Contratando con el impedido.A propósito de las causales de impedimento para contratar con el Estado.

272 pp. 272-290 • ISSN 1812-9552 • JULIO 2018 • Nº 296 | ACTUALIDAD JURÍDICA
A CTUALIDAD ADMINISTRATIVA
ANÁLISIS JURÍDICORESUMEN
Contratando con el impedido
A propósito de las causales de impedimento para
contratar con el Estado*
Roberto BENAVIDES PONTEX**
En el presente artículo el autor desarrolla la evolución histórica de las causales de
impedimentos para contratar con el Estado y realiza un análisis de cada una de las
causales de impedimentos contenidas en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones
con el Estado, Ley Nº 30225, pues considera que es importante que todos los acto-
res involucrados en las compras públicas conozcan los alcances de tales casuales
así como las opiniones de la Dirección Técnica Normativa y las resoluciones del
Tribunal de Contrataciones del Estado para tratar de evitar las posibles contingen-
cias en la contratación pública.
ŠŠ
MARCO NORMATIVO
Ley de Contrataciones con el Estado (Ley
Nº 30225): Art. 11.
Reglamento de la Ley de Contrataciones con
el Estado (D.S. Nº 056-2017-GF): Art. 248.
Š PALABRAS CLAVE: Impedimentos para
contratar con el Estado / Extensión de impe-
dimentos / Impedimentos por competencia
restringida / Impedimentos en virtud de los
cargos de decisión / Impedimentos de los
órganos de gestión / Impedimentos a las
personas jurídicas disfrazadas / Impedimento
por objeto de la contratación / Impedimento
de la persona jurídica con conflicto de interés
Recibido: 11/07/2018
Aprobado: 19/07/2018
INTRODUCCIÓN
Supongamos que para las elecciones regio-
nales y municipales del año 2018, el ciuda-
dano Juan Pérez se inscribió como candidato
para la alcaldía de la Municipalidad del dis-
trito de Río Negro, en la región Junín, por
el partido “Gran Vecindad”. De otro lado,
Pedro Piedra es un próspero empresario de
la mencionada zona; asimismo, es amigo y
compañero de promoción de la Universidad
del candidato Juan Pérez.
Después de la convocatoria oficial de las
mencionadas elecciones, en una reunión
de confraternidad, Juan Pérez le solicitó a
* Agradecimientos por su valiosa colaboración en este artículo a la Dra. Mary Carmen Ríos Vidalón y a Frans
Pariona Caja.
** Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), especialista en contrataciones con el Estado
(Escuela de Gobierno PUCP) y arbitraje (CARC-PUCP) desempeñándose como árbitro en la nómina del OSCE,
de la Cámara de Comercio de Lima, entre otros, además de consultor en las materias referidas. Director del Insti-
tuto Peruano de Contrataciones con el Estado (IPCCE).

ANÁLISIS JURÍDICO / ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA
ACTUALIDAD JURÍDICA | Nº 296 • JULIO 2018 • ISSN 1812-9552 • pp. 272-290 273
Pedro Piedra que le brinde un aporte para
su campaña electoral, este aceptó ayudar
a su amigo en la campaña, aportando una
cuantiosa suma de dinero al partido polí-
tico “Gran Vecindad”, a través de su com-
pañía Pedro Piedra Contratistas Generales
E.I.R.L., la cual se encontraba en el sector de
construcción.
Las elecciones se llevaron a cabo, Juan Pérez
fue elegido alcalde de la Municipalidad del
distrito de Río Negro, y tomará el mando a
inicios del año 2019.
Después de varias reuniones con su amigo
Pedro Piedra, el alcalde le comenta que la
municipalidad necesita de buenos empresa-
rios y que cuenten con un buen récord de
ejecución de obras privadas, precisamente
dichas características las reunía Pedro Pie-
dra; siendo ello así, lo invitó a postular a los
procedimientos de selección para obras de la
Municipalidad del distrito de Río Negro.
El primer proceso convocado por la muni-
cipalidad fue la ejecución de la obra de
la nueva sede de la Municipalidad de Río
Negro. Pedro Piedra Contratistas Generales
E.I.R.L presentó la mejor oferta, ganando
el proceso de selección, adjudicándose la
buena pro. Sin embargo, días después de
haber firmado el contrato, en una acción de
control, se detectó que Pedro Piedra Con-
tratistas Generales E.I.R.L se encontraba
impedido para contratar con el Estado,
en virtud de lo establecido en el literal
r) del artículo 111
de la Ley de Contrata-
ciones con el Estado, Ley Nº 30225, (en
1 Artículo 11 Impedimentos
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, con-
tratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente
Ley, las siguientes personas:
(…)
r) Las Personas Jurídicas Nacionales o Extranjeras que hubiesen efectuado aportes a organizaciones políticas
durante un proceso electoral, por todo el periodo de gobierno representativo y dentro de la circunscripción en la
cual la organización política beneficiada con el aporte gano el proceso electoral que corresponde.
adelante, LCE), el cual fue publicado el 30
de noviembre de 2017.
Tal como se aprecia del caso hipotético antes
descrito, a partir del año 2018 se advertirá la
aplicación de un nuevo literal sobre impedi-
mentos para poder contratar con el Estado,
siendo que este está directamente vinculado
a una legislación que es reactiva frente a los
actos de corrupción que se han suscitado en
el país; con lo cual resulta de importante per-
tinencia analizar cómo se va a fiscalizar el
mencionado impedimento.
Asimismo, debemos tener en cuenta que si
se llega a la firma de un contrato entre una
entidad y un impedido para contratar con el
Estado, esto conlleva una nulidad del con-
trato; y, además, al inicio de un procedi-
miento sancionador para el contratista.
Tanto los operadores de la norma, los funcio-
narios públicos, así como los privados que
pretenden adjudicarse contratos públicos,
ambos deben estar al tanto de todas las cau-
sales de impedimento y sus consecuencias,
establecidas en la LCE y su Reglamento (en
adelante, RLCE) a fin de que puedan contra-
tar de una manera adecuada.
Tal como desarrollaremos en el presente
artículo, la LCE dispone de una serie de
impedimentos para ser participante, para
ser postor de los procedimientos de selec-
ción o finalmente contratista o subcontra-
tista, a efectos de salvaguardar los principios
establecidos por la LCE; tales como libertad
de concurrencia, competencia, publicidad,

transparencia e igualdad de trato, entre otros
(Opinión N° 144-2017/DTN OSCE p.2.). De
lo contrario, podrían generarse situaciones
de injerencia, ventajas, privilegios o conflic-
tos de interés de ciertas personas que, por
las funciones o labores que cumplen o cum-
plieron, o por los vínculos particulares que
mantienen, pudiesen generar serios cuestio-
namientos sobre la objetividad e imparciali-
dad con la que se llevan los procedimientos
de contratación, bajo su esfera de dominio o
influencia (Resolución N° 0082-2018-TCE-
S4 p.5.).
De un lado, el contratar con una persona
natural o jurídica que se encuentra en el
espectro del impedimento de contratar con el
Estado es perjudicial para la entidad pública
ya que esta no podrá cumplir sus objetivos y
su finalidad pública, además de las respon-
sabilidades funcionales que acarrea para los
funcionarios de la entidad; mientras que, de
otro lado, el contratista, en primer lugar, no
podrá generar las utilidades previstas, ade-
más probablemente tenga una merma econó-
mica por los gastos económicos en los que
incurrió a lo largo del proceso de selección,
y, en segundo lugar, se le iniciará un proce-
dimiento administrativo sancionador ante el
Tribunal del Organismo Supervisor de las
Contrataciones con el Estado (en adelante
TCE).
En el presente artículo, se analizará la evolu-
ción histórica de los impedimentos para con-
tratar con el Estado, además de un análisis de
las causales de impedimentos vigentes.
2 Podemos señalar para aclarar los términos mencionados que el participante es el privado que se inscribe como par-
ticipante para determinado proceso de selección, mientras que el postor es el participante que presenta una oferta al
proceso de selección y el contratista es el que finalmente se adjudica la buena pro y firma el contrato con la entidad,
con lo que todo contratista tiene que haber pasado por la etapa de participante o postor, sin embargo no todo parti-
cipante o postor será contratista. Asimismo, el subcontratista es quien contrata con un contratista que tiene un con-
trato original con alguna entidad y se encuentra bajo las restricciones que establece la LCE, el RLCE y los docu-
mentos del proceso de selección que dieron origen al contrato.
I. EVOLUCIÓN DE LAS CAUSALES DE
IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO
Dentro de la contratación pública, podemos
señalar, de forma general y teórica, que cual-
quier persona como regla general puede ser
participante, postor, contratista y/o subcontra-
tista2
con el Estado, y proveerle a este ya sea
bienes, servicios y obras; salvo se encuentre
inmerso en alguno de los impedimentos esta-
blecidos en el artículo 11 de la LCE.
Asimismo, teniendo en consideración que
en nuestro ordenamiento jurídico no es posi-
ble aplicar las normas que establecen excep-
ciones o restringen derechos por analogía;
entonces dichos impedimentos no podrían
ser aplicados por analogía a supuestos dis-
tintos a los previstos en la LCE (Opinión
242-2017/DTN OSCE p. 2).
Debemos señalar que la importancia de iden-
tificar a los sujetos con impedimentos para
contratar con el Estado radica en tratar de
evitar que distorsionen el proceso de com-
pra pública pues, de lo contrario, existiría la
posibilidad de que alguien pueda tener una
posición de ventaja o poder, lo cual podría
ocasionar algún conflicto de intereses en el
propio proceso de compra pública.
A fin de desarrollar la evolución de los impe-
dimentos para contratar con el Estado, debe-
mos tener en cuenta que desde la vigencia del
Decreto Legislativo N° 1017 (2009) hasta
la última modificatoria de la LCE (2017),
advertimos que los impedimentos han sido
ampliados a diecisiete (17) causales, tal
como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO EVOLUTIVO DEL NÚMERO DE CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO3
NORMAS DE CONTRATACIONES
CON EL ESTADO
NÚMERO DE CAUSALES
DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO
VIGENCIA
DE LOS IMPEDIMENTOS
D.L. 1017 LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
D.S 184-2008-EF
Artículo 10 - 12 causales de impedimen-
tos
Desde el 1 de febrero de 2009
al 19 de setiembre de 2012
LEY N° 29873 LEY DE CONTRATACIO-
NES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
D.S 138-2012-EF
tos
Desde el 20 setiembre de 2012
al 8 de enero de 2016
LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIO-
NES CON EL ESTADO Y SU REGLA-
MENTO
D.S 350-2015-EF
Artículo 11 - 13 causales de impedi-
mentos, adicionalmente los literales del
artículo 248 del RLCE
Desde 9 de enero de 2016 al
2 de abril de 2017
D.L. 1341 QUE MODIFICA LA LEY
302225, LEY DE CONTRATACIONES
CON EL ESTADO Y SU REGLAMENTO
D.S, 056-2017-EF
tos, más el literal “r” agregado por la ley
de partidos políticos (Ley 28094), más la
quinta disposición complementaria final,
más 6 del artículo 248 del RLCE
Desde el 03 de abril 2017 a la
fecha
3 Todos los cuadros son de elaboración propia.
Asimismo, podemos encontrar que, desde
el año 2016 al año 2017, se han incremen-
tado el número de las opiniones que emite la
Dirección Técnica Normativa (en adelante,
DTN) del Organismo Supervisor de las
Contrataciones con el Estado (en adelante
OSCE), tal como se muestra en los siguien-
tes cuadros:
Cabe mencionar que, dentro de la evolu-
ción de las causales de impedimentos para
contratar con el Estado, un punto impor-
tante fue la expansión del ámbito de aplica-
ción de dichos impedimentos, siendo ya apli-
cables a las contrataciones que realicen las
entidades por montos menores a 8 unidades

impositivas tributarias, las cuales son con-
trataciones fuera del ámbito de la LCE, pero
supervisadas por el OSCE.
En relación con el desarrollo de las causa-
les establecidas en el artículo 11 de la LCE,
es importante recalcar que todos los opera-
dores que actúan en el proceso de compras
públicas deben comprender, de forma clara
y precisa, los alcances de los impedimen-
tos, a fin de que se puedan evitar posteriores
contingencias; por tal motivo, en el presente
artículo desarrollaremos las causales estable-
cidas sobre impedimentos en la normativa de
las contrataciones con el Estado.
II. ACTUALES CAUSALES DE IMPEDI-
MENTOS PARA CONTRATAR CON
EL ESTADO
Inicialmente, por motivos metodológi-
cos, explicaremos que a los sujetos que se
encuentran dentro de las causales estable-
cidas en los impedimentos para ser partici-
pante, postor o contratista o subcontratistas,
se les aplica una extensión o ampliación del
ámbito de aplicación del impedimento; ello
en virtud de lo dispuesto por el literal h)4
del artículo 11 de la LCE; dicha extensión
se aplica a los familiares de dichos sujetos
impedidos para contratar con el Estado, ya
sea por consanguineidad o por afinidad.
Esta extensión obedece a que el legislador ha
presumido que tales familiares podrían apro-
vecharse del cargo o la posición que ostenta
el funcionario público en algún puesto clave,
4 Artículo 11. Impedimentos
(…)
h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales señaladas en los literales precedentes, el cónyuge,
conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
(…)
5 Sin embargo, en el artículo 248 del RLCE se regula la aplicación del literal H a los impedimentos que son regula-
dos posteriormente en los siguientes literales del artículo 11 de la LCE, inclusive en el último literal r) materia del
ejemplo introductorio.
y pueda, de esa forma, distorsionar el pro-
ceso de compra. Esta extensión se enmarca
en los literales a) hasta el g) del referido
artículo5
.
Ahora bien, la extensión de los impedi-
mentos para contratar con el Estado antes
descrita, se ha visto restringida debido a la
modificatoria establecida porr el Decreto
Legislativo Nº 1341 (en adelante, DL
Nº 1341), ya que en la norma derogada se
contemplaba que la carga de los impedimen-
tos se extendían hasta el cuarto grado de
consanguinidad y al segundo grado de afi-
nidad del sujeto impedido; siendo ahora que
dicha carga sobre los impedimentos es solo
para el segundo grado de consanguinidad y
el segundo de afinidad del sujeto impedido,
tal como se muestra en el cuadro Nº 1 de la
siguiente página.
Después de haber efectuado el análisis de
la extensión de los impedimentos, podemos
continuar enumerando cada uno de los litera-
les referidos a los impedimentos para contra-
tar con el Estado.
En primer lugar, se encuentran los impe-
dimentos de carácter nacional, estableci-
dos en el primer literal del artículo 11 de
la LCE. En este primer literal se encuen-
tran las autoridades con más alto cargo en
el país, quienes además cuentan con un lla-
mado “periodo de sospecha” de 12 meses,
el cual consiste en que aún después de haber
dejado el cargo, durante dicho periodo de
sospecha se encontrarán impedidos para

contratar con el Estado. Esto obedece a que
tales funcionarios podrían tener algún tipo
de influencia en el proceso de las compras
públicas de las entidades y de esta forma lo
distorsionarían.
Siguiendo el desarrollo del literal a)6
del
artículo 11 de la LCE, el Presidente y los
vicepresidentes de la República, los con-
gresistas de la República, los vocales de la
Corte Suprema de Justicia de la República,
a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y
los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia
de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos.
7 Caso del hermano del expresidente Ollanta Humala Tasso, el señor Alexis Humala Tasso era miembro de la
empresa KRASNY del Perú S.R.L, la cual fue sancionada mediante resolución 247-2013-TC-S3. Punto distinto y
vinculado con la ética pública el del expresidente PPK que su empresa mientras el era ministro de estado le brin-
daba consultorías a una asidua contratista con el Estado que era ODEBRETCH.
los titulares y los miembros del órgano cole-
giado de los Organismos Constitucionales
Autónomos son los primeros impedidos a
nivel nacional para contratar con el Estado;
sin embargo, cabe traer a colación el caso
del hermano de un expresidente, quien era
socio de una empresa y que continuaba con-
tratando con el Estado; a pesar de que su her-
mano fue elegido presidente de la república,
y fue por dicha acción que el TCE sancionó
a dicha empresa7
.
CUADRO Nº 1
EXTENSIÓN DE IMPEDIMENTOS
Todos los impedimentos se
hacen extensivos al cónyuge
o convivientes y parientes
hasta el segundo grado de
consanguinidad y/o afinidad.
CONSANGUINIDAD
PARENTESCO GRADO
Padres 1°
Hijos 1°
Hermanos 2°
Abuelos 2°
Nietos 2°
AFINIDAD
PARENTESCO GRADO
Cónyuge 1°
Suegros 1°
Cuñados 2°

Asimismo, siguiendo la lógica del primer
literal, en el literal b)8
del artículo 11 de la
LCE se establecen los impedimentos de
carácter regional, limitándose al ámbito de
su competencia, tales como los gobernado-
res, vicegobernadores y los consejeros de los
gobiernos regionales.
No obstante, cabe señalar que la extensión
de los impedidos por consanguinidad y afi-
nidad es solo para los cónyuges, los sue-
gros y cuñados, debiendo ser dicha condi-
ción demostrable y comprobada, tal como lo
señaló la Resolución N° 0082-2018-TCE-S4.
La mencionada Resolución se dio en virtud
de que se le imputaba a la señora Amelia
Huanca Manchaca, cónyuge del goberna-
dor regional de Puno y dueña de la empresa
“Americ”, haber trasgredido la norma de
contrataciones por contratar con el Gobierno
Regional de Puno en los años 2015 y 2016
por un monto ascendente a S/ 233, 285.30.
Cabe señalar que el hecho de ser cónyuge o
conviviente debe ser un hecho acreditado,
siendo que en el caso en concreto la señora
Amelia Huanca Manchaca no se encontraba
casada con el gobernador regional de Puno,
el señor Juan Luque Mamani. Así, del docu-
mento nacional de identidad se identificó
(…)
b) Durante el ejercicio del cargo los Gobernadores, Vicegobernadores y los Consejeros de los Gobiernos Regiona-
les, y en el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo.
(…)
9 En la mencionada resolución se menciona la Ley N° 30311, en la cual se hace referencia al artículo 326 del código
civil que regula la unión de hecho, asimismo se señala que como convivientes debe entenderse a la persona que
reúna, para ser considerado como tal, los requisitos del código civil. Sin embargo, no se pudo acreditar la misma.
10 Asimismo, la a señora Amelia Huanca Manchaca mediante la Resolución Nº 637-2018-TCE no se le pudo sancio-
nar por el mismo accionar de venderle al gobierno regional de Puno productos por montos menores a las 8 unida-
des impositivas que si bien están exentas de la norma de contrataciones son supervisadas, esto debido a que no se
pudo acreditar fehacientemente el vinculo con el gobernador regional.
11 La modificatoria de la Ley Nº 30225 se dio mediante el Decreto Legislativo Nº 1341 que entró en vigencia con el
reglamento de contrataciones con el Estado el 3 de abril del 2017.
que tienen domicilios diferentes, pero se
advirtió que tenían dos hijos que figuraban
en el registro nacional de identificación y
Estado Civil (Reniec); y, además se advirtió
que en su declaración jurada para la postula-
ción al cargo público que ostentaba, señaló
que era cónyuge de Amelia Huanca Man-
chaca; ello figuraba en el Jurado Nacional de
Elecciones.
A pesar de ello, el TCE no pudo acreditar la
convivencia, ni la unión de hecho de la con-
tratista con el funcionario público9
; motivo
por el cual no se pudo sancionar a dicha
contratista10
.
III. RETROCEDIENDO EN LA REGULA-
CIÓN SOBRE IMPEDIMENTOS PARA
CONTRATAR
Según la última modificatoria11
de la LCE,
se restringe el ámbito de aplicación de los
supuestos de impedimentos para contratar
con el Estado de los ministros y viceminis-
tros de Estado, quedando restringido durante
el periodo que ejercen el cargo y en el ámbito
de su sector. Es decir, a partir de la entrada
en vigencia de la norma, una vez que dejen
el cargo de ministro o viceministro, estos sí
podrían contratar con el Estado, pero en otro

sector que no tenga relación con el sector en
el que se desempeñaron con tales cargos.
No creemos que sea una correcta y adecuada
regulación, ya que no es posible negar el
hecho que un ministro o viceministro tenga
reuniones sobre políticas nacionales u otro
tipo de reuniones como consejo de ministros,
entre otros, y no tenga injerencia en otro sec-
tor, es por ello que dicha modificatoria pare-
ciera estar alejada de la realidad.
La regulación anterior sí establecía que los
ministros y viceministros se encontraban
impedidos para contratar en todos los sec-
tores. Cabe precisar que en la exposición de
motivos del DL 1341 no se justificó el cam-
bio bajo comentario12
.
IV. IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO POR COMPETEN-
CIA RESTRINGIDA
Siguiendo el orden que establece el artículo
11 de la LCE, a continuación desarrollare-
mos el literal d)13
, el cual restringe el ámbito
de competencia territorial durante el ejer-
cicio del cargo de los jueces de las Cortes
Superiores de Justicia, los alcaldes y regido-
res, contando con el mismo periodo de sos-
pecha de 12 meses posteriores a encontrarse
fuera del cargo.
Pese a la claridad con la que se encuen-
tra redactado dicho literal, se han suscitado
casos en los cuales las empresas de los regi-
dores contrataban con entidades del mismo
ámbito territorial; tal como sucedió en el
12 Exposición de motivos del decreto legislativo 1341, decreto legislativo que modifica la ley de contrataciones con
el Estado “En el Caso de los Ministros y Viceministros se ha precisado que el impedimento para todo proceso de
contratación pública aplica mientras ejercen el cargo y se restringe al ámbito de su sector desde que dejan el cargo
hasta los doce (12) meses posteriores.” P.9 (El subrayado es nuestro).
13 d) Durante el ejercicio del cargo los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores, y en el
ámbito de su competencia territorial, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo.
caso de la empresa Asimov Kas S.R.L, la
cual entró en consorcio con Telecomuni-
cation Engineering & Consulting Services
S.A.C., teniendo como accionista principal
de Asimov Kas S.R.L. al regidor de la Muni-
cipalidad Provincial de Huaura, Lionel Hoo-
ver Castillo Chávez; su empresa fue la gana-
dora del proceso de selección, contratando
con la Universidad Nacional Faustino San-
chez Carrión, ubicada en la misma localidad;
ello evidentemente contraviene la norma de
contrataciones con el Estado.
En el mencionado proceso, el contratista uso
como argumento de defensa que el comité
de selección no debió admitir su propuesta
pues contaba con el 90 % de acciones de una
las consorciadas, Asimov Kas S.R.L; con lo
cual admitió que era un impedido para con-
tratar con el Estado.
También se debe hacer mención que en el
referido proceso, el contratista presentó una
constancia de no estar inhabilitado, pese a
que sabía que era un impedido para contra-
tar con el estado; siendo que el certificado
de estar habilitado solo es expedido para
verificar que los contratistas no se encuen-
tren sancionados, pero no para conocer si
el contratista se encuentra impedido por
otra causal que no sea la inhabilitación, por
lo que el contratista no debió presentar su
propuesta.
El TCE sancionó a la empresa contratista
Asimov Kas S.R.L con 13 meses inhabilita-
ción, no pudiendo participar ni contratar con
el Estado por dicho periodo.

V. IMPEDIMENTOS EN VIRTUD DE LOS
CARGOS CON PODER DE DECISIÓN
Tanto en los literales e)14
y f)15
del artículo 11
de la LCE, la relevancia del impedimento se
da en función del cargo que se ostenta dentro
de una misma entidad o empresa del Estado;
este impedimento busca evitar que los titu-
lares de empresas del Estado, así como a los
funcionarios o servidores de la propia enti-
dad no distorsionen los procedimientos de
compras públicas.
Precisamente respecto de dicho impedi-
mento, como ejemplo podemos hacer men-
ción al caso del señor Hoffman Willy Cha-
vez Alejos, quien fue sancionado mediante
Resolución N° 2826-2017-TCE-S4; el señor
Hoffman postuló a una consultoría para el
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
Lima (Sedapal), a pesar de tener dos fami-
liares directos, su hermano y su padre, este
último era el jefe del equipo de presupuesto
de la entidad; con lo cual se configuraba el
impedimento del literal e), en concordancia
con el literal h) del artículo 11 de la LCE.
Motivo por el cual, el TCE lo sancionó por el
período de 9 meses de inhabilitación.
Asimismo, debemos tener en consideración
la Opinión N° 140-2017/DTN-OSCE16
, emi-
tida por la DTN del OSCE, mediante la cual
efectuó una interpretación en conjunto, tanto
de los literales del artículo 11, como del lite-
ral d) del artículo 248.1 del Reglamento de
14 e) Durante el ejercicio del cargo los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los
funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia, gerentes
y trabajadores de las empresas del Estado a dedicación exclusiva, y respecto a la Entidad a la que pertenecen, hasta
doce (12) meses después de haber dejado el cargo. En el caso de los directores de las empresas del Estado, el impe-
dimento aplica, en la empresa a la que pertenecen, hasta (12) meses después de haber dejado el cargo.
15 f) En la entidad a la que pertenecen, quienes por el cargo o la función que desempeñan tienen influencia, poder de
decisión, o información privilegiada sobre el proceso de contratación o conflictos de intereses, hasta (12) meses
después de haber dejado el cargo.
16 En virtud de la Opinión Nº 140-2017/DTN-OSCE se estableció el criterio de restricción para los servidores público
siendo de alcance nacional, siguiendo este mismo criterio durante el año 2017 las opiniones: 147-2017/DTN-
OSCE, 148-2017/DTN-OSCE,157-2017/DTN-OSCE y 201-2017/DTN-OSCE.
LCE, señalando que los impedimentos de los
familiares referidos en el literal h), solo están
referidos a la entidad donde labora el funcio-
nario público; sin embargo, para el propio
funcionario público mientras ejerce el cargo,
el impedimento tiene un alcance nacional,
encontrándose este impedido para efectuar
contrataciones en todo el país.
La interpretación que hizo la DTN fue con
relación a los posibles conflictos de interés
que puedan suscitarse dentro del proceso de
contratación pública.
Cabe señalar que se han emitido diversas
opiniones al respecto; sin embargo, creemos
que este criterio de interpretación en el cual
se amplía el ámbito de aplicación de las cau-
sas establecidas en el literal del impedimento
que venimos desarrollando, debe encon-
trarse regulada de forma directa en la LCE,
y no correspondería una interpretación a tra-
vés de una opinión emitida por la DTN del
OSCE se amplíe el criterio de interpretación
del impedimento, ya que es una interpreta-
ción que se realiza restringiendo derechos,
lo cual no se puede efectuarse por analo-
gía, según lo establecido por nuestro ordena-
miento jurídico.
Sería ideal que el legislador regule este
impedimento de manera adecuada, ya que
no se condice de forma proporcional con
los supuestos establecidos en los literales
precedentes.

VI. IMPEDIMENTO POR DETERMINA-
CIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
En la causal de impedimento g)17
del artículo
11 de la LCE se advierte y resulta lógico,
que los sujetos que interviniesen tanto en la
determinación de las características, en el
valor referencial, como en la elaboración de
bases, además de otros aspectos del objeto
de la contratación pública, se encuentran
impedidos de contratar con el Estado.
Es comprensible que dicho sujeto esté impe-
dido de ser participante, postor, contratista o
subcontratista de dicho proceso de selección,
ya que su participación en el mismo distor-
sionaría el proceso de compra pública con
una clara alusión a conflictos de intereses
que se suscitarían si pudiesen intervenir per-
sonas que estuvieron vinculadas con las acti-
vidades mencionadas anteriormente.
Sin embargo, por ser un tema muy particular,
se plantea una excepción para los contratos
de supervisión de la obra, en los cuales el
consultor de obra que participó en la deter-
minación de las características técnicas y el
valor referencial18
sí podrá ser participante,
postor, contratista o subcontratista de dicho
proceso de contratación pública.
Ahora bien, sobre el impedimento bajo aná-
lisis, tenemos como ejemplo el caso de la
empresa Expert Consultoría, Proyectos y
Supervisión S.A.C., la cual se adjudicó un
contrato con la Municipalidad distrital de
17 g) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa
en la determinación de las características técnicas y valor referencial, elaboración de Bases, selección y evaluación
de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso,
salvo en el caso de los contratos de supervisión.
18 Exposición de motivos del Decreto Legislativo Nº 1341, decreto legislativo que modifica la LCE P.9
19 El caso se extrajo de la resolución del TCE 2054-2017-TCE-S4 del 22 de setiembre del 2017, que se dio en
virtud del contrato de supervisión de la obra “Mejoramiento de la capacidad operativa del área de maquinaria
equipo pesado y almacén central de la comunidad distrital de Coporaque-Espinar” por un valor referencial de
S./172,500.00, al ser esta una adjudicación directa selectiva y su convocatoria bajo el Decreto Legislativo Nº 1017,
es un proceso con la normativa anterior.
Coporaque-Espinar, el hecho que generó la
contingencia fue que el subgerente de In-
fraestructura Pública de la Municipalidad,
el ingeniero David Harold Sosa Aquise (en
adelante, el señor Aquise), era miembro del
comité de selección, y a su vez fue accio-
nista de la empresa que se adjudicó el con-
trato público, contando con el 25.65 % de
las acciones de dicha empresa; con lo cual se
configuraba de forma clara el impedimento
para contratar, esto es, que quien elabora
las bases del proceso de selección no puede
adjudicarse el contrato público tal como
venimos desarrollando.
Para poder comprender el conflicto de inte-
reses, debemos explicar que el comité de
selección es el encargado de preparar los
documentos para el proceso de selección,
en este caso particular, fueron unas bases
para un consultoría que necesitaba la refe-
rida municipalidad, en este proceso de selec-
ción se hizo evidente que se vio beneficiada
la empresa que era de propiedad de uno de
los miembros del comité de selección, lo
cual generó un claro conflicto de intereses,
además de una evidente distorsión en el pro-
ceso de compra pública.
Como consecuencia de aquella distorsión,
el TCE sancionó con 40 meses de inhabili-
tación temporal a Expert, Consultoría, Pro-
yectos y Supervisión S.A.C.19
para que par-
ticipe, presente propuestas, sea contratista o
subcontratista en los procedimientos de con-
tratación con el Estado.

VII. IMPEDIMENTODEPERSONASJURÍ-
DICAS POR CONFLICTO DE IN-
TERÉS
A fin de comprender los alcances de los
impedimentos establecidos en los literales
i)20
y el literal j)21
, debemos señalar que den-
tro del ámbito de aplicación del primer literal
se encuentran las personas jurídicas lucrati-
vas, mientras que en el segundo se encuen-
tran las personas jurídicas sin fines lucrati-
vos, tales como las asociaciones civiles, las
ONG y las fundaciones.
En el caso de las personas jurídicas con fines
lucrativos, el criterio que usó el legislador
para poder determinar el rango en el cual
dicha persona jurídica se encuentre impe-
dida, fue que el sujeto impedido posea un
margen superior al 30 % del accionariado de
la persona jurídica, ya que con dicho porcen-
taje tendría injerencia frente a las decisio-
nes que adopte la persona jurídica; además,
la razón de dicha decisión se debe a que la
norma trata de alinear criterios con las nor-
mas tributarias respecto a la vinculación por
propiedad.
Sin embargo, la redacción primigenia del
literal g) de la derogada LCE por el DL
Nº 1341 señalaba que el rango para que se
considere a una persona jurídica como impe-
dido para contratar con el Estado era que el
sujeto impedido cuente tan solo con un por-
centaje superior al 5 % del accionariado, y
no al 30 % como actualmente se encuentra
regulado.
De otro lado, sobre el impedimento para
contratar con el Estado de las personas jurí-
dicas sin fines de lucro, no se advierte un
rango de participaciones mínimo para poder
20 i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas
en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación superior al treinta por ciento (30%) del capital o patri-
monio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo proceso de selección.
21 j) En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas
sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos
directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo proceso.
determinar si se configura el impedimento,
tal como lo establece el literal j); dado que
cualquiera de los impedidos o sus familiares
inmersos en el literal h) del artículo 11 que
hayan participado como asociados o miem-
bros de su consejo directivo, dentro de los
12 meses anteriores a la convocatoria al pro-
ceso de selección, colocan a la persona jurí-
dica en el supuesto de encontrarse impedida
para poder ser participante, postor contra-
tista o subcontratista en un proceso de con-
tratación pública.
La lógica de los impedimentos para contra-
tar con el Estado de las personas jurídicas,
ya sea esta con fines lucrativos o no, se da
en virtud de la posición que puede ocupar
el impedido o alguno de sus familiares; pro-
moviendo los intereses de las personas jurí-
dicas, generando una grave distorsión en el
proceso de compras públicas.
Debemos recordar que en el caso del contra-
tista Expert Consultoría, Proyectos y Super-
visión S.A.C., mencionado en el punto ante-
rior, que en la Resolución TCE se realizó
un análisis con relación al porcentaje de
acciones que eran de propiedad del señor
Aquise (sujeto impedido para contratar con
el estado), quien era accionista de la empresa
contratista y también miembro del comité de
selección que le otorgó la buena pro del pro-
ceso de selección.
En el referido análisis, se señaló que el señor
Aquise tenía el 25.65 % de acciones, con lo
cual, según la norma derogada para encon-
trarse incurso en el mencionado supuesto del
impedimento, tan solo se necesitaba superar
el umbral del 5 % de las acciones requeridas;
sin embargo, este supuesto no se cumpliría

con el actual cambio normativo del literal
i) de la norma pues actualmente se requiere
que cuenten con el 30 % de acciones.
VIII. EXTENSIÓN DE LOS IMPEDIMEN-
TOS PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO A LOS ÓRGANOS DE GES-
TIÓN
Siguiendo la idea del literal anterior, en el
literal k)22
de la LCE se trata de extender el
impedimento para contratar con el Estado a
los apoderados o representantes de las perso-
nas jurídicas o integrantes de los órganos de
administración.
Por ejemplo, si una persona se encuentra
con un impedimento por algún parentesco,
pero esta persona no es accionista de una
empresa o no cuenta con participaciones
de una asociación, sino que solo se encuentra
como integrante de la gestión, con un cargo
que tome decisiones de la misma; inmediata-
mente la persona jurídica se encuentra tam-
bién dentro del impedimento de contratar
con el Estado.
Asimismo, según el literal establecido, dicho
impedimento no solo recae en las perso-
nas jurídicas, sino también sobre las perso-
nas naturales. Como ejemplo de este último,
supongamos que una persona natural sin nin-
gún impedimento, designa como apoderado
o representante a un congresista de la repú-
blica, en dicho supuesto la persona natural
no podría ser participante, postor contratista
o subcontratista con el Estado ya que se le
extendió el impedimento para contratar con
el Estado que tiene el congresista de la repú-
blica de forma automática a nivel nacional.
La lógica de este impedimento se encuentra
en que muchas veces los que se encontraban
22 k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídi-
cas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las referidas per-
sonas. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las
citadas personas.
impedidos no figuraban como propietarios o
asociados de una persona jurídica, sino que
optaban por incluirse en los órganos de ges-
tión de la empresa y evitar extender el impe-
dimento para contratar con el Estado que
poseían; esto ocurría muchas veces con la
real intención de querer distorsionar el pro-
ceso de compras públicas, a fin de evitar las
sanciones respectivas.
Por tal motivo, el legislador ante estas acti-
vidades extendió el rango de los impedi-
dos, así, no solo serán los propietarios de las
empresas sobre los que no debe recaer nin-
guna de las causales establecidas en la norma
sobre impedimentos, sino que, además, se
plantea la posibilidad de que los sujetos que
cuenten con algún tipo de impedimento, no
se encuentran en los órganos de gestión.
IX. IMPEDIMENTO DEL INHABILITADO
PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
Para poder desarrollar este punto, primero se
debe precisar que existe una diferencia entre
los sujetos que son impedidos para contratar
con el Estado, y los que se encuentran inha-
bilitados para contratar con el Estado, siendo
una constante confusión en el uso de estos
términos que se da al momento de referirse a
alguno de ellos.
Los impedidos para ser participante, postor
en un proceso de selección con el Estado o
contratista o subcontratista en un contrato
con el Estado, son los que se encuentran
inmersos en las causales que se han venido
desarrollando, y estos se encuentran en todos
los literales del artículo 11 de la LCE, con la
extensión que se plantea en el artículo 248
del RLCE.

Dentro de una de dichas causales se encuen-
tra el literal l)23
del mencionado artículo, que
hace referencia a los inhabilitados; es decir,
los que han tenido un procedimiento san-
cionador ante el TCE, y este los haya san-
cionado, quedando firme dicha sanción;
encontrándose impedidos de participar en las
contrataciones públicas.
Se debe tener en consideración, tal como lo
establece el artículo 24424
del RLCE, que los
sujetos que se encuentran impedidos para
participar en el proceso de selección o con-
tratar con el Estado, figuran en una lista que
se publica en la página web del OSCE y se
actualiza de forma mensual para mantener
informados a los diversos actores de la con-
tratación pública de los malos participantes,
postores, contratistas o subcontratistas sobre
los que recae alguna sanción.
Es por ello que los participantes, postores,
contratistas o subcontratistas deben encon-
trarse al tanto del estado que estos tengan en
el Registro Nacional de Proveedores pues
sobre ellos recae primero la responsabilidad
de inscribirse en algún proceso de contrata-
ción pública, y para ello se deben encontrar
habilitados; de otro lado, todas las entidades
23 L) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación tem-
poral o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procedimientos de selección y para contratar
con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su reglamento.
24 Artículo 244.- Publicación de los proveedores sancionados por el Tribunal
244.1. La información de los proveedores sancionados se publica mensualmente en el portal institucional del
OSCE, al quedar consentida o firme la sanción impuesta por el Tribunal. Dicha publicación se realiza dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes al término de cada mes.
244.2. La información a ser publicada incluye información de los socios o titulares y de los integrantes de los
órganos de administración que figuran a la fecha de imposición de la sanción y se publica de acuerdo a la base
de datos del RNP, conforme a lo declarado por los proveedores, bajo su responsabilidad. Se considera como órga-
nos de administración los siguientes: gerente general, directorio, administradores, junta directiva, junta de adminis-
tración, consejo de administración, consejo universitario o consejo directivo, o el órgano equivalente inscrito ante
autoridad competente en el país de origen, en el caso de personas jurídicas extranjeras.
244.3. La información de los proveedores sancionados contendrá el récord de sanciones de los últimos cuatro
(4) años desde la fecha de imposición de la sanción. (el subrayado es nuestro) debemos de mencionar que todos
los actores tanto los miembros de los comités de selección como los participantes que se vayan a ingresar al pro-
ceso como consorcio con otras empresas para participar de determinado proceso de selección revisen esta lista para
evitar posibles contingencias posteriores.
25 234.4. Los proveedores son responsables de no estar inhabilitados o suspendidos, al registrarse como participantes,
en la presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato. Las Enti-
dades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP en dichos momentos.
públicas tienen la responsabilidad de verifi-
car la vigencia del registro nacional de pro-
veedores a lo largo de todo el proceso de
contratación, tal como se señala en el nume-
ral 4 del artículo 23425
del RLCE.
Sobre este literal debemos señalar que se
ha tornado usual, como mala práctica por
parte de los contratistas que son sanciona-
dos por el TCE, que a sabiendas de que han
sido sancionados conforme a los paráme-
tros establecidos en la norma de contratacio-
nes con el Estado, estos busquen de alguna
manera judicializar dichas sanciones para
poder obtener las “medidas cautelares”, que
les permitirán seguir participando en los pro-
cedimientos de selección, y por ende, pro-
bablemente contratando con el Estado hasta
que se resuelva sobre el fondo los procesos
judiciales que se ventilan, los mismos que
suelen tomar un buen tiempo.
Tales prácticas distorsionan el proceso de
compra pública, por ello el OSCE de un
tiempo a la fecha se ha propuesto difundir,
en aras de la transparencia, a los contratistas
que por medidas judiciales han logrado con-
tinuar contratando con el Estado.

X. EFECTO BRASIL SOBRE LOS IMPE-
DIMENTOS PARA CONTRATAR CON
EL ESTADO
El motor que impulsó el cambio normativo
en materia de contrataciones con el Estado,
se dio en virtud de los acontecimientos que
revelaron la práctica de corrupción siste-
matizada que aplicaba tanto la empresa
Odebrecht, como otras empresas construc-
toras brasileñas para poder adjudicarse obras
públicas; dichas empresas se encuentran
vinculadas a la investigación que en Brasil
y en otros países se denomina “Lava jato”.
Desde que se inició la investigación “Lava
jato” en Brasil, la cual no solo afectó al Perú
sino también a varios países de la región en
los que las empresas brasileñas habían cele-
brado contratos de obras públicas, no siendo
materia del presente artículo el desarrollar
las prácticas corruptas que realizaron a tra-
vés de un esquema para ganar obras públi-
cas, que en definitiva sería materia para una
investigación más exhaustiva, desarrollare-
mos cuál fue la reacción ante la difusión de
dichos eventos, que en específico, se trans-
formó en la inclusión de dos literales al
artículo de impedimentos para contratar con
el Estado.
Como nuestra legislación es reactiva frente
a los acontecimientos mencionados, pode-
mos señalar la inclusión de los literales m)26
y n)27
, los cuales establecen nuevos impedi-
mentos para que las empresas brasileñas, y
26 m) Las personas naturales condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por
delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos
cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en
otros países. El impedimento se extiende a las personas que, directamente o a través de sus representantes, hubie-
sen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional
o extranjera competente.
27 n) Las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en
el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrup-
ción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procesos de
selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; (ii) directamente o a través de
sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante
alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los
representantes legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio.
en especial Odebretch que pertenecía al lla-
mado “Club de la Construcción” (Hernán-
dez, 2012), puedan contratar con el Estado.
Cabe acotar que también se encontraban en
dicho club, las empresas constructoras más
grandes del país, las cuales podían acce-
der a los funcionarios públicos que toma-
ban las decisiones de las obras públicas, y
de esa forma se repartían dichas obras entre
los miembros del club; ello a cambio de una
contraprestación de carácter ilegal, a fin de
adjudicarse las respectivas obras públicas.
Sobre el literal m), debemos señalar que,
básicamente, se trata de impedir la partici-
pación de las personas que no solo necesa-
riamente hayan sido condenados en el Perú,
sino en el extranjero; podemos agregar que
dicha condena se entiende que solo se da por
los delitos que se encuentran tipificados en el
mencionado literal.
Asimismo, en la última parte del literal, se
extiende el impedimento para quienes hubie-
sen admitido y/o reconocido la comisión
de cualquiera de los delitos tipificados ante
autoridades nacionales o extranjeras. Esta
redacción también se establece en el literal
n), que regula el tema de forma similar, pero
enfocado a las personas jurídicas.
Al respecto, podemos indicar que dicha
redacción está directamente vinculada al
proceso “lava jato”; asimismo, debemos
hacer mención de otra consecuencia de “lava

jato” fue la inclusión en las modificatorias
normativas del nuevo principio de integri-
dad28
, pues lo que se requiere es tener buenos
contratistas y que estos no realicen actos de
corrupción que distorsionan gravemente el
proceso de compras públicas.
Sin embargo, se puede entender que aun
cuando se cuente con el principio de inte-
gridad incluido en la norma de contratacio-
nes con el estado, debemos de señalar que el
impedir que un actor ingrese al sector de las
compras pública sin una sentencia judicial
o una resolución administrativa, puede de
alguna forma lesionar el principio de presun-
ción de inocencia, establecido por nuestra
constitución; el análisis de ello sería materia
de toda una investigación, por lo cual solo lo
mencionamos de forma general.
Sobre el literal n) que regula situaciones
similares como la establecida en el literal
anterior, pero circunscribe la actuación a las
personas jurídicas, debemos señalar que el
OSCE emitió la Opinión Nº 88-2017/DTN,
mediante la cual la Agencia de la Promo-
ción de la Inversión Privada (PROINVER-
SIÓN) realizó consultas sobre el ámbito
de aplicación del mencionado literal n) del
artículo 11 con incidencia en el caso de los
consorciados.
Dicha opinión del OSCE señaló que el impe-
dimento tiene por finalidad evitar el fraude y
la corrupción en los procesos de selección,
restringiendo la participación de proveedo-
res que se encuentre vinculados a los deli-
tos establecidos en el literal; sin embargo,
se realizó una interpretación demasiado
28 Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la apli-
cación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación:
(…)
j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la hones-
tidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada
a las autoridades competentes de manera directa y oportuna
restringida; es decir, el impedimento se
aplica únicamente a los integrantes del
consorcio, cuyos representantes legales o
personas vinculadas han sido condenados o
han admitido la comisión de cualquiera de
los delitos previstos en el literal.
No nos encontramos a favor de la mencio-
nada opinión ya que, si bien en la interpre-
tación de otros literales, mediante opiniones
la DTN toma como insumo de interpreta-
ción hasta la exposición de motivos del DL
Nº 1341 para ampliar el ámbito de aplica-
ción; sin embargo, para esta opinión se rea-
lizó un análisis distinto a la real voluntad del
legislador.
Es por ello que para poder entender el tema
en su real contexto, debemos mencionar
que el Poder Ejecutivo en el año 2018 soli-
citó una delegación de facultades en aras de
mejorar, entre otros aspectos, la norma de
contrataciones con el Estado; sin embargo,
durante el plazo que tenía para emitir dicha
norma, se evidenció, de forma escandalosa,
los actos de corrupción en los que se encon-
traba la empresa Odebrecht y sus empre-
sas vinculadas, así como las otras empresas
brasileñas que se encontraban en el proceso
“lava jato”; es por ello que la norma quería
que dichas empresas no puedan ingresar al
mercado de las compras públicas.
Asimismo, en las investigaciones sobre el
caso “Lava jato” se señaló que quienes se
habían consorciado (empresas peruanas) con
las mencionadas empresas brasileñas en los
procedimientos de licitaciones públicas y
que se habían adjudicado dichas licitaciones,

tenían conocimiento de este actuar corrupto
que realizaban dichas empresas; por lo que,
se trató de extender el impedimento para los
que fueron consorciados de los brasileños en
aquellas adjudicaciones.
La realidad es que si bien el gobierno tenía la
intención de mandar un mensaje claro contra
la corrupción, lamentablemente se dio cuenta
después de la entrada en vigencia de la LCE,
de que las más grandes empresas construc-
toras del país se encontraban vinculadas de
alguna u otra manera en diversos negocios
con la compañía Odebrecht; con lo cual, de
extenderse este impedimento con los con-
sorciados se sacaba a muchos grandes juga-
dores de la cancha de las obras públicas, y
ello conllevaba a que en los proyectos más
importantes de obras públicas, no puedan
participar tales empresas; y, por ende, resul-
taría más difícil realizar dichos proyectos.
Ante tal panorama se emitió esta Opinión
Nº 88-2017/DTN, la cual es vinculante29
para los operadores de la norma, mediante
la cual se señaló que el ámbito de aplica-
ción del impedimento bajo comentario, se
circunscribirá al representante que efectiva-
mente realizó los actos de corrupción, hasta
que no se logre demostrar que sus consor-
ciados sabían de ello; siendo esto una vál-
vula de escape para que las grandes empre-
sas peruanas del sector construcción no se
encuentren impedidas de ser participantes,
postores, contratistas o subcontratistas en los
procesos de contratación con el Estado.
29 Debemos mencionar que si bien las opiniones que emite la DTN del OSCE son estudiadas por la mayoría de los
operadores para poder interpretar el alcance de la normativa de contrataciones con el estado no tenían un vincula-
toriedad expresa en la norma tal como se establece en la anterior normativa si la tenían, es por ello que por medio
de la opinión 211-2017/DTN se le dio la vinculatoriedad necesaria para su interpretación normativa.
30 o) Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las cons-
tituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son continua-
ción, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee
su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como
fusión, escisión, reorganización, transformación o similares.
31 Exposición de motivos del decreto legislativo 1341, decreto legislativo que modifica la ley de contrataciones con
el Estado, p. 10.
XI. IMPEDIMENTO DE LA PERSONA
JURÍDICA DISFRAZADA
Para poder desarrollar los dos literales de
impedimentos siguientes, debemos mencio-
nar que dichos impedimentos tienen la inten-
ción de mejorar la aplicación y la extensión
de literales anteriores.
En particular sobre el literal o)30
, debemos
señalar que es una buena medida que dicho
literal se haya incluido actualmente en la
LCE, adquiriendo de esta manera el rango
normativo de ley. Asimismo, debemos men-
cionar que el mismo impedimento se encon-
traba regulado en el literal c) del derogado
artículo 248 del RLCE; precisamente sobre
este punto debemos señalar que las causa-
les de los impedimentos para contratar con
el Estado deben encontrarse establecidos
en una norma con rango de ley y no por el
reglamento de la misma.
Adicionalmente, tal como lo señaló la expo-
sición de motivos del DL Nº 134131
, el men-
cionado literal busca incluir dentro del
alcance del impedimento a aquellas personas
a través de las cuales una persona jurídica
pretende evadir los alcances y consecuencias
de un impedimento.
Desde la inclusión que se tuvo en el RLCE
sobre el impedimento actualmente regulado
en el literal o), debemos mencionar que este
se dio en virtud de algunos casos que llega-
ron al TCE, como por ejemplo que empresas
que han sido sancionadas por el TCE eran

absorbidas por empresas que no se encon-
traban impedidas mediante una fusión socie-
taria; con lo cual, ya no se encontraban en
el ámbito de aplicación del impedimento
en la derogada norma; por ello que la LCE
lo incluyó inicialmente en su reglamento,
siendo que actualmente con su modificato-
ria, se encuentre regulado en el artículo 11
de la LCE.
Sin embargo, debemos tener en considera-
ción que mediante la Opinión N° 242-2017-
DTN32
se precisó que el hecho de configu-
rarse la fusión por absorción de la sociedad
absorbente, no conlleva inmediatamente
que esta se encuentre impedida para con-
tratar con el Estado, sino que debe deter-
minarse fehacientemente que la sociedad
absorbida efectivamente se encontraba con
el impedimento y que contaba con el control
efectivo respecto de la sociedad absorbente
ya que esta modalidad se da para eludir la
restricción.
Cabe mencionar que, sobre el referido impe-
dimento, el OSCE33
señaló que corres-
ponde a cada entidad estatal efectuar un aná-
lisis de las circunstancias particulares de
cada caso concreto para poder identificar la
32 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, 2017, Opinión 242-2017-DTN
OSCE, sobre la determinación del impedimento establecido en el literal o del artículo 11 de la LCE se señaló adi-
cionalmente que se requiere la realización de un análisis de las circunstancias particulares de cada caso en concreto,
es decir no quieren adelantar vía opinión un resultado sobre si un determinado supuesto implica la configuración de
un impedimento.
33 Mediante la Opinión Nº 207-2017/DTN P4.
34 p) En un mismo proceso de selección las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo econó-
mico, conforme se define en el reglamento.
35 Anexo de definiciones:
(…)
Grupo Económico: Tiene el significado que se le asigna en el artículo 7 del Reglamento de propiedad indirecta,
vinculación y grupo económico, aprobado mediante Resolución de Superintendencia No. 019-2015-SMV-01, y las
normas que la modifiquen, con excepción de las empresas de propiedad estatal que provengan de países clasifica-
dos con grado de inversión, así como los entes jurídicos definidos en dicho reglamento.
(…)”.
36 El mencionado artículo 7 del Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupo económico establece que
grupo económico es el conjunto de entidades nacionales o extranjeras, conformadas por al menos dos entidades,
cuando alguna de ellas ejerce el control sobre la o las demás o cuando el control sobre las entidades corresponde a
una o a varias personas naturales que actúan como unidad de decisión. Las personas naturales no forman parte del
grupo económico. Esto se encuentra en la opinión 256-2017/DTN. P.2
configuración del impedimento que hemos
desarrollado.
Continuando con el análisis de los otros lite-
rales, nos encontramos con un nuevo impe-
dimento que se encuentra regulado en el lite-
ral p)34
del artículo 11 de la LCE, mediante el
cual se hace extensivo el impedimento para
los grupos económicos.
Sin embargo, este literal hace una remisión
a la definición de grupo económico35
que se
hizo en el RLCE, y además dicha definición
se encuentra en el anexo de definiciones del
RLCE, que nos remite al reglamento de Pro-
piedad Indirecta, Vinculación y Grupo Eco-
nómico, aprobado mediante resolución de la
Superintendencia de Mercado de Valores36
.
Básicamente, la intención del mencionado
literal p) es que entidades que son vincu-
ladas, y se colige que una ejerce el control
sobre las demás o que varias personas natu-
rales actúan como unidad de decisión, es evi-
tar que el grupo económico pueda limitar la
competencia en los procedimientos de selec-
ción al permitir que las empresas de grupos
económicos sean participantes, postores o
subcontratistas pues podrían tener acuerdos

que limiten no solo la competencia, sino la
concurrencia de potenciales postores.
XII. LAS LISTAS DE IMPEDIDOS PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO
Respecto de los últimos literales del artículo
11, los cuales se dieron en virtud de las situa-
ciones que acontecen en el país, se tiene al
literal q)37
, la lógica de dicho impedimento
es que el Estado debe tener proveedores
sobre los cuales se pueda tener cierta garan-
tía, no solo para el cumplimiento de la pres-
tación, sino que es importante saber con
quién se está contratando.
Por ello, el literal q) establece el impedimento
para contratar con privados que se encuen-
tren en determinadas listas, como la de deu-
dores de reparaciones civiles, el registro de
abogados sancionados por malas prácticas
profesionales y el registro de funcionarios y
servidores sancionados con destitución por
el tiempo que establezca la ley de la materia.
El literal deja abierta la posibilidad de que se
puedan crear registros adicionales, los mis-
mos que deben ser creados por ley, para que
por el rango normativo puedan ser aplicadas.
Actualmente, se han presentado consultas
sobre el registro de funcionarios y servido-
res sancionados con la destitución, siendo
que OSCE mediante Opinión38
, señaló que
para que se configure el impedimento se
debe cumplir (i) que la persona se encuen-
tre en el registro de funcionarios y servido-
res sancionados con destitución; y, (ii) que
37 q) Las personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre pro-
pio o a través de persona jurídica en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que coti-
zan acciones en bolsa, así como en el Registro de abogados sancionados por mala práctica profesional, en el Regis-
tro de funcionarios y servidores sancionados con destitución por el tiempo que establezca la Ley de la materia y en
todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado.*
38 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRTACIONES DEL ESTADO, 2017, opinión 231-2017/DTN P.5 el
registro al que se menciona hace referencia al primer párrafo del artículo 121 del Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM “Reglamento de la Ley 30057- Ley del Servicio civil, e que cuenta con el Registro nacional de sanciones de
destitución y despido.
la persona se encuentre inscrita en cualquier
registro creado por ley que impida contratar
con el Estado.
Sobre el literal r) del artículo 11 de la LCE,
descrito en la parte introductoria del pre-
sente artículo, debemos mencionar que es un
literal que comienza a regir a partir del pre-
sente año en las próximas elecciones; ante
lo cual, surgen las siguientes interrogantes:
¿cómo será la supervisión o fiscalización
que se llevará a cabo?; ¿dónde se encontrará
el registro de aportantes?, entre otras inte-
rrogantes, que se traducen básicamente en
información que el Estado debe generar, y a
su vez consolidar, y esta pueda encontrarse
al alcance de todos los actores de compras
públicas.
CONCLUSIONES
Después de desarrollar cada uno de los lite-
rales que se encuentran en el artículo 11
de los impedimentos para contratar con el
Estado, creemos que el conocimiento por
parte de todos los actores involucrados en
las compras públicas es lo más importante a
tener en cuenta; además, de otros instrumen-
tos, como las opiniones de la DTN, las reso-
luciones del TCE, así como los artículos que
desarrolle la doctrina al respecto, los cuales
coadyuban a la gestión pública, y a tratar de
evitar las posibles contingencias en la con-
tratación pública.
De otro lado, los mismos actores deben
conocer las consecuencias que acarrea, tanto
para la entidad, para los particulares y los

funcionarios públicos cuando se llega a con-
tratar con un sujeto que se encuentra impe-
dido para contratar con el Estado.
Asimismo, es de vital importancia la infor-
mación que pueda generar el propio Estado,
y poner esta a disposición de todas las enti-
dades públicas, sobre todo a los que se
encuentran encargados de realizar las com-
pras públicas. Así, si se conocen bien los
alcances de la norma y se tiene la infor-
mación adecuada en el tiempo oportuno,
se pueden evitar las contingencias que lle-
ven a las entidades a contratar con quien no
deberían.
También creemos que esta legislación es
muy dinámica, en virtud de los aconteci-
mientos que acarrearon diversas inclusio-
nes de impedimentos para contratar con el
Estado, y no sería una novedad que se inclu-
yan nuevos impedimentos, pero la técnica
legislativa para regularlos debe ser mejor
elaborada.
Por último, con el camino del gobierno digi-
tal y la interoperabilidad39
del Estado, espe-
remos que se pueda minimizar estas actua-
ciones de contratar con los impedidos y se
puedan mejorar tanto la gestión pública, así
como el gasto público.
39 PODER EJECUTIVO, 2016, Decreto Legislativo N° 1246 decreto legislativo que aprueba diversas medidas de
simplificación administrativa, Lima, 9 de octubre.
 Referencias
Congreso de la República, Ley N° 30225 y su
modificatorias introducidas por el D.L1341.
Lima, 07 de enero del 2017.ORGANISMO
SUPERVISOR DE LAS CONTRATA-
CIONES DEL ESTADO , 2017, Opinión
N° 144-2017/DTN OSCE ORGANISMO
SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIO-
NES CON EL ESTADO, 2018, Resolución
N° 0082-2018-TCE-S4 HERNANDEZ
DIEZ, SANDRO, (2012) “Estructura de las
redes de corrupción en los procedimientos
de selección de obras públicas en el sector
transportes y comunicaciones entre los años
2005 y 2010” tesis para obtener el grado
de magister de la escuela de gobierno de
la pontificia universidad católica del Perú.
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bits-
tream/handle/123456789/5546/HERNAN-
DEZ_DIEZ_SANDRO_ESTRUCTURA.
pdf?sequence=1isAllowed=y.
Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado, 2017, Opinión 242-2017-DTN
OSCE.
Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado, 2017, opinión 231-2017/DTN.
Poder Ejecutivo, 2016, Decreto Legislativo
N°1246 decreto legislativo que aprueba
diversas medidas de simplificación admi-
nistrativa, Lima, 9 de octubre.

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