La Ley 527 de 1999 reconoce el valor jurídico de los mensajes de datos electrónicos y ordena el establecimiento de entidades de certificación de firmas digitales. El Decreto 1747 de 2000 reglamenta a las entidades de certificación, definiendo requisitos como contar con seguros que cubran daños por errores o mala conducta de sus empleados. La Ley y el Decreto buscan facilitar las transacciones comerciales electrónicas al reconocer la validez de las firmas digitales certificadas.