarapacá
Universidad Arturo Prat 59.6 28.9 6.6 4.9
Universidad de 42.8 32.2 15.5 9.5
Antofagasta
Universidad de La 60.2 27.0 7.9 4.9
Serena
Universidad de Playa 64.1 25.9 6.4 3.7
Ancha
Universidad de 57.5 29.9 8.6 4.0
Atacama
Universidad de Bío-Bío 68.1 24.2 5.2 2.4
Universidad de La 57.9 26.5 9.5 6.1
Frontera
Universidad de Los 70.2 23.5 4.6 1.7
Lagos
Universidad de 46.4 31.4 15.4 6.8
Magallanes
Universidad de Talca 59.9 27.3 7.4 5.3
Univ Católica del 67.1 23.0 6.0 3.9
Maule
Univ Católica de 65.2 25.5 6.2 3.1
Temuco
Fuente: Cifras del DEMRE.



La Tabla 3.5 muestra los resultados de la PSU para la admisión a la
educación terciaria en 2008. La PSU la rindió un 17% más de mujeres que
de hombres, pero 6% menos mujeres obtuvieron el puntaje mínimo de 450
puntos y 7% menos mujeres alcanzaron un puntaje de 475 o más (el mínimo
para la mayoría de los programas de becas). Debido a que tantas mujeres
rindieron la PSU, el número de ellas que alcanzó puntajes de 450+ y 475+
aún excede el número de hombres; sin embargo, según las últimas
estadísticas, las mujeres son una minoría en las universidades del CRUCH,
cuya selección depende de los resultados en la PSU.

Tabla 3.5 Porcentajes con puntajes PSU en lenguaje y matemáticas (promedios) de 450
y superiores y 475 y superiores por género, admisión 2008

Género Admisión 450+ % 450+ 475+ % 475+
Mujeres 116 904 75 827 64.86 % 65 220 55.79 %
Hombres 99 977 70 868 70.88 % 62 531 62.55 %
TOTAL 216 881 146 695 67.64 % 127 751 58.90 %

Las cifras de la Tabla 3.5 son gran evidencia a primera vista, de que los
procesos de admisión actuales son una desventaja para las mujeres que
ingresan.
El equipo revisor sugiere que éste es un problema del que Chile tiene
preocuparse. El país no tiene buenos resultados en los estudios
internacionales de igualdad de género. El Foro Económico Mundial publica
un Índice de Brecha Global de Género,3 basado en puntajes separados por
participación económica y oportunidad, logros educacionales, salud y
supervivencia y empoderamiento político. En el Índice de 2007, Chile fue
clasificado en el lugar 86, bajando del 78 que obtuvo en 2006 y el 48 en
2005 (aunque algunos países nuevos agregados al índice son la razón de
parte de la caída). En 2007, Chile se clasificó primero en salud y
supervivencia y 58 en empoderamiento político. Fue clasificado más bajo
por la relativa falta de participación económica y oportunidades de las
mujeres (105° lugar) y logros en educación (78), los que en cierto modo
están relacionados. La clasificación de los logros en educación en Chile en
el Índice de Brecha de Género de 2007 lo dejó bajo todos los países de la
OCDE, excepto Corea, y bajo un número de países de América del Sur, tales
como Uruguay (53), Ecuador (42), Argentina (33), Venezuela (25) y
Colombia (16). Todos estos países también fueron mejor clasificados que

3
www.weforum.org



Chile en participación económica y oportunidades para las mujeres, así
como Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay.
El Informe Económico de Chile de la OCDE en 2007 indica que,
fomentando la participación en la fuerza laboral de grupos que se han
quedado atrás, como las mujeres, la política chilena puede contribuir a
elevar el crecimiento potencial de la economía a largo plazo y reducir la
pobreza y desigualdad de ingreso. Para lograr esto, es importante remover
las barreras que impiden la igualdad de acceso de las mujeres a la educación
en todos los niveles, incluyendo la educación superior. Se dice algunas
veces que hay fuerzas en la cultura y en la sociedad chilenas que
desincentivan la participación femenina, pero esas fuerzas no están visibles
en la educación terciaria. La evidencia de la admisión por PSU muestra que
las mujeres están tan deseosas de entrar a la universidad como los hombres;
y Education at a Glance 20074 sugiere que, si son admitidas, tienen tantas
probabilidades de completar sus estudios como los hombres. En 2005, 49%
de los primeros grados Tipo B y 57% del Tipo A fueron otorgados a
mujeres, aunque en ese año, sólo 42% de los matriculados en Tipo B y 52%
de los Tipo B eran mujeres, y, cuando los graduados en 2005 comenzaron
sus cursos, los porcentajes de mujeres bien podrían haber sido más bajos.

Estudiantes por región

La igualdad de acceso por región es otro aspecto que vale la pena
revisar. La Columna 5 de la Tabla 3.6 a continuación, (también la Tabla 1.4
en el Capítulo 1) muestra los porcentajes de la población en edad de
educación terciaria provistos por instituciones de educación superior
situadas en cada una de las 13 “antiguas” regiones. En 2006, estos
porcentajes variaban entre 7% en la VI Región (O’Higgins) y 43% en la
V Región (Valparaíso), alrededor de 34% de promedio.

4
Tabla A3.8 y Tabla C2.4.



Tabla 3.6 Evolución y promedio anual de crecimiento (%) de la cobertura de educación
superior por región, 1990-2006

Región Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Diferencia en Tasa de
cobertura cobertura cobertura 2000 cobertura 2006 puntos % en crecimiento anual
1990 1995 cobertura 1990- en cobertura 1990-
2006 2006
I 16.35 22.57 25.10 38.59 22.24 5.51
II 16.78 25.96 33.74 35.89 19.11 4.87
III 7.64 9.95 12.78 18.30 10.66 5.61
IV 10.40 18.44 23.13 30.72 20.32 7.00
V 17.87 24.75 34.17 43.07 25.20 5.65
VI 3.28 5.29 5.16 6.98 3.70 4.83
VII 5.54 9.63 13.94 19.99 14.45 8.35
VIII 14.18 18.14 24.74 35.82 21.64 5.96
IX 9.13 16.14 21.30 20.92 11.79 5.32
X 9.89 12.88 17.39 23.13 13.24 5.45
XI 1.10 0.08 3.62 8.75 7.65 13.84
XII 9.75 15.45 23.79 29.82 20.07 7.24
RM 18.57 25.77 33.26 41.28 22.71 5.12
Total 14.36 20.21 26.92 34.27 19.91 5.59
Fuente: Basado en MINEDUC (2006) para las matrículas, CELADE (2000) e INE 2006 para la
población entre 18-24 años.

La Tabla 3.7 muestra, para las 15 “nuevas” regiones, el ingreso
promedio per cápita y el puntaje PSU promedio en la prueba para la
admisión en 2008. Se puede ver que el promedio de puntajes PSU está
fuertemente asociado con el promedio de ingreso más alto y la mayor
urbanización. Las 5 regiones más altas, en términos de puntaje PSU
promedio, son Antofagasta, Santiago, Magallanes, Aysén y Valparaíso, en
ese orden. Cuatro de ellas están también entre las cinco de mayor ingreso
promedio (Valparaíso está en 6° lugar) y cuatro están entre las cinco más
altas en urbanismo (Aysén está en 7° lugar). Al otro extremo de la escala,
usando las “antiguas” regiones, las cinco con los puntajes PSU promedio
más bajos son (empezando por la más baja) Araucanía, Atacama, Tarapacá,
Maule y Los Lagos. Tres de éstas, la Araucanía, Maule y Los Lagos, son
también las tres más bajas en ingreso promedio y urbanización. El puntaje
PSU promedio regional no parece estar asociado a la densidad de la
población o a la distancia desde la capital. Las regiones 1, 2, 12 y 13 tienen
algunos de los más altos puntajes PSU, promedio de ingreso y, quizás
sorprendentemente, tasas de urbanización; aunque la “antigua” región 1 es



una excepción en términos de puntajes PSU, pero parece que el problema
está más en el área alrededor de Iquique que en la nueva región alrededor de
Arica.
Los puntajes PSU más bajos no indican una población de menor talento,
pero sí sugieren que los colegios a los que se ha asistido están menos
capacitados para preparar a esta población joven para pasar la prueba. Las
asociaciones descritas aquí pueden explicarse por la relación entre nivel de
ingreso familiar y rendimiento en la escuela secundaria ya indicadas, y
porque las áreas rurales generalmente tienen escuelas más pequeñas y con
menos recursos. Las áreas rurales más pobres también son las que tienen
probablemente una mayor proporción de escuelas municipalizadas y
privadas subvencionadas, porque ofrecen perspectivas de negocio limitadas
a los proveedores de la educación privada pagada.

Tabla 3.7 Ingreso per cápita y puntajes PSU para matrícula 2008, por región

Región Densidad Población Promedio de Puntaje PSU
(habts/Km2) urbana % ingreso per p.a promedio
(miles CLP)
15 Arica-Parinacota (era
n.a. n.a. n.a. 452.0
parte de Tarapacá)
1 Tarapacá 8.2 92.9 142.9 439.0
2 Antofagasta 4.4 97.6 155.9 472.5
3 Atacama 3.7 91.0 133.5 438.1
4 Coquimbo 16.9 79.8 123.4 451.7
5 Valparaíso 103.8 91.5 137.0 461.3
6 O’Higgins 52.3 70.8 123.0 453.0
7 Maule 32.5 66.9 96.2 442.0
8 Bío Bío 53.8 83.1 117.0 455.0
9 Araucanía 29.7 67.9 101.4 433.3
14 Los Ríos (era parte de
n.a. n.a. n.a. 443.1
Los Lagos)
10 Los Lagos 17.6 69.4 111.8 449.2
11 Aysén 0.9 83.3 167.3 462.1
12 Magallanes 1.2 92.8 172.8 462.7
13 Región Metropolitana
433.5 96.8 184.2 467.4
(RM) de Santiago
Todas las regiones 22.0 86.9 147.3 457.1
Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas, Banco Central y DEMRE, 2008.

Las Tablas 3.6 y 3.7 en conjunto presentan un cuadro de oportunidades
variadas y desiguales por región. Sólo aquéllas de las regiones más



altamente urbanizadas de Santiago, Antofagasta y Valparaíso combinan una
entrega más que promedio (en cantidad y rango) dentro de su región y un
desempeño en la PSU mejor que el promedio. Puede ser que los jóvenes de
otras regiones tengan menos oportunidades de acceso a la educación
superior o menor tasa de participación. Sin embargo, esto no se puede
concluir con seguridad de la evidencia disponible, porque no hay
estadísticas que muestren tasas de participación en la educación terciaria por
región de residencia. Las regiones con buena cobertura pueden dar a sus
residentes oportunidades razonables de acceso a pesar de los bajos
promedios de los puntajes en la PSU (Tarapacá, Bío-Bío). Los jóvenes de
regiones con relativamente pocas vacantes en la educación terciaria, pueden
ir a instituciones en las grandes ciudades, especialmente si están cerca
(O’Higgins) o si tienen relativamente buenos puntajes en la PSU y altos
ingresos (Aysén).
El equipo revisor escuchó hablar repetidas veces acerca del “efecto
Santiago” durante su trabajo en terreno. Las instituciones terciarias en otras
regiones (aún el cercano Valparaíso) se quejaban de que la capital atrae más
que su cuota justa de recursos nacionales y una proporción excesiva de los
estudiantes universitarios mejores y más capaces de todo el país. Al
examinar los datos de los postulantes a la PSU, se ve claramente que un gran
número de quienes obtienen los más altos puntajes escogen como primera
prioridad las universidades más prestigiosas de Santiago, pero también está
claro que una gran proporción de los colegios que obtienen los más altos
puntajes PSU están en Santiago; y es comprensible que estudiantes de alto
rendimiento y ambiciosos de otros lugares puedan ver sus mejores
posibilidades de éxito futuro en la capital del país.

Retención y equidad: la evidencia

Hasta ahora, este capítulo ha analizado quiénes son admitidos a la
educación terciaria y en particular, quiénes pasan y se desempeñan bien en
la prueba de ingreso a la universidad. Otra cosa es si los diferentes grupos
que ingresan tienen iguales posibilidades de completar sus programas o de
permanecer. Un tema relacionado es si a miembros de algunos grupos les
toma más tiempo completar sus cursos. Mientras más largo se haga el curso
de un estudiante (porque tenga que repetir años o semestres), mayor es el
costo para él y más alta la probabilidad de que abandone los estudios ya sea
por razones académicas o financieras. Las tasas de retención y graduación
satisfactoria son importantes por dos razones. Primero, hay claramente un
problema de equidad si algunos grupos tienen mayor deserción o fracaso en
su graduación que otros. Segundo, las reformas al sistema de admisión
diseñadas para ayudar a un mayor número de grupos desaventajados para



que puedan tener acceso a la educación superior, no ayudan mucho si el
mayor número que ingresa demuestra ser incapaz de graduarse
satisfactoriamente.
La información en la cual poder basar un juicio sobre las tasas de
deserción y de estudios incompletos es, sin embargo, muy limitada. Chile no
reúne sistemáticamente a nivel nacional, información sobre tasas de
completación de estudios o sobre el tiempo promedio para completar los
cursos en universidades individuales – aunque el Sistema de Información
sobre Educación Superior tiene planeado hacerlo en el futuro, y quienes
acreditan los programas hacen estas preguntas como un medio de juzgar la
calidad de la enseñanza y la efectividad de la institución. El MINEDUC
recoge alguna información sobre el porcentaje de estudiantes que obtienen
sus grados dentro de la duración que en teoría tienen los cursos e informa5
que las tasas de éxito alcanzan 56.8% en las universidades del CRUCH y
51.8% en las universidades privadas. El MINEDUC también dice que las
tasas de retención en el primer año son 82.9% en las universidades del
CRUCH y 79.1% en las privadas acreditadas. Sin embargo, no hay datos
más detallados disponibles o desglose por características de los estudiantes.
Mientras las mujeres aparecen con más probabilidades de completar sus
cursos que los hombres (ver arriba), hay preocupación general de que los
estudiantes de familias más pobres o de escuelas municipalizadas tengan una
tasa más alta de deserción y tomen más tiempo para completar sus estudios
satisfactoriamente. Un estudio de la UNESCO6 en 2006 encontró una tasa de
deserción de 28% entre el Año 1 y el Año 4 entre estudiantes de los dos
quintiles de ingreso más altos, mientras que los estudiantes de los dos
quintiles más bajos mostraban una tasa de 65%. El gobierno de Chile ha
dispuesto una cantidad considerable de fondos del MECESUP para
programas remediales o de “nivelación” en universidades seleccionadas,
para estudiantes cuyo conocimiento en matemáticas, lenguaje o ciencias está
bajo el estándar necesario para realizar un curso en forma satisfactoria. Las
universidades que ofrecen estos programas remediales dijeron al equipo
revisor que eran muy útiles y una contribución muy positiva para capacitar a
estudiantes que no están suficientemente bien preparados para emprender
cursos de educación superior con alguna posibilidad de éxito. Sin embargo,
el equipo tiene entendido, a través del MINEDUC, que la evidencia de los
procesos de acreditación ha planteado dudas acerca de la efectividad de tales
programas si se ofrecen en forma paralela al currículo regular,
convirtiéndose en una gran presión por una carga de trabajo muy pesada

5
Informe de Antecedentes Capítulo 9.3.
6
Citado en el Informe de Antecedentes.



para los estudiantes que están batallando por permanecer en la universidad.
Todas las universidades visitadas veían el tema de cómo compensar la
educación media de baja calidad como su mayor desafío.
Una universidad católica del CRUCH, que fue visitada por el equipo,
había analizado en 2007, el desempeño académico de su cohorte de alumnos
de primer año por sus características. Entre las diferencias que se notaron
fue que las mujeres tenían mejor rendimiento que los hombres (apoyando la
tesis de que la PSU tiende a subestimar el desempeño femenino); que los
estudiantes de escuelas municipales rendían mucho menos que los de
escuelas privadas subvencionadas; y que el desempeño en las primeras
etapas de los cursos de pregrado varía fuerte y directamente según el puntaje
obtenido en la PSU. Los que habían obtenido menos de 525 puntos tenían
menos de un 50% de probabilidades de completar satisfactoriamente los
módulos del primer semestre la primera vez, mientras que las probabilidades
aumentaban a 75% para los que tenían puntajes sobre 600 y 90% para
aquéllos con puntajes sobre 650.7 En consecuencia, esta universidad
enfocaba sus programas remediales en sus alumnos con los puntajes PSU
más bajos. Esta universidad no se sabe aún si los programas remediales
pueden mejorar el desempeño hasta el punto en que los puntajes PSU más
bajos y los más altos tengan probabilidades iguales de completar sus cursos,
dentro del período teórico de duración del curso.

Problemas de equidad en la admisión y retención: causas y opciones de
política

La evidencia presentada anteriormente, muestra que una cantidad de
problemas de equidad surgen alrededor del proceso de admisión a las
universidades CRUCH, y otras instituciones como las universidades
privadas e IPs que usan los resultados de la PSU en sus criterios de
admisión. Está claro que para los jóvenes que vienen de familias más pobres
o escuelas municipales o ambos, el sistema actual de admisión constituye
una barrera mayor para acceder a la institución de su elección para las
mujeres que para los hombres. El sistema de admisión, junto con una
distribución desigual de vacantes en el país, puede también llevar a un
acceso desigual para los jóvenes en diferentes regiones, aunque esto no está
claro. Aunque hay mucho menos información acerca de las tasas de
graduación de grupos diferentes, la que hay, indica que, una vez que son
admitidos, los jóvenes que vienen de familias más pobres o escuelas
municipales o ambos, tienen mucho más probabilidades de abandonar sus
estudios, y aún menos probabilidades que otros de completar los cursos
7
Presentación general de la Universidad Católica del Norte.



universitarios y graduarse dentro del tiempo esperado. El resto de esta
sección analiza las causas de las brechas de equidad que surgen de la PSU
misma, del sistema central para seleccionar los estudiantes que ocuparán
cupos en las universidades CRUCH (las universidades privadas no son parte
del sistema central), las diferencias en los porcentajes de retención, y las
opciones de políticas para enfrentarlas.
La prueba de ingreso a la universidad y el sistema de selección se diseñó
inicialmente para regular y asegurar la justicia en la admisión a las
universidades CRUCH en 1966 - cuando sólo había ocho de ellas,
atendiendo a una población estudiantil mucho más pequeña y estrecha, y no
había otras universidades. El primero de estos sistemas de admisión, que
duró hasta 2003, estaba basado en la Prueba de Aptitud Académica o PAA.
La PAA examinaba la aptitud verbal y matemática y el conocimiento de
historia de Chile, e incluía tests electivos en áreas específicas como química,
biología o ciencias sociales, dependiendo de lo que el estudiante tenía
intenciones de estudiar. El puntaje individual total de un alumno también
tomaba en cuenta las notas que había obtenido en la educación media.8
La PSU reemplazó a la PAA a partir de 2004. La PSU es como la PAA
en el uso de preguntas de selección múltiple para evaluar lenguaje,
matemáticas y asignaturas electivas, pero es diferente de la PAA porque, en
lugar de evaluar la aptitud, examina el conocimiento impartido por el
currículo escolar nacional. Un motivo para el cambio fue lograr una mayor
equidad.9 Funcionarios del MINEDUC citaron un estudio realizado por la
Universidad de California en 2001 que decía que para los estudiantes de los
niveles socioeconómicos más bajos, las pruebas de conocimiento eran una
mejor indicación del desempeño en los primeros años de universidad que los
tests de aptitud. También se había sugerido10 que el hecho de que la PAA
evaluara la aptitud más bien que el conocimiento, podría ser la causa de que
las mujeres obtuvieran resultados más bajos que los que indicaban sus notas
de educación media. Otro motivo importante fue hacer que las escuelas
municipales enseñaran el currículum nacional completo.
La PSU está hecha para ser un test de ‘mérito’, que mida inteligencia y
conocimiento. Sin embargo, ahora en Chile se reconoce generalmente que el
conocimiento depende de la preparación durante la enseñanza secundaria y
que esta preparación es desigual, sobre todo porque el loable objetivo de

8
La Tercera, El Mercurio, resumido en Santiago Times, 7 de enero 2000.
9
La Tercera Editorial de Opinión, 5 de diciembre de 2007.
10
Bravo y Manzi 2002, citado en ‘Paridad de Género e Igualdad en Chile’, Beatrice
Avalos, Santiago 13 de Junio de 2003.



asegurar que todas las escuelas municipales enseñen el currículo nacional
completo no se ha logrado aún. Un miembro del Consejo Asesor
Presidencial para la Educación Superior dijo al equipo revisor que, de
acuerdo con la evidencia que ha recibido del Consejo, 43% de las escuelas
municipales aún no lo están haciendo.11
Ha habido preocupación de que la brecha entre los resultados de
estudiantes de escuelas públicas y privadas ha aumentado desde que la PSU
reemplazó a la PAA. Un estudio realizado por un economista del Centro de
Estudios Públicos (CEP), Harald Bayer, publicado en La Tercera,12 analizó
los resultados de la PAA de colegios privados y públicos entre 2000 y 2002
y los comparó con los resultados de la PSU entre 2003 y 2007. Según el
análisis de Bayer, los estudiantes de colegios privados tenían en promedio
37 respuestas correctas en la prueba de lenguaje de la PAA, pero una vez
que fue reemplazada por la PSU, comenzaron a obtener más cada año hasta
promediar 47 respuestas correctas en 2007. En el mismo período, lo
estudiantes de escuelas públicas iban teniendo puntajes cada vez más bajos -
de 25 respuestas correctas en el test de lenguaje en 2002, bajaron a 23 en la
prueba de 2007. El cambio fue aún más pronunciado en la prueba de
matemáticas. Los estudiantes de colegios privados pasaron de 33 respuestas
correctas en la PAA en 2002, a 37 en la PSU más reciente, mientras que los
estudiantes de escuelas públicas bajaron de 18 respuestas correctas a sólo
ocho. La hipótesis de Bayer es que “en una prueba con mayor contenido
como la PSU, los estudiantes de escuelas públicas compiten en peores
condiciones que en una prueba de aptitud. Hay bastante evidencia de que las
escuelas públicas cubren una proporción menor del contenido que los
estudiantes de colegios privados.”
Se puede cuestionar los resultados de Bayer, por ejemplo, en base a que
no toman en cuenta el aumento de la cantidad de alumnos de escuelas
municipales que rindieron los tests en el período hasta 2007 (y por lo tanto
su rango de habilidades). Sin embargo, las cifras del DEMRE muestran que
las brechas entre los puntajes de la PSU obtenidos por alumnos de tres tipos
de colegios diferentes se ensancharon entre 2006 y 2007 y nuevamente entre
2007 y 2008; de manera que, aún si las brechas de equidad asociadas con el
test no están ampliándose significativamente, no se están estrechando
tampoco.
El Gobierno de Chile tiene razón al poner énfasis en el hecho de que la
mayor parte de los problemas de equidad discutidos aquí tienen sus raíces en
la diferencia de preparación en los colegios secundarios. Hay importantes

11
Funcionarios del MINEDUC no pudieron confirmar esta cifra.
12
Estudio descrito en La Tercera Editorial de Opinión, 5 de diciembre de 2007.



iniciativas nacionales que ya están aplicándose para mejorar la educación
media de los alumnos más pobres y aquéllos que asisten a escuelas
municipales. Luego de las protestas de 2006 y las recomendaciones del
Comité Asesor Presidencial establecidas para analizar los problemas de la
educación media, el gobierno chileno está desarrollando varias iniciativas
para mejorar el sistema, incluyendo el programa de mejoramiento de la
calidad de la enseñanza como se describe en el Capítulo 1. Es de esperar que
estas iniciativas den fruto y disminuyan las brechas de conocimiento entre
los egresados de educación media de diferente formación. Sería
especialmente útil si los programas de gobierno tuvieran éxito en mejorar
los estándares de la enseñanza de matemáticas en los colegios secundarios -
matemáticas es la asignatura en la cual las universidades notan las mayores
debilidades entre los estudiantes que ingresan - y disminuir la brecha en el
desempeño en matemáticas de niños y niñas, que los resultados de la prueba
PISA 2006 muestran que en Chile esta brecha es la más grande de todos los
países participantes y puede, en parte, explicar los resultados más bajos de
las mujeres en la PSU.
Estas iniciativas de mejoramiento de la educación media son muy
necesarias y deberían ser emprendidas con firmeza. Mientras más se pueda
hacer para disminuir las brechas de equidad dentro de los colegios y la
variación entre colegios, mejores serán las posibilidades de nivelar el terreno
para el ingreso a la educación superior. Sin embargo, no se puede decir con
certeza que este resultado se logrará en el futuro cercano. En otros países
que han emprendido programas de mejoramiento escolar, no siempre han
funcionado. Donde han funcionado, a menudo han demorado bastante en
producir resultados, especialmente donde es necesario mejorar los
estándares de enseñanza, preparación de profesores y orientación vocacional
en colegios con poca base, como en Chile. Países que tenían una gran brecha
de equidad cuando comenzaron los programas de mejoramiento escolar -
Inglaterra, por ejemplo - han encontrado más fácil subir los estándares en
general, que disminuir las diferencias de resultados entre grupos. Las
iniciativas que han sido acordadas en Chile no afectan la continuación de los
tres tipos de colegio - municipal, subvencionado y pagado - que muchos ven
como la causa de la inequidad educacional. Por lo tanto, parece probable que
aún si las escuelas públicas mejoran el desempeño de sus estudiantes, los
colegios pagados se asegurarán de que el desempeño de sus alumnos mejore
por lo menos de la misma manera. Por eso, el equipo revisor ve, en los
procedimientos de admisión a la educación terciaria, una necesidad paralela
de reforma.
El gobierno chileno ve las siguientes ventajas principales en la PSU y en
el sistema de selección actual. Primero, hay un sistema de admisión
compartido y común que es, en principio, ciego a cualquier cosa que no sea



criterios objetivos basados en el mérito: los puntajes obtenidos en conjunto
por los tests de la PSU y las notas de educación media. Esto es una
protección contra los favores a los amigos y una potencial corrupción.
Segundo, un puntaje 450 en la PSU representa un estándar mínimo justo
para ingresar a la universidad: el MINEDUC no cree que los postulantes que
tienen menos de 450 puntos tendrían conocimientos suficientes para sacar
provecho de un curso en una universidad tradicional o tener una
probabilidad razonable de completarlo. Tercero, el hecho de que la PSU
evalúa el conocimiento del currículo nacional tiene dos beneficios que no se
lograrían de otra manera. Todos los colegios tienen un incentivo poderoso
para enseñar el currículo completo, y debido a que prácticamente todos los
egresados de la educación media (en la educación media general) rinden la
PSU, sus resultados dan una indicación valiosa de la calidad y efectividad
del colegio.
La visión que tiene el equipo revisor de un sistema de admisión
adecuado al propósito de la educación superior sería similar, pero no
idéntica, a la descrita arriba. El sistema facilitaría la admisión de un
suficiente número de estudiantes para cumplir los objetivos de participación
que tiene el gobierno (en el caso de Chile, un millón o 50% de jóvenes para
2012), en programas cuyo rango, equilibrio y nivel sean consistentes con las
necesidades futuras del país. Donde la demanda sobrepasa la oferta, el
sistema debería asegurar que los estudiantes admitidos son aquéllos más
capaces de beneficiarse, seleccionados por un proceso que es transparente,
basado en criterios objetivos e igualmente justos para todos los postulantes
potenciales sin importar las circunstancias.
El sistema chileno de admisión a la educación superior cumple
ampliamente estas especificaciones, pero con posibilidades de mejoramiento
en algunos aspectos. La nota de aprobación de 450 puntos está
especialmente bien alineada con el objetivo de 50% de participación que
tiene el gobierno, porque trata de representar el desempeño promedio. El
DEMRE, la unidad de la Universidad de Chile que administra la prueba,
asegura que lo hace convirtiendo la distribución actual de los puntajes a una
distribución normal, alrededor de 450.13 Un efecto de este método es que el
estándar representado por la nota de aprobación de la PSU puede variar de
un año al otro.
Es bueno tener un sistema de admisión a la universidad que confía en
criterios compartidos en base al mérito; pero con algunas reformas
(incluyendo la extensión del sistema a las universidades privadas y sus

13
Esto se explica en el sitio de internet:
http://www.demre.cl/doc_tecnicos_trat_ptjes.htm



postulantes) Chile podría desarrollar un sistema aún mejor para lograr estos
objetivos, y también más equitativo. Durante sus visitas, el equipo revisor
pidió a todas las instituciones visitadas que le dieran sus impresiones sobre
el sistema de admisión basado en la PSU. Por sus comentarios, el equipo
cree que hay posibilidades de una cierta discriminación positiva a favor de
alumnos talentosos que están en desventaja debido a su mala preparación;
para hacer más fácil que las universidades CRUCH que tienen una
orientación regional, o alguna otra orientación en particular, den preferencia
al tipo de estudiantes que se propusieron atender; y para reconocer que un
solo criterio de selección basado en resultados académicos no es igualmente
adecuado para todas las instituciones de educación superior. Otros criterios
no académicos, pero de todas maneras objetivos, pueden ser relevantes para
la selección universitaria; y “mérito” significa más que sólo habilidad para
mostrar ese conocimiento en una prueba - aún si es una prueba muy buena,
capaz de discriminar clara y justamente entre candidatos que compiten por
vacantes.
No se ha publicado un estudio independiente sobre la calidad de la PSU
misma, cuán confiable es y cuán precisos los puntajes que asigna. Cualquier
test cuyos resultados son tan importantes para tanta gente, debería estar
sujeto a un examen independiente en forma regular, para revisar sus
márgenes de error y verificar que las diferencias en puntajes representan
diferencias reales en el desempeño. Esto es especialmente importante
alrededor de los puntajes que bordean los márgenes significativos para la
admisión o para tener acceso a la ayuda estudiantil, tales como 450, 475,
500, 550 y 600 puntos; pero, debido a la manera en que la unidad central de
admisión, DEMRE, asigna las vacantes en las universidades CRUCH,
cualquier falta de precisión o de confiabilidad en algún punto de la escala de
resultados de la PSU podría potencialmente costarle su cupo en la
institución de su elección a un joven que lo merezca. Irlanda del Norte, la
única parte del Reino Unido que seguía teniendo un sistema de selección
para la educación secundaria por capacidad, basado en un test que se rinde a
la edad de 11 años, abandonó esta política, no porque se decidió que la
selección estaba errada en principio, sino porque un análisis profundo
demostró que la prueba nacional no era lo suficientemente precisa o
confiable para entregar una base justa para tomar decisiones de selección.
Una evaluación independiente de la PSU podría resolver cualquier duda
sobre su efectividad como prueba, pero hay una interrogante más amplia:
¿es la identificación de los candidatos con mayor cantidad de conocimientos
la mejor base para identificar a los que tienen más méritos o son más
adecuados para la educación superior? Para beneficiarse y eventualmente
graduarse de la universidad, un joven necesita no sólo conocimientos
suficientes para tener una base firme para un mayor aprendizaje, sino



también la capacidad de aplicar este conocimiento a problemas nuevos y
dominar nuevos conocimientos y destrezas. Los tests de selección múltiple
para evaluar conocimiento, revelan muy poco sobre estos aspectos clave.
Por el contrario, pruebas de aptitud bien diseñadas, que incorporan tests de
razonamiento verbal y no verbal, revelan mucho más acerca de la capacidad
intrínseca de aprender y desempeñarse a niveles más altos y así sacar
provecho de la educación superior. Vale la pena mencionar que los países
europeos con sistemas de educación terciaria de prestigio, en general no se
basan en tests de selección múltiple para establecer cuáles egresados de la
educación media están capacitados para desempeñarse bien en la educación
superior. Tanto el Reino Unido, como Francia y Alemania, por ejemplo,
usan los resultados de exámenes de graduación de educación media más
largos, en los cuales los candidatos pueden demostrar en mayor profundidad
y detalle la extensión de sus conocimientos y su capacidad para aplicarlos.
También lo hace así Irlanda, que tiene los mejores resultados en el análisis
de la OCDE citado anteriormente, sobre cómo el estatus socioeconómico de
los padres afecta la participación de los estudiantes en la educación superior.
En los Estados Unidos, la mayoría de las universidades usa los resultados
del SAT, que tiene preguntas de selección múltiple y otro tipo ensayo,
además de evaluar otras dimensiones de la experiencia académica y no
curricular de los alumnos.
El equipo revisor se reunió con el Comité Asesor Presidencial para la
Educación Superior cuando el Consejo estaba formulando sus
recomendaciones - una de las cuáles era re-evaluar la PSU y considerar otras
alternativas. El Consejo señaló al equipo los procedimientos alternativos de
admisión que estaba desarrollando la Universidad Católica de Chile.
La Universidad Católica dijo al equipo que las dudas acerca de la
equidad en el proceso de admisión los habían impulsado a desarrollar y
pilotear lo que creían que sería un sistema mejor y más justo. Este se ha
desarrollado teniendo en cuenta la experiencia internacional y está
estrechamente relacionado con el sistema de admisión de la Universidad de
California, que recientemente ha decidido incrementar el Test de Aptitud
Escolástica (SAT) generalmente usado en los Estados Unidos de
Norteamérica, con otros componentes de admisión. El sistema piloto de la
Universidad Católica incluye tres elementos: un ensayo extenso, diseñado
para probar la capacidad del candidato de escribir, comunicarse y pensar en
forma crítica; una declaración personal del estudiante; y un test
psicométrico. Se comenzó a pilotear este sistema dentro de la universidad y
continuará hasta el 2009. Esto incluye matricular en base al nuevo sistema, a
1 500 estudiantes al año, de todos los tipos de escuelas locales, y comparar
su siguiente desempeño universitario con grupos de control de alumnos
matriculados de la manera normal, usando la PSU. La universidad espera



probar que este sistema de admisión alternativo es menos sensible que la
PSU a las diferencias socio-económicas y al tipo de colegio al que se asistió,
y que al mismo tiempo predice de muy buena manera el éxito en la
universidad. Aunque es demasiado pronto para estar seguros, los resultados
hasta ahora parecen ser muy estimulantes.14 El equipo revisor quedó
impresionado con la dedicación e investigación que se ha realizado para
desarrollar este sistema piloto, que podría estar listo para comenzar a usarlo
con los alumnos que ingresen a la Universidad Católica de Chile en 2011.
Teniendo todo esto en cuenta, el equipo revisor ofrece a continuación un
paquete de sugerencias para tratar los problemas de equidad identificados, y
al mismo tiempo mejorar la capacidad del sistema de admisión a la
educación superior de cumplir sus propósitos – comenzando con
posibilidades mientras los alumnos están aún en la educación media.
Se podría disponer un apoyo académico intensivo en los últimos años de
la educación media para los alumnos de escuelas municipales en quienes se
ha detectado un alto potencial académico. La Universidad Católica de Chile
ha estado trabajando con dos escuelas municipales en distritos pobres de
Santiago para identificar a sus alumnos más talentosos en el último año de la
enseñanza media y darles cursos especiales los viernes en la tarde y sábados
en la mañana hasta que egresen de la educación media. La universidad dice
que los 700 niños que han pasado por este programa hasta ahora, han
obtenido puntajes PSU tan buenos como los alumnos de los mejores
colegios privados. La Universidad de Santiago ha establecido un programa
similar con un grupo de cinco liceos prioritarios en los cuáles la mayoría de
los alumnos se considera que están “en riesgo”. Los resultados muestran que
una intervención temprana ayuda a igualar las probabilidades de puntajes
altos en la PSU. Estos dos programas piloto muestran que se puede hacer, y
entregan evidencia, si es que se necesitara algo más, de que aún en los
colegios menos privilegiados, hay alumnos talentosos que pueden
beneficiarse con la educación superior. Se podría estimular a otras
universidades para que tuvieran programas similares, como parte de su
función pública y, si fuera apropiado, con fondos públicos. Al mismo
tiempo, o a cambio de eso, algunas universidades en forma individual o en
grupo, podrían considerar establecer escuelas de verano especiales para dar
a jóvenes con capacidades y talento que vienen de ambientes familiares
pobres, la preparación intensiva que necesitan para ingresar a las
universidades mejores y más exigentes – como se ha hecho en la
Universidad de Warwick en Inglaterra.

14
Publicaciones y detalles se encuentran en el sitio internet de la universidad,
www.puc.cl/webpuc/piloto/p_estudiantes.html



Sin embargo, si bien estos programas son buenos ejemplos, son
necesariamente reducidos y tienden a concentrarse en los jóvenes que están
en el punto más alto del rango de capacidades. Para tratar los problemas de
equidad que afectan a los jóvenes chilenos cuyas familias y circunstancias
escolares los ponen en desventaja al competir por vacantes en la educación
superior, sería útil analizar y revisar la PSU. Tomando en cuenta los
problemas y los ejemplos internacionales descritos anteriormente, se ofrecen
dos opciones.
La primera opción sería que Chile dejara la prueba de ingreso a la
universidad y adoptara una prueba o conjunto de pruebas de egreso de la
educación media - que idealmente no fueran tests de selección múltiple sino
exámenes más extensos, que evaluaran tanto el conocimiento como la
capacidad de los alumnos para pensar y aplicar el conocimiento. Estos
exámenes o tests de egreso de la educación media podrían también eliminar
la necesidad de tener una licencia de educación media aparte, al tener dos
niveles de aprobación; el más bajo, equivalente al NEM y el más alto, que
estableciera el estándar mínimo de ingreso a un curso académico o grado
profesional. Una transición expedita de la PSU, y el logro del objetivo de
gobierno de llegar a un 50% de participación, se facilitarían haciendo que el
nivel del umbral más alto fuera equivalente al puntaje 450 en la PSU. Sería
útil tener una prueba o pruebas especiales de egreso de la educación media
técnico profesional, que incorporara un nivel de aprobación más alto que
mostrara haber obtenido el estándar mínimo para ingresar a cursos
profesionales en los IPs y cursos similares en las universidades.
Como protección contra desvíos de los estándares, sería deseable que se
encargara a una agencia independiente que desarrollara los tests,
manteniendo constantes los estándares de un año al otro para permitir
observar los estándares nacionales de educación a través del tiempo, y que
se preocupara de que los tests fueran corregidos por examinadores
entrenados que no pertenecieran a los colegios involucrados. Establecer tal
sistema tendría costos considerables, pero se ahorrarían los costos
involucrados en la PSU (estimados en CLP 17 000 millones anualmente).15
También tomaría algún tiempo introducirlo, considerando la necesidad de
pruebas y su corrección y los sistemas de recolección de datos que primero
habría que desarrollar, pilotear y evaluar. Sin embargo, una prueba de egreso
de la educación media que también establezca el estándar mínimo para el
ingreso a la universidad tendría muchas ventajas, tanto para mejorar la
escolaridad como para los estudiantes. Al ser corregida y estandarizada en
forma independiente, entregaría mejor información acerca de la calidad y

15
Este cálculo estimativo apareció en un artículo de La Tercera el 26 de octubre de
2008.



efectividad de la escuela. Podría dar información útil a los alumnos que
aprueban la calificación a nivel ordinario o superior, ya sea que vayan a
ingresar a la educación terciaria o al mercado laboral, o quieran postular
para seguir estudios superiores en el extranjero. Debido a que los tests se
tomarían mientras aún están en el colegio, quienes esperan aprobar el nivel
superior pero no lo logran, podrían más fácilmente considerar la posibilidad
de permanecer en el colegio para completar sus lagunas de conocimiento y
volver a rendir los exámenes. También sería más fácil asegurar que las
instituciones que no son del CRUCH respetaran el estándar mínimo cuando
admitan a los egresados de educación media; aunque el equipo revisor no
está convencido de que se necesita el mismo estándar mínimo para los
estudiantes que han pasado algún tiempo en el mercado laboral adquiriendo
destrezas y experiencia relevantes al programa, o que ya tienen una
calificación terciaria a un nivel más bajo en la misma disciplina.
La segunda opción - que también podría ser un paso intermedio hacia la
primera - sería reformar la PSU incorporando elementos que otros países
han considerados útiles e importantes para identificar a los estudiantes que
tienen más probabilidades de beneficiarse con la educación superior. Estos
elementos incluirían ensayos largos y preguntas diseñadas para probar la
capacidad de razonar y el potencial de aprendizaje. También podrían incluir
ensayos personales que podrían abarcar experiencias extra curriculares,
motivación personal e interés en el programa. Debería haber una variante
para los estudiantes de escuelas secundarias técnico profesionales.
También se sugieren cambios en las etapas del proceso de admisión
universitaria posteriores a la PSU. Sería útil para los postulantes, y
aseguraría la transparencia de los procesos de admisión, si el mayor número
posible de universidades privadas chilenas pudiera unirse a las universidades
del CRUCH en un sistema común de asignación de cupos, incluyendo una
oficina central para procesar las postulaciones. La central de procesamiento
de las postulaciones funcionaría en forma bastante parecida a como lo hace
ahora la unidad central del CRUCH: los estudiantes envían una lista de las
universidades a las que les gustaría asistir, en orden de preferencia; la
unidad central establece qué postulantes cumplen de mejor manera los
criterios de admisión de cada universidad; y entonces se les dice a los
estudiantes qué universidades les han ofrecido un lugar, es decir, la que los
admitiría que fuera la más alta en su lista de preferencias.
Con una gama mayor y más amplia de universidades en el sistema
común de asignación, dejaría de ser factible asignar cupos según el puntaje
basado en la PSU, como lo hace la unidad central del CRUCH ahora para las
universidades del CRUCH. De todas maneras hay algunas dudas acerca de
este sistema. Tiene el objetivo de ser justo para todos, pero muchos lo
consideran injusto para los estudiantes que tienen bajo rendimiento en la



PSU debido a su mala preparación y que pierden ante alumnos con menos
capacidades naturales, que han tenido la buena suerte de venir de mejores
colegios o de familias que pudieron pagarles enseñanza privada. Este puede
ser un problema especialmente serio para los estudiantes rurales que, si no
son admitidos en su universidad local, no pueden costear estudios en lugares
más distantes. También hay dudas sobre si la PSU es un instrumento lo
suficientemente fuerte como para entregar una base justa para detectar
diferencias entre estudiantes de esta manera.
No hay un impedimento legal para que las universidades del CRUCH
usen diferentes criterios de admisión y asignación de cupos, si quieren
hacerlo. Todas las universidades chilenas son autónomas y tienen derecho a
decidir sus propios criterios de admisión. Todo el sistema de la PSU y el
DEMRE descansa simplemente en un acuerdo entre las universidades del
CRUCH, con la aprobación tácita del MINEDUC. Ya hay algunas
diferencias de criterios. Cada universidad CRUCH decide cómo desea que
se componga el puntaje total basado en la PSU en el caso de sus postulantes.
Algunas dan mayor ponderación al NEM que otras, o a los puntajes de
asignaturas electivas. Las ponderaciones pueden variar entre los diferentes
programas de una universidad. Algunas universidades reservan algunas
pocas vacantes para grupos especiales, como por ejemplo, alumnos
discapacitados, que si no fuera así no podrían ingresar. Sin embargo, en la
práctica, la mayoría, si no el total, de las universidades CRUCH se ajusta
estrechamente al principio de asignación de cupos según el puntaje total
basado en la PSU, para la mayoría, si no el total, de los estudiantes que
admiten. Una de las razones importantes es que todas las universidades
quieren maximizar sus probabilidades de obtener AFI, el financiamiento
especial otorgado a las universidades que matriculan a uno de los 27 500
puntajes más altos en la PSU. Las instituciones también pueden sentir
presión de sus pares para adherir a las “reglas” del acuerdo de los miembros
del CRUCH con respecto a las admisiones. El MINEDUC está proponiendo
cambiar la entrega de AFI, para tomar en cuenta no sólo el puntaje de la
PSU, sino también la posición relativa de los estudiantes en sus colegios
secundarios de manera de recompensar a aquéllos que tienen un buen record
de estudios, corregido por el equilibrio regional.
Se ha sugerido al equipo revisor que si termina el actual acuerdo y cada
universidad CRUCH maneja sus propios criterios diferentes, el resultado
podría ser menos y no más justo. Sin embargo, el actual sistema necesitará,
en cualquier caso, adaptarse, si la Universidad Católica de Chile introduce
su sistema alternativo, o cuando lo introduzca; otras universidades del
CRUCH, especialmente las universidades católicas, pueden querer hacer lo
mismo. El equipo revisor está a favor de un sistema de admisión
multidimensional, en lugar de uno unidimensional, en el cual se estimule a



las universidades a adoptar criterios objetivos apropiados a sus variadas
orientaciones y (si deciden hacerlo) dar prioridad a postulantes de grupos
menos aventajados o poco representados, que podrían tener un alto potencial
a pesar de su mala preparación. Una manera de protección contra la
adopción de criterios no objetivos o prácticas cuestionables podría ser que el
MINEDUC discutiera y desarrollara con las universidades, algunas
directrices sobre los criterios de admisión que podrían acordar. También se
podría tomar algunas medidas para asegurar que todos los criterios que se
usen sean publicados y que todas las instituciones adhieran a ellos.
El equipo revisor también tiene sugerencias relacionadas con la mala
preparación para la universidad de muchos jóvenes menos aventajados. Esto
afecta sus probabilidades no sólo de ser admitidos sino también de
mantenerse al mismo nivel que sus compañeros mejor preparados una vez
que están en la universidad, y graduarse dentro de un tiempo razonable. Las
medidas sugeridas, naturalmente, pueden no ser tan necesarias si fructifican
las iniciativas de mejoramiento escolar.
El MINEDUC podría explorar las opciones de ofrecer más ayuda para la
preparación de la prueba nacional de ingreso a la universidad o la prueba de
egreso de la educación media a jóvenes de colegios desaventajados que
aspiran a la universidad. En los últimos dos años de la enseñanza secundaria,
la enseñanza regular podría ser reforzada con tuición extra impartida por
profesores con destrezas comprobadas en la identificación de lagunas en el
conocimiento de los alumnos para lograr los objetivos de la enseñanza
media, o por profesores traídos de los preuniversitarios.
Otro enfoque posible sería financiar organizaciones fuera del sistema
escolar que pudieran entregar enseñanza pre-universitaria (o preparación
para volver a tomar el examen de egreso de la educación media) a los
jóvenes que ya han terminado sus estudios en la escuela. Otros países que
conoce el equipo revisor, tienen escuelas de educación superior que ofrecen
a los jóvenes una segunda oportunidad para obtener calificaciones de
ingreso a la universidad, y alternativas para rendir o volver a rendir
exámenes generales en la escuela. Chile no parece tener algo similar, a
excepción de los preuniversitarios; y el equipo revisor no pudo averiguar
mucho sobre su efectividad y valor por el dinero que cobran. Otro rasgo en
algunos países es el de los cursos de “acceso”, realizados por las
universidades o escuelas, que, si se completan satisfactoriamente, califican
(pero no le dan derecho) al estudiante para ingresar a la universidad. Los
chilenos son conocidos por su espíritu emprendedor: si el gobierno central o
regional indica que existe la disponibilidad de contratos o financiamiento
para enseñanza pre-universitaria e invita a postular para ofrecerla, es
probable que surja una variedad de organizaciones deseosas de entregar este
servicio, incluyendo, probablemente, a los proveedores de educación



terciaria existentes. Para servir los objetivos de equidad de un programa
como éste, el estudiante debería pagar aranceles mínimos o no tener que
pagar. Sin embargo, para evitar la ineficiencia de pagar por la preparación
pre-universitaria de jóvenes que no tienen capacidad intelectual para
completar un curso universitario por muy buena que sea la enseñanza, se
sugiere que sólo tengan derecho a tomar el curso gratis, o pagando aranceles
mínimos, los que pasen un test de aptitud adecuadamente calibrado - un test
de capacidad de razonamiento (verbal y no verbal) y potencial de
aprendizaje, que no requiera el conocimiento base que, por definición, les
falta a los postulantes al curso de “acceso”.
Es posible que se necesiten más medidas para tratar el problema de
equidad que enfrentan los jóvenes de grupos de ingreso más bajo y escuelas
municipales que son admitidos en la universidad, que parecen tener menos
posibilidades de permanecer en ella hasta obtener un grado, y aún menos
posibilidades que los estudiantes en general, de completar los programas
dentro del tiempo establecido para el curso. En general, esto es porque
tienen un conocimiento base menos sólido que otros estudiantes que han
tenido mejor preparación preuniversitaria. El MECESUP ha financiado
algunos programas, que han sido llamados programas remediales, a
comienzos de la universidad, pero han tenido resultados mixtos al ser
ofrecidos en forma paralela al currículo. Puede ser útil probar maneras
diferentes de ofrecer el “refuerzo de conocimientos” que se requiere después
de la admisión, incluyendo programas de verano o incluso “cursos base” de
un año de duración entre el regreso de la educación media y el currículo
universitario formal.
En esta situación hay un argumento poderoso a favor del hecho de que
los estudiantes no deberían tener que pagar por cerrar las brechas del
conocimiento que sus escuelas no les entregaron. Sin embargo, hay también
una responsabilidad de parte de las universidades de adaptar las exigencias
académicas iniciales de sus cursos, currículos y enseñanza, a la mayor
diversidad de estudiantes de hoy. Las instituciones terciarias deberían sentir
la responsabilidad de ayudar a que se gradúen todos los estudiantes que
admitan; y deberían hacerse más responsables de las bajas tasas de
permanencia de lo que son actualmente. Las instituciones aún no reciben
señales firmes del gobierno en este sentido: el gobierno chileno tiene como
objetivo lograr que el 50% de los jóvenes ingrese a la educación terciaria en
el 2012, pero no ha establecido objetivos relacionados con el término de
cursos y la obtención de calificaciones que tengan valor en el mercado. Las
tasas de permanencia no son medidas ni monitoreadas, excepto por
investigadores, que las han encontrado extremadamente bajas y variables
entre los grupos. Por el contrario, el objetivo del gobierno del Reino Unido
es que el 40% de los adultos jóvenes de su grupo meta hayan completado



satisfactoriamente cursos de educación superior en el 2012. El equipo
revisor observó que las universidades chilenas parecen sentir mucho menos
responsabilidad de que los estudiantes completen satisfactoriamente sus
cursos dentro del tiempo prescrito, que las universidades de otros países con
altos aranceles. Cuando un estudiante ha pagado sumas considerables
durante años, a menudo autofinanciado, y sale sin un grado o calificación,
parece que se considera que es culpa del estudiante por no lograr cumplir
con los estándares de la institución, mientras que en el Reino Unido o los
Estados Unidos se vería como la falla de la institución por no entregar el
apoyo académico y de bienestar. Se sugiere que el MINEDUC llegue a un
acuerdo con las instituciones, de lograr uno o más objetivos nuevos,
relacionados con la tasa de logro o permanencia y establezca un sistema para
obtener las estadísticas pertinentes.

PARTE 2. Oportunidades de Acceso a Programas de Ayuda
Estudiantil

Mecanismos de equidad y apoyo estudiantil

Como se verá en el Capítulo 8, sobre financiamiento de la educación
superior, a través de reformas de financiamiento innovadoras, Chile se ha
ubicado entre la minoría de países del mundo, tanto desarrollados como en
vías de desarrollo, que han alcanzado altos niveles de costos compartidos al
mismo tiempo que ofrece muchas opciones de estudio a sus estudiantes. Sin
embargo, desde un punto de vista de equidad, es importante verificar que los
mecanismos de asignación de fondos vigentes mejoren la distribución de los
recursos a los estudiantes de los quintiles más bajos.
Desde el retorno a la democracia en 1990, los gobiernos sucesivos han
puesto la equidad muy en alto en su agenda y la coalición de gobierno actual
no es la excepción. Los principales mecanismos para asegurar que los
estudiantes de bajos ingresos no se encuentren con barreras financieras para
seguir sus estudios, son las becas y los créditos estudiantiles.
El Ministerio de Educación maneja un gran número de programas de
becas que se describen a continuación:
• Becas Bicentenario (BB), para estudiantes chilenos que asisten a
universidades del CRUCH, tienen necesidades socio-económicas (es
decir, están en los dos quintiles de más bajo ingreso familiar); y
tienen 550 puntos o más en la PSU.



• Becas Juan Gómez Millas (BJGM), para estudiantes de escuelas
municipales o privadas subvencionadas, que asisten a universidades
del CRUCH o alguna otra institución de educación superior
acreditada, que son chilenos o de otro país Latinoamericano o del
Caribe; que están en los dos quintiles de ingreso familiar más bajo;
y que tienen 550 puntos o más en la PSU.
• Becas para estudiantes destacados que ingresen a Pedagogía
(BdP), para estudiantes chilenos que se matriculan para obtener un
grado en educación o pedagogía en una institución reconocida por el
MINEDUC; que tienen 600 o más puntos en la PSU; y tienen un
certificado de notas de educación media (NEM) con promedio 6 o
superior (en una escala de 1-7).
• Beca Nuevo Milenio (BNM), para estudiantes chilenos de escuelas
municipales o privadas subvencionadas, que se matriculan en
Cursos Técnicos de Nivel Superior en CFTs aprobados por el
MINEDUC o en programas profesionales impartidos por IPs
autorizados y acreditados; que están en los dos quintiles de ingreso
familiar más bajo; y tienen un NEM de 5.0 o superior.
• Becas de Excelencia Académica (BEA), para el cinco por ciento de
los alumnos que se gradúan de cada uno de los establecimientos de
enseñanza media municipales o particulares subvencionados, que se
matriculan en universidades del CRUCH o universidades privadas
acreditadas, CFTs o IPs; que están en los dos quintiles más bajos de
ingreso familiar; y tienen 475 puntos o más en la PSU o (si se
matriculan en un CFT o IP) si tienen un NEM de 5 o más.
• Beca Indígena, para estudiantes de grupos de minorías étnicas
definidas que están en los dos quintiles más bajos de ingreso
familiar y que tienen un NEM de 5.0 o más.
• Programas de apoyo para estudiantes de los dos quintiles más bajos
que obtienen puntajes máximos en la PSU o que son hijos de
profesores de colegio.
• Becas de mantención. Son automáticas para los beneficiarios de la
mayoría de los programas. Consisten en bonos de alimentación y
dinero para subsistencia y las administra la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB. También hay un programa de
mantención para estudiantes de regiones aisladas (el extremo norte o
sur o territorio insular), que consiste en una contribución.
La Tabla 3.8 resume las principales características de estos programas
de becas.



Tabla 3.8 Matriz de becas (2007)
Nombre del Instituciones Criterios Otros Criterios Número de Cantidad
Programa Idóneas Académicos Beneficiarios Distribuída
(Miles
USD)1
Beca Bicentenario Universidades del PSU 550 Quintiles I & II 24 737 65 532
(BB) CRUCH
Becas Juan Gómez Universidades del PSU 550 Quintiles I & II 5 354 11 003
Millas (BJGM) CRUCH e
instituciones
privadas
acreditadas

Becas para Programa PSU 600 y n.a. 560 1 262
Estudiantes Reconocido de NEM 6.
Destacados que Formación de
ingresan a Profesores
Pedagogía (BdP)

Becas para Hijos de Todas las PSU 500 y Quintiles I, II, III , IV 5 544 5 843
Profesores (BHP) instituciones NEM 5
Becas Nuevo Milenio Instituciones NEM 5 Quintiles I & II 22 758 17 464
(BNM) Técnicas graduados de liceos
estatales o privados
subvencionados
Becas de Excelencia Universidades del PSU 475 o Más alto 5% de liceos 4 196 7 780
Académica (BEA) CRUCH e NEM 5 municipales o
instituciones privados
privadas subvencionados
acreditadas

Becas Puntajes PSU Universidades del Mejor puntaje Quintiles I a IV 53 118
(BP) CRUCH e nacional y egresados de liceos
instituciones regional PSU estatales o privados
privadas subvencionados
acreditadas

Becas de Zonas Todas las n.a. Zonas extremas del 1 187 2 004
Extremas (BZE) instituciones país
Beca Indígena (BI) Todas las NEM 5 Población indígena 6 399 7 194
instituciones
Becas de Instituciones del n.a. Beneficiarios de BB, 83 011 40 396
Mantención (BM) CRUCH y BJGM o BAE
privadas
acreditadas

Nota: 1 USD = 466 CLP

Fuente: Departamento de Ayudas Estudiantiles, División de Educación Superior, Ministerio de
Educación.



Desde el punto de vista administrativo, la distribución de becas se
realiza de manera transparente, basada en un conjunto de criterios objetivos
claramente anunciados en el sitio web del MINEDUC. Los estudiantes
pueden postular en línea usando un sencillo formulario.
Los fondos para becas han aumentado significativamente en los últimos
años, de USD 40 millones en el 2000 a USD 173 millones en el 2007. El
equipo revisor reconoce que éste es un esfuerzo notable; pero, puede aún
estar lejos de ser suficiente, considerando el nivel de desigualdades sociales
que hay en Chile. Actualmente, 13.8% de todos los estudiantes matriculados
en instituciones de educación terciaria, tienen una beca de algún tipo.
Comparativamente, 51% de todos los estudiantes de pregrado en los Estados
Unidos recibe una beca.
Al comparar el número de beneficiarios de becas estudiantiles y la
población de referencia, se ve que menos de la mitad de los estudiantes de
los dos quintiles más bajos (46.4%) recibe una beca. Además, las cantidades
entregadas no son suficientes para pagar los aranceles en su totalidad. En
realidad, el aumento del valor de la beca en términos reales no ha ido a la
par con el alza de los aranceles. Por ejemplo, el valor de la Beca
Bicentenario, por estudiante, para los alumnos de las universidades del
CRUCH, aumentó un 59% en términos reales entre 1995 y 2005 mientras
que los aranceles en esas universidades subieron en un 93% en el mismo
período. Se estima que las becas hoy día cubren entre 63% y 70% del costo
real de los aranceles; para el resto, los estudiantes deben tomar un crédito.
Se puede usar el ejemplo de los estudios de medicina para ilustrar el tamaño
de la brecha que puede existir entre la cantidad de la ayuda estudiantil y el
costo de los estudios. Las visitas a universidades revelaron que el costo
anual de los estudios de medicina varía entre CLP 3 y 5 millones en las
universidades del CRUCH y puede llegar a CLP 7 millones en las
universidades privadas más exclusivas.
En un intento por regular el aumento de los aranceles, especialmente en
el sector privado, el MINEDUC ha establecido un elaborado sistema de
aranceles de referencia para calcular el paquete de ayuda estudiantil mínimo
(beca y crédito) que todos los estudiantes de bajos ingresos matriculados en
las universidades del CRUCH tienen derecho a recibir. Este sistema, que fue
aplicado por primera vez en el 2007, clasifica a las universidades e
instituciones profesionales y técnicas en base a proxies de calidad, usando
los resultados de la acreditación institucional más los mismos indicadores
que los del cálculo del 5% de la transferencia presupuestaria directa que está
asociada a los criterios de desempeño, como se discutirá en el Capítulo 8
sobre financiamiento (proporción de académicos con postgrados, proyectos
de investigación aprobados, publicaciones, tasas de graduación en el tiempo
estimado, tasas de repetición de primer año). En el mediano plazo, los



resultados de la acreditación de programas también serán tomados en cuenta
para determinar el arancel del grupo de referencia para el cual califica cada
universidad.
En teoría, el sistema de aranceles de referencia tiene dos ventajas
importantes. Desde un punto de vista de equidad, garantiza que los
estudiantes de bajos ingresos reciban un paquete de ayuda estudiantil
suficiente para pagar los aranceles al nivel que prevalece en las
universidades del CRUCH. Desde un punto de vista de eficiencia, incorporar
valores representativos de calidad y eficiencia interna, podría constituir un
fuerte incentivo para el mejoramiento de la calidad. Pero en la práctica, ha
probado ser problemático de implementar, a tal punto que en 2008, el
Ministerio ha aplicado un 6.9% de aumento en forma pareja, en lugar de
usar la metodología del año anterior. Los dirigentes de las universidades
también critican el hecho de que la agrupación afecta la configuración de
calidad existente, y de esa manera evita que las instituciones dispuestas a
invertir en mejoramiento de la calidad cobren aranceles más altos, o abre
una brecha entre lo que cobran las instituciones y la ayuda que los alumnos
pueden obtener.
En vista de estas complicaciones, el MINEDUC debería estudiar
cuidadosamente las ventajas y desventajas de mantener el sistema de
aranceles de referencia en su forma actual y considerar seriamente revisar o
simplificar su enfoque y metodología. Un primer paso sería desligar del
sistema de aranceles de referencia, los propósitos de promoción de equidad
y mejoramiento de la calidad del sistema. Puesto que el objetivo principal es
hacer que la educación terciaria sea accesible a los estudiantes de bajos
ingresos, los aspectos de calidad podrían ser tratados más eficientemente a
través de otros instrumentos, tales como la fórmula de financiamiento ligado
al desempeño, contratos de desempeño y el sistema de acreditación. Un
modo más sencillo de establecer niveles de aranceles de referencia sería dar
puntos de referencia a las cinco mejores universidades estatales de acuerdo
con su evaluación en el proceso de acreditación. Medidas complementarias
para proteger a los estudiantes de un excesivo aumento de los aranceles
podrían ser: i) exigir que las instituciones de educación superior cuyos
aranceles suben más rápidamente que el promedio nacional, justifiquen por
qué sus costos son diferentes; o ii) publicar una lista de las instituciones
cuyos precios suben más rápidamente que el promedio nacional; o – más
drásticamente, no se recomienda – iii) suspender el derecho a ayuda
estudiantil a las instituciones que consistentemente aumentan sus aranceles
más que el promedio nacional.
Un dato seriamente preocupante con respecto a la distribución de becas
es el sesgo en favor de estudiantes matriculados en las universidades del
CRUCH. La Beca Bicentenario, que fue otorgada al mayor número de



estudiantes en 2007 (24 737 estudiantes), está reservada para los alumnos de
las universidades del CRUCH. Los estudiantes del CRUCH también se
benefician con otros tipos de becas que en 2007 se otorgaron a 23 378
estudiantes. Aún cuando no hay datos precisos para hacer un cálculo exacto,
hay una alta probabilidad de que la proporción de estudiantes del CRUCH
que recibe becas exceda la cantidad de alumnos que vienen de los dos
quintiles más pobres (27%, según la Figura 3.3 en el Capítulo 1). No hay
una justificación objetiva para esta discriminación entre estudiantes que
asisten a universidades del CRUCH y estudiantes que se matriculan en otras
instituciones de educación superior.
Los estudiantes de universidades privadas tienen muy pocas
perspectivas de obtener apoyo en becas. Si la universidad privada no está
acreditada, sólo los hijos de profesores, estudiantes indígenas o los de zonas
extremas podrían tener derecho a obtenerlo. Si está acreditada, hay algunos
programas más de becas disponibles pero parece poco probable que muchos
estudiantes de universidades privadas cumplan con los requisitos.
Estos instrumentos de apoyo no sirven mucho a los estudiantes que
asisten a IPs y CFTs; sólo la Beca Nuevo Milenio (BNM) está reservada
para estudiantes de estas instituciones. Los estudiantes tienen derecho a ella
si pertenecen a los dos quintiles más pobres, si fueron a una escuela
municipal o subvencionada y si tienen un promedio de notas de educación
media 5 o superior. Sin embargo, de la Figura 3.3 y la Tabla 1.1 en el
Capítulo 1, podemos estimar que los IPs y CFTs en conjunto, tenían cerca
de 59 000 estudiantes de los dos quintiles más pobres en 2007, mientras que
la beca BNM fue asignada a 22 758. Por lo tanto, la mayoría de los
estudiantes de esos quintiles no obtuvo becas. Como es muy poco probable
que hayan asistido a escuelas secundarias privadas, deben haber sido
descalificados por su promedio de notas. Y debe haber muchos más jóvenes
de familias de bajos recursos que se quedan fuera de la educación terciaria,
aunque podrían haberse beneficiado de ella, porque la falta de
financiamiento les hace imposible continuar sus estudios. El CFT más
grande de Chile confirmó esto, informando al equipo revisor que muchos
más de sus estudiantes provienen de liceos científico-humanistas que de
liceos técnico profesionales. Debido a que los que habían asistido a liceos
técnico profesionales generalmente tenían notas más bajas y eran más
pobres, a menudo no podían pagar los aranceles de los mejores CFTs. Como
los alumnos de liceos técnico profesionales son también los que tienen
menos probabilidades de pasar la PSU e ingresar a la universidad (un
número limitado de ellos rinde la PSU, y los que lo hicieron para la
admisión del 2008 tuvieron un promedio de 429.8, muy por debajo del



mínimo de aprobación 450),16 esto indica que sólo estudiantes muy
excepcionales de estos liceos tienen una opción real de ingreso a la
educación terciaria – lo que es una seria desigualdad.
En lugar de continuar administrando por lo menos doce diferentes
programas de becas, que favorecen a los estudiantes que asisten a
universidades tradicionales y ponen rigurosas condiciones académicas aún
para quienes ingresan a instituciones no universitarias, el equipo revisor
sugiere que todos los programas actuales deberían integrarse en uno solo,
con un número muy pequeño de opciones separadas. La discriminación
entre estudiantes de las universidades del CRUCH y los de otras
universidades debería ser eliminada. Deberían revisarse los requisitos
académicos de los programas, para asegurar que son justificados y afectan
en forma justa a los diferentes grupos. En especial, los requisitos
académicos mínimos para tener derecho a becas deberían ser disminuidos
para los estudiantes que se matriculan en IPs y CFTs.
Además de becas y ayudas estudiantiles, el Ministerio de Educación
administra dos programas de préstamos a los estudiantes:
• El Fondo Solidario (FSCU) está disponible sólo para estudiantes
matriculados en universidades del CRUCH. Para ser elegibles, los
estudiantes deben pertenecer a los tres quintiles más bajos (los del
cuarto quintil también pueden postular pero no recibirán el valor
total de los aranceles) y tener por lo menos 475 puntos en la PSU. El
FSCU ofrece términos de pago generosos, con un interés anual
subsidiado de 2% (sobre la inflación) y un período de gracia de dos
años después de la graduación. La devolución tiene un recargo de
5% del ingreso total del año anterior y el período de pago es de 12 a
15 años, dependiendo de la cantidad del préstamo. Al final de este
período, cualquier parte de la deuda que falte pagar, queda
cancelada. La recuperación de la deuda es responsabilidad de cada
universidad.
• Los Créditos con Aval del Estado (CAE). Establecido en 2005, el
nuevo programa de préstamos de estudio es ofrecido en conjunto
por el gobierno y los bancos comerciales. La institución de
educación superior entrega una garantía parcial mientras el deudor
estudia; luego, la garantía es del Estado desde la graduación hasta su
devolución. La devolución comienza 18 meses después de la
graduación y puede durar hasta 20 años. Para tener derecho a estos
préstamos, el estudiante debe estar estudiando en una institución

16
Cifras proporcionadas por el Ministerio de Educación.



acreditada y tener un mínimo de 475 en la PSU o (si está
matriculado en un CFT o IP), un promedio NEM de 5.3 o superior.
Debido a que son las instituciones mismas las que garantizan el
crédito mientras los deudores estudian, ellas establecen el máximo
de estudiantes a quienes pueden garantizar. En principio, todos los
quintiles tienen derecho; pero, en la práctica, las instituciones
dirigen sus limitados recursos a aquéllos que más los necesitan.
En total, 26.4% de todos los estudiantes de pregrado toman créditos para
financiar sus estudios. El 49% de los estudiantes del primer y segundo
quintil matriculados en instituciones de educación terciaria que no
pertenecen al CRUCH, tiene un préstamo CAE. La Tabla 3.9, a
continuación, compara las características principales de los programas de
créditos estudiantiles financiados por el gobierno.

Tabla 3.9 Características principales de los programas de préstamos

Programa de crédito universitario FSCU CAE
Características
Puntaje PSU > 475 o
Requisitos académicos Puntaje PSU > 475
NEM > 5.3
Requisitos económicos Quintiles I a IV Todos los quintiles
Universidades del CRUCH e
Requisitos institucionales Universidades del CRUCH instituciones de educación terciaria
acreditadas
Tasa de interés Inflación + 2% Inflación + 6.1% (en 2007)
Período de gracia 24 meses 18 meses
Condicional al ingreso Sí No
Número de beneficiarios (2007) 129 279 38 579
Fondos públicos gastados (2007) CLP 74.7 CLP 41.7
Fuente: MINEDUC e INGRESA.

La decisión del gobierno de Chile de ampliar las oportunidades de
crédito universitario a estudiantes fuera de las universidades del CRUCH,
indica un progreso considerable dirigido a reducir las barreras financieras
que enfrentan los estudiantes de bajos ingresos. El nuevo programa de
crédito universitario (CAE) administrado por INGRESA presenta tres
características positivas. Primero, permite al gobierno el apalancamiento
(leverage) de capital privado de manera significativa. En los primeros dos
años de operación (2006 y 2007), se entregaron casi USD 200 millones en
crédito universitario a los estudiantes, con una contribución del estado de
sólo USD 28 millones, lo que representa una proporción una proporción de
leverage de 1 a 7.1. En segundo lugar, que la garantía financiera contra la
morosidad en los pagos esté en las universidades mismas, ayuda a los
estudiantes de bajos ingresos a obtener créditos sin la barrera de la garantía



que tienen estos programas de crédito universitario en muchos países. En
2007, 64% de los beneficiarios fueron estudiantes de los dos quintiles más
pobres. En tercer lugar, vinculando la acreditación institucional a la
participación en el proceso de acreditación del gobierno, se apoya el
aseguramiento de la calidad del sistema de educación superior. Aún con
estas características positivas, los administradores de INGRESA deben tener
en mente la experiencia de países tales como los Estados Unidos y Canadá
con respecto a la morosidad. Si bien el nuevo programa casi no tiene
titulados que ya estén devolviendo el préstamo, el sistema está preparado
para los pagos y prevenir la morosidad, de manera de evitar un shock
repentino en caso de que un gran número de graduados no esté cumpliendo
cuando las primeras cohortes deban empezar a pagar. Esta es en gran parte
la responsabilidad de los bancos comerciales participantes, sin embargo,
INGRESA debería supervisar los procedimientos para proporcionar
información adecuada a los alumnos que se gradúan, ampliando el proceso
de revisión del gobierno para el pago de la garantía y diseñando programas
especiales para administrar los crédito universitario morosos.
En cuanto a posibles mejoras en la estructura del sistema de crédito
universitario, se debe destacar que la coexistencia de dos programas de
crédito universitario con condiciones diferentes no puede justificarse desde
un punto de vista de equidad ni en términos de eficiencia. En primer lugar,
los estudiantes matriculados en universidades del CRUCH, que representan
53% del total de la población estudiantil, recibieron un 64% de los fondos
públicos dedicados a crédito universitario en 2007. En segundo lugar, no
hay suficientes fondos para dar crédito universitario CAE a todos los
estudiantes del primer y segundo quintil. Sólo el 30% de los estudiantes de
educación superior que no están en universidades del CRUCH tienen un
préstamo CAE, según las estadísticas de INGRESA. En tercer lugar, las
condiciones de los programas de préstamos subsidiados para los estudiantes
del CRUCH son más favorables que las de los programas de crédito
universitario garantizados, en términos del interés más bajo que se cobra, el
período de gracia más largo, la cláusula contingente al ingreso, y la
posibilidad de perdonar la deuda al final del período oficial de devolución.
En cuarto lugar, desde un punto de vista de eficiencia, los registros de
devolución del FSCU no han sido adecuados. No obstante la falta de
procesos de contabilidad e información rigurosos en algunas universidades,
las estadísticas en general muestran un deterioro entre 2000 y 2005 en
términos del coeficiente de recuperación (Tabla 3.10).



Tabla 3.10 Registro de devolución del FSCU (2000-2005, en miles de CLP)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Desembolsos 38 791 41 748 46 235 49 223 50 168 55 252
Devoluciones 24 555 25 238 25 607 32 894 25 473 25 327

Coeficiente de recuperación 63.3% 60.5% 55.4% 66.8% 50.8% 45.8%

Fuente: Estadísticas MINEDUC.

Los procedimientos de la organización del FSCU no permiten al
gobierno aprovechar la potencial economía de escala para administrar
crédito universitario. Esto es especialmente así en lo que respecta a los
procedimientos de cobro. Considerando que, por definición, las
universidades no son instituciones financieras, sería mucho más eficiente
usar bancos comerciales o agencias de cobro especializadas para este
propósito. El gobierno de Chile debería, por lo tanto, considerar seriamente
unir los dos programas de crédito universitario existentes, tanto por razones
de eficiencia como de equidad. El FSCU está fuertemente subsidiado y sufre
bajos niveles de devolución. Tener un solo programa de préstamos al estilo
del sistema de préstamos garantizados, terminaría con la segregación entre
estudiantes del CRUCH y no del CRUCH implícita en el doble sistema
actual. El programa de préstamos garantizados representa un costo mucho
menor al estado y tiene potencial para una mejor devolución de parte de los
titulados. Podría ser aún más eficiente y equitativo si se introdujera un
elemento de pago contingente al ingreso o, por lo menos, siguiendo un
programa de devolución por etapas, que reflejara mejor la curva de ingreso
de los graduados. Si en el mediano plazo, el CAE no tuviera el éxito que se
espera, en términos de recuperación de los préstamos y de participación
financiera de los bancos comerciales, el gobierno de Chile podría considerar
un sistema de préstamos contingente al ingreso, como los que existen en
países como Australia, Nueva Zelanda o el Reino Unido.
El Estado también debería hacer esfuerzos financieros adicionales para
llegar a una proporción mayor de los estudiantes que necesitan ayuda de este
tipo. Una vez más se debería considerar la posición de los jóvenes que
desean ingresar a una capacitación técnica o profesional en CFTs e IPs. El
CAE actualmente exige un NEM de sobre 5.3%. Como se ha demostrado
anteriormente, una exigencia de un NEM menor de 5 excluye a la mayoría
de los estudiantes de CFTs y IP de los dos quintiles de ingreso más bajos, de
la posibilidad de obtener apoyo financiero. Por lo tanto, si los préstamos



están disponibles de una manera equitativa a los estudiantes necesitados que
se deciden por una capacitación técnica, su exigencia del NEM debería
reducirse mucho más, si es que se mantiene de todas maneras.
El último aspecto que debe ser examinado con respecto a la equidad es
el tema de las posibilidades que tienen los estudiantes con medios limitados,
que no tienen el derecho a una beca o préstamo y que, por lo tanto, deben
pagar los aranceles. No hay estadísticas sobre el número de estudiantes de
los quintiles 1 y 2 que no tienen ayuda financiera, pero la gama de aranceles
cobrados por los diversos tipos de institución (Tabla 3.11) hace altamente
probable que una cantidad significativa de estos estudiantes desista de
estudiar en las universidades más caras.

Tabla 3.11 Gama de aranceles en Chile (2005)

Valor del Arancel Aranceles como % de per cápita
(equivalente en USD) PIB
CFT 1 760 19.8%
IP 2 200 24.8%
Universidades del CRUCH 3 700 41.7%
Universidades privadas 4 200 47.3%
Fuente: MINEDUC, Informe de Antecedentes.

Efectivamente, como se verá en detalle en el Capítulo 8 sobre
Financiamiento, al comparar el nivel de los aranceles con el ingreso per
cápita, se ve claramente que el costo de los estudios es considerablemente
más alto que en los países de la OCDE que cobran aranceles. Con el 30%
per cápita, Chile es casi dos veces más caro que Corea (16%) y tres veces
más que Japón (12%), los Estados Unidos y Australia (11%). Considerando
el alto costo de estudiar en instituciones privadas en Chile y la relativa baja
proporción de estudiantes que tienen el beneficio de ayuda estudiantil, el
gobierno de Chile necesita dar alta prioridad a una mayor expansión de las
oportunidades de ayuda estudiantil para asegurarse de que ningún alumno
calificado quede sin continuar sus estudios terciarios por razones
financieras.

Análisis de la incidencia de los beneficios

Un aspecto adicional, digno de investigar es si el sistema de
financiamiento de la educación superior reduce o aumenta las desigualdades
socio-económicas existentes. No obstante el hecho de que los estudiantes de



bajos ingresos no están debidamente representados a nivel de educación
terciaria como resultado de factores adversos que se dan en la educación
primaria y secundaria, agravados por los efectos del proceso de admisión,
analizar la incidencia de los beneficios del gasto público en la educación
superior permite verificar si los estudiantes de bajos ingresos reciben una
participación justa de los recursos. También sirve para identificar cuáles
instrumentos financieros tienen un efecto redistributivo positivo y cuáles son
regresivos. La Tabla 3.12 resume los resultados del análisis de incidencia de
los beneficios. Para cada mecanismo de financiamiento, la tabla muestra la
parte de los recursos públicos que va directa o indirectamente a cada quintil.
Si la parte de los recursos es igual o mayor que la parte de ese grupo en la
población estudiantil general, el mecanismo es neutral o tiene un efecto
distributivo positivo. Una parte más pequeña significa que el mecanismo es
regresivo. El Anexo describe la metodología que se siguió para hacer esta
Tabla.

Tabla 3.12 Análisis de la incidencia de los beneficios del gasto público en la educación
superior (2007)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total

AFD 10.8% 14.1% 18.3% 25.9% 30.9% 100.0%
AFI 7.6% 13.9% 18.2% 27.6% 32.7% 100.0%
Becas 53.8% 32.3% 6.2% 7.4% 0.3% 100.0%
Fondo Solidario 21.5% 14.3% 35.7% 28.5% 0.0% 100.0%
INGRESA 39.7% 24.1% 22.7% 13.5% 0.0% 100.0%
MECESUP / FDI 11.2% 15.0% 19.6% 26.6% 27.5% 100.0%
CONICYT 7.2% 13.0% 16.1% 24.3% 39.4% 100.0%
Participación de subsidios públicos recibida por cada quintil 20.7% 17.3% 21.0% 22.9% 18.1% 100.0%
Participación de cada quintil en la matrícula total 10.0% 14.1% 18.7% 26.6% 30.5% 100.0%
Fuente: Elaborada por el equipo revisor usando datos proporcionados por el MINEDUC, el Consejo de
Rectores (CRUCH) y las universidades visitadas.

La principal conclusión de este análisis es que, en general, el sistema de
financiamiento de la educación terciaria asigna una mayor cantidad de
recursos (38%) a estudiantes de los dos quintiles más pobres, que
representan 24% del total de la población estudiantil. Esto se debe
esencialmente a la creciente importancia de los mecanismos de ayuda a los
estudiantes (becas y créditos). Las becas y programas de créditos
garantizados son los mecanismos más progresivos. El sistema de créditos
subsidiados, por ejemplo, no está bien enfocado desde una perspectiva de
equidad, ya que los estudiantes de los quintiles 3 y 4 están sobre



representados. Los recursos para el mejoramiento de la calidad distribuidos
a través del MECESUP son relativamente neutrales desde un punto de vista
de equidad porque varias universidades regionales, donde la proporción de
estudiantes de bajos ingresos es más alta que en las universidades de
Santiago, han tenido bastante éxito al competir por estos recursos. Los
recursos de CONICYT, por otra parte, han tenido un efecto regresivo ya que
las universidades que más investigación hacen son también las que tienen la
más alta proporción de estudiantes de familias ricas. El AFI también es muy
regresivo porque está determinado por los resultados de la PSU, en la cual
los estudiantes de familias de bajos ingresos generalmente no se tienen
buenos resultados. La Figura 3.4 ilustra los patrones de esta distribución.

Figura 3.4 Análisis de la incidencia de los beneficios de inversión pública en la educación
superior

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Nivel de ingresos

Fondos institucionales (AFD) "Programa de bono para los Mejores (AFI)

Becas Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU)

Crédito con Garantía del Estado (INGRESA) Fondo Competitivo (MECESUP/FDI)

Fondo para la Investigación (CONICYT)

Fuente: La misma señalada en Tabla 3.12.

Los resultados de este análisis refuerzan la conclusión declarada
anteriormente, principalmente, que el aumento del financiamiento para
ayuda estudiantil es el instrumento más efectivo para mejorar la equidad y



evitar que los estudiantes sean excluidos de la educación terciaria por
razones económicas.

Conclusiones

Admisión y retención
El gobierno de Chile ha declarado sus objetivos de corregir las
desigualdades en los procesos de admisión y de garantizar a todos los
jóvenes de talento el derecho a ingresar a la educación superior. Estos
objetivos loables pero ambiciosos, tienen aún que lograrse completamente.
Está entrando a la universidad un número menor de alumnos de grupos
de ingreso más bajo que el que podría predecirse de su tasa de graduación en
la educación media. Las brechas de equidad parecen ensancharse durante el
proceso de admisión a la educación superior, que depende en gran parte en
el desempeño en la PSU.
Los estudiantes de grupos de bajos ingresos, de colegios municipales o
de sexo femenino, tienen menos probabilidades de completar el proceso de
admisión obteniendo un lugar en la universidad CRUCH de su elección que
los estudiantes que vienen de grupos de ingreso más alto, colegios privados
(especialmente privados no subvencionados) o de sexo masculino. Y si son
aceptados, también tienen menos probabilidades de tener acceso a ayuda
financiera. Hay alguna evidencia – pero menos clara – de que las
oportunidades difieren en regiones diferentes.
Los estudiantes de grupos de ingreso más bajo también están poco
representados en las universidades privadas, IPs y CFTs – siendo más
notorio en las universidades privadas y menos en los CFTs. Esto tiene
menos que ver con los sistemas de admisión que con la ayuda estudiantil
disponible a los estudiantes de estas instituciones.
A través de la limitada información disponible, parece que los alumnos
de grupos de ingreso más bajos y escuelas municipales tienen más
probabilidades de abandonar la universidad. Los que logran graduarse,
tienden a demorar más en completar sus cursos.
La mayoría de estas brechas de equidad tiene sus raíces en la
preparación diferente recibida en la educación media. Hay en proceso
importantes iniciativas nacionales para mejorar la educación media de los
estudiantes más pobres y los que asisten a escuelas municipales. Sin
embargo, no se puede confiar en que estas iniciativas resuelvan todos los
problemas de equidad en el futuro cercano.



Parece necesaria una mayor acción para reducir las desventajas
competitivas que enfrentan algunos grupos en el proceso de admisión actual
y para mejorar sus posibilidades de graduarse.

Ayudas estudiantiles
El gobierno de Chile ha establecido un amplio sistema de ayuda
financiera para estudiantes de bajos ingresos, incluyendo becas, bonos de
mantención y créditos estudiantiles. Los fondos para becas han aumentado
en forma importante en los últimos años. Sin embargo, a pesar de este
esfuerzo notable, sólo 13.8% de todos los estudiantes matriculados en
instituciones de educación superior reciben una beca de algún tipo,
comparado con el 51% en los Estados Unidos. Además, las cantidades
entregadas no son suficientes para pagar los aranceles en forma completa.
Menos de la mitad de los estudiantes de los más bajos quintiles de
ingreso recibe una beca. Sólo 30% de los estudiantes de estos quintiles
matriculados en universidades que no pertenecen al CRUCH, y 40% de los
estudiantes de IPs de estos quintiles, tienen un crédito CAE.
La probabilidad de obtener becas y préstamos de apoyo es notablemente
baja en los CFTs, aunque los CFTs preparan a un alto número de los
estudiantes más pobres. Sólo 20% de los estudiantes de CFT del primer y
segundo quintil tienen un préstamo CAE.
El nuevo programa de préstamos para estudiantes (CAE) presenta varias
características positivas, incluyendo su capacidad de captación (leverage) de
capital privado, el hecho de que la responsabilidad de la garantía financiera
contra la morosidad sea de las universidades mismas, y el vínculo con el
proceso de acreditación. Es el instrumento financiero con impacto más
positivo desde el punto de vista de la redistribución de recursos públicos a
estudiantes de bajos ingresos.
La implementación del sistema de aranceles de referencia ha
demostrado ser problemático, debido a la complejidad de su metodología.

Recomendaciones

Admisión y retención
Se debería estimular vigorosamente las iniciativas de mejoramiento
escolar que ya están proceso, para mejorar la educación de los alumnos más
pobres y los que asisten a escuelas municipales.



Se propone un análisis y revisión de la PSU, para tratar los problemas de
equidad que afectan a los jóvenes chilenos cuyas familias y circunstancias
escolares los ponen en desventaja al competir por cupos en la educación
superior y para poder detectar mejor aquéllos que tienen mayores
probabilidades de beneficiarse con la educación superior. Se sugiere dos
opciones, basadas en la experiencia internacional. La primera, es cambiar a
una prueba o examen de egreso de la educación media que también
establezca el estándar mínimo para la admisión a la universidad. La segunda
opción es reformar la PSU incluyendo ensayos extensos y tests de capacidad
de razonamiento y potencial de aprendizaje.
Se proponen algunos cambios a las etapas post PSU del sistema de
admisión a la universidad. Sería útil para los postulantes y para asegurar la
transparencia si las universidades privadas de Chile se unieran con las
universidades CRUCH en un sistema común de asignación de vacantes,
incluyendo una central de procesamiento de las postulaciones.
Para permitir que el sistema de asignación común preste servicio a más
universidades con una gama de orientaciones más amplia, y para mejorar las
probabilidades de los estudiantes menos aventajados de obtener cupos en sus
instituciones preferidas, se propone cambiar la práctica actual del CRUCH
de asignar cupos según el puntaje total basado en la PSU, a un sistema de
admisión más multi-dimensional en el cual se estimule a las universidades a
adoptar criterios objetivos apropiados a sus variadas orientaciones y (si así
lo deciden) dar prioridad a los postulantes de grupos menos aventajados o
poco representados. Se sugieren maneras de protección contra la adopción
de criterios no objetivos o prácticas de admisión cuestionables.
Se sugiere que el MINEDUC explore las opciones para ayudar a los
jóvenes de Liceos con menos ventajas que tienen aspiraciones de ir a la
universidad, a prepararlos para la prueba nacional de ingreso a la
universidad o test de egreso de educación media.
El MINEDUC también podría pensar en financiar cursos de “acceso”,
sin costo o de bajos aranceles, para capacitar a los jóvenes de grupos poco
representados y que tienen potencial universitario, pero que salieron del
colegio sin aprobar la prueba de admisión universitaria, para que califiquen
para el entrar a la universidad. Una prueba de capacidad de razonamiento
verbal y no verbal, también conocida como una prueba de aptitud, evaluaría
el potencial universitario.
Se proponen más medidas para ayudar a la permanencia de jóvenes mal
preparados que vienen de grupos de ingreso más bajo y escuelas
municipales, ofreciendo después de la admisión, cursos de “refuerzo de
conocimientos” para mejorar las probabilidades de completar sus estudios
antes de que los alumnos comiencen el currículo formal universitario.



También hay una responsabilidad de las universidades chilenas de adaptar
las exigencias iniciales de cursos, currículos y enseñanza a la mayor
diversidad estudiantil de hoy, como parte de su responsabilidad de ayudar a
cada estudiante para que logre graduarse. Se sugiere que el MINEDUC
acuerde con las instituciones uno o más objetivos relacionados con la tasa de
finalización o permanencia y establezca un sistema para recolectar las
estadísticas correspondientes.

Ayuda estudiantil
Por razones de equidad y eficiencia, se propone que el MINEDUC
fusione todos los programas de becas existentes en uno solo, con un
pequeño número de opciones, y también fusionar los dos programas de
créditos estudiantiles actuales.
Sería preferible fusionar los dos programas de préstamos en el modelo
CAE más bien que en el FSCU, porque el CAE es más promisorio ya que es
más sostenible. El CAE podría hacerse más eficiente al introducir un
elemento de pago contingente al ingreso o, por lo menos, siguiendo un
programa de pago graduado que reflejara mejor la curva de ingresos de los
graduados. Se debería hacer serios esfuerzos para llegar a una proporción
más alta de alumnos necesitados.
Debido al alto costo privado de estudiar en Chile, el gobierno debería
expandir las oportunidades de becas y créditos aún más, y asegurarse de que
las condiciones de todos los programas sean equitativas y apropiadas,
teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes y los variados objetivos
de la educación superior. La meta debe ser asegurarse de que ningún
estudiante calificado se vea impedido de ingresar y completar la educación
terciaria por razones financieras ya sea en una universidad o en el sector no
universitario.
El MINEDUC debería estudiar cuidadosamente las ventajas y
desventajas de mantener el sistema de aranceles de referencia en la forma
compleja que tiene actualmente. Una manera más simple de establecer
niveles de aranceles de referencia sería clasificar las cinco mejores
universidades según su evaluación en el proceso de acreditación. Algunas
medidas complementarias para proteger a los estudiantes de un aumento
excesivo de los aranceles podrían ser: i) exigir que las instituciones de
educación superior cuyos aranceles aumentan más rápidamente que el
promedio nacional, que justifiquen por qué sus costos han crecido
desproporcionadamente; o ii) publicar una lista de las instituciones cuyos
precios sobrepasan el promedio nacional.



Referencias

Beatrice Avalos (2003) Paridad de Género e Igualdad en Chile. Santiago.
www.puc.cl/webpuc/piloto/p_estudiantes.html
www.estudie.cl
OCDE (2007), Education at a Glance. Paris: OCDE.
OCDE (2007), Economic Surveys: Chile. Paris: OCDE.



Anexo

Metodología Aplicada para Realizar el Análisis de Incidencia de los
Beneficios

Se trató de medir el impacto de equidad de los fondos públicos en la
educación terciaria en Chile (Tabla 3.12 del texto principal). Para cada tipo
de mecanismo financiero, la tabla muestra la distribución de recursos
recibidos por grupos de cada de quintil. También computa el efecto
distributivo de los fondos públicos en la educación terciaria, agregando
todos los recursos de diferentes instrumentos de asignación que son captados
por cada grupo de ingreso. Si la parte de los recursos es igual o mayor que la
parte de ese grupo en la población estudiantil general, el mecanismo es
neutral o tiene un efecto distributivo positivo. Una parte menor significa que
el mecanismo es regresivo desde un punto de vista de equidad.
Los datos sobre la distribución de los estudiantes por quintil de ingreso
están disponibles en el Informe de Antecedentes y varias otras
publicaciones, usando la Encuesta CASEN de 2006 como fuente de
información. La encuesta familiar contiene información sobre ingresos,
gastos y asistencia a la universidad. Algunas universidades, especialmente la
Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile, también han
compartido información de sus estudiantes por quintil de ingreso.
Se usaron dos métodos para calcular la cuota de recursos recibidos,
dependiendo de la naturaleza del mecanismo de financiamiento. Para los
mecanismos que asignan dinero directamente a los estudiantes, el análisis se
basa en estadísticas oficiales del MINEDUC (para programas de becas y
crédito universitario subsidiados, FSCU) e INGRESA, para el programa de
préstamos garantizados (CAE), mostrando la distribución de recursos entre
varios grupos de ingreso. Los datos sobre la distribución del AFI por grupos
de ingreso y tipos de institución de educación terciaria son proporcionados
por el Consejo Superior de Educación.
En el caso de las otras categorías de recursos que se entregan a las
instituciones mismas (AFD, MECESUP, CONICYT), el supuesto es que,
por cada instrumento, un quintil dado recibe, dentro de la institución, una
cuota de recursos equivalente a su proporción en la población general de
estudiantes. Por ejemplo, la tabla construida para calcular la distribución de
recursos AFD toma las cantidades recibidas por la Universidad de Chile y
las divide por esa cantidad entre los quintiles de alumnos aplicando su cuota



respectiva de matrícula. La Universidad Católica sigue el mismo método y
luego, para las universidades del CRUCH restantes, tomadas como si fueran
una sola universidad, en ausencia de datos precisos sobre la distribución de
estudiantes por quintil para cada una de las 23 universidades restantes.
Es importante ver que comparar la incidencia del gasto público no da
toda la información. Si estuvieran disponibles los datos de los aranceles
reales pagados por estudiantes de varios grupos de ingreso, el análisis
completo de la incidencia de los beneficios vería los gastos fuera de la
recuperación de los costos de aranceles, los gastos de bolsillo no
arancelarios, y el valor del tiempo durante el cual se asiste a la institución de
educación terciaria, para poder asegurar la capacidad de pagar este tipo de
educación.


RELEVANCIA – 131

Capítulo 4. Relevancia

Este capítulo comienza analizando el mercado laboral para el trabajo
calificado, la opinión de los empleadores con respecto a los profesionales
universitarios en Chile y la disponibilidad de información para los usuarios
del sistema educacional. Luego analiza las oportunidades de progresión que
facilitan seguir estudios a través de diferentes niveles y formas de
aprendizaje: desde las escuelas al lugar de trabajo y desde centros de
capacitación a través de los distintos tipos de instituciones de educación
superior (CFTs, IPs y universidades). Un análisis de la internacionalización
de la educación terciaria en Chile destaca la importancia de los lazos de
cooperación con socios extranjeros para mejorar la competitividad
internacional del país.
Se discuten áreas claves de acción y el capítulo concluye con
recomendaciones para mejorar la relevancia de los cursos y de los
currículos que incluyen: i) el fortalecimiento de los vínculos entre la
educación terciaria y el mercado laboral mediante una mejor información
actualizada y una mayor participación de los empleadores; ii) la creación
de nuevos itinerarios a través del sistema educacional que se podrían
facilitar estableciendo un Marco Nacional de Calificaciones y un Centro de
Información de Reconocimiento Nacional; y iii) una estrategia para
internacionalizar más el sistema de educación terciaria en Chile,
incluyendo el desarrollo más sistemático de un segundo idioma y
aumentando el intercambio internacional y los programas académicos
extranjeros.

El gobierno de Chile, consciente de que la productividad laboral será
determinante para el crecimiento económico, está decidido a que Chile
continúe aumentando las fortalezas educativas y resultados logrados hasta
ahora, para competir como una sociedad de conocimiento en una economía
cada día más globalizada. En el Índice de Competitividad del Foro
Económico Mundial (WEF) Chile tiene un ranking total de 26 entre 131
países y se mantiene como la economía más competitiva de América Latina.
Uno de los pilares de este índice se refiere a la calidad de la educación


132 – RELEVANCIA

superior, a la capacitación y al requisito de las economías competitivas de
“formar reservas de trabajadores bien calificados que sean capaces de
adaptarse rápidamente a un entorno cambiante”. Para llegar a un sistema de
clasificación, la WEF mide las tasas de matrícula secundaria y terciaria y
también la calidad de la educación según la evaluación que hacen los
empresarios. Más aún, “no se debe subestimar la importancia de una
capacitación vocacional y continua en el trabajo, descuidada por muchas
economías, porque asegura una constante actualización de las destrezas de
los trabajadores que se adaptan a las cambiantes necesidades del sistema
productivo”.1 El Ranking de Chile en el WEF de Educación Superior y
Capacitación es el lugar 42 entre 131 países que lo ubica por sobre sus
vecinos latinoamericanos, pero más bajo que todos los países de la OCDE,
con excepción de Luxemburgo, Turquía y México.

Tabla 4.1 Ranking (de 131 países) por sub-índice de educación superior y capacitación,
en países seleccionados de la OCDE y de América Latina, China e India: 2007-2008

Países Ranking Países Ranking
Finlandia 1 Francia 18
Suecia 2 Irlanda 21
Dinamarca 3 España 31
Taipei China 4 Chile 42
Estados Unidos 5 India 55
Nueva Zelanda 12 Brasil 64
Canadá 13 Uruguay 67
Australia 14 México 72
Reino Unido 15 China 78
Fuente: Foro Económico Mundial, 2007-2008 http://www.gcr.weforum.org.

En su estudio sobre el Clima de Inversiones, el Banco Mundial, al
discutir su Índice de Economía del Conocimiento para Chile, se refiere al
“número insuficiente de trabajadores técnicos y profesionales” del país,
como un desafío clave de capital humano2 y se refiere a “la percepción de
los empleadores de que la insuficiencia de trabajadores calificados es uno de
los mayores obstáculos para el crecimiento”.3
El Consejo de Innovación para la Competitividad de Chile informó al
equipo revisor que existe gran preocupación en Chile sobre la calidad y

1
World Economic Forum. Informe sobre Competividad Global 2007-2008. Pág. 3
http://www.gcr.weforum.org/.
2
World Bank, Estudio de Clima de Inversiones, pág. 36.
3
Resumen ICS página 23.


RELEVANCIA – 133

relevancia de gran parte del sistema de educación superior y capacitación y
entregó una lista de problemas que deben ser abordados como parte de la
estrategia de gobierno. Algunos de éstos son: la disponibilidad de sistemas
de información adecuados y de fácil acceso a los usuarios para ayudar a los
futuros estudiantes y a sus familias en la elección de carreras e instituciones;
la rapidez y capacidad de absorción de titulados que tiene el mercado
laboral; el tiempo que toma graduarse en la mayoría de las disciplinas; la
calidad y relevancia de capacitación en Centros de Formación Técnica
(CTF); el limitado énfasis que se pone en la flexibilidad y en las
competencias genéricas dentro de los programas académicos; la necesidad
de lograr mejores vínculos entre la capacitación formal e informal; y la
necesidad de desarrollar un marco de aprendizaje permanente.
Los capítulos posteriores de este informe tratarán los temas de
gobernabilidad, calidad y financiamiento de la educación terciaria en Chile;
este capítulo analiza el mercado para trabajadores capacitados y los puntos
de vista de los empleadores con respecto a los titulados de la educación
terciaria en Chile. Este capítulo también revisa la disponibilidad de
información para los usuarios del sistema de educación y la disponibilidad
de oportunidades educacionales para facilitar la progresión a través de
distintos niveles y formas de aprendizaje, desde la escuela al lugar de trabajo
y desde la capacitación a la educación superior, además examina las barreras
que impiden una elección individual en esta etapa. La necesidad de
reorientar los programas existentes para incluir competencias genéricas y
adquirir un mejor manejo de un segundo idioma, como asimismo reformas a
todo el sistema para enfrentar temas como la excesiva duración de algunos
estudios y la necesidad de desarrollar una estrategia que mejore la
internacionalización. El capítulo concluye indicando opciones de políticas y
recomendaciones para enfrentar estos temas.

Provisión de educación terciaria en Chile

De acuerdo con la Tabla 1.1, los principales proveedores de educación
terciaria en Chile son las 61 universidades. El sistema de educación técnica
terciaria, conocida también como sector no-universitario, está compuesto de
los Institutos Profesionales (IPs), que ofrecen programas profesionales de 4
años y programas técnicos de 2-2.5 años, conducentes a grados técnicos
superiores, y Centros de Formación Técnica (CFTs), que normalmente
enseñan programas que duran 2 a 2.5 años. Algunos CFTs son
administrados por las universidades a las cuales están afiliados. La política
del gobierno chileno ha sido mantener este sistema binario de educación
terciaria al mismo tiempo que se desarrollan incentivos para estimular a los


134 – RELEVANCIA

estudiantes de los IPs y CFTs para que sigan estudios universitarios cuando
sea apropiado.
Los requisitos para ingresar a los IPs y a los CFTs no son los mismos de
las universidades. A menudo – generalmente para ingresar a los CFTs –
basta con la licencia de educación media y no se requiere haber rendido la
PSU. Los 43 IPs existentes son privados y autofinanciados. Su matrícula en
2007 ascendió a 133 000 estudiantes. Los 105 CFTs también son privados y
se autofinancian. Su matrícula en 2007 fue cerca de 79 000, sumando una
matrícula total en educación terciaria técnica de 212 000.
Como ya se mencionó en el Capítulo 3 referente a Acceso y Equidad,
los alumnos de IPs y CFTs tienen menos posibilidades que los
universitarios, particularmente del CRUCH, de obtener becas o préstamos
para ayudarlos a financiar sus estudios. Algunos estudiantes de bajos
recursos de los IPs y CFTs con excelentes notas de educación media (NEM)
pueden optar a las Becas Nuevo Milenio (BNM) o las Becas de Excelencia
Académica (BEA) destinadas al 5% de los mejores estudiantes de cualquier
escuela pública. Sin embargo, de acuerdo con la Tabla 3.8, en 2007 se
beneficiaron 26954 estudiantes en base a los dos esquemas indicados y sin
duda, muchas de las 4196 becas BEA fueron otorgadas a alumnos
universitarios. Por lo tanto, el total de estudiantes de IPs o CFTs cuyos
estudios son financiados con becas de fondos públicos se calcula en 23 000
a 25 000, es decir, uno de cada nueve estudiantes de IPs y CFTs. Por lo
tanto, siete de ocho deben financiarse sus estudios, aunque aquellos que
egresan con muy buenas calificaciones que asisten a instituciones
acreditadas pueden postular a préstamos discrecionales bajo el esquema de
créditos CAE, que es relativamente nuevo.

El mercado para trabajadores calificados

A partir del año 2000 ha habido una mejora moderada en las tasas de
desempleo en Chile, cuyos niveles, aunque son mayores que lo deseable, no
son especialmente altas de acuerdo a estándares internacionales (ver
Tabla 4.2). El desempleo se concentra fuertemente en grupos jóvenes, lo que
hace suponer que los jóvenes que terminan el sistema escolar demoran
mucho en encontrar un trabajo fijo.


RELEVANCIA – 135

Tabla 4.2 Chile: tasas de desempleo por edades, 2000-2006

Porcentajes
2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061
Todas las edades 8.3 7.9 7.8 7.4 7.8 6.9 6.0
15-19 25.2 25.7 29.3 26.6 20.9 23.8 20.3
20-24 18.4 17.0 17.8 17.2 17.8 15.5 13.7
25-29 11.1 11.0 11.1 11.3 11.2 11.0 9.3
30-59 5.9 5.6 5.4 5.1 5.7 4.9 4.2
60+ 3.6 2.8 2.3 2.2 2.8 2.0 2.1
1
Nota: Cambios de metodología en 2006 no permiten una comparación estricta con años
anteriores.

Fuente: Base de datos ILO, basada en estudios del último trimestre de cada año.

Sólo hay información disponible sobre niveles de desempleo por nivel
educacional para 2006 (Tabla 4.3), pero esto confirma el hecho que las
peores tasas corresponden a personas con educación secundaria o terciaria
incompleta.

Tabla 4.3 Tasas de desempleo según nivel de educación 2006 (%)

Total 6.0
Menos que primario 3.8
Primario 4.1
Secundario 7.1
Algunos terciarios 7.2
Primer grado o equivalente 5.2
Sin identificar 1.3
Fuente: Base de datos ILO, basado en investigaciones en el último trimestre de cada año.

Aunque hay limitada información consistente sobre tendencias del
mercado laboral en Chile, y es especialmente escasa con respecto a los
graduados del sistema de la educación terciaria, la información existente
indica que terminar la educación terciaria universitaria resulta atractivo en
cuanto a oportunidades de trabajo. El MINEDUC tiene un sitio de internet
(www.futurolaboral.cl) que entrega información sobre la experiencia en el
mercado laboral de estudiantes titulados recientemente en 100 áreas, que
cubren aproximadamente un 75% de todas las carreras técnicas y
profesionales. La versión más reciente de este sitio, en enero 2008, contiene
información sobre la situación de 2005 y se basa en los ingresos detectados


136 – RELEVANCIA

a través de declaraciones de impuestos de cerca del 94% de quienes se
graduaron en 2000 y 2001. Esta información indica una “tasa de retorno”
aproximada del tiempo adicional en cada nivel de educación, basada en el
ingreso promedio recibido por aquéllos que ingresaron al mercado laboral
después de completar dicho nivel, en comparación con quienes lo hicieron
luego de completar el nivel inmediatamente inferior. El retorno al obtener un
título universitario, comparado con sólo haber completado la educación
secundaria fue muy alto, 19.4%. El retorno de titulados de un IP fue 13.2% y
de un CFT, 10.4%. Se debe mencionar que la “inversión” sobre la cual se
calcula este retorno es el ingreso privado que no se ha recibido al no haber
ingresado antes al mercado laboral. Esto no incluye el gasto público o el
privado de la educación superior.
El sitio de internet informa no sólo sobre el ingreso medio (calculado en
valores de 2006) de cada campo laboral en el segundo y cuarto año
posteriores a la graduación, sino también los ingresos, después de cuatro
años, de los percentiles más altos y los más bajos, 10° y 25°. Esto confirma
claramente que los titulados de universidades pueden tener expectativas de
ingresos más altos que los egresados de IPs o, con mayor razón, de los
CFTs. La Tabla 4.4 muestra la información clave respectiva del sitio de
internet. Los ingenieros en minas perciben los sueldos promedios más altos,
después de cuatro años (CLP 2.3 millones mensuales, en 2006) y de ellos,
un 25% ganaba más de 2.85 millones. En general, y dentro de lo predecible,
los mayores sueldos entre los titulados universitarios eran de los ingenieros,
abogados o en áreas de la salud; todas las 14 especialidades que ganaban
más de CLP 1 millón mensuales después de 4 años eran en estos campos.
Los ingresos más bajos eran en educación y de éstos, los mejor pagados eran
los profesores de matemáticas (CLP 591 000), mientras que las educadoras
de párvulos percibían sólo CLP 309 000 mensuales. Los titulados de IPs
mejor pagados eran los especialistas en IT (CLP 730 000) y los que recibían
menos eran los diseñadores de interiores (CLP 309 000) Los peor pagados
de todas las carreras eran los asistentes de obstetricia que estudiaron en
CFTs, con CLP 238 000 mensuales, el 10% de los cuales recibía menos de
CLP 147 000 mensuales. Como es de esperar, la diferencia relativa entre las
carreras mejor pagadas y las peor pagadas aumenta con la experiencia, lo
que queda demostrado por el aumento relativo de los sueldos entre el
segundo y el cuarto año.


RELEVANCIA – 137

Tabla 4.4 Las 15 carreras mejor pagadas y las 15 peor pagadas
Cursos Carrera Sueldo mensual Sueldo % aumento de % empleado % empleado
Requeridos Segundo año mensual ingreso entre el el segundo el cuarto año
('000 2006 CLP) Cuarto año segundo y año
('000 CLP) cuarto años
Universidad Ingeniería en Minas 1 761 2 302 31 99 99
Universidad Geología 1 558 1 814 16 95 97
Universidad Ingeniería Eléctrica 1 169 1 399 20 98 98
Universidad Medicina 1 039 1 349 30 95 98
Universidad Ingeniería Civil 1 111 1 338 20 98 98
Universidad Leyes 923 1 300 41 92 96
Universidad Ingeniería Industrial (y 1 035 1 294 25 96 98
menciones)
Universidad Ingeniería en 1 093 1 254 15 98 99
Computación
Universidad Ingeniería Electrónica 1 037 1 196 15 94 97
Universidad Ingeniería Mecánica y 909 1 177 29 95 98
Metalúrgica
Universidad Ingeniería Química 837 1 156 38 95 99
Universidad Ingeniería en 864 1 075 24 96 98
Construcción Civil
Universidad Administración de 805 1 017 26 91 96
Empresas
Universidad Odontología 838 1 015 21 99 100
Universidad Química 881 982 11 99 100
Farmacéutica
CFT Técnico en 304 335 10 69 76
Administración de
Recursos Humanos
CFT Técnico Legal 298 334 12 54 67
CFT Contabilidad y 304 330 9 63 72
Técnico en
Computación
CFT Técnico en 302 324 7 54 63
Gastronomía y
Cocina Internacional
IP Diseño de Ambientes 247 319 29 75 80
y Arquitectura de
Interiores (IP)
CFT Técnico Forestal 316 319 1 57 67
CFT Técnico en 275 318 16 49 70
Administración
Hotelera
Universidad Educación Parvularia 276 309 12 73 85
Administración de
Empresas
CFT Técnico en 260 285 10 74 82
Enfermería
CFT Secretaria bilingüe 255 281 10 64 74
CFT Técnico en Turismo 239 275 15 54 67
CFT Técnico de 231 262 3 47 56
Laboratorio Dental
CFT Secretaria 239 251 5 62 65
Computacional
Obstetricia
Fuente: www.futurolaboral.cl.


138 – RELEVANCIA

El sitio web también entrega información sobre el porcentaje de
titulados en 2000 y 2001 en cada área, que estaban trabajando por segundo y
cuarto año, y los sectores económicos en que encontraron trabajo. Esto
confirma que un título universitario es una gran ayuda para encontrar
empleo. De las 18 profesiones en que por lo menos un 98% de los titulados
estaban trabajando cuatro años después de recibirse, todos, con excepción de
bibliotecarios y profesores de matemáticas, trabajaban en el área de salud o
de ingeniería. De las 53 áreas en que por lo menos un 90% tenía trabajo, 46
requerían de un título universitario. Por el contrario, 16 de las 22 áreas en
que menos de 80% tenía empleo después de cuatro años, correspondían a
titulados de CFTs.
El hecho de que en casi la mitad de las especialidades de carreras más
del 10% de los graduados no tenían trabajo refleja una permanente
preocupación acerca del empleo, especialmente entre aquellos sin una
educación universitaria completa. Hay que tomar en cuenta, sin embargo,
que algunos de quienes no tenían trabajo podrían no estar buscando empleo
o no lo deseaban. Por ejemplo, alrededor del 20% de los decoradores de
interiores sin trabajo podrían haber dejado de trabajar por razones familiares
o de otra índole; más del 80% de los estudiantes que se matricularon en
cursos de decoración interior eran mujeres (otro hecho interesante de
www.futurolaboral.cl) y la participación femenina en el mundo laboral en
Chile es relativamente baja, como observa el Informe Económico de la
OCDE, de 2007. También es posible que los estudios en que se basa este
sitio de internet subestimen el autoempleo informal y/o el trabajo en
empresas familiares.
El sitio web se refiere a las altas tasas de deserción que afectan la
mayoría de los cursos universitarios. Indica fechas de matrícula y de
graduación, pero no por una cantidad de años suficiente como para
compararlas con respecto a una cohorte en particular. Sin embargo, llama la
atención que, por ejemplo, en 2004 en el área de “arte y arquitectura”, 1 736
personas obtuvieron calificaciones de nivel universitario, pero 6 195 se
matricularon en cursos universitarios por primera vez. El Anuario
Estadístico del Ministerio de Educación indica que la matrícula anual
promedio en estos cursos fue de aproximadamente 23 784 entre 2000 y
2004. Aun cuando estas cifras han tenido algún aumento, está claro que la
cantidad de alumnos que comenzaron los primeros cursos y la de los que los
completaron, son de magnitud totalmente distinta.
Este sitio web resulta muy útil para los analistas que buscan información
referente al mercado laboral. La información que entrega puede ser
potencialmente útil para el desarrollo de políticas (aunque posiblemente los
encargados de desarrollar políticas tienen información más completa y no
dependen del sitio web en sí). Por ejemplo, hay datos sobre la cantidad de


RELEVANCIA – 139

profesionales en determinadas áreas y la proporción de ellos que son
menores de 35 años. Menos de 20% de los 50 000 profesores de enseñanza
básica son menores de 35 años, lo que hace pensar que habría que hacer
ajustes a las políticas para asegurar el reemplazo de los profesores que
jubilen. Actualmente, sólo cerca del 63% de los profesores de enseñanza
básica calificados están trabajando como profesores cuatro años después de
graduarse.
Los principales consumidores del sitio web, sin embargo, no son
analistas sino potenciales estudiantes que están a punto de tomar la decisión
más importante de su vida hasta ese momento, y las personas que les
aconsejan dentro de su familia y de la escuela. En este sentido, el sitio web
puede ser de gran utilidad. Supongamos que un joven de 16 años desea ser
veterinario, puede ver que los niveles de sueldo parecen razonables: los
titulados estaban ganando CLP 708 000 después de un mes y están en el
lugar 28 en la lista de carreras. El 10% más alto obtuvo CLP 1.2 millones, lo
que es atractivo, pero en el rango más bajo, el 10% sólo obtuvo
CLP 243 000. Las perspectivas de empleo son un poco más bajas: con una
tasa de empleo de 90% después de cuatro años, medicina veterinaria está en
el lugar 52 en el ranking de 100 carreras. Aún más importante, la
probabilidad de encontrar trabajo como veterinario es mucho más baja. En
2005, había sólo 5 732 veterinarios en Chile de los cuales un 51% tenían
menos de 35 años. Sólo en 2004, había 2 814 alumnos comenzando los
estudios de veterinaria, casi la mitad del total de los profesionales. Aún
cuando esta información no permite seguir el progreso de ninguna cohorte
individual, se puede ver que en 2002-4 se titularon 415 en promedio, lo que
sugiere que aunque la tasa de deserción debe haber sido muy alta, el número
de titulados excedió considerablemente la reducción natural del contingente
de veterinarios. Es muy difícil para cualquier persona, y más aún para un
ansioso joven de 16 años, descubrir cuántos nuevos titulados efectivamente
encontrarán trabajo con animales enfermos o qué hace el resto de ellos. Sólo
un 7% ingresa al sector agropecuario mientras el 21% está en el área
comercial. Se supone que en ese porcentaje se incluye a todos aquéllos que
ejercen la práctica privada. Por el contrario, un 41% se divide en partes casi
iguales entre industrias no metálicas y servicios sociales y de salud pública y
un 31% está repartido en otros sectores de la economía.
El ejemplo anterior ilustra un problema del sitio web. La información
diseñada para ayudar a posibles electores de carreras está mezclada con otra
que puede interesar sólo a los analistas del mercado laboral. Ayuda muy
poco a los potenciales estudiantes, sus padres, profesores e incluso
orientadores vocacionales, para permitirles interpretar los datos.
Finalmente, el equipo revisor se enteró de muchas críticas en el sentido
de que la información del sitio internet no está actualizada. Hasta cierto


140 – RELEVANCIA

punto, esto es inevitable. La información necesaria para indicar, en 2001, el
desempeño de los graduados en el mercado laboral cuatro años después de
recibirse, no se podía informar hasta que la información para el año 2005
estuviera disponible y, obviamente, se requiere tiempo para presentar la
información en la forma compleja que requiere la página web. Desde el
punto de vista del futuro alumno universitario que esté buscando qué carrera
seguir y que no espere graduarse antes del año 2013, esta información puede
no parecer muy útil, pues refleja la composición del mercado laboral del
pasado, más bien que entregar un análisis de las posibles futuras tendencias;
pero debe ser mejor que el consejo no informado de amigos y parientes. Es
inherente a la elección de una carrera, que la situación laboral del momento
puede no ser una buena indicación de las oportunidades que estarán
disponibles después de varios años de estudios, cuando finalmente se
obtenga el título. Sin embargo, se podría hacer mucho más para evaluar las
posibles expectativas de trabajo en cada área, junto con consejos útiles, tal
vez preparados por un profesional objetivo y respetado. Las asociaciones de
profesionales y los periodistas también son otras fuentes de análisis y
consejo, pero debe hacerse en forma cuidadosa – poner demasiado énfasis
en la posible escasez o abundancia de algunas competencias en especial,
podría hacer variar en forma exagerada las preferencias de los egresados de
educación secundaria. Esto no quiere sugerir, naturalmente, una vuelta a la
práctica, ya desacreditada, de planificación de la fuerza laboral. En todos los
países, la situación actual del mercado laboral e incluso la visión de futuro
de expertos, sólo servirán como una guía limitada para la demanda futura.
Por eso es tan importante, en una economía globalizada con una tecnología
y oportunidades comerciales que cambian rápidamente, que la educación
terciaria esté alerta ante futuras incertidumbres enseñando a sus estudiantes
las bases fundamentales de destrezas transferibles. Más adelante se tratará
este tema nuevamente.
Una vez que el estudiante ha decidido qué carrera estudiar tiene que ver
si obtendrá los resultados necesarios en la PSU y si podrá pagar la matrícula.
Hay que enfatizar que futurolaboral de ninguna manera ha sido creado
como un sustituto para la información del sector terciario mismo. Un sitio
complementario, del Consejo Superior de Educación (CSE) www.cse.cl
proporciona información actualizada sobre los cursos disponibles, sus costos
y características, como puntajes de alumnos matriculados y la cantidad de
los últimos que han ingresado. Por ejemplo, a un interesado en estudiar
veterinaria, le indicaría que hay 31 instituciones en el país en que se puede
estudiar esta carrera. En enero de 2007, cinco de estos programas de
veterinaria estaban formalmente acreditados y la acreditación seguía en
proceso para los 26 restantes. Los orientadores de las escuelas, las
universidades y los servicios de marketing se encargan de evaluar la calidad
de las universidades, así como la revista “Qué Pasa”, que publica un ranking


RELEVANCIA – 141

de las universidades. El equipo se enteró de que esto algunas veces se presta
para abusos pues algunas instituciones publican información poco fidedigna
u ofrecen extravagantes incentivos como parte de sus campañas de
relaciones públicas, especialmente durante los períodos de inscripción y de
matrícula. Aunque cada vez más se acepta la importancia de la acreditación,
el público general, no parece aún tener claro lo que significa institución
autónoma, acreditada (y por cuántos años) y acreditación de programas
académicos. El Ministerio de Educación o el Consejo Superior de Educación
deberían proporcionar mayor información con respecto a las tasas de
deserción y de titulación por programa académico, así como sobre las
diferencias entre instituciones y las razones de los alumnos dan para
abandonar los cursos.
Se puede encontrar información sobre programas académicos e
instituciones en la clasificación de instituciones que publica anualmente el
diario más grande del país, y en el suplemento educacional de la revista
“Qué Pasa”. Originalmente, se indicaban sólo los rankings a nivel
institucional, pero posteriormente se publicaron estudios sobre el nivel de
programas académicos. Los rankings están enfocados en las universidades:
“Qué Pasa” tiene un interés limitado al informar sobre los CFTs e IPs,
puesto que sus publicaciones están dirigidas al sector interesado en ingresar
a las universidades. Los ranking usan un complejo conjunto de indicadores
que incluyen la cantidad de académicos a tiempo completo y horario parcial,
profesores doctorados (PhDs) y publicaciones ISI como asimismo los
fondos destinados a investigación y el número de años que la institución está
acreditada. También entrevistan a los empleadores y han desarrollado una
base de datos para el mercado laboral con alrededor de 1 000 respuestas.
Debido a que la información cuantitativa entregada por las instituciones está
ampliamente difundida, no existe ningún incentivo para entregar
información falsa que pueda traducirse en mala publicidad.
Los rankings tienen influencia porque satisfacen una necesidad de los
estudiantes y sus padres: “los que pagan quieren saber el valor de lo que
están recibiendo”. Aunque se informó al equipo revisor que algunas
instituciones hacen algún tipo de seguimiento a los graduados –
especialmente desde que se definió como un elemento importante para el
proceso de acreditación – uno de los resultados de la publicación de estos
rankings puede ser que las universidades se han motivado para crear sus
propios departamentos de análisis institucional, lo que eventualmente podría
contribuir a obtener mejores estudios de seguimiento de los egresados. Otra
fuente de información es la sección semanal sobre temas de educación
publicada por el diario La Tercera, que obtiene sus datos sobre el mercado
laboral de futurolaboral.


142 – RELEVANCIA

Los empleadores

La Confederación de Empleadores informó al equipo revisor que hay
vacantes para trabajadores capacitados en todos los sectores productivos de
Chile y que no pueden llenarse porque el sistema de educación no ha sido
capaz de mantenerse al día con los cambiantes requerimientos del mercado
laboral. Los datos entregados al equipo por la Confederación sugieren que
30% de los jóvenes no tienen empleo porque su educación y destrezas no
son relevantes al mercado laboral y que un 55% de los que están empleados
no están aplicando sus destrezas ni sus conocimientos.4 Además de los
vacíos de información actualizada sobre carreras y el mercado laboral que
ya se han discutido, los empleadores consideran que la ausencia de vínculos
formales entre la educación, la capacitación y el mercado laboral moderno,
es un problema clave, así como la falta de lazos funcionales entre los
Ministerios de Educación y del Trabajo.5 En una reunión internacional
reciente, dos asociaciones chilenas de empleadores presentaron el análisis
que se muestra en el Cuadro 4.1 sobre los cambios necesarios en el sistema
de la educación terciaria.

Hay consenso nacional sobre la importancia de identificar los vacíos
tecnológicos y las destrezas necesarias para reducirlos. Los empleadores
afirman que el mercado laboral necesitará empleados con destrezas amplias
y transferibles con una buena base en matemáticas y ciencias. Sugieren
incluir más sentido empresarial e idiomas extranjeros en todos los niveles
del currículo a través de todo el sistema educativo chileno. Esto implica que
hay que revisar continuamente los currículos y que los profesores deben
mantenerse capacitados, actualizados y capaces de enseñar destrezas
específicas que están constantemente cambiando, a medida que surjan las
necesidades.
Aún cuando se menciona el interés de los empleadores por la educación
terciaria, en general, el equipo revisor consideró que los vínculos entre
empleadores y el sector de la educación terciaria son relativamente débiles.
No parece existir un sistema bien desarrollado por medio del cual los
empleadores puedan comunicar sus necesidades a las instituciones de
educación superior, probablemente por razones históricas y por la estructura

4
SOFOFA y CPR: Confederación de la Producción y del Comercio.
5
Debido a las diferencias establecidas hace mucho tiempo en el pago a ocupaciones
diferentes, y también porque el pago promedio puede ser lento en ajustarse a los
superávit emergentes y a la carencia de algunas destrezas en particular, no es
inconsistente que haya tasas más altas de retorno a la educación universitaria al
mismo tiempo que aparente escasez de graduados de IPs.


RELEVANCIA – 143

relativamente inflexible de la educación superior hasta ahora. Tampoco está
claro si los empleadores mismos tienen un sistema para anticiparse a sus
futuras necesidades. Es posible que los cambios recientes a los procesos de
acreditación obliguen a las instituciones de educación superior a desarrollar
mecanismos formales para obtener información de los empleadores y sus
representantes. Habrá que ver si esta información se usará realmente para
influir y adaptar los programas académicos.

Cuadro 4.1 Puntos de vista y recomendaciones de los representantes de los
empleadores

“Chile necesita más técnicos y mejores”

• Apoyo a la integración de la capacitación vocacional en un sistema de
aprendizaje permanente, con el fin de mejorar la calidad de la oferta académica.

• Aumento de la cantidad de técnicos capacitados en la educación superior y
fomento a la capacitación técnica basada en la competencia laboral.

• Chile Califica: promoción de la participación de los empresarios en redes de
coordinación de capacitación técnico profesional

• Participación empresarial en la definición del perfil de técnicos de nivel superior,
en base a competencias laborales.

• Destrezas para la globalización. Junto con mejorar el conocimiento y las
destrezas básicas (lenguaje, matemáticas y ciencias) aumentar las competencias
en el uso de un idioma extranjero (Inglés) y tener alfabetización digital. Estas
destrezas son indispensables en el mundo global.

Fuente: Agenda Pro Crecimiento: Presentación a la OCDE, Encuentro en Dublín sobre Empresas
y Educación, 2004, SOFOFA

Esta escasa interacción entre los empleadores y la educación terciaria,
también se refleja en la hipotética participación de los empleadores en el
gobierno de las universidades, especialmente en las del CRUCH. Hay un
mayor compromiso en muchos IPs y CFTs, y en algunas universidades
privadas; posiblemente motivado por intereses económicos de los
empleadores.


144 – RELEVANCIA

Articulación del sistema: de la educación secundaria a la terciaria

“Una amenaza presente en Chile es la pérdida de capital humano y
social si el nivel actual de desigualdades no se reduce”6
Analizar todo el sistema educacional chileno está más allá del alcance
de este capítulo. Sin embargo, debido a que las raíces de un sistema terciario
exitoso que responda a las necesidades del mercado laboral y de una
economía competitiva y globalizada, se basa en sistemas de educación
primaria y secundaria inclusivos, justos y eficientes, es necesario en este
punto, mencionar brevemente algunos problemas relacionados con la
educación secundaria, especialmente con la educación vocacional.
Si Chile aspira a lograr sus objetivos de aumentar en gran medida la
participación en la educación terciaria y de mejorar sus reservas de capital
humano para un mercado laboral que cada día requiere de más trabajadores
con altos niveles de destreza y calificaciones, es necesario preparar a más
estudiantes secundarios para que ingresen al sistema terciario. Actualmente
existe la preocupación de que el sistema escolar no esté respondiendo
plenamente a estas necesidades. En PISA 2006, donde Chile se clasificó en
el lugar 40 de 57 países participantes, la OCDE concluyó que la brecha entre
el desempeño de diferentes colegios es demasiado amplia y está muy
relacionada con el nivel socioeconómico de los alumnos. PISA y otros
informes sugieren que la gestión y los estándares de docencia deficientes en
las escuelas municipales son en parte la causa de la desigualdad en el acceso
a la educación terciaria, como se informa en el Capítulo 3 sobre Acceso y
Equidad.
Si Chile aspira a lograr sus objetivos de aumentar en gran medida la
participación en la educación terciaria y de mejorar sus reservas de capital
humano para un mercado laboral que cada día requiere de más trabajadores
con altos niveles de destreza y calificaciones, es necesario preparar a más
estudiantes secundarios para que ingresen al sistema terciario. Actualmente
existe la preocupación de que el sistema escolar no esté respondiendo
plenamente a estas necesidades. En PISA 2006, donde Chile se clasificó en
el lugar 40 de 57 países participantes, la OCDE concluyó que la brecha entre
el desempeño de diferentes colegios es demasiado amplia y está muy
relacionada con el nivel socioeconómico de los alumnos. PISA y otros
informes sugieren que la gestión y los estándares de docencia deficientes en
las escuelas municipales son en parte la causa de la desigualdad en el acceso
a la educación terciaria, como se informa en el Capítulo 3 sobre Acceso y
Equidad.

6
Informe de la OCDE sobre Políticas de Innovación: Chile. 2007, pág. 26.


RELEVANCIA – 145

La reforma a la educación secundaria realizada entre 1998 y 2002
postergó el comienzo de la divergencia entre la enseñanza “académica” y
“técnico profesional” del Primero al Tercero Medio y redujo la brecha entre
ambas ramas. En el Tercero y Cuarto Medio, ambas ramas combinan la
educación general con la educación vocacional (a la cual los alumnos
académicos dedican un tercio de su tiempo y los técnico profesionales dos
tercios de su tiempo), con especializaciones diseñadas para preparar a los
estudiantes para sectores laborales específicos más bien que en un trabajo en
particular. De este modo, en vez de tratar de predecir cambios en las
tecnologías y ocupaciones, el objetivo de las escuelas es preparar a los
estudiantes con destrezas flexibles.
Sin embargo, el informe de la OCDE sobre políticas de educación de
2004, observó que 44% de la cohorte de 2001 se matriculó en la educación
secundaria técnico profesional y un 55% en la educación científico
humanista- la que eventualmente los llevaría al sector universitario. Los
alumnos pobres estaban poco representados en la rama académica y sobre
representados en la rama vocacional.7 Al discutir el tema con el equipo
revisor de la educación superior en 2008, se estimó que la participación en la
educación secundaria (técnico profesional) vocacional variaba entre 45% y
53% en 2007.
Existe preocupación por la alta tasa de matrícula y la calidad de esta
educación vocacional de segundo nivel. Un estudio reciente del Programa
Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) 8 muestra que, en
2007, 37% de los estudiantes estaban en liceos técnicos (395 000 alumnos
en total), de los cuales 62.8% informó no tener un currículo adecuado. Un
81% de estas escuelas eran liceos municipales, tres cuartos de los cuales no
tenían el equipamiento adecuado para sus propios cursos. Los instructores
no tenían formación docente o la capacitación que tenían no era adecuada.
Se estima que 20% de los instructores en la educación vocacional son
graduados de los liceos y que 30% más trabaja en industrias y hace clases al
mismo tiempo. Cada año egresa un promedio de 92 000 estudiantes de los
liceos técnicos y sólo un 40% de ellos realiza la práctica interna obligatoria
para obtener su certificado de titulación. Resumiendo, los problemas
referentes a la educación vocacional, planteados por el informe de la OCDE
en 2004, siguen siendo preocupantes.9

7
Encuesta de Políticas Nacionales de Educación: Chile. OCDE, 2004, p. 179-180.
8
Citado en El Mercurio, Enero 27, 2008.
9
Para una discusión en profundidad sobre la relevancia, calidad y logros de la
educación vocacional secundaria en Chile, ver OCDE 2004, pps. 188-202.


146 – RELEVANCIA

Un alto porcentaje de los estudiantes procedentes de escuelas
vocacionales municipales se ve enfrentado a altas barreras para avanzar a la
educación terciaria. Muchos de ellos egresan sin un certificado u otro medio
para proseguir estudios, independientemente de sus habilidades. Lo más
probable es que estos alumnos, en el mejor de los casos, permanecerán en el
área vocacional.

Articulación del sistema: dentro del sistema de educación terciaria

“Un sistema efectivo de capacitación vocacional proporciona
condiciones favorables para desarrollar una actividad innovadora
dentro de la economía, incluyendo el sector PYME”10
Al conversar con el equipo revisor, la Comisión Asesora Presidencial y
un grupo ad hoc de representantes de diferentes subsectores del sistema de
educación superior convocado por la Presidenta de Chile para identificar y
recomendar cambios mayores, consideró la falta de educación técnica
relevante y flexible como una de las debilidades educacionales clave de
Chile. Para mejorar la competitividad y ofrecer una educación técnica
adecuada al mercado laboral y que sea atractiva para los jóvenes egresados
de colegios y para los adultos que necesitan capacitarse, es necesario realizar
una reforma y reestructuración de todo el sistema. Además será necesario
revisar el marco regulatorio, parte del cual se rige por la Constitución de
Chile.
La Comisión considera que puede ser adecuada una diferenciación entre
la misión de las instituciones técnicas y las universidades tradicionales, pero
que las posibilidades de movilidad y progresión aún están restringidas. El
Consejo Chileno para la Innovación y Competitividad y el equipo revisor
comparten esta preocupación. Nuestra visión es que la necesidad de que el
sistema de educación terciaria mantenga su competitividad y mejore su
capacidad innovadora, proporcionando al mismo tiempo un marco para
aumentar el nivel de destrezas de la población trabajadora, presenta un gran
desafío al sistema entero y en especial a la educación terciaria técnico-
vocacional. Este problema se analiza más adelante.

10
OCDE Informes de Políticas de Innovación: Chile. 2007. Pág. 25.


RELEVANCIA – 147

Cuadro 4.2 CFT UCEVALPO
Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso

“Formando técnicos superiores para una sociedad global”

El CFT UCEVALPO ha aumentado su matrícula en más del doble en cuatro años y
constituye un ejemplo como institución que está creciendo rápidamente y respondiendo bien
a las necesidades del mercado laboral local de Valparaíso.
Un alto porcentaje de los estudiantes del UCEVALPO, con un promedio de 25 años, ya
están trabajando. Como no se requiere dar la PSU, para ingresar se debe presentar una
solicitud que es revisada por la facultad caso a caso. Los alumnos tienen una variedad de
opciones de financiamiento que incluyen diversos esquemas de becas. La directiva de este
CFT reconoce la importancia estratégica de una buena capacitación técnica para la economía
chilena, por lo tanto, además del contenido técnico, el currículo pone énfasis en el desarrollo
de capacidades analíticas y competencias clave, tales como emprendimiento, TICs e idioma
inglés. Los métodos pedagógicos incluyen estudio de casos, visitas a industrias y prácticas.
Tanto los profesores como los instructores vienen del sector industrial. Están muy ligados a
las cámaras de comercio locales, a la Marina de Chile y a los sindicatos. Tienen contratos de
capacitación y convenios especiales a precios reducidos, con 25 industrias locales. Han
desarrollado cursos especiales para la industria del turismo en Valparaíso y, lo que es
especialmente importante, para trabajar en el sector de transporte marítimo y de las
autoridades de puerto.
En conversación con el equipo revisor, las autoridades del CFT pusieron énfasis en la
necesidad de un sistema que reconozca la enseñanza previa en Chile y en un marco para un
aprendizaje continuo y permanente.
“La estrategia es ser Técnico”

www.ucevalpo.cl

Si bien el UCEVALPO y otros institutos técnicos visitados por el equipo
son excelentes, aún existe gran preocupación nacional por la calidad de otros
CFTs más pequeños. Esto y el hecho de que más de un 15% de los
graduados de CFTs siguen cesantes después de dos años contribuye a la


148 – RELEVANCIA

percepción negativa en cuanto a la educación terciaria vocacional y técnica
y a la capacitación en general.11
Por diversas razones, lo anterior es muy comprensible desde la
perspectiva de los estudiantes. En primer lugar, en Chile, como en muchos
otros países, ir a una universidad conocida y de prestigio se considera más
atractivo que matricularse en un instituto técnico. En segundo lugar, ante la
falta de información adecuada sobre el mercado laboral y en un país en que
las universidades de más baja reputación12 exageran el valor de sus títulos,
es posible que se ignore la verdadera calidad y relevancia de los cursos de
un CFT o de un IP. En tercer lugar, como ya se mencionó en los Capítulos 3
y 8, debido a que la actual estructura de apoyo financiero para los
estudiantes está tan inclinada hacia el sector universitario, los jóvenes tienen
buenas razones económicas para no postular a la capacitación técnica o a
títulos técnicos en un IP o CFT.
El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad ha
establecido una estrategia para el desarrollo intensivo de una economía del
conocimiento en Chile, que incluye la demanda de fuerza laboral mejor
calificada y con destrezas técnicas. A menos que se hagan más esfuerzos
para que la educación y capacitación técnica sea más atractiva y de
prestigio, no hay seguridad de que esta estrategia tenga éxito. Será
especialmente difícil lograr las metas del Consejo para los graduados de
nivel técnico 5B, para satisfacer las necesidades de capital humano de cada
una de las nuevas agrupaciones de industrias del Consejo.
Algunas de las iniciativas para mejorar la calidad de la capacitación
técnica en Chile están disponibles. Se ha logrado un considerable progreso a
través del sistema de acreditación para tratar el tema de la calidad en todas
las instituciones de educación terciaria, de acuerdo con lo explicado en el
Capítulo 6. Una de las medidas de calidad para obtener la acreditación
consiste en la posibilidad de encontrar empleo. Si se diseña y se implementa
bien, este sistema puede ofrecer una instancia oportuna para acumular
información útil sobre los titulados, no sólo para propósitos de calidad y
acreditación, sino también para monitorear la relevancia de los programas
ofrecidos por los CFTs. Además, para que un CFT pueda optar a recibir
fondos públicos, este centro o la institución a la cual pertenece, debe estar
acreditada. De este modo el público y los potenciales estudiantes pueden
tener mayor seguridad con respecto a la calidad de los cursos ofrecidos.

11
Esto sugiere la Tabla 4.4 y se confirma al revisar las 31 carreras que exigen
capacitación de Técnico Superior indicadas en futurolaboral. Ninguna logró el
85% de absorción del mercado laboral después de 2 años.
12
Las universidades llamadas de “tiza y pizarrón”.


RELEVANCIA – 149

Los estudiantes además deben tener la certeza que no están en una
institución sin salida, sino en una en la que pueden proseguir a través del
sistema si desean estudiar en un nivel superior
La educación técnica superior en Chile no incluye vías que permitan
proseguir sus estudios a los estudiantes que han finalizado sus cursos
técnicos y matricularse en cursos de nivel más alto que acepte y acredite los
conocimientos ya adquiridos. Por ejemplo, estudiantes de los CFTs del
DUOC y de INACAP pueden seguir estudios más avanzados en los IPs y las
universidades a las cuales están afiliados. Sin embargo, esto es la excepción,
más que la regla del sistema que, en general, se mantiene bastante rígido.
Una barrera importante para continuar los estudios es la tendencia que
hay en Chile de definir las calificaciones en términos de la duración de los
cursos más que en base a las competencias adquiridas. Esto es
particularmente cierto en el caso de cursos universitarios. Algunas veces
esto se debe a la presión ejercida por asociaciones profesionales, cuyos
puntos de vista también afectan la situación de las carreras en el gobierno y
en sus profesiones (el equipo detectó ejemplos de asociaciones de
profesionales que insisten en cursos de cinco años, cuando según las
universidades los resultados requeridos y las competencias se podrían lograr
en cuatro). Además parece que los estudiantes (de cualquier institución) no
pueden acumular calificaciones en forma gradual, aunque ahora se están
comenzando a desarrollar programas modulares en algunos CFTs, como el
DUOC, donde algunos cursos están constituidos por módulos.
Si Chile desea mejorar su capacidad de ofrecer educación para adultos y
desarrollar un marco de aprendizaje permanente, habrá que hacer más para
(a) reconocer el aprendizaje previo y (b) crear incentivos para atraer a los
adultos a seguir capacitándose y adquiriendo nuevas destrezas. Ha
aumentado la participación de estudiantes adultos: según el PNUD (2006),
en 1998 un 22.6% de los estudiantes tenían 25 años o más, mientras que en
2003 esta cifra había aumentado a 28.4%. El mayor aumento de
participación de adultos ha sido en el sector no universitario, de un 22.3% a
un 30.3%, mientras que en el sector universitario constituyó un 22.7% en
1998 y un 24.6% en 2003.13
El tema global, que el Consejo Asesor Presidencial para la Educación
Superior señaló especialmente al equipo investigador, que fue confirmado
por las visitas a diversas instituciones y conversaciones con empleadores,
autoridades universitarias, personal y estudiantes, es la falta de un marco de
calificaciones que asegure la progresión, movilidad, y reconocimiento de
diplomas y títulos. Aún cuando no ha sido fácil introducir un Marco de

13
Informe de Antecedentes, pág. 14.


150 – RELEVANCIA

Calificaciones en cada país donde se ha probado hacerlo, este tipo de marco
ha tenido éxito en algunos países de Europa (especialmente en Irlanda- ver
Cuadro 4.3 – y Escocia) entre otros que contribuyen a la evolución de
nuevos Institutos de Tecnología y Universidades que otorgan títulos, muy
similares a algunos Community Colleges en Estados Unidos y University
Colleges en Canadá. En Chile, un marco de calificaciones también podría
facilitar en gran medida el desarrollo de la enseñanza para adultos y un
sistema de aprendizaje permanente, junto con una política que reconozca el
aprendizaje previo y que tienda a otorgar calificaciones basadas
competencias.

Cuadro 4.3 Marco Nacional de Calificaciones, Irlanda

Basándose en los principios que guían el acceso, transferencia, progresión y calidad, el
propósito del marco consiste en crear un modelo amplio de calificaciones mediante el cual
todos los estudios certificados y experiencias de aprendizaje aprobados sean acreditados de
tal forma que maximicen las oportunidades de los ciudadanos para participar
progresivamente de una educación y capacitación permanentes. El NFQ comprende diez
niveles de calificaciones en que cada nivel se basa en estándares, destrezas y competencias
aceptadas a nivel nacional. Estos estándares definen los logros de aprendizaje necesarios
para obtener las calificaciones correspondientes a cada nivel. Los diez niveles incluyen
calificaciones escolares, laborales, comunitarias, de centros de capacitación y universidades,
desde los niveles más básicos hasta los más avanzados de aprendizaje. Este marco de
calificaciones basadas en los resultados es un cambio significativo con respecto al sistema
basado en el tiempo dedicado a obtener muchas de las calificaciones existentes.

www.nfq.ie

Además de los sistemas de acreditación, se están desarrollando otras
iniciativas en Chile que mejorarán considerablemente la movilidad de los
estudiantes y aumentarán la flexibilidad y relevancia del sistema:
• Sistema de Créditos para Estudiantes. Este sistema fue concebido
como parte del proyecto MECESUP en Abril de 2003 y su
implementación comenzó alrededor de 2005. Inicialmente, este
sistema de créditos está limitado a las universidades del CRUCH,
sin embargo, se espera que incluirá eventualmente a todas las
instituciones de educación terciaria.14
• Sistema de Información sobre Educación Superior. El Sistema
nacional de Información sobre Educación Superior (SIES) es un

14
http://www.sct-chile.cl/


RELEVANCIA – 151

proyecto nuevo y ambicioso que tiene por objetivo entregar
información oportuna y relevante a todos los participantes de la
educación terciaria, al gobierno, a las instituciones, a los estudiantes
y sus familias. Un objetivo adicional es ayudar a los futuros
estudiantes a elegir una carrera y tiene planes de unir esta
información a la PSU y otros sistemas de información institucional.
A principios de 2008, un 95% de instituciones de educación superior
habían respondido a la solicitud de información. La prioridad fue
dada al desarrollo de la página web y a la compatibilidad de los
sistemas cuanto antes. Hay aquí una oportunidad de relacionar toda
la información sobre educación terciaria en Chile: esto se destaca en
las Recomendaciones indicadas más adelante.
• Chilecalifica: El programa Chilecalifica fue desarrollado con el
apoyo de un préstamo del Banco Mundial para tratar fallas en la
articulación de la educación vocacional y técnica, con la
participación de empleadores y trabajadores del sector privado. El
programa desarrolla vínculos entre empresas e instituciones
educacionales, trabajando principalmente con los terceros y cuartos
medios de las escuelas técnicas (Educación Media Técnico
profesional), los CFTs y, en algunos casos, con universidades.
Chilecalifica también ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo
de un sistema de aprendizaje y capacitación permanentes,
capacitando a empresas relacionadas con instituciones
educacionales. La metodología se basa más en competencias
adquiridas que en el tiempo dedicado al estudio, y su estructura se
basa en el sistema dual alemán en que el aprendizaje formal y la
capacitación duran un período determinado y el resto del tiempo se
dedica a la capacitación y trabajo en empresas; se logra así un gran
compromiso de los empleadores con la capacitación, lo que asegura
la relevancia con el mercado laboral.15 En conversaciones con los
empleadores se llegó a la conclusión de que ellos consideran que el
sistema dual es un enfoque que podría ser útil y relevante para las
necesidades de capacitación en Chile. Ellos estiman que unos
25 000 estudiantes se ubican en períodos alternados (capacitación
tipo dual) en 10 000 empresas y desean aumentar a 20 000
empresas. Chilecalifica está creando un marco para un sistema de
aprendizaje permanente. El desafío será ahora aumentar el nivel
actual de aproximadamente 16 proyectos con otros nueve que están
en espera, a un nivel en que las redes creadas puedan ser
permanentes (por ejemplo, turismo, agricultura) Para ello tendrían

15
www.chilecalifica.cl/


152 – RELEVANCIA

que participar los tres ministerios involucrados: Educación,
Economía y del Trabajo.
• MECESUP: El Programa de Mejoramiento de la Equidad y Calidad
de la Educación Superior (MECESUP) estableció un Fondo
Competitivo para asignar recursos para (entre otras cosas) proyectos
para mejorar la enseñanza de pre y postgrado y para capacitar a
técnicos avanzados.

Relevancia de los programas académicos y oferta de cursos

Hay un consenso general entre los distintos actores de la educación
superior en Chile que los programas académicos y los cursos ofrecidos por
las instituciones de educación superior deben ser más relevantes para las
necesidades actuales y futuras de un mundo competitivo y globalizado en
que Chile pretende tener un rol importante. En este contexto, la preparación
insuficiente o inadecuada de los futuros profesionales sería un impedimento
crítico para el país. Sin embargo, no hay mucha discusión sobre cómo
ajustar los programas académicos para responder a las necesidades
detectadas de la economía del conocimiento y, en consecuencia, los
resultados deseados son más bien vagos.
Muchas instituciones expresan en su declaración de objetivos o plan
estratégico, una intención formal de preparar estudiantes que cuenten con las
herramientas necesarias para convertirse en profesionales de éxito en la
economía global. En su mayoría, los actores interesados sienten que estas
declaraciones son sólo retóricas. Con algunas excepciones, al revisar los
documentos institucionales hay poca evidencia de que existan serias
intenciones de adaptar los currículos para asegurar una preparación
adecuada de los alumnos.
Los actores interesados reconocen que, en general, los programas
académicos ofrecidos por las instituciones educacionales chilenas no son
muy flexibles ni responden a los requisitos del mundo laboral. Hay muy
poca participación de parte de los potenciales empleadores de los titulados
cuando los cursos se diseñan y cuando se revisan periódicamente. Las
universidades tienden a dar más importancia a las buenas calificaciones que
a la preparación total y a las competencias adquiridas. Las posibilidades de
articulación y de proseguir estudios son limitadas, no sólo entre las
instituciones a distintos nivel del sistema de educación superior, sino
también entre instituciones del mismo nivel y entre programas dentro de la
misma institución. No se ha puesto énfasis en forma seria y general en la
adquisición de un segundo idioma o en competencias relacionadas con el
trabajo o contacto intercultural. Y lo último, pero no lo menos importante,


RELEVANCIA – 153

los cursos son extremadamente largos de acuerdo con las estándares
internacionales.
Las deficiencias estructurales genéricas de la educación superior en
Chile incluyen:
• Flexibilidad limitada: Al revisar la malla curricular, una variedad de
programas académicos e instituciones muestran un currículo rígido,
con opciones muy limitadas o sin electivos, una vez que el
estudiante ha escogido un área de especialización. En algunos casos,
se ha incorporado cierta flexibilidad con la disponibilidad de
algunos cursos optativos dentro del mismo campo de estudio. Esta
flexibilidad limitada es uno de los principales impedimentos para la
articulación y movilidad entre programas y niveles académicos en
Chile.
• Sobre-especialización del currículo: La mayor parte de los
programas académicos ponen gran énfasis en la preparación para un
campo de estudio específico – lo que se conoce como
“profesionalización” en otros países latinoamericanos. Aún cuando
las declaraciones de objetivos y los modelos académicos de las
instituciones plantean que su objetivo consiste en ofrecer una
educación permanente e integral, en la práctica, la excesiva
profesionalización de los programas académicos limita la movilidad
entre ellos y entre niveles académicos. El currículo pone gran
énfasis en una variedad de materias orientadas profesionalmente,
pero no incluye cursos de educación general. Además no hay planes
para enseñar competencias tales como el trabajo en equipo, las
comunicaciones, percepción intercultural y espíritu empresarial,
entre otras destrezas críticas para una economía del conocimiento.
Además, en la mayoría de las instituciones de educación superior, se
considera optativo el aprendizaje de un segundo idioma o el nivel de
competencia es bajo.
• Excesiva carga de trabajo académico. Este problema debería ser
tratado en forma amplia. La carga de trabajo académico para
programas de pregrado es mucho más pesada en las universidades
chilenas que el promedio internacional. Internacionalmente, hay una
tendencia hacia un currículo más eficiente con menor énfasis en
materias académicas tradicionales y mayor énfasis en competencias
adquiridas. Esta tendencia está llevando a que muchos sistemas de
educación superior reduzcan su carga académica: el proceso
Bolonia, en Europa, es un ejemplo de esta tendencia y también es
evidente en otras partes del mundo. Por ejemplo, la carga académica
en Chile a nivel de pregrado es un 30% más pesada que en los


154 – RELEVANCIA

Estados Unidos, Canadá o Australia. Sin embargo, hay resistencia a
la idea de cambiar a una carga académica más liviana y eficiente.
Los argumentos de los actores interesados contra este cambio
incluyen: razones legales (hay regulaciones poco claras para
funcionarios públicos que establecen un mínimo de carga académica
para poder optar a puestos de más alto rango); una posible oposición
de parte de los estudiantes (que pueden temer que los empleadores
consideren una carga académica más baja como un programa de
menor calidad); resistencia por parte de las asociaciones de
profesionales: presiones financieras (una carga académica más
liviana podría implicar menos ingresos provenientes de los aranceles
que cobran las instituciones); una potencial resistencia de parte de
los profesores; e incluso el riesgo de perder la acreditación. Para los
expertos en educación de otros países, muchos de estos argumentos
parecen poco convincentes e incluso son contradictorios –
estudiantes y profesores que insisten en trabajar más son raros en las
universidades americanas y europeas. Una explicación razonable,
sugerida por educadores chilenos, tiene que ver con la necesidad de
compensar deficiencias en las calificaciones que tienen los
estudiantes al ingresar a la educación superior, especialmente
aquéllos que se matriculan en programas técnicos o vocacionales.
Esto representa un argumento adicional para asegurar una mejor
articulación de la educación terciaria con los niveles anteriores del
sistema educacional para reducir esta brecha. Sin embargo, el
equipo revisor comprende que en el ambiente competitivo de las
instituciones de educación superior de Chile, las instituciones
podrían tener dificultades si algunas hicieran cambios y otras no.
Por lo tanto, es importante tratar este problema en todo el sistema.
• Proceso de enseñanza-aprendizaje en la sala de clases: El equipo
revisor no recibió información específica en esta materia. Sin
embargo, en conversaciones con personal académico y con
estudiantes de las instituciones incluidas en las visitas, se mencionó
que – a pesar de las políticas nacionales de educación tendientes a
evolucionar de un currículo tradicional centrado en la enseñanza a
uno centrado en los estudiantes y de un enfoque centrado en las
materias a uno basado en las competencias – la adopción de un
modelo académico basado en competencias y un proceso de
aprendizaje centrado en el alumno, no es una práctica generalizada,
especialmente en los programas académicos tradicionales. Entre los
obstáculos que hay que vencer para generalizar este enfoque está el
limitado conocimiento de este nuevo modelo académico y la falta de
entrenamiento del personal académico interesado en adoptarlo; la
ausencia o poca importancia de los incentivos para los profesores


RELEVANCIA – 155

que pongan en práctica enfoques innovadores; y alguna resistencia
de parte de los estudiantes que prefieren un rol más pasivo en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Ajustar los programas académicos ofrecidos anticipándose a las
necesidades del mercado laboral: Como se mencionó anteriormente
en este capítulo, es indispensable una mayor sincronización entre los
programas académicos y las necesidades del mercado laboral. El
compromiso de los empleadores en la identificación de sus
necesidades, la planificación de programas académicos y el
monitoreo de los titulados, es en general, mínimo y no estructurado.
Algunas instituciones, motivadas por los requisitos de acreditación
introducidos recientemente, están realizando seguimientos
periódicos a sus ex-alumnos. Todas las instituciones deben no sólo
realizar un seguimiento amplio, también deben establecer sistemas
internos con participación del personal, de los estudiantes y ex-
alumnos, empleadores y asociaciones profesionales para analizar los
resultados, considerar las necesidades de empleo que existen y
responder mediante cambios concretos al contenido y a los
currículos de los programas académicos de las instituciones. Este
seguimiento podría también indicar los programas que deben
terminar y los que se podría iniciar.
• Retención y tasas de titulación. La eficiencia de los programas
académicos – medida por las tasas de titulación – es baja en Chile.
El MINEDUC encargó un estudio para investigar la deserción en la
educación superior, que muestra que las tres razones principales
para abandonar los estudios son falta de vocación, factores
económicos y bajo rendimiento académico.16 Según González et al
(2006), con datos del MINEDUC, la tasa general de titulación en las
universidades chilenas fue en promedio un 46.3% entre 1998 y
2002. En algunas áreas la tasa fue más alta (72.9% en educación y
62.5% en salud) a pesar de que en otras áreas fue muy inferior (sólo
un 20% en humanidades y 21.5% en leyes). Un análisis más
detallado durante este mismo período es aún más desalentador. En
general, según González et al (2006), entre 1998 y 2002 en niveles
de pregrado en las universidades, sólo 8.6% de los graduados
realizaron sus estudios en forma completa y obtuvieron los títulos
correspondientes dentro de los cinco años teóricos de duración de
los programas académicos. Si se toma en cuenta que la duración
oficial de los programas ya es demasiado larga, de acuerdo a los
16
Informe Final: Estudio sobre las Causas de la Deserción Universitaria, Centro de
Microdatos, Departamento de Economía, Universidad de Chile, Agosto 2008.


156 – RELEVANCIA

estándares internacionales, es casi imposible justificar que más de
90% de los estudiantes demoren aún más.
• Movilidad entre programas académicos. Como ya se describió
anteriormente, los estudiantes deben elegir un campo académico al
inicio de sus estudios. Con pocas excepciones, no se permite la
movilidad lateral entre programas académicos, incluso dentro de la
misma institución. Este factor, combinado con la limitada
orientación vocacional en la enseñanza secundaria, tiene gran
influencia en las tasas de deserción en la educación terciaria.
• Falta de competencias en el uso de un segundo idioma en los
programas académicos. Con la excepción de algunas instituciones y
programas académicos, la adquisición de un segundo idioma en un
nivel razonable de competencia no está incluida en la mayoría de los
programas académicos de la educación terciaria en Chile. Esta es
una deficiencia importante y ha sido reconocida por entidades de
gobierno, empleadores, líderes institucionales, personal académico
y, en forma más clara, por los estudiantes. Según Ramírez (2005),
los chilenos tienen menos conocimientos de inglés que otros
latinoamericanos. Algunas de las razones para esta deficiencia para
establecer componentes más rigurosos de un segundo idioma en los
programas académicos son la falta de profesores adecuados, poca
preparación en idiomas en la educación secundaria y la excesiva
carga académica que deja poco tiempo para componentes
adicionales.
Aún cuando se requieren cambios en el total del sistema, hay
importantes programas piloto apoyados por MECESUP que enfocan la
necesidad de un currículo académico más relevante. El estímulo de
financiamiento del MECESUP está enfocado en crear un plan piloto, a nivel
institucional, de currículos que incluyan un enfoque en el aprendizaje
centrado en el alumno y una malla curricular flexible. Para rediseñar el
currículo, es necesario considerar la posibilidad de conseguir empleo por
parte de los titulados, definir una carga académica más razonable; estimular
la articulación entre diferentes niveles de educación, fomentar un
aprendizaje permanente y aumentar la calidad y la eficiencia de las ofertas
académicas. El plan piloto que ya ha desarrollado el MECESUP debería
ampliarse para incluir más programas académicos y un mayor número de
instituciones. Se debería estimular la mayor difusión de casos exitosos que
demuestren una mayor probabilidad de empleo para los titulados.
Más aún, las deficiencias estructurales en el currículo presentan una
oportunidad para hacer un buen uso de las oportunidades de diversificación
existentes en todo el sistema de educación terciaria. El aseguramiento de la


RELEVANCIA – 157

calidad y los mecanismos de financiamiento podrían legitimar diferentes
orientaciones de los establecimientos, incluyendo aquéllas con un claro
enfoque técnico profesional, y proporcionar incentivos para aumentar lazos
con el área de negocios e industria.

La dimensión internacional de la educación superior

También debería analizarse la relevancia de la educación superior desde
la perspectiva internacional, en vista de la aspiración nacional de mejorar
aún más la competitividad internacional del país. Para lograr este objetivo,
es necesario darle una orientación más internacional a la educación superior
en Chile. Entre otras cosas, esto significa ampliar los lazos de cooperación
de Chile con socios extranjeros; esforzarse por entregar a los estudiantes las
destrezas que se necesitan en una sociedad moderna, global y basada en el
conocimiento; realizar investigación internacionalmente competitiva y atraer
a más estudiantes y profesores extranjeros.
Los planes del gobierno dan alta prioridad a la internacionalización de la
educación superior en Chile. Sin embargo, no hay un plan nacional detallado
para lograr este objetivo. El mayor progreso ha sido logrado hasta el
momento por instituciones que han debido responder a presiones internas y
externas o a incentivos, tanto académicos como financieros, incluyendo
algunas iniciativas patrocinadas por el gobierno.
Como en otros países latinoamericanos, la internacionalización es un
enfoque relativamente nuevo en la educación superior. Recién en la última
década, la mayoría de las universidades han comenzado a desarrollar su
capacidad institucional para la internacionalización, principalmente
designando a un miembro de su personal para que se ocupe de los asuntos
internacionales y para establecer acuerdos de cooperación con instituciones
extranjeras (Ramírez 2005).
Sin embargo, la mayoría de las instituciones – como en otras partes del
mundo – trata de lograr sus objetivos de internacionalización principalmente
estableciendo una oficina internacional; negociando y formalizando
acuerdos (Memorandum de Entendimiento) que apoyan modestos niveles de
movilidad de estudiantes y/o académicos que participan, en algunos casos,
en iniciativas de investigación internacionales con sus pares extranjeros y
ofreciendo programas de doble titulación o en conjunto con socios
internacionales. Se ha progresado mucho menos en agregar una dimensión
internacional al currículo de programas académicos y en fomentar una
amplia movilidad del personal académico y de los estudiantes. El progreso
hacia la internacionalización no es parejo, con sólo unas pocas universidades
y no incluye IPs o CFTs con una agenda y presencia internacional activa.


158 – RELEVANCIA

Aún cuando hay que manejar con cautela la información chilena
referente a movilidad internacional, debido a que no se cuenta con un
sistema metódico y consistente para obtenerla y analizarla, está claro que la
movilidad de estudiantes ha aumentado a través de los años. Hay más
estudiantes chilenos estudiando en el extranjero y más estudiantes
internacionales eligen Chile como destino para estudiar. Sin embargo, en
ambas áreas se ha progresado poco si se consideran los puntos de referencia
internacionales. Como se indica en la Tabla 4.5, en 2005 había 7 372
estudiantes chilenos matriculados en educación terciaria en países de la
OCDE. Casi la mitad de ellos estaban en los Estados Unidos, seguido por
España (19%), Alemania (8%) y Francia (4%). Los estudiantes chilenos
representaban el 9.4% de los estudiantes internacionales en la educación
terciaria en España y sólo 1.6% en los Estados Unidos. En general, los
estudiantes chilenos que se matricularon en instituciones de educación
terciaria en países de la OCDE representan sólo el 1% de los 751 752
estudiantes internacionales que componen el grupo.

Tabla 4.5 Estudiantes chilenos de educación terciaria en países OCDE (2005)

% de chilenos Total de % de chilenos
% de estudiantes
Estudiantes estudiando en el estudiantes entre los
País internacionales
chilenos extranjero que internacionales en estudiantes
OCDE en este país
van a ese país este país internacionales
USA 3 436 47 212 627 28 1.6
España 1 414 19 15 004 2 9.4
Alemania 619 8 108 684 14 0.6
Francia 531 7 45 742 6 1.2
Reino
312 4 131 642 18 0.2
Unido
Italia 174 2 14 183 2 1.2
Suecia 259 4 20 195 3 1.3
Bélgica 112 2 24 890 3 0.4
Australia 110 1 26 078 3 0.4
Otros 404 5 152 707 20 0.3
Total en
7 371 100 751 752 100 100
OCDE
Fuente: OCDE (2007). Education at a Glance.

La información disponible no distingue entre estudiantes postulantes a
un grado y estudiantes de intercambio o entre estudiantes de pre y
postgrado. Un cálculo estimativo de las becas otorgadas por las principales


RELEVANCIA – 159

agencias de fondos públicos, indica que en 2006 hubo 848 estudiantes
chilenos en programas de estudios avanzados en el extranjero con ayuda del
sector público (ver Tabla 4.6). En 2008, se inició el programa BECAS Chile,
a través del cual 6 000 personas (2 500 técnicos) serán enviadas a realizar
estudios de postgrado en el extranjero para obtener grados académicos o
diplomas técnicos en 2010.

Tabla 4.6 Estudiantes chilenos postulando a títulos en el extranjero en 2006

Fuente Maestrías Doctorados Otros Total
CONICYT N 215 0 215
MIDEPLAN 73 116 2851 189
MECESUP 13 116 0 129
AGCI 16 0 0 16
CNCA 10 4 0 14
Total 112 451 285 848
Nota: 1Se incluyen 264 becas existentes no clasificadas para programas de Maestría o Doctorado.

Fuente: CONICYT (2007). Capital Humano Avanzado.

Por otra parte, el número de estudiantes internacionales matriculados en
instituciones terciarias chilenas ha ido aumentando en los últimos años. En
2005 había 1 966 estudiantes extranjeros en Chile, 881 de los cuales eran de
países de la OCDE (0.1% de los ciudadanos de países OCDE que estudiaban
en el extranjero) Según indica la Tabla 4.7, los Estados Unidos envían la
proporción más alta (25%), seguidos por Perú (19%), Argentina (8%) y
Bolivia (7%).
Los estudiantes extranjeros constituyen un importante estímulo para la
internacionalización de la educación terciaria. Además representan una
considerable fuente de ingresos para las instituciones, por los altos aranceles
que cobran, y la economía del país se beneficia con su presencia. Las
instituciones terciarias de Chile, con la cooperación de PROCHILE (la
oficina oficial de Chile para la promoción de las exportaciones) han estado
promoviendo a Chile como destino internacional para estudiantes
extranjeros. Sin embargo, tanto las instituciones como el gobierno aún
parecen sentirse inseguros con respecto a la agresividad con que Chile desea
competir en el mercado internacional para atraer estudiantes. El hecho de
compartir un idioma (con la excepción de Brasil) ofrece oportunidades
únicas para crear un mercado común de servicios de educación superior y
promover la movilidad de estudiantes. Como uno de los países que ofrece la
mejor calidad en educación terciaria, Chile podría beneficiarse
considerablemente con este mercado. Sin embargo, las instituciones de
educación superior chilenas y el gobierno deben definir una política clara en


160 – RELEVANCIA

este tema. ¿Considera el país que la exportación de servicios educativos
constituye una prioridad internacional clave, como lo hacen Nueva Zelanda
y Australia? ¿Hasta qué punto está dispuesto el país a abrir sus puertas a
estudiantes extranjeros? Actualmente, como se indica en la Tabla 4.8, Chile
tiene una proporción menor de estudiantes extranjeros matriculados en el
sistema de educación terciaria que cualquier otro país de la OCDE. Un 0.3%
de estudiantes extranjeros constituye una proporción muy pequeña de
matrícula nacional en comparación con el promedio 7.6% de la OCDE.

Tabla 4.7 Estudiantes internacionales de educación terciaria en Chile (2005)

País Estudiantes Porcentaje
USA 498 25%
Perú 365 19%
Argentina 150 8%
Ecuador 103 5%
Bolivia 132 7%
Alemania 84 4%
Francia 73 4%
México 53 3%
España 46 2%
Reino Unido 5 0%
Italia 12 1%
Suecia 17 1%
Bélgica 5 0%
Australia 13 1%
Otros 410 21%
TOTAL 1966 100%
Estudiantes OCDE en Chile 881 0.1%
Fuente: OCDE (2007) Education at a Glance. Cálculos basados en información disponible en
http://dx.doi.org/10.1787/068417017111


RELEVANCIA – 161

Tabla 4.8 Porcentaje de estudiantes extranjeros del total de matrículas nacionales en
educación terciaria en países seleccionados (2005)

País Porcentaje
Nueva Zelanda 28.9
Australia 20.6
Reino Unido 17.3
OCDE 7.6
Portugal 4.5
USA 3.4
Japón 3.1
España 2.5
Corea 0.5
Polonia 0.5
Chile 0.3
Porcentaje OCDE 7.6
Fuente: OCDE (2007). Education at a Glance.

Recomendaciones

Como se ha descrito, ya existe en Chile una gama de políticas tales como el
perfeccionamiento continuo de los sistemas de información pública, el
desarrollo de instituciones técnicas sólidas, tales como DUOC e INACAP y
la entrega de becas y otros instrumentos que se han desarrollado, a través del
MECESUP. Las siguientes políticas posibles, que se basan en programas
existentes, podrían también resultar útiles.

Vínculos con el Mercado Laboral
• Chile debería aprovechar las fortalezas que existen en Futurolaboral
para: a) la entrega de una interpretación más completa de la
información respecto al mercado laboral contenida en el sitio web,
orientada a estudiantes y sus familias como también a los
orientadores vocacionales; b) la actualización regular de dicha
información; c) un análisis más enfocado al futuro para ayudar a las
instituciones a evitar la repetición de cursos que ya estén disponibles
en otras instancias o a que desarrollen nuevos cursos para los que no
hay demanda en el mercado; d) el desarrollo de nexos con otros
recursos, como el Consejo, disponibles en internet.


162 – RELEVANCIA

• El país debería crear un sistema de información unificada sobre la
calidad de los programas académicos; la tasa de deserción y sus
causas. Más adelante, esta base informativa también debería
extenderse para incluir un Estudio de Seguimiento de Graduados
sistemático, como asimismo encuestas de satisfacción de los
empleadores con los titulados.
• Los nexos entre las necesidades de los empleadores y los programas
de las instituciones académicas de educación superior deberían ser
más fuertes, incluyendo la participación y el compromiso de ambas
partes. Los empleadores deberían estar más involucrados en: (a) la
dirección de las instituciones (b) la identificación de cursos nuevos
relevantes y el desarrollo y renovación de los currículos; (c)
prácticas, como parte de los requisitos del curso (cuando se
considere adecuado).

Articulación y vías del sistema
• Es necesario eliminar barreras legales que impidan proseguir
estudios a través de la educación terciaria y crear nuevas vías para el
sistema. Se podría desarrollar un Marco Nacional de Calificaciones
que incluya todas las calificaciones, tanto académicas como
vocacionales, desde el nivel secundario hasta los doctorados. Sería
conveniente crearlo sobre las bases del marco de calificaciones
adoptado por Chilecalifica. Este marco podría ser diseñado para
hacer más fácil el acceso a las instituciones de educación superior
desde todos los niveles de estudio, incluyendo la educación
secundaria vocacional y los estudios terciarios previos; facilitar la
transferencia entre institutos y la progresión desde un nivel más bajo
a grados de más alto nivel dentro del sistema terciario, con
procedimientos para la acumulación y transferencia de créditos. Para
apoyar este sistema, los créditos de todas las instituciones de
educación terciaria deberían ser compatibles. El marco también
podría reconocer las calificaciones equivalentes nacionales e
internacionales y la acreditación de aprendizajes previos. Las
calificaciones deberían estar basadas en los resultados y en las
competencias adquiridas, no en el tiempo y horas que ha significado
el estudio. El Marco Nacional de Calificaciones podría contribuir y
estimular un aprendizaje permanente.
• Se debería establecer un Centro Nacional de Reconocimiento de
Información para acordar y certificar las equivalencias entre
calificaciones chilenas y extranjeras, abriendo así oportunidades
para que las calificaciones académicas y destrezas de chilenos


RELEVANCIA – 163

puedan ser reconocidas en el extranjero al postular a cursos de pre-
grado y de post-grado como asimismo a trabajos.

Relevancia de los cursos y currículos
• Se debería revisar ampliamente los currículos de las instituciones
terciarias para: i) identificar áreas con currículos innecesariamente
inflexibles y especializados y desarrollar un plan de acción que
enfrente estos problemas sin sacrificar la calidad general de los
programas; ii) introducir elementos curriculares adicionales tales
como trabajo en equipo, destrezas comunicacionales, percepción
intercultural, espíritu empresarial y el aprendizaje de un segundo
idioma en un alto nivel de competencia.
• Sería necesario revisar la carga de trabajo en los programas de las
instituciones de educación superior chilenas, tomando en cuenta
tanto las necesidades nacionales como los estándares internacionales
a fin de desarrollar programas académicos más adecuados y
efectivos. Y también establecer una mayor articulación con los
niveles de educación anteriores para reducir la brecha existente de
conocimiento relevante para el ingreso a la educación terciaria.
• Para usar mejor la diversa gama de oportunidades que existen en
todo el sistema de educación terciaria, el aseguramiento de la
calidad y los mecanismos de financiamiento podrían legitimar las
diferentes orientaciones, incluyendo aquéllas con un claro enfoque
técnico profesional y proporcionar incentivos para aumentar los
vínculos con el área de negocios y de la industria.

Internacionalización
• Se requiere un mayor compromiso nacional para incorporar el
desarrollo y dominio de un segundo idioma en los programas de
pregrado. Para ello es necesario alinear los objetivos de un segundo
idioma en el tercer nivel con los de la enseñanza secundaria, y un
compromiso coordinado para la formación de profesores de idiomas
en todos los niveles.
• Se debería aumentar la participación de estudiantes y personal
académico chilenos de educación superior en intercambios
internacionales y entregar apoyo financiero a alumnos talentosos
que de otro modo no podrían participar en estos intercambios.


164 – RELEVANCIA

• Se debería establecer un sistema informativo consistente y
comparable a los internacionales para recopilar información
confiable referente al personal y estudiantes que participen en
programas académicos extranjeros como asimismo sobre el personal
y los estudiantes extranjeros que realicen labores académicas en
Chile.
• Es necesario desarrollar una estrategia y un plan de implementación
para ubicar a Chile como destino de educación internacional.

Referencias

OCDE (2007) Education at a Glance. Paris: OCDE.
González, L.E. (Coord.) et al. (2006). Educación Superior en Iberoamérica:
El caso de Chile. Santiago: CINDA. Pp. 47-50.
http://www.cinda.cl/pdf/INFORME%20CHILE.pdf
Ramirez S., C. (2005). Internacionalización de la Educación Superior en
Chile. En Hans de Wit, C. Jaramillo, J. Gacel Avila & J. Knight (2006)
Educación Superior en América Latina: La Dimensión Internacional.
Washington: Banco Mundial.
CONICYT (2007). Capital Humano Avanzado: Hacia una política integral
de becas de postgrado. Santiago: CONICYT.


VISIÓN, GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN – 165

Capítulo 5. Visión, Gobernabilidad y Gestión

Este capítulo se refiere a la naturaleza y funciones de las instituciones
terciarias chilenas en base a su historia y su evolución. Considera una serie
de temas, incluyendo qué instituciones terciarias deberían estar autorizadas
para otorgar títulos; cómo se gobierna el sistema en su conjunto y la
gobernabilidad institucional gestión institucional y la gestión, considerando
los distintos modelos de gobernabilidad de las instituciones públicas.
El equipo revisor concluye que, si bien las diferencias existentes entre
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica se
deben mantener, los límites entre ellos deberían ser más flexibles,
eliminando la rígida estratificación entre licenciaturas y otros programas y
entre instituciones que son miembros del CRUCH y las que no lo son; se
debería reconocer la existencia de universidades con fines de lucro; las
universidades estatales deberían adquirir mayor autonomía administrativa
y financiera y permitir que sean gestionadas de acuerdo con la legislación
para instituciones privadas. El capítulo finaliza con un número de
recomendaciones destinadas a mejorar la gobernabilidad y gestión de la

Naturaleza y funciones de las instituciones de educación superior

Las primeras universidades chilenas fueron creadas en el siglo 19 y han
evolucionado desde entonces hasta constituir un gran sistema de educación
terciaria, con más de 650 000 estudiantes distribuidos en alrededor de 200
instituciones de diversos tipos. Estas instituciones cumplen distintas
misiones. El gobierno de Chile ha sintetizado las funciones que debe
cumplir la educación terciaria en el siglo 21, como se describen a
continuación.1

1


166 – VISIÓN, GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN

• Desarrollar el capital humano avanzado de la sociedad, constituido
por sus directores, gerentes, profesionales y técnicos, profesores,
científicos e ingenieros que se dedican a la investigación y al
desarrollo y, en general, por quienes aplican sus conocimientos
superiores y redes informativas en forma productiva.
• Proporcionar oportunidades para un aprendizaje permanente, a
continuación del nivel secundario, a todos los que deseen o quieran
mejorar, renovar o ampliar sus destrezas y capacidades.
• Proporcionar información y conocimientos avanzados para el
gobierno y el crecimiento económico del país, mediante el análisis,
la investigación y la experimentación en distintas disciplinas y en
colaboración con empresas, organizaciones públicas y la
comunidad.
• Servir de apoyo vital para una cultura reflexiva y para el debate
público, dos pilares sobre los que se construyen la democracia y las
libertades civiles de las personas.
• Estimular el desarrollo regional y de las ciudades además de abrir
ventanas a la ciencia mundial, a la tecnología y a las ideas
contemporáneas.
Por lo tanto, las instituciones de educación superior son poderosos
instrumentos encargados de realizar varios objetivos importantes y diversos
en la sociedad. Estas instituciones también han sido definidas como
“colecciones relativamente firmes de reglamentos y prácticas organizadas,
arraigadas en estructuras y recursos que han permanecido relativamente
invariables frente a una rotativa de personas y resilientes con respecto a las
preferencias idiosincrásicas y a las expectativas de las personas y de las
cambiantes circunstancias externas”.2 Ambas dimensiones, instrumentales e
institucionales, son interdependientes, pero también están sujetas a
tensiones. Como un instrumento de desarrollo económico y de cambio
social, las instituciones de educación superior deben responder en forma
eficiente a las demandas externas y a las aspiraciones de quienes las apoyan
y las necesitan. En su calidad de instituciones, necesitan ser autónomas y
desarrollar sus propios valores, cultura organizacional y tradiciones, que
impacten la motivación y la capacidad de quienes trabajan en ellas para
responder a las expectativas externas. Por lo tanto, es muy importante para
la gobernabilidad manejar efectivamente esta tensión entre las exigencias de
rendición de cuentas (accountability) y el deseo de la institución de
mantenerse autónoma.

2
Olsen 2005, pág.5.



Las instituciones de educación superior dependen de recursos externos
para subsistir y éstos pueden provenir del estado y de donantes privados en
reconocimiento a su contribución a los objetivos sociales, o pueden ser
obtenidos en un mercado competitivo de parte de estudiantes y empresas a
cambio de los servicios educacionales y técnicos que entregan. Actualmente,
la mayor parte de las instituciones educacionales combinan estas fuentes de
apoyo en grados diferentes, según su historia institucional, la disponibilidad
de los distintos recursos públicos o privados y la legislación de sus
respectivos países. En Chile, como en la mayoría de los países, hay una gran
variedad de instituciones de educación superior con diferentes culturas
institucionales y fuentes de apoyo; desde universidades grandes,
tradicionales, multifuncionales a instituciones nuevas, orientadas al
empresariado y al mercado. Esta diversidad institucional es un rasgo
positivo del sistema de educación superior en Chile, que le permite
responder con rapidez y flexibilidad a la creciente demanda de movilidad
social, educación profesional, cultura e investigación científica y tecnológica
en el país.
El actual marco para la gobernabilidad de la educación superior en
Chile, se desarrolló en respuesta a las cambiantes circunstancias políticas del
pasado y debe ser modificado para que pueda responder más adecuadamente
a la situación actual del país y sus futuras necesidades. Sus rasgos
institucionales principales son la división de las instituciones de educación
superior en tres categorías – Universidades, Institutos Profesionales (IPs) y
Centros de Formación Técnica (CFTs) – y la división de las universidades
en dos grupos, las que pertenecen al Consejo Nacional de Rectores
(CRUCH) y las que no pertenecen a él.
Las instituciones de educación superior chilenas pueden ser privadas o
estatales. Todas las universidades privadas y estatales creadas antes de 1980
pertenecen al Consejo de Rectores. Con excepción del caso especial de tres
universidades católicas (del Maule, de Temuco y Santísima Concepción), las
universidades que se crearon después de 1990, todas privadas, no pertenecen
a dicho Consejo. Los IPs y los CFTs pueden tener fines de lucro o no, pero
las universidades privadas no pueden tenerlo. Sólo las universidades
pertenecientes al Consejo de Rectores, tanto estatales como privadas,
reciben subsidios del estado. Otras instituciones pueden recibir apoyo de
fondos públicos, competitivos de diversa índole, como también distintos
tipos de apoyo de fondos públicos para sus estudiantes.
Hay varias razones por las cuales la educación chilena debe liberarse de
ciertas ataduras rígidas que reflejan su propia historia, así como la historia
de la sociedad chilena. Una de ellas es nutrir a los múltiples talentos de la
población chilena. Otra razón, muy ligada a la anterior, es fortalecer una
sociedad pluralista que mira hacia afuera, en que las instituciones de



educación superior no sólo sirvan para preservar importantes elementos del
pasado, sino que también ayuden a imbuir un espíritu de reflexión y cambio.

La autoridad para conferir grados académicos

La principal función legal de las instituciones de educación superior en
Chile ha sido, tradicionalmente, otorgar títulos y grados correspondientes a
las profesiones exclusivas universitarias. Los distintos derechos que tienen
las universidades, IPs y CFTs han moldeado el actual sistema de educación
superior chileno.
Sólo las universidades pueden otorgar grados académicos que incluyen
el de licenciado, (que se define como “el título otorgado a un estudiante que
ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos
esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada”),3
maestría y doctorado. La legislación también define un grupo de 18
profesiones legalmente reconocidas, que requieren una licenciatura como
condición previa para obtener un grado profesional, lo que en la práctica
restringe el otorgamiento de estos grados a las universidades.
Un grado profesional ligado a una licenciatura requiere por lo menos
cuatro años de educación formal; algunos títulos profesionales universitarios
pueden tomar cinco o seis años. Los IPs pueden otorgar otro tipo de títulos
profesionales no regulados, como por ejemplo en campos de ingeniería
especializada (excepto ingeniería civil), que duran alrededor de cuatro años,
y también títulos técnicos de alrededor de dos años. Hay una clara jerarquía
de prestigio entre estos grados y la mayoría de los estudiantes, si es que
pueden, optan por obtener grados universitarios.
La Tabla 5.1 muestra la matrícula en diversos tipos de instituciones en
2006 y los tipos de programas académicos en que se matricularon.

3
“Es el que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa
de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del
conocimiento o de una disciplina determinada” (extracto de la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza, conocida como LOCE).



Tabla 5.1 Chile, número de instituciones y de alumnos matriculados, 2006

INSTITUCIONES MATRÍCULAS

Grados Otros títulos Primer Maestrías y Doctorados Total (con
Técnicos profesionales grado Diplomados (6) programas
(5B) (5A) universitario (5A) comunitarios
(con especiales,
licenciatura) no
(5A) mostrados
en columnas
anteriores)

Estatales, 16 3 049 124 234 6 037 1 144 146 557
CRUCH
Privadas, 9 3 267 89 923 4 423 1 341 101 113
CRUCH
Privadas, no 36 8 625 198 404 5 300 132 218 284
del CRUCH
Institutos 43 43 368 76 276 121 042
Profesionales
(IPs)
Centros de 105 68 275 68 805
Formación
Técnica
(CFTs)

Total 209 126 584 76 276 488 837 15 760 2 617 655 801

Nota: Estas cifras difieren de las del MINEDUC 2006 en el Informe de Antecedentes, pero pueden ser
comparadas con las cifras de 2007 de INDICES 2008 empleadas en la Tabla 1.1 (no se han usado aquí
pues no distinguen entre universidades del CRUCH estatales o privadas).

Fuente: Información del Consejo Superior de Educación, INDICES 2007, cita del Profesor J.J. Brunner
en “El Sistema de Educación Superior en Chile, un enfoque comparativo político económico”.
Nota: Estas cifras difieren de las del MINEDUC 2006 en el Informe de Antecedentes, pero pueden ser
comparadas con las cifras de 2007 de INDICES 2008 empleadas en la Tabla 1.1 (no se han usado aquí
pues no distinguen entre universidades del CRUCH estatales o privadas).

La Tabla 5.2 muestra las profesiones para las cuales se necesita una
licenciatura. El monopolio que tienen las universidades para otorgar estos
títulos se basa en supuestos no garantizados y que tienen consecuencias
negativas para la educación superior chilena. Uno de estos supuestos es que
cada una de las 18 profesiones, y no otras, están dotadas de un conjunto de
“aspectos esenciales de cierta área de conocimientos”; otro supuesto es que



sólo instituciones con estatus universitario pueden impartir este contenido
“esencial”. Para los expertos internacionales en educación, esta lista parece
arbitraria y sugiere que su creación se debe más a la influencia de las
diferentes asociaciones profesionales que a la naturaleza intrínsicamente
científica de los títulos. Por ejemplo, sólo se consideran como profesiones
cuatro títulos de ingeniería, incluyendo el de “ingeniero comercial”, que en
la mayoría de los países sería un economista o administrador de negocios.
Sin embargo, la lista excluye campos más nuevos como la ingeniería
química o electrónica, y otras más tradicionales como contabilidad o
enfermería.

Tabla 5.2 Títulos profesionales que requieren una licenciatura

Abogado: Licenciado en Ciencias Jurídicas

Arquitecto: Licenciado en Arquitectura
Bioquímico: Licenciado en Bioquímica

Cirujano Dentista: Licenciado en Odontología
Ingeniero Agrónomo: Licenciado en Agronomía
Ingeniero Civil: Licenciado en Ciencias de la Ingeniería
Ingeniero Comercial: Licenciado en Ciencias Económicas o Licenciado en la Administración de Empresas

Ingeniero Forestal: Licenciado en Ingeniería Forestal
Médico Cirujano: Licenciado en Medicina

Médico Veterinario: Licenciado en Medicina Veterinaria
Psicólogo: Licenciado en Psicología
Químico Farmacéutico: Licenciado en Farmacia
Profesor de Educación Básica: Licenciado en Educación
Profesor de Educación Media en las asignaturas científico-humanistas: Licenciado en Educación
Profesor de Educación Diferencial: Licenciado en Educación
Educador de Párvulos: Licenciado en Educación
Periodista: Licenciado en Comunicación Social
Trabajador Social o Asistente Social: Licenciado en Trabajo Social o en Servicio Social
Fuente: Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

El equipo revisor considera que el concepto chileno de licenciatura –
que limita el conocimiento de aspectos importantes de una disciplina a



aquéllos que tienen una licenciatura, y además, lo convierte en un requisito
para el ingreso a 18 profesiones – debería ser revisado. Supone la división
del conocimiento en un número limitado y predefinido de disciplinas, cada
una asociada a un currículo específico ofrecido en una universidad. Sin
embargo, actualmente la mayoría de las disciplinas tradicionales están
siendo reemplazadas por áreas nuevas e interdisciplinarias y nuevas
actividades profesionales que no caen dentro del molde usual de profesiones
tradicionales. En la mayoría de los países que han mantenido el término
licenciatura, ésta corresponde ya sea a un título docente o a un término
genérico que se refiere a la duración del período de educación post-
secundaria más que a un contenido especial.
La primera consecuencia negativa de cómo Chile concibe el término
licenciatura y las profesiones es que crea una estratificación artificial o línea
divisoria, entre grados profesionales similares. Dicha estratificación afecta
tanto el prestigio social como los derechos legales de quienes obtienen estos
títulos. Esta estratificación artificial origina un desajuste entre los diplomas
y las nuevas posibilidades del mercado laboral y limita la posibilidad de
crear nuevos diplomas mediante fertilización cruzada. No hay ninguna razón
a priori para asumir que todas las universidades están en condiciones de
entregar a sus alumnos este “conocimiento esencial” y no los institutos
profesionales. A medida que Chile desarrolla un sistema confiable de
acreditación institucional y de programas, debería más bien ser la
acreditación que el estatus legal de las instituciones la que defina el valor y
el prestigio del título obtenido por el estudiante.
La segunda consecuencia negativa es que los estudiantes se demoran
mucho en obtener los primeros títulos y muchos de ellos abandonan los
estudios sin recibir ningún reconocimiento de sus esfuerzos. Por ejemplo, en
la Universidad Católica de Valparaíso, los estudios de arquitectura e
ingeniería civil duran 6 años; otras carreras profesionales y no-profesionales
duran cuatro o cinco años. En la práctica, son pocos los estudiantes que
completan sus cursos y se gradúan dentro del tiempo prescrito (menos del
9%, según el estudio realizado por González et. al. citado en el Capítulo 4).
La tercera consecuencia negativa es que esta división crea una barrera
para la movilidad de los estudiantes entre cursos técnicos profesionales y
cursos para obtener títulos universitarios. Si los estudiantes con título
técnico profesional de un CFT o de un IP desean obtener calificaciones más
avanzadas, deben comenzar sus estudios desde el comienzo. Posiblemente
les puedan acreditar algunos cursos anteriores, pero deberán estudiar desde
el comienzo todas las disciplinas que forman parte del currículo de la
licenciatura correspondiente. Con una fórmula más flexible, estos
estudiantes podrían seguir sus estudios en Institutos Profesionales para
fortalecer su educación previa, y podrían obtener calificaciones más



avanzadas que fueran totalmente equivalentes a las otorgadas a través de
cursos universitarios de pregrado, o podrían trasladarse a una universidad
sin necesidad de reiniciar todos sus estudios.
La transición desde un currículo rígido y estratificado a un sistema
abierto, más flexible, no es fácil, pero se podría iniciar con algunas medidas
simples. En primer lugar, Chile debería terminar las listas cerradas de títulos
profesionales universitarios. Las universidades y los institutos profesionales
deberían tener la libertad de otorgar los títulos que deseen, de acuerdo con
sus calificaciones acreditadas, dentro de un marco amplio, similar al marco
de tres ciclos que se está adoptando en Europa y otros países a través del
proceso Bolonia: un primer grado correspondiente a tres años de estudios
generales o vocacionales; un segundo grado, de uno a tres años de estudios
profesionales o de maestría; y uno avanzado, a nivel de doctorado en
ciencias, tecnología, humanidades y medicina. Debería haber una clara
separación entre grados académicos y títulos o certificados profesionales.
Las agencias de gobierno, en conjunto con las asociaciones profesionales,
podrían desarrollar procesos de certificación o licencias basados en
conocimiento y requisitos prácticos en áreas que incluyen riesgo profesional
o material, tales como medicina, ingeniería o leyes; y las asociaciones
profesionales podrían establecer sus propios procedimientos para
certificación de profesionales en sus áreas, que desean su sello de
aprobación. Los organismos que otorgaran estas licencias o certificados
también deberían tener la facultad de revocar los certificados de
profesionales que no cumplan con los requisitos de ética y competencias de
sus respectivas especialidades, de acuerdo con procedimientos claramente
establecidos.

Administración pública (public governance)

La administración pública de la educación superior en Chile está
compartida por el MINEDUC, el Consejo de Rectores (CRUCH), el Consejo
Superior de Educación, el Consejo Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica y la Comisión Nacional de Acreditación. Sus responsabilidades
y funciones están establecidas en varios instrumentos legales, pero todas
dentro del marco de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1990
(LOCE), 4 promulgada como decreto justo antes del fin del régimen militar
y que actualmente está siendo revisada. Debido a que se trata de una ley
constitucional, se requiere de una mayoría de cuatro séptimos del Congreso
para modificarla. La autoridad pública sobre las instituciones de educación
superior está limitada por la autonomía de las universidades, que determinan
4
LOCE (Ley 18.982).



libremente los programas que ofrecen, su estructura de gobierno y su
organización administrativa. Las universidades públicas y otras que son
miembros del CRUCH gozan de un estatus especial en términos de
financiamiento y otras oportunidades.
El MINEDUC es la secretaría del Estado en Educación que regula y
coordina la educación superior. Es responsabilidad del Ministerio proponer
y evaluar las políticas; asignar recursos; evaluar el desarrollo de la
educación como proceso integral; informar a la comunidad sobre los
resultados; estudiar y proponer estándares generales adecuados para el
sector y controlar que éstos se cumplan; y otorgar el reconocimiento oficial
a las instituciones. Dentro del MINEDUC, la División de Educación
Superior es la unidad principal responsable del sector. El programa
Chilecalifica, dedicado a fortalecer la educación técnica en forma
coordinada es de responsabilidad de los Ministerios de Educación, del
Trabajo y de Economía; y el MECESUP, un programa dedicado a mejorar la
calidad y el desempeño de las instituciones de educación superior mediante
fondos competitivos es también responsabilidad de la División de Educación
Superior.
El Consejo de Rectores (CRUCH), establecido en 1954, incluye 25
universidades: 16 son estatales, 6 son universidades católicas y 3 son
universidades laicas privadas creadas antes de 1981 (Austral, Concepción y
Universidad Técnica Federico Santa María) El CRUCH excluye las otras 36
universidades privadas creadas desde 1981, como asimismo a todos los IPS
y CFTC.
El CRUCH es una institución autónoma e independiente, pero que
cuenta con el aporte de dineros públicos y cumple varios roles importantes
en el sistema de educación superior en Chile, incluyendo la administración
de la prueba de selección universitaria, la PSU. El CRUCH participa en
discusiones sobre políticas con el gobierno y realiza acuerdos de
cooperación en representación de las universidades chilenas. El equipo
revisor tiene la impresión de que el MINEDUC está dispuesto a ofrecer al
CRUCH participar en asuntos relacionados con políticas de educación
superior. Cuando el equipo sugirió al Jefe de la División de Educación
Superior de entonces, modificar la PSU, la respuesta fue que la División no
tendría objeciones para discutir propuestas en ese sentido, si eran
presentadas por el CRUCH.
Según el Informe de Antecedentes, “el primer gobierno de la
Concertación hizo el mayor aporte de recursos a las universidades del
Consejo de Rectores, ya sea como aumento a las contribuciones directas o a
través de la creación de mecanismos de fondos de inversión, como el Fondo
de Desarrollo Institucional (FDI)”. Cuando se introdujeron las becas para



estudiantes con desventajas económicas, y cuando se agregó un sistema de
créditos garantizados por el estado, éstos fueron sólo para estudiantes de
universidades del CRUCH. Estas universidades son todavía las únicas que
tienen derecho a recibir subsidio directo e indirecto, y, como se explicaba en
el Capítulo 3, sus estudiantes son aún los únicos elegibles para obtener las
Becas Bicentenario y los mejores préstamos garantizados por el estado.
La LOCE creó, en 1990, el Consejo Superior de Educación (CSE), que
es la organización a cargo de otorgar licencia a las universidades e IPS y de
asegurar que se han cumplido las condiciones que se dieron para crearlas.
Las funciones principales del Consejo son evaluar y aprobar o rechazar los
proyectos institucionales de las instituciones privadas que solicitan
reconocimiento y licenciamiento oficial. También cumple importantes
funciones con respecto a la educación básica, pero no influye directamente
en las universidades del CRUCH u otras instituciones terciarias autónomas.
Las funciones del CSE con respecto a la educación superior fueron
modificadas en Noviembre de 2006, mediante la Ley 20.129, que creó un
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
en Chile. Actualmente, el CSE participa en un comité de coordinación para
el Aseguramiento de la Calidad junto con el presidente de la nueva
Comisión Nacional de Acreditación y el Jefe de la División de Educación
Superior del Ministerio de Educación y recibe apelaciones respecto a
algunas de las decisiones de acreditación de la CNA. El CSE también
participa en la cancelación del reconocimiento oficial de las instituciones de
educación superior. Finalmente, el Consejo mantiene su rol en el
licenciamiento de instituciones de educación un rol que se ha extendido
recientemente para incluir el licenciamiento de CFTC.
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) es una agencia autónoma
y su Presidente es designado por el Presidente de la República. La Comisión
cuenta con 13 miembros más, incluyendo al Jefe de la División de
Educación Superior del MINEDUC; 3 miembros nominados por el CRUCH,
2 (incluyendo al Vise-Presidente) que son nominados por las universidades
privadas; 2, por el Consejo Nacional para la Investigación Científica y
Tecnológica; 1, por los IPs y 1, por los CFTs; 2 son nominados por los otros
miembros de la Comisión en representación de los intereses del sector
productivo y de las asociaciones de profesionales respectivamente; y un
Secretario Ejecutivo. La Ley 20.129 también consideraba 2 estudiantes
como miembros, pero estos puestos están vacantes actualmente porque los
estudiantes se han negado a nombrar a sus representantes. El equipo revisor
considera que esto es una deficiencia de los procedimientos actuales y
debería ser remediada.



El rol de la CNA consiste en evaluar y mejorar la calidad de la gestión y
el funcionamiento de las instituciones terciarias y evaluar y mejorar la
calidad de los programas que ofrecen. Entre las funciones de la CNA está la
acreditación de las instituciones terciarias y sus programas a nivel de pre y
postgrado, y la mantención de un sistema de información pública para
comunicar sus decisiones. La Comisión también tiene el rol de autorizar el
establecimiento de las agencias de acreditación independientes y supervisar
sus actividades, actualmente hay cinco agencias aprobadas y en
funcionamiento. Otorgar un estatus independiente a las nuevas agencias de
acreditación, así como el enfoque descentralizado por medio de la
acreditación de acreditadores, son pasos en la dirección correcta.
La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT) es la agencia chilena de coordinación para la ciencia y
tecnología y no se relaciona directamente con la educación superior. Sin
embargo, participa otorgando becas y apoyo financiero a estudiantes de
postgrado y para proyectos de investigación de las universidades a través de
mecanismos competitivos.
La agencia del Ministerio de Economía para apoyar a las empresas,
CORFO, ha combinado sus programas para estimular la innovación e I&D y
aumentar la competitividad económica del país, en INNOVACHILE. Un
componente importante de esta actividad es el apoyo a los lazos de
cooperación entre la educación superior e instituciones públicas y privadas.
El Gobierno de Chile creó, en 2005, un Consejo Nacional para la Innovación
y Competitividad formada por seis miembros, destinada a proponer una
estrategia nacional para la innovación del país. Una de las actividades del
Consejo consistió en identificar ocho de las actividades más importantes
desarrolladas por conglomerados económicos, en los cuales Chile debería
concentrar sus esfuerzos de innovación, y ha propuesto la creación de una
agencia inter-ministerial para la coordinación de todos los esfuerzos de
innovación en Chile. El Consejo también recomienda los programas de
CONICYT y de INNOVA que deben ser financiados por el importante
Fondo para la Innovación y Competitividad (creado en 2006).
El mayor problema de la gobernabilidad actual de la educación superior
en Chile es su segmentación; y la manifestación más importante de esta
segmentación es la división histórica entre instituciones que pertenecen y las
que no pertenecen al CRUCH. Esto estratifica a las universidades de modo
no justificado por sus actividades y desempeño actuales, y tiene dos
consecuencias principales. Primero, las instituciones del CRUCH y sus
estudiantes gozan de un número de privilegios legales y beneficios
financieros que no están disponibles para las otras. La equidad de esta
situación ha sido cuestionada en los últimos años y ha habido algunos
cambios, por ejemplo, la extensión de ciertas becas y préstamos a



estudiantes de instituciones que no pertenecen al CRUCH; pero falta mucho
por hacer. En segundo lugar, el rol de gobernabilidad pública del CRUCH
permite a sus universidades que representen los intereses de sus instituciones
al gobierno e influyan en las políticas de gobierno de una manera que no se
está disponible a otras universidades, IPs o CFTs. Hay otras asociaciones
representativas, por ejemplo, la Asociación de Universidades Privadas, pero
ellas no gozan del mismo status e influencia. Si se quiere lograr un sistema
de educación terciaria unificado y una política de educación superior
coherente , es importante terminar con las divisiones históricas no
justificadas entre los diferentes tipos de instituciones terciarias y sus
alumnos, y dar a todas las partes del sector terciario una influencia igual y
justa en las políticas públicas y en la toma de decisiones. Los medios
chilenos interesados deben decidir si esto se va a lograr a través de una
asociación que represente a todas las instituciones terciarias, o por medio de
asociaciones separadas, pero iguales, por universidades, IPs y CFTs.
El equipo revisor ha considerado si debería ser una preocupación el
hecho de que existan múltiples agencias que se ocupan de temas de
educación superior dentro y fuera del Ministerio de Educación, pero llegó a
la conclusión de que no debería serlo. Estas agencias realizan distintas
funciones, como el establecimiento de políticas, representación de las
instituciones, acreditación, financiamiento de fondos para ciencias básicas y
aplicadas, apoyo a la innovación, administración de préstamos a los
estudiantes y otras funciones. Algunas de ellas son funciones públicas
legítimas, otras sería mejor que fueran encomendadas a organizaciones
especializadas independientes. En una sociedad abierta y competitiva se
espera que los distintos sectores de la sociedad representen sus casos y
tengan sus propias agendas. El rol del gobierno central es manejar las
tensiones y conflictos de prioridades que puedan surgir. Sin embargo, en un
sistema de educación terciaria tan diversificado y pluralista con un gran
número de instituciones autónomas y privadas, es especialmente importante
que el gobierno central encargue ejercicios periódicos de planificación
estratégica, para evaluar si las instituciones terciarias, en forma colectiva,
están logrando las competencias técnicas y profesionales que el país
necesita; si están dando la atención adecuada al acceso y la equidad; si
realizan suficiente investigación de alta calidad, relevante a las necesidades
de la sociedad y la economía; y si están dando valor agregado a los recursos
públicos destinados a la educación terciaria. Las instituciones, naturalmente,
deberían estar totalmente comprometidas en la planificación de estos
ejercicios.



Gobernabilidad institucional y gestión

De acuerdo con la LOCE, las universidades chilenas establecidas antes
de 1990, ya sean estatales o privadas, gozan de autonomía académica,
económica y administrativa. Las instituciones privadas creadas
posteriormente, pueden obtener su autonomía después de un período de
supervisión del Consejo Superior de Educación.
El tipo de dirección y administración de las instituciones de educación
superior en Chile depende de si son universidades estatales o privadas, de su
estatus académico y también de su cultura institucional. Las universidades
estatales están bajo la autoridad de un Consejo constituido por igual número
de representantes del gobierno nombrados por el Presidente de la República
y de miembros externos nombrados por el Consejo Académico. El Consejo
Académico (llamado Consejo Universitario en la Universidad de Chile) está
formado por el Rector, el Vicerrector Académico, Decanos y otros
directores o profesores designados. Con excepción de la Universidad de
Chile, donde el Consejo Universitario asume las funciones del Directorio, en
la mayoría de las universidades estatales el Consejo Académico es sólo
consultivo y depende del Rector. El Rector, nominado por el Presidente de
la República, es responsable del manejo de la universidad y la administra
con el apoyo de los Decanos, de los Directores de Departamentos y otras
autoridades.
Este sistema administrativo jerárquico se estableció en 1981 y fue
reforzado en 1990 por la LOCE que estableció que ningún estudiante ni
personal administrativo podría participar en los cuerpos colegiados con
derecho a voto. Sin embargo, a partir de 1990, este sistema ha ido
cambiando y en 1994 se legisló y estableció que los rectores de las
universidades estatales serían elegidos mediante votación del personal
académico de la universidad para ser ratificados posteriormente por el
Presidente de la República. En las universidades también existen cuerpos
colegiados en los departamentos y facultades y son ellos quienes
generalmente eligen a los directores de departamentos. Últimamente, varias
universidades estatales han incluido representantes de los estudiantes en el
Senado Académico o entidades similares.
Las universidades católicas tienen diferentes maneras de elegir a sus
rectores. En algunas de ellas, son elegidos por sus pares; en otras, hay
comités de búsqueda y el rector puede provenir de una institución externa.
En todos los casos, las listas de candidatos pre-seleccionados son enviadas al
obispo de la diócesis, ya sea para el nombramiento directo del Rector, o para
ser enviada al Vaticano, quien toma la última decisión en el caso de las
universidades pontificias.



Las universidades estatales están sujetas a los reglamentos generales del
estado para todos sus contratos laborales, gastos y rendición de cuentas. Las
universidades privadas que forman parte del CRUCH reciben subsidios
públicos y deben rendir cuentas al MINEDUC por el uso de los recursos que
reciben. Las universidades estatales tienen libertad para establecer los
sueldos y las carreras de sus académicos y de su personal administrativo,
pero los reglamentos de la administración pública hacen extremadamente
difícil despedir a sus académicos o trasladarlos a otras instituciones y los
que no son chilenos no pueden ser miembros plenos de las facultades de
universidades estatales. Chile está trabajando para mejorar las normas y el
uso de mecanismos de rendición de cuentas de los fondos públicos; un
ejemplo de esto es Chilecompra, un sistema basado en Internet para todo
tipo de adquisiciones estatales. Aun así, los reglamentos de la
administración pública son mucho más rígidos y engorrosos que los del
sector privado.
El gran mérito de las normas actuales que rigen a las instituciones
estatales es que otorgan un alto nivel de legitimidad a las autoridades
universitarias, con el consiguiente clima de participación y pertenencia
institucional, al contrario de la traumática experiencia de la época del
régimen militar en que el gobierno imponía a oficiales militares en las
universidades. Sin embargo, estas disposiciones también tienen algunas
desventajas. Las universidades no tienen la posibilidad de contratar a un
rector u otro académico externo que podría aportar una experiencia más
amplia y nuevas perspectivas a la institución. Debido a que los rectores son
elegidos por sus pares, es poco probable que propongan cambios que
pudieran afectar los intereses o puntos de vista de sus electores. Las
universidades estatales tienen grandes diferencias internas, no sólo en las
disciplinas académicas, sino también entre los profesores de diferentes
generaciones y niveles de antecedentes académicos, ideologías políticas y
distintos conceptos sobre cómo deberían ser las instituciones de educación
superior. En consecuencia, la toma de decisiones se torna muy lenta ya que
depende de las deliberaciones colectivas con distintos niveles de autoridad y
responsabilidad. Para reducir este problema, es necesario hacer una
distinción entre la representación en los cuerpos colegiados y participación
en la toma de decisiones, de modo que todo el cuerpo académico esté
representado, pero no todos participan directamente en el proceso de toma
de decisiones. Además, se debería dar lugar en los consejos directivos, a
otros actores interesados que representan a la sociedad y los empleadores.
Las universidades privadas también son regidas por un Directorio y por
un rector designado. El Directorio generalmente representa a los propietarios
o a la corporación dueña de la institución y elige al rector dentro de la
universidad o fuera de ella. Algunas universidades privadas tienen cuerpos



colegiados que participan en la selección de los directores de departamentos
o de los decanos; en otras, estos cuerpos colegiados están limitados a ejercer
labores de asesoría. En otras instituciones, particularmente en los IPs y
CFTs, todas las decisiones están centralizadas, sin participación de los
cuerpos colegiados ni de los estudiantes en la toma de decisiones.
El equipo revisor considera que el requisito que deben cumplir las
universidades estatales de funcionar como parte de la administración
pública, las deja en clara desventaja en relación al sector privado. La
respuesta podría ser transformarlas en fundaciones o instituciones similares
que funcionen de acuerdo con las normas del sector privado, cumpliendo
con las reglas necesarias de rendición de cuentas financieras. Su naturaleza
de entidad pública debería ser determinada por sus objetivos, no por sus
normas y regulaciones administrativas, y el gobierno, como su principal
propietario y sostenedor, debería usar su autoridad al nombrar rectores y
miembros del directorio de las universidades para asegurarse de que
cumplen con las misiones públicas que les han sido asignadas. Otra forma
que tiene el gobierno para dirigir las instituciones de educación superior,
privadas o estatales, es reemplazar los actuales subsidios directos por apoyo
financiero basado en el desempeño, exigiendo a las instituciones que
desarrollen una planificación estratégica de acuerdo con objetivos
nacionales.
Dentro del sector terciario hay instituciones con y sin fines de lucro, aún
cuando según la ley, está prohibido que las universidades tengan fines de
lucro. El equipo revisor sugiere que esta prohibición debería eliminarse. En
principio, no hay ninguna razón por la cual una institución sin fines de lucro
vaya siempre a ofrecer una educación mejor que una con fines de lucro. No
parece lógico que, entre todas las instituciones educacionales, exigir sólo a
las universidades que no tengan fines de lucro. Algunas universidades
privadas realmente no persiguen fines de lucro. Otras son obviamente
empresas comerciales levemente disfrazadas de instituciones sin fines de
lucro. Una legislación que permitiera a las universidades privadas tener fines
de lucro, si estuviera bien diseñada, podría hacer públicas estas prácticas
cuestionables y lograr que las instituciones paguen los impuestos
correspondientes por a sus ganancias. Aunque las universidades privadas no
reciben aportes directos, sí reciben aporte fiscal indirecto, a través de las
ayudas estudiantiles y fondos para la investigación o para becas. Por lo
tanto, todas las transacciones financieras deben ser transparentes y
demostrar que los recursos, tanto públicos como privados, están siendo bien
utilizados. En Cuadro 5.1 se describen casos de educación superior privada
(con y sin fines de lucro) del mundo y cómo algunos países han incorporado
las universidades con fines de lucro. El equipo revisor cree que sería
apropiado que Chile también lo hiciera. En el Capítulo 8 sobre



Financiamiento se considera cómo y bajo qué condiciones las instituciones
con fines de lucro podrían obtener beneficios públicos.

Cuadro 5.1 Universidades Privadas a Nivel Mundial

A nivel mundial: Uno de cada tres estudiantes de educación superior está matriculado en
una institución privada. En la actualidad, casi todas las regiones del mundo tienen Educación
Superior Privada (ESP). Existe desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos, en América
Latina, donde la mitad de todas las existentes son privadas, y en Asia. En las dos últimas
décadas han surgido nuevas instituciones privadas en el Medio Oriente, en África (con
preponderancia de los países angloparlantes más que de los franco parlantes) y en Europa del
Este y Central. En Europa Occidental las instituciones de educación superior no enfrentan un
mayor desafío de parte del sector privado. Pero, a excepción de Portugal, ningún país del
mundo ha visto disminuir su proporción de ESP en las últimas dos décadas; y en los países
con una ESP bien establecida, su crecimiento reciente ha sido asombroso.
Generalmente, la ESP ha aumentado porque proporciona:
• ‘algo más’ – para satisfacer la demanda de estudiantes cuando el sector público
no puede crecer para absorber o abastecer a estudiantes mal atendidos por parte
de dicho sector, como por ejemplo, estudiantes mayores que trabajan
• ‘algo mejor’ – para quiénes no están satisfechos con los estándares de la
educación pública masiva.
• ‘algo menos riguroso’ – para quiénes no logran cumplir con los estándares
académicos establecidos por las instituciones públicas selectivas
• ‘algo diferente’ – oferta especializada, afiliación religiosa (por ejemplo,
Católica en América Latina y Europa, Musulmana, Pentecostal en Africa),
étnica o de contexto nacionalista.
La educación superior privada es estimulada por los gobiernos que creen que ayudará a
satisfacer la creciente demanda de calificaciones de más alto nivel y/o para desafiar a las
instituciones públicas a que mejoren su respuesta al mercado y su eficiencia y efectividad en
general. En algunos países se ha producido un crecimiento inesperado del área privada de
modo que los gobiernos han tenido que ajustar sus políticas, sus regímenes regulatorios y
disposición de fondos para acomodarse a la situación; por ejemplo China, Malasia y
Sudáfrica han modificado su legislación para reconocer las ESP que antes no estaban
permitidas.
En Estados Unidos, las instituciones privadas incluyen algunas de las más antiguas y
más prestigiosas, como Harvard, Stanford y Yale. Estas antiguas universidades privadas
cuentan con grandes donaciones o fondos para investigación, de modo que no dependen
tanto del pago de aranceles. Su estructura de instituciones “sin fines de lucro” es similar a
las instituciones de caridad que tienen ventajas tributarias, aún cuando operan en forma
comercial. Estados Unidos tiene también el sector “con fines de lucro” (FP) más grande y
más desarrollado del mundo: de alrededor de 9 000 instituciones post-secundarias, cerca de
la mitad son con fines de lucro. La gran mayoría de estas instituciones ofrece estudios a



estudiantes no universitarios, aunque desde comienzos de los años 90, las universidades con
fines de lucro han mostrado la mayor expansión y los lugares que otorgan títulos aumentan
rápidamente. Varias compañías con base en los Estados Unidos (por ejemplo, Apollo,
Laureate, Kaplan) ya tienen presencia internacional y han establecido sedes en otros países,
comprando instituciones extranjeras existentes, o publicitando cursos a distancia para el
mercado internacional. Las instituciones con fines de lucro corporativas cuentan con gran
aceptación del sistema en los Estados Unidos, incluso de parte de las sin fines de lucro que
invierten gran parte de sus recursos en las instituciones con fines de lucro más grandes,
mediante la compra de acciones. Sin embargo, existe preocupación en cuanto a ciertas
prácticas de reclutamiento y retención de alumnos; pérdida de liderazgo local, de dirección y
responsabilidad colectiva cuando las decisiones más importantes se toman en oficinas
corporativas centrales muy lejanas; pérdida de responsabilidad financiera cuando las
instituciones corporativas son compradas por grupos privados; y el alza de los costos a
medida que la ayuda federal a los estudiantes permite que aumenten los aranceles y las
ganancias privadas a expensas del gasto público.
China decidió expandir radicalmente su provisión de educación superior en 1999.
Actualmente, las matrículas de universidades privadas ascienden a aprox. 6.6%, o cerca de
1.34 millones de los 20.2 millones de estudiantes matriculados en la educación superior
formal en 2006. Las universidades públicas más importantes de China también han creado
“colleges” de segundo rango para generar ingresos adicionales aprovechando el estatus de
universidades auto acreditadas. Estas son efectivamente instituciones privadas con una
matrícula de 1.47 millones de estudiantes, cerca del 7.3% del total. La nueva ley de
educación superior en China, de 1998, estipula que las universidades privadas tienen
personalidad jurídica (y pueden poseer propiedades privadas) y su ley de 2003 permite “un
retorno razonable en la inversión de la educación privada”. Una ley anterior (2002) exige
que un directorio de síndicos controle la dirección de la universidad.
Malasia también tiene un gran sector privado, y varias instituciones privadas más
antiguas constituyen la mayoría en Japón, Indonesia, Filipinas, Corea del Sur y Taiwán.
Japón, Bélgica y los Países Bajos tienen universidades privadas con bases religiosas que
han recibido subvenciones públicas a cambio de su administración, certificación de calidad y
otros controles y no difieren de las universidades públicas.
En Australia y Nueva Zelanda, el rol del sector de educación superior privada está
basado en gran parte en espacios específicos del mercado; en áreas de estudio especializado,
más que en la educación masiva. Está generalmente dirigida a la administración, al comercio
y a la tecnología de la información más bien a nivel de diplomas y certificados que de grados
y postgrados
Egipto, Israel, Jordania, Omán, Arabia Saudita y Siria son algunos de los países del
Medio Este en los que se ha introducido la educación superior privada últimamente.

Fuente: Roger King ‘Private Universities: Models and Business Plans’, Estudio sobre estrategias
para Universidades del Reino Unido (en prensa).



Recomendaciones

• Chile debería cambiar a un sistema de educación superior que fuera
más flexible y mejor articulado entre los tres tipos de instituciones
que existen. El vínculo entre los grados profesionales y los
académicos (ejemplificado en el requerimiento legal de una
licenciatura antes de obtener algunos grados profesionales) debería
ser eliminado. Chile debería terminar con la lista cerrada de 18
títulos legalmente definidos como títulos profesionales
universitarios que tienen como pre-requisito una licenciatura y que
sólo pueden ser otorgados por universidades y los IPs deberían tener
la libertad de otorgar los grados que sean capaces de ofrecer dentro
de un marco amplio de tres ciclos similar al del proceso de Bolonia.
• Debería existir una clara separación entre títulos universitarios y
licenciaturas profesionales con el desarrollo de sistemas de
certificación en campos relacionados con la salud, tecnología y
leyes.
• La actual división entre las universidades que pertenecen y las que
no pertenecen al CRUCH es anacrónica y debería ser eliminada. El
apoyo público a las instituciones de educación superior debería ser
asignado en base a la función social que desempeñan, con claras
reglas para ser elegidas: No debería depender de si pertenecen o no
al Consejo de Rectores, sino de si desempeñan funciones sociales
que merezcan se apoyadas con fondos públicos. Todas las
universidades chilenas deberían estar bien representadas e
involucradas en discusiones con el gobierno y en la cooperación
internacional.
• El gobierno central debería encargar ejercicios periódicos de
planificación estratégica, con una estrecha colaboración de las
instituciones terciarias, para asegurarse de que las instituciones, en
forma colectiva, produzcan las competencias técnicas y
profesionales que requiere el país; que presten la debida atención al
acceso y a la equidad; que realicen investigación de alta calidad que
sean relevantes a las necesidades de la sociedad y de la economía y
que den el valor que corresponde a los recursos públicos destinados
a la educación terciaria.
• Para que las instituciones terciarias puedan combinar de la mejor
manera posible los dobles requisitos de autonomía institucional y
rendición de cuentas de fondos públicos, manteniendo su diversidad,
deberían introducirse cambios en la legislación y en las políticas
públicas para lograr los siguientes objetivos:



− La naturaleza pública de universidades estatales, autónomas,
debería estar basada en la orientación pública o de espíritu
público de su labor y de sus metas estratégicas y no en su ajuste
formal a normas de contabilidad y administración de personal
propias de la administración pública.
− Se debería estimular a las universidades públicas para introducir
prácticas modernas de gestión dentro de su planificación
estratégica y de su funcionamiento. También se les debería
permitir contratar rectores y otros académicos que no
pertenezcan al cuerpo docente de la universidad.

− El proceso de toma de decisiones corporativas en las
universidades públicas debería ser modernizado: no se debería
seguir asumiendo que todo el personal académico representado
en los cuerpos colectivos participa directamente en la toma de
decisiones. Es necesario reforzar la dirección institucional y la
rendición de cuentas públicas permitiendo que en los directorios
haya participación de otros representantes de la sociedad civil o
de los empleadores. Al mismo tiempo se debería estimular la
rendición de cuentas.
− La ley que impide que las universidades privadas operen en base
a fines de lucro debería ser reemplazada por una nueva
legislación que permita su existencia, en forma paralela con las
instituciones sin fines de lucro y estatales, bajo normas claras de
rendición de cuentas.
− Todas las instituciones terciarias que reciban cualquier forma de
apoyo o subsidio público, sean públicas o privadas, deberían
estar sujetas a las mismas normas contables y de transparencia
que rigen para el uso de estos recursos.

Referencias
Chile Consejo Superior de Educación 2007. “Resumen de la labor realizada
1990-2006”. Santiago: Consejo Superior de Educación.
Olsen, Johan P. 2005. “The institutional dynamics of the (European)
University”. Oslo: areNA – Centre for European Studies, University of
Oslo.


CALIDAD – 185

Capítulo 6. Calidad

En este capítulo se describen recientes reformas a la calidad, incluyendo la
introducción de la acreditación de instituciones y de programas. Se analiza
su impacto en las instituciones, la percepción del público y en la calidad de
la enseñanza y el aprendizaje. Otros aspectos que se discuten son la calidad
de la contribución de las instituciones terciarias a sus comunidades, la
calidad de las sedes, los usos y el mal uso de información de calidad y la
calidad de la formación de profesores. El capítulo concluye con un número
de recomendaciones que abarcan el sistema de acreditación y la formación
de profesores.
El equipo revisor sugiere que el sistema de acreditación puede ser más
efectivo si participan todas las instituciones de educación superior, si se
reconocen las diferentes misiones y características estructurales de las
diferentes instituciones, si los principios básicos se establecen de manera
más clara y si se continua la creciente presión para aumentar la calidad
estableciendo puntos de referencia más estrictos una vez que las
instituciones logren la acreditación. El capítulo también considera modos
de mejorar la calidad de la formación a los docentes y la calidad y
disponibilidad de un suficiente número de profesores, especialmente en
matemáticas y física, además de otras ciencias e idiomas. Se hacen
recomendaciones para mejorar todos los aspectos de la calidad.

Introducción

Este capítulo analizará el marco de aseguramiento de la calidad de
Chile, la evidencia disponible sobre la calidad de la educación superior
chilena; y un aspecto específico, la calidad de la formación de profesores en
las instituciones de educación terciaria chilenas.
Se ha logrado un considerable progreso en los últimos años en el
desarrollo de un buen marco de mejoramiento de la calidad de la educación
superior chilena. Chile ha progresado desde un proceso regulatorio y


186 – CALIDAD

burocrático basado en el concepto tradicional de control de las instituciones
y sus programas académicos, a uno descentralizado y semi-independiente,
basado en la revisión por pares, de acuerdo con los que existen en los países
más desarrollados, aunque aún tiene peculiaridades que sólo se encuentran
en Chile. Ahora hay mayor conciencia de que existe un mecanismo para
diferenciar la calidad de las instituciones y sus programas. Las instituciones
de educación terciaria – incluso aquéllas que se resistían inicialmente – han
aceptado completamente el principio de revisión externa hecha por pares. Se
debe felicitar a Chile por lograr estos cambios en dos décadas; en muchos
otros países esto ha tomado un tiempo considerablemente más largo para
lograr un tratamiento similar de la calidad.
Sin embargo, establecer y ganar aceptación para los principios de
aseguramiento de la calidad es sólo un primer paso. El próximo paso es
velar porque el marco del aseguramiento de la calidad sea efectivo para
mejorar la calidad real de las instituciones y sus programas, y que estimule
la innovación y el mejoramiento continuo de la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje, la investigación académica y los programas de extensión.
Este capítulo analiza acciones recientes relativas a la calidad en el
sistema de educación terciaria en Chile, refleja las fortalezas y debilidades, y
entrega algunas recomendaciones para seguir mejorando.

Del control de la calidad al aseguramiento de la calidad y más allá

Analizar la educación terciaria en cualquier parte del mundo involucra
abordar tres aspectos: acceso, calidad y relevancia. Algunas veces se dice
que mejorar uno de estos aspectos arriesga disminuir los otros. Por ejemplo,
puede pensarse que la calidad de todo el sistema va a verse reducida, por lo
menos en el corto plazo, si un país decide aumentar el acceso a la educación
superior, o que la calidad del sistema sólo puede mejorar haciéndola más
selectiva; o que la calidad académica sufrirá si los cursos y programas se
relacionan más con las necesidades de los empleadores, o si los estudiantes
son aceptados porque tienen destrezas y experiencia laboral más que
basándose en criterios estrictamente académicos.
El equipo revisor, sin embargo, ve el acceso, la calidad y la relevancia
como tres lados del mismo triángulo. Es importante hacer crecer el triángulo
asegurando que todos los lados sean del mismo largo. El Informe de
Antecedentes dice que una de las grandes tensiones actuales dentro del
sistema de educación terciaria está “entre la cobertura y la garantía de la
calidad”. El equipo sugiere que, subyacente a esto, hay una corriente de
opinión, ya anticuada, que evalúa la “calidad” de la educación superior
basándose en si los graduados continúan alcanzando los mismos estándares


CALIDAD – 187

que sus predecesores, haciendo cursos idénticos y enseñados de la misma
manera. Por definición, si más estudiantes de ambientes diversos, con una
mayor cantidad de habilidades académicas ingresa a la universidad, casi con
seguridad no lograrán los mismos promedios anteriores, especialmente si sus
predecesores fueron seleccionados por sus habilidades para desempeñarse
bien en los cursos que se ofrecían entonces. Pero, en un mundo que se
desarrolla rápidamente, donde el éxito económico de Chile necesita que la
mitad de la población joven ingrese a la educación superior y obtenga
calificaciones a ese nivel, los programas y la enseñanza en las universidades
no puede ser la misma. Más bien, deberían evolucionar para satisfacer las
necesidades de la mayor diversidad de estudiantes de hoy y estar
relacionados con las necesidades del mercado laboral. Los programas de alta
calidad, al igual que una enseñanza de alta calidad, son relevantes y
accesibles.
El equipo revisor cree que las tensiones entre calidad, acceso y
relevancia pueden ser resueltas si el término “calidad” se entiende
correctamente, y si Chile aprovecha la experiencia internacional sobre las
mejores maneras de asegurarla y mejorarla.
En el nivel internacional, como se muestra en la Tabla 6.1, muchos
países líderes han abandonado los enfoques tradicionales de control de
calidad (Tipo I) por otros más ligados al aseguramiento de la calidad de sus
sistemas de educación superior (Tipo II, llamada “de transición”). En otros
casos, además de controlar y asegurar la calidad, el enfoque adoptado pone
mayor énfasis en estimular la calidad mejorada (Tipo III, llamada “híbrida”).
Chile es único al estar ubicado entre los Tipos II y III, por lo que ha sido
clasificado como Tipo IV. Chile, como se ha indicado, puede adjudicarse el
importante logro de haber establecido un sistema de calidad que ha
producido un cambio efectivo desde un enfoque tradicional controlador
hacia un enfoque basado en el aseguramiento de la calidad. En este sistema
aún relativamente nuevo, como en otros países en situación similar, se
espera que este enfoque se traduzca en un estímulo efectivo de la calidad en
todas las actividades de las instituciones involucradas en el proceso y, por lo
tanto, en todo el sistema de educación superior. Sin embargo, es demasiado
pronto para declarar que se ha cumplido este máximo objetivo; como es de
esperar, hay respuestas mixtas de parte de las instituciones y de los medios
externos.


188 – CALIDAD

Tabla 6.1 Tipología de los marcos de calidad de la educación superior

Variable / Tipo Tipo I: Tradicional Tipo II: De transición Tipo III: Híbrido Tipo IV: Chile

Énfasis en Calidad Control de Calidad Aseguramiento de Fomento a la Alto en CC y AC
(CC) Calidad (AC) Calidad (FC) y Bajo en FC
Nivel de Institucional Ofertas académicas Ofertas Ofertas
intervención institucionales y institucionales y
académicas académicas
Tiempo de Ex-ante-facto Ex-post-facto Ambos Ambos
intervención

Principal enfoque Resultados Procesos Educativos Ambos Ambos
de evaluación Educacionales

Enfoque Obligatorio Voluntario Ambos Ambos
participativo

Aplicación por tipo Instituciones privadas Instituciones privadas y Institutos Institutos
de institución o públicas públicas educacionales y educacionales y
agencias agencias
especializadas en especializadas
acreditación en acreditación
Aplicación por nivel Universidades Universidades y Todos los niveles Fuerte en las
institucional algunas instituciones del sistema de universidades y
que no son educación superior aún limitado en
universidades IPs y CFTs
Nivel de Agencia de Gobierno Independiente. Entidad Semi-autónomo Semi-autónomo
participación del Central no gubernamental.
gobierno
Fuente: Adaptado de Marmolejo (2005).

El marco de calidad de la educación superior chilena busca abarcar los
tres elementos principales de un sistema de calidad tipo: control de calidad
(licencia o autorización de instituciones y/o programas académicos, basados
en un conjunto mínimo de criterios), aseguramiento de la calidad
(aseguramiento de que un programa o institución está cumpliendo
satisfactoriamente su misión y objetivos), y promoción de la calidad
(fomentando una cultura de auto-evaluación y mejoramiento en las
actividades diarias de una institución y la oferta de sus programas
académicos, así como educando a la sociedad acerca de las características,
limitaciones y beneficios de la calidad y la acreditación). Este completo
enfoque contrasta con los adoptados en otros países de la OCDE, como se
muestra en la Tabla 6.2.


CALIDAD – 189

Tabla 6.2 Marcos de calidad de la educación superior en países seleccionados de la
OCDE

País Objetivo de calidad Énfasis Criterios de evaluación
Chile Control (CC) Instituciones de Educación Misión institucional
Superior (IES)
Aseguramiento (AC) Programas académicos Perfil de graduados
(PA)
Fomento (FC) IES Mecanismos auto-regulatorios

México FC IES y PA Sistema de evaluación por
Pares
FC Agencias Especializadas Certificación de AEA
en Acreditación (AEA)
FC PA AEA

España CC IES y PA Criterios y mecanismos
establecidos por el gobierno
central y autoridades
regionales
Francia CC IES y PA Misión institucional
complementada por
estándares definidos por la
comunidad académica
Reino Unido CC PA Criterios acordados entre
Agencia de AC y el gobierno.
Referentes de PA definidos
por especialistas. Evaluación
de estándares mínimos.
Estados Unidos de CC IES Misión institucional vs. criterios
Norteamérica definidos por agencias de
acreditación
CC PA Criterios definidos por
agencias especializadas en
acreditación y asociaciones
profesionales
AC Individuos en profesiones Exámenes profesionales por
específicas agencias de gobierno

Fuente: Adaptado de CNAP (2007).

Conocido oficialmente como el Sistema Nacional de Aseguramiento de
la Calidad (por su acrónimo en español, SNAC), el marco de aseguramiento
de la calidad de la educación superior chilena está compuesto por el Consejo
Superior de Educación (CSE), que otorga licencias o autorizaciones, y la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA) que otorga acreditación
institucional; evalúa y concede autorización a entidades de acreditación
especializadas en temas académicos; y acredita programas académicos


190 – CALIDAD

cuando no hay una entidad acreditadora especializada. El sistema ha existido
de esta manera sólo desde comienzos del año 2007, cuando se promulgó una
nueva Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Bajo
la nueva ley, se creó la CNA, que asumió en gran parte las funciones
realizadas desde 1999 por la Comisión Nacional de Acreditación de
Pregrado (CNAP) y la Comisión Nacional para la Acreditación de Postgrado
(CONAP).
El proceso de acreditación tiene tres etapas: i) auto-evaluación,
consistente en informes escritos; ii) una visita de pares evaluadores, que
comprende reuniones a diferentes niveles de la institución, para comprobar
la veracidad de la auto-evaluación, al final de la cual el equipo que evalúa
emite un informe verbal inicial; y iii) un informe escrito, en el que se
comunica la decisión.
Cuando se adoptó la nueva ley, los resultados logrados por la CNAP en
términos de acreditación institucional y de programas académicos eran
impresionantes. La CNAP diseñó el marco total de calidad, incluyendo el
desarrollo de criterios de evaluación, el perfil académico deseado para los
alumnos y el entrenamiento de los pares evaluadores. Lo más importante, y
especialmente digno de destacar considerando que el proceso de
acreditación era voluntario, es que, cuando la CNAP terminó sus funciones,
un total de 55 instituciones y 338 programas académicos habían sido
acreditados. Para entonces, 73.4% de los estudiantes de educación superior
en Chile estaban matriculados en instituciones acreditadas, y 6%, en
instituciones en proceso de acreditación.1
Desde que la CNAP se incorporó a la CNA, ha habido nuevos cambios
en el sistema a medida que las instituciones obtuvieron, renovaron o
perdieron la acreditación. En abril de 2008, había un total de 62 instituciones
acreditadas, de las cuales 44 eran universidades; 10 IPs, siete CFTs, y una
academia militar. Nueve universidades, un IP y dos CFTs han solicitado la
acreditación y les ha sido negada (seis de las universidades han apelado en
contra de la decisión de la CNA); las decisiones sobre otras dos instituciones
(una universidad, un CFT y un IP) estaban pendientes.2 En enero de 2008,
más del 80% de los estudiantes asistían a instituciones acreditadas3 y 20.7%
de los estudiantes de pregrado estaban matriculados en programas
acreditados.

1
CNAP, 2007.
2
Todas las cifras en este párrafo provienen del sitio web de la CNA, consultado el
1° de Abril 2008.
3


CALIDAD – 191

Un resultado importante del marco de calidad es que ha filtrado y dejado
fuera algunos proveedores de educación terciaria de baja calidad. Desde su
implementación, un número considerable de instituciones de educación
superior ha cerrado sus puertas y algunas instituciones públicas han sido
forzadas a hacer cambios importantes.
El equipo revisor también observó que la gran mayoría de las
instituciones había encontrado valiosa, o por lo menos beneficiosa, la
participación de pares externos en los procesos de acreditación. Muchos
pensaban que los requisitos básicos para la acreditación (tales como la auto-
evaluación y la necesidad de reunir información sobre el destino de los
graduados) eran disciplinas útiles y que el proceso había sido beneficioso
para su gestión y docencia institucional. Este fue el caso especialmente de
las universidades acreditadas del CRUCH.
También se acepta ahora, generalmente, que un buen sistema de calidad
es esencial para el progreso futuro del sistema de educación terciaria en
Chile; que será un factor clave para que la educación superior esté en
situación de contribuir en forma importante a la competitividad nacional;
que debería traducirse en una investigación más efectiva y relevante; y que
debería obligar a las instituciones a preparar graduados que cumplan de
manera más adecuada las necesidades del mercado laboral.
A pesar de estos progresos, Chile necesita desarrollar aún más el marco
de aseguramiento y mejoramiento de la calidad, haciéndolo más fuerte, más
descentralizado y más confiable.

La contribución del programa MECESUP al mejoramiento de la
calidad

Una contribución importante al mejoramiento de la calidad de la
educación superior en Chile ha sido y sigue siendo el Programa para
Mejorar la Calidad y la Equidad en la Educación Superior (MECESUP),
creado por el gobierno de Chile en 1997. El programa MECESUP apoyó las
políticas del Gobierno para la reforma de la educación superior iniciada en
la década de 1990. En su primera fase, el programa apoyó las reformas del
proceso de asignación de presupuesto, a través de un fondo competitivo para
promover la calidad y la relevancia; el desarrollo del sistema para la
acreditación de programas e instituciones discutido anteriormente; la
revitalización de la educación de postgrado; la inversión en infraestructura
de aprendizaje; la reforma de currículos y las prácticas de enseñanza y
aprendizaje. Apoyado en parte por un préstamo del Banco Mundial, el
programa invirtió más de USD 200 millones en el sistema de educación
terciaria entre 1997-2005.


192 – CALIDAD

Una segunda fase del programa, conocido como “MECESUP 2” ha
continuado y expandido el éxito de la fase uno. MECESUP 2 tiene planes
para hacer inversiones sobre USD 90 millones entre 2006-2009 dentro de un
marco regulatorio para la educación superior mejorado (incluyendo la
creación de un Sistema de Información para la Educación Superior), la
continua asignación competitiva de fondos para la innovación académica y
un programa piloto de presupuesto, ligado al desempeño, para las
instituciones terciarias.
El Fondo de Innovación Académica ha concedido cientos de
subvenciones para apoyar: i) entrenamiento avanzado del capital humano,
incluyendo el desarrollo de programas de Doctorado y el fortalecimiento de
redes locales e internacionales para la educación de postgrado;
ii) renovación del currículo de pre-grado, por medio de la inversión en
personal docente, re-diseño de currículo, programas remediales en destrezas
básicas para los estudiantes, y el aumento de la relevancia de los programas
académicos; y iii) innovación académica, para mantener al día el proceso de
enseñanza y aprendizaje, a través de la incorporación de nuevas tecnologías
y prácticas pedagógicas.
Los convenios de desempeño pilotos fomentan la re-estructuración y
modernización institucional y estimulan el desarrollo de planes de acción
para poner en línea las prácticas institucionales con las necesidades y
prioridades nacionales. A medida que se logran las metas acordadas se
proveen fondos marginales, en lugar de financiar las inversiones en forma
adelantada. Cuatro universidades CRUCH, seleccionadas en forma
competitiva, tienen y están implementando convenios de desempeño.
El programa MECESUP tiene el gran crédito de haber catalizado una
significativa experimentación y un cambio en la educación terciaria chilena.
Donde hay nuevos currículos, prácticas de enseñanza y aprendizaje
mejoradas, innovaciones en los presupuestos y administración, mejores
calificaciones del personal académico y planes de perfeccionamiento
institucional, es a menudo en alguna medida gracias a las innovaciones
promovidas y financiadas por el MECESUP. El desafío para el MECESUP
ahora es asegurar la inserción e institucionalización de sus exitosos
mecanismos en el enfoque general del Ministerio de Educación hacia la
gobernabilidad y gestión de la educación superior.

Calidad de la docencia, cursos y aprendizaje

Probablemente el elemento más débil en el marco de la calidad de la
educación superior en Chile sigue siendo el aseguramiento y promoción de
la calidad en la docencia de pregrado. Chile no es poco común en este


CALIDAD – 193

aspecto; otros países también encuentran difícil mostrar, con evidencia
concreta, cómo la acreditación se refleja en la calidad del nivel de la
enseñanza y el aprendizaje de pregrado. A nivel institucional, está claro que
autoridades y administradores dan importancia a la calidad para asegurar y
mantener la acreditación. Aunque se han hecho esfuerzos considerables para
lograr la acreditación de programas, aún no hay suficiente evidencia
concreta de que estos esfuerzos han producido un mejoramiento de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto podría asumirse, pero el equipo
revisor no ha visto evidencia que lo apoye. Sin embargo, es estimulante
saber que después de la acreditación, o debido a ella, la mayoría de las
instituciones de educación superior han desarrollado “perfiles de graduados”
o resultados de aprendizaje esperados; también han empezado a recolectar
datos acerca de tasas de graduación, la duración real de los programas, y
otros temas relacionados con los resultados, aspectos en gran parte no
tomados en cuenta antes de la acreditación. Al mismo tiempo, muchas
instituciones de enseñanza superior han desarrollado sistemas de
información y han comenzado el cambio desde una toma de decisiones
“intuitiva”, hacia decisiones basadas en la evidencia.
Un informe de la UNESCO sobre la educación superior en América
Latina4 reconoce que no hay investigación consistente que demuestre los
efectos positivos de los procesos de acreditación a nivel institucional. El
informe destaca la necesidad de pasar de una “cultura de evaluación” a una
“cultura de gestión responsable, autónoma y eficiente de las instituciones”,
en la cual la evaluación, la acreditación y el aseguramiento de la calidad
sean permanentes y formen parte del trabajo estratégico y operativo de las
instituciones.
El sistema chileno de aseguramiento de la calidad intenta lograr esta
máxima meta. Sin embargo, en sus visitas a instituciones, los miembros del
equipo revisor a menudo oyeron decir a los académicos y estudiantes, que
los métodos pedagógicos usados en la sala de clases aún tienden a ser
generalmente muy tradicionales, con énfasis en la memorización de
contenidos, fomentando el aprendizaje individual más bien que colaborativo,
y basados en pruebas tradicionales de competencias. Sólo hay una
participación limitada de los estudiantes: aunque es común que se pida a los
estudiantes que den su opinión acerca del desempeño de los profesores, es
raro que se les pregunte sobre el diseño y las mejoras en la estructura y
contenido de los programas. Las instituciones parecen reticentes a usar
metodologías TIC y educación a distancia para apoyar el proceso educativo,
por ejemplo, para facilitar la transferencia de créditos de otros niveles de la

4
Fernández, 2006.


194 – CALIDAD

educación y programas académicos, o para fomentar más actividades de
aprendizaje fuera de la sala de clases, como por ejemplo, las prácticas.5
Es interesante ver que, aunque las autoridades institucionales reconocen
la necesidad de desarrollar currículos más relevantes y accesibles para los
programas académicos, sugieren que el sistema mismo de acreditación
impide cambios radicales. “No podemos innovar o ser muy creativos, o
arriesgamos perder nuestra acreditación”, decía un rector. Esta percepción
parece tener algún fundamento en la realidad: una consecuencia no buscada
de la manera en que algunos pares evaluadores interpretan los criterios de
acreditación de la CNA, que son bastante vagos y subjetivos. Otro rector
informó al equipo acerca de uno de los pares evaluadores de una universidad
tradicional, que había manifestado su profunda desaprobación acerca de la
misión algo inusual de su universidad y su criterio para admitir diversos
tipos de estudiantes. Esta universidad aceptaba alumnos que buscaban subir
de nivel sus calificaciones obtenidas en CFTs o IPs, y les ofrecía
matricularse en programas basados en competencias con una buena cantidad
de elementos prácticos que les permitiría satisfacer mejor las necesidades de
los empleadores. El evaluador aparentemente había informado a la CNA,
que esa institución no estaba en condiciones de ser universidad y no debería
ser acreditada, agregando que no era labor de una universidad preocuparse
del empleo de los alumnos ya titulados. La CNA se había desentendido de
estos comentarios y estuvo de acuerdo en que esta universidad en particular
había tenido mala suerte con su par evaluador; pero, como indicó el rector,
obtener la acreditación institucional debería depender del cumplimiento de
criterios claros y definidos objetivamente, no de la suerte.
El equipo visitó una institución que había fracasado dos veces al tratar
de obtener la acreditación y que tampoco estaba satisfecha con el proceso e
interpretación de los criterios. Para esta institución, la acreditación ha sido
muy dañina, tanto para la reputación de la institución como para el estado de
ánimo del personal. Al comienzo, consideraban que el proceso de
acreditación era un medio útil para establecer una cultura de auto-evaluación
y la aceptaron con entusiasmo; cuando fracasaron la primera vez, la
administración y los académicos trabajaron duro para mejorar las
debilidades identificadas por los primeros evaluadores. En la segunda
oportunidad, a pesar del informe verbal favorable, el informe escrito fue
nuevamente negativo; entonces, en la institución consideraron que les
habían cambiado las reglas del juego y no les habían informado. También

5
Un informe publicado por la UNESCO indica que, aunque casi la mitad de las
universidades del CRUCH han desarrollado algún tipo de programas electrónicos
educativos, sólo una universidad del país, UNIACC, ofrece una calificación online
comparable con un grado profesional (UNESCO, 2007).


CALIDAD – 195

creían que sus pares evaluadores estaban demasiado enfocados en su propia
noción de calidad, prestaban muy poca atención a los indicadores
cuantitativos objetivos y no eran completamente imparciales. Si bien en este
caso el resultado final puede ser justificado, las dudas de la institución
acerca de la transparencia del proceso y la objetividad de los criterios
podrían ser tratadas con relativa facilidad, y de esa manera fortalecer el
sistema completo de la calidad en el futuro.
De acuerdo con esto, el equipo revisor cree que la CNA necesita
desarrollar e intensificar sus criterios, reduciendo el margen de
interpretación subjetiva de los pares evaluadores. Aunque es comprensible
que el modelo de acreditación chileno tienda a fomentar un enfoque total
más orientado hacia los procesos que a mediciones específicas de
desempeño, no son útiles las definiciones y criterios vagos que permiten a
los revisores confiar excesivamente en su propia visión de calidad de una
institución. Es especialmente lamentable si esto ocurre cuando los CFTs y
IPs son revisados por pares de universidades. Aunque los líderes
institucionales pueden objetar la designación de cualquier evaluador, puede
ser más útil para la CNA seguir trabajando para asegurar que los criterios
son apropiados a las diferentes misiones de los IPs, CFTs, y algunas
universidades que atraen a grupos de estudiantes más diversos y menos
académicos, y contratar evaluadores con conocimiento de estas
instituciones. De lo contrario, seguirá habiendo dudas acerca de la justicia
de algunos veredictos de acreditación; estas dudas no serán injustificadas y
la credibilidad e integridad del sistema de acreditación estarán en riesgo.
Como se describió en el Capítulo 4 sobre Relevancia, la mayoría de los
currículos universitarios tienen flexibilidad limitada, lo que les hace difícil
adaptarse a necesidades nuevas y predecibles del mercado. Los currículos
tampoco son fácilmente adaptables a prácticas pedagógicas modernas tales
como definir e impartir destrezas y competencias. Sin embargo, hay algunas
excepciones estimulantes, en las cuales las instituciones y sus programas
académicos han respondido a este desafío; sería útil transmitir a otras
instituciones estos métodos que han sido aplicados con éxito. En general,
hay aún muy poca colaboración externa en el diseño y actualización de los
programas académicos (especialmente en la actualización). Las instituciones
aún carecen de sistemas confiables que les permitan descubrir qué
conocimientos y destrezas adquirieron sus estudiantes en el tiempo que
pasaron en la institución y cuáles de esas competencias usan los graduados
después.
Está bien que los criterios generales de evaluación de la CNA pongan
mayor énfasis en la evaluación de la efectividad del proceso docencia-
aprendizaje, y en la introducción de un seguimiento sistemático de los
destinos y resultados de los graduados. Es importante para los organismos


196 – CALIDAD

acreditadores, observar rigurosa y críticamente la práctica de las
instituciones en estas áreas; los pares evaluadores deberían también
averiguar qué hacen y qué aprenden las universidades con la información
del seguimiento. En especial, deberían preguntar cómo la usan para diseñar
y mejorar los programas futuros. Sería útil para la CNA guiar la definición e
implementación de metodologías comunes entre las instituciones.
Otras actividades útiles incluyen el trabajo pionero hecho por la ahora
desaparecida CNAP, al definir puntos de referencia para el perfil estándar de
los graduados de una variedad de programas académicos, así como el trabajo
realizado bajo el proyecto “Tuning” en Chile y otros países de América
Latina. Este trabajo es similar a los proyectos de la Unión Europea, que
definen competencias deseables para los graduados de varios programas
académicos. Sin embargo, el mayor desafío será ampliar la aplicación de
estos modelos y asegurarse de que sean usados y evaluados efectivamente
en la sala de clases.
Como se indicó anteriormente, a nivel institucional y con el apoyo del
MECESUP, se ha implementado una variedad de proyectos pilotos para
promover currículos basados en competencias. Sin embargo, debe haber
todavía mayor evidencia de un mejoramiento real de la calidad de la
enseñanza en la sala de clases, del aprendizaje de los alumnos y de los
resultados de los estudiantes en el mercado laboral. Esto sólo sucederá
cuando los académicos comprendan el propósito de los currículos basados
en competencias y tengan el conocimiento y el compromiso para impartirlos
en forma efectiva. Un profesor comentó al equipo revisor: “Ahora tenemos
una nueva moda, el currículo basado en competencias, que ha sido
ampliamente publicitado por la institución, pero para el que no hemos sido
preparados adecuadamente, y que también asume que los estudiantes están
ansiosos y preparados para aprender. Finalmente, nada ha cambiado puesto
que seguimos enseñando de la misma manera y los estudiantes siguen
aprendiendo de la misma manera. Es como un traje nuevo usado por el
mismo anciano”.
Hay una necesidad imperiosa de tener un mejor aseguramiento de
calidad a nivel de la enseñanza, el aprendizaje y el diseño de cursos. Esto es
especialmente importante considerando que en el sector competitivo de la
educación terciaria chilena algunas instituciones hacen declaraciones
enfocadas al mercado, sobre la calidad de los programas educativos que
ofrecen, sin mayor evidencia que las apoye, lo que arriesga que los
potenciales alumnos reciban una información equívoca.


CALIDAD – 197

Calidad de la investigación

La investigación es otro elemento de la actividad institucional definido
por la CNA como un indicador de la calidad de la institución en general. No
todas las instituciones realizan investigación, pero en varios de sus planes
estratégicos y los del gobierno, ha sido identificada como el pilar clave para
el desarrollo del país. Un informe reciente de la OCDE, sobre políticas de
innovación en Chile, reconoce la importancia fundamental de las
instituciones de educación superior en la agenda de investigación del país.
El informe pone énfasis en la necesidad de entregar mayor apoyo a la
investigación, pero también recomienda que la investigación debiera ser más
colaborativa, más transparente y más abierta a la evaluación de su
efectividad.6
Aún cuando Bernasconi (2007) sugiere que según estándares
internacionales, ninguna universidad en Chile puede llamarse en rigor
universidad de investigación, el marco de calidad para programas de
postgrado definido por la CNA y su predecesor, CONAP, ha estimulado una
progresiva toma de conciencia e interés por la investigación, en algunas
instituciones de educación superior. En el sistema de acreditación en Chile –
como en otros países – se asume que un buen programa de postgrado tiene
académicos con altas credenciales en la especialidad, buenos alumnos y,
más importante aún, buena investigación. Al mismo tiempo, las políticas de
gobierno implementadas por el MINEDUC y CONICYT han estado
apoyando el mejoramiento de los antecedentes académicos del personal
docente, el establecimiento de programas nacionales de postgrado y un
aumento en los fondos para investigación.
Como se indica en el Capítulo 7 sobre Investigación y Desarrollo, es
importante aumentar los fondos para investigación con una estrategia
nacional, y con una correspondiente investigación a nivel regional, a largo
plazo y más claramente definida. Esto requiere procedimientos más claros y
transparentes para otorgar financiamiento competitivo, y para realizar y
evaluar la investigación misma. Es sabido que la investigación apoyada por
CONICYT sigue criterios estrictos, basados en la revisión por pares para
otorgar apoyo financiero a propuestas presentadas por personal académico
de las instituciones. Sin embargo, no está claro cuál es el proceso seguido
por otras agencias de financiamiento ni qué requisitos – si es que hay
algunos – se refieren al aseguramiento de la calidad y consiguiente
evaluación de la investigación financiada.

6
OCDE, 2007.


198 – CALIDAD

Claramente, se necesita establecer un sistema más transparente y
responsable financieramente, de manera que los proveedores de fondos, el
gobierno y el público, puedan ver la calidad y el valor que están obteniendo
de la investigación apoyada por ellos o en su nombre. No hay razones para
temer que esto restringiría la autonomía de los investigadores científicos o
de las instituciones de educación superior.

Calidad de contribución a la comunidad

El marco de calidad para la educación terciaria en Chile incluye una
revisión de la participación institucional en actividades de servicio público,
que beneficien a las comunidades vecinas. Las instituciones terciarias,
especialmente las universidades estatales, realizan una variedad de
actividades de este tipo, pero el equipo revisor encontró poca información
sobre los mecanismos que usan las instituciones para evaluar y mejorar
constantemente la calidad de su servicio a la comunidad, y las actividades de
extensión cultural.
Aún cuando es siempre difícil medir la efectividad de esas actividades,
es bueno prestarles atención. En todo el mundo, se espera cada vez más que
las instituciones de educación superior cumplan roles y responsabilidades
más amplios, incluyendo el compromiso regional. También están, en forma
creciente, sujetas a la inspección y exigencias de transparencia, rendición de
cuentas y diálogo de parte de actores interesados internos y externos. Por lo
tanto, su participación en el servicio comunitario y las actividades de
extensión, deberían ser conducidas dentro del marco de calidad. Es
estimulante que la CNA haya incluido algunos de los componentes
mencionados anteriormente (vínculos con la comunidad vecina, y educación
continua) como parte de las áreas electivas de la acreditación institucional,
además de los estándares que guían la evaluación de la “extensión”, o
servicio a la comunidad. Sería útil desarrollar más directrices de calidad
específica a nivel institucional, para ayudar a las instituciones terciarias
chilenas en este trabajo.

Calidad de las sedes regionales

En años recientes, muchas universidades chilenas, tanto públicas como
privadas, han respondido a la creciente competencia, abriendo nuevas sedes
en uno o más lugares, lo que les permite ofrecer sus servicios a un mayor
número de estudiantes en sus propias ciudades o regiones, y aumenta los
ingresos por pago de aranceles. Las instituciones estatales tampoco han
estado inmunes a esta tendencia, aunque es más común entre las privadas.


CALIDAD – 199

En principio, beneficia a los estudiantes tener una gama más amplia de
opciones educativas disponibles localmente. Sin embargo, la proliferación
de sedes, y las dificultades que tienen las autoridades de las oficinas
centrales para supervisar lugares distantes, ha suscitado preocupación por su
calidad. El equipo revisor se enteró de que hay a menudo diferencias
considerables entre la calidad de los programas ofrecidos por el campus
central y las sedes, lo que a veces es un problema para la acreditación.
El hecho de que los criterios para la acreditación institucional requieren
explícitamente que haya políticas y mecanismos auto-regulatorios en todos
los niveles, lugares y modos de funcionamiento de la institución, confirma la
necesidad de que las instituciones tengan establecidos buenos sistemas para
asegurar que ofrecen la misma calidad de programas académicos y apoyo
institucional en sus sedes como en la casa central. Sin embargo, aún cuando
la auto-regulación interna es la meta máxima, entretanto, puede ser
necesario tener estrictas medidas para otorgar licenciamientos y acreditación
que lo verifiquen. Las instituciones públicas podrían realizar una revisión
estricta del funcionamiento de las sedes, para disminuir su mantención
académica y financiera en el largo plazo; puede haber ventajas en fusionarse
con otras instituciones locales. Estas medidas podrían ampliarse a
instituciones que se han instalado en otros países y también, si es posible, a
instituciones extranjeras que ofrecen programas completos o parciales en
Chile, en asociación con instituciones chilenas o independientemente.
Las instituciones terciarias chilenas confían en gran parte en la
publicidad para ubicarse en el mercado competitivo de la educación terciaria
y para atraer a estudiantes locales. La promoción a través de la publicidad,
naturalmente, está dirigida a enfatizar las fortalezas de la institución. El
equipo revisor observó que el estatus institución acreditada se usaba como
una herramienta clave de promoción en el mercado, a menudo
engañosamente. Según un alumno, “Estamos realmente confundidos, puesto
que vivimos en una ciudad que de pronto se ha inundado de una gran
cantidad de instituciones, todas diciendo que son las mejores del mundo, y
todas anunciando de manera muy vaga que están acreditadas. En este
escenario, parece que ser una institución acreditada ya no hace ninguna
diferencia.”
Uno de los problemas frecuentes es que no se hace una diferencia clara
entre la acreditación institucional y la de los programas. El público y los
posibles alumnos tampoco parecen entender qué significa que algunas
instituciones sean acreditadas por más años que otras. Aunque es
comprensible que esa distinción se usara cuando recién se estableció el
sistema de acreditación, como una manera de reconocer los diferentes
niveles de desarrollo institucional, sería aconsejable que la CNA considerara


200 – CALIDAD

descartarla. Finalmente, lo que importa a los estudiantes es si una institución
y sus programas están acreditados o no.
Otra fuente de confusión es que algunas instituciones han tratado de ser
acreditadas por agencias extranjeras, de los Estados Unidos en su mayoría.
Aunque es legítimo buscar validación de la calidad institucional de parte de
agencias extranjeras, no es tan legítimo presentar esa acreditación como
acreditación “internacional” – como lo hacen algunas instituciones con
propósitos publicitarios – cuando en realidad es sólo acreditación extranjera,
con muchos elementos no necesariamente aplicables o relevantes a Chile.

Calidad de la formación de profesores

Los profesores de enseñanza básica y secundaria se forman en
instituciones de educación superior. Como gran parte del éxito o fracaso de
los estudiantes en la educación superior depende de la calidad de la
educación primaria y secundaria, la formación de un número suficiente de
profesores y de buena calidad, es crucial para su desempeño en la educación
superior.
El informe de la OCDE en 2004, sobre las políticas nacionales de
educación en Chile, prestaba mucha atención al estatus y a la calidad de los
profesores de educación primaria y secundaria. El gobierno ha tomado en
forma muy seria las recomendaciones del informe y ha emprendido las
acciones correspondientes. Sin embargo, han surgido serias preguntas acerca
de la calidad de gran parte del sistema de educación secundaria (y también
de la primaria) en Chile. Muchos de los interlocutores del actual equipo
revisor identificaron problemas similares a los que se detectaron en el
informe de 2004, relacionados con la formación de profesores y las
condiciones en las que se desempeñan en los colegios. Aunque se han dado
pasos prometedores, algunos cambios parecen haber exacerbado los
problemas. Por ejemplo, muchas universidades han cerrado sus Facultades
de Educación, o restringido el número de cursos que ofrecen, limitándolos a
unas pocas asignaturas. Aún cuando el actual equipo revisor no visitó
escuelas secundarias y obtuvo esta información principalmente de sus
conversaciones con rectores, decanos, académicos y funcionarios del
MINEDUC, el consenso es lo suficientemente fuerte y el tema lo
suficientemente importante para que este informe identifique áreas que hay
que considerar y sobre las cuales hay que actuar.
Aunque los profesores de educación parvularia y primaria también se
forman en las universidades, este informe se concentra en los profesores de
educación media, que son también responsables de la enseñanza de
asignaturas como matemáticas y ciencias en los dos últimos años de


CALIDAD – 201

educación primaria. Nuestro enfoque está también puesto en la formación de
profesores que trabajarán en los colegios científico-humanísticos y otras
especialidades: la gran mayoría de profesores de Liceos Técnicos no tienen
un grado universitario. A menudo son técnicos que han recibido alguna
formación pedagógica como parte de la respuesta del MINEDUC a las
recomendaciones del informe de 2004.
Hay básicamente dos maneras de adquirir el título de profesor de
educación media en ciertas asignaturas de la educación científico-humanista.
Una es completando un programa de educación con cierta especialización,
por ejemplo, en química o en inglés. Estos programas se encuentran
normalmente en las Facultades de Educación de universidades generales o
en las dos universidades pedagógicas (Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación en Santiago y Universidad de Playa Ancha en
Valparaíso – que también ofrece algunos otros programas profesionales).
Estos cursos duran, en teoría, cinco años en promedio, tienen un fuerte
énfasis en la pedagogía y el conocimiento de la asignatura y al completarlos
el estudiante obtiene un grado académico (licenciatura) en educación y un
título profesional de, por ejemplo, Profesor de Educación Media con
especialización en Química. La segunda manera es, obtener primero un
grado académico en alguna asignatura, por ejemplo, matemáticas, y luego
hacer un programa de 1 o 2 años, generalmente en una Facultad de
Educación, pero en la Universidad de Chile es en la Facultad de Filosofía y
Humanidades. La gran mayoría de los profesores ha escogido el primer
programa. Un ejemplo que ilustra esto es la Universidad Católica de Chile,
que sólo ofrece la segunda opción y forma como mucho tres profesores de
física al año.
El informe de 2004 recomendaba aumentar la capacitación de profesores
en asignaturas como lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales, y
estimular a las facultades o escuelas de educación para interactuar y
colaborar más estrechamente con otras facultades universitarias. Se ha
sugerido más práctica pedagógica, con buenos profesores guía en los
colegios. Se consideró necesaria una evaluación rigurosa del trabajo teórico
y práctico de los estudiantes, en especial de su conocimiento de los
contenidos y su habilidad para enseñar el currículo establecido.
El informe también recomendaba aplicar mecanismos de aseguramiento
de la calidad; uno de éstos debería ser la acreditación obligatoria de los
programas de formación de profesores. Debería también haber controles de
calidad para los programas de formación inicial de profesores ofrecidos por
medio de la educación a distancia, que con frecuencia han sido considerados
de baja calidad. Otro tema al que se le dio bastante atención fue la necesidad
de que los profesores fueran capaces de enseñar a un amplio rango de
estudiantes de ambientes sociales distintos y diferentes habilidades, de


202 – CALIDAD

manera que disminuyeran en lugar de perpetuarse las diferencias de logros
entre grupos. Se propuso aumentar el número de profesores de educación
diferencial y remedial. En cuanto al desarrollo profesional permanente, la
recomendación fue dejar la capacitación pedagógica general y dedicarse a
ayudar a que los profesores desarrollen destrezas para enseñar materias
específicas.
El MINEDUC ha emprendido acciones con respecto a estas
recomendaciones. Se han desincentivado los programas ofrecidos a través de
educación a distancia. Se ha introducido la acreditación obligatoria para las
escuelas de pedagogía. Una prueba de calificación, que deben rendir los
estudiantes antes de su graduación se introdujo, a fines de 2008; el test fue
diseñado con la colaboración de las universidades y el Colegio de
Profesores. Se está analizando la posibilidad de desarrollar estándares de
competencias para trabajar con alumnos de habilidades diversas y mixtas. Se
está introduciendo de manera más amplia la práctica pedagógica en las
escuelas, con tutores y mentores para los profesores nuevos y en algunos
casos ya se ha establecido. Se están desarrollando programas remediales
para mejorar las destrezas de los profesores. Por ejemplo, el MINEDUC está
trabajando en la especialización de profesores de 7° y 8° año de educación
básica, en cuatro áreas - matemáticas, ciencias, lenguaje y ciencias
sociales – a través de programas de postgrado. La evaluación obligatoria de
los profesores en ejercicio se ha introducido de manera bien pensada y con
sanciones claras pero justas, enfocadas en mejorar el desempeño; pero sólo
en las escuelas públicas.
Sólo han pasado cuatro años desde el informe de 2004 y los cambios en
la práctica pedagógica y en la calidad de la enseñanza no se logran de la
noche a la mañana. Sin embargo, aún permanece un buen número de los
problemas detectados ese año, y son suficientemente serios como para que
este equipo revisor recomiende al MINEDUC y a las universidades que
aceleren e intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la formación de
profesores. Algunos puntos importantes que vio el equipo durante sus
visitas: la necesidad de poner más atención al contenido de las asignaturas
en los programas; la falta de control efectivo de la calidad de los programas
de formación de profesores; escasez de profesores de asignaturas científicas
y de idiomas; y la necesidad general de elevar el estatus de los profesores y
de los programas pedagógicos. La disminución del número de estudiantes
que siguen el camino de la educación después de graduarse en alguna
asignatura, es un tema de considerable preocupación. Es crucial una mejor
preparación de los profesores que trabajan con alumnos de muy diferentes
ambientes y de habilidades mixtas, si se aspira a que el futuro de la
educación de los estudiantes deje de estar determinado por su estrato
socioeconómico.


CALIDAD – 203

Conclusiones y recomendaciones

El sistema actual de aseguramiento de la calidad en la educación
terciaria en Chile ha traído importantes beneficios, pero aún tiene algunas
limitaciones y enfrenta varios desafíos. El equipo revisor hace las siguientes
recomendaciones.

Acreditación
• Aunque la acreditación institucional es voluntaria actualmente, se
debería estimular a todas las instituciones terciarias para que se
preparen y la soliciten. Esto se recomienda para asegurar que todas
las instituciones terciarias sean vistas y consideradas como
organizaciones bien administradas que ofrecen calidad y valor a sus
estudiantes; que la mayoría de los estudiantes tengan derecho a
apoyo financiero, en programas en los cuales la acreditación es un
requisito para recibir ese apoyo, y que todos los fondos públicos
gastados en subvencionar a los alumnos estén bien gastados. La
mayoría de las universidades ya han postulado a la acreditación,
pero sólo cerca del 50% de todos los IPs y CFTs autónomos lo han
hecho.
• Los criterios de acreditación institucional, y la manera en que son
interpretados por los pares evaluadores, deberían ser apropiados a la
naturaleza de las instituciones que desean ser acreditadas, y lo
suficientemente flexibles como para aplicarse a sus diferentes
misiones al mismo tiempo que se observan ciertos principios
básicos. Hay una gran variedad de misiones diferentes entre las
universidades. Aquellas universidades que se dedican a la enseñanza
de pregrado no deberían tener la misma proporción de profesores
con grados avanzados que las que se dedican a la investigación. Las
instituciones terciarias de cualquier tipo que están dirigidas a
estudiantes permanentes o que se especializan en subir de grado las
destrezas adquiridas con anterioridad, no deberían verse
perjudicadas por admitir estudiantes con resultados académicos más
bajos.
• Los requisitos básicos de acreditación para todas las instituciones
terciarias deberían incluir una gestión efectiva, altos estándares de
enseñanza y aprendizaje, métodos pedagógicos basados en
competencias apropiados a los objetivos de los cursos y las
necesidades de los estudiantes, participación de los empleadores en
las decisiones sobre programas de estudio y diseño de los cursos,
buenas tasas de permanencia y cantidad de titulados, justificados


204 – CALIDAD

inter alia por la información obtenida a través de un programa de
seguimiento a los ex-alumnos.
• La CNA debería dar prioridad a un mayor desarrollo del marco de
aseguramiento de la calidad, incorporando criterios apropiados a
cada tipo de institución terciaria; mayor participación a los
empleadores tanto en la acreditación institucional como la de
programas; mayor compromiso de los estudiantes; información más
completa al público para asegurar una mayor comprensión de lo que
significa “acreditada”; y comparación a nivel internacional. Para
asegurar que todas las instituciones terciarias confían en el sistema
de acreditación, la CNA también debe reducir el riesgo de que los
pares evaluadores emitan informes inapropiados o sesgados, por
medio de una selección cuidadosa, mayor capacitación a los equipos
e introduciendo una evaluación frecuente de su trabajo.
• Una vez que la mayoría de las instituciones del sistema obtengan su
acreditación, será importante “subir la vara”, estableciendo puntos
de referencia más estrictos. De otro modo, el sistema de acreditación
puede convertirse en un medio menos relevante y menos efectivo de
mejorar la calidad.
• Para la acreditación de programas, será importante identificar e
introducir una variedad más amplia de agencias de acreditación y
aquí pueden tener un rol importante las asociaciones profesionales.

Formación de profesores
Se han dado pasos importantes en la dirección correcta desde que el
informe de 2004 de la OCDE informó sobre la necesidad de mejorar la
formación de profesores, pero estos esfuerzos deben intensificarse. El
equipo revisor recomienda lo siguiente:
• A pesar de que la formación de profesores ya está recibiendo mayor
financiamiento, se necesita aumentar la escala y el ritmo de los
cambios con programas de mejoramiento más amplios, más
completos y un gasto considerablemente más alto.
• La calidad y disponibilidad de cantidades suficientes de profesores
debería ser tan importante para el MINEDUC como la calidad y
cantidad de médicos y enfermeras para el Ministerio de Salud: son
en cierto modo la fuerza laboral propia del Ministerio. Por lo tanto,
el MINEDUC no debería dudar en destacar estos temas. Debería
desarrollar políticas coherentes y un plan de acción concreto a
mediano y largo plazo, para cumplir estas metas alcanzables aunque


CALIDAD – 205

ambiciosas. Se debe aumentar el número de profesores bien
capacitados especialmente en asignaturas como matemáticas, física,
otras ciencias e idiomas. Esto significaría promover la colaboración
entre las facultades de educación y las de asignaturas en las
universidades.
• La comunicación entre los diversos actores (Ministerio,
universidades, asociaciones de profesores, etc.) está aumentando,
basada en una convicción compartida de que se debe mejorar la
formación de profesores. Esta situación presenta una oportunidad
para que el MINEDUC obtenga la colaboración de otros actores y
llegue a un consenso con ellos sobre el plan de acción recomendado
anteriormente. El equipo revisor tiene entendido que un Comité
compuesto por rectores, decanos y profesores de los sectores
público y privado, dirigido por el rector de una de las universidades
pedagógicas, estuvo de acuerdo con el diagnóstico en 2005. Ese
comité, que aparentemente aún existe, podría ser un importante
agente de cambio, si el Ministerio le diera suficientes atribuciones.


206 – CALIDAD

Referencias

Bernasconi, A. (2007) Are There Research Universities in Chile? In Philip
G. Altbach & Jorge Balán. World Class Worldwide. Transforming
Research Universities in Asia and Latin America. Baltimore: Johns
Hopkins Universidad Press, pp. 234-259.
CNA (2007). Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales.
Santiago: Comisión Nacional de Acreditación, pp. 8-10.
CNAP (2007), El Modelo Chileno de Educación Superior: CNAP 1999-
2007. Santiago: CNAP.
Lemaitre, M.J. (2003) Antecedentes, situación actual y perspectivas de la
evaluación y acreditación de la educación superior en Chile. IESALC.
www.iesalc.unesco.org.ve
Fernández L. N. (2006) La evaluación y la acreditación de la calidad:
Situación, tendencias y perspectivas. En “Informe sobre la Educación
Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005: La metamorfosis de
la educación superior”. Caracas: UNESCO-IESALC. p. 41.
UNESCO (2007), New Technologies in Higher Education: Experiences
from Chile and China. Paris: UNESCO. pp. 13-14.
Marmolejo, F. (2005), Internacionalización de la educación superior:
Algunas reflexiones, Educación Global, No.9, Guadalajara: AMPEI.
OCDE (2007), OCDE Reviews of Innovation Policy: Chile. Paris: OCDE.


INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO – 207

Capítulo 7. Investigación y Desarrollo

Este capítulo trata la importancia de la investigación y la innovación en
Chile. Analiza el crecimiento de la investigación en años recientes y los
relativos aportes del gobierno y del sector privado al gasto y el desempeño
de la investigación. Considera la investigación en la educación superior:
qué instituciones la realizan, su impacto, sus fortalezas y debilidades y
cómo debería desarrollarse la investigación a nivel universitario. El
capítulo también analiza el financiamiento y las tendencias del
financiamiento de la investigación; el marco de las políticas de
investigación; cómo asegurar el apoyo a centros de excelencia y centros
regionales en el largo plazo, y la cooperación internacional a la
investigación.
El capítulo concluye con un número de recomendaciones para el
mejoramiento, incluyendo lo siguiente: usar el aumento esperado de fondos
de investigación para encontrar un buen equilibrio entre el apoyo a una
amplia base científica y apoyar áreas estratégicas de prioridad para el
desarrollo económico y del sector público; reducir el número de
instrumentos de financiamiento, y hacerlos más grandes y mejor enfocados;
inclinar la balanza de financiamiento más hacia centros de excelencia,
centros regionales, de infraestructura alejándose de proyectos; promover la
diferenciación para que las instituciones de educación superior pueden
dedicarse a misiones diferentes, que no siempre incluyan la investigación; y
clarificar las responsabilidades para definir, coordinar e implementar
políticas dentro del sistema chileno de ciencia, tecnología e innovación.

Introducción: la necesidad de investigación y desarrollo (I&D) y su
relación con la innovación

La innovación (desarrollar y explotar para uso comercial o de la
sociedad, nuevos productos, procesos, servicios, infraestructuras, etc.) es
vital para el éxito de las empresas y de las economías, así como para mejorar
la calidad de vida y el bienestar social. La innovación es el resultado del


208 – INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

cambio tecnológico, que es el mayor motor del crecimiento de la economía,
en conjunto con otros cambios, como por ejemplo, el diseño organizacional,
métodos de administración, conceptos de marketing, técnicas financieras y
enfoque de las políticas. El cambio tecnológico y muchos de los otros
desarrollos mencionados se apoyan en la investigación científica en el
campo de las ciencias naturales, las ciencias médicas y en la ingeniería, y
hoy, más que nunca, en las ciencias sociales y las humanidades.
La investigación y el desarrollo, por lo tanto, cumplen varias funciones.
A través de ellos se desarrollan nuevas tecnologías, y se adquiere
conocimiento sobre cómo usar y adaptar las tecnologías que existen en el
mundo para mejorar el desempeño económico de las empresas. La
investigación también aborda necesidades claves de la sociedad: la salud y
el medioambiente son sólo dos de los ejemplos más obvios. Un tercer rol
crucial de la investigación es apoyar la capacitación de profesionales de alto
nivel no sólo para que sean los investigadores de la próxima generación sino
también para aplicar la investigación y manejar el conocimiento y así
contribuir a un debate informado más general a través de la sociedad.
Chile actualmente gasta alrededor de 0.7% de su PIB en I&D, del cual
0.25% se gasta en las empresas1. La mayor parte de la investigación que no
se hace en las empresas se hace en las universidades. Existe una cantidad de
institutos de investigación independientes en los ministerios, pero hacen
poca investigación; están haciendo pruebas o están involucrados en otros
servicios de tecnología puesto que no tienen la tradición ni los recursos para
dedicarse a la investigación propiamente tal. Los observatorios astronómicos
internacionales también hacen una buena cantidad de investigación.
El gobierno chileno reconoce que es necesaria una mayor inversión en
investigación, desarrollo e innovación si se quiere que Chile mantenga su
progreso económico y social; esto requerirá una inversión pública y privada
considerable. En las economías avanzadas, la participación del gobierno en
el gasto total en I&D varía entre 25% y 50% y es ampliamente reconocido
que 35% o 40% representa una cifra razonable. En todo el mundo, las
empresas privadas no tienen incentivos suficientes para proporcionar el
nivel de gasto en investigación que necesitan las economías modernas; los
beneficios son inciertos, pueden tomar mucho tiempo en obtenerse y a
menudo son difíciles de lograr. Gran parte de la investigación tiene mucho

1
Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (2008), Hacia una
estrategia nacional de Innovación para la Competitividad, Volumen II. Se debe
tomar en cuenta que la última cifra disponible (2004) sobre cuánto gastan las
empresas era mayor, 0.32%, pero puede ser que los datos no sean totalmente
exactos.



más beneficios sociales que privados; esto es así en Chile también. En Chile,
hoy, el problema no es tanto el equilibrio entre inversión pública y de las
empresas – los datos sugieren que las empresas recientemente sobrepasaron
el gasto público en I&D. El problema es más bien que el nivel absoluto de
inversión, en ambos sectores, es demasiado bajo para un país con el PIB de
Chile y sus aspiraciones. Por lo tanto, el sector empresarial tendrá que
aumentar sus esfuerzos. Sin embargo, el gobierno tampoco se puede escapar
de la necesidad de aumentar su gasto en investigación.

Investigación y desarrollo en Chile

El gasto de Chile en I&D ha ido aumentando desde los últimos años de
1990 y rápidamente desde 2002. La Tabla 7.1 muestra cómo se ha
desarrollado el gasto total en I&D en Chile.

Tabla 7.1 Gasto en investigación y desarrollo, Chile

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
GEID en millones de USD 407.5 396.5 370.5 394.9 360.1 457.8 494.1 633.7
GEID en miles de millones
de CLP 170.9 182.5 188.6 213.1 228.8 315.6 341.2 392.9

% de PIB 0.49 0.50 0.51 0.53 0.53 0.68 0.67 0.68
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT Iberoamericana e Interamericana).

En este punto es necesario hacer algunos comentarios. El primero es
sobre la moneda. Por razones de comparación internacional se tiende a
expresar las cantidades en USD. Como lo muestra la Tabla 7.1, esto puede
distorsionar la realidad. La tasa de cambio ha estado fluctuando
dramáticamente desde alrededor de CLP 450 por USD a comienzos de 1998,
hasta 750 a principios de 2003, bajando a 430 actualmente. En segundo
lugar, parte del alza aparente puede tener que ver con problemas de
medición. Por ejemplo, es probable que el gasto de las empresas en I&D se
haya subestimado considerablemente en el pasado, y que sólo desde 2002 y
2003 se tengan datos más completos. El aumento repentino en 2002 y 2003,
especialmente en personal dedicado a I&D es difícil de explicar de otra
manera.



Las Tablas 7.2 y 7.3 muestran cómo se distribuye el financiamiento y
desempeño en I&D2 por sector.

Tabla 7.2 Gasto en investigación y desarrollo: por sector de financiamiento, en
CLP M millones y participación del total (%)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Gobierno 117.9 131.8 137.5 149.9 157.5 172.4 147.6 175.0
(69) (72.2) (72.9) (70.3) (68.9) (54.6) (43.2) (44.5)

Empresas 27.3 29.6 32.3 49.1 57.0 104.9 148.5 179.4
(16) (16.2) (17.1) (23.0) (24.9) (33.2) (43.5) (45.7)

Educación Superior 1.4 2.8 3.1
(0.4) (0.8) (0.8)

Organizaciones sin fines de lucro 14.7 11.3 8.9 4.1 4.8 1.0 1.4 1.3
(8.6) (6.2) (4.7) (1.9) (2.1) (0.3) (0.4) (0.3)

Extranjeros 10.9 9.9 10.0 10.1 9.4 35.8 40.9 34.1

(6.4) (5.4) (5.3) (4.7) (4.1) (11.4) (12.0) (8.7)

Fuente: RICYT.

2
“Financiamiento” (algunas veces se usa el término "gasto" que es algo confuso) y
“ejecución” son términos estándar usados en estadísticas de I&D.
‘Financiamiento’ indica cuánto dinero invierte un sector en I&D, sin importar si la
investigación la realiza el sector mismo u otro; “ejecución” indica cuánta I&D se
realiza, sin importar la fuente de financiamiento. En la mayoría de los países, la
educación superior gasta relativamente poco de sus propios recursos en I&D, pero
realiza cantidades considerables, generalmente financiadas en gran parte por el
gobierno.



Tabla 7.3 Gasto de investigación y desarrollo: por sector de ejecución, en
CLP M millones y parte del total (%)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Gobierno 67.3 72.1 71.1 86.1 92.4 34.7 38.6 40.1

(39.4) (39.5) (37.7) (40.4) (40.4) (11) (11.3) (10.2)
Empresas 18.5 19.3 20.6 31.8 34.1 113.0 150.5 181.1
(10.8) (10.6) (10.9) (14.9) (14.9) (35.8) (44.1) (46.1)

Educación superior 83.4 89.4 95.2 93.3 100.2 122.5 100.7 125.7
(48.8) (49) (50.5) (43.8) (43.8) (38.8) (29.5) (32)
Organizaciones sin fines de lucro 1.5 1.5 1.7 1.9 2.1 45.1 51.9 46.0

(0.9) (0.8) (0.9) (0.9) (0.9) (14.3) (15.2) (11.7)
Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Fuente: RICYT.

De las cifras de estos sectores parece claro que en varios sectores los
datos anteriores y posteriores a 2002 son difíciles de comparar: un ejemplo
es la pronunciada alza del sector empresarial que comenzó en 2002; la
brusca caída de la cuota de institutos de gobierno involucrados en I&D es
otro. La notable baja de sólo un año en el gasto del gobierno en 2003,
también hace dudar de la confiabilidad de los datos. La repentina alza de la
inversión extranjera en investigación y desarrollo en Chile, junto con el
correspondiente aumento de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la
investigación y el desarrollo, puede reflejar el hecho de que desde 2003, la
inversión extranjera y la investigación realizada en Chile por las
instalaciones astronómicas internacionales, ha sido tomada en cuenta
debidamente.3 No hay datos oficiales aún para 2005 y los años siguientes,
por lo tanto, las cifras oficiales no muestran todavía el aumento sustancial
del gasto de gobierno en los últimos tres años, especialmente a través del
Fondo de Innovación.

3
El informe sobre El Estado de la Ciencia de la RICYT (2007) indica que la
información sobre la I&D de las empresas está basada en encuestas contestadas
voluntariamente.



El problema que hay con los datos destaca la importancia de establecer
un observatorio para reunir y analizar datos estadísticos sobre I&D, que sea
apoyado por los sectores interesados y les sirva a todos ellos.
Sin embargo, un hecho que parece sobresalir es que las empresas,
incluyendo algunas empresas públicas, ahora gastan tanto, o probablemente
más que el gobierno, en investigación y desarrollo. Esto no está de acuerdo
con la visión general que se tiene de los recursos públicos como la fuente
principal de la investigación y el desarrollo en Chile, y que las universidades
hacen la mayor parte de la investigación en el país.4 Según la información
respecto a dónde se gasta realmente el dinero para I&D, está claro que hay
muy poco dinero público que va directamente al sector empresarial: las
empresas mismas pagan en gran parte la investigación y el desarrollo que
realizan. La situación de Chile es algo excepcional en este aspecto, pero no
es este informe sobre educación terciaria el lugar para entrar en mayores
detalles acerca de cómo los gobiernos hoy día están dispuestos a impulsar la
inversión de las empresas en I&D, cada vez más a través de exención
tributaria (por ejemplo, para sueldos de personal de I&D), programas o
mecanismos estratégicos tales como el Programa de Investigación para la
Innovación de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos.
Como ya se dijo anteriormente, el problema real es que la inversión en
investigación y desarrollo, tanto pública como empresarial, es baja, con
respecto a lo que se esperaría para un país con la tasa de crecimiento del PIB
y las ambiciones de Chile. La Tabla 7.4 muestra algunas comparaciones
internacionales que son clave. Con muy pocas excepciones que no se
muestran aquí (Luxemburgo y algunos ricos estados petroleros árabes),
países con un Producto Interno Bruto per cápita sobre USD 10 000 gastan
por lo menos 1% de su PIB en I&D. Muchos países con un PIB per cápita
mucho más bajo, tales como China, gastan más que eso porque están
convencidos de que, junto con la educación, la investigación y el desarrollo
son unas de las condiciones básicas para el crecimiento a largo plazo.

4
El informe de marzo de 2008 del Consejo Asesor Presidencial para la Educación
Superior aún menciona que las universidades realizan el 80% de toda la
investigación en Chile, y el resto en los centros astronómicos, algunos laboratorios
y empresas. El número total de investigadores citado en este informe es de 3500,
sin embargo, mucho menor que la cifra de 18365 que da CONICYT en 2004.



Tabla 7.4 Gasto bruto en investigación y desarrollo como % del PIB

I&D como % de PIB,
Países GNI per cápita1
(2005 o último país disponible)
Finlandia 3.5 37 530
Japón 3.3 38 950
Korea 3.0 15 840
Estados Unidos 2.6 43 560
Promedio OCDE 2.3
EU27 1.7
República Checa 1.3 11 220
China 1.3 1 740
España 1.1 25 250
Rusia 1.1 4 460
Estonia 1.0 9 060
Brasil (2004) 0.9 3 550 (2005)
India (2004) 0.7 730
Chile (2004) 0.6 5 870
México 0.5 7 310
Argentina 0.5 4 470
Colombia 0.5 2 290
Nota: 1 Datos de Banco Mundial: Ingreso Nacional Bruto calculado usando el método ATLAS.

Fuente: Banco Mundial, 2005.

La RICYT también tiene datos sobre el gasto de I&D en objetivos
socioeconómicos, pero éstos son escasos y poco confiables. Los últimos son
de 2001, y muestran que se gasta un 14.5% en exploración de la tierra,
23.1% en tecnología agrícola y 46.2% en investigación no específicamente
orientada. El hecho de que 0% sea para investigación en salud
probablemente refleja la falta de información más que la realidad.
Según la RICYT, el gasto chileno en I&D corresponde a un 5.9% del
gasto total en I&D en América Latina en 2005,5 aumentando desde un 4.2%
que hubo en 1996. Esto se compara con las cifras para 2005 de Brasil, 53%
y México, 26.1%. Argentina había retrocedido al 6.2% como una
consecuencia de la crisis económica de finales de los 1990, y los otros países
representaban un 7.9%. En términos de recursos humanos, la situación es
algo diferente, pero las diferencias estadísticas (por ejemplo, recuento o

5
La cifra para Chile puede ser 2004 más bien que 2005.



JCEs) así como las diferencias de poder adquisitivo pueden explicar por qué
Chile representa un 8.1% de los recursos humanos, Brasil un 48.2%,
Argentina un 15.1% y México, un 20.8%.
La Tabla 7.5 muestra los datos de la RICYT sobre recursos humanos en
investigación y desarrollo, pero así como los datos en gasto, también son
dudosos. El alza repentina de los recursos humanos en I&D desde 2002 a
2003, en particular, probablemente indica que se dispuso de datos más
completos a partir de 2003. Pero está claro que el sector empresarial se ha
convertido en un actor importante.

Tabla 7.5 Personal en investigación y desarrollo: números totales y parte de
investigadores en jornada completa equivalente JCE por sector (%)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Investigadores, recuento 5 959 6 008 5 970 6 105 6 382 8 507 17 212 18 365
Técnicos, recuento 5 072 5 325 5 919 6 083 6 060 11 008 12 218
Investigadores, JCE 5 278 5 439 5 549 5 629 5 712 6 942 12 322 13 427
Técnicos, JCE 3 956 4 154 4 617 4 745 4 727 7 783 8 262
Investigadores, JCE, en:
Gobierno 514 419 550
(7.4) (3.4) (4.1)
Empresas 986 6 802 7 532
(14.2) (55.2) (56.1)
Educación Superior 5019 4 621 4 552
(72.3) (37.5) (33.9)
Organizaciones sin fines de lucro 423 493 779
(6.1) (4.0) (5.8)
Fuente: RICYT; los números por sector se calculan en base a porcentajes disponibles en la RICYT.

Como se menciona anteriormente, las empresas son ahora responsables
de realizar una gran cantidad de I&D. Por supuesto, el desarrollo domina y
la cantidad en total de I&D es aún pequeña. El informe de la OCDE de 2007
sobre Políticas de Innovación, ha tratado extensamente cualquier
información disponible sobre I&D en las empresas, de manera que no hay
necesidad de entrar en detalles aquí. Pero, como la relación entre las
universidades e institutos de gobierno con el sector empresarial es un tema
creciente, vale la pena dar una mirada a los esfuerzos en I&D de varios
sectores económicos. La Figura 7.1 es una copia de la Figura del informe de



la OCDE sobre Políticas de Innovación con información sobre la intensidad
de I&D (gasto en I&D como porcentaje de las ventas netas) en los
principales sectores económicos de Chile.

Figura 7.1 Investigación y desarrollo en los principales sectores económicos de Chile

Manufactura Transporte Agricultura Electricidad, Servicios Total Minería Comercio Construcción
gas y agua financieros
Fuente: Ministerio de Economía.

La Figura 7.2 muestra cómo se distribuye el gasto en I&D por empresa,
unos CLP 180 M millones, entre los diversos sectores económicos en 2004.
Demuestra que el gasto en I&D está fuertemente concentrado en tres
sectores; agricultura, pesca y caza, industria manufacturera y servicios. (Los
servicios incluyen transporte, servicios financieros y comercio – se muestran
en forma separada en la Figura 7.1).



Figura 7.2 Investigación y desarrollo en varios sectores (2004)

Agricultura, pesca y caza

Servicios Agricultura, pesca y caza Minería
Minería
Industria manufacturera

Electricidad, gas y agua
Industria manufacturera

Construcción

Servicios
Electricidad, gas y
Construcción agua

Fuente: CONICYT.

La parte de servicios en el total de I&D en las empresas en Chile es
notable. El promedio de la OCDE es 28%. Es cierto que las economías
emergentes tienden a tener una cuota mayor de I&D en las empresas del
sector de servicios que en los países industrializados tradicionales, pero casi
un 50% es muy alto. Como es probable que tanta I&D del sector de
servicios esté relacionada con TICs, ¿podría ser que la contabilidad más
global de la I&D empresarial esté acompañada de algunos problemas para
fijar los límites entre inversiones TICs en las cuales hay I&D y otras en que
no hay? Esta es una de las preguntas que necesita ser respondida antes de
que la información contenida en estas tablas pueda ser usada como un
estímulo para acciones futuras. Otras preguntas se relacionan con una
intensidad de investigación y desarrollo aparentemente baja en todos los
sectores de la lista, pero, especialmente en la industria manufacturera y las
empresas de servicio público, comparada con los promedios de la OCDE; y
la cifra tan baja para el sector minero, que puede sugerir demasiada
confianza en las compañías extranjeras para la entrega de tecnología.



Tabla 7.6 Perfil de las cinco universidades más grandes orientadas a la investigación en
Chile, 2004

Indicador Universidad de Universidad Universidad de Universidad de Universidad Promedio
Chile Católica de Chile Concepción Santiago Austral

Estudiantes

Número1 26 470 19 829 18 411 17 555 9 295 18 312
Alto rendimiento2
(%) 94 94 51 75 41 71
Graduados3 (%) 11.7 10.0 5.1 3.2 3.9 6.8
PhDs otorgados10 50 37 34 8 5 27

Cuerpo docente (2003)
Número4 3 392 2 349 1 430 2 425 784 2 076
Tiempo 35.9 43.4 57.1 25.0 67.2 45.7
completo5(%)
PhDs6 (%) 20.7 48.911 25.5 13.9 22.6 26.3
PhDs7 (%) tiempo 34.3 71.611 40.8 38.8 31.7 43.4
completo

Investigación
Proyectos8 569 393 222 157 95 287
Publicaciones9 2 322 1 432 928 546 376 1 121

Notas:
1
Total de matriculados
2
% de alumnos de primer año entre los 27 500 estudiantes con los mejores puntajes en la PSU
3
La proporción de titulados en el total de matriculados
4
Recuento total
5
La proporción del cuerpo docente a tiempo completo
6
La proporción del cuerpo docente con doctorados
7
La proporción de académicos a tiempo completo que tienen doctorados
8
“Proyectos” financiados externamente y que tienen fondos para investigación asignados
competitivamente
9
La suma de todos los artículos indexados ISI publicados en los tres años anteriores
10
Número de doctorados otorgados en 2003
11
Incluye docentes con un grado de especialización médica – si se los excluye, la proporción de
académicos de la Universidad Católica de Chile con doctorados según el informe de Qué Pasa
(2004) es 29.7%, y el cuerpo docente a tiempo completo con doctorados es 47%

Fuentes: (1) y (3) Consejo Superior de Educación (2004); (2) Departamento de Medición, Registro y
Evaluación (DEMRE), Universidad de Chile (2005), para la promoción de 2004; (4), (5), (6), (7), y
(10) (datos para 2003) del CRUCH (2003); (8) y (9) El Mercurio (2004).



La investigación en las universidades chilenas está fuertemente
concentrada en un número pequeño de ellas. Andrés Bernasconi6 comparó
las cinco más grandes (en términos de publicaciones ISI en los años 2001-
2003), como en la Tabla 7.6.
Muchas universidades, sin embargo, han comenzado a hacer
investigación ahora y, aunque las primeras tres de la Tabla 7.5 aún dominan
la escena, algunas otras comenzarán a ponerse al día con la cuarta y la
quinta. En 2007 la Universidad de Chile contaba con alrededor de 900
publicaciones al año, la Universidad Católica unas 600 y la Universidad de
Concepción cerca de 500, mientras que la Universidad Federico Santa Maria
y la Universidad Católica del Norte producían entre 120 y 140.
Muchas de las estadísticas disponibles no muestran aún las actividades
de investigación más recientes, puesto que para 2005 y más adelante, hay
muy poca información comparativa. La Tabla 7.7 muestra el número de
publicaciones de las 15 universidades que estuvieron más activas en
investigación durante el período de cuatro años que termina en 2004.

Tabla 7.7 Publicaciones 2001-2004, de las universidades más activas en investigación
Universidad de Chile 3123
Universidad Católica de Chile 1975
Universidad de Concepción 1237
Universidad de Santiago 725
Universidad Austral 527
Universidad Federico Santa María 293
Universidad Católica de Valparaíso 247
Universidad Católica del Norte 226
Universidad de La Frontera 216
Universidad de Valparaíso 131
Universidad de Antofagasta 139
Universidad de Talca 99
Universidad Andrés Bello 82
Universidad de Los Lagos 66
Universidad de La Serena 70
Fuente: Academia Chilena de Ciencias, Análisis y Proyecciones de la Ciencia Chilena 2005.

6
A. Bernasconi, ¿Hay Universidades de Investigación en Chile? En: Philip G.
Altbach & Jorge Balán. 2007. World Class Worldwide. Transforming Research
Universities in Asia and Latin America. Baltimore: Johns Hopkins University
Press, pp. 234-259.



La Tabla 7.8, que aporta información sobre el número de programas de
doctorado y grados otorgados en 2004, también muestra grandes diferencias,
aunque nuevamente debería tenerse en cuenta que las últimas cifras también
podrían indicar algo diferente.

Tabla 7.8 Número total de programas de doctorado (en ciencias) y de doctorados
otorgados, 2004

Programas Grados

Universidad de Chile 33 (23) 89
Universidad Católica de Chile 25 (16) 60
Universidad de Concepción 17 (14) 40
Universidad Católica de Concepción 7 (4) 8
Universidad Federico Santa María 4 (4) 0
Universidad de Santiago 10 (9) 17
Universidad Austral 6 (5) 17
Universidad de La Frontera 3 (3) 0
Universidad Católica del Norte 4 (2) 0
Universidad de Valparaíso 2 (1) 0
Universidad Tecnológica Metropolitana 8 (4) 0
Universidad de Talca 2 (2) 0
Universidad Andrés Bello 4 (4) 1
Universidad de La Serena 1 (0) 6
Fuente: Academia Chilena Ciencias, Análisis y Proyecciones de la Ciencia Chilena 2005.

En la misma publicación que proporcionó las cifras para la Tabla 7.8, la
Academia Chilena de Ciencias entregó algunas comparaciones muy útiles
para estimar la calidad de la investigación en varias disciplinas. El equipo
revisor elaboró la Tabla 7.9 en base a los datos de las Tablas 4.1-4.9 de ese
Informe de la Academia,7 que derivan de las bases de datos estándar para
hacer mediciones científicas, la mayoría de las cuales son parte de Thomson
Scientific (anteriormente el ISI). El impacto se define como el número de

7
El Panel no ha usado el impacto medido por lo que la Academia llama el Indice de
Atracción. No está claro cómo se calcula el Indice, y si sus resultados contradicen
el impacto como se indica en las Tablas 4.1 – 4. 9. Por ejemplo, a la astronomía le
va bastante bien en Chile, con un impacto levemente superior al promedio
mundial. Pero el Indice de Atracción lleva a un impacto 16.6 veces mayor que el
promedio global.



citas hechas de todos los trabajos que tienen al menos un autor
desempeñándose en una institución chilena, publicados durante el período
especificado en una disciplina dada. El impacto chileno se compara, en
primer lugar, con los datos de impacto de los Estados Unidos y Europa.
Tomando su promedio como referencia, se llega a una buena aproximación
del promedio mundial, puesto que ellos hacen 80% o más de las
publicaciones mundiales. Se da también una comparación de América
Latina en general.

Tabla 7.9 Impacto de Chile en varias disciplinas, comparado con los Estados Unidos,
Europa y América Latina

Disciplina Impacto de Impacto de Impacto de Impacto de
Chile EEUU EU LA
Matemáticas 2.7 4.1 3.1 2.4
Física 6.1 11.9 7.8 4.8
Química 4.1 13.1 9.7 4.8
Astronomía 14.8 14.9 12.9 11.0
Ecología, ciencias del medioambiente y 4.4 9.0 7.6 4.8
acuáticas
Ciencias biomédicas 9.0 19.7 17.9 5.5
Ciencias de la tierra 6.0 12.0 8.4 5.4
Ciencias de la agricultura y producción 2.1 6.4 5.1 2.5
animal
Ciencias de la Ingeniería 2.8 4.9 3.6 2.5
Fuente: Equipo revisor en base a datos de de la Academia Chilena de Ciencias, 2004.

En base a esta evidencia, la calidad de la investigación en Chile es
bastante buena. En la mayoría de las áreas es mejor que el promedio
latinoamericano, y en varias está a la par con las mejores del mundo.
La tercera categoría de organizaciones que realizan investigación, son
los institutos de gobierno. Son trece, incluyendo la Fundación Chile
(CLP 1.9 M millones al año), que promueve la innovación y la capacitación
de los recursos humanos más que realizar investigación como tal. Los más
grandes, en términos de esfuerzo en I&D, son el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias INIA (CLP 7.2 millones por año) y el Servicio Nacional de
Geología y Minería SERNAGEOMÍN (CLP 4.1 M millones al año) y la
Comisión de Energía Nuclear CCHEN (CLP 4.0 M millones al año). Las
cantidades que están entre paréntesis son sus presupuestos de I&D para
2004. En general, el presupuesto anual para todos los institutos juntos ha
sido bastante estable hasta 2004, con CLP 24 M millones por año. La mayor
parte de ellos entregan servicios tecnológicos más que realizar investigación,
por lo tanto, puede haber inexactitudes estadísticas.



La presencia de varios de los telescopios más poderosos en la Cordillera
de Los Andes es una gran oportunidad para la investigación astronómica que
hacen las universidades. La lista siguiente ilustra cuán atractivas son las
condiciones de Chile para la astronomía mundial:
• VLT en Cerro Paranal ( ESO de Europa);
• Los telescopios en La Silla (ESO);
• GEMINI-Sur en Cerro Pachón (EEUU, Reino Unido, Canadá,
Australia, Argentina, Brasil, Chile);
• Observatorio Interamericano Cerro Tololo, que consta de varios
telescopios en Cerro Tololo (manejado por la Asociación de
Universidades para la Investigación en Astronomía AURA);
• Observatorio Gemini Sur para la Investigación Astronómica de
Cerro Pachón (AURA);
• ALMA (EEUU, Canadá, ESO, Asia Oriental, España);
• APEX (German Max Planck Gesellschaft, Suecia, ESO).

Financiamiento del desarrollo científico y tecnológico, especialmente
en la educación superior

El financiamiento para I&D en el sector de educación superior en Chile
se entrega en gran parte a través de CONICYT. El presupuesto total de
CONICYT en 2007 alcanzó a los CLP 90 M millones, aumentando desde
los 48 M millones que tuvo en 2004. El Fondo Innovación, creado
recientemente y que ha estado funcionando desde 2006, ha estado
financiando entre otros, varios programas de CONICYT tales como el
Programa de Financiamiento Basal para Centros de Excelencia. En total
CLP 24.6 M millones del presupuesto total de CONICYT, de unos
CLP 91 M millones en 2007, vienen del Fondo Innovación. El Segundo
Volumen de Estrategias de Innovación,8 publicado en marzo de 2008 por el
Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, puede dar una
indicación de cómo se usará en el futuro.
CONICYT ha desarrollado un gran número de instrumentos de
financiamiento. Actualmente hay 11, la mayoría de ellos con una cantidad
de subprogramas. Los dos mayores fondos competitivos para la
investigación y el desarrollo son el Fondo para el Desarrollo de la

8
Ver referencia 1.



Investigación Científica y Tecnológica, FONDECYT, para investigación
básica; y el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico,
FONDEF, para I&D tecnológico. El presupuesto de FONDECYT fue
bastante estable en términos reales (CLP de 2004) entre 1999 y 2005 entre
CLP 19 y 21 M millones al año, y desde entonces ha subido a
CLP 33 M millones al cambio del momento, para 2008.
Las universidades son prácticamente las únicas beneficiarias de
FONDECYT y FONDEF; recibieron 100% y 99.6% de las donaciones de
estos dos fondos durante 2000-2004. Del total de los fondos otorgados a las
universidades por FONDECYT en 2000-2005, la Universidad de Chile
recibió 36.7%, la Universidad Católica de Chile 21.7%, y la Universidad de
Concepción 10.6%. Un 27.75% fue para las otras universidades del
CRUCH, sumando 96.75% para las universidades del CRUCH en total,
aunque tres recibieron menos de 0.1%. Sólo 3.25% fue para universidades
privadas, pero a algunas de éstas les fue mejor que a algunas universidades
del CRUCH. Las donaciones de FONDEF en el mismo período se
concentraron de la misma manera en las universidades del CRUCH, que
obtuvieron 97.8% de los fondos, cinco de las cuales recibieron, entre ellas,
65% de los fondos.
La Tabla 7.10 entrega una visión general de los 11 programas de
CONICYT con sus presupuestos para 2007 y 2008. Junto con los costos
operativos propios de CONICYT, unos CLP 5 billones, éstos suman un
presupuesto total de alrededor de CLP 91 M millones en 2007.
La Tabla 7.11 sirve para destacar el predominio de unas pocas
universidades y el creciente poder de otras, la distribución de los fondos de
CONICYT, FONDECYT y FONDEF para 2007.



Tabla 7.10 Programas de CONICYT

Presupuesto Presupuesto
2007 2008
(CLP M (CLP M
millones) millones)
FONDECYT Programa básico de financiamiento a 26.0 33.1
proyectos de investigación individual
FONDEF Investigación aplicada, desarrollo pre- 12.2 12.4
competitivo, transferencia tecnológica;
cooperación universidad-industria
FONDAP Centros de Excelencia en áreas prioritarias, 4.9 4.5
incluyendo unidades de valorización
EXPLORA Presentación de la ciencia a la sociedad en 3.3 1.9
general a través del país.
Financiamiento Basal Financiamiento para infraestructura básica 9.1 6.4
para Centros de Excelencia
Programa Bicentenario Mejoramiento del sistema de Ciencia, 18.8 9.3
Tecnología e Innovación; fortalecimiento de
la base científica; relaciones industria-
universidad
Programa Astronomía Investigación en astronomía 0.6 0.6
Programa Regional Centros de investigación regionales junto con 2.4 2.6
gobiernos regionales
Becas para postgrados Becas para hacer Doctorados y Maestrías en 8.4 13.6
(nota: hay muchos otros Chile y el extranjero o mixtos; como también
programas de Becas) fondos complementarios para, por ejemplo,
imprimir tesis, visitas a conferencias
Relaciones Cooperación internacional 0.3 0.6
Internacionales
Información CyT Acceso a información científica 0.1 0.2

Fuente: CONICYT.



Tabla 7.11 2007 Donaciones FONDECYT y FONDEF (CLP M millones)

Institución FONDECYT FONDEF Total
Universidades del CRUCH (primeras doce)
Universidad de Chile 7.2 1.9 9.1
Universidad Católica de Chile 4.8 1.4 6.2
Universidad de Concepción 2.5 1.8 4.3
Universidad Austral 1.5 0.7 2.2
Universidad de Santiago 1.6 0.4 2.0
Universidad Católica de Valparaíso 0.9 0.3 1.2
Universidad Católica del Norte 0.6 0.5 1.1
Universidad Federico Santa Maria 0.6 0.4 1.0
Universidad de Los Lagos 0.1 0.8 1.0
Universidad Arturo Prat 0.1 0.9 1.0
Universidad de La Frontera 0.4 0.3 0.7
Universidad de Antofagasta 0.3 0.4 0.7
Universidades no del CRUCH (primeras dos)
Universidad Andrés Bello 0.4 0.1 0.5
Universidad del Desarrollo 0.1 0.0 0.2
Institutos sin fines de lucro o de gobierno (primeros dos)
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 0.1 0.3 0.4
Centro de Estudios Científicos 0.3 - 0.3
Fuente: CONICYT.

La Tabla 7.11 muestra que las primeras tres universidades aún son
dominantes, pero que se está formando una segunda categoría de
universidades. También muestra que, hasta ahora, fuera de las universidades
del CRUCH, la universidad Andrés Bello es la única candidata segura a
unirse al grupo de las universidades que hacen investigación en Chile.
Una segunda fuente de financiamiento de la investigación en
universidades viene de lo que las universidades mismas pueden ahorrar de
sus asignaciones AFD y AFI (donde las universidades reciben este apoyo) o
del pago de aranceles. Fuera de esto no hay financiamiento directo del
gobierno para infraestructura básica de la investigación; aunque los sueldos
de profesores son probablemente cubiertos a través de estos mecanismos en
su mayor parte. Hay una estimación hecha por CONICYT sobre cuánto del
AFD se gasta en I&D en promedio. El informe de la Academia de la Ciencia
citado anteriormente entrega una cifra de 58.6%. Esto significaría que en
2004, fuera del total de CLP 107.3 M millones, se gastaron cerca de
CLP 62.9 M millones en I&D, lo que en ese momento era igual al
presupuesto de CONICYT. De esto, según el mismo informe de la



Academia, 41% representa investigación básica, 47% investigación aplicada
y 12% desarrollo experimental.
Sin embargo, no hay información sobre cómo se divide el gasto, ingreso
o tiempo del personal de las universidades individualmente, entre docencia e
investigación. Ni siquiera las universidades estatales están obligadas a
proporcionar esta información al MINEDUC o al público.
La tercera fuente, mucho más pequeña, es CORFO, la agencia que
apoya a las empresas de diversas maneras, incluso promoviendo la
innovación, transferencia tecnológica y capacidad empresarial, desde el
Ministerio de Economía. CORFO ha combinado todos sus instrumentos para
promover la innovación, en el programa INNOVAChile.9 La mayoría de los
programas de INNOVAChile están dirigidos a las empresas; sin embargo,
un programa, Proyectos de Innovación de Interés Público, está enfocado
hacia las universidades e institutos y agencias de gobierno; y otro, Proyectos
de Innovación Precompetitiva, está dirigido exclusivamente a las
universidades. Este último programa gasta unos CLP 13 M millones al año
en investigación precompetitiva en las universidades. INNOVAChile
anunció a comienzos de abril de 2008 los resultados de su último concurso
para Proyectos de Interés Público y de Innovación Precompetitiva. Del total
de CLP 20.8 M millones, 13.6 M millones serán para 38 proyectos
universitarios. El total del presupuesto de INNOVAChile para 2007, fue de
CLP 37 M millones.
Una ley reciente introdujo una rebaja de impuestos del 35% para
investigación empresarial hecha por universidades e institutos de
investigación. Es una proporción muy pequeña del gasto en I&D (alrededor
de CLP 3 M millones) y estas medidas tributarias no se discutirán más allá
en este informe puesto que se trataron en el informe de la OCDE en 2007
sobre las Políticas de Innovación en Chile.
Además del financiamiento a través de CONICYT, las contribuciones
del AFD/AFI y de CORFO, dos programas adicionales importantes
(cofinanciados por el Banco Mundial) han contribuido al financiamiento de
I&D. El primero es MECESUP, aunque su foco está generalmente en la
educación superior más que específicamente en investigación. El segundo es
la Iniciativa Científica Milenio, que es exclusivamente para investigación.
Más recientemente, ha empezado a funcionar el Programa Bicentenario de
Ciencia y Tecnología (PBCT), administrado por CONICYT y también
cofinanciado por el Banco Mundial.

9
CORFO (2008), Logros 2007 y Prioridades 2008.



Las universidades también pueden acceder a otros programas mucho
más pequeños. Uno de éstos es la Fundación para la Innovación Agraria que
financió proyectos (no todos de investigación) por un total de
CLP 22.4 M millones entre 1996 y 2006.10 Otro es el Fondo de
Investigación Pesquera, cuyo presupuesto en 2007 fue de unos
CLP 4 M millones.11
El Ministerio de Desarrollo y Planificación administra dos programas de
becas dedicados a apoyar estudios de doctorado y maestría. Uno es para
estudiar en Chile, el otro, las Becas Presidente de la República, para
estudiar en el extranjero. La Tabla 7.12 muestra el total de becas otorgadas
en los últimos tres años.

Tabla 7.12 Becas de postgrado MIDEPLAN (Becas Presidente de la República)

2005 2006 2007
Becas nacionales 108 113 130
Becas internacionales 130 191 300

Fuente: MIDEPLAN.

Un cambio importante ha sido el establecimiento del Fondo de
Innovación en 2006. Es el responsable, en gran medida, de los aumentos en
el presupuesto de CONICYT en 2007 y 2008. El Fondo de Innovación está
financiado por el nuevo impuesto a las exportaciones de cobre y no es
administrado por una organización separada. El Consejo de Innovación
asesora sobre programas clave, existentes o nuevos, en los cuales debería
gastarse el presupuesto y especifica las condiciones. Por ejemplo, el
programa de Financiamiento Basal de CONICYT, que está totalmente
financiado por el Fondo de Innovación, exige que CONICYT firme
acuerdos con tres ministerios: el Ministerio de Hacienda, el de Economía, y
el de Educación. Una parte importante del presupuesto del Fondo de
Innovación de CLP 52 M millones en 2007, se entregó a CONICYT, es
decir, unos CLP 25 M millones. Otros beneficiarios incluyen a CORFO, y
especialmente su programa INNOVAChile. El presupuesto del Fondo de
Innovación está aumentando rápidamente: en 2008 es de
CLP 80.9 M millones.

10
http://mauriciolorca.blogspot.com/2006/12/fundacin-para-la-innovacin-
agraria.html
11
www.fip.cl



Debe tomarse en cuenta que en Chile, como en muchos países, la
palabra “innovación” se usa muy libremente, lo que resulta en un conjunto
algo confuso de iniciativas. En Chile está INNOVAChile, un programa
administrado por CORFO. Desde 2001 hasta 2005 hubo un programa del
Ministerio de Economía llamado Chile Innova, administrado por CORFO,
CONICYT, FIA (el Fondo para la Innovación Agraria), el Instituto Nacional
de Normalización e Intec (la Corporación de Investigación Tecnológica de
Chile). Los que se han agregado recientemente son el Fondo de Innovación,
que funciona básicamente como una fuente de fondos para una variedad de
programas existentes o nuevos de otras organizaciones tales como CORFO o
CONICYT, y el Consejo de Innovación.

Tendencias en el financiamiento de investigación

Hay dos tendencias que sobresalen. Una se relaciona con el
financiamiento de centros y grupos de investigación; la otra, con la
promoción de la cooperación industria-universidad. Este informe ha descrito
varias iniciativas interesantes, pero el equipo revisor duda si éstas tienen una
visión a largo plazo sobre qué fuente de financiamiento proveerá los fondos.
Muchos programas o sub-programas son más bien pequeños, y alguno de los
financiamientos no parecen ser sostenibles, por ejemplo, el programa
Bicentenario.
Dentro de la investigación básica, el enfoque reciente ha sido desarrollar
la masa crítica y la excelencia en investigación concentrándose en centros y
otros grupos de investigación. El Programa Fondo de Financiamiento de
Centros de Excelencia en Investigación (FONDAP) se concentra en áreas
prioritarias. Un total de siete centros recibieron financiamiento hasta 2006.
El programa Iniciativa Científica Milenio (ICM), administrado por el
Ministerio de Planificación con el objetivo de fortalecer la capacidad de
investigación científica y tecnológica, está dirigido a capacitar equipos de
excelencia académica y científica a nivel internacional. Ha habido seis
concursos para crear Institutos y Unidades Científicas en los que trabajarán
estos equipos, de los que resultaron cinco Institutos (dos de los cuales son
financiados a través del Fondo Innovación) y 15 núcleos de ciencias
naturales y exactas, cinco son financiados por MIDEPLAN, ocho a través
del Programa Bicentenario y dos a través del Fondo de Innovación,
demostrando que el programa ICM ha tenido éxito en activar las fuentes de
recursos para apoyar la expansión y la sustentabilidad. El énfasis está en los
científicos jóvenes que desarrollan actividades y proyectos de innovación,
vinculados a áreas estratégicas de desarrollo, lo que es una manera sensata y
progresista de avanzar.



El reciente Programa Financiamiento Basal, financiado a través del
Fondo de Innovación, se creó para apoyar centros de excelencia por
períodos más largos, cinco años renovables por otros cinco. Siete centros se
anunciaron a comienzos de 2008. Aunque con un propósito diferente, este
programa fue diseñado explícitamente para construir sobre la experiencia
obtenida en el programa ICM.
Los gobiernos chilenos recientes también se han propuesto apoyar la
ciencia, la tecnología y la innovación con programas para promover la
colaboración entre investigadores altamente especializados y empresas.
Estos programas incluyen el Programa Bicentenario de Ciencia y
Tecnología (PBCT), que comenzó en 2003. Administrado por CONICYT y
financiado en forma parcial con un préstamo del Banco Mundial, tiene como
objetivo ayudar a guiar el país hacia una economía y sociedad del
conocimiento, a través de la inversión en ciencia, innovación, integración
con el sector empresarial y redes científicas y tecnológicas. Uno de sus
componentes es el Programa Consorcio Tecnológico Empresarial, que
subsidia equipos de investigación grandes o de tamaño mediano en que
participan las universidades, institutos de investigación y empresas. Otro es
el Programa de Investigadores en la Industria, que busca aumentar el
contingente de investigadores altamente calificados en la industria chilena,
financiando becas de doctorado para estudiantes que estén haciendo sus tesis
o investigación basada en la industria; unas 42 empresas han ayudado de
esta manera a desarrollar soluciones innovadoras para mejorar la
competitividad en los negocios. Un tercer componente es el Programa
Internacional de Investigación Cooperativa, un fondo competitivo para
promover la colaboración internacional, con los mejores investigadores
nacionales e industriales. Los variados componentes parecen estar dirigidos
a metas muy útiles, pero aunque es aún demasiado pronto para una completa
evaluación de los resultados, el equipo revisor sospecha, nuevamente, que
los esfuerzos y financiamiento se están diluyendo demasiado. La suma total
para el programa Bicentenario es ahora sólo un 10% del presupuesto de
CONICYT y está disminuyendo rápidamente (en 50% entre 2007 y 2008).
Otro ejemplo, aunque dirigido a crear masa crítica, es el Programa para
Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico, administrado
por CONICYT, un ejemplo de los cuales es el Centro de Investigación
Científico Tecnológico para la Minería en Antofagasta. Ahora hay 13
Centros Regionales funcionando, pero el equipo revisor consideró que las
sumas que CONICYT tenía disponibles para este programa eran más bien
pequeñas como para tener un impacto real.
El Programa de Consorcios Tecnológicos Empresariales de
Investigación de CONICYT es parte de un esfuerzo más amplio para
estimular consorcios tecnológicos que involucren a las empresas. El



programa INNOVAChile de CORFO y la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, también promueven el
establecimiento de estos consorcios, los que pueden involucrar a las
universidades, aunque no necesitan hacerlo. CONICYT actualmente apoya
cinco Consorcios Tecnológicos Empresariales, pero son más.
Como ya se dijo anteriormente, la Corporación para el Fomento de la
Producción (CORFO) ha combinado todos sus instrumentos para promover
la innovación en el programa INNOVAChile, que está dirigido a proveer
financiamiento especial para estimular la innovación en los negocios. Un
programa en especial, el Programa de Innovación Precompetitiva, está
enfocado hacia las universidades. Otro, el programa para Innovaciones de
Interés Público, está abierto a las universidades, institutos y agencias de
gobierno.

Hacia un mejor sistema de financiamiento de la investigación

El análisis del equipo revisor indica tres temas principales. Primero, las
políticas nacionales no tratan de lograr un equilibrio entre financiar una base
amplia de ciencias y apoyar áreas estratégicas de prioridad: esto no es
siquiera el tema de una discusión informada en Chile. En segundo lugar,
sería más eficiente y efectivo tener menos instrumentos, más grandes y más
enfocados. Y tercero, se necesita más financiamiento para infraestructura
básica (edificios, equipos, artículos de consumo, masa crítica de personal);
el financiamiento de infraestructura está relativamente abandonado en Chile,
al contrario del financiamiento de proyectos o programas.
CONICYT, hasta ahora, no ha introducido áreas de prioridad para sus
proyectos de investigación (tales como CODECYT), o para becas de
doctorado o maestría, o para becas a centros de excelencia o grupos de
investigación. Los centros FONDAP se consideran áreas de prioridad, pero
la identificación de estas áreas no parece estar basada en una discusión
estratégica genuina. CORFO ha adoptado una forma limitada para establecer
prioridades. Naturalmente, la ausencia de prioridades formales no significa
que toda la investigación realizada es irreal, ni que todos aquéllos que han
obtenido doctorados se van a encontrar desempleados en el mercado laboral.
Pero Chile ciertamente se beneficiaría con un enfoque más estratégico. Las
prioridades del sector económico, las del sector público, áreas de
importancia académica nacional tales como la astronomía y el desarrollo de
una firme y amplia base científica, deberían ser apoyadas por una
combinación de oportunidades de financiamiento para la libre investigación
académica y financiamiento para áreas de prioridad estratégica. Este apoyo
debería llegar no sólo a través de proyectos sino también, en forma
creciente, a través de programas.



Con el establecimiento del Consejo Nacional de Innovación, el debate
sobre prioridades económicas estratégicas se ha acelerado
considerablemente. El Consejo de Innovación ha propuesto ocho grupos, en
base a las oportunidades del mercado mundial y las capacidades de Chile en
los próximos 10 a 15 años. Estos grupos son: minería, acuicultura, turismo
especializado, procesamiento de alimentos, cultivo de frutas, servicios
marítimos (no en el sentido de tecnologías marinas de mar adentro, sino de
ofrecer servicios globales) producción de cerdos y aves y servicios
financieros.12 Si hay consenso en Chile de que gran parte del desarrollo
económico en los próximos diez años será en estos sectores, podrían ser los
indicados para mayores políticas de investigación estratégica, desarrollo e
innovación. Naturalmente, hay otros puntos focales: primero, las prioridades
del sector público tales como la salud, la energía o el agua; segundo, las
áreas genéricas y de capacitación de la ciencia y tecnología que sirven no
sólo a otras áreas prioritarias sino también a la economía y la sociedad en
general – algunos ejemplos son TIC, ciencias de la vida y de los materiales;
y en tercer lugar, áreas de oportunidades como la astronomía para la cual
Chile presenta condiciones ideales. Cada país debe encontrar su propia
mezcla de prioridades más adecuada, en el sector económico y público,
facilitando las ciencias básicas, creando oportunidades especiales y
apoyando tanto a los científicos excepcionales ya establecidos como a
prometedores investigadores jóvenes. Es uno de los objetivos esenciales de
las políticas en ciencias asegurarse de que en todo momento el desarrollo de
los recursos humanos y las oportunidades de financiamiento se ajusten a esta
mezcla. Si esto se hace bien, los puntos focales sugeridos arriba ofrecen a
Chile un conjunto de motores, estable y flexible, para desarrollar sus
capacidades de investigación, desarrollo e innovación.
El equipo revisor tiene claro que hay actualmente demasiados
instrumentos para financiar la investigación y el desarrollo en Chile. Estos
pueden estar en gran parte duplicados, aún dentro de una misma
organización (por ejemplo programas dirigidos a la cooperación
universidad-industria o a centros de excelencia), y muchos de ellos son
bastante pequeños. En resumen, parece haber demasiada disposición para
12
Hay una discusión permanente en Chile acerca de lo apropiado de elaborar
políticas por grupos. Mucha de la discusión está basada en una interpretación
estrecha de los grupos, especialmente como grupos de empresas muy
concentrados geográficamente, apoyados por otras organizaciones de la misma
región. Este es el caso algunas veces; en otras ocasiones, los grupos pueden
representar una fortaleza nacional de la que las compañías se benefician con
coordinación, colaboración o ambas cosas. El equipo revisor entiende que el
Consejo de Innovación usa esta interpretación más amplia y más flexible de los
grupos.



‘innovar’ al crear instrumentos nuevos. El financiamiento de la ciencia debe
ser planificado con una visión de mediano y largo plazo, por lo tanto, los
instrumentos de financiamiento deben ser razonablemente estables. Se
necesitan procedimientos claros y transparentes, así como criterios precisos
que indiquen quiénes, o cuales organizaciones, tienen derecho a presentar
propuestas. Para asegurar una investigación científica sana, los criterios
deberían también estipular en qué ambiente debería trabajar un investigador
o un equipo. Se informó al equipo revisor que un consultor está actualmente
revisando las relaciones entre los instrumentos de financiamiento de
CONICYT y CORFO. Este debería ser un estudio acucioso y seguido de la
acción del gobierno luego de un extenso diálogo con los interesados.
También debería hacerse en estrecha cooperación con el Consejo de
Innovación, de manera de ajustarse a los planes de mediano y largo plazo
del Fondo de Innovación.
Si se quiere formar una base científica, y se va a crear un apoyo
sostenible para las prioridades estratégicas, las instituciones deben poder
mantener una infraestructura para la ciencia. Debe haber fondos disponibles
para construir y mantener laboratorios, para comprar, mantener y actualizar
los equipos, incluyendo computadores, y personal científico y técnico clave.
Hasta hace poco, el sistema de financiamiento en Chile no entregaba apoyo
para este tipo de inversiones. Las universidades tenían que financiarlos de la
manera que podían – sólo muy pocas podían hacerlo y aún ellas tenían
problemas para obtener fondos para comprar equipos.
El MECESUP ha sido el mayor inversionista en infraestructura
científica en el país en los últimos diez años. CONICYT ha financiado
centros o grupos de investigación durante unos siete años. Los centros
regionales están basados en un financiamiento en conjunto de CONICYT y
un gobierno regional, para aprovechar las fortalezas y especializaciones
regionales. Esta es una excelente idea y es bueno que CONICYT reconozca
la necesidad de mayor inversión en estos centros, pues el equipo revisor
supo que existe preocupación porque estos centros son aún bastante virtuales
y sus actividades están algunas veces concentradas en la coordinación. Siete
centros financiados por FONDAP han empezado a funcionar desde el 2000,
de los cuales ya han sido mencionados los centros ICM y sus núcleos. Más
recientemente, se han anunciado ocho Centros de Excelencia bajo un nuevo
programa, el Financiamiento Basal. No parece haber gran duplicación entre
estos instrumentos para financiar centros y grupos. CONICYT tal vez
debería ver nuevamente si son necesarios todos los mecanismos actuales, y
buscar un acuerdo con el Consejo de Innovación y el gobierno sobre una
perspectiva de financiamiento a más largo plazo, para financiar centros de
excelencia incluyendo equipo de tamaño pequeño y mediano. Estos criterios
podrían incorporar áreas prioritarias.



Una re-estructuración de los mecanismos de financiamiento podría no
sólo terminar la duplicación sino también llenar vacíos – por ejemplo, sería
útil introducir un mecanismo de financiamiento para permitir a las
universidades comprar más equipo científico caro, siempre que los pusieran
también a disposición de investigadores de otras universidades a nivel
regional o más ampliamente. Como los fondos para investigación entonces
se extenderían, podría valer la pena pedir a CONICYT que estableciera un
Grupo de Trabajo que considerara qué equipos de alto costo, que
garantizaran un enfoque nacional, serían elementos prioritarios en los
próximos cinco a diez años. El Grupo de Trabajo podría también considerar
qué estructura(s) organizacionales serían las más adecuadas para asegurar
que todos los investigadores calificados del país pudieran usar estos equipos.
Un ejemplo es la nueva nave de investigación comprada y operada por la
Armada Chilena, que estará disponible para todos los investigadores en los
campos de oceanografía y pesca.
Las recomendaciones del equipo revisor sobre el financiamiento para las
instituciones de educación superior están en el Capítulo 8, pero, ya sea que
éstas puedan o no ser implementadas, el equipo cree que es importante en el
futuro dedicar el financiamiento de estructura científica a un número
limitado de universidades que son activas en investigación. Esto requiere
modificaciones al modelo de financiamiento actual, así como un mecanismo
para determinar qué universidades pueden demostrar que están realizando
una investigación valiosa y de calidad. Entretanto, CONICYT es el
organismo apropiado para asegurar un buen equilibrio entre la inversión a
más largo plazo en centros de excelencia en investigación y, a más corto
plazo, en proyectos y doctorados de especialización. Las donaciones podrían
también ayudar a las universidades a mantener su infraestructura para la
investigación incluyendo en los proyectos un cierto porcentaje para gastos
generales.

Marco y responsabilidades en las políticas de investigación

La responsabilidad de las políticas para la ciencia está formalmente
entregada a CONICYT. No es aún la responsabilidad formal de un
Ministerio, aunque CONICYT, naturalmente, responde ante el Ministro de
Educación. Otros ministerios, de Economía o Agricultura, por ejemplo, son
responsables del desarrollo tecnológico de sus sectores. El establecimiento
de un Consejo Nacional de Innovación marca un cambio importante, y sus
recientes recomendaciones13 se dirigen en gran medida hacia un sistema más
13
Consejo Nacional de Innovación para la Competetividad (2008), Hacia una
estrategia nacional de Innovación para la Competetividad, Volumen II.



diferenciado pero al mismo tiempo más coordinado, para la ciencia,
tecnología e innovación.
La responsabilidad de las áreas clave dentro de la ciencia, la tecnología
y la innovación debe ser entregada a ministros o secretarios de estado
específicos. La experiencia internacional demuestra que esto se puede hacer
de diferentes maneras. Frecuentemente se ve una combinación de educación
superior, ciencia y tecnología, con innovación agregada explícita o
implícitamente. Un ejemplo es Inglaterra, donde por algún tiempo la
responsabilidad de la ciencia y la innovación fue conferida al Departamento
de Comercio e Industria, mientras que la responsabilidad de toda la
educación, incluyendo la educación superior y la investigación universitaria,
estaba en el Departamento de Educación. Sin embargo, muy recientemente,
se creó un nuevo Departamento de Innovación, Universidades y
Habilidades, que combina las responsabilidades de ciencia e innovación,
educación superior y capacitación de adultos.
Siguiendo la recomendación del Consejo de Innovación, el equipo
revisor piensa que es muy importante llegar a una conclusión clara sobre la
asignación de estas responsabilidades en Chile. El debate sobre dónde
deberían estar estas responsabilidades debería extenderse más allá del
gobierno, para tomar en cuenta las opiniones de todos los interesados, tales
como universidades y otras instituciones del sector terciario, CONICYT,
CORFO y el sector privado. Cualquiera que sea la asignación que se elija,
debe establecerse un mecanismo de coordinación, que incluya por lo menos
a los ministros más directamente relacionados con la ciencia, la tecnología y
la innovación.
La identificación de las responsabilidades de las políticas debería ir
junto con una separación más clara entre política y responsabilidad de
implementación. CONICYT y CORFO deberían ubicarse firmemente en el
terreno de la implementación y deberían operar dentro de las pautas de las
políticas establecidas a nivel gubernamental; aunque, naturalmente, se les
debería informar cuando las normas se estén desarrollando.
Los tres mayores desafíos que debe enfrentar un nuevo sistema de
gobierno ya han sido identificados. Uno es establecer un marco para las
políticas, basado en el establecimiento de áreas clave de prioridad en el
sector económico y en el sector público, y decidir cómo serán apoyadas por
una base científica fuerte y amplia. La segunda tarea es revisar los
instrumentos de financiamiento actuales, y cambiar a un conjunto de
instrumentos eficientes, transparentes y diversos con un mínimo de
duplicación. Esta operación debería incluir todos los instrumentos que hay
actualmente en ciencia, tecnología e innovación gestionados por CONICYT
y CORFO, así como los fondos más pequeños, como por ejemplo en



agricultura y pesca. El Fondo de Innovación no debería ser usado para
considerar cada año si se necesita agregar algunos instrumentos, sino más
bien para entregar una perspectiva de financiamiento a más largo plazo, para
un conjunto estable de instrumentos de financiamiento. Esto conduce a la
tercera tarea, que es también global. Debería haber un acuerdo sobre un plan
de presupuesto a mediano y largo plazo, para invertir en investigación e
innovación, para sostener el crecimiento que el sistema ha visto en los
últimos años, capacitando a las instituciones para que puedan diseñar su
propia planificación sobre esta base.
Las políticas deben estar basadas en la evidencia. Inicialmente, la
evidencia disponible puede estar restringida a los resultados de la
investigación, desarrollo e innovación, pero se están haciendo esfuerzos
internacionales para extender la base de la evidencia al rendimiento y los
resultados. El sistema chileno necesita desarrollar también ese tipo de datos
basados en los resultados. En el contexto del Programa Bicentenario,
CONICYT ha comenzado estableciendo un observatorio, KAWAX, para
reunir información sobre ciencia, tecnología e innovación. Esta es una
iniciativa importante, pero CONICYT debería asegurarse de que será
realmente un esfuerzo nacional, apoyado por todos los actores interesados y
funcionando para el beneficio de la ciencia, tecnología e innovación.

El desarrollo de la investigación universitaria

Muchas universidades chilenas han empezado a desarrollar actividades
de investigación. Para la mayoría de ellas, sin embargo, como se mostró en
este capítulo anteriormente, la investigación no sólo es nueva, sino también
una parte pequeña del total de sus esfuerzos.
Es importante tener en cuenta las comparaciones internacionales, que
aportan realismo e identifican la magnitud del desafío que enfrentan las
universidades y el gobierno chilenos. No hay duda de que hay gran calidad
en varios lugares; pero, incluso las cuatro universidades que dominan la
escena en Chile están lejos de las universidades que hacen investigación en
economías avanzadas, por razones que incluyen la falta de fondos y el
número todavía bajo de doctorados entre el personal. Esto se refleja en su
producción, por ejemplo, publicaciones en revistas del ISI. En 2007, la
universidad chilena con el mayor número de estas publicaciones, tuvo 900; y
el número más alto de doctorados otorgado por cualquiera de las
universidades fue 70. En el extremo más bajo, una universidad informa que
tiene 50 publicaciones y ha otorgado cuatro doctorados. Por el contrario,
también en 2007, la Universidad de Leiden, una conocida universidad
europea de investigación de Holanda, con un número de estudiantes similar



a las universidades chilenas más grandes, tuvo 5 500 publicaciones y otorgó
unos 300 doctorados.
En total, las universidades chilenas otorgaron unos 500 doctorados en
2007.14 Además, un buen número de chilenos realizan estudios de doctorado
en el extranjero. Una indicación de las cantidades, se obtiene de la cuota de
becas que otorga CONICYT para estudiar en Chile y en el extranjero.15 En
2007, de los estudiantes financiados por CONICYT para estudios de
doctorado, 420 fueron otorgados en Chile y 179 en otros países. Las cifras
comparables para el 2006 fueron 320 y 190, lo que sugiere que se otorgaron
más doctorados en el país en 2007. CONICYT estima que financia alrededor
del 80% de los doctorados otorgados a estudiantes chilenos y el resto, el
MECESUP. Sin embargo, hay un número pequeño de becas para seguir
estudios de doctorado en Chile, otorgadas por MIDEPLAN (14 en
2006/2007) así como becas para hacer doctorados en el extranjero, también
otorgadas por MIDEPLAN. Las últimas son las Becas Presidente de la
República, 70% de las cuales fueron para doctorados en 2005/2006. Como
el número de Becas Presidente de la República ha aumentado rápidamente
en el último tiempo (de 130 en 2005 a 300 en 2007) se puede esperar que
dentro de algunos años el número de doctorados extranjeros conferidos a
estudiantes chilenos aumente considerablemente también. Asumiendo que el
número sea alrededor de 70, se llega a una estimación de 550 doctorados
hechos en Chile y unos 250 en otros países. Para poner una cifra en
perspectiva: las universidades en Holanda, un país con la misma población
que Chile (16.5 millones), otorgó 3 000 doctorados en 2005. De manera que,
por una parte Chile está aún a un nivel mucho más bajo, pero por otra, el
número de doctorados otorgado está aumentando rápidamente. Aunque la
proporción de doctorados hechos en el país y los obtenidos en el extranjero
está cambiando hacia el entrenamiento en el país, vale la pena repetir la
advertencia hecha en el Capítulo 4 de que los recursos limitados que Chile
usa para enviar a estudiantes al extranjero, no son muy eficientes (hay
muchas agencias que entregan apoyo, sin una clara relación entre los
campos de estudio y las prioridades de desarrollo institucionales o
nacionales, etc.). Además, no hay políticas claras para estimular a estos
estudiantes para que vuelvan al país una vez que han terminado sus estudios:
otros países han desarrollado “programas de repatriación”. A fines de 2008,
después de que el equipo revisor terminó su trabajo en terreno, el Ministerio

14
Se debe tomar nota, sin embargo, que en una presentación hecha el 4 de diciembre
de 2008, en la Academia de Ciencias de Brasil, Jorge E. Allende entrega una
visión detallada de cuantos doctorados concedió cada una de las universidades
chilenas. En total fueron sólo 287.
15
Comunicación personal CONICYT.



de Educación lanzó un ambicioso programa nuevo, llamado Becas Chile. Si
este programa logra sus objetivos de apoyar 30 000 estudiantes de postgrado
en el extranjero en los próximos diez años, esto revertirá la proporción de
doctorados en Chile y en fuera del país. Este plan puede ser muy útil como
manera de coordinar muchos programas más pequeños, pero no debería
limitar el fortalecimiento y multiplicación de programas de doctorado dentro
de Chile. Sin tales programas, las universidades chilenas no podrán retener a
los mejores doctorados, ya sea que se hayan graduado en Chile o en el
extranjero.
Otro indicador de resultado de la investigación es el número de patentes
otorgadas a personal de varias universidades. La Tabla 7.13 entrega
información de las cinco universidades con el mayor número de patentes: a
la cabeza de la tabla está una universidad que no es una de las cinco con
mayor número de publicaciones en investigación, lo que indica que
diferentes instituciones dan énfasis a aspectos diferentes.

Tabla 7.13 Número de patentes otorgadas a universidades selectas

Universidad 2006 2003-2006
Universidad Federico Santa Maria 7 30
Universidad de Concepción 2 28
Universidad de Chile 6 15
Universidad Católica de Chile 0 15
Universidad de Santiago 1 9
Fuente: Universidad Técnica Federico Santa Maria.

Las diferencias en la actividad y enfoque de la investigación que
realizan las universidades pueden también surgir como resultado de la
actividad y oportunidades regionales. Algunas, por ejemplo, son centros
mineros importantes y capaces de realizar investigación en colaboración con
empleadores de grandes empresas mineras. Otras, están cerca de importantes
áreas hortícolas o valles donde hay una prominente industria vinícola; o del
desierto, con potencial para investigación sobre problemas de agua o
agricultura en condiciones muy secas. A menudo los gobiernos regionales y
locales están muy dispuestos a trabajar con las universidades en temas de
especial de importancia económica o cultural para la región. Oportunidades
para un entrenamiento dedicado, asistencia de parte de expertos industriales
para aportar conocimiento actualizado a la capacitación, prácticas,
investigación conjunta o en colaboración con sector privado para crear
parques científicos, son algunos de los muchos beneficios que genera esa
especialización. Se aconseja enfáticamente a las universidades, empresas y



gobiernos nacionales y regionales que continúen en esta dirección cada vez
que existan oportunidades.
El patrón que surge es el de un gran número de universidades con
diferencias considerables en su actividad de investigación. Sin embargo,
muchas tienen la ambición de aumentar sus esfuerzos; algunas, estimuladas
por un deseo de desempeñar un rol regional. Con estos antecedentes, un
tema importante para el desarrollo de las instituciones terciarias chilenas es
que cada institución decida qué posición o nicho desea ocupar. Hay varios
roles entre los cuales escoger. Algunas universidades pueden tener la
ambición de convertirse en universidades de investigación, pero no es
sostenible que todas las universidades lo hagan. De las 4 392 instituciones
de educación superior en los EEUU, sólo 282 califican como universidades
de investigación y de éstas, las 200 mejores son responsables del 95% de
toda la investigación realizada en el sector de la educación superior.
Algunas universidades pueden querer limitar sus esfuerzos en
investigación a unas pocas áreas de importancia regional. Otras, pueden
querer entregar educación de pregrado de alta calidad, con o sin educación
de postgrado. Entre estas categorías, hay universidades que se concentran en
tecnología y otras tienen objetivos más amplios.
Encontrar su rol especial será un proceso difícil para las universidades
chilenas y necesitarán asesoría del gobierno. El gobierno chileno tiene una
tradición de gobernabilidad para la educación superior a una distancia
prudente, pero claramente necesita involucrarse más si se espera que la
investigación y los doctorados basados en la investigación puedan crear una
masa crítica necesaria. Este proceso podría ser estimulado si CONICYT
proporciona fondos competitivos abundantes y a largo plazo para financiar
los centros de investigación universitarios; pero primero se necesita
establecer consenso, basado en el principio de que hay una variedad de
universidades con una variedad de misiones. Ayudar a las instituciones a
encontrar y desarrollar sus lugares respectivos también puede ayudar a la
descentralización y al desarrollo regional.
Las universidades que quieren convertirse en universidades de
investigación necesitarán aumentar el número de doctorados de su personal
clave de manera significativa. Algunas universidades ya han establecido
políticas claras al respecto. Un objetivo razonable, aunque exigente, sería
que al menos 80-90% de todo el personal, con jornada completa y horario
parcial, tuviera un doctorado en un plazo máximo de diez años. CONICYT
podría incorporar en su programa de apoyo a los doctorados un sub-
componente para abocar este tema.



Cooperación internacional

La cooperación internacional es vital para toda universidad moderna.
Como ya se ha descrito en los Capítulos 4 y 6, esto es ampliamente
reconocido en Chile. Las siguientes observaciones se concentran en la
cooperación internacional para propósitos de investigación.
Los observatorios astronómicos internacionales, que en el pasado
funcionaban en forma más bien separada, ahora colaboran
considerablemente con varias universidades en Chile. Les ayudan a avanzar
en calidad y a estar en contacto con la comunidad científica internacional.
También les dan la oportunidad de obtener experiencia con el uso de los
instrumentos, computadores y equipos electrónicos más avanzados que se
pueden encontrar en el mundo. Chile tiene ahora también un acuerdo con la
Unión Europea, que permite a los científicos chilenos participar con sus
colegas europeos en el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea.
CONICYT ha firmado varios acuerdos con organizaciones extranjeras
que tienen programas de intercambio de estudiantes y ofrecen oportunidades
de hacer doctorados en su país. Algunos ejemplos son el programa
Fulbright, el alemán DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst) o el
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. CONICYT también
tiene un programa de financiamiento especial para promover la
internacionalización.
Con respecto a las políticas, Chile ya está involucrado en los programas
de la OCDE en educación superior y ciencia, tecnología e industria, lo que
le da la exposición a experiencias en políticas sobre ciencia, tecnología y
educación superior a nivel mundial. El observatorio establecido
recientemente para información en ciencia, tecnología e innovación es parte
de una red de varios observatorios muy reconocidos de índole similar.
Estas y otras iniciativas son bienvenidas y se debe estimular a las
universidades, organizaciones tales como CONICYT y al gobierno para que
continúen invirtiendo en relaciones internacionales en todos los niveles y
desarrollando una estrategia bien pensada para darle seguimiento a estos
contactos; debe haber un propósito claro. Por ejemplo, una universidad
identificó una universidad o instituto de investigación extranjero para cada
una de sus facultades o institutos; a continuación se establecieron
colaboraciones efectivas con cada uno de ellos, para capacitación de
personal, proyectos de investigación en conjunto y otras actividades.
El diálogo entre el gobierno, las universidades y CONICYT podría ser
más fructífero si se discutieran iniciativas adicionales en áreas específicas,
como, por ejemplo, aumentar el número de personal con doctorados entre
quienes trabajan a tiempo completo y por horas en las universidades. Esto



podría lograrse enviando a profesores al extranjero a realizar por lo menos
parte de sus estudios de doctorado. También vale la pena investigar la
posibilidad de crear, para América Latina, un programa equivalente al
programa Erasmus europeo. Este programa, apoyado por la Unión Europea,
proporciona ayuda financiera a estudiantes que desean pasar un semestre en
una universidad en la UE. Una tercera posibilidad podría ser que
CONICYT, al evaluar propuestas de apoyo a centros de investigación,
incorporara vínculos internacionales como uno de los criterios decisivos.

Recomendaciones

• Se podría encontrar un mejor equilibrio entre financiar una base
científica amplia y apoyar áreas de prioridad estratégicas. Para
ayudar a que esto suceda, se deberían definir las prioridades
estratégicas. Algunos puntos focales naturales son los grupos
propuestos por el Consejo de Innovación; prioridades del sector
público, áreas de ciencia y tecnología genéricas e instrumentales
(TIC, ciencias biológicas, ciencias de materiales, áreas clave en las
ciencias sociales y las humanidades); y áreas donde el país ya es
fuerte como la astronomía como la astronomía.
• Sería más eficiente y efectivo tener menos instrumentos de
financiamiento, pero más grandes y mejor enfocados. Hay
demasiados instrumentos de financiamiento para promover vínculos
industria-universidad, becas para doctorados y apoyo para centros
de investigación; tienen un considerable grado de duplicación y
algunos son demasiado pequeños. Es necesario revisar,
reestructurar, simplificar y concentrar los mecanismos de
financiamiento de CONICYT, CORFO, MIDEPLAN y otros. El
objetivo debería ser también lograr un mejor equilibrio entre la
inversión a largo plazo en centros de excelencia y las inversiones en
proyectos y doctorados. Esta revisión de los instrumentos de
financiamiento debería incluir un extenso diálogo con los
interesados y una estrecha cooperación con el Consejo de
Innovación de manera de ajustarse dentro de los planes a mediano y
largo plazo del Fondo de Innovación.
• Para llenar los vacíos actuales, se debería introducir un mecanismo
para financiar equipos científicos caros para las universidades, con
la condición de que permitan que otras universidades los usen
también. Sería útil incluir un ítem de gastos generales en las
donaciones para proyectos, para ayudar a las universidades a
mantener una infraestructura para la investigación.



• El equilibrio entre financiar infraestructura básica y financiar
proyectos o programas se debe inclinar a favor del financiamiento
de infraestructura. Para ayudar a lograr un financiamiento más
estable de infraestructura para la investigación, se debería identificar
un número limitado de universidades que potencialmente podrían
dedicarse a la investigación, algunas de las cuales podrían
concentrarse en prioridades regionales y se debería hacer cambios a
los modelos de financiamiento existentes. Las instituciones mismas
deberían decidir a qué misión o posición aspiran, con orientación del
gobierno. Aquéllas que no aspiren al estatus de universidad de
investigación, pueden querer entregar educación de pregrado de
calidad, o limitar sus esfuerzos en investigación a unas pocas áreas
tales como la tecnología.
• Las políticas y las responsabilidades de implementación de áreas
claves dentro del terreno de la ciencia y la tecnología deberían estar
claramente asignadas a ministerios específicos, una vez que se
hayan tomados en cuenta los puntos de vista de los interesados. Se
debe establecer un mecanismo de coordinación que permita una
justa representación de todos los intereses y responsabilidades y se
debería desarrollar un sistema para obtener mejor evidencia de los
resultados de la investigación, desarrollo e innovación para ayudar a
orientar el diseño de políticas.


FINANCIAMIENTO – 241

Capítulo 8. Financiamiento

Este capítulo examina la disponibilidad de recursos financieros para la
educación superior y el impacto de las innovadoras reformas financieras
que Chile ha implementado en los últimos años. El financiamiento se
analiza desde aspectos como movilización, utilización y asignación de
recursos. La equidad del sistema de financiamiento, especialmente en lo que
se refiere a los fondos para estudiantes en situación de desventaja ya ha
sido considerado en el Capítulo 3.
El capítulo termina con una serie de conclusiones y recomendaciones,
incluyendo recomendaciones para enfrentar las necesidades de i) diseñar
una visión a largo plazo que defina el rol del gobierno en el financiamiento
de la educación superior; ii) aumentar los fondos públicos para la
educación terciaria en términos de equidad y calidad; y iii) armonizar los
mecanismos de asignación existentes para eliminar la discriminación actual
entre instituciones del CRUCH y las que no pertenecen al CRUCH.

Introducción

La continua expansión y modernización del sistema de educación
superior chilena depende de la disponibilidad de recursos financieros y de la
existencia de métodos para asignarlos que estimulen un comportamiento
innovador entre las instituciones de educación terciaria. En este contexto, se
debe destacar que Chile ha implementado reformas de primera generación
que ningún otro país latinoamericano ha podido establecer – ni siquiera
muchos países de Europa Occidental. En efecto, la introducción de
considerables aranceles en las universidades estatales, el rápido crecimiento
de la educación terciaria privada, el uso de mecanismos innovadores de
asignación de recursos tales como los bonos AFI (Aporte Fiscal Indirecto),
el fondo competitivo para el mejoramiento de la calidad y los convenios de
desempeño, y el establecimiento del programa de crédito universitario
garantizados en conjunto con los bancos privados, son reformas pioneras
que ponen a Chile entre el pequeño grupo de naciones con una arquitectura


242 – FINANCIAMIENTO

financiera sofisticada. Para evaluar el impacto y la coherencia de estas
reformas de financiamiento este capítulo analiza las siguientes dimensiones:
• Movilización de recursos: ¿está Chile invirtiendo suficientemente en
educación superior?
• Asignación de recursos: los recursos públicos, ¿están siendo
distribuidos de una manera que estimule la innovación y
recompense el desempeño?
• Uso de los recursos: los recursos disponibles, ¿están siendo usados
de una manera efectiva?
Teniendo en cuenta que Chile va a ser miembro pleno de la OCDE, este
capítulo se basa mucho, para propósitos de referencia, en comparaciones con
países industriales y con naciones latinoamericanas.

Movilización de recursos

Financiamiento público
Chile optó, hace muchos años, por un enfoque de financiamiento mixto
para la educación, por medio del cual los recursos se complementarían con
contribuciones considerables de parte de los estudiantes y sus familias. Por
lo tanto, aún cuando el gasto en educación como proporción del PIB ha
aumentado de 2.4% a 3.4% entre 1990 y 2006, está todavía bajo el promedio
de la OCDE de 5.4%. Las estadísticas oficiales indican que la educación
representa menos de 20% del total del gasto del gobierno. Con 14% en
2006, la proporción de la educación superior dentro del presupuesto de la
educación también es bajo, comparado con los promedios de 23% y 24% de
la OCDE y la UE de 23% y 24% respectivamente.
Como resultado, el gasto público para la educación terciaria es
notablemente bajo, como puede verse claramente en la comparación de
Chile con otros países de la OCDE. Como lo muestra la Tabla 8.2, con un
0.3% del PIB, Chile tiene el nivel más bajo de todos los países con que se lo
compara, muy por debajo de los promedios de 1.3% y 1.1% de la OCDE y la
UE respectivamente.



Tabla 8.1 Gasto del gobierno en educación

Año Gasto público en Educación como % del Educación superior como % del
Educación como % del presupuesto de gobierno presupuesto de educación
PIB
1990 2.4 11.1 17.5
1995 2.7 13.5 17.3
2000 3.9 16.2 14.2
2001 4.1 16.7 13.9
2002 4.2 17.3 13.7
2003 4.1 17.8 12.9
2004 3.9 17.9 12.9
2005 3.7 17.4 16.0
2006 3.4 16.7 14.2
Fuente: Indicadores de la Educación en Chile 2006, Portal del Ministerio de Educación de Chile.

Otra manera de comparar el gasto de Chile es ver el gasto por estudiante
(Figura 8.1). Con un 15%, Chile es el país con el porcentaje más bajo de la
región Latinoamericana. Aún sin tomar en cuenta el caso extremo de Brasil,
que es conocido por sus altos costos por unidad y falta de eficiencia en la
utilización de recursos (Salmi, 2008), el gasto de Chile por estudiante
representa menos de un tercio del de México y menos de la mitad de lo que
gasta su vecino más pobre, Bolivia. De la misma manera, es menos de la
mitad del nivel de gasto por estudiante dedicado por las economías de la
OCDE y la Unión Europea.



Tabla 8.2 Gasto en educación superior como proporción del PIB (2004)

Países Gasto total en todos los niveles Gasto público en educación Gasto total en educación
de educación terciaria terciaria
Dinamarca 7.2 1.8 1.8
Finlandia 6.1 1.7 1.8
Suecia 6.7 1.6 1.8
Promedio OCDE 5.7 1.3 1.4
Francia 6.1 1.2 1.3
Promedio EU19 5.4 1.1 1.2
Israel 8.3 1.1 1.9
Austria 5.4 1.1 1.2
Irlanda 4.6 1.0 1.2
Estados Unidos 7.4 1.0 2.9
Alemania 5.2 1.0 1.1
Holanda 5.1 1.0 1.3
Nueva Zelanda 6.9 0.9 1.5
México 6.4 0.9 1.3
Portugal 5.4 0.9 1.0
España 4.7 0.9 1.2
Reino Unido 5.9 0.8 1.1
Brasil 3.9 0.8 1.0
Australia 5.9 0.8 1.6
Italia 4.9 0.7 0.9
Corea 7.2 0.5 2.3
Japón 4.8 0.5 1.3
Chile1 6.4 0.3 2.0
Note: 1Datos 2005.

Fuente: OCDE Education at a Glance, 2007.



Figura 8.1 Gasto público por estudiante como proporción del PIB per cápita (2005)

85 80.0
80
75
70
65
60
55 49.8
50
45 37.1 34.8
40 35.9
35 27.0 26.3
30
25 19.0 19.7
20 15.3 14.9 13.1 16.2
15 7.4
10
5
0
PAN

JAPAN
CHI

PER
COL

OECD
BOL

ARG
MEX

EU19

USA
URU

KOREA
BRA

Fuentes: CINDA (2007) Educación Superior en Iberoamérica; OCDE (2007) Education at a
Glance.

El bajo nivel de gasto público no es un fenómeno nuevo; en los últimos
diez años, el gasto de Chile ha evolucionado en sincronía con el resto del
mundo. El gasto por estudiante aumentó en 7% en términos reales entre
1995 y 2004, comparado con el 9% en promedio para los países de la
OCDE. Esto sucedió a pesar del crecimiento considerable de matrículas, que
reflejó el hecho de que, para compensar el bajo nivel de financiamiento
público, el gobierno de Chile adoptó a principios de los 1980, una estrategia
de movilización de recursos basada en los dos pilares siguientes:
• Costo total compartido en las universidades e instituciones técnicas
públicas.
• Rápido crecimiento de la educación superior privada, incluyendo
instituciones no universitarias.

Gastos compartidos
Chile fue el primer país de América Latina que introdujo aranceles de
pago en las instituciones públicas de educación superior, a comienzos de la
década de los 80. Es todavía el único país de la región con altos aranceles a
nivel de pregrado, como lo muestra la Tabla 8.3. En los otros países,
cualquier intento de introducir o aumentar los aranceles se ha encontrado



con una fuerte oposición política, como lo demostró claramente la huelga de
diez meses de la UNAM, la universidad insignia de México, en 1999.

Tabla 8.3 Aranceles de universidades públicas en países de América Latina (2006)

Sin aranceles Argentina, Brasil, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela
Menos de USD 500 Bolivia, El Salvador, México1, Perú
Entre USD 500 – 1 000 Colombia, Costa Rica
Más de USD 3 000 Chile
1
Nota: Sólo en unas pocas universidades de los estados del Norte. (Aguascalientes, Baja California,
Nuevo Leon, Sonora).

Fuente: OCDE Education at a Glance 2007 para Chile; para los otros países, visitas a terreno hechas
por Jamil Salmi.

Como ha demostrado el análisis de la incidencia de beneficios realizado
en el Capítulo 3, se ve que, desde un punto de vista de equidad, el cobro de
aranceles en Chile ha tenido un carácter levemente progresivo debido a la
disponibilidad de becas y préstamos subsidiados para estudiantes de bajos
ingresos.1 Al contrario, en los sistemas de educación terciaria de América
Latina que continúan ofreciendo educación “gratis”, tales como Brasil o
Perú, es más probable que sea más regresivo debido a la alta proporción de
estudiantes de las familias más ricas que obtienen acceso a las mejores
universidades sin contribuir a pagar el costo de los estudios.
Fuera de la región Latinoamericana, Chile está hoy entre las pocas
naciones del mundo donde los estudiantes y sus familias pagan más de
USD 1 000 al año para estudiar en universidades públicas, como se muestra
en la Tabla 8.4.

1
Esto no significa, sin embargo, que haya suficientes recursos para becas y crédito
universitario. Como se verá más adelante en el capítulo, hay una gran necesidad
de fondos públicos adicionales para que ningún estudiante bien calificado
académicamente, de familia de bajos ingresos, tenga dificultad para ingresar o
permanecer en la educación superior por razones económicas.



Tabla 8.4 Promedio de aranceles de universidades públicas en países OCDE y Chile
(USD convertidos usando PPPs – año académico 2004-2005)

> USD 5 000 USA (5 027)
USD 3 000-4 000 Australia (3 855), Canadá (3 464), Chile (3 140), Japón (3 920), Corea (3 883)
USD 2 000-3 000 Israel (2 658), Reino Unido (1 859)
USD 1 000-2 000 Italia (1 017), Nueva Zelanda (1 764), Holanda (1 646)
USD 500-1 000 Austria (837), Bélgica (574), España (795)
< USD 500 Francia (160), Turquía (276)
Sin aranceles
República Checa, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Suecia
significativos
Fuente: OCDE Education at a Glance 2007, Ministerio de Educación de Chile, Informe de
Antecedentes.

El nivel de los aranceles en Chile es aún más alto en términos relativos,
como se muestra en la Tabla 8.5 que compara el nivel de los aranceles en
Chile con los de países OCDE que tienen un alto nivel de costos
compartidos (aranceles anuales mayores que USD 1 000). Muestra
claramente que el 28% de Chile representa el nivel más alto de aranceles en
el mundo, con respecto a la riqueza del país, comparado con sólo 11% en los
Estados Unidos, 12% en Japón y 16% en Corea. Aún en universidades
privadas, el esfuerzo de la familias chilenas para pagar aranceles es el más
alto de todos los países después de los Estados Unidos.

Tabla 8.5 Aranceles como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto per cápita

País Universidades Públicas Universidades Privadas
Australia 11.3% 21.9%
Canada 10.0% n/a
Japón 11.8% 18.5%
Corea 16.3% 31.1%
Nueva Zelanda 6.5% n/a
Reino Unido 5.2% 4.9%
Estados Unidos 11.4% 42.0%
Italia 3.3% 11.5%
Holanda 4.4% 4.4%
Israel 12.0% 29.2%
Chile 27.9% 32.0%
Fuentes: OCDE Education at a Glance 2007; Informe de Antecedentes; Indicadores Económicos del
Banco Mundial.



Diversificación de recursos en universidades públicas
Para compensar el bajo nivel de recursos públicos, las universidades
estatales tienen que confiar en otras fuentes de ingresos además del pago de
aranceles. Han sido, por lo tanto, forzadas a buscar recursos adicionales a
través de donaciones, contratos de investigación, consultorías, programas de
educación continua y otras diversas actividades. La Tabla 8.6, que muestra
la distribución de ingresos por fuente de fondos en todas las universidades
del CRUCH, entrega información sobre este nivel de diversificación de
recursos excepcionalmente alto. En promedio, las universidades reciben sólo
17% de sus ingresos de fuentes de gobierno. Paradójicamente, algunas
universidades privadas reciben una contribución mucho más alta de fondos
públicos que muchas de las estatales. La Universidad de Concepción, por
ejemplo, recibe más del doble de recursos públicos que la Universidad de
Chile.
Tabla 8.6 Distribución de ingresos de universidades del CRUCH por fuente de
financiamiento (2006)

Universidad Apoyo de gobierno1 Aranceles Recursos auto-generados
U. Austral de Chile 47.1% 23.2% 29.7%
U. Téc. F. Sta. Maria 33.5% 25.3% 41.2%
P. U. Católica de Valparaíso 33.3% 43.6% 23.2%
U. Metropolitana de Cs. de la Ed. 33.1% 37.8% 29.0%
U. de Tarapacá 30.3% 36.3% 33.5%
U. de Antofagasta 30.1% 40.3% 29.6%
U. de Talca 29.8% 40.5% 29.7%
U. de Concepción 26.9% 23.4% 49.7%
U. Católica del Norte 24.7% 29.4% 45.9%
U. de La Serena 24.3% 27.9% 47.8%
U. Católica de S. Concepción 24.3% 54.3% 21.4%
U. de Atacama 19.7% 17.3% 63.0%
U. de Santiago de Chile 19.0% 44.1% 36.9%
U. de Magallanes 14.3% 31.9% 53.8%
U. del Bío-Bío 13.7% 42.7% 43.6%
U. de Chile 11.7% 21.7% 66.6%
P. U. Católica de Chile 11.6% 29.3% 59.0%
U. Arturo Prat 11.5% 72.5% 16.0%
U. Católica de Maule 10.6% 46.6% 42.8%
U. Playa Ancha de Cs. de la Ed. 8.2% 40.4% 51.4%
U. Católica de Temuco 7.7% 52.6% 39.7%
U. de Valparaíso 7.5% 52.0% 40.6%
U. de La Frontera 7.1% 36.6% 56.3%
U. de Los Lagos 6.1% 52.8% 41.1%
U. Téc. Metropolitana 5.6% 39.0% 55.4%
Total 17.3% 33.7% 49.0%
Note: 1Financiamiento Directo (AFD) + financiamiento indirecto (AFI) + repagos FCSU.

Fuente: Estadísticas del CRUCH.



Una vez más, Chile es único en este respecto. Como lo indica la
Figura 8.2, las universidades públicas chilenas son las que tienen un mejor
desempeño dentro de su tipo cuando se trata de generar ingresos. La
proporción de recursos autogenerados (incluyendo pago de aranceles y
contratos de investigación) es mucho más alta que en cualquier otro país de
América Latina. Perú, que está en segundo lugar con un 34%, está muy por
debajo del 72% de Chile. En este aspecto, Chile lo está haciendo mucho
mejor que cualquiera de los países de la OCDE para los cuales hay
información disponible.

Figura 8.2 Ingresos autogenerados en instituciones públicas de educación superior como
proporción del total de recursos (2005)

Nota: Ingreso auto-generado representa principalmente pago de aranceles y contratos de consultorías e
investigación.

Fuentes: CINDA. Para Polonia y Turquía, base de datos del Proyecto Internacional Comparativo de
Financiamiento y Accesibilidad de la Educación Superior, obtenido el 2/21/2008 de
http://www.gse.buffalo.edu/org/IntHigherEdFinance/. Para los Estados Unidos, base de datos del
Centro Nacional de Estadísticas de Educación, obtenido el 2/20/2008 del sitio
http://nces.ed.gov/programs/digest/d06/Tablas/dt06_338.asp.



Educación superior privada

Hasta comienzos de los 1980, Chile tenía sólo seis universidades
privadas. Pero, desde 1981, el gobierno ha estimulado activamente el
surgimiento de un gran sector privado. Como lo indica la Tabla 8.7, hoy día
funcionan 47 universidades privadas (incluyendo las seis universidades
católicas, que son técnicamente privadas, y otras tres que, como las
universidades católicas, están en el CRUCH) junto con las 16 universidades
públicas, matriculando el 63% de todos los estudiantes universitarios.
Además, se debe hacer notar que el sector no universitario (CFTs y IPs), que
matricula 29% de todos los estudiantes de educación terciaria, es
completamente privado. En conjunto, el sector privado representa hoy un
73% de todos los estudiantes comparado con 64% en 1994.

Tabla 8.7 Crecimiento y matrícula de instituciones del sector privado

Universidades privadas
Año académico % instituciones % estudiantes
1980
1994 64.2 28.4
2000 75.0
2005 73.8 62.6
Fuente: Informe de Antecedentes, informe IESALC.

Por lo tanto, la mayor proporción del aumento en la cobertura de
educación terciaria desde 1981 ha sido posible por el rápido crecimiento de
instituciones de educación superior privadas financiadas en su mayor parte
por los estudiantes y sus familias. Mientras el crecimiento del sector privado
ha sido una característica de muchos países de América Latina, el aumento
que ha tenido Chile ha sido uno de los más rápidos de la región, como se
muestra en la Figura 8.3.



Figura 8.3 Evolución de la proporción de matrículas en la educación superior privada
(1970-2006)

Chile 74
34
Brazil 55 72

Colombia 56
46
Ecuador 21 55

Costa Rica 0 55

Rep. Dominicana 52
23
Peru 22 45

Venezuela 42
11
Mexico 33
15
Panama 7 29

Argentina 21
17
Bolivia 3 16

Uruguay 0 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1970 2006
Fuente: CINDA 2008 y Guadillo García 1998.

Financiamiento de investigación
A pesar del interés creciente del gobierno en ciencia y tecnología, como
lo indica el informe de la OCDE, sobre Políticas de Innovación en Chile, de
2007, y los informes del gobierno mismo, preparados por el Consejo de
Innovación, el gasto público en I&D es pequeño, como porcentaje del PIB y
en términos absolutos. El Capítulo 7 trata el tema del bajo financiamiento
para investigación, ilustrado en la Tabla 8.8, que ya ha aparecido como parte
de la Tabla 7.4. La inversión de Chile en I&D, 0.6% del PIB, es un tercio
más baja que la de Brasil, aunque el PIB per cápita de Brasil es un tercio
menor que el de Chile. El gasto de Chile en I&D representa sólo 25% del
promedio de la OCDE. También es bajo en relación a otros países con un



PIB per cápita mucho más bajo, como India, que gasta 17% más en I&D con
un tercio del PIB per cápita de Chile.

Tabla 8.8 Gasto bruto en I&D como % del PIB

Países I&D como % del PIB,
(2005 o el último año disponible)
Finlandia 3.5
Japón 3.3
Corea 3.0
Estados Unidos 2.6
Promedio OCDE 2.3
EU27 1.7
China 1.3
España 1.1
Rusia 1.1
Brasil (2004) 0.9
India (2004) 0.7
Chile (2004) 0.6
México 0.5
Argentina 0.5
Colombia 0.5
Fuente: OCDE Indicador de Ciencia, Tecnología e Industria 2007, OCDE.

Aunque estadísticas recientes muestran que las empresas realizan mucho
más investigación y desarrollo que lo que se pensaba antes, el informe de la
OCDE sobre Políticas de Innovación, de 1997, decía, con razón, que las
universidades todavía desempeñan un rol importante en la investigación en
Chile. Un pequeño grupo de universidades recibe casi 40% del total del
gasto en I&D. Dentro del sector universitario, la mayor parte de los fondos
para investigación (donaciones de FONDECYT y FONDEF) va a tres
instituciones: la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile y la
Universidad de Concepción, que en conjunto reciben 59% de todos los
fondos para investigación de las universidades del CRUCH. Casi todos los
otros actores importantes en términos de investigación son universidades
tradicionales del CRUCH, incluyendo la Universidad Católica de
Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de
Playa Ancha, la Universidad Católica del Norte y la Universidad Austral.
Las universidades privadas nuevas captan sólo 3.6% del financiamiento para
investigación que va a las universidades. La mayor parte de éste va a cinco
instituciones (Andrés Bello, U. del Desarrollo, U. de los Andes, Adolfo
Ibáñez, y Diego Portales), que están luchando por desarrollar programas de
postgrado de alta calidad.
Cuando se trata de productividad en investigación, las universidades que
reciben la mayor cantidad de fondos no son necesariamente las más



eficientes, considerando su contingente de capital humano. La Tabla 8.9
mide la efectividad de las universidades al competir por financiamiento para
la investigación, calculando la cantidad de fondos para investigación
recibidos por el personal docente con doctorados y que trabajan con jornada
completa. Es interesante ver que las universidades de los dos primeros
lugares (Arturo Prat y Los Lagos) no están entre las universidades
tradicionales, líderes en investigación. Además, un número de pequeñas
universidades regionales tienen más éxito que algunas de las más
prestigiosas universidades de investigación en Santiago y Concepción. La
Universidad de Chile parece ser casi tres veces más efectiva que las otras
dos más importantes en el área de investigación, la Universidad Católica de
Chile y la Universidad de Concepción.

Tabla 8.9 Efectividad al competir por fondos de investigación (2006 – miles de CLP)

Universidades Total de fondos de Número de Fondos de
investigación doctorados investigación por
jornada completa facultad
U. Arturo Prat 870 780 28 31 099
U. de los Lagos 1 108 950 38 29 183
U. de Chile 8 029 622 433 18 544
U. Católica de Temuco 1 081 700 29 14 818
U. de Magallanes 333 980 23 11 517
U. Austral de Chile 1 125 101 207 11 481
U. Técnica Federico Santa María 2 046 418 98 9 886
U. de la Frontera 199 715 73 8 683
U. de Concepción 1 009 671 426 7 950
U. de Santiago de Chile 1 593 005 206 7 733
U. de Valparaíso 3 107 655 58 7 295
U. de Antofagasta 402 385 80 6 938
U. Católica del Norte 506 413 127 6 330
U. Pontificia Católica de Chile 5 381 658 863 6 236
U. Pontificia Católica de Valparaíso 1 078 440 175 6 163
U. de Talca 502 312 102 4 925
U. del Bío-Bío 338 463 76 4 453
U. Católica de la Santísima Concepción 220 803 38 3 807
U. de la Serena 135 701 58 3 571
U. de Tarapacá 123 ,548 59 2 094
U. Metropolitana de Ciencias de la Educación 48 782 36 1 220
U. de Atacama 36 088 20 1 002
U. de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 27 925 35 798
U. Tecnológica Metropolitana 8 509 40 425
U. Católica del Maule 3 078 40 77
Fuentes: Estadísticas del CRUCH y CONICYT estadísticas 2008.



Captación de financiamiento privado
En resumen, el rápido crecimiento de las matrículas en educación
superior en las últimas dos décadas, ha sido el resultado de una estrategia de
expansión principalmente basada en la movilización de recursos privados.
La Figura 8.4 capta la intensidad de la privatización en dos dimensiones, la
proporción de estudiantes matriculados en instituciones privadas y el nivel
de gasto privado. Muestra, sin duda, cómo Chile, más que cualquier otro
país de América Latina, ha encauzado con éxito la inversión del sector
privado para establecer instituciones de educación superior y ha confiado en
una combinación de aranceles de parte de los estudiantes, fondos para
investigación y contribuciones de parte de las empresas para financiar el
funcionamiento del sistema de educación terciaria. El tamaño de cada
círculo en el gráfico es proporcional a la tasa de matrículas en educación
terciaria del país respectivo.

Figura 8.4 Tasa de matrículas en educación terciaria y grado de privatización en países
latinoamericanos escogidos

2.5
Gasto privado en educación terciaria

2
como % del PIB

46
Chile
1.5
Colombia
Paraguay 26 22
1
Argentina
20 Brasil
0.5 33
60 24

Cuba Mexico Peru
0 33
-20 0 20 40 60 80 100

-0.5
% matrículas en educación terciaria privada
Tasa de matrículas

Fuente: Instituto de Estadísticas, UNESCO 2005.



En los últimos años, el país ha podido atraer incluso inversión extranjera
al sector privado de la educación superior. Se estima que, por lo menos
cuatro universidades privadas, han sido compradas últimamente por grupos
internacionales tales como Apollo y Laureate.
Desde una perspectiva internacional, Chile es hoy día el país que ha
alcanzado el más alto coeficiente de captación de recursos privados para
complementar su inversión pública en la educación terciaria. La Figura 8.5
muestra que ninguna otra economía, incluyendo países de la OCDE como
Corea y Japón, que han usado la inversión privada como su principal recurso
para financiar el desarrollo de la educación superior, tiene un coeficiente de
financiamiento privado/público tan alto como Chile.
Sin embargo, el éxito de Chile en movilizar recursos privados no
elimina la necesidad de considerar las implicaciones del bajo nivel del
financiamiento público. En sí mismo, no sería un tema grave si se
considerara que el sistema de educación terciaria en Chile se desempeña
bien en dimensiones tan importantes como la equidad y la calidad. Pero las
agudas desigualdades sociales analizadas en los Capítulos 1 y 3, y el costo
que tienen para los alumnos los estudios a nivel terciario tanto en el sector
universitario como en el que no es universitario, justifican ampliamente un
considerable aumento de los fondos públicos para la educación superior.
Además, los planes del gobierno para mejorar la competitividad de la
economía chilena a medida que pasa a una economía basada en el
conocimiento, necesitan expandir las actividades de investigación en las
universidades chilenas, como se enfatiza en el informe sobre Innovación de
la Fuerza Laboral. Esto implica el desarrollo de programas de postgrado de
primera clase que, a su vez, no pueden crearse a menos que la educación de
pregrado tenga la capacidad de producir titulados de alta calidad. Hay, por lo
tanto, plena justificación para subir el nivel del financiamiento público en
base a la equidad y la calidad.
Los próximos pasos son entonces, estimar un nivel deseable de
financiamiento público, decidir qué categoría de instituciones y estudiantes
deberán ser los beneficiarios de los fondos incrementados, y evaluar cual
sería el mecanismo más apropiado para asignarlos para lograr este propósito.
Mientras no haya una regla estricta para decidir cuál sería el correcto
nivel de financiamiento público, una manera de hacerlo podría ser que Chile
se comparara a sí mismo con los pocos países, tales como Corea y Japón,
que han seguido el mismo camino de alto financiamiento privado y altas
matrículas privadas para expandir la educación terciaria de una manera
sostenible. Esto significa que en los próximos años, Chile debería planificar
el doble de su inversión pública en educación superior para alcanzar el nivel
de esfuerzo público comparable al de Japón.



Figura 8.5 Movilización de recursos privados como estrategia de expansión

6.00
Coeficiente del gasto privado/público en educación superior

5.00
Chile

4.00
Corea
como % del PIB

3.00

2.00
USA
Colombia Japón
Perú
1.00 Paraguay Australia
Argentina
México
Brazil
Dinamarca
0.00
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Tasa de matrículas terciarias

Fuente: Estadísticas OCDE y UNESCO 2008.

Hay dos opciones principales para escoger los beneficiarios del aumento
en el financiamiento público. El gobierno puede querer favorecer a las
universidades públicas o asignar estos recursos en base a metas relacionadas
con los objetivos de equidad y calidad que se quiere lograr. Puesto que este
tema está directamente vinculado a los tipos de mecanismos de asignación,
en que se basa el gobierno de Chile para distribuir los recursos públicos para
la educación terciaria, en la sección siguiente se examinan los puntos a favor
y en contra de cada programa.



Asignación de recursos

Todos somos iguales. Pero algunos son más iguales que otros.
George Orwell

Variedad de mecanismos de financiamiento público
Mientras muchos de los gobiernos confían en presupuestos
históricos/negociados para sus instituciones de educación superior, unas
pocas naciones han introducido puntos de vista innovadores que vinculan la
asignación de recursos a algunos criterios objetivos que están cada vez más
basados en el desempeño. Algunos países aplican una fórmula de
financiamiento, otros asignan fondos de inversión de acuerdo a una base
competitiva, otros usan convenios de desempeño, y unos pocos han usado
un sistema pionero basado en una asignación de bonos (Salmi y Hauptman,
2006). Pero Chile es único porque entre los instrumentos usados por el
gobierno para financiar la educación terciaria, puede encontrarse todo el
rango de posibles mecanismos de asignación, desde los más tradicionales
hasta los más innovadores.
El sistema de asignación en Chile es complejo, no sólo por el número de
instrumentos usados sino por la variedad de criterios que dan derecho a las
instituciones y estudiantes a beneficiarse con recursos públicos de una u otra
manera. Para presentar la gama completa y la diversidad de los mecanismos
de financiamiento público existentes, la Tabla 8.10 detalla las principales
características de cada modalidad, incluyendo criterios necesarios para tener
derecho a las prestaciones y las cantidades involucradas. En 2006, 56% de
todo el financiamiento público fue transferido directamente a las
instituciones de educación terciaria públicas y privadas, y 44% a los
estudiantes, de una u otra manera. El presupuesto de apoyo directo
representaba sólo un 37% del total del financiamiento público.



Tabla 8.10 Mecanismos de financiamiento público (2007)

Mecanismos de Beneficiarios: instituciones y estudiantes Cantidad Proporción del
Financiamiento (millones financiamiento
de CLP ) total
Financiamiento público directo a
las instituciones
Aporte Fiscal Directo – AFD Universidades del CRUCH 122 714 34.0%

Fondos competitivos I Universidades e institutos técnicos del 26 352 7.3%
(MECESUP) CRUCH
Fondos competitivos II (Fondo Universidades del CRUCH 1 631 0.5%
de Desarrollo Institucional)
Convenios de Desempeño1 4 universidades públicas 0 0.0%

Fondos de investigación I Todas las universidades 23 236 6.4%
(Fondecyt)
Fondos de investigación II Todas las universidades 11 371 3.2%
(Fondef)
Apoyo a los
estudiantes/Financiamiento
indirecto a las instituciones
Bonos (Aporte Fiscal Indirecto Instituciones con matrículas de 27 500 18 864 5.2%
– AFI) alumnos con mejores resultados en PSU
(15% de nuevos ingresos)
Todas las instituciones tienen derecho
Becas 62 800 estudiantes matriculados en 40 000 11.1%
universidades CRUCH (12% de los
estudiantes)
Préstamo estudiantil 38 579 estudiantes matriculados en 74 700 20.7%
subsidiado (Fondo Solidario) universidades del CRUCH

Préstamo estudiantil 21 327estudiantes matriculados en 41 720 11.6%
garantizado (Crédito con Aval instituciones acreditadas (20 universidades
del Estado – CAE) del CRUCH, 15 universidades privadas
nuevas y 14 institutos técnicos)
Total 360 589 100%
1
Note: Distribución real a convenios de desempeño comenzó sólo en 2008.

Fuente: Informe de Antecedentes, CINDA informe de Chile, INGRESA 2008.



Fortalezas y debilidades de los mecanismos de asignación de
recursos existentes
Para analizar sus fortalezas y limitaciones, la Figura 8.7 organiza estos
diversos mecanismos en base a dimensiones de desempeño y
competitividad. El desempeño se refiere a si el mecanismo de asignación
está o no directamente vinculado a algún indicador que mida la obtención de
resultados. La segunda dimensión refleja el grado en que los recursos se
asignan, en base a la competitividad. Siguiendo esta lógica, el Cuadrante 1
representa el enfoque más tradicional de asignación que es el derecho a
presupuesto (Aporte Fiscal Directo – AFD) que se entrega a las 25
universidades del CRUCH por tradición. La pequeña porción de AFD
asignada en base a criterios objetivos (5%) aparece en el Cuadrante 2. El
Cuadrante 3, reagrupa los mecanismos de asignación directos e indirectos
que incorporan una combinación de desempeño y competitividad, tales
como los diversos fondos competitivos a los que pueden postular las
instituciones de educación terciaria y la variedad de donaciones, becas y
préstamos que pueden recibir los estudiantes mejor preparados
académicamente. Finalmente, el Cuadrante 4 muestra las otras
donaciones/becas que están esencialmente ligadas a características sociales
especiales de los estudiantes. También incluye las donaciones que pueden
hacer a las instituciones de educación superior los contribuyentes privados,
con el incentivo de una reducción de impuestos de 50%.



Figura 8.6 Matriz de mecanismos de financiamiento: dimensiones de desempeño y
competitividad

Asignaciones negociadas
Derechos (95% de AFD) Fórmula de financiamiento (5% de
AFD)
Convenios de Desempeño

Q1 Q2

Sin criterios de desempeño Con criterios de desempeño
Q4 Q3
Becas basadas en necesidad (CoT, Ayuda estudiantil y becas basadas
BNM, en mérito (BB, BJGM, BdP, BEA,
BZE, BI, BPR, BAES) BP, BM)
Ayuda estudiantil (exención de impuestos Crédito universitario basados en
artículo 69, ley 18.681) mérito (FSCU, CAE)
Bonos basados en mérito (AFI)
Fondos competitivos (MECESUP,
FDI, Fondecyt, Fondef)

Mecanismos competitivos
Fuente: Adaptado de José Joaquín Brunner (2007) Mercados Universitarios: Los Nuevos Escenarios de
la Educación Superior. Informe Final de Proyecto FONDECYT N° 1050138. Santiago de Chile.

Al usar una gran variedad de mecanismos de asignación, el gobierno de
Chile puede seguir varios importantes objetivos de políticas al mismo
tiempo: expansión del acceso a través del crecimiento del sector privado
(AFI, CAE), mejoramiento de la calidad (AFI, MECESUP, PC), y aumento
de la equidad (becas, FSCU, CAE). Estos mecanismos de financiamiento
hacen algunas contribuciones positivas:
• El AFI es, en teoría, un fuerte incentivo para las instituciones de
educación superior para aumentar su calidad, ya que pueden recibir
recursos adicionales y obtener prestigio adicional atrayendo a
egresados de la educación secundaria de más alto rendimiento.
Chile, junto a Kazajstán, Georgia y Hungría, es uno de los pocos
países del mundo que se basa en este tipo de mecanismo de
demanda ligado al desempeño académico de los estudiantes que
ingresan a la educación superior. Un estudio hecho en 2002 sobre el
impacto del AFI (Bernasconi y Rojas) encontró una relación
positiva entre la reputación de las universidades, según la



clasificación de la revista Qué Pasa y la proporción de estudiantes
AFI que postularon a esas universidades. La existencia del
mecanismo AFI también ha empujado a más universidades que no
pertenecen al CRUCH a adoptar los resultados de la PSU como su
principal criterio de selección.
• En los últimos diez años, el MECESUP se ha convertido en un
fondo competitivo altamente efectivo para promover el
mejoramiento de la calidad y la innovación pedagógicas. Al usar
criterios y procedimientos objetivos, supervisados por un comité
monitor con representación internacional, el programa ha
desarrollado una cultura de eficiencia y transparencia en la
asignación de inversión. Se distingue como uno de los fondos
competitivos de mayor éxito con que se ha asociado el Banco
Mundial.
• Para complementar los proyectos del MECESUP que financian
innovaciones específicas en facultades y departamentos, los
convenios de desempeño introducidos recientemente aspiran a
lograr una transformación total de las universidades como
instituciones. Aún cuando es demasiado pronto para evaluar si los
convenios de desempeño lograrán sus objetivos, vale la pena
destacar que Chile ha enfocado su uso de una manera original
comparada con la experiencia de otros países (Francia, Dinamarca,
Austria, España, etc.), al partir con cuatro proyectos piloto en una
base competitiva. Las lecciones de la fase piloto serán evaluadas
antes de que los convenios de desempeño puedan ser extendidos a
todo el sistema de educación superior, no como un mecanismo
competitivo como el MECESUP, sino como un instrumento del
Ministerio de Educación para promover mejoras en el desempeño
institucional, medido frente a objetivos y referencias de
comparación negociadas.
• Los fondos competitivos son la fuente principal del financiamiento
de la investigación universitaria y están, en su mayor parte,
canalizadas a través de tres programas: FONDECYT, que entrega
apoyo en base a proyectos, FONDAP, que apoya a grupos de
investigadores, y FONDEF, que apoya la investigación hecha con la
colaboración de la industria y CORFOINNOVA, que entrega apoyo
a los centros de investigación. Este enfoque competitivo al
financiamiento de la investigación estimula una cultura de
excelencia a través de la objetividad y la transparencia en la
asignación de recursos.



• Finalmente, como se describe en el Capítulo 3, Chile tiene una
variedad de programas de ayuda a los estudiantes, para aumentar la
equidad (dos programas de donaciones, diez programas de becas y
dos programas de créditos estudiantiles separados). El nuevo
programa de créditos estudiantiles (CAE) presenta tres rasgos
positivos. Primero, permite al gobierno captar capital privado de
manera significativa. En los dos primeros años de funcionamiento
(2006 y 2007), se otorgaron casi USD 200 millones en créditos a los
estudiantes, mientras había una contribución del gobierno de sólo
USD 28 millones, lo que representa un coeficiente de captación de 1
a 7.1. En segundo lugar, cambiar la responsabilidad de la garantía
por morosidad a las universidades mismas, ayuda a los estudiantes
de bajos ingresos a tener acceso a créditos, sin la barrera de la
garantía que implican los programas de crédito universitario en
muchos países. En tercer lugar, al vincular la acreditación
institucional a la participación en el proceso de acreditación del
gobierno, apoya indirectamente el aseguramiento de la calidad del
sistema de educación superior.
A un nivel sistémico, la arquitectura financiera del sistema de educación
superior en Chile se puede describir como un montaje de tres pilares. Los
derechos de las universidades del CRUCH representan cerca de un tercio de
todo el financiamiento público (32.3%); un quinto (19.0%) es asignado a
través de mecanismos basados en el desempeño tales como la fórmula de
financiamiento (5% de AFD), los fondos de inversión competitiva
(principalmente MECESUP) y los fondos competitivos de investigación
(CONICYT); finalmente, casi la mitad de los recursos (48.7%) son
asignados a través de los alumnos o en relación a ellos mismos (AFI, becas
y préstamos) quienes, a su vez, pagan aranceles a las instituciones donde
eligen estudiar.
Sin embargo, los diversos mecanismos de financiamiento tienen varias
características negativas. El tema más importante está relacionado con el
AFD, el presupuesto de contribución directa a las 25 universidades del
CRUCH. La mayor parte del AFD (95%) se distribuye sin criterios
objetivos; sólo una pequeña parte (5%) se asigna siguiendo una fórmula que
reconoce principalmente el desempeño de las universidades en
investigación, concentrándose en el número de personal docente con grados
académicos avanzados y producción científica medida por el número de
publicaciones por cada investigador. La Figura 8.8, que entrega información
sobre la asignación por estudiante para cada universidad, muestra
claramente la gran disparidad entre las instituciones beneficiadas. La
asignación anual por estudiante varía entre USD 233 y 2 500. La
Universidad de Talca, que está en primer lugar de la lista de receptores,



recibe más del doble del promedio nacional y diez veces más que la
universidad más pobre del sistema. Ocho universidades obtienen menos de
la mitad del promedio nacional. Chile es el único país en el mundo con tales
variaciones entre sus universidades públicas y con algunas universidades
privadas que reciben considerablemente más recursos públicos que muchas
universidades públicas, tanto en términos relativos como absolutos, las que
son distorsiones serias.
Para ilustrar la dimensión disfuncional de este doble enfoque de
distribución, la Figura 8.9 presenta una comparación de la distribución de
recursos entre la primera categoría (95%), que refleja esencialmente la
tradición histórica, y la segunda porción (5%), que usa criterios objetivos a
través de la fórmula de financiamiento descrita en el párrafo anterior. La
gran diferencia entre las cuotas respectivas recibidas por varias
universidades bajo los dos mecanismos, confirma que la distribución total
sigue una lógica errada. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile,
la cifra -4.91 indica que si la universidad hubiera recibido su presupuesto
completo basado en los criterios de fórmula de financiamiento, su
proporción del total de presupuesto nacional sería 5 puntos porcentuales más
bajo. En otras palabras, en lugar de recibir casi 21% del total de la
asignación directa del gobierno, tendría derecho a sólo 16%. Debido a que la
cuota de la fórmula de financiamiento es tan pequeña, no cumple el
propósito de compensar las desigualdades del sistema. El AFD, por lo tanto,
funciona en contra de las metas de eficiencia que se desea lograr con los
otros instrumentos de financiamiento (AFI, convenios de desempeño,
MECESUP).



Figura 8.7 Distribución de recursos AFD entre universidades del CRUCH
(CLP 1 000)

U. de Talca 1,009

U. de Chile 898

P. U. Catolica 733
U. Catolica del Norte
652

U. de Tarapaca 565

U. Tec. F. Sta. Maria 560

U. Austral de Chile 554

U. Metropolitana Cs. de la Ed. 551

U. de Atacama 549

U. Catolica de Valparaiso 512

PROMEDIO 469

U. de Santiago de Chile 443

U. de Concepcion 440

U. de Antofagasta 408

U. de Magallanes 387

U. de la Serena 356

U. de los Lagos 342

U. de la Frontera 339

U. de Bio Bio 267

U. Catolica de Maule 190

U. Arturo Prat 171

U. de Valparaiso 167

U. Catolica de Temuco 162

U. de Playa Ancha Cs. de la Ed. 151

U. Tecnologica Metropolitana 119

U. Catolica de S. Concepcion 93

Nota: Universidades públicas en oscuro, privadas en claro. – Fuente: MINEDUC.



Figura 8.8 Comparación de la asignación de 95% y 5% a las universidades del CRUCH
(diferencia en porcentaje dentro de la distribución total)

-6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00

U. de Chile -4.91

P.U. Católica de Chile -2.55

U. de Concepción -0.74

P.U.Católica de Valparaíso 0.24

U. Téc.Federico Sta. María 3.89

U. de Santiago -2.87

7U. Austral -1.45

U. Católica del Norte 0.73

U. de Valparaíso -0.69

U. de Antofagasta -0.92

U. de la Serena 0.30

U. del Bío-Bío 0.25

U. de la Frontera 0.43

U. de Magallanes -0.24

U. de Talca 4.62

U. de Atacama -0.21

U. de Tarapaca 3.73

U. Arturo Prat -0.95

U. Metropolitana -1.46

U. de Playa Ancha 0.01

U. Tecnológica Metropolitana -0.03

U. de los Lagos 0.55

U. Católica del Maule 1.83

U. C. de la Sant. Concepción 0.37

U. Católica de Temuco 0.07

Fuente: Presentación del Rector de Universidad del Bío Bío, 2008.



Además de las fallas inherentes a los mecanismos AFD, la dicotomía
entre instituciones que son miembros del CRUCH y las que no lo son,
produce una situación de discriminación de facto en dos niveles: primero,
entre las universidades privadas que reciben subsidios públicos (AFD,
MECESUP) porque son parte del CRUCH y aquéllas que no tienen derecho
a recibirlos, y en segundo lugar, entre los estudiantes CRUCH que tienen
más oportunidades de becas y tienen acceso a programas de préstamos
altamente subsidiados y los otros estudiantes que pueden pedir dinero
prestado sólo a través del programa de préstamos garantizados. Una clara
ilustración de esta desigual división de recursos es el hecho de que cerca de
tres cuartos de los subsidios públicos que son para las universidades
privadas, son captados por universidades privadas del CRUCH (73.8%) aún
cuando estas universidades matriculan sólo a un 19% de todos los
estudiantes que asisten a instituciones de educación superior privadas.
Visto en el contexto del total del sistema de educación superior, el
monopolio del CRUCH es inconsistente con la naturaleza diversa y
competitiva del sistema. No sirve a los propósitos de eficiencia ni de
equidad. En ese respecto, es preocupante observar que la cuota relativa del
derecho a AFD ha aumentado entre 2000 y 2007 de 29% a 32% del total del
financiamiento público (Figura 8.9).

Figura 8.9 Evolución de la distribución de los fondos públicos
(2000-2007)

2000 2007

29.1 32.3
33.7
48.7

37.2 19.0

Derechos Fondos Financiamiento a través
competitivos de los estudiantes

Fuente: Estadísticas del MINEDUC, 2008.

El AFI ha sido criticado desde varios frentes. Aún cuando hay
indicaciones de que puede haber ayudado, en forma indirecta, a mejorar la
calidad de la educación terciaria al introducir algún grado de competencia



entre las instituciones en sus primeros días de funcionamiento (Bernasconi y
Rojas, 2002), hay una sensación de que hoy día las universidades e institutos
que logran atraer estudiantes AFI están más motivadas por razones de
publicidad que por una preocupación auténtica de una mejor calidad. Desde
un punto de vista de eficiencia, el hecho de que la asignación AFI se haya
congelado durante los últimos doce años, mientras el AFD aumentó en cerca
de 30% en términos reales entre 1995 y 2007, va en contra del principio de
asignar recursos públicos en base a alguna medida de desempeño. En los
primeros años de 1990, cerca del 30% de los estudiantes recién ingresados
tenían derecho al AFI, pero hoy día esa proporción ha disminuido a la mitad.
Desde un punto de vista de equidad, los puntajes de la PSU están
altamente correlacionados con el origen socioeconómico (Capítulo 3). El
AFI, por lo tanto, desincentiva la admisión de estudiantes de ambientes
desfavorecidos, perjudicando especialmente a las instituciones de educación
superior de las regiones. Escoger estudiar en una universidad del CRUCH da
a los estudiantes acceso a mejores oportunidades de ayuda estudiantil (becas
y préstamos subsidiados FSCU) lo que también hace más difícil que las
universidades privadas, que no pertenecen al CRUCH, puedan atraer a los
mejores estudiantes.

Hacia un sistema de asignación más consistente
El criterio del gobierno chileno para financiar la educación terciaria ha
evolucionado en las dos décadas recientes hacia un sistema sofisticado con
una variedad de mecanismos, incluyendo algunos innovadores. Sin
embargo, visto en el contexto internacional, el nivel de financiamiento
público es bastante bajo y hay inconsistencias entre los diversos mecanismos
de asignación. Como el gobierno considera opciones para reformar el
sistema financiero, usando información entregada por su propio Consejo
Asesor Presidencial para la Educación Superior y el presente informe de la
OCDE, éste puede ser un momento apropiado para que Chile defina una
visión a largo plazo, diseñando el rol del gobierno en el financiamiento de la
educación terciaria. Esto guiaría las decisiones sobre el nivel de
financiamiento público deseable y la manera más eficiente y equitativa de
distribuir estos recursos entre instituciones y estudiantes.
Con respecto al nivel de financiamiento, el gobierno de Chile podría
basar la asignación de recursos adicionales en los principios de
fortalecimiento de la misión de “bien público” de la educación terciaria y
compensar las fallas de mercado. En primera instancia, los fondos
adicionales deberían dedicarse a mejorar la educación de postgrado y la
investigación, en reconocimiento de los beneficios externos a largo plazo
que se acumulan con una base más fuerte en ciencia y tecnología y una



sociedad más cohesionada con un profundo sentido de valores compartidos,
que transcienda los beneficios privados captados por los individuos. En
segunda instancia, se movilizarían suficientes fondos para ampliar las
medidas de ayuda estudiantil necesarias para facilitar la participación de
todos los estudiantes académicamente calificados de familias de bajos
ingresos. Esto ayudaría a sobreponerse a las imperfecciones del mercado de
capitales y asimetrías de información que limitan la capacidad de los
individuos para obtener préstamos adecuados para financiar sus estudios.
Las siguientes medidas específicas podrían ser consideradas para
racionalizar el sistema total de financiamiento de la educación terciaria, de
acuerdo con los principios detallados arriba, y las directrices establecidas
por el gobierno de Chile en años recientes, con respecto a vincular el
financiamiento con el desempeño y estimular la sana competencia entre
todas las instituciones de educación superior.

AFD
Puesto que el AFD no está vinculado a criterios de desempeño, y que
indirectamente discrimina en contra la mayoría de los estudiantes
matriculados en la educación terciaria, el gobierno de Chile debería
considerar transformar el AFD de manera de abordar estos dos temas.
La manera menos perturbadora de abordar el hecho de que el AFD no
esté ligado al desempeño, sería ampliar gradualmente la parte del AFD que
no está basada en la fórmula, y al mismo tiempo reducir el sesgo de
investigación de la fórmula. Un posible enfoque sería seguir el modelo
holandés, que vincula los recursos al número de titulados, como una manera
de estimular a las instituciones de educación terciaria a ser más eficientes. El
primer escenario abordaría el hecho de que el AFD no está vinculado al
desempeño actualmente.
También sería deseable ir eliminando la discriminación que surge del
pago de AFD sólo a miembros del CRUCH y establecer una situación
pareja. Este nuevo sistema reflejaría los siguientes dos principios: i) todos
los estudiantes chilenos cuyas instituciones terciarias cumplen requisitos
esenciales de calidad y responsabilidad, tendrían derecho a subsidios
públicos a través de la ayuda estudiantil, si personalmente fueran elegibles;
y ii) los procedimientos para asignar fondos públicos directos serían
consistentes con la diversidad de las instituciones y la naturaleza
competitiva del sistema de educación superior en Chile.
Una vez que estos principios fueran aceptados, el gobierno debería
considerar los méritos de varios modelos de financiamiento posibles para
implementarlos, a la luz de las circunstancias históricas, políticas,



económicas y sociales específicas de Chile. Se podría contemplar tres
alternativas en el mediano plazo:
• Un sistema dual configurado en forma diferente, donde sólo las
instituciones terciarias públicas, es decir, las 16 universidades
públicas existentes, recibirían financiamiento directo a cambio de
realizar funciones de bien público tales como programas de
doctorado e investigación básica en disciplinas que requieren una
alta inversión en infraestructura. Ninguna institución privada,
incluyendo las otras nueve que son miembros del CRUCH, recibiría
financiamiento directo. Habría, sin embargo, un programa de becas
y crédito universitario extendido a los estudiantes matriculados en
instituciones privadas elegibles. Los criterios serían definidos
basándose en el cumplimiento de requisitos de aseguramiento de la
calidad (evaluación positiva por medio de un sistema de
acreditación mejorado) y en la rendición de cuentas sobre el
financiamiento (declaraciones financieras de auditorías
independientes). El gobierno tendría la opción de establecer límites
a los aranceles de las universidades públicas.
• Un sistema de financiamiento directo más amplio, donde todas las
instituciones públicas acreditadas y las privadas sin fines de lucro
recibirían recursos básicos vinculados a su número de estudiantes y
algunos sencillos criterios de desempeño tales como el número de
grados otorgados. A las instituciones dispuestas a participar en el
programa se les podría exigir implementar una estructura de
aranceles uniforme o aceptar limitaciones sobre los aranceles que
pueden cobrar, como también cumplir con requisitos de
aseguramiento de la calidad y rendición de cuentas como se indica
más arriba y tal vez otras condiciones.
• Un sistema de pago tipo bono a los estudiantes, por medio del cual
se transfiriera a todas las instituciones de educación terciaria, una
cantidad equivalente al costo de referencia de los estudios, basado
en el número de estudiantes que escogen estudiar en cada institución
y graduarse en ella.
La elección entre estas opciones depende del punto de vista asumido por
el gobierno chileno, los interesados y el público, sobre dos temas. Primero,
¿sería correcto retirar el financiamiento público de las instituciones privadas,
sin fines de lucro que, como miembros del CRUCH, siempre han gozado de
él, y limitar este financiamiento a un grupo pequeño de instituciones
financiadas públicamente, que actualmente sólo se compone de
universidades? Si no es así, la opción uno se descarta. Segundo, si es
apropiado extender los subsidios públicos a las instituciones terciarias



privadas, ¿debería este financiamiento directo estar, en principio, disponible
no sólo para instituciones privadas sin fines de lucro sino también para las
que tienen fines de lucro? Se recordará que en el Capítulo 5 el equipo
revisor recomendó un cambio en la ley para permitir que algunas
universidades privadas tengan estatus de instituciones con fines de lucro y
también IPs y CFTs.
Para informar acerca del debate sobre este segundo tema, la Figura 8.11
establece áreas de diferencia entre instituciones de educación terciaria con y
sin fines de lucro. Muestra las dimensiones más importantes que deben ser
tomadas en cuenta cuando se considere el estatus legal de las universidades
privadas. Señala que la distinción entre universidades con y sin fines de
lucro no es siempre binaria, pero que hay una secuencia dependiendo del
marco legislativo y las características de las instituciones de educación
terciarias involucradas. Los factores más importantes, en términos del
derecho a financiamiento AFD, serían: el estatus tributario de la institución
y hasta qué punto reinvierte sus ganancias para propósitos educativos o las
distribuye entre sus accionistas. En la opinión del equipo revisor, el
principio de nivelar el terreno no requiere que el gobierno de Chile dé el
mismo tratamiento financiero a instituciones que distribuyen ganancias a sus
accionistas que a aquéllos que reinvierten sus ganancias en educación. Los
primeros pueden siempre establecer sedes sin fines de lucro o subsidiarias si
desean beneficiarse con fondos directos (no competitivos) para la docencia o
investigación. Sin embargo, puede haber razones para poner bonos a
disposición de instituciones con fines de lucro, que reciben estudiantes de
bajos ingresos pagando aranceles reducidos, disminuyendo así también la
necesidad de apoyo estudiantil de parte del Estado.
Cualquiera que sea la opción preferida, el gobierno necesitaría diseñar e
implementar un plan de transición cuidadosamente formulado que incluyera
aportes adicionales de recursos para un fondo común y un paquete de ayuda
estudiantil. Esto trataría la situación particular de las universidades del
CRUCH, cuyo financiamiento público común se vería afectado por el
cambio en los mecanismos de asignación.



Figura 8.10 Áreas clave de diferenciación entre instituciones de educación superior
privadas con y sin fines de lucro

Entidad sin lucro Criterios Corporación con lucro

Motivación

Bienes públicos Ganancias

Propiedad

Interesados Individuo(s), corporación, fondo, fundación, Accionistas
otras maneras de constituir una institución

Distribución de lucro

Sin distribución, reinvertida en Totalmente distribuida a
infraestructura, aportes a educación accionistas

Impuestos aplicables

Exentos( renta, Exención temporal Impuestos totales a
propiedades, Impuestos) tasas corporativas

Subsidio Público

Derechos 100% Derechos 0%

Fuente: Elaborado por Jamil Salmi, Richard Hopper y Svava Bjarnson.



AFI
Considerando la naturaleza discriminatoria socialmente de la selección
de la PSU, a la cual el AFI está estrechamente ligado, y el hecho de que el
AFI funciona sólo para una pequeña cantidad de estudiantes que ingresan a
la educación terciaria por primera vez, se recomienda eliminar
completamente este mecanismo de la manera en que está funcionando
actualmente. Para que se pueda usar de manera significativa como un
incentivo al desempeño, el AFI tendría que basarse en criterios que son más
inclusivos socialmente y necesitarían ser considerablemente más grandes en
términos de número de alumnos y recursos involucrados.

Fondos competitivos
Después de casi diez años de funcionamiento, el MECESUP ha
demostrado sus fortalezas. Debería ser confirmado como la principal vía del
gobierno para asignar fondos de inversión a las instituciones de educación
terciaria. El financiamiento del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI)
debería estar totalmente incluido dentro del MECESUP para evitar
duplicación. Finalmente, si el gobierno decide deshacer el monopolio del
CRUCH como lo recomienda este informe, la competencia por fondos
públicos de inversión debería abrirse a todas las instituciones de educación
terciaria acreditadas.

Convenios de desempeño
Una vez que los programas que se están probando sean implementados,
debería hacerse una revisión independiente para evaluar el grado de éxito de
los convenios de desempeño e identificar áreas que deben mejorar. El
gobierno entonces podría considerar el uso de convenios de desempeño
como un instrumento general para promover las amplias reformas
institucionales e innovaciones en la educación terciaria, permitiendo que
todas las instituciones acreditadas, públicas y privadas sin fines de lucro,
tengan derecho a participar.

Subvenciones y becas
En lugar de continuar administrando por lo menos 12 programas de
subvenciones y becas, el Ministerio de Educación podría revisar los diversos
programas con el propósito de integrarlos en un solo programa con un
pequeño número de oportunidades separadas. También debe ser eliminado



todo tipo de discriminación entre estudiantes que están matriculados en
universidades del CRUCH y los que no lo están.

Crédito universitario
El MINEDUC debería considerar seriamente fusionar los dos programas
de crédito universitario existentes en un sistema unificado, tanto por razones
de eficiencia como de equidad. El FSCU está fuertemente subsidiado y sufre
de bajos niveles de devolución, mientras que el programa de préstamos
garantizados representa un costo mucho menor al Estado y tiene potencial
de mejor devolución de parte de los graduados. Tener un solo programa de
préstamos suprimiría las características discriminatorias del sistema dual que
hay actualmente entre estudiantes del CRUCH y los que no son del
CRUCH.

Aumentos del financiamiento público
Estos serían asignados como se indica a continuación. Para recursos que
van a cubrir costos recurrentes, el gobierno se basaría en el AFD reformado
como se discutió anteriormente; programas de becas y crédito universitario;
y convenios de desempeño. Los recursos públicos para ampliar actividades
de investigación serían distribuidos a través de un programa simplificado de
fondos para la investigación, poniendo más énfasis en grupos y centros de
investigación y en infraestructura para aquellas universidades que calificaran
como universidades de investigación, como se discutió en el Capítulo 7.
Además, para aumentar, pero hacer más dinámicas, las oportunidades para
los estudiantes de doctorado, sería importante crear, por ejemplo, dentro de
FONDECYT, becas de postdoctorado para ayudar a que científicos jóvenes
bien calificados se puedan establecer. Muchos de estos programas existen,
por ejemplo, como parte del programa Iniciativas para Investigación de
Excelencia, en Irlanda – ver Cuadro 8.1. Finalmente, los fondos adicionales
para propósitos de inversión serían canalizados a través de un mecanismo
competitivo eficiente y transparente como el MECESUP.
A medida que el gobierno de Chile vaya formulando una política
financiera consolidada para la educación terciaria, será importante prestar
mucha atención a la economía política de las reformas que se están
considerando. Es probable que cualquier medida que desafíe el monopolio
del CRUCH encuentre resistencia de parte de las instituciones de este
organismo y de cualquiera de los grupos de beneficiarios cuyos derechos y
privilegios serían afectados negativamente. Para lograr el consenso y
conciencia necesarios para seguir adelante con éxito, el gobierno necesitará
comunicar ampliamente y de la manera más transparente, las razones para



los cambios propuestos. Estos incluyen las disparidades e inconsistencias
actuales; el propósito del gobierno de que 50% de los jóvenes participen de
la educación terciaria, lo que implica una expansión del sistema a una escala
que sólo puede venir de las instituciones más nuevas que no son del
CRUCH; y la necesidad económica del país de aumentar el número de
estudiantes que opten por una formación técnica de gran calidad. Los fondos
públicos adicionales podrían usarse para ofrecer incentivos financieros que
hicieran la nueva estructura de financiamiento más atractiva para todos los
interesados. Finalmente, se debería aplicar medidas de transición a los
cambios en los términos de las becas y crédito universitario, con cláusulas
protectoras para los estudiantes que ya están en el sistema.

Utilización de recursos

Varias características estructurales y funcionales limitan la capacidad de
las instituciones de educación terciaria para funcionar tan eficientemente
como podrían hacerlo. Como se indicó en el Capítulo 5, la larga duración de
los estudios de pregrado y las normas de la administración pública a las que
las universidades están legalmente ligadas, están entre las limitaciones más
importantes en ese aspecto.
El hecho de que la duración teórica de los estudios de pregrado en las
universidades chilenas sea generalmente un año y a menudo dos años más
que grados similares en Norteamérica o Europa, representa un costo social
de gran magnitud para el país. Alinear la duración de los estudios de
pregrado con la práctica internacional, como se recomienda en el Capítulo 5,
permitiría la reorientación de una cantidad importante de recursos que
actualmente se usan en la educación terciaria, con el consiguiente ahorro
para los estudiantes y sus familias.
Una consecuencia relacionada con la larga duración de los estudios es el
bajo nivel de eficiencia que caracteriza algunas partes del sistema de
educación terciaria. La Tabla 8.11 mide la tasa de titulación aparente, según
las principales áreas de estudio. Las ciencias de la salud obtienen con mucho
los mejores resultados (87%). Comparados con el promedio de la tasa de
titulación aparente de 58%, la eficiencia interna es una preocupación en
varias disciplinas clave, incluyendo leyes (40%), ciencias naturales y
matemáticas (42%), al igual que arte y arquitectura (45%). La tasa de
titulación aparente se calcula comparando el número de estudiantes de
primer año en 2006 con el número de alumnos de primer año en 2002 (cinco
años antes).



Cuadro 8.1 Iniciativa de Investigación de Excelencia en Irlanda

El Consejo para la Investigación de la Ciencia, Ingeniería y Tecnología (IRCEST),
establecido en 2001, administra la Iniciativa Embark. El propósito de este nuevo programa,
financiado como parte del Plan Nacional de Desarrollo, es promover la excelencia en la
investigación a través de la innovación. Un componente importante de Embark consiste en
becas y donaciones para doctorados y postdoctorados a estudiantes que se dedican a una
carrera a tiempo completo en el campo que han elegido para hacer investigación; para
apoyar sus intereses de investigación a través de financiamiento garantizado con la ayuda de
informes de expertos; y empoderar la economía irlandesa a través de la creación, desarrollo y
competitividad nacional.
La Iniciativa Embark gastó EUR 12 millones (2002-2004) para financiar “investigación
innovadora y apasionante” en las Instituciones Terciarias Irlandesas, para un total de 88
proyectos. Los fondos fueron asignados a “los investigadores de mayor talento en Irlanda
que desarrollaran una amplia gama de proyectos en las ciencias, ingeniería y tecnología
como parte del Programa de Becas de Investigación Básica, financiado en conjunto por
Enterprise Ireland y la Iniciativa Embark del Consejo de Investigación Irlandés”.
La Iniciativa Embark administra el Programa de Becas Postdoctorales, el Programa de
Investigación Básica, el Programa de Becas de Postgrado para Investigación y el Programa
de Postgrado de Investigación en Educación; y tiene planes para ofrecer nuevos programas
en el futuro. El Programa de Becas de Postgrado, que está en su sexto año, otorgará unos
EUR 4.8 millones aproximadamente, a un máximo de 55 estudiantes. Estos estudiantes serán
evaluados por una comisión internacional de pares.
En 2007, el Ministro de Educación y Ciencia, el Consejo Irlandés para la Investigación en
Ciencia, Ingeniería y Tecnología (IRCSET) y el Consejo Irlandés para las Humanidades y
las Ciencias Sociales (IRCHSS) asignaron fondos de hasta EUR 8 millones para crear cinco
Programas de Postgrado para la Investigación en Educación en las humanidades, ciencias,
ciencias sociales, tecnología e ingeniería. Este programa benefició a unos 50 nuevos
estudiantes de doctorado con estos exitosos programas.
El Programa de Becas para Investigación de Postgrado ha sido introducido recién en
2008. Este es un programa de EUR 11.8 millones para financiar “formación temprana de
carreras para unos 165 investigadores a nivel de doctorado y maestría en las ciencias,
ingeniería y tecnología”. Los objetivos de este programa son la creación de conocimiento y
beneficio a la sociedad al seleccionar a estudiantes que tienen talento en las ciencias,
ingeniería y tecnología.

Fuente: http://www.ircset.ie/about_embark/index.html



La situación ha mejorado un poco en los últimos años, ya que la tasa de
titulación aparente para la cohorte de 1997 fue sólo 53%. Ha habido una
clara mejoría, en especial entre las universidades privadas del CRUCH que
han visto su tasa aparente de titulación aumentar de 26.7% en 1998 a 42.3%
en 2002. Pero es importante destacar que la eficiencia interna es
probablemente peor en la realidad porque los datos usados en la Tabla 8.11
para los estudiantes de primer año no distinguen entre estudiantes que
ingresan por primera vez y quienes están repitiendo el primer año. Teniendo
en cuenta los resultados de González et al, citados en el Capítulo 4, que sólo
8.6% de los graduados completaron sus programas y obtuvieron sus grados
dentro del período de duración de los cursos, que en teoría es de cinco años,
es probable que muchos, tal vez la mayoría, de los titulados de 2006
comenzaran sus programas antes de 2002.
A medida que el Sistema de Información sobre Educación Superior del
Ministerio forma su base de datos y su capacidad analítica, la eficiencia
interna es uno de los temas prioritarios a los que debería dedicar atención.
Esto podría hacerse realizando estudios detallados de cohortes de
estudiantes a través de una sección transversal de las universidades, para
obtener un cuadro más claro de las verdaderas causas determinantes de la
repetición y la deserción, e identificar medidas adecuadas para remediarlas.

Tabla 8.11 Tasas aparentes de graduación por disciplina para la cohorte de 2002

Alumnos de primer año en
Disciplinas Graduados en 2006 (B) Tasa de titulación (B/A)
2002 (A)
Agricultura, piscicultura
oceanografía 3 001 1 440 48%
Arte y arquitectura 2 879 1 307 45%
Ciencias naturales y
matemáticas 3 246 1 351 42%
Ciencias sociales 9 208 6 035 66%
Leyes 2 268 902 40%
Humanidades 1 233 729 59%
Educación 7 997 6 193 77%
Tecnología 16 674 7 969 48%
Salud 4 227 3 693 87%
Total 50 733 29 619 58%
Fuente: Anuario de estadísticas del CRUCH (2006).

Una de las mayores limitantes para asegurar un eficiente uso de los
recursos surge de las estrictas reglas de gobierno a las que están sujetas las
universidades públicas. Las normas del servicio público, especialmente en lo



que respecta a políticas de recursos humanos, administración financiera y el
abastecimiento de bienes y servicios, no entregan la flexibilidad necesaria
para usar los recursos disponibles de la manera más eficiente y efectiva. Por
ejemplo, las universidades públicas no pueden contratar ningún miembro
nuevo del personal docente por medio de negociaciones directas, deben
hacerlo a través de concurso público. Una vez contratados, los miembros del
personal docente y administrativo son funcionarios públicos, lo que significa
que la evolución de sus carreras y remuneraciones están sólo levemente
ligadas a su desempeño real. No hay una edad obligatoria para jubilarse.
Como resultado, muchas universidades informan que tienen dificultad para
manejar la transición de académicos antiguo a académicos jóvenes de
manera estratégica.
La obligación de realizar todas las actividades de abastecimiento a
través del portal público, ChileCompra, hace el proceso innecesariamente
engorroso para la compra de bienes y servicios directamente relacionados
con la naturaleza académica de las universidades, tales como equipos
científicos especializados comprados en pequeñas cantidades. Controles
financieros ex-ante, para todas las transacciones causan demoras a través del
proceso.
La Tabla 8.12 detalla áreas donde las universidades públicas enfrentan
normas limitantes comparadas con la situación de las universidades
privadas, pertenezcan o no al CRUCH.

Tabla 8.12 Areas clave de regulación
Universidades Universidades privadas Universidades privadas
Regulaciones e incentivos
públicas del CRUCH no CRUCH
Reciben parte de su presupuesto
S S N
regular de parte del Estado
Con derecho a financiamiento del
S S N
MECESUP
Pueden recibir donaciones S S S
Flexibilidad para contratar y despedir
Limitada S S
miembros de la facultad
Flexibilidad para establecer sueldos Limitada S S
Sujetos a reglas de control financiero
de parte del gobierno (controles y S N N
auditorias ex-ante)
Sujetos a reglas de abastecimiento
S N N
del gobierno
Pueden tomar un préstamo comercial
N S S
a largo plazo
Nota: Sólo para universidades acreditadas y en áreas específicas.
Fuente: visitas a terreno, enero 2008.



Como resultado, las universidades públicas y privadas no compiten en
un campo parejo. Este problema, que es común en la mayoría de los países
que tienen un sector de educación superior pública dominante, tiene algo de
paradoja en el caso de Chile, donde las matrículas en el sector privado
suman dos tercios del total de la población estudiantil y el gobierno estimula
activamente la competencia entre instituciones públicas y privadas a través
del sistema de bonos AFI, los fondos competitivos de investigación y el
sistema de crédito universitario garantizados. La paradoja es que, aunque las
universidades públicas reciben la mayor parte de sus fondos de fuentes
privadas, deben seguir normas de la administración pública mientras que las
universidades privadas del CRUCH, que reciben una parte considerable de
sus ingresos de fuentes públicas, no están restringidas por las mismas
normas, aún en términos de control financiero para la porción de fondos
públicos de sus recursos. El Capítulo 5 ya ha recomendado cambios en estas
áreas.
Una manera de obtener una idea de la eficiencia relativa de las
universidades es ver su eficiencia al competir por fondos de inversión
asignados a través del programa MECESUP. La Figura 8.12 mide la
diferencia entre la cantidad de fondos competitivos recibidos por cada
universidad del CRUCH y el número de sus estudiantes (la proporción de
sus estudiantes comparada con el total de la población estudiantil en las
universidades del CRUCH). Un número positivo indica que la universidad
es más eficiente que lo que indicaría la cantidad de alumnos que tiene; un
número negativo es una señal de bajo rendimiento con respecto a estos
criterios.



Figura 8.11 Eficiencia para captar financiamiento del MECESUP

Public Universities

U. de Chile 3.7

U. de La Serena 2.4

U. de Los Logos 1.6

U. de Santiago de Chile 1.5

U. de Tarapaca 1.4

U. M. de Cs. de la Educacion 1.4

U. de La Frontera 1.4

U. del Bio-Bio 1.4

U. de Antacama 1.4

U. de P. A. de Cs. de la Educacion 1.3

U. Tec. Metropolitana 1.3

U. de Valparaiso 1.3

U. Arturo Prat 1.3

U. de Magallanes 1.1

U. de Talca 1.0

U. de Antofagasta 0.9

Private Universities

P. U. Catolica de Valparaiso 1.6

U. Austral de Chile 1.5

U. Catolica de Maule 1.4

U. Tec. F. Sta. Maria 1.4

U. de Concepcion 1.3

U. Catolica del Norte 1.3

P. U. Catolica de Chile 1.2

U. Catolica de S. Concepcion 1.1

U. Catolica de Temuco 0.9

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Fuente: MINEDUC y MECESUP.

El análisis presentado en este gráfico destaca dos descubrimientos
importantes. Primero, dentro del CRUCH, las universidades privadas
tienden a mostrar mejor desempeño que las públicas. Hay tres universidades
privadas, dentro de las cinco primeras, en términos de eficiencia para captar
recursos del MECESUP, y 7 entre las 14 que obtienen una porción mayor o
igual, comparada con el tamaño de sus matrículas. Esto validaría la



discusión anterior acerca del peso de las normas de la administración
pública sobre las universidades estatales. Segundo, la variación entre las
universidades públicas es también muy significativa, lo que indica que,
frente a las mismas restricciones administrativas, las autoridades de algunas
universidades tienen mucho más éxito que otras al definir prioridades
estratégicas y diseñar proyectos ganadores.
Para crear un campo de acción a un mismo nivel, las autoridades
chilenas deberían permitir que las universidades públicas funcionaran con
procedimientos administrativos y reglas de gestión financiera equivalentes a
las que gozan las instituciones privadas. Varios países, como el Reino
Unido, Alemania, Japón, Singapur y Tailandia, han cambiado el estatus de
sus universidades estatales para darles más autonomía de gestión. Estas
reformas administrativas han variado desde flexibilizar las normas
restrictivas hasta dar a las universidades el estatus de corporaciones de
derecho privado.
El gobierno chileno debería considerar el cambio de estatus de las
universidades públicas para darles el grado de autonomía de gestión con el
que estarían en línea con la naturaleza competitiva del sistema de educación
terciaria. Esto abarcaría especialmente tres dimensiones:
• Todas las universidades públicas deberían tener la posibilidad de
manejar sus recursos humanos de manera de poder atraer, remunerar
y recompensar docentes y personal administrativo calificados,
estrictamente en base a criterios de desempeño.
• Los controles financieros serían aplicados después de que se han
realizado las transacciones; no deberían ser un impedimento para
llevar a cabo prácticas flexibles de gestión.
• Se debería analizar cuidadosamente las normas de ChileCompra, en
relación con las necesidades específicas de abastecimiento de las
universidades, para distinguir entre las categorías de bienes y
servicios que pueden ser comprados más eficientemente usando
ChileCompra y aquéllos en los cuales puede ser contraproducente
basarse exclusivamente en un sistema común. De la misma manera,
en términos de controles financieros y auditorías, los recursos
públicos deberían ser tratados de la misma manera, sin importar qué
tipo de universidad gasta el dinero; por el contrario, el uso de
recursos privados debería ser regulado por normas similares tanto en
las universidades públicas como en las privadas, sin importar si son
o no miembros del CRUCH.
Otra dimensión de potencial ineficiencia, vinculada al estatus de las
universidades públicas, es que pueden tender a emplear una mayor



proporción de personal administrativo que las universidades privadas. No
hay estadísticas disponibles para las universidades que no pertenecen al
CRUCH, pero la comparación entre universidades públicas y privadas del
CRUCH (Figura 8.12) muestra que, al contrario de la situación de otros
países de la región, hay un alto grado de eficiencia en la distribución de
recursos humanos, al medirlos por el número de personal administrativo
dividido por el número de académicos. Las únicas fuera de línea son la
Universidad de Chile y la Universidad de La Serena, y es preocupante la
relación 3 a 1 entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica de
Chile.
Se sugiere que las universidades que no están sincronizadas, hagan un
ejercicio de puntos de referencia para comprender por qué tienen
relativamente más personal administrativo que las otras instituciones del
CRUCH y evaluar sus necesidades de recursos humanos con el propósito de
mejorar el equilibrio entre personal académico y no académico.
La naturaleza altamente competitiva del mercado chileno para la
educación terciaria, también tiene consecuencias no buscadas, en términos
del uso efectivo de los recursos disponibles entre las universidades públicas.
Muchas universidades tienden a establecer sedes en ciudades fuera de su
campus principal, especialmente en Santiago, en el caso de las universidades
regionales. Las especialidades ofrecidas por estas sedes satélites no están
siempre vinculadas a las áreas principales de fortaleza o prioridad de estas
universidades, lo que lleva a una dispersión de esfuerzos y recursos no
garantizados por consideraciones estratégicas, fuera del deseo de aumentar
la exposición de la universidad desde el punto de vista de su nombre. Se
sugiere que los equipos de acreditación presten mayor atención a este
fenómeno y hagan recomendaciones apropiadas. Las instituciones deberían
implementar sus planes de expansión de una manera estratégica consistente
con sus ventajas académicas comparativas. Este tema podría tratarse
también a través de convenios de desempeño futuros.



Figura 8.12 Proporción de personal administrativo en universidades públicas y privadas

Universidades públicas

U. de Chile 3.7
U. de La Serena 2.4

U. de Los Logos 1.6
U. de Santiago de Chile 1.5

U. de Tarapaca 1.4
U. M. de Cs. de la Educacion 1.4
U. de La Frontera 1.4
U. del Bio-Bio 1.4
U. de Antacama 1.4
U. de P. A. de Cs. de la Educacion 1.3
U. Tec. Metropolitana 1.3

U. de Valparaiso 1.3
U. Arturo Prat 1.3
U. de Magallanes 1.1
U. de Talca 1.0
U. de Antofagasta 0.9

Universidades privadas
P. U. Catolica de Valparaiso 1.6
U. Austral de Chile 1.5
U. Catolica de Maule 1.4
U. Tec. F. Sta. Maria 1.4
U. de Concepcion 1.3
U. Catolica del Norte 1.3
P. U. Catolica de Chile 1.2
U. Catolica de S. Concepcion 1.1
U. Catolica de Temuco 0.9

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Fuente: Estadísticas del CRUCH.



Principales conclusiones del capítulo

Observación general
• Chile presenta una combinación única de características y enfoques
financieros que son difíciles de encontrar en alguna otra parte del
mundo. Comparado con otros países de América Latina, e incluso
con la mayoría de las naciones más industrializadas y desarrolladas,
el sistema de educación superior de Chile se destaca por el bajo
nivel de financiamiento público. Al mismo tiempo, ha
implementado audaces reformas financieras en las áreas de
movilización y asignación de recursos, y ayuda estudiantil.

• Hace muchos años, Chile optó por un enfoque de financiamiento
mixto, por medio del cual los recursos presupuestarios se
complementan con contribuciones considerables de parte de los
estudiantes y sus familias. Como resultado, el gasto público en
educación superior, incluyendo el financiamiento de la
investigación, es notablemente bajo.
• Sin embargo, Chile está al mismo tiempo entre los países del mundo
que han logrado el más alto nivel del total de los costos compartidos
en las instituciones terciarias.
• Además, una proporción considerable del aumento de cobertura de
la educación terciaria desde la transición democrática, ha sido
manejado a través de un sector privado que crece rápidamente,
financiado por los estudiantes y sus familias y matriculando casi un
70% del total de la población estudiantil.

• A pesar del bajo nivel del financiamiento público, el gobierno tiene
una amplia gama de instrumentos para distribuir recursos del
Estado.
• Muchos de los instrumentos de asignación de recursos, AFI,
MECESUP, convenios de desempeño, por ejemplo, son muy
sofisticados en propósito y diseño. Pero se necesita una mayor
armonización entre los diversos instrumentos financieros usados



actualmente para eliminar las inherentes inconsistencias,
ineficiencias y distorsiones.
• El sistema financiero muestra dos claras características positivas,
comparadas con prácticas comunes en la mayoría de los países del
mundo. Primero, Chile entrega financiamiento para el presupuesto
básico de un número de universidades privadas que reciben un 48%
de todas las subvenciones públicas a la educación terciaria.
Segundo, para transferir recursos a instituciones de educación
superior, el país se basa más en el financiamiento indirecto –
vinculado a alguna medida de desempeño estudiantil o
institucional – que en pagos directos.
Una de las mayores debilidades del sistema financiero es que la mayoría
de los fondos públicos están reservados para las universidades tradicionales
del CRUCH afianzadas en sus privilegios históricos. Otra seria desventaja es
que el 95% de la asignación del presupuesto directo no corresponde a
criterios de desempeño. Como resultado, Chile es tal vez el único país en el
mundo con tales variaciones de asignación de presupuesto entre sus
universidades públicas, donde la que más recibe, goza de una contribución
diez veces mayor que la que recibe menos. Es interesante ver que unas pocas
universidades privadas reciben considerablemente más recursos públicos
que la mayoría de las universidades públicas. Entre las instituciones
privadas, las 9 universidades del CRUCH captan tres cuartas partes de las
subvenciones públicas al sector privado aun cuando matriculan sólo al 19%
de la población estudiantil correspondiente.

• Las normas de gobierno no dan incentivos y flexibilidad suficientes
a las universidades públicas para que usen los recursos disponibles
de la manera más eficiente y efectiva. Por lo tanto, no pueden
competir al mismo nivel con las instituciones de educación superior
privadas.
• No parece haber una suficiente supervisión financiera de las
instituciones privadas de educación superior.
• El hecho de que en las universidades chilenas, los programas de
pregrado duran, en teoría, generalmente un año y a menudo dos años
más que cursos similares en Norteamérica o Europa, representa un
costo social de gran magnitud para el país.



• La baja eficiencia en varias disciplinas importantes, como leyes,
ciencias naturales, matemáticas y arquitectura es una causa de
preocupación.
• Con dos notables excepciones, las universidades del CRUCH son
muy eficientes en la distribución de empleados administrativos en
relación al personal académico.

Recomendaciones

Recomendación general
• Chile necesita diseñar una visión a largo plazo que defina el rol del
gobierno en el financiamiento de la educación terciaria. Esto guiaría
las decisiones acerca del nivel deseable de fondos públicos y la
manera más eficiente y equitativa de distribuir estos recursos entre
instituciones y estudiantes.

• Hay poderosas razones de equidad y calidad para subir el nivel del
financiamiento público para la educación terciaria.
• Chile podría compararse con los pocos países, como Corea y Japón,
que han seguido el mismo camino de alto financiamiento privado y
altas matrículas en instituciones privadas, y planificar
progresivamente doblar su inversión pública en la educación
terciaria dentro de unos pocos años.
• El gobierno de Chile debería basar la asignación de recursos
adicionales en los principios de fortalecimiento de la misión de
“bien público” de la educación terciaria y compensar las
deficiencias del mercado. En ese contexto, el financiamiento de la
investigación también se debería aumentar.

Se sugieren las siguientes medidas específicas para racionalizar el
sistema de financiamiento general, en línea con los principios descritos
anteriormente y las direcciones de las políticas establecidas por el gobierno
de Chile en años recientes, con respecto a vincular el financiamiento con el
desempeño y estimular la sana competencia entre todas las instituciones de
educación superior.



• AFD. El AFD debería transformarse para que tenga una mayor base
en el desempeño. El gobierno podría ampliar gradualmente la parte
del AFD que está basada en una fórmula y hacerla más enfocada a
los resultados.
• También sería deseable eliminar la actual discriminación entre
instituciones que pertenecen y las que no pertenecen al CRUCH,
adoptando los dos principios siguientes: i) todos los estudiantes
chilenos cuyas instituciones terciarias cumplen los requisitos
esenciales de calidad y responsabilidad tendrían derecho a
subvenciones públicas a través de la ayuda estudiantil, si ellos
fueran personalmente elegibles; y ii) los procedimientos para el
financiamiento público directo a las instituciones sería consistente
con la diversidad institucional y la naturaleza competitiva del
sistema de educación terciaria en Chile. Se sugieren tres alternativas
para hacer esto:
− Un sistema dual configurado de manera diferente, en el que sólo
las 16 universidades públicas existentes recibirían
financiamiento directo a cambio de realizar funciones de bien
público, como programas de doctorado e investigación básica en
disciplinas que requieran alta inversión en infraestructura. Esta,
como todas las alternativas, se acompañaría de un amplio
programa de becas y préstamos para estudiantes que se
matricularan en instituciones privadas elegibles.
− Un sistema de financiamiento directo más extenso en el cual
todas las instituciones públicas y privadas sin fines de lucro,
acreditadas, recibieran recursos básicos vinculados a su número
de estudiantes, siempre que cumplieran con condiciones de
calidad, transparencia financiera y cobro de aranceles a los
estudiantes.
− Un sistema de pago de bonos por estudiante, en el cual se
transfiriera una cantidad equivalente al costo referencial de los
estudios a instituciones de educación terciaria elegibles en base
al número de estudiantes que escogiera estudiar y graduarse en
cada institución.
• AFI. Se recomienda la eliminación del AFI, en vista de la
transformación propuesta del AFD y la expansión de los programas
de ayuda estudiantil.
• Fondos Competitivos. Un mecanismo competitivo, objetivo y
transparente como el MECESUP sería el principal instrumento para



asignar fondos públicos a todas las instituciones de educación
terciaria.
• Convenios de desempeño. Si los convenios de desempeño tienen
éxito durante la fase piloto, el gobierno podría usarlos como un
instrumento general para promover reformas institucionales e
innovaciones en todas las instituciones públicas y sin fines de lucro
acreditadas.
• Ayuda estudiantil de mantención y becas. El MINEDUC debería
considerar la factibilidad de integrar todos los programas de becas y
ayudas en uno sólo, con un pequeño número de secciones separadas,
que no discriminara contra estudiantes de instituciones que no
pertenecen al CRUCH.
• Crédito universitario. Los dos programas de créditos estudiantiles
existentes deberían fusionarse, tanto por razones de eficiencia como
de equidad.
• Los aumentos de financiamiento público se asignarían de la
siguiente manera: para cubrir costos recurrentes, el gobierno se
basaría en el AFD reformado, los programas de becas y de crédito
universitario. Los recursos públicos para extender las actividades de
investigación serían distribuidos a través de un programa
simplificado de fondos de investigación, poniendo más énfasis en
grupos y centros de investigación y en infraestructura. Los fondos
adicionales para propósitos de investigación serían canalizados a
través de un sistema de asignación de recursos eficiente y
transparente como el MECESUP.

• Para crear un terreno donde se pueda competir en forma pareja, las
autoridades chilenas podrían permitir a las universidades públicas
funcionar bajo procesos administrativos y reglas financieras
equivalentes a las de las instituciones privadas.
• Todas las instituciones de educación terciaria podrían manejar sus
recursos de acuerdo con prácticas de contabilidad estándares y
transparentes, y preparar informes financieros anuales con auditorías
independientes.
• Chile debería gradualmente inclinarse por programas de pregrado
más cortos de acuerdo con la tendencia mundial.



• Para mejorar la eficiencia interna, el Sistema de Información sobre
Educación Superior debería emprender estudios detallados de las
cohortes de estudiantes para obtener un cuadro más claro de la
incidencia y causas de la repetición de años y la deserción, e
identificar medidas apropiadas para solucionar estos problemas.

Referencias

Bernasconi and Rojas (2002). AFI: un Aporte a la Calidad. Calidad en la
Educación 17, Diciembre, p. 109-143.
Brunner, J-J. y D. Uribe (2007). Mercados universitarios: el nuevo
escenario de la educación superior. Santiago: Ediciones Universidad
Diego Portales.
CINDA (2007). Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2007.
Santiago: Centro Interuniversitario de Desarrollo.
Guadilla, Carmen Garcia (1998). Situación y principales dinámicas de
transformación de la educación superior en América Latina. Caracas:
UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America
and the Caribbean.
IESALC (2006). Informe sobre la Educación Superior en América Latina y
el Caribe 2000-2005. La metamorfosis de la educación superior. Caracas:
UNESCO Instituto Internacional para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe.
Thorn, K., Holm-Nielsen, L. y J. S. Jeppesen (2004). “Approaches to
Results-based Funding in Tertiary Education: Identifying Finance
Reform Options for Chile”. World Bank Research Policy Paper No.
3436. Washington DC: Banco Mundial.
Mönckeberg, María Olivia (2007), El Negocio de Las Universidades En
Chile, Primera edición, Diciembre 2007.
OCDE (2007) Informe sobre Políticas de Innovación. Paris: OCDE.
Salmi, J. y A. M. Hauptman (2006). “Innovaciones en el Financiamiento de
la Educación Terciaria: Una Evaluación Comparativa de Mecanismos de
Asignación.” Washington D.C., Banco Mundial. Education Working
Paper Series Number 4. Septiembre 2006.


INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS – 289

Capítulo 9: Información, Transparencia y Rendición de
Cuentas

Este capítulo analiza la cantidad y la calidad de la información disponible
para los usuarios de la educación superior y para quienes diseñan las
políticas. Comienza analizando hasta qué punto las fuentes de información
disponibles a los estudiantes potenciales apoyan una elección informada.
Da una mirada a la situación actual de las fuentes oficiales que
proporcionan información a los estudiantes y a quienes deciden las políticas
de la educación superior. El capítulo discute planes actuales del gobierno
para ampliar y consolidar la información de la educación superior a través
de la creación de un Sistema de Información sobre Educación Superior.
Analiza la obligación legal que tienen las instituciones de informar
detalladamente sobre materias financieras y otro tipo de información, la
situación del cumplimiento de estos requisitos y sus implicaciones para la
transparencia y rendición de cuentas. El capítulo concluye con
recomendaciones para mejorar los requisitos y prácticas de información y
rendición de cuentas, con especial énfasis en el rol de Sistema de
Información sobre educación superior y la necesidad de una información
financiera más sólida y completa de parte de las instituciones terciarias.

Introducción

En el sistema de educación terciaria en Chile, hay más de 200
instituciones que ofrecen sobre 6 000 programas de estudio. Los interesados
necesitan información para poder decidir si siguen estudios a nivel terciario,
y si es así, qué programas son los más adecuados a sus necesidades;
necesitan comprender el valor de las destrezas, calificaciones y credenciales
que pueden obtener. Algunos desean poder estimar las ganancias
económicas y financieras que recibirán de su potencial inversión, el tiempo
que les tomará completar el curso escogido y la cantidad de ingresos a los
que tendrán que renunciar mientras estudian. Algunos querrán comprender
otros beneficios potenciales, tales como mayor satisfacción personal y


290 – INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

laboral, y cómo el hecho de obtener un tipo de grado académico ahora,
puede abrirles muchas puertas para continuar su educación en el futuro.
Muchos están interesados en la calidad, experiencia y práctica pedagógica
de los instructores, además de la cantidad y calidad de la infraestructura y
bibliotecas que podrán usar. Algunos querrán saber hasta qué punto el valor
del nombre de la institución que otorga un grado en especial, se mantendrá a
través del tiempo. Otros se fijarán exclusivamente en la posibilidad de pagar
el programa en el corto plazo, su capacidad o la de su familia para pagarlo, y
la disponibilidad de ayuda financiera. Otros pueden enfocar sus decisiones
basándose en el consejo de amigos, familia, grupos de pares u otras personas
que tengan influencias. Es muy común, por ejemplo, escoger la institución
que los padres, profesores o consejeros creen que es la más adecuada en
relación al desempeño académico del estudiante en el colegio. Cualquiera
que sea el proceso de la decisión, las buenas decisiones requieren el acceso a
información oportuna y precisa en una gran variedad de temas.
Los gobiernos también necesitan información acerca del carácter,
relevancia y desempeño de los sistemas de educación terciaria. Necesitan
juzgar su efectividad para formar las destrezas necesarias para la economía
nacional y si proporcionan un acceso equitativo a las oportunidades de
aprendizaje. Los gobiernos también desean saber si las instituciones
terciarias son capaces de tener acceso, producir y diseminar investigación y
conocimiento; cuán eficientemente usan los fondos públicos, y si el
producto que entregan a los estudiantes es de calidad adecuada. Buscan
determinar si se les debería permitir a las instituciones que obtengan
ganancias financieras de sus actividades y/o si merecen un tratamiento
tributario preferencial.
Los dos grupos (individuos y gobiernos) difieren en cuanto a la cantidad
y la calidad de la información que necesitan. Los individuos generalmente se
preocupan más del costo y el valor del grado, que de la eficiencia con la que
los insumos se usan para producirlo. Los gobiernos se preocupan más de
cómo la asignación de recursos lleva a resultados y si estos resultados son
óptimos. Este capítulo analizará la cantidad y la calidad de la información
disponible a los usuarios de la educación terciaria, y a quienes diseñan las
políticas de gobierno.

Información a los estudiantes potenciales

Los chilenos que piensan ingresar a la educación terciaria tienen acceso
a varias fuentes de información para ayudarlos en el proceso de tomar
decisiones. Un observador casual en Santiago y otras ciudades importantes,
queda impresionado ante la cantidad de letreros con espacios dedicados a
avisos sobre universidades u otras instituciones o programas terciarios. Los



espectadores de televisión también encuentran numerosos avisos. Como
podría esperarse, todos estos avisos tratan de entregar información que es
generalmente verdadera, aunque sea parcial y selectiva con respecto a las
instituciones a las que se refieren y se esperaría que sirvieran como un punto
de partida para una búsqueda más metódica de los posibles estudiantes.
La publicidad de las instituciones acreditada, casi invariablemente hace
resaltar el estatus de institución “acreditada”, lo que confirma el rol
importante que ha llegado a tener el sistema de acreditación en la educación
superior en Chile. La mayoría de los avisos no especifica el tipo de
acreditación que ha recibido la institución (Gestión Institucional,
Investigación, Calificaciones del Personal, Vínculación con el medio). Sin
embargo, la información esencial que necesitan los potenciales alumnos se
transmite por la descripción de “acreditada”, que se centra en la gestión
institucional y la enseñanza de pregrado. Otras áreas pueden ser destacadas
individualmente por las instituciones, pero son menos directamente
importantes para los potenciales que deben elegir una opción de estudio. Sin
embargo, puede ser útil que la Comisión Nacional de Acreditación se
preocupe más de educar a los estudiantes potenciales acerca de los tipos de
acreditación y lo que significan en la práctica. En general, el activo mercado
publicitario avala un sector de educación superior dinámico donde las
instituciones compiten para atraer a los potenciales estudiantes.
Los estudiantes que buscan información adicional tienen muchas
opciones. La mayoría de los que el equipo revisor entrevistó, conocían
Futurolaboral como la principal fuente de información sobre los posibles
ingresos de los titulados. El Capítulo 4, sobre Relevancia, analiza el
contenido y uso de Futurolaboral con respecto a si los estudiantes deberían
o no seguir estudios de educación superior, desde una perspectiva de éxito
en el mercado laboral. Este sitio proporciona una cantidad considerable de
información útil en general, así como detallada por programas de estudio:
sobre el total de matrículas en la educación superior por niveles, titulados,
promedio de sueldos y tasa de retorno. El sitio informa sobre ganancias,
datos sobre tasas de empleo, y sectores de la economía en que están
empleados los titulados según profesiones en particular. También destaca
estudios nacionales e internacionales sobre tendencias del mercado laboral y
la demanda de trabajo especializado.
Futurolaboral es, en general, un instrumento impresionante –
comparable a algunos de los portales de información más avanzados de los
países de la OCDE – y una fuente importante para los estudiantes futuros.
Pero los estudiantes deben decidir no sólo si deben estudiar, sino también
qué y dónde estudiar; Futurolaboral también sirve de acceso a cinco fuentes
de información importantes acerca de las opciones de estudio disponibles.



Se puede obtener información objetiva sobre opciones de estudio de
diferentes fuentes: agencias del Estado, tales como la Secretaría de Estado
en Educación, el Consejo Superior de Educación (CSE) y la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA) tienen la responsabilidad de reunir y
publicar una gran variedad de información. El Directorio de Educación
Superior, que es administrado por la División de Educación Superior del
MINEDUC, es una guía objetiva para los programas académicos. Se puede
buscar por tipo de institución (universidad pública o privada, IP o CFT), por
tipo de grado, y por región. Si existe la información, la base de datos indica
si el curso se imparte en el campus principal o en una sede, si es un curso
diurno o vespertino, la duración del programa, su costo, y matrículas
recientes. A principios de 2008, el contenido de la base de datos se
relacionaba con las ofertas de estudio desde 2004, pero no está claro con
cuanta frecuencia se pone al día la información. Los estudiantes a quienes el
equipo revisor entrevistó, no indicaron este sitio como la fuente principal de
información.
Mejor conocida es la base de datos ÍNDICES administrada por el CSE.
Aquí se puede encontrar información sobre la evolución histórica de la
educación superior en Chile, la clasificación tripartita de las instituciones,
las diferentes clases de grados y la autoridad que los otorga en las diferentes
instituciones. Este sitio explica el proceso a través del cual se concede a las
instituciones el permiso para funcionar, cómo son examinadas, supervisadas
y finalmente, cómo se les otorga la autonomía. También explica los roles de
varias entidades regulatorias y de aseguramiento de la calidad. Se explican
los requisitos legales mínimos para ingresar a la universidad y se ofrece un
consejo sensato a los potenciales estudiantes sobre qué tener en cuenta
cuando seleccionen un programa de estudios.
El sitio web ÍNDICES, también explica las leyes de protección al
consumidor que se aplican a la educación superior: los estudiantes de primer
año tienen un período de gracia de diez días durante el cual se pueden retirar
de una institución y recibir un reembolso del 99% de cualquier arancel
pagado. También pueden presentar quejas que son de naturaleza contractual
al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), o al CSE (cuando se trata
de universidades) o al MINEDUC (con respecto a CFTs y IPs), si la queja se
refiere a la calidad de la educación. El CSE recibe una gran variedad de
quejas que van desde disputas administrativas menores a publicidad
engañosa y hasta la entrega de servicios educacionales deficientes. El CSE
determina el curso de acción adecuado en cada caso e informa al
demandante sobre las acciones que se han tomado.



Tabla 9.1 Fuentes selectas de información sobre la educación superior

Institución Fuentes de información Principales tipos de información disponible

Ministerio de Educación Directorio de Educación Compendio de programas de estudio
– DIVESUP Superior Base de datos de Ayuda Estudiantil y Becas
Compendio Estadístico
Ministerios de Futurolaboral Base de datos sobre ocupaciones con información de
Educación número de titulados y sueldos para más de 100
ocupaciones.
CSE INDICES Información general sobre eventuales alumnos
Base de datos de programas de estudio, número y
distribución de estudiantes de pregrado en educación
superior (total y primer año), Estudiantes de postgrado,
profesores, instituciones, instituciones acreditadas, origen
de los estudiantes, etc.
Base de datos de instituciones de educación superior
Información sobre ayuda estudiantil y becas
Programa de comparación
Consejo de Rectores Sitio web del Consejo de Información sobre la PSU
Rectores
Compendio anual de estadísticas con datos de matrículas
por tipo de programa de grado
Información sobre ayuda estudiantil
Acreditación nacional CNA sitio web Estatus de acreditación de universidades, IPs y CFTs.
Comisión de
Acreditación
Informes de Acreditación Institucional con Comentarios
Detallados

Universia.cl Sitio web Universia.cl para Amplia información de interés para estudiantes actuales y
Chile futuros

Revista Qué Pasa Encuesta Anual sobre Clasificación de las instituciones de más prestigio,
Universidades programas de estudio mejor calificados

Diario El Mercurio Sitio web de Alternativas Artículos para posibles estudiantes de educación superior
Académicas
Base de datos sobre programas de estudio

Diario El Mercurio Programa de Televisión Información periodística sobre programas de estudio y
sobre Alternativas temas de Educación Superior
Académicas
Fuente: Equipo revisor.



Un servicio importante para la protección del consumidor provisto por el
CSE es la lista de instituciones de educación terciaria que están cerradas.
Como parte de la explicación de cómo se otorgan los permisos para
funcionar, el CSE explica la autoridad que tiene para hacer que el Ministerio
cierre instituciones que no han logrado recibir su licencia para funcionar. El
sitio web da el nombre de 36 instituciones que no han logrado completar
satisfactoriamente su proceso de licenciamiento desde 1996 hasta la fecha.
El CSE recomendó que el MINEDUC revocara el reconocimiento oficial de
estas instituciones y se vieron obligadas a dejar de funcionar. En cuanto a las
instituciones que se encuentran en proceso de obtener la licencia, ÍNDICES
informa acerca de la fecha de su inscripción y la fecha en que se espera que
se les conceda la autonomía. También hay información sobre las
instituciones que han obtenido su autonomía, junto con la fecha en que les
fue conferida.
La mayoría de los candidatos, sin embargo, visita ÍNDICES buscando
información específica sobre los programas de estudio que se ofrecen.
Similar en cuanto a la información que comprende el Directorio de
Educación Superior del Ministerio, la base de datos de programas de estudio
de Índices entrega más características y, tal vez lo que es más importante,
información más actualizada. La base de datos permite a los estudiantes
encontrar información sobre un solo programa o comparar una lista de todos
los programas en cierta área de estudio, tipo de institución, tipo de grado o
región. Para cada programa, la base de datos incluye información sobre
requisitos de ingreso, matrícula, arancel, puntajes promedio en la PSU,
cuánto tiempo se ha estado ofreciendo el programa y, cuando está
disponible, el porcentaje de personal docente a tiempo completo y si hay
algún tipo de ayuda específica disponible para el programa. Se informó al
equipo revisor que las instituciones son muy escrupulosas con respecto a
poner al día sus datos en Índices, y una de las razones es que esta
información es una de las fuentes principales en las que se basa la revista
Qué Pasa para su clasificación anual. Los estudiantes entrevistados por el
equipo revisor parecían estar familiarizados y satisfechos con la base de
datos de Índices. Sin embargo, el CSE mismo reconoce que no está en
posición de verificar la precisión de los datos entregados por las
instituciones. Aún cuando Índices es probablemente la fuente de datos más
completa acerca de programas específicos, su información no puede ser
considerada totalmente fidedigna.
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) publica sus decisiones y
mantiene un sitio web con amplia información sobre los resultados de sus
decisiones de acreditación. Además de listas de instituciones y programas
que han sido acreditados, el sitio informa sobre los acuerdos, o informes
enviados a las instituciones con un resumen de la decisión sobre



acreditación y las razones que la apoyaron. Estos informes contienen
resúmenes francos sobre la evaluación de las fortalezas y debilidades de la
institución o programa hecha por los pares evaluadores. La información
sobre la evaluación que se entrega es clara y específica; cualquier estudiante
interesado que se dé el tiempo de consultar estos informes puede obtener
fácilmente una impresión clara de los atributos y valor del programa o
institución. El sistema de aseguramiento de la calidad en Chile merece una
felicitación por este nivel de transparencia.
Sin embrago, un sistema con más de 600 000 estudiantes y 6 000
programas tendrá que confiar cada vez más en canales diversos,
descentralizados y, en muchos casos, comerciales, para proporcionar
información a los estudiantes interesados. Fuera de la publicidad que las
instituciones mismas organizan, un grupo creciente de agencias privadas
está tomando progresivamente un rol activo para satisfacer las demandas de
información sobre la educación superior. Se están multiplicando los sitios en
internet dedicados a la educación terciaria, incluso algunos que aconsejan a
los posibles alumnos. Uno de estos sitios, Universia, entrega amplia
información sobre temas relacionados con educación superior desde una
perspectiva Ibero-americana, y ha dedicado sitios para la mayoría de los
países de América Latina, incluyendo a Chile. La información que
proporciona compite con Indices en su amplitud, y el sitio ha atraído la
atención de autoridades y administradores universitarios. Otros sitios
manejados por diarios importantes ofrecen servicios similares y hay incluso
programas de televisión, específicamente dirigidos al creciente número de
estudiantes interesados en seguir estudios terciarios.
Claramente, la fuente de información comercial más influyente, es la
clasificación anual publicada por la revista Qué Pasa. Desde 2000, la revista
ha publicado una encuesta anual sobre la calidad de las universidades.
Clasifica las instituciones en términos de su prestigio general, la selección
de los alumnos, universidades más importantes públicas y privadas; también
clasifica sus programas de estudio individuales. Un rasgo distintivo de la
clasificación de Qué Pasa es que no se basa sólo en las estadísticas
publicadas, como las de los puntajes de la PSU y la proporción de los
estudiantes que han recibido becas de mérito. En lugar de eso, busca la
opinión de los empleadores y, específicamente, aquéllos que tienen
responsabilidad de tomar decisiones para contratar empleados en un grupo
representativo de importantes empresas. Como resultado, la clasificación de
Qué Pasa es una medida influyente del valor de mercado de los grados
obtenidos, y sirve de equilibrio a medidas con un enfoque más académico
del desempeño institucional.
La oferta y demanda de información es producto de la persistente y
creciente demanda de educación terciaria y la competencia entre las



instituciones para atraer estudiantes. Existe amplia información para los
potenciales consumidores que desean tomar una decisión informada de
manera metódica. Sin embargo, debido a que los alumnos interesados
generalmente tienen entre 18 y 24 años de edad, los factores subjetivos
pueden influenciar a un porcentaje no despreciable de ellos. El equipo
revisor supo de un caso en particular, en el que una institución terciaria
había matriculado a un número considerable de estudiantes, en programas de
estudio para una carrera en la que las posibilidades de empleo en Chile eran
casi nulas. Las quejas al MINEDUC y al CSE fueron acompañadas de
llamados al gobierno para que estableciera normas que exijan que las
instituciones de educación superior demuestren una demanda razonable de
titulados de sus programas de parte del mercado laboral. Aún cuando el
análisis del mercado laboral es realmente importante cuando se toman
decisiones de ofrecer programas de estudio, el gobierno debería respetar el
derecho de las instituciones para tomar estas decisiones internamente, y
luego hacerse responsables de ellas a través del sistema de acreditación. No
es aconsejable llevar los riesgos de fracaso de los posibles alumnos en el
mercado laboral futuro, a las instituciones. El dinamismo del sector de
educación terciaria en Chile es, en general, una virtud; su capacidad de
respuesta debería servir muy bien a la economía nacional en el largo plazo.
Los reglamentos legales de los programas de estudio que las instituciones
autónomas pueden ofrecer, serían menos efectivas para estimular el
desarrollo de cursos con buenas perspectivas de carrera, que los continuos
esfuerzos para mejorar la calidad de la información disponible a los alumnos
interesados, junto con los esfuerzos para mejorar la calidad y relevancia de
la instrucción.

Información para el diseño de políticas y evaluación

Las necesidades de información de los diseñadores de políticas difieren
considerablemente de aquéllas de los posibles estudiantes. Los diseñadores
de políticas necesitan información sobre los recursos del sistema y la
utilización de los recursos, así como su eficiencia, resultado e impacto. Un
sistema nacional de información para la educación superior debería permitir
juicios continuos sobre la efectividad de las instituciones, el cumplimiento
de sus responsabilidades, lo apropiado de sus privilegios y el valor que están
dando a su financiamiento.
Los datos sobre educación terciaria reunidos tradicionalmente por el
MINEDUC entregan una base razonable para el análisis de las tendencias
generales del sistema. Hay estadísticas descriptivas estándar que incluyen
cifras como número de matrículas y titulados. Datos sobre las transferencias
del gobierno a instituciones del CRUCH y de asignaciones y uso de fondos



en programas de apoyo estudiantil financiados por el gobierno, han sido
igualmente publicados con regularidad. Se estudian las cifras
macroeconómicas sobre el porcentaje del PIB que se gasta en educación
superior, junto con datos sobre equidad obtenidos de las encuestas CASEN
realizadas cada tres años. CONICYT publica datos sobre el destino de los
fondos competitivos otorgados para sus programas de investigación.
Además, Chile ha cooperado activamente con organizaciones
internacionales como OCDE, UNESCO, PNUD y el Banco Mundial para
realizar estudios de educación. La principal publicación de estadísticas de
educación de la OCDE, Education at a Glance, informa sobre varios
indicadores a nivel terciario para Chile.
Sin embargo, a medida que el sistema ha crecido, madurado y se ha
diversificado, la cantidad y calidad de la información disponible para los
diseñadores de políticas no se ha actualizado. Las estadísticas descriptivas a
menudo no alcanzan los niveles de precisión necesarios para hacer
distinciones más claras en el desempeño de las instituciones y del sistema.
El equipo revisor notó varios ejemplos de datos cuya disponibilidad y
precisión no era óptima:
• No había cifras disponibles de matrículas netas del grupo de
estudiantes con edad de postular a la educación terciaria; las
instituciones no separan sus informes de cifras de matrículas por
edad de los estudiantes. Esta es una omisión importante,
considerando que una proporción considerable de estudiantes
terciarios son adultos que ingresan o vuelven a la educación
superior, después de pasar algunos años como parte de la fuerza
laboral.
• No hay información disponible sobre la proporción de estudiantes a
tiempo completo, con respecto a los que lo hacen en forma parcial, o
los que estudian cursos diurnos en relación a los que toman cursos
vespertinos. Las cifras más detalladas sobre cursos diurnos en
relación a cursos vespertinos son de un informe del PNUD de 2006,
sobre la equidad, más bien que de estadísticas del MINEDUC.
• Los índices de deserción y permanencia, además del tiempo en que
se han completado los estudios para obtener el grado, se miden por
aproximación o estimación.
• No hay información disponible sobre la cantidad de créditos no
subvencionados otorgados por bancos privados a estudiantes
terciarios.
• No hay información confiable sobre estudiantes internacionales en
Chile y estudiantes chilenos en el extranjero.



• Hay escasa información sobre el personal académico y sus
características. Las instituciones no han sido obligadas a informar
sobre la edad del personal docente, los sueldos, condiciones de
empleo (a tiempo completo o por horas), ni sobre las actividades del
personal tales como el tiempo dedicado a investigación con respecto
al tiempo de enseñanza.
Las instituciones públicas sólo deben informar en detalle el uso de los
fondos públicos, no sobre el uso total de los fondos; también deben tener
auditorías de sus declaraciones financieras. La gran mayoría de las
instituciones – públicas o privadas – dicen que publican los resultados de sus
auditorías anualmente, pero no existe un formato estándar para la
clasificación, registro o información financiera.
Las cifras de matrículas entregadas por las instituciones difieren
consistentemente con las cifras obtenidas de las encuestas de hogares.
El último punto indica una seria deficiencia dentro del sistema de
información. Las instituciones se enfrentan a diferentes incentivos y
consecuencias por entregar información a diferentes fuentes; es ampliamente
sabido que en Chile se entregan cifras diferentes “según quién las pida y
para qué”. Se piensa que esto ocurre con mayor frecuencia con respecto a las
matrículas de instituciones con más de una sede. Las instituciones tienen
interés en mostrar una mayor proporción de matrículas en su casa central o
sede principal más que en sus otros recintos universitarios.
Igualmente, las universidades privadas informan sobre su personal
académico en términos de jornadas completas (JCE), en lugar de un cálculo
en base a personal individual. Las estadísticas se mantienen en base a JCE
por nivel de calificación académica, pero esto no permite una evaluación
precisa del verdadero porcentaje de académicos que se desempeñan por
horas frente al personal a jornada completa en alguna universidad o
programa.
Sin embargo, se producen otras inconsistencias debido a que no hay
procedimientos para presionar a las instituciones que no envían sus informes
y así obtener sus datos, lo que significa que las cifras que pueden aparecer
como cifras totales a nivel nacional, al revisarlas acuciosamente, se ve que
están incompletas. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con la base de datos
de INDICES, del CSE, que en lo demás entrega información correcta. El
análisis más reciente de las instituciones (2008), deja en claro que, aún
cuando se recibieron informes de todas las universidades menos una, 11 de
los 44 IPs y 16 de los 87 CFTs no los enviaron. Esta laguna no se menciona
regularmente en los otros análisis de ÍNDICES. El equipo revisor averiguó
vía MINEDUC que el CSE, no exige que le envíen las cifras ni intenta hacer
una estimación para incluir los datos que faltan si las instituciones no



informan voluntariamente. Esto sugiere que es más probable que en lo que
se refiere a participación en la educación terciaria, estén más correctos los
datos de las encuestas de hogares que las cifras informadas por las
instituciones en las que se basa el MINEDUC, y que es muy probable que
las matrículas en IPs y CFTs hayan sido mal informadas.
El gobierno tampoco tiene mucha información acerca del uso que hacen
las instituciones de los fondos que reciben. Las instituciones privadas deben
informar sus actividades a las autoridades tributarias chilenas. Los CFTs y
IPS con fines de lucro, se rigen por las mismas normas que cualquier otra
empresa privada, excepto que están libres de pagar impuestos sobre las
propiedades que usan para propósitos educativos. Las universidades
privadas, que por ley no pueden tener fines de lucro, también gozan de esta
ventaja y no pagan impuestos por las ganancias que obtienen de actividades
educativas (aranceles pagados por los alumnos). Deben informar sus
ingresos y actividades a las autoridades tributarias, pero tienen bastante
libertad en cuanto a las inversiones y gastos que se les permite. Es
ampliamente sabido que, en Chile, esta libertad permite a las universidades
privadas realizar actividades que son equivalentes a recibir ganancias, sin
dejar de cumplir con los requisitos legales de las instituciones sin fines de
lucro.
Debido a que en cierta medida Chile está permitiendo una educación
superior con fines de lucro de facto, con una estructura legal y regulatoria
para instituciones sin fines de lucro, se está perdiendo una oportunidad
importante de usar las políticas públicas para mejorar la calidad de la
educación terciaria. Muchos otros países de la OCDE, especialmente
aquéllos con un gran porcentaje de financiamiento de la educación superior
de parte del sector privado, tienen sistemas tributarios que dan un
tratamiento diferente al gasto dedicado a actividades básicas de educación
frente a otras “actividades de negocios”. El resultado neto produce
considerables ventajas tributarias y financieras para instituciones cuyo gasto
apoya su misión educativa.
El sistema de acreditación ha progresado en la detención de los abusos
de ganancias de facto en instituciones privadas sin fines de lucro. Las
instituciones, en su mayoría, no pueden existir sin tener acceso a crédito
universitario garantizados por el gobierno; para esto, las instituciones deben
estar acreditadas y, por lo tanto, sus finanzas deben ser revisadas. En los
casos en que hay graves divergencias entre la misión educativa y las
prioridades financieras, las instituciones corren el riesgo de no ser
acreditadas. Sin embargo, el sistema de acreditación no es la manera más
eficiente de obligar a las instituciones a cumplir con el espíritu de la ley, que
busca asegurar que los recursos de la educación terciaria sean reinvertidos
para mejorar la calidad de la educación. Se necesita una legislación más



adecuada para evitar que las instituciones sin fines de lucro obtengan
ganancias de facto, o para permitir que tengan ganancias pero bajo
regímenes tributarios apropiados. Junto a una aplicación cuidadosa, estas
medidas podrían eliminar la habilidad de las instituciones para dedicarse a
desarrollar actividades no declaradas, con las que producen ganancias a
expensas de su misión educativa.
Este punto es especialmente importante porque, en la última década, una
demanda creciente de educación terciaria y la disposición de los estudiantes
para pagar cursos específicos, ha sido constantemente mayor que el costo de
matricular a estudiantes marginales y otorgar una cantidad mayor de grados.
Como consecuencia, una gran preocupación de las políticas públicas de la
educación superior en Chile, giran en torno a cómo manejar las tensiones
que resultan con respecto a la calidad. Las políticas sobre la educación
terciaria buscan obligar a los proveedores a ofrecer un producto de calidad
que satisfaga a los individuales y, al mismo tiempo, al legítimo interés del
Estado de crear una fuerza laboral calificada. Dentro de este escenario
dinámico de la educación terciaria, hay espacio para prestar más atención a
la manera en que las políticas tributarias pueden levantar una mayor
inversión enfocada en actividades que lleven directamente a mejorar la
calidad de la educación y cómo se puede evitar que las instituciones que
están exentas del pago de impuestos, obtengan ganancias de facto.
Finalmente, el equipo revisor detectó una tendencia perjudicial entre las
instituciones de educación terciaria hacia una cultura de “uso selectivo” de
la información que desincentiva la entrega de información precisa. La
competencia por atraer estudiantes crea incentivos para que cualquier
institución publicite datos que pueden ser débiles desde un punto de vista
metodológico, pero que sin embargo, describen a la institución con la mejor
luz posible. Si una institución entrega tal información, otras estarán en
desventaja al publicar datos más precisos, obtenidos con metodología más
rigurosa, en la que no aparecen tan eficientes. Ante la ausencia de un
acuerdo acerca de las metodologías para la recolección de datos, la
“inflación de indicadores” y uso selectivo de las estadísticas se ha hecho
muy común, desafortunadamente. En efecto, el equipo revisor supo que
algunas instituciones mantienen un conjunto de indicadores precisos – sólo
para uso interno – en base a los cuales juzgan el desempeño de la
institución. Estas mismas instituciones mantienen un segundo conjunto de
indicadores de acuerdo con metodologías de estándares menos estrictos de
uso general, y éstos están disponibles al público.



El Sistema de Información sobre Educación Superior (SIES)

Se están tomando medidas para solucionar los vacíos de información
que han sido identificados anteriormente. La más importante es la creación
de un Sistema de Información para la Educación Superior dirigido por la
División de Educación Superior dentro del MINEDUC.
La Ley 20.129 del año 2006, que crea el Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, trata la necesidad de
información completa y de buena calidad. Los artículos 49-52 de la ley dan
instrucciones al Ministerio para crear y mantener un Sistema Nacional de
Información sobre la Educación Superior, para que las instituciones
recopilen y proporcionen los contenidos necesarios y entrega al Ministerio la
autoridad para sancionar el incumplimiento de estos mandatos.
El Sistema de Información sobre la educación superior se ha propuesto
eliminar los vacíos de información de parte de las universidades, obligando
a las instituciones a informar usando una metodología simple y definiciones
estándar. El Sistema de Información sobre Educación Superior desea
producir datos comparables para los siguientes indicadores, separados por
programas de estudio, áreas de conocimiento e instituciones:
• Admisión y matrícula de estudiantes
• Tasas de deserción y permanencia de estudiantes de primer año y de
todos los alumnos matriculados.
• Titulados.
El Sistema de Información sobre Educación Superior también busca
recoger datos completos y comparables sobre el personal académico, y los
aspectos financieros y organizacionales de las instituciones. Hasta la fecha,
el Sistema de Información sobre Educación Superior ha desarrollado y
distribuido formularios estandarizados para la entrega de datos en todas las
áreas identificadas arriba, excepto para aspectos financieros y
organizacionales de las instituciones.
Una metodología estandarizada permitiría también un análisis
comparativo de las características de los estudiantes tales como género,
edad, puntajes de PSU, antecedentes socioeconómicos, rendimiento
educacional anterior, e ingresos de la familia.
Tal vez el rasgo más importante del Sistema de Información sobre
Educación Superior es el plan para que los datos sean validados por el
MINEDUC. Se está diseñando el Sistema de Información sobre Educación
Superior de manera que permita una comparación cruzada de los datos, con



otras fuentes confiables de información del gobierno, manteniendo una
apropiada privacidad y confidencialidad.
El progreso que ha habido hasta ahora en el Sistema de Información
sobre Educación Superior representa un paso importante hacia la
eliminación de aspectos no confiables en la información de áreas clave del
sistema de educación superior chileno. El MINEDUC debería continuar sus
esfuerzos para asegurar que las instituciones cumplan con este sistema.
También debería promover la difusión y análisis de manera que los
diseñadores de políticas puedan rápidamente aprovechar los datos mejorados
y comparables.
Con respecto a la investigación y la formación de la capacidad de CTI,
en algunas áreas claves es difícil obtener datos o no están actualizados. Las
últimas estadísticas oficiales de CONICYT y RICYT sobre investigación y
desarrollo son en su mayoría de 2004. Una cantidad considerable de
información relacionada con investigación está enfocada en los aportes y
está dispersa entre fuentes diferentes. En los últimos años, se ha intentado
crear un Sistema de Información sobre Educación Superior CTI con sede en
CONICYT, una iniciativa que recibió apoyo del Banco Mundial con un
proyecto de financiamiento a la ciencia y la innovación. El Sistema de
Información sobre Educación Superior, conocido como KAWAX, aún no ha
alcanzado su potencial. La Comisión Nacional de Innovación para la
Competitividad ha logrado compilar una cantidad impresionante de datos de
una variedad de fuentes, pero no parecen ser recogidos en forma regular,
estar actualizados, ni fácilmente disponibles al público.

Resultados

Existen numerosas fuentes de información para satisfacer las
necesidades de los posibles estudiantes de educación superior. Aún cuando
ninguna fuente es amplia y completa, juntas permiten un acceso razonable a
los datos necesarios para tomar decisiones informadas.
Las debilidades del sistema de información se deben en gran parte a la
falta de sistemas de clasificación, registro y comunicación estandarizados y
a que no se verifica la información entregada por las instituciones ni se
controla si está completa. También surgen al no abordar los incentivos
contradictorios que enfrentan las instituciones cuando informan sus datos.
Como resultado, Chile no tiene la información precisa y de alta calidad
necesaria para una evaluación acuciosa del desempeño del sistema de
educación terciaria en áreas prioritarias.
Llenar estos vacíos de información es de vital importancia para el buen
funcionamiento de todo el sistema. El informe del Consejo Asesor



Presidencial para la Educación Superior aprueba el mayor uso de criterios de
desempeño para la asignación de recursos públicos y el equipo revisor está
de acuerdo con esta recomendación. Aumentar el uso de financiamiento
basado en el desempeño intensifica la necesidad de información confiable y
comparable a través de todo el sistema. Como Chile está pronto a
convertirse en miembro pleno de la OCDE, debería redoblar sus esfuerzos
para producir, diseminar y usar información completa, confiable y
comparable para el diseño de políticas y la protección de los intereses de los
estudiantes.

Recomendaciones

• El MINEDUC debería continuar aumentando sus esfuerzos para
recoger, verificar y difundir información confiable y comparable a
través del Sistema de Información sobre Educación Superior.
• Se debería poner especial atención en obtener una sólida
información financiera y otros datos sobre el uso de los recursos
institucionales – no sólo de los fondos públicos. El gobierno debería
usar políticas tributarias para promover la inversión de los recursos
institucionales en actividades que mejoren la calidad de la educación
y eliminen el impulso no declarado de obtener ganancias, que está
en conflicto con la misión educativa de las instituciones.
• Los esfuerzos de las autoridades de educación terciaria por
estandarizar los requisitos de clasificación, registro e informe de los
datos y por hacer cumplir altos estándares de información, pueden
ser más beneficiosos que obligar a las instituciones a hacer
demostraciones ex-ante detalladas de las demandas del mercado
laboral para los graduados de sus programas de estudio.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES – 305

Capítulo 10. Conclusiones y Recomendaciones

Este capítulo comienza con un breve resumen de las conclusiones y
recomendaciones del Comité Asesor Presidencial para la Educación
Superior, destacando que el informe del Consejo y el del equipo revisor
están, en gran medida, de acuerdo. Luego, el capítulo describe las
conclusiones y recomendaciones propias del equipo revisor sobre cada
aspecto de la educación superior.

Introducción

Este capítulo resumirá las conclusiones y recomendaciones del equipo
revisor. Antes de hacerlo, hará un breve resumen de las conclusiones del
Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, que publicó su
informe en enero de 2008. En enero de 2008, el equipo revisor se reunió con
los miembros del Consejo para informarse acerca de su trabajo, pero el
Equipo y el Consejo prepararon sus recomendaciones en forma separada.
Sin embargo, hay un alto grado de consenso entre el análisis y las
recomendaciones de los dos grupos. El equipo revisor cree que este informe
podría ser complementario al informe del Consejo: desarrollar el análisis,
destacar muchas de las mismas preocupaciones, y presentar estrategias
prácticas para implementar soluciones a los problemas.

Conclusiones y recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial para
la Educación Superior

La descripción que se da aquí de las conclusiones del Consejo se
concentrará en aquéllas que el Consejo incluyó en su informe general,
aunque también se han publicado informes interesantes sobre las discusiones
de los cuatro subcomités del Consejo.


306 – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El sistema y su gobernabilidad
El informe del Consejo dice que la gobernabilidad del sistema debe
distinguir cuatro funciones:
• La definición y financiamiento de las políticas públicas, deben ser
responsabilidad de la actual División de Educación Superior,
posiblemente transformada en una Subsecretaría o un Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología separado, que pudiera
reemplazarlo.
• El aseguramiento de la calidad, compartido por la Comisión de
Acreditación y el Consejo Superior de Educación (licenciamiento).
• Protección de los derechos de los estudiantes como usuarios de
educación – el Consejo unánimemente recomendó el
establecimiento de una agencia independiente para proteger los
derechos de los estudiantes.
• Representación de los intereses de las instituciones que componen el
sistema – se necesita una entidad en la que estén representados y
puedan expresarse los intereses de todas las instituciones de

Instituciones de educación superior
El Consejo reconoce la naturaleza positiva de la diversidad institucional
que caracteriza el sistema chileno. Concluye, sin embargo, que aún hay
buenas razones para dar financiamiento especial a las universidades
públicas, tales como: la necesidad de tener instituciones que no estén
vinculadas a ninguna ideología y mantengan un enfoque intelectual
pluralista, la necesidad de reducir las desigualdades regionales a través de
las instituciones públicas regionales, y la necesidad de apoyar disciplinas en
las que los retornos privados sean muy bajos y los retornos sociales muy
altos (las humanidades, por ejemplo). El Consejo recomienda que el Estado
defina las condiciones del apoyo financiero especial a estas instituciones.
El Consejo:
• Hace notar la necesidad de distinguir claramente entre universidades
e instituciones técnicas con y sin fines de lucro – aunque hubo
desacuerdo entre los miembros del Consejo sobre si permitir o no
que las universidades con fines de lucro funcionaran legalmente.
• Recomienda unánimemente la remoción de las restricciones
regulatorias y administrativas que impiden que las universidades



públicas compitan en forma flexible con las otras instituciones de
• Está dispuesto a permitir que todas las instituciones sin fines de
lucro tengan derecho a financiamiento público a través de convenios
de desempeño y fondos competitivos, pero cree que las
universidades privadas que se benefician con financiamiento público
deben rendir cuentas más precisas sobre el uso de esos fondos.
• Recomienda una mayor relación entre el sector no universitario (IPs
y CFTs) y el universitario; y
• Recomienda que el estado establezca y financie IPs y CFTs
públicos.

Acceso, equidad y ayuda estudiantil
El Consejo hace una recomendación general acerca de la necesidad de
volver a evaluar la PSU y considerar otras alternativas, pero no da
recomendaciones precisas.
El Consejo está a favor de un programa de crédito universitario
unificados para todos los estudiantes terciarios, recomendando que los
criterios gobernabilidad para elegirlos y las cantidades para becas y
préstamos sean los mismos para todos los estudiantes, sin importar la
institución a la que asisten y si es pública o privada. Sin embargo, no todos
los miembros del Consejo estuvieron de acuerdo en los detalles. Algunos
querían continuar con criterios de elegibilidad que combinan la necesidad y
el mérito; otros pensaban que el derecho a ayuda debería estar basado sólo
en la necesidad financiera. La mayoría estuvo de acuerdo en llevar todos los
créditos universitarios al programa de préstamos subsidiado por el estado
(FSCU), con más dinero para becas de mantención para estudiantes de los
tres quintiles de más bajos ingresos, y tener aranceles de referencia más
cercanos a los valores reales. Un grupo minoritario de miembros propuso
abolir los aranceles para los estudiantes de los tres quintiles más bajos
durante los dos primeros años de estudio en universidades y del primer año
en instituciones técnicas, y financiar sus estudios a través de un programa de
préstamos unificados de ahí en adelante.

Financiamiento
El consejo define los siguientes principios básicos:



• Es aconsejable continuar combinando dos formas de financiamiento
complementarias, el financiamiento directo de las instituciones y el
financiamiento basado en la demanda;
• No debería haber discriminación entre universidades públicas y
privadas;
• Todas las instituciones que reciben fondos públicos deben cumplir
con criterios estrictos de elegibilidad.
• En lo que se refiere al financiamiento directo a las instituciones,
algunos miembros del Consejo propusieron modificar el AFD
vinculándolo más estrechamente al desempeño, otros propusieron
hacerlo disponible a todas las instituciones que cumplan los criterios
de elegibilidad; pero no hubo consenso ni definición precisa de los
cambios propuestos.
En cuanto al financiamiento indirecto, algunos miembros sugirieron
vincularlo o limitar el AFI a los quintiles de bajos ingresos, otros querían
mantenerlo como está.
El Consejo también recomienda que:
• Todas las instituciones acreditadas deberían tener derecho a fondos
competitivos;
• Se necesita verificar que todas las donaciones, especialmente las que
se hacen a instituciones privadas, sean usadas para propósitos
genuinamente de mejoramiento educativo, y debería haber alguna
forma de programa de incentivos para ayudar a las instituciones que
no han logrado atraer donaciones.

Aseguramiento de la calidad y rendición de cuentas
El Consejo recomienda:
• Normas y controles estrictos para otorgar licencias y un sistema de
acreditación más objetivo y transparente con mejor protección
contra conflictos de interés de parte de los pares evaluadores;
• Disponer recursos para ayudar a instituciones que no han logrado
acreditarse;
• Adaptar mejor los criterios de acreditación a las instituciones que no
son universidades;
• Mejorar la rendición de cuentas de las instituciones; y



• Establecer un sistema de información más dinámico y confiable.

Ciencia, tecnología e investigación
El Consejo hace un llamado al gobierno y al sector productivo para que
contribuyan más a la educación terciaria. Las recomendaciones específicas
son aumentar los fondos para estudiantes de doctorado tanto en instituciones
públicas como en las privadas acreditadas, y crear un mecanismo de
financiamiento directo para las instituciones que los reciben. El Consejo
advierte acerca de la excesiva concentración de fondos en los grupos
identificados por el Consejo de Innovación, e invita al gobierno a apoyar la
investigación básica en ciencia y matemáticas. El Consejo también
recomienda incentivos para estimular lazos entre las universidades y las
industrias, y más financiamiento para la investigación en general.

Conclusiones y recomendaciones del equipo revisor

El informe del equipo revisor comienza con una visión general del
sistema chileno en el Capítulo 1. El Capítulo 2 resume lo que Chile ya ha
logrado en relación a la educación superior y los problemas que aún hay que
resolver. Estos problemas se discuten en mayor detalle en los Capítulos 3 a
9, que contienen las conclusiones y recomendaciones del equipo revisor
sobre diversos aspectos de la educación superior, como se describe más
adelante.

Capítulo 3: Acceso y Equidad – procesos de admisión y retención
El equipo revisor reconoce los objetivos declarados por el gobierno
chileno de corregir las desigualdades en los procesos de admisión y
garantizar a todos los jóvenes con talento el derecho a acceder a la
educación superior; pero también que estos proyectos loables pero
ambiciosos todavía tienen que llevarse a cabo completamente.
Una cantidad menor de estudiantes de grupos de ingresos más bajos está
accediendo a la educación terciaria de lo que se podría predecir por su tasa
de graduación de educación secundaria. Las brechas de equidad parecen
ensancharse durante el proceso de admisión a la educación superior, que
depende en gran parte del desempeño en la PSU. Los estudiantes de grupos
de bajos ingresos, de colegios municipales o de sexo femenino, tienen
menos probabilidad de obtener un lugar en una universidad del CRUCH de
su elección en el proceso de admisión, que los alumnos de grupos de
ingresos más altos, de colegios privados (especialmente los privados no
subvencionados) o de sexo masculino. Y si son aceptados, tienen menos



probabilidad de poder acceder a algún tipo de apoyo financiero. Hay alguna
evidencia - pero menos clara - de que las oportunidades son diferentes en las
distintas regiones.
Los estudiantes de grupos de bajos ingresos también están poco
representados en las universidades privadas, IPs y CFTs - siendo más
evidente en las universidades privadas y menos en los CFTs. Esto no tiene
tanto que ver con los sistemas de admisión como con la ayuda disponible a
los alumnos de estas instituciones. Y, a través de la limitada información
disponible, parece que los estudiantes de grupos de ingresos más bajos y de
las escuelas municipales tienen mayor probabilidad de abandonar la
universidad. Los que se gradúan, tienden a demorarse más para completar
los cursos.
La mayoría de estas brechas de equidad tiene sus raíces en la diferente
preparación que dan las escuelas secundarias. Hay en proceso importantes
iniciativas nacionales para mejorar la educación secundaria para los
estudiantes más pobres y aquéllos que asisten a escuelas municipales. Sin
embargo, no se puede confiar en que estas iniciativas resuelvan todos los
temas de equidad en el futuro cercano. Pareciera que se necesita una mayor
acción para reducir las desventajas competitivas que enfrentan algunos
grupos en el proceso de admisión actual y mejorar la probabilidad de
graduación.
El equipo revisor hace las siguientes recomendaciones:
• Las iniciativas para mejorar la educación secundaria de los alumnos
más pobres y de los que asisten a escuelas municipales, que ya se
están implementando, deben seguir adelante con firmeza.
• Se propone un análisis y revisión de la PSU, para tratar los
problemas de equidad que afectan a los jóvenes chilenos cuyas
familias y circunstancias escolares los ponen en desventaja para
competir por lugares en la educación superior y mejorar la
identificación de aquéllos que son más capaces de beneficiarse con
la educación superior. Se sugieren dos opciones de la experiencia
internacional. La primera es cambiar hacia una prueba o examen
nacional de finalización de la educación secundaria que también
establezca un estándar mínimo para el ingreso a la universidad. La
segunda opción es reformar la PSU incluyendo ensayos y pruebas
de capacidad de razonamiento y potencial de aprendizaje.
• Se proponen algunos cambios para las etapas del sistema de
admisión a la universidad posteriores a la PSU. Sería útil para los
estudiantes y para asegurar la transparencia, que las universidades
privadas se unieran con las universidades del CRUCH en un sistema



común de asignación de vacantes, incluyendo una unidad central
para procesar las postulaciones.
• Para permitir que el sistema de asignación común sirva a más
universidades con una gama más amplia de orientaciones y mejorar
las posibilidades que tienen los alumnos menos aventajados de
obtener vacantes en las instituciones de su elección, se propone
cambiar de la práctica actual del CRUCH de asignar lugares según
el puntaje total basado en la PSU, a un sistema de admisión más
multidimensional en el cual se estimule a las universidades para que
adopten criterios apropiados a sus diversas orientaciones y (si lo
deciden así) dar prioridad a los postulantes de grupos menos
ventajosos o poco representados. Se sugieren tomar medidas de
protección contra la adopción de criterios no objetivos o prácticas de
admisión cuestionables.
• Se sugiere que el MINEDUC estudie opciones para dar a los jóvenes
de escuelas menos aventajadas, que aspiran a ingresar a la
universidad, mayor ayuda en la preparación para la prueba nacional
de ingreso o test de finalización de la educación secundaria.
• El MINEDUC también podría considerar el financiamiento de
cursos de “acceso” sin costo de matrícula o de bajo arancel, que
permitan a los jóvenes de grupos poco representados con potencial
universitario, pero que terminaron la escuela sin dar la prueba
nacional de ingreso universitario, para mejorar sus calificaciones de
acceso a la universidad. Una prueba de habilidad verbal y no verbal,
también conocida como prueba de aptitud, evaluaría el potencial
para los estudios universitarios.
• Se propone que se tomen más medidas para ayudar a la retención de
jóvenes que están mal preparados, de grupos de bajos ingresos y
escuelas municipales, ofreciéndoles cursos de “refuerzo de
conocimientos”, posteriores a la admisión y antes de que los
estudiantes comiencen el currículo universitario formal., para
mejorar sus posibilidades de completar los estudios. Hay también
una responsabilidad de parte de las universidades chilenas de
adaptar las exigencias iniciales de los cursos, currículos y enseñanza
para el conjunto de estudiantes más diverso de hoy. Se sugiere que
el MINEDUC acuerde con las instituciones nuevos objetivos
relacionados con la tasa de completación o supervivencia y
establezca un sistema para recoger las estadísticas correspondientes.



Capítulo 3: Acceso y Equidad – ayuda estudiantil
El equipo revisor dice que el costo de la educación superior en Chile es
muy alto, comparado con estándares internacionales. El gobierno de Chile
ha establecido un sistema de ayuda financiera para estudiantes de bajos
ingresos, incluyendo becas de arancel, becas de mantención y crédito
universitario. Los fondos para becas han aumentado considerablemente en
los últimos años. Aún así, sólo un 13.8% de todos los alumnos inscritos en
una institución de educación terciaria recibe una beca de algún tipo,
comparado con el 51% en los Estados Unidos. Además, las cantidades
entregadas no son suficientes para pagar los aranceles completos. Sólo el
30% de todos los estudiantes terciarios en universidades que no son del
CRUCH, de los dos primeros quintiles, y sólo 40% de los estudiantes de IP
de estos quintiles, tienen un préstamo CAE. La probabilidad de obtener una
beca o préstamo de apoyo es notablemente más baja para los estudiantes de
CFTs, aunque los CFTs capacitan un gran número de los estudiantes más
pobres.
El equipo revisor considera que el nuevo programa de préstamos a los
estudiantes (CAE), muestra varias características positivas, incluyendo su
capacidad de usar capitales privados; el hecho de que la responsabilidad de
la garantía financiera contra el no pago sea de las universidades mismas; y
su vínculo con el proceso de acreditación. Es el instrumento financiero con
mayor impacto positivo desde el punto de vista de la redistribución de
recursos públicos a estudiantes de bajos recursos.
La implementación de un sistema de aranceles de referencia ha
demostrado ser problemático, debido a la complejidad de la metodología.
Las recomendaciones del equipo revisor son las siguientes:
• Tanto por razones de equidad como de eficiencia, se propone que el
MINEDUC fusione los programas actuales de becas en uno solo,
con un pequeño número de “ventanas”, y también unir los dos
programas de crédito universitario que existen en este momento.
• Sería preferible fusionar los dos programas de préstamos en el CAE
más bien que en el modelo FSCU, porque el CAE es más promisorio
puesto que es más sostenible financieramente. El CAE podría ser
aún más eficiente y equitativo introduciendo un elemento de pago
relacionado con el ingreso o, por lo menos, siguiendo un programa
de devolución graduado que reflejara mejor la curva de ingresos de
los titulados. Se debería hacer serios esfuerzos para cubrir una
proporción mayor de alumnos necesitados.



• Si en el mediano plazo, el CAE no tuviera éxito en el pago de los
préstamos y la participación financiera de los bancos comerciales, el
Gobierno de Chile podría considerar un sistema de préstamos
contingente al ingreso, parecido a los sistemas que tienen países
como Australia, Nueva Zelanda o el Reino Unido.
• Dado que el costo privado de la educación es tan alto en Chile, el
gobierno debería ampliar aún más las oportunidades de becas y
préstamos, y asegurarse de que todas las condiciones de los
programas sean equitativas y apropiadas, teniendo en cuenta la
diversidad de los estudiantes y los diversos objetivos de la
educación superior. El propósito debe ser asegurarse de que ningún
estudiante calificado se vea privado de ingresar a la educación
superior y completar sus estudios, en la universidad o sector no
universitario, por razones financieras.
• El MINEDUC debería estudiar cuidadosamente las ventajas y
desventajas de mantener el sistema de aranceles de referencia en su
compleja forma actual. Una manera más simple de establecer los
aranceles de referencia sería comparar las cinco universidades mejor
clasificadas con respecto a su proceso de acreditación. Algunas
medidas complementarias para proteger a los estudiantes contra
aranceles excesivos podrían ser: i) pedir a las instituciones de
educación superior cuyos aranceles aumenten más rápidamente que
el promedio nacional, que justifiquen las razones por las cuales sus
costos están creciendo en forma desproporcionada; o ii) publicar una
lista de instituciones cuyos precios sobrepasan el promedio nacional.

Capítulo 4: Relevancia – vínculos con el mercado laboral
El equipo revisor se da cuenta de que en Chile hay una preocupación
seria sobre la relación de gran parte de los resultados de la educación
terciaria, con las necesidades del mercado laboral, especialmente en el sector
universitario. Hay una falta de sistemas de información de fácil acceso para
el usuario, que ayuden a los posibles alumnos y a sus familias a elegir su
carrera e institución. Los vínculos entre las instituciones de educación
superior y el mundo del trabajo son débiles.
El equipo revisor recomienda que:
• Chile debería construir sobre las fortalezas que tiene futurolaboral,
por medio de: (a) la entrega de una interpretación más completa de
los datos del mercado laboral que contiene el sitio web, dirigido a
los estudiantes, a sus familias y a los consejeros vocacionales
especializados; (b) la actualización de la información en forma



regular; (c) la entrega de un análisis con miras más avanzadas para
ayudar a las instituciones a evitar la réplica de cursos que están
disponibles en otros lugares o a desarrollar cursos nuevos para los
cuales no hay demanda del mercado laboral; (d) el desarrollo de
vínculos con otras fuentes que se encuentran en internet así como el
Consejo Superior de Educación.
• El país debería establecer un sistema de información unificada sobre
la calidad de los programas académicos, la tasa de deserción de los
estudiantes y sus causas. Con el tiempo, esta base de información
debería extenderse para incluir Encuestas Sistemáticas de
Seguimiento de Graduados, y estudios sobre la satisfacción de los
empleadores con respecto a los titulados.
• Debería haber lazos más estrechos entre las necesidades de los
empleadores y los programas académicos de las instituciones de
educación terciaria, que incluyeran la participación y el compromiso
de ambas partes. Los empleadores deberían involucrarse en mayor
medida en: a) la dirección de las instituciones; b) la identificación de
cursos nuevos relevantes y en el desarrollo y renovación de los
currículos; c) las prácticas, como parte de los requisitos de los
cursos (donde sea apropiado).

Capítulo 4: Relevancia – articulación del sistema y vías para
hacerlo
El equipo revisor estima que hay barreras innecesarias que impiden que
los estudiantes chilenos pasen desde la educación secundaria (especialmente
la secundaria vocacional) a la educación superior; y muy pocas vías que
hacen posible que los alumnos avancen dentro del sistema terciario. Es
difícil trasladarse desde una formación técnica a nivel terciario más bajo a
un estudio universitario en la misma disciplina sin tener que comenzar todo
nuevamente desde un principio.
• Las barreras institucionales y legales para avanzar y las vías a través
del sistema de educación terciaria, podrían ser eliminadas y crear
nuevos caminos. Se debería desarrollar un Marco de Calificaciones
Nacionales, que abarcara todas las calificaciones, académicas y
vocacionales, desde la educación secundaria hasta el doctorado.
Parece razonable crearlo a partir de las bases dispuestas por el
marco de calificaciones adoptado por Chilecalifica. Se podría
diseñar este marco para facilitar el acceso a instituciones terciarias a
estudiantes de todos los ambientes, incluyendo la educación



secundaria y estudios técnico profesional, trabajo terciarios previos,
y también facilitar la transferencia entre instituciones así como la
progresión desde un grado de más bajo nivel a otro más alto dentro
del sistema terciario, por medio de procedimientos para acumular y
transferir créditos de los cursos realizados. Para apoyar esto, los
créditos de todas las instituciones de educación terciaria deberían ser
compatibles. El marco también podría hacer posible el
reconocimiento de calificaciones equivalentes nacionales e
internacionales, y la acreditación de estudios previos. Las
calificaciones podrían estar basadas en resultados y competencias
logradas, no en tiempo/horas de estudio. Con todas estas medidas,
un Marco de Calificaciones Nacionales debería ayudar y estimular
un proceso de aprendizaje que dure toda la vida.
• Se debería establecer un Centro Nacional de Información y
Reconocimiento (Nacional Recognition Information Centre,
NARIC) para acordar y certificar las equivalencias entre
calificaciones chilenas y extranjeras, abriendo así oportunidades a
los chilenos para que su educación y sus competencias sean
reconocidas en el extranjero cuando postulen a trabajos o a estudios
de pre o postgrado.

Capítulo 4: Relevancia – cursos y currículos
El equipo revisor considera que los programas académicos deben estar
más de acuerdo con las necesidades actuales y futuras de un mundo
competitivo y globalizado del cual Chile quiere formar parte importante.
Los programas universitarios a menudo no responden a los requisitos del
mundo del trabajo y los currículos son generalmente inflexibles y demasiado
especializados. Según estándares internacionales, los cursos son
extremadamente largos y la carga de trabajo de estudiantes y docentes, muy
pesada, factores que conducen a un alto índice de deserción y bajas tasas de
permanencia.
El equipo revisor recomienda que
• Se debe hacer una revisión completa del currículo enseñado en
instituciones de educación terciaria, con el fin de: i) identificar áreas
donde el currículo es innecesariamente inflexible y demasiado
especializado y desarrollar un plan de acción para enfrentar estos
problemas sin sacrificar la calidad general de los programas;
ii) introducir elementos curriculares adicionales tales como trabajo
de equipo, destrezas comunicacionales, conciencia intercultural,



espíritu empresarial y aprendizaje de un segundo idioma a un alto
nivel de competencia.
• Se debería revisar la carga académica de los programas de
educación terciaria en las instituciones de educación superior
chilenas, teniendo en cuenta tanto las necesidades nacionales como
los estándares internacionales, para desarrollar programas
académicos menos recargados y más eficientes así como también
establecer una mayor articulación con los niveles anteriores de
educación para reducir la brecha de conocimiento relevante
necesario para el ingreso a la educación terciaria.
• Hacer un mejor uso de la variada gama de oportunidades existentes
en todo el sistema de educación superior, aseguramiento de la
calidad y mecanismos de financiamiento, podría legitimar las
diferentes misiones de las instituciones, incluyendo aquéllas con un
claro enfoque vocacional, y entregar incentivos para aumentar los
lazos con el área de negocios y con la industria.

Capítulo 4: Relevancia – internacionalización
La internacionalización de la educación superior en Chile ha sido
identificada como una prioridad importante por el gobierno chileno. Sin
embargo, el equipo revisor considera que no hay un plan nacional claro para
lograr esto, y que el progreso, hasta la fecha, ha sido irregular.
• Debería haber un mayor grado de compromiso nacional para
incorporar el desarrollo y competencia en un segundo idioma en los
programas de pregrado. Esto requerirá un alineamiento de los
objetivos de un segundo idioma en la educación terciaria, con los de
las escuelas secundarias, y un compromiso coordinado con la
formación de profesores de idiomas en todos los niveles.
• Debería incrementarse la participación de estudiantes terciarios y
personal académico en intercambios internacionales, y disponer de
apoyo financiero para estudiantes destacados que no pudieran de
otra manera participar en estos intercambios.
• Se debería establecer un sistema de información consistente y
comparable a nivel internacional para reunir información confiable
sobre los estudiantes y docentes que participan en programas
académicos extranjeros y sobre estudiantes y personal académico
extranjero que realizan trabajo académico en Chile.



• Se debería desarrollar una estrategia e implementar un plan para
convertir a Chile en uno de los lugares escogidos para la educación
internacional.

Capítulo 5: Visión, Gobernabilidad y Gestión
El equipo revisor reconoce la historia que ha moldeado la
administración de la educación superior en Chile, pero sugiere algunos
ajustes para cumplir las necesidades actuales. Se considera que algunos
rasgos del sistema han sobrepasado su vida útil como los siguientes: el
concepto de la Licenciatura y el derecho exclusivo de las universidades para
otorgar estos grados profesionales; la división entre universidades que son
miembros del CRUCH y las que no lo son; el requisito impuesto a las
universidades estatales de funcionar como parte de la administración
pública; y las restricciones que les impiden tener la calidad de instituciones
con fines de lucro.
• Chile debería cambiar hacia un sistema de educación superior más
flexible y mejor articulado entre los tres tipos de instituciones
existentes. Debería eliminarse el vínculo entre grados profesionales
y académicos (como por ejemplo, el requisito legal de tener una
licenciatura antes de obtener algunos grados profesionales); Chile
debería dejar de tener una lista cerrada de 18 grados profesionales
universitarios definidos legalmente, que tienen como requisito una
licenciatura y que sólo pueden ser otorgados por universidades. Las
universidades y los IPs deberían tener la libertad de ofrecer los
grados que fueran capaces de ofrecer, dentro de un marco amplio de
tres ciclos similar al del proceso de Bolonia.
• Debería haber una clara separación entre grados en educación y
títulos profesionales, y desarrollar sistemas de certificación en
campos relacionados con la salud, tecnología y leyes.
• La actual división entre el CRUCH y otras universidades es
anacrónico y debería ser abolida. El apoyo público a las
instituciones de educación superior debería ser asignado en base a
las funciones sociales que desempeñan, con reglas claras para
seleccionar a quiénes pueden ser elegidos para recibirlo: no debería
depender de si pertenecen o no al Consejo de Rectores, sino más
bien si realizan funciones sociales que merezcan tener apoyo con
fondos públicos. En Chile, todas las universidades y demás
instituciones de educación superior deberían estar efectivamente



representadas y participar en discusiones con el gobierno y con
organismos de cooperación internacional.
• Si el Consejo de Rectores va a continuar representando los intereses
de todas las universidades o instituciones de educación terciaria de
Chile en sus relaciones con el gobierno y la cooperación
internacional, las posibilidades de ser miembro deberían estar
abiertas a todas ellas.
• El gobierno central debería encargar ejercicios periódicos de
planificación estratégica, con la estrecha participación de las
instituciones terciarias, para evaluar si las instituciones están
produciendo, en forma colectiva, las competencias técnicas y
profesionales que el país necesita; dar la atención adecuada al
acceso y equidad; realizar suficiente investigación de alta calidad,
relevante a las necesidades de la sociedad y la economía; y dar un
valor agregado a los recursos públicos dedicados a la educación
terciaria.
• Para permitir a las instituciones de educación superior combinar de
la mejor manera posible el doble requisito de autonomía
institucional y responsabilidad pública, conservando siempre su
diversidad, debería haber cambios en la legislación y en las políticas
públicas que logren los siguientes objetivos:
− La naturaleza pública de las universidades autónomas,
pertenecientes al Estado, debería basarse en la naturaleza de la
orientación o del espíritu público de su trabajo y sus objetivos
estratégicos, no en su adhesión formal a las normas peculiares
de contabilidad y administración de personal de la
administración pública.

− Se debería estimular a las universidades públicas para que
introdujeran prácticas modernas de gestión en sus planes y
operaciones estratégicas. También se les debería permitir
contratar rectores y otros académicos de fuera de las filas de
académicos de la universidad.

− El proceso de toma de decisiones corporativas en las
universidades debería ser perfeccionado: se debería dejar de
asumir que el personal académico representado en cuerpos
colectivos participa directamente en la toma de decisiones. El
gobierno institucional y la responsabilidad pública deberían ser
reforzados dando espacio en los directorios a otros miembros



que representen a la sociedad civil o a los empresarios. Al
mismo tiempo, se debería estimular la rendición de cuentas.

− La ley que impide que las universidades funcionen en base a la
obtención de ganancias debería ser reemplazada por una nueva
legislación que permita la existencia de instituciones con fines
de lucro, junto a las otras que no tienen fines de lucro o que
pertenecen al Estado, sujetas a claras reglas de rendición de
cuentas.

− Todas las instituciones que reciban alguna forma de apoyo o
fondos públicos, ya sean públicas o privadas, deberían estar
sujetas a las mismas normas de rendición de cuentas y
transparencia en cuanto al uso de estos recursos.

Capítulo 6: Calidad – acreditación
El equipo revisor considera que se ha logrado un progreso considerable
en el desarrollo de un marco sólido de aseguramiento de la calidad en la
educación superior en Chile en los últimos años. Chile tiene ahora un
proceso descentralizado y semi-independiente de acreditación de
instituciones y programas basado en un informe hecho por pares, consistente
con los que existen en los países más avanzados, aunque aún persisten
algunas peculiaridades únicas de Chile. Ahora hay un mayor reconocimiento
de la acreditación como un medio para diferenciar a las instituciones por su
calidad, y las instituciones mismas han aceptado completamente el principio
de una revisión periódica hecha por sus pares. Chile debe ser felicitado por
los cambios logrados en un tiempo relativamente corto.
No obstante, establecer y ganar aceptación por los principios de
aseguramiento de la calidad es sólo un primer paso. El próximo paso es
asegurar que el marco de aseguramiento de la calidad sea efectivo para
mejorar la calidad real, y que estimule la innovación y el mejoramiento
continuos en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, la investigación
académica y las actividades de extensión. Los criterios de acreditación
actuales han sido criticados por ser demasiado vagos, por dejar un amplio
margen para la interpretación subjetiva de los pares evaluadores y no estar
suficientemente adaptados a la variedad de instituciones y sus diferentes
misiones.
Probablemente, el elemento más débil del marco de calidad en Chile,
sigue siendo el aseguramiento y promoción en la enseñanza de pregrado. No
hay investigación con evidencia consistente de que los procesos de



acreditación hayan aportado beneficios a nivel institucional. Se necesita
cambiar desde una cultura de evaluación hacia una cultura de una gestión
responsable, autónoma y eficiente de las instituciones, en la cual los
procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad estén
incorporados permanentemente en el trabajo estratégico y operativo de las
instituciones.
• Aunque la acreditación institucional es voluntaria actualmente, se
debería estimular seriamente a todas las instituciones terciarias para
que se preparen para ella y la soliciten. Se recomienda esto para
asegurar que todas las instituciones de educación superior sean y se
vean como organizaciones bien administradas que ofrecen calidad y
valor a sus estudiantes; que la mayor cantidad posible de estudiantes
tenga derecho a apoyo financiero, cuando la acreditación es una
condición para ese apoyo, y que los fondos públicos destinados a
subvencionar a los estudiantes sean bien gastados.
• Los criterios de acreditación, y el modo en que son interpretados por
los pares evaluadores, deberían ser apropiados para la naturaleza de
las instituciones que buscan la acreditación y lo suficientemente
flexibles para tomar en cuenta las diferentes misiones, respetando
ciertos principios básicos.
• Los requisitos básicos para la acreditación de todas las instituciones
de educación terciaria deberían incluir una gestión efectiva, altos
estándares de enseñanza y aprendizaje, métodos de enseñanza
basados en competencias, adecuados a los objetivos de los cursos y
necesidades de los estudiantes de la institución, participación de los
empleadores en las decisiones programáticas y diseño de cursos, y
buenos resultados en términos de permanencia y número de
titulados en los programas, asegurados inter alia por un seguimiento
y actuación sobre la información de los ex-alumnos.
• La CNA debería dar prioridad al mayor desarrollo del marco de
aseguramiento de la calidad, incorporando criterios apropiados a
cada tipo de institución de educación terciaria; mayor participación
de los empleadores tanto en la acreditación institucional como en los
programas; mayor participación de los estudiantes; información más
completa al público para asegurar una mejor comprensión de lo que
significa que una institución está “acreditada”; y que sea comparable
internacionalmente. Para asegurarse de que todas las instituciones
terciarias tengan confianza en el sistema de acreditación, la CNA
también necesita reducir el riesgo de que los pares emitan informes



inapropiados o sesgados, por medio de una selección cuidadosa y un
mejor entrenamiento de los pares evaluadores e introduciendo una
evaluación periódica de su trabajo.
• Una vez que la mayoría de las instituciones del sistema hayan
obtenido la acreditación, será importante “poner más alta la vara”
estableciendo niveles de referencia más estrictos. De otra manera, el
sistema de acreditación puede llegar a ser menos relevante y un
medio menos efectivo de mejorar la calidad.
• Para la acreditación de programas, será importante identificar e
introducir una gama más amplia de agencias de acreditación
independientes. En este contexto, las asociaciones profesionales
podrían tener un rol importante.

Capítulo 6: Calidad – formación de profesores
El equipo revisor considera que, debido a que el éxito o fracaso de los
estudiantes de educación superior depende de la calidad de la educación
primaria y secundaria, el entrenamiento de un número suficiente de
profesores de buena calidad es crucial para el desempeño en la educación
terciaria. El equipo cree que se han dado pasos importantes en la dirección
correcta, desde que el informe de la OCDE en 2004 comentó sobre la
necesidad de mejorar la preparación de los profesores, pero esos esfuerzos
deben intensificarse.
Las recomendaciones son las siguientes:
• Aún cuando la formación de profesores ya ha recibido un mayor
presupuesto, la dimensión y el ritmo del cambio necesitan
acelerarse, lo que requiere programas más completos y un gasto
considerablemente más alto.
• La calidad y la disponibilidad de un suficiente número de profesores
debería ser tan importante para el MINEDUC, como la calidad y
cantidad de médicos y enfermeras para el Ministerio de Salud. El
MINEDUC debería diseñar un medio concreto – y un Plan de
Acción a largo plazo, para cumplir objetivos alcanzables pero
ambiciosos. Es necesario aumentar en gran medida el número de
profesores de alto calibre, especialmente en matemáticas, física y en
otras ciencias y en idiomas. Esto significa promover una mayor
colaboración entre las facultades de educación y las de otras
asignaturas en las universidades.



• El MINEDUC debería obtener la colaboración de otros interesados
en el tema y llegar a un consenso con ellos sobre el plan de acción
que se ha recomendado.

Capítulo 7: Investigación y desarrollo
El equipo revisor estima que se necesita invertir más en investigación,
desarrollo e innovación si se desea que Chile mantenga su progreso
económico y social. Los niveles actuales de inversión, tanto de parte del
gobierno como del sector privado, son considerablemente más bajos que lo
que se esperaría de un país con el PIB de Chile.
También se sugieren cambios en los procedimientos actuales para el
apoyo y financiamiento de la investigación. Primero, se podría encontrar un
mejor equilibrio entre el financiamiento de una base científica amplia y el
apoyo a áreas de prioridad estratégica. Segundo, sería más eficiente y
efectivo tener menos instrumentos de financiamiento, pero más grandes y
mejor enfocados. Hay demasiados instrumentos de financiamiento, con
bastante duplicación, para promover los vínculos industria-universidad,
becas para estudios de doctorado y apoyo a centros de investigación; y
algunos son demasiado pequeños. Tercero, el equilibrio entre el
financiamiento de una infraestructura básica (edificios, equipos, insumos,
masa crítica de personal) y financiamiento de proyectos, debe inclinarse más
a favor del financiamiento de infraestructura, que está relativamente dejado
de lado en Chile. Cuarto, se necesita la ayuda y planificación del gobierno
para desarrollar la investigación universitaria, en universidades con la
misión y la capacidad de conducir investigación valiosa a nivel nacional,
regional o sectorial.
• Se debería buscar un mejor equilibrio entre el financiamiento de una
base amplia de las ciencias y el apoyo a áreas de prioridad
estratégica que deben ser definidas. Los grupos propuestos por el
Consejo de Innovación son puntos focales naturales; las prioridades
del sector público; áreas genéricas, que apoyen la ciencia y la
tecnología (TIC, ciencias biológicas, ciencias materiales, áreas clave
en las ciencias sociales y las humanidades); y áreas en las que el
país ya es fuerte, como la astronomía.
• Sería más eficiente y efectivo tener menos instrumentos de
financiamiento pero más grandes y mejor enfocados. Hay
demasiados instrumentos de financiamiento, con bastante
duplicación, para promover los vínculos industria-universidad,
becas para doctorados y apoyo a centros de investigación; y algunos



son muy pequeños. Es necesario revisar, re-estructurar, simplificar y
concentrar los mecanismos de financiamiento de CONICYT,
CORFO, MIDEPLAN y otros. El objetivo también debería ser
alcanzar un mejor equilibrio entre la inversión a largo plazo en
centros de excelencia, e inversiones en proyectos y estudios de
doctorado. Esta revisión de los instrumentos de financiamiento
debería incluir un extenso diálogo con las partes interesadas, y una
estrecha cooperación con el Consejo de Innovación de manera de
estar de acuerdo con los planes a mediano y largo plazo del Fondo
de Innovación.
• Con el propósito de llenar los vacíos actuales, se debería introducir
un mecanismo para financiar equipos científicos más caros para las
universidades, con la condición de que ellas permitan que otras
universidades los usen también. Sería útil, también, incluir gastos de
mantención en las becas para proyectos, de manera de ayudar a las
universidades a mantener una infraestructura para la investigación.
• El equilibrio entre financiamiento de infraestructura básica y
financiamiento de proyectos o programas, debe inclinarse más a
favor de la infraestructura. Para ayudar a lograr un financiamiento
de infraestructura más estable, se debería identificar un número de
universidades potencialmente más enfocadas a la investigación,
algunas de las cuales pueden muy bien privilegiar prioridades
regionales, y se debería hacer cambios en los modelos de
financiamiento existentes. Las instituciones individuales deberían
decidir, con asesoría del gobierno, a qué posición y misión aspiran.
Aquéllas que no tengan la intención de obtener un estatus de
universidad de investigación, pueden desear entregar educación de
pregrado de alta calidad, o limitar sus actividades de investigación a
unas pocas áreas de relevancia regional, o poner énfasis en temas
especiales tales como la tecnología.
• La responsabilidad de las políticas y su implementación en áreas
claves dentro del dominio de la ciencia y la tecnología, debería estar
claramente asignada a ministerios específicos, teniendo en cuenta el
punto de vista de los involucrados en ellas. Se debería establecer un
mecanismo de coordinación que permita una representación justa de
todos los intereses y responsabilidades y se debería desarrollar una
mejor evidencia de los resultados de la investigación, desarrollo e
innovación para ayudar a orientar en el diseño de políticas.



Capítulo 8: Financiamiento – general
El equipo revisor reconoce que Chile ofrece una combinación única de
características y enfoques con respecto al financiamiento de la educación
superior, que son difíciles de encontrar en alguna otra parte del mundo.
Comparado con otros países de América Latina e incluso con naciones más
industrializadas y desarrolladas, la educación terciaria en Chile se destaca
por el bajo nivel de financiamiento público. Al mismo tiempo, ha
implementado osadas reformas financieras en áreas de movilización de
recursos, asignación de recursos y ayuda estudiantil.
Sin embargo, se recomienda que:
• Chile necesita diseñar un plan a largo plazo que defina el rol del
gobierno en el financiamiento de la educación superior. Esto guiaría
las decisiones sobre el nivel deseable de financiamiento público y la
manera más eficiente y equitativa de distribuir estos recursos entre
instituciones y estudiantes.

Capítulo 8: Financiamiento – movilización de recursos
Hace muchos años, Chile optó por un financiamiento mixto, por medio
del cual los recursos presupuestarios se complementan con contribuciones
considerables de parte de los estudiantes y sus familias. Como resultado, el
gasto público en la educación superior es notablemente bajo, incluyendo el
financiamiento para investigación universitaria. Al mismo tiempo, sin
embargo, Chile está entre los países del mundo que han alcanzado el nivel
más alto de costos compartidos en las instituciones terciarias estatales. Una
proporción significativa del aumento en la cobertura de la educación
superior desde la transición a la democracia ha sido manejada a través de un
sector privado que ha aumentado rápidamente, financiado esencialmente por
los estudiantes y sus familias y matriculando a casi un 70% del total de la
población estudiantil.
• Hay fuertes razones tanto de equidad como de calidad, para
aumentar los fondos públicos para la educación terciaria.
• Chile podría compararse con los pocos países, como Corea y Japón,
que han seguido la misma vía de un alto financiamiento privado y
alto número de matrículas privadas, y planificar progresivamente
doblar su inversión pública en la educación terciaria en los próximos
años.



• El gobierno de Chile debería basar la asignación de recursos
adicionales en el fortalecimiento de la misión de servicio público de
la educación terciaria y compensar las deficiencias del mercado. En
ese contexto, también deberían aumentar los fondos para
investigación.

Capítulo 8: Financiamiento – asignación de recursos
El equipo revisor considera que, a pesar del bajo nivel de financiamiento
público, el gobierno se basa en una amplia gama de instrumentos para
distribuir los recursos estatales. Muchos de los instrumentos de asignación,
AFI, MECESUP, convenios de desempeño, por ejemplo, son bastante
sofisticados en su propósito y diseño. Pero se necesita una mayor
armonización entre los diversos instrumentos usados actualmente para
eliminar las inherentes inconsistencias, ineficiencias y distorsiones.
El sistema de financiamiento muestra dos claros rasgos positivos
comparados con lo que se hace comúnmente en la mayoría de los países del
mundo. Primero, Chile aporta financiamiento básico al presupuesto de
algunas universidades privadas, que reciben 48% de toda la subvención a la
educación terciaria. Segundo, para transferir recursos a las instituciones de
educación superior, el país se basa más en el financiamiento indirecto –
ligado en cierta medida al desempeño de los estudiantes o de las
instituciones – que en pagos directos. No obstante, una gran debilidad del
sistema de financiamiento es que la mayoría de los fondos públicos están
reservados para las universidades tradicionales del CRUCH protegidas por
sus privilegios históricos. Otro serio problema es que 95% de la asignación
directa de fondos, no corresponde a ningún criterio de desempeño. Como
resultado, Chile es tal vez el único país del mundo con tales variaciones en
la asignación de recursos entre las universidades estatales, en que la que
ocupa el primer lugar recibe una contribución por estudiante, diez veces
superior a la que obtiene menos. Unas pocas universidades privadas reciben
recursos públicos mucho más abundantes que la mayoría de las
universidades estatales. Entre las instituciones privadas, las 9 del CRUCH
obtienen tres cuartas partes de las subvenciones públicas que se entregan al
sector privado aún cuando matriculan sólo un 19% de la población
estudiantil correspondiente.
El equipo revisor recomienda las siguientes medidas específicas para
racionalizar el sistema total de financiamiento, de acuerdo con los principios
detallados anteriormente y las políticas del gobierno de Chile en los últimos
años, con respecto a vincular el financiamiento al desempeño y estimular la
competencia sana entre todas las instituciones de educación superior.



• Se debería transformar el AFD para basarlo más en el desempeño.
El gobierno podría expandir gradualmente la parte del AFD basada
en una fórmula y enfocarlo más en los resultados.
• Sería también deseable eliminar la actual discriminación entre
instituciones que pertenecen y las que no pertenecen al CRUCH,
adoptando los dos principios siguientes: i) todos los estudiantes
chilenos cuyas instituciones terciarias cumplan requisitos esenciales
de calidad y rendición de cuentas, deberían tener derecho a
subvenciones públicas a través de la ayuda estudiantil, si ellos
mismos son elegibles; y ii) los procedimientos para el
financiamiento público directo a las instituciones deberían ser
consistentes con la diversidad de las instituciones y la naturaleza
competitiva del sistema de educación terciaria en Chile. Se sugieren
tres maneras de hacer esto:
− Un sistema dual, configurado de manera diferente, en el cual
sólo las 16 universidades públicas actuales recibieran
financiamiento directo a cambio de cumplir funciones de bien
público tales como programas de doctorado e investigación
básica en disciplinas que necesitaran inversión en infraestructura
cara. Estas, como otras alternativas, deberían ir acompañadas de
un programa de becas y crédito universitario para quienes se
matriculen en instituciones privadas que tengan derecho a estos
beneficios.
− Un sistema más amplio de financiamiento directo donde todas
las instituciones acreditadas públicas, y las privadas sin fines de
lucro, recibieran recursos básicos vinculados al número de sus
estudiantes, sujetas al cumplimiento de condiciones relacionadas
con la calidad, la transparencia financiera y los aranceles
cobrados a los estudiantes.
− Un sistema de pago por estudiante, en la forma de bonos, por
medio del cual se transfiera una cantidad equivalente al costo de
referencia de los estudios, a todas las instituciones de educación
terciaria elegibles, en base al número de estudiantes que
escogieran estudiar en cada institución.
• Se sugiere eliminar el AFI en su forma actual, en vista de la
transformación que se propone del AFD y de la expansión del
programa de ayuda estudiantil. Para poder ser usado de manera
significativa, como un incentivo al desempeño, el AFI tendría que
basarse en criterios que son socialmente más inclusivos y sería



necesario que fuera considerablemente mayor en términos de la
cantidad de alumnos y recursos involucrados.
• Con respecto a los fondos competitivos, un mecanismo competitivo,
objetivo y transparente como el MECESUP sería el modo principal
para asignar fondos públicos de inversión a todas las instituciones
terciarias acreditadas.
• Si los convenios de desempeño tienen éxito durante la fase piloto, el
gobierno podría usarlos como un instrumento general para promover
amplias reformas e innovaciones institucionales en todas las
instituciones acreditadas, públicas y privadas sin fines de lucro.
• Ayudas y becas. El MINEDUC debería considerar la factibilidad de
integrar todos los programas de ayudas y becas en uno solamente,
con un pequeño número de opciones separadas, que no discriminara
en contra de los estudiantes de instituciones que no son miembros
del CRUCH.
• Crédito universitario. Los dos programas de crédito universitario
existentes deberían ser fundidos en uno solamente, tanto por razones
de eficiencia como de equidad.
• Los aumentos de fondos públicos se asignarían de la siguiente
manera: para cubrir costos recurrentes, el gobierno debería basarse
en el AFD reformado, las becas y crédito universitario y los
convenios de desempeño. Los recursos públicos para expandir
actividades de investigación, se distribuirían a través de un
programa simplificado de fondos para la investigación, poniendo
más énfasis en grupos y centros de investigación y en
infraestructura. Los fondos adicionales para propósitos de inversión
serían canalizados a través de un sistema de asignación eficiente y
transparente como el MECESUP.

Capítulo 8: Financiamiento – utilización de recursos
El equipo revisor considera que las normas de gobierno no entregan
suficientes incentivos ni dan flexibilidad a las universidades públicas para
que usen los recursos disponibles de la manera más eficiente y efectiva. Por
lo tanto, no pueden competir a un mismo nivel con las instituciones de
educación terciaria privadas. No parece haber suficiente supervisión
financiera de las instituciones de educación superior. El hecho de que, en
teoría, los estudios de pregrado en universidades chilenas duren
generalmente uno o dos años más que los cursos conducentes a grados
similares en los Estados Unidos de Norteamérica o Europa, representa un



costo social de gran magnitud para el país. La baja eficiencia interna es una
preocupación en varias disciplinas importantes, como leyes, ciencias
naturales, matemáticas y arquitectura. Con dos notables excepciones, las
universidades del CRUCH son bastante eficientes en la distribución de
empleados administrativos con respecto al personal académico.
• Para que haya un nivel parejo, las autoridades chilenas podrían
permitir que las universidades estatales funcionaran con procesos
administrativos y normas de gestión financiera equivalentes a
aquéllas que se aplican a las instituciones privadas.
• Todas las instituciones de educación superior privadas podrían
manejar sus recursos según prácticas de contabilidad estándar y
transparentes, preparar informes financieros anuales y tener
auditorías independientes.
• Chile debería pasar gradualmente a programas de primer grado más
cortos de acuerdo con la tendencia mundial.
• Para mejorar la eficiencia interna, el Sistema de Información de la
Educación Superior debería realizar estudios detallados de cohortes
de estudiantes para obtener una impresión más clara de la incidencia
y las causas de la repetición de años y la deserción de los estudios e
identificar soluciones apropiadas.

Capítulo 9: Información, Transparencia y Responsabilidad
El equipo revisor considera que existen muchas fuentes de información
para satisfacer las necesidades de los posibles estudiantes de educación
terciaria. Si bien ninguna fuente es suficientemente amplia y completa,
juntas entregan un grado razonable de acceso a la información necesaria
para que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas.
Las debilidades significativas que hay en el sistema de información, se
deben en gran parte a la falta de formatos estandarizados de clasificación,
registro y notificación y a que la revisión y verificación de los datos
informados por las instituciones no se hace en forma completa. También
surgen al no solucionar los conflictos ocasionados por los incentivos que
enfrentan las instituciones al informar sus datos.
Como resultado, Chile no tiene la información de alta calidad y precisa
que se requiere para una evaluación exacta del desempeño del sistema de
educación terciaria en áreas clave. Es de importancia crítica para tener un
sistema totalmente sano, llenar estos vacíos de información. El informe del



Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior avala el mayor uso
de criterios de desempeño para la asignación de recursos públicos; el equipo
revisor está de acuerdo. Un mayor uso de fondos, basados en el desempeño,
intensifican la necesidad de contar con información confiable y comparable
a través de todo el sistema. A medida que Chile se convierte en miembro
pleno de la OCDE, debería redoblar sus esfuerzos para producir, difundir y
usar datos e información completa, confiable y comparable para el diseño de
políticas y la protección de los intereses de los estudiantes.
• El Ministerio de Educación debería continuar y ampliar sus
esfuerzos para reunir, verificar y difundir información confiable y
comparable, a través del Sistema de Información sobre Educación
Superior.
• Se debería prestar especial atención a la obtención de información
financiera sólida, además de otros datos sobre el uso de recursos
institucionales – no sólo los que se entregan públicamente. El
gobierno debería usar políticas tributarias para promover la
inversión de recursos institucionales en actividades que mejoren la
calidad de la educación y eliminen un impulso no revelado por
obtener ganancias, que está en conflicto con la misión educativa de
las instituciones.
• Los esfuerzos de las autoridades para estandarizar los requisitos de
clasificación, registro e informe de datos y hacer cumplir altos
estándares de información tienen más probabilidades de ser
beneficiosos que los esfuerzos para exigir a las instituciones que
hagan detalladas demostraciones ex – ante de la demanda del
mercado laboral por titulados en los programas de estudio que
ofrecen.


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