LEY 20.422

Manual
sobre la Ley N°20.422 que
Establece Normas sobre Igualdad deEstablece Normas sobre Igualdad de
Oportunidades e Inclusión Social de
Personas con Discapacidad
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Presentación
El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que E stablece Normas sobre Igualdad de
Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.
Para lograr la plena aplicación de las normas de esta nueva ley, es fundamental que las personas con
discapacidad, sus organizaciones representativas, aquéllas que trabajan a favor de sus derechos y la
sociedad, en general, conozcan los derechos y obligaciones que ella establece.
Por ello, el Servicio Nacional de la Discapacidad pone a vuestra disposición este manual, a fin de:Por ello, el Servicio Nacional de la Discapacidad pone a vuestra disposición este manual, a fin de:
1) Dar a conocer los principales contenidos de la nueva ley; los derechos y obligaciones que establece; los
mecanismos de fiscalización y sanción previstos para su cumplimiento y la nueva institucionalidad pública
que crea,
2) Señalar aquellas “Medidas para la Igualdad de Oportunidades” reguladas en la nueva ley, cuya
implementación será gradual y aquéllas cuya ejecución será inmediata, e
3) Identificar las normas de la Ley N°19.284 que Establece Nor mas para la Plena Integración Social de las
Personas con Discapacidad, derogada por la Ley N°20.422, que se man tienen vigentes.
Para lograr lo anterior, se analizan cada una de las materias a que se refiere la Ley N°20.422.
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Al referirnos a las “Medidas para la Igualdad de Oportunidades” que establece la nueva ley, en ámbitos,
tales como: educación, inserción laboral, accesibilidad a la información, al entorno físico y al transporte,
responderemos las siguientes preguntas para explicar sus principales contenidos: ¿En qué consiste la
medida? ¿Quiénes están obligados a cumplirla? ¿A quiénes beneficia? ¿En qué plazo debe cumplirse la
medida? y ¿Cuáles son los instrumentos de fiscalización y sanción que se aplican en caso de
incumplimiento?
Esperamos que el presente documento contribuya a la divulgación y conocimiento de la Ley N°20.422,
nuevo texto legal que junto con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
las Naciones Unidas, constituyen un sólido marco legislativo en nuestro país en favor de los derechos de
estas personas.estas personas.
Los invitamos a colaborar activamente con este esfuerzo de difusión.
Roberto Cerri López
Director Nacional
Servicio Nacional de la Discapacidad
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¿Cuál es el nombre de la Ley N°20.422?
Su nombre es Ley N°20.422, Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de
Personas con Discapacidad.
¿Cuál es su objetivo?
Asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener
su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y la eliminación de cualquier forma de
discriminación fundada en su discapacidad.
¿La ley contempla principios que deben ser considerados durante su aplicación?
Sí, contempla los principios de Vida Independiente (en relación con las personas con discapacidad), de
Accesibilidad y Diseño Universal (en relación con el entorno y sus componentes) y de Intersectorialidad y de
Participación y Diálogo Social (en relación con las políticas públicas).
¿La Ley define algunos conceptos para la correcta aplicación de sus normas?
Sí, la Ley N°20.422 define varios conceptos. Ello implica, po r ejemplo, que cada vez que la Ley utiliza la
expresión “persona con discapacidad”, ésta debe ser entendida en la forma en que fue definida por la propia
Ley.
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Algunos conceptos definidos por la Ley son:
Persona con discapacidad: Aquélla que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa
psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras
presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás.
Ayudas técnicas: Los elementos o implementos requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la
progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida independiente
Discriminación: Toda distinción, exclusión, segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y
cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos encuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en
el ordenamiento jurídico.
Entorno: El medio ambiente, social, natural y artificial, en el que las personas desarrollan su participación social,
económica, política y cultural, a lo largo de todo su ciclo vital.
Cuidador: Toda persona que proporciona asistencia permanente, gratuita o remunerada, para la realización de
actividades de la vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con discapacidad, estén o no unidas por
vínculos de parentesco.
Servicios de apoyo: Toda prestación de acciones de asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una
persona con discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el entorno social,
económico, laboral, educacional, cultural o político, superar barreras de movilidad o comunicación, todo ello, en
condiciones de mayor autonomía funcional.
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Ajustes necesarios: Son las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las carencias
específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga
desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de
condiciones que el resto de los ciudadanos.
Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: La ausencia de discriminación por razón de
discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las
desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional,
laboral, económica, cultural y social.
¿Qué dispone la Ley para contribuir a eliminar la discriminación que pueda afectar a las personas con¿Qué dispone la Ley para contribuir a eliminar la discriminación que pueda afectar a las personas con
discapacidad?
La Ley refuerza el principio de no discriminación establecido en nuestra Constitución. En primer lugar, establece
que su objeto es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad,
mediante la eliminación de cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad, entre otras medidas.
Para que no haya dudas respecto a lo que se entiende por “Discriminación”, define este concepto. Por lo tanto,
cada vez que es señalado en la Ley, debe ser entendido en la forma en que ha sido definido.
Luego, señala que la igualdad de oportunidades debe ser entendida como la ausencia de discriminación por
razón de discapacidad y la adopción de medidas de acción positiva.
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Finalmente, con el objeto de sancionar los actos u omisiones discriminatorios que puedan afectar a las personas
con discapacidad en el ejercicio de los derechos consagrados en la Ley, establece una acción especial a ser
tramitada ante el juzgado de policía local de su domicilio. Dicho tribunal podrá sancionar al autor del acto u omisión
con multas de 10 a 120 unidades tributarias mensuales. Además, en los casos que corresponda, podrá decretar la
medida de clausura del establecimiento.
¿Qué establece la Ley respecto de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad?
La Ley señala que su objeto es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad. Para ello, precisa lo que se entiende por igualdad de oportunidades: la ausencia de discriminación
por razón de discapacidad y la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar laspor razón de discapacidad y la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las
desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral,
económica, cultural y social.
Prescribe que el Estado tiene el deber de promover la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad.
Además, para garantizar este derecho, el Estado debe establecer medidas contra la discriminación, las que
consisten en exigencias de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas de acoso.
En consecuencia, la Ley establece el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad,
fija su contenido y señala obligaciones para el Estado a fin de lograr su efectiva vigencia (deber de promover y de
garantizar).
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Igualdad de Oportunidades
Objeto Ley: Asegurar derecho a igualdad de oportunidades de personas con
discapacidad.
Concepto Igualdad de Oportunidades
Ausencia de Medidas de
Discriminación Acción Positiva
Deberes del Estado
1) Promover igualdad de oportunidades.
2) Garantizar derecho a la igualdad de oportunidades.
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Igualdad de oportunidades
Para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, el Estado debe establecer medidas contra la
discriminación:
Exigencias de Ajustes Prevención
Accesibilidad Necesarios Conductas
de Acoso.
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¿La Ley establece obligaciones que deben ser cumplidas en el diseño y ejecución de las políticas
públicas?
Sí, éstas son las siguientes:
Objetivo de los programas: Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Diseño de los programas: Considerar las discapacidades específicas que se pretende suplir y determinar los
requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos postulen, considerando dentro de los criterios de
priorización el grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante.
Ejecución de los programas: Preferencia a la participación de las personas con discapacidad, sus familias y
organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de programas, proyectos y la creación de apoyos en el entorno
más próximo a las personas con discapacidad que se pretende beneficiar .
Para acceder a los beneficios y prestaciones sociales establecidos en la Ley ¿Es necesario contar con
algún tipo de certificado e inscripción en algún registro?
Sí, la Ley dispone que para acceder a los beneficios y prestaciones sociales que ella establece, es necesario que
las personas con discapacidad cuenten con certificación de la discapacidad otorgada por la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez (COMPIN) correspondiente a su domicilio y que estén inscritas en el Registro Nacional de
la Discapacidad (Regla general).
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Sin embargo, para la asignación y financiamiento de servicios y ayudas técnicas que requieran niños menores de
seis años, será suficiente la determinación diagnóstica del médico tratante y la presentación de un plan de
tratamiento, salvo que en casos calificados y debidamente fundados el Servicio Nacional de la Discapacidad
requiera otros antecedentes (Excepción).
Una vez que la COMPIN respectiva certifique la discapacidad, tendrá la obligación de enviar los antecedentes al
Servicio de Registro Civil e Identificación para la inscripción en el registro señalado.
¿Existe algún tratamiento especial en la Ley para personas con discapacidad que presentan mayores
niveles de vulnerabilidad?
Si, la Ley contiene un párrafo especial relativo a personas con discapacidad en situación de especial
vulnerabilidad.
Con dicho objeto, se contemplan normas para asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres
con discapacidad; los niños y niñas con discapacidad; las personas con discapacidad mental, sea por causa
psíquica o intelectual, y las personas en situación de dependencia.
Específicamente ¿Qué establece la Ley para cada uno de estos grupos más vulnerables?
Respecto de las mujeres y las personas con discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, establece
la obligación del Estado de adoptar medidas para asegurar, en especial, el respeto de su dignidad, el derecho a
constituir y ser parte de una familia, su sexualidad y salud reproductiva.
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Las personas con discapacidad mental, en ningún caso, podrán ser parte sometidas, contra su voluntad, a
prácticas o terapias que atenten contra su dignidad, derechos o formen parte de experimentos médicos o
científicos.
Respecto de las niñas y niños con discapacidad, se establece la obligación del Estado de adoptar acciones para
asegurar, en especial, el respeto a su dignidad, el derecho a ser parte de una familia y a mantener su fertilidad.
Además, dispone que en toda actividad relacionada con niños con discapacidad, se debe considerar la
protección de sus intereses superiores.
El Estado debe adoptar medidas para evitar las situaciones de abuso, violencia y discriminación de que puedan
ser víctimas las mujeres y niños con discapacidad y las personas con discapacidad mental, en razón de su
condición.
Tratándose de las personas en situación de dependencia, dispone que el Estado deberá promover la autonomía
personal y atención de estas personas, a través de prestaciones y servicios de apoyo.
¿En la Ley se regula la calificación y certificación de la discapacidad de una persona?
Sí, la Ley establece organismos competentes, procedimiento general y plazos para estos efectos.
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¿Cuáles organismos pueden calificar la discapacidad?
Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) e instituciones públicas o privadas reconocidas
para estos efectos por el Ministerio de Salud. El proceso de calificación debe asegurar una atención
interdisciplinaria.
¿Cuál organismo certifica la discapacidad?
Sólo la COMPIN correspondiente. Para estos efectos y a fin de asegurar una atención interdisciplinaria, este
organismo deberá integrarse, además de su composición regular, por un fonoaudiólogo, asistente social y unorganismo deberá integrarse, además de su composición regular, por un fonoaudiólogo, asistente social y un
educador especial o diferencial, kinesiólogo o terapeuta ocupacional, según el caso. Además, por uno o más
especialistas, según la naturaleza de la discapacidad y las circunstancias particulares de la persona.
¿Quiénes pueden solicitar la calificación y certificación de la discapacidad?
El interesado, las personas que lo representen o las personas o entidades que lo tengan a su cargo.
¿Existen plazos para efectuar la calificación y certificación?
La calificación debe realizarse dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde solicitud y la certificación de la
discapacidad dentro de los 5 días siguientes a la fecha de calificación.
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Si el interesado no está de acuerdo con la resolución definitiva emitida por la COMPIN, ¿puede reclamar?
Sí, la Ley establece la posibilidad de interponer reclamación administrativa contra dicha resolución.
Una vez certificada la discapacidad, ¿el propio interesado debe enviar sus antecedentes al Servicio de
Registro Civil e Identificación para ser inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad?
No, los antecedentes serán enviados por la COMPIN directamente al Registro Civil.
¿Es necesaria la dictación de un reglamento que regule la calificación y certificación de la discapacidad,¿Es necesaria la dictación de un reglamento que regule la calificación y certificación de la discapacidad,
bajo el marco de la Ley N°20.422?
Sí, los Ministerios de Salud y de Planificación deberán dictar un reglamento que señale la forma de determinar la
existencia de una discapacidad y su calificación.
Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y criterios contenidos en las clasificaciones internacionales
aprobadas por la Organización Mundial de la Salud.
El reglamento deberá ser dictado dentro del plazo de 9 meses, contado desde la publicación de la Ley (10 de
febrero de 2010).
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En relación al establecimiento de nuevos criterios para la calificación de la discapacidad ¿Estos van a
afectar los derechos de que gozaban las personas con discapacidad, cuya condición fue calificada bajo la
vigencia de la Ley N°19.284?
En ningún caso. Las personas que estaban ejerciendo algún derecho al 10 de febrero de 2010 (fecha de entrada
en vigencia de Ley N°20.422), en virtud de la calificación y cert ificación de la discapacidad obtenida bajo la Ley
N°19.284, continuarán gozando de éstos.
Por ejemplo, podrán seguir usando los estacionamientos reservados para personas con discapacidad, acreditando
su condición con su credencial, o ser acompañadas por sus perros guías identificados bajo el sistema regulado por
la Ley N°19.284.
En materia de prevención y rehabilitación ¿Qué establece la Ley?En materia de prevención y rehabilitación ¿Qué establece la Ley?
La Ley establece que la prevención y la rehabilitación constituyen una obligación del Estado y un derecho y un
deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto.
Define estos conceptos, vinculándolos no sólo con la deficiencia, sino también con la participación en la sociedad
de las personas con discapacidad y con su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria
Establece como derecho que el proceso de rehabilitación integre la participación de la familia de la persona con
discapacidad, o de quienes los tengan a su cuidado.
Por su parte, consagra el deber del Estado de fomentar, preferentemente, la rehabilitación con base comunitaria y
la creación de centros públicos o privados de prevención y rehabilitación.
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¿Cuáles medidas contempla la Ley para asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad?
La Ley contempla medidas para la igualdad de oportunidades en los siguientes ámbitos:
1) Accesibilidad a la cultura, información y comunicaciones.
2) Accesibilidad al entorno físico y transporte.
3) Educación e inclusión escolar.
4) Capacitación e inserción laboral.
5) Franquicias arancelarias.
6) Reconocimiento de la lengua de señas.
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Accesibilidad a la Información y Comunicaciones
¿En qué consiste la medida?
Cuando se ofrezcan servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo la rendición de exámenes u otros
requisitos análogos, se deben realizar ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y
prácticas de selección.
¿Quiénes están obligados a cumplirla?
Toda persona o institución, pública o privada, que ofrezca dichos servicios, capacitación o empleo.
¿A quiénes beneficia?¿A quiénes beneficia?
A todas las personas con discapacidad.
En caso que su discapacidad les produzca impedimento o dificultad en la aplicación de los instrumentos de
selección, deberán informarlo en su postulación para su adaptación.
¿En qué plazo debe cumplirse la medida?
Debe cumplirse desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley.
En caso de incumplimiento ¿Cuál es el mecanismo de sanción que se puede aplicar?
Se puede ejercer la acción especial contemplada en la Ley ante el Juzgado de Policía Local del domicilio del
afectado.
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Accesibilidad a la Información y Comunicaciones
¿En qué consisten las medidas?
En la aplicación de mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a las personas con discapacidad
auditiva el acceso a la programación de los canales de televisión, en los casos que corresponda, según lo
determine el reglamento que se dicte al efecto.
En la transmisión o emisión de campañas de servicio público con financiamiento público, de propaganda electoral,
de debates presidenciales y cadenas nacionales, con subtitulado y lengua de señas.
¿Quiénes están obligados a cumplirlas?
Los canales de la televisión abierta y proveedores de televisión por cable y los responsables de las campañas de
servicio público, cadenas nacionales y propaganda electoral.
¿A quiénes benefician?
A las personas con discapacidad auditiva
¿Cuál es el plazo en que deben cumplirse la medidas?
Dentro del plazo de 3 años contado desde la publicación del reglamento que dicten los Ministerios de Transportes y
Telecomunicaciones, de Planificación y de Secretaría General de Gobierno (el reglamento debe ser dictado dentro
del plazo de 6 meses contado desde el 10 de febrero de 2010).
En todo caso, el reglamento debe establecer un patrón progresivo de cumplimiento (a lo menos, cuotas de
programación accesible de un 33% cada año)
afectado.
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Accesibilidad a la Cultura e Información
Las bibliotecas de acceso público deberán contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles destinadas
a personas con discapacidad de causa sensorial, considerando facilidades, ajustes necesarios y la prestación de
servicios de apoyo para la atención de estos usuarios.
Los responsables de las bibliotecas de acceso público.
A las personas con discapacidad de causa sensorial.
¿Cuál es el plazo en que debe cumplirse la medida?
En el plazo de 2 años desde la publicación de la Ley (10 de febrero de 2010).
afectado.
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Accesibilidad a la Información
Los productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y cosméticos deberán contener medidas tales como la
rotulación con sistema Braille de su nombre y de su fecha de vencimiento, a fin de asegurar la debida protección
de las personas con discapacidad visual en el uso de estos productos
Los laboratorios farmacéuticos y empresas relacionadas con los productos y alimentos señalados.
A las personas con discapacidad visual
Las normas reglamentarias para que se pueda cumplir la medida, deben ser dictadas dentro del plazo de 9 meses
contado desde la publicación de la ley.
afectado.
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Accesibilidad al Entorno Físico
Los edificios de uso público y aquéllos que, sin importar su carga de ocupación, presten un servicio a la comunidad;
toda nueva edificación colectiva (por ejemplo, departamentos, oficinas y locales comerciales); las obras que el Estado
o los particulares ejecuten en el espacio público al interior de los límites urbanos y los accesos a los medios de
transporte público de pasajeros y a los bienes nacionales de uso público (por ejemplo, vías públicas, pasarelas
peatonales, parques y plazas), deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas
con discapacidad
Los responsables de la construcción de los edificios y obras señaladas y los responsables de los bienes nacionalesLos responsables de la construcción de los edificios y obras señaladas y los responsables de los bienes nacionales
de uso público.
¿A quiénes beneficia?
A las personas con discapacidad, especialmente, aquéllas con movilidad reducida.
Las normas que señalen las medidas de accesibilidad que deban cumplirse, deberán ser dictadas por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo dentro del plazo de 9 meses, contado desde la publicación de la Ley.
Tratándose de los medios de transporte público de pasajeros y de los bienes nacionales de uso público, deberán ser
accesibles y utilizables por las personas con discapacidad dentro del plazo de 8 años contado desde la publicación de
la Ley.
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En caso de incumplimiento ¿Cuáles mecanismos de fiscalización y sanción se pueden aplicar?
La fiscalización corresponde a las direcciones de obras municipales. Además, la Ley establece dos nuevos
instrumentos:
1) Las municipalidades, a requerimiento de las direcciones de obras municipales, pueden celebrar convenios con
personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, para que colaboren en el ejercicio de esta facultad.
2) Se establece una acción popular para que cualquier persona pueda denunciar los incumplimientos ante el juzgado
de policía local.
También, se puede ejercer la acción especial contemplada en la Ley ante el Juzgado de Policía Local del domicilio del
afectado.
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¿Qué ocurre con las edificaciones existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley?
La Ley se refiere a dos tipos de edificaciones :
1) Edificaciones anteriores a la entrada en vigencia de la Ley N°19.284 (enero1994).
2) Edificaciones colectivas destinadas exclusivamente a vivienda con permisos de construcción solicitados entre la
entrada en vigencia de la Ley N°19.284 (enero 1994) y la entrad a en vigencia de la Ley N°20.422 (febrero 2010)
Estas edificaciones continuarán sujetas a las exigencias de accesibilidad contenidas en el artículo 21 de la LeyEstas edificaciones continuarán sujetas a las exigencias de accesibilidad contenidas en el artículo 21 de la Ley
N°19.284 y en las normas reglamentarias dictadas en virtud de dicha ley. Por lo tanto, respecto de estas
edificaciones (por ejemplo, edificios destinados a un uso habitacional exclusivo), continúa vigente la Ley N°19.284.
Sin perjuicio de lo anterior, los edificios existentes a la fecha de entrada en vigencia de la nueva Ley sobre
Discapacidad (febrero 2010), de uso público o que presten un servicio a la comunidad, deberán realizar las
adecuaciones de accesibilidad que establece la nueva Ley, dentro de un plazo máximo de 3 años, contado desde la
publicación en el Diario Oficial del reglamento que dicte el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (el reglamento debe
ser dictado dentro de los 9 meses siguientes a la publicación de la Ley, es decir, a contar del 10 de febrero de
2010).
Por lo tanto, los edificios de la Administración Pública, de entidades que prestan servicios básicos y de utilidad
pública, entre otros, deberán dentro de 3 años ser accesibles para las personas con discapacidad.
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Accesibilidad al Entorno Físico y al Transporte
Las personas con discapacidad tienen derecho a ser acompañadas permanentemente por un perro de
asistencia a todo edificio, construcción, infraestructura o espacio público, sea de propiedad pública o privada,
destinado a un uso que implique la concurrencia de público (por ejemplo, los edificios de la Administración del
Estado, los establecimientos educacionales, los establecimientos de comercio, los espacios comunes de
condominios y de edificios de departamentos)
Además, tienen derecho a acceder y circular en cualquier medio de transporte terrestre o marítimo de pasajeros
que preste servicios en el territorio nacional, sea gratuito o remunerado, público o privado, individual o colectivoque preste servicios en el territorio nacional, sea gratuito o remunerado, público o privado, individual o colectivo
(por ejemplo, trenes, metro, buses urbanos e interurbanos, taxis y taxis colectivos, naves y otras
embarcaciones).
Tratándose del acceso y circulación a los medios de transporte aéreo, se aplica la normativa especial vigente
sobre la materia.
Los responsables de las edificaciones, construcciones, infraestructuras y espacios públicos destinados a un uso
que implique concurrencia de público y los operadores de medios de transporte.
A las personas con discapacidad
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Debe continuar cumpliéndose en los mismos términos establecidos en la Ley N°19.284.
La Ley N°20.422 no deroga las normas de la Ley N°19.284 sobre pe rros de asistencia para personas con
discapacidad, las que, en consecuencia, se mantienen vigentes. Por lo tanto, toda la normativa sobre este tipo
de perros continuará aplicándose de la misma forma en que fue aplicada bajo la vigencia de la antigua ley sobre
discapacidad.
En caso de incumplimiento ¿Cuál es el mecanismo de sanción que se puede aplicar?En caso de incumplimiento ¿Cuál es el mecanismo de sanción que se puede aplicar?
afectado.
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¿En qué consisten las medidas?
En el otorgamiento de subsidios especiales para adquirir y habilitar viviendas destinadas a ser permanentemente
habitadas por personas con discapacidad.
En exigencias de accesibilidad que deberán cumplir las viviendas destinadas a personas con discapacidad, las
que estarán contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Algunos ejemplos de estas
exigencias: rampas de acceso, puertas más amplias, ascensores de escalas y señalizaciones especiales.
¿Quiénes están obligados a cumplirlas?
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá establecer dichos subsidios y las exigencias de accesibilidad.
Deberán ser cumplidas por quienes sean responsables de la construcción de viviendas.Deberán ser cumplidas por quienes sean responsables de la construcción de viviendas.
A las personas con discapacidad, en especial, a las personas con discapacidad física.
¿Cuál es el plazo en que deben cumplirse las medidas?
El Ministerio de Vivienda deberá dictar los reglamentos sobre subsidios y exigencias de accesibilidad dentro del
plazo de 9 meses, contado desde la publicación de Ley, para que puedan cumplirse las medidas.
¿Cuál es el mecanismo de sanción que se puede aplicar en caso de infracción a las exigencias de
accesibilidad?
afectado.
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Accesibilidad al Transporte
Todos los medios de transporte público deberán contar con señalización, asientos y espacios suficientes, de fácil
acceso para personas con discapacidad. En los procesos de licitación de transporte público de pasajeros, las bases
deben incorporar los requerimientos señalados.
Los operadores de transporte no podrán exigir al pasajero con discapacidad el cumplimiento de requisitos o
condiciones especiales para acceder al servicio de transporte público.
Todos los medios de transporte público de pasajeros. El transporte aéreo se rige por la normativa especial vigente.
Las medidas de señalización, asientos y espacios suficientes, para poder cumplirse, deberán ser establecidas en un
reglamento que debe ser dictado por los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Planificación dentro
del plazo de 9 meses contado desde publicación de Ley.
¿Qué mecanismos de fiscalización y sanción se pueden aplicar en caso de incumplimiento?
La fiscalización a los operadores de transporte la realizará el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para
que adopten medidas y ajustes necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en la prestación del servicio
de transporte.
En caso de infracción, se puede ejercer la acción especial contemplada en la Ley ante el Juzgado de Policía Local
del domicilio del afectado.
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En la reserva de un número suficiente de estacionamientos para el uso de personas con discapacidad, conforme a
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en los establecimientos comerciales, industriales y de
servicios (públicos o privados), en aquéllos que exhiban espectáculos artísticos, culturales o deportivos, en los
edificios destinados a un uso que implique la concurrencia de público y en los espacios de uso público que cuenten
con estacionamientos para vehículos.
Todos aquellos que sean responsables de los establecimientos, edificios y espacios de uso públicos ya señalados.
A las personas con discapacidad que conducen un vehículo y a quienes las transportan en éstos. Requisitos paraA las personas con discapacidad que conducen un vehículo y a quienes las transportan en éstos. Requisitos para
usar los estacionamientos: Exhibición de credencial de inscripción en Registro Nacional de la Discapacidad, en la
forma señalada en la Ley del Tránsito.
Dentro del plazo de 2 años contado desde la publicación de la Ley (10 de febrero de 2010).
En caso de infracción ¿Cuáles son los mecanismos de fiscalización y de sanción que se pueden aplicar?
Las municipalidades deben velar por el cumplimiento de esta medida. Además, los establecimientos que cuenten
con estacionamientos para personas con discapacidad al interior de sus dependencias (por ejemplo, centros
comerciales y supermercados) y posean servicios de vigilancia privada, deberán velar por su correcto uso,
denunciando ante las autoridades competentes a los vehículos infractores.
En caso de infracción, se puede ejercer la acción especial contemplada en la Ley ante el Juzgado de Policía Local
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Educación e Inclusión Escolar
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y privados
del sistema de educación regular o a los establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban
subvenciones o aportes del Estado.
Por su parte, los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media deben contemplar planes para
alumnos con necesidades educativas especiales y fomentar en ellos la participación del plantel de profesores y
asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad educativa.
Además, los establecimientos de enseñanza regular deben incorporar las innovaciones y adecuacionesAdemás, los establecimientos de enseñanza regular deben incorporar las innovaciones y adecuaciones
curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a las personas con
discapacidad el acceso a los cursos y niveles existentes, brindándoles los recursos adicionales que requieran para
asegurar su permanencia y progreso.
Para lograr lo anterior, el Estado deberá introducir modificaciones en el sistema de subvenciones educacionales o
adoptar otras medidas.
El Estado y los responsables de establecimientos educacionales.
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La Ley no estableció plazo para cumplirla, pero para su plena aplicación puede ser necesaria la elaboración de
reglamentos por parte del Ministerio de Educación, los que deberían ser dictados dentro del plazo de 9 meses,
contado desde la publicación de la Ley.
En caso de infracción ¿Cuál es el mecanismo de fiscalización y de sanción que se puede aplicar?
La fiscalización corresponde a la institucionalidad pública sobre educación y en caso de infracción se puede
ejercer la acción especial contemplada en la Ley ante el Juzgado de Policía Local del domicilio del afectado.
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Los instrumentos que se utilicen para la aplicación de mediciones de la calidad de la educación deberán
contemplar las adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales puedan participar (por ejemplo, SIMCE)
El Ministerio de Educación
La medida se encuentra vigente desde la fecha de publicación de la Ley.
En caso de infracción ¿Cuál es el mecanismo de sanción que se puede aplicar?
En caso de infracción se puede ejercer la acción especial contemplada en la Ley ante el Juzgado de Policía
Local del domicilio del afectado.
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Existencia de mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad a las instituciones de
educación superior y de materiales de estudio y medios de enseñanza para que puedan cursar carreras.
Las instituciones de educación superior
A las personas con discapacidad.
¿Cuál es el plazo en que debe cumplirse la medida?¿Cuál es el plazo en que debe cumplirse la medida?
La medida se encuentra vigente desde la fecha de publicación de la Ley.
En caso de infracción se puede ejercer la acción especial contemplada en la Ley ante el Juzgado de Policía Local
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En el aseguramiento de la atención escolar en el lugar que, por prescripción médica, deban permanecer los
alumnos que padezcan patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer internados en
centros especializados o en el lugar que determine el médico tratante, o que estén en tratamiento médico
ambulatorio.
El Ministerio de Educación
A las personas con discapacidad que padezcan patologías, las condiciones médico-funcionales señaladas oA las personas con discapacidad que padezcan patologías, las condiciones médico-funcionales señaladas o
que estén en tratamiento ambulatorio.
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En la adopción progresiva de medidas para promover el respeto por las diferencias lingüísticas de las personas
con discapacidad sensorial (sordas, ciegas o sordo-ciegas), en la educación básica, media y superior, a fin de
que puedan tener acceso, permanencia y progreso en sistema educativo.
Los establecimientos educacionales
A las personas con discapacidad sensorial (sordas, ciegas o sordo-ciegas)
En el plazo de dos años contado desde la publicación de la ley
En caso de infracción ¿Cuál mecanismo de sanción se puede aplicar?
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Capacitación e Inserción Laboral
Las personas con discapacidad pueden celebrar el contrato de aprendizaje sin límite de edad.
Este contrato es un tipo de contrato especial de trabajo regulado en el Código del Trabajo y lo pueden
celebrar sólo los menores de 21 años de edad.
Todos los empleadores que celebren el contrato de aprendizaje con personas con discapacidad.
Esta medida es aplicable desde la entrada en vigencia de la Ley N°2 0.422 (10 de febrero de 2010).
En caso de infracción ¿Cuál es el mecanismo de fiscalización y sanción que se puede aplicar?
La fiscalización le corresponde a la Dirección del Trabajo.
En caso de infracción se puede ejercer la acción especial contemplada en la Ley ante el Juzgado de
Policía Local del domicilio del afectado.
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Capacitación e Inserción Laboral
En los procesos de selección de personal realizados por instituciones públicas se deberá seleccionar
preferentemente a personas con discapacidad, cuando estén en igualdad de condiciones de mérito con los
otros postulantes.
Los organismos de la Administración del Estado, las municipalidades, el Congreso Nacional, los órganos de
administración de justicia y el Ministerio Público.
A las personas con discapacidad.
Para que pueda implementarse en la Administración Pública, el Ministerio de Planificación y el de Hacienda
deben dictar un reglamento dentro del plazo de 9 meses contado desde la publicación de la Ley.
Por su parte, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ministerio Público deberán determinar, a través de sus
normas internas, la forma de dar cumplimiento a esta obligación.
En caso de infracción ¿Cuál es el mecanismo de fiscalización y sanción que se puede aplicar?
En materia de fiscalización y tratándose de los organismos de la Administración del Estado, la Contraloría
General de la República puede ejercer sus facultades fiscalizadoras.
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Franquicias Arancelarias
En el pago de sólo el 50% de los derechos de aduana que corresponda pagar por la importación de vehículos
adaptados para el uso de personas con discapacidad. Los vehículos no podrán tener un valor FOB superior a
US$27.500. Tratándose de vehículos de transporte de mercancías no podrá ser superior a US$32.500. Los
vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad no podrán exceder de
US$47.500.
Todos estos valores, no consideran el mayor valor que representen los elementos opcionales constitutivos del
equipo especial para personas con discapacidad.
A las personas con discapacidad, sea que ellas mismas realicen la importación o lo hagan a través de susA las personas con discapacidad, sea que ellas mismas realicen la importación o lo hagan a través de sus
cuidadores, guardadores o representantes legales o contractuales, y a las personas jurídicas sin fines de lucro
cuyos objetivos estén relacionados con la discapacidad, en este último caso, para importar vehículos destinados
exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines.
El Ministerio de Hacienda debe dictar un reglamento dentro del plazo de 9 meses contado desde la publicación de
la Ley para determinar los procedimientos relativos a este beneficio.
En caso de infracción se puede ejercer la acción especial contemplada en la Ley ante el Juzgado de Policía Local
Además, si alguien obtiene indebidamente el beneficio arancelario, proporcionando antecedentes falsos, incurrirá
en las penas asignadas al delito de contrabando contenidas en el artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas.
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Franquicias arancelarias
En la liberación del pago de la totalidad de los gravámenes aduaneros que hubiese correspondido pagar por la
importación de ayudas técnicas, equipos y medicamentos necesarios para la rehabilitación y terapia de
personas con discapacidad; maquinarias y útiles de trabajo diseñados o adaptados para ser usados por
personas con discapacidad; material pedagógico, elementos de movilidad, cuidado e higiene personal, y
elementos y equipos de tecnología de la información y de las comunicaciones, entre otros.
A las personas con discapacidad, sea que ellas mismas realicen la importación o lo hagan a través de sus
cuidadores, guardadores o representantes legales o contractuales, y a las personas jurídicas sin fines de lucro
cuyos objetivos estén relacionados con la discapacidad, en este último caso, para importar elementos
necesarios para el cumplimiento de sus fines o para el uso o beneficio de las personas con discapacidad quenecesarios para el cumplimiento de sus fines o para el uso o beneficio de las personas con discapacidad que
atiendan.
El Ministerio de Hacienda debe dictar un reglamento dentro del plazo de 9 meses contado desde la publicación
de la Ley para determinar los procedimientos relativos a este beneficio.
En caso de infracción ¿Cuál mecanismo de sanción se puede aplicar?
Además, si alguien obtiene indebidamente el beneficio arancelario, proporcionando antecedentes falsos,
incurrirá en las penas asignadas al delito de contrabando contenidas en el artículo 178 de la Ordenanza de
Aduanas.
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Franquicias arancelarias
En el derecho que tienen las personas que se hubiesen acogido a las franquicias arancelarias establecidas
en la Ley (al importar un vehículo o una ayuda técnica u otro implemento) de solicitar al Servicio de
Impuestos Internos el pago del IVA que devengue la internación de vehículos o de ayudas técnicas, en
cuotas iguales mensuales, trimestrales o semestrales, con un plazo máximo de 36 meses contado desde la
fecha en que se devengue el impuesto.
A las personas con discapacidad, sea que ellas mismas realicen la importación o lo hagan a través de sus
cuidadores, guardadores o representantes legales o contractuales, y a las personas jurídicas sin fines de
lucro cuyos objetivos estén relacionados con la discapacidad.
El Ministerio de Hacienda debe dictar un reglamento dentro del plazo de 9 meses contado desde la
publicación de la Ley para determinar los procedimientos relativos a este beneficio.
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Reconocimiento de la Lengua de Señas
En el reconocimiento de la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda.
A las personas con discapacidad auditiva
El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá en un plazo de 3
años contado desde la publicación de la Ley, la lengua de señas chilena.
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Registro Nacional de la Discapacidad
¿La Ley establece algún registro en el cual se inscriban las personas cuya discapacidad haya sido
certificada por la COMPIN?
Sí, la Ley establece el Registro Nacional de la Discapacidad de responsabilidad del Servicio de Registro Civil e
Identificación. Este registro tiene por finalidad reunir y mantener los antecedentes de las personas con
discapacidad y de los organismos correspondientes.
¿Por qué es importante estar inscrito en este registro?
Porque para acceder a los beneficios y prestaciones sociales establecidos en la Ley N°20.422, las personas con
discapacidad deben estar inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.
¿Quiénes se inscriben en el registro?¿Quiénes se inscriben en el registro?
Las personas cuya discapacidad haya certificado la COMPIN (este organismo envía directamente los antecedentes
al Registro Civil, una vez certificada la discapacidad).
Además, se pueden inscribir las personas jurídicas que, de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de
la discapacidad y las personas naturales que presten servicios de apoyo o de asistencia a personas con
discapacidad.
¿Qué ocurrirá con el Registro Nacional de la Discapacidad creado por la Ley N°19.284 y con las
inscripciones que en él se han realizado?
El Registro que crea la Ley N°20.422 sucede al Registro de la Ley N°1 9.284. Por lo tanto, todas las inscripciones
que se encuentran en este último pasan al nuevo registro.
Por lo demás, mientras no entra en funciones el nuevo Registro, el anterior se mantendrá vigente. Las personas
con discapacidad, entonces, podrán continuar inscribiéndose. Debe dictarse un reglamento por el Ministerio de
Planificación y el Ministerio de Justicia, dentro del plazo de 9 meses contado desde la publicación de la Ley.
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Mecanismo de Sanción
¿La Ley contempla algún procedimiento para reclamar en caso de que se infrinjan los derechos que ella
regula?
Sí, la Ley establece una acción especial a favor de toda persona que por causa de una acción u omisión arbitraria
o ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de los derechos consagrados en esta Ley.
¿Quiénes pueden ejercer esta acción?
La persona afectada por la acción u omisión arbitraria o ilegal o cualquiera a su nombre.
¿Dónde debe ejercerse esta acción?
Ante el juez de policía local del domicilio del afectado.
¿Qué medidas y sanciones puede disponer y aplicar el juez?
Puede adoptar todas las providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. En términos
de sanciones, puede aplicar al autor del acto u omisión arbitrario o ilegal una multa de 10 a 120 UTM, la que
puede duplicarse en caso de reincidencia.
Además, puede ordenar la clausura del establecimiento, cuando corresponda, si el demandado no adopta las
medidas ordenadas por el juez o insiste en el incumplimiento de la normativa.
Si el denunciado o demandado se presenta al tribunal con su abogado, ¿Existe alguna medida a favor del
denunciante o demandante?
Sí, el tribunal, de oficio, le designará el abogado de turno para que le asista en el juicio.
¿Qué debe hacer el tribunal si comparecen personas con discapacidad sensorial?
Está obligado a realizar los ajustes necesarios que permitan a estas personas comunicarse y acceder a los
antecedentes del proceso.
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Institucionalidad Pública
¿La Ley crea nueva institucionalidad pública para lograr los objetivos que persigue?
Sí, la Ley establece nuevos organismos para abordar los desafíos que genera la plena inclusión social de las
personas con discapacidad.
En primer lugar, crea el Comité de Ministros de la Discapacidad integrado por los Ministros de Planificación,
quien lo presidirá, y los Ministros de Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo
y Transportes y Telecomunicaciones.
A este Comité le corresponderá:
1) Proponer al Presidente de la República la Política Nacional para Personas con Discapacidad,1) Proponer al Presidente de la República la Política Nacional para Personas con Discapacidad,
2) Velar por su cumplimiento y asegurar su calidad técnica, coherencia y coordinación intersectorial, y
3) La Contratación de entidades externas para efectuar evaluaciones de acciones y prestaciones sociales sobre
discapacidad, a través de su secretaría ejecutiva (corresponde a la Dirección Nacional del Servicio Nacional de la
Discapacidad).
Además, crea el Servicio Nacional de la Discapacidad que tiene por finalidad promover la igualdad de
oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad.
Este nuevo Servicio es el sucesor y continuador legal de FONADIS. Por lo tanto, todos las solicitudes, trámites y
diligencias que se estaban gestionando en el Fondo Nacional de la Discapacidad continúan su tramitación en el
nuevo Servicio, sin que las personas interesadas deban cumplir algún requisito nuevo o acompañar algún
antecedente adicional.
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¿Cuáles son las principales funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad?
1) Coordinar el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que
contribuyan directa o indirectamente a la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad
de las personas con discapacidad.
2) Asesorar técnicamente al Comité de Ministros en la elaboración de la Política Nacional para Personas con
Discapacidad y elaborar y ejecutar, en su caso, el plan de acción de dicha política.
3) Estudiar y proponer al Presidente de la República, por intermedio del Ministro de Planificación, normas y reformas
legales necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
4) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los
derechos de las personas con discapacidad.
5) Financiar planes, programas y proyectos, y ayudas técnicas y servicios de apoyo.
6) Realizar estudios sobre discapacidad.
7) Promover y desarrollar acciones que favorezcan la coordinación del sector privado con el sector público en todas
aquellas materias que digan relación con mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
8) Realizar acciones de difusión y sensibilización.
El desarrollo de estas nuevas funciones será gradual y estará vinculado a la disposición de los recursos
necesarios para su ejecución.
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Para hacer efectiva la Participación y el Diálogo Social, ¿Qué dispone la Ley en materia de
Institucionalidad?
La Ley crea el Consejo Consultivo de la Discapacidad, órgano que forma parte del Servicio Nacional de la
Discapacidad, cuyas principales funciones serán las siguientes:
1) Participar en la elaboración de la Política Nacional y sus actualizaciones, y en el plan de acción.
2) Presentar al Director Nacional la propuesta de adjudicación de los concursos de proyectos.
3) Servir como instancia de consulta y apoyo para el desarrollo de las funciones del servicio.
4) Recomendar los criterios y procedimientos de evaluación, selección y supervisión de los proyectos concursables.
5) Ser informado periódicamente de la marcha del servicio y del cumplimiento de sus fines.
¿Cómo se integrará este Consejo? De la siguiente forma:
1) Por el Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (lo preside).
2) Cinco representantes de organizaciones de personas con discapacidad de carácter nacional, a fin de representar
equitativamente a agrupaciones de personas con discapacidad psíquica, intelectual, física, auditiva y visual.
3) Un representante del sector empresarial y otro de organizaciones de trabajadores.
4) Dos representantes de instituciones privadas sin fines de lucro constituidas para atender a personas con
discapacidad.
¿Es necesaria la dictación de un reglamento para el funcionamiento de este Consejo?
Sí, el Ministerio de Planificación debe dictar un reglamento dentro del plazo de 9 meses contado desde la
publicación de la Ley.
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