La ley de delitos informáticos promulgada por el presidente Ollanta Humala ha generado controversia por su potencial impacto en la libertad de expresión y la regulación de comunicaciones en Internet. Aunque busca combatir la ciberdelincuencia, se ha criticado la falta de claridad en su aplicación y su enfoque desproporcionado en comparación con delitos similares fuera de línea. Es crucial promover una mayor discusión sobre la legislación y asegurar su alineación con estándares internacionales.