Resolucion (2) 3ªsala suprema laboral

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA LABORAL DE LIMA
EXPEDIENTE N° 23966-2015-58-1801-JR-LA-15
1
Señores:
BEGAZO VILLEGAS
HUERTA RODRIGUEZ
BARBOZA LUDEÑA.
Lima, siete de noviembre de dos mil dieciséis.
AUTOS y VISTOS: Traídos para resolver en la fecha, e interviniendo como
ponente el señor Juez Superior Barboza Ludeña.
MATERIA DEL RECURSO:
Viene en grado de apelación: La Resolución N°Cinco de fecha 26 de mayo del
2016, que corre inserto de fojas 282 a 284 de autos, que declara: Infundada
oposición formulada por la demandada, y dispone que continúe el trámite
conforme a su estado procesal, y estando a lo solicitado por el actor, se habilite
día y hora con la Especialista Legal de Actos Externos, a fin de practicarse la
diligencia de reposición del demandante, debiendo el actor apersonarse al local
del Juzgado a fin de programar la misma y brindar las facilidades necesarias.
AGRAVIOS
El demandado mediante su recurso de apelación de fecha 09 de junio de junio
del 2016, que corre de fojas 288 a 294, expresa los siguientes agravios:
i. Sostiene que el Juzgado hace referencia de manera genérica a los fundamentos
y pruebas valoradas en la solicitud de la medida cautelar y de manera muy
tangencial señala los cuestionamientos alegados por la demandada, incumpliendo
su obligación de motivar y no valoró los fundamentos y pruebas aportadas en el
escrito de oposición.
ii. Sostiene que al haberse actuado en forma deficiente se ha atentado contra el
derecho al debido proceso por nuestra parte, negando el derecho a la defensa
contra una medida cautelar dictada y que precisamente fue cuestionado a través
SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Secretario De Sala:RIVERA LOPEZ Gloria Teresa
(FAU20159981216)
Fecha: 11/01/2017 12:59:52,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
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de una oposición, y que además no se ha contemplado que el actor ha
presentado documentación incompleta, en tanto que solo ha presentado el Acta
de Constitución del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Ciencias y
Humanidades de fecha 11 de junio de 2015 y no así otras actas, y los cuales no
han sido puestas a conocimiento de su representada.
iii. Sostiene que no se ha analizado en ningún momento que el demandante
ejerció el cargo de Secretario General del Sindicato durante el procedimiento del
despido y el Acta de fecha 11 de junio del 2015 no tenía validez del caso por
haber sido sustituida por la del 09 de agosto del 2015 por lo que no es aplicable el
artículo 55 de la Ley N°29497; tampoco se tomó en cuenta que su representada
si cumplió con absolver en el texto de la carta de despido lo referente lo referente
al punto 18 de la carta de descargo del actor.
iv. Sostiene que la apelada vulnera el derecho al debido proceso y a la valoración
de la pruebas y causa grave perjuicio respecto a la imagen institucional ante el
resto de los trabajadores que observan como una persona que se ha mostrado
totalmente renuente al cumplimiento de las disposiciones institucionales y en
negarse de asistir en forma puntual a su trabajo y retorna al trabajo en forma
provisional sin haber nunca ejercido el cargo sindical.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: 1.1. Conforme al artículo 364°del Código Procesal Civi l, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine a
solicitud de parte, o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio,
con el propósito de que sea anulada o revocada total o parcialmente; por esta
razón, el artículo 366° del Código Adjetivo citado, exige como requisito de fondo
para su interposición, es que sea fundamentada, indicando el impugnante el error
de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del
agravio y sustentando su pretensión impugnatoria, en tanto que sólo corresponde
a la Sala Superior pronunciarse sobre los agravios que afectan al apelante
conforme al artículo 370 del Código Procesal Civil.

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SEGUNDO: 2.1. El artículo 54°de la Ley N°29497, ha dispuesto q ue: “A pedido
de parte, todo juez puede dictar medida cautelar, antes de iniciado un proceso o
dentro de este, destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal. Las
medidas cautelares se dictan sin conocimiento de la contraparte. Cumplidos los
requisitos, el juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar, cuidando que
sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión principal. En
consecuencia, son procedentes además de las medidas cautelares reguladas en
este capítulo cualquier otra contemplada en la norma procesal civil u otro
dispositivo legal, sea esta para futura ejecución forzada, temporal sobre el fondo,
de innovar o de no innovar, e incluso una genérica no prevista en las normas
procesales.”.
2.2. También de manera especial conforme al artículo 55 de la Ley acotada el
juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del proceso, una
medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios; asimismo
puede dictarla si el demandante cumple los siguientes requisitos: a) Haber sido al
momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o
persona con discapacidad; b) estar gestionando la conformación de una
organización sindical; y c) el fundamento de la demanda es verosímil.
2.3. Cabe mencionar también que el artículo 611° del Có digo Procesal Civil,
aplicable supletoriamente al caso de autos, establece: “El juez, atendiendo a la
naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión
definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere
adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba presentada por el
demandante, aprecie:
1. La verosimilitud del derecho invocado.
2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la
demora del proceso o por cualquier otra razón justificable.
3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. (…)”.

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TERCERO: Al respecto, es de indicar que: a) la apariencia en el derecho, es lo
que en doctrina se conoce como el “Fumus Boni Iuris”, es decir la apariencia,
rasgo o aspecto exterior del derecho, el mismo que supone: “…cognición sumaria,
limitada a un juicio de probabilidades y de verosimilitud. El resultado de esta
cognición sumaria sobre la existencia del derecho tiene pues, en todos los casos,
valor de no declaración de certeza sino de hipótesis: solamente cuando se dicte la
providencia principal se podrá ver si la hipótesis corresponde a la realidad…”1; b)
el peligro en la demora denominado también “Periculum In Mora”, se refiere a la
atribución del Juzgador de constatar si es factible que el fallo definitivo se ejecute
con eficacia, elemento respecto del cual para su calificación no es suficiente su
simple invocación sino que es necesario que el Juzgador observe los hechos y
aprecie las posibles consecuencias que la demora pueda ocasionar, lo cual debe
ser acreditado con los medios probatorios necesarios para tal fin; y c) la
contracautela, parte del presupuesto consistente en que la ejecución de una
resolución cautelar puede traer perjuicio al afectado con ella.
CUARTO: Análisis de los agravios i), ii) y iv) del apelante
4.1. El apelante cuestiona básicamente que el emitir la resolución apelada no
habría no habría valorado los fundamentos y las pruebas presentadas y aportadas
en su escrito de oposición afectando su derecho al debido proceso. Al respecto
debemos indicar que conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil todos los
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su
apreciación razonada; sin embargo en la resolución sólo serán expresadas las
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión, y ello se hace
extensivo para todas las resoluciones en las que deben ser probados los hechos
vertidos por protagonistas del proceso.
1
Exp. 996-2001. 4° Sala Civil de Lima, resolución de fecha 27 de abril de 2002.

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4.2. Examinado en ese contexto la resolución venida en grado que corre de fojas
281 a 284, se desprende que la A quo realiza un resumen sucinto de los hechos y
los medios probatorios que acompaña en el considerando Segundo de la misma,
precisando la existencia de una serie de memorandos de amostaciones y
suspensiones por tardanzas reiteradas lo cual tiene concordancia con lo señalado
en la carta de pre aviso de despido (ver fs.27 y 282 a 282) y lo contrastó con lo
expuesto por el demandante resumido en el Tercero considerando (ver fs. 282 y
283), y concluye en el Cuarto considerando de que los cuestionamientos de la
demandada no resultaban amparables.
4.3. De otro lado el apelante, señala en su agravio que “el actor ha presentado
documentación incompleta en su solicitud de medida cautelar y que solo habría
presentado el Acta de Constitución del Sindicato de fecha 11 de junio del 2015 y
no así otras Actas de Constitución de fechas 09 de agosto del 2015 y 04 de
octubre del 2015, siendo que la segunda sustituye a la primera y la tercera
sustituye a la segunda y que las dos primeras carecerían de validez” (ver fs.292).
De lo que podemos advertir es que la demandada sí estuvo al tanto de la
formación y constitución del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Ciencias y
Humanidades, pues detalla claramente las fechas de las diversas reuniones,
siendo claro que el actor participó en la reunión de fecha 14 de junio del 2015,
que también era posterior al anterior efectuado el 17 de mayo del 2015, señalado
en el mismo documento y en la misma por existir una sola lista fue designado el
demandante como Secretario General (ver fs.21), también participó en la reunión
del 09 de agosto del 2015 (ver fs.88), y el del 04 de octubre en que no participó el
actor se designa como Secretario General a don David Edgardo Cadillo Varillas
con periodo de duración del 05 de octubre del 2015 al 04 de octubre del 2017; de
todo ello debemos concluir que los agravios del apelante deben ser desestimados
por infundados.
QUINTO: Análisis del agravio iii) del apelante

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5.1. Sostiene el apelante que “el actor no ejerció el cargo de Secretario General
del Sindicato durante el procedimiento del despido y el Acta de fecha 11 de junio
del 2015 no tenía validez del caso por haber sido sustituida por la del 09 de
agosto del 2015 por lo que no es aplicable el artículo 55 de la Ley N°29497 y que
tampoco se tomó en cuenta que su representada si cumplió con absolver en el
texto de la carta de despido lo referente lo referente al punto 18 de la carta de
descargo del actor”. Al respecto debemos indicar que el Secretario General don
David Edgardo Cadillo Varillas recién ejerce sus funciones como tal del 05 de
octubre del 2015 al 04 de octubre del 2017, y debemos deducir conforme al mérito
de los actuados que su periodo de gestión como Secretario General del actor fue
del 14 de junio del 2015 al 04 de octubre del 2015 y en esa condición suscribió el
documento que corre de fojas 29 a 36.
5.2. Todo ello hace concluir que la A quo hizo una evaluación adecuada respecto
a la VEROSIMILITUD del derecho y que se halla tipificado en los incisos a) y b)
del artículo 55 de la Ley N°29497 – Nueva Ley Proc esal del Trabajo -, siendo ello
así, debe desestimarse el agravio indicado; de otro lado el apelante no expone
ningún agravio en lo referido al peligro en la demora y la contracautela establecido
en la medida cautelar, debiendo confirmarse la resolución venida en grado que
declara infundada la oposición formulada por el demandado.
Por estos fundamentos, la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia
de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado:
HA RESUELTO:
CONFIRMAR la Resolución N° Cinco de fecha 26 de mayo del 2016, que
declara: Infundada oposición formulada por la demandada, y dispone que
continúe el trámite conforme a su estado procesal, y estando a lo solicitado por el
actor, se habilite día y hora con la Especialista Legal de Actos Externos, a fin de
practicarse la diligencia de reposición del demandante, debiendo el actor

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apersonarse al local del Juzgado a fin de programar la misma y brindar las
facilidades necesarias. En los seguidos por JOSE HUMBERTO TANTARUNA
BOTIQUIN contra INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES sobre MEDIDA
CAUTELAR DE REPOSICION PROVISIONAL AL CENTRO DE TRABAJO;
COMUNIQUESE por Secretaria al Décimo Quinto Juzgado Especializado de
Trabajo de Lima, conforme a lo ordenado en el artículo 383 del Código Procesal
Civil.

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