investigacion historica

ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL
DEL ISTMO.

Curso:
Historia de la educación en México

Profesor:
Irán Ordaz Peto

Tema:
Investigación histórica

Integrantes del equipo:
Felipe García Orozco
Edna Gómez Vázquez
Uriel Martínez Cervantes
Hugo Alvarez Luis

1 “C”

MOVIMIENTO MAGISTERIAL DE
OAXACA 2006
El 1 de mayo del 2006 inicio un conflicto en el estado de Oaxaca, cuando
miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) entregaron al gobierno de Ulises Ruiz un documento con las
principales peticiones del movimiento, que al igual que años anteriores contenía
demanda de carácter sociopolítico en total de 17 puntos, destacando en el renglón
económico la petición para que todos los trabajadores de la educación de Oaxaca
se ubicaran en la zona económica III (nivelación entre los sueldos).
En su pliego petitorio se incluían también las siguientes demandas:

Rechazo a la doble gestoría ante el Instituto Estatal de Educación Pública
de Oaxaca.
Liberación del presupuesto anual de todas las áreas educativas que
nombra el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de
Oaxaca.
Retención de cuotas sindicales canalizadas al Comité Ejecutivo Nacional
del SNTE.
Fortalecimiento

de

los

programas

de

apoyo

a

las

necesidades

socioeducativas de los alumnos.
Incremento en 300 millones para el fortalecimiento de los programas de
mejoramiento de la infraestructura educativa.
La entrega en propiedad de un hotel ubicado en Bahías de Huatulco.
Reconocimiento legal de Radio Plantón y cese a la represión contra los
trabajadores de la educación “y el pueblo en general”.

No obstante que con buena parte de sus demandas los maestros emplazaban al
gobierno del estado a erogar decenas de millones de pesos si no quería enfrentar
el riesgo de un paro de actividades en el sector educativo, fue la exigencia de la
rezonificación salarial lo que entrampó las negociaciones y condujo finalmente a
70 mil maestros de la sección 22 del SNTE a paralizar sus actividades docentes y
administrativas en todo el estado de Oaxaca.

En el 2005, durante las jornadas de mayo, el gobierno del estado, ya con Ulises
Ruiz Ortiz al frente del poder ejecutivo, había aceptado negociar por etapas esta
demanda de rezonificación, aportando en aquella ocasión la cantidad de 115
millones de pesos. Pero un año después redujo su aportación por el mismo
concepto a 60 millones, oferta que no satisfació a la dirigencia del movimiento
magisterial.

En realidad, para atender y resolver esta demanda era necesario obtener recursos
económicos de casi 1,500 millones de pesos, cantidad que necesariamente
requeriría de la intervención y concurrencia del gobierno federal.

Pero pese que el principal destinatario de esta y otras demandas era el gobierno
federal, las primeras movilizaciones del magisterio oaxaqueño prácticamente
ignoraron a las autoridades de la SEP y de la Secretaría de Hacienda, y sí, en
cambio, ejercieron mayor presión sobre el gobierno del estado. Por otro lado,
tampoco el gobierno de Ulises Ruiz mostró interés para acudir inmediatamente a
estas instancias o a la Secretaría de Gobernación para desactivar el conflicto,
pues para entonces su prioridad era coordinar y operar la campaña política del
candidato
del PRI a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo, y apoyar a sus
candidatos del PRI a senadores y diputados federales.

Sin embargo, existieron otros dos factores que también influyeron en la
determinación de la sección 22 del SNTE para romper todo tipo de negociaciones
con el gobierno del estado e iniciar su paro de actividades a partir del 22 de mayo:

Relacionado con la creación del Consejo Central de Lucha.
Resolutivos emanados de su Primer Congreso Político.
El 22 de mayo comenzó el plantón indefinido de cientos de maestros en el centro
histórico de Oaxaca, con el apoyo de organizaciones sociales. Los profesores
alegaban que la respuesta al pliego petitorio fue nula, por lo que ocuparon varias
calles de la zona.

Sin duda alguna, la emergencia de una corriente disidente al Comité Ejecutivo
Seccional en el 2005 y la formación en ese mismo año del Consejo Central de
Lucha, fisuró las relaciones de mutuo respeto institucional sostenidas hasta
entonces entre la dirigencia de la sección 22 del SNTE y el gobierno de Ulises
Ruiz, toda vez que los primeros hicieron responsables de esta división a
funcionarios gubernamentales, destacadamente al secretario de Gobierno, Jorge
Franco Vargas. Pese a su escasa membresía, el CCL se convirtió en una
amenaza potencial para las pretensiones hegemónicas de la dirigencia seccional,
de tal suerte que se vieron obligados a incluir en su pliego petitorio del 2006 el
veto al IEEPO para no aceptar la doble gestoría.
”Porque sólo existe una sección XXII, como el único organismo facultado por el
movimiento democrático para efectuar la gestoría y la vigilancia y respeto de todos
los derechos de los trabajadores”.

Si algo había quedado muy claro en el 2005 para la base magisterial y la
multiplicidad de corrientes sindicales que se han movido en la sección 22 del
SNTE, es que los principales beneficiarios políticos de la crisis interna de ese año
habían sido la Unión de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora
Democrática del Magisterio, cuyos líderes habían jugado un papel decisivo para

evitar el derrocamiento del secretario general del CES, Enrique Rueda.
Constituidos desde entonces en un poder paralelo a la dirigencia formal, los
líderes de estas corrientes empezarían a definir una estrategia encaminada a
vincular orgánicamente al movimiento magisterial con organizaciones sociales y
no gubernamentales y con expresiones políticas de izquierda y de ultraizquierda,
afines ideológicamente y coincidentes en sus estrategias políticas y métodos de
lucha.

Fue en ese contexto que la dirigencia seccional convocó en los primeros días de
abril al Primer Congreso Político en donde, entre otros puntos, se acordó exigir la
salida de Ulises Ruiz Ortiz “por cancelar los derechos constitucionales de los
trabajadores” así como “revitalizar la alianza del Magisterio Democrático de los
Trabajadores de la Educación en Oaxaca (MDTEO) con otros sectores de la clase
trabajadora”.
Como se puede inferir por los “mensajes de solidaridad” leídos en el citado
Congreso, ya desde ese momento se habían apuntado para formar parte de esa
alianza algunas de las principales organizaciones que luego se constituirían en el
eje ideológico-operativo y en el ala dura de la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO): el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), el
Frente Popular Revolucionario (FPR) y el Partido Comunista de México MarxistaLeninista, con fuertes nexos e influencia con el FPR, la UTE y un sector de
activistas
universitarios integrantes de la Unión de Jóvenes Revolucionarios (UJR).

Los acontecimientos que en el transcurso de mayo y la primera quincena de junio
se

fueron

sucediendo,

caracterizados

por

un

ambiente

de

concurridas

movilizaciones y una progresiva radicalización del gremio magisterial, y por la
insistencia del gobernador Ulises Ruiz para hacer valer el principio de autoridad
buscando a toda costa imponer los términos y condiciones de las negociaciones,

complicaron desde un principio el proceso de diálogo poniendo en riesgo a cada
momento la posibilidad de un arreglo institucional.

El 1 de junio el movimiento magisterial bloqueo los cinco accesos al aeropuerto
internacional de Oaxaca.

El 2 de junio se organizó la primera megamarcha con una participación de 80 mil
personas con el apoyo al plantón y en repudio al gobierno estatal. El gobernador
de Oaxaca en ese entonces Ulises Ruiz los emplazo a regresar a clases el día 5
de junio, ese día el movimiento rechazo el ultimátum del gobernador. Dos días
después se realizó la segunda megamarcha del movimiento.

El 8 de junio una comisión del magisterio encabezada por el secretario general de
la sección 22, enrique rueda viajo a la ciudad de México para entrevistarse con el
gobierno federal y buscar una solución al conflicto.

Una fecha importante del movimiento fue el 14 de junio donde se intentó desalojar
el plantón del centro de la ciudad, pero fracaso el operativo de la policía estatal.

La fuerza pública hizo acto de presencia en todas las entradas del plantón que se
llevaba a cabo en el estado de Oaxaca, la indignación fue muy grande por parte
de todos los oaxaqueños porque el gobierno se estaba enfrentando a un
magisterio sin arma tanto de fuego como arma blanca, simplemente estaban
peleando por sus acuerdos e ideales de una sección que es dirigido por la base
magisterial oaxaqueña, el gobernador Ulises Ruiz opto por llevar a cabo su
campaña lastimando la dignidad del pueblo y de esta manera se dio la
confrontación entre el magisterio oaxaqueño y la fuerza armada. En ese momento
el magisterio se defendió como pudo oyendo gritos y llantos de niños, maestras y
maestros que estaban siendo golpeados por los policías y los perros que traían
consigo, acorralando al magisterio oaxaqueño en todas las salidas del plantón que
se había establecido en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, pero también esta

indignación movió a todo un pueblo de Oaxaca para que se dieran cuenta en que
el gobernador estaba violentando los derechos de los trabajadores de la
educación, porque ellos exigían sus derechos en ese momento y hasta ahorita lo
siguen exigiendo, porque el magisterio oaxaqueño es uno de los gremios que son
mal pagados en comparación con otros estados, pero más sin embargo el
gobernador no tomo en cuenta este aspecto.
En el desalojo hubieron muchos desaparecidos tanto maestros como maestras,
hubieron muertes, y otros países voltearon la cara para ver al estado de Oaxaca
en las condiciones que se estaban dando este movimiento magisterial, inclusive
llegaron periodistas de otras nacionalidades en donde estaban reportando a sus
países de origen todas las acciones además de lo que el gobierno de Ulises Ruiz
estaba llevando a cabo en nuestro estado de Oaxaca.
Como no había ocurrido en otras jornadas de lucha, en esta ocasión el movimiento
magisterial se presentó desde un principio como un adversario fuerte y organizado
que, además, no iba solo, sino acompañado por un bloque de organizaciones
sociales y sindicales que desde la primera semana de junio ya habían constituido
la Asamblea Estatal Magisterial Popular, antecedente inmediato de lo que más
adelante sería la APPO.

Y fue en medio de este ambiente de endurecimiento y polarización de las partes
en conflicto que sobrevino el desalojo policiaco del 14 de junio, que sólo
contribuyó a recrudecer el conflicto y a dar paso a un largo y violento proceso
social para unificar la exigencia de la renuncia de URO. Pero al mismo tiempo se
constituyó en una coyuntura altamente favorable para los promotores de la
Asamblea Estatal Magisterial Popular, para acelerar la formalización de un amplio
frente popular denominado primero Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y
luego, corregido
semánticamente, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Organizaciones sindicales como el Frente de Sindicatos y Organizaciones
Democráticas de Oaxaca (FSODO), el FPR y el CODEP, que ya habían
participado como organismos solidarios en el Primer Congreso Político de la
sección 22 del SNTE, así como el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP) y
Nueva Izquierda de Oaxaca (NIOAX), filial del PRD, y algunas asociaciones de
padres de familia y autoridades municipales, se manifestaron públicamente el 5 de
junio en apoyo total al movimiento magisterial y por el enjuiciamiento político del
gobernador Ulises Ruiz, demanda que desde el primer día de junio había
externado el líder magisterial Enrique Rueda.

Un día después de este pronunciamiento público, Ruiz Ortiz fue sometido por
miles de maestros y ciudadanos a juicio político y enseguida desconocido como
gobernador

“al

ser

encontrado

culpable

de

violación

a

los

derechos

constitucionales, desvío de recursos gubernamentales y daños al patrimonio, así
como de represión, hostigamiento, encarcelamiento y asesinato de luchadores
sociales, entre otros cargos”.

El hecho tuvo un impacto directo en el futuro del movimiento magisterial, porque a
partir de esta determinación el gobierno del estado no solamente fue desconocido
formalmente como interlocutor, sino que tanto el magisterio como sus aliados
pasaron a una etapa de mayor confrontación para cerrar filas en torno a la
demanda de la destitución del gobernador.

Entre el 17 y el 21 de junio se constituyó formalmente la Asamblea Popular del
Pueblo Oaxaqueño (APPO). Así lo testimonió el propio Rueda Pacheco al declarar
que el movimiento magisterial había pasado a otra etapa, porque “ya estamos
estableciendo una Asamblea Popular Oaxaqueña en donde las decisiones serán
tomadas por varias organizaciones, porque para meternos en serio al asunto de
exigir la salida del gobernador no podemos hacerlo solos…”.

Y coincidentemente el mismo día que Rueda Pacheco hacía estas declaraciones y
advertía de los riesgos de la represión gubernamental y de un levantamiento
armado
en Oaxaca por este motivo, el Ejército Popular Revolucionario lanzaba su primer
comunicado de apoyo al movimiento magisterial y para unirse a la exigencia de la
renuncia de Ulises Ruiz como gobernador.

Pero a este escenario de crispación política también ya se habían sumado, por un
lado, el gobierno federal con su renuencia a intervenir en un conflicto del que era
juez y parte, y por el otro, el Congreso local, autoridades municipales priístas y
algunas cúpulas empresariales, que al tomar partido por el gobierno del estado
desataron una fuerte campaña para conminar a los maestros a levantar su paro.

Del significado de esta experiencia organizativa, y del impacto y repercusiones de
este inédito movimiento sociopolítico dentro y fuera de Oaxaca, habrá que
ocuparse
en otra ocasión. Por ahora, y de cara a la participación magisterial y a las
negociaciones que finalmente tuvo que entablar su dirigencia con la Secretaría de
Gobernación para levantar progresivamente su paro de labores entre los meses
de octubre y noviembre, lo que es un hecho es que como nunca antes el gobierno
federal satisfació en grado superlativo todas sus demandas laborales y
económicas, incluida por supuesto la rezonificación salarial.

El 19 de agosto se anunció la creación y aprobación por parte de la secretaria de
gobernación federal autodenominado Consejo de Representantes Ciudadanos en
el que participaron: Samuel Ruiz, Francisco Toledo, Pablo González Casanova,
Carlos Monsivais y Rodolfo Stavenhagen, entre otros puntos. Dos días después
de esto luego de varias noches de disparo y detonaciones en las cercanías del
cerro del Fortin y las instalaciones del canal 9, donde transmitían integrantes de la
APPO, fueron desalojos los plantones que hasta entonces ahí se ubicaban.

El 23 de septiembre Ulises Ruiz hizo su reaparición en la capital del estado y
amenazo a los maestros con rescindir y contratar jubilados en caso de no regresar
a clases el lunes 25; hubo un fracaso en el ultimátum de Ulises Ruiz al magisterio
para regresar a clases.

El 28 de septiembre la APPO decreto alerta máxima ante los ataques armados en
distintos puntos de la ciudad y ante los distintos actos de violencia cometidos en la
ciudad que pretenden provocar al movimiento social, fracaso el paro convocado
por la iniciativa privada, se registró actividad normal en transporte público y
comercios. Dos días después de esto concluyo la Asamblea Estatal de los
Pueblos de Oaxaca entre los resolutivos se encuentran varias acciones de
resistencias y solidaridad tanto en Oaxaca como en la ciudad de México y otras
regiones fueras del país.

El 9 de octubre luego de caminar más de 500 km, los marchistas instalaron un
plantón afuera del senado de la república. Funcionarios de la secretaria d
gobernación y representantes de maestros y APPO acordaron discutir una
propuesta para que la seguridad pública de Oaxaca este a cargo de una mando
federal.

El 19 de octubre, en apariciones casi simultáneas en la televisión y prensa
corporativa, Ulises Ruiz, Flavio Sosa y Enrique Rueda Pacheco (gobernador y
líderes de APPO y Sección 22, respectivamente), aseguraron que a más tardar el
30 de octubre ocurrirá el regreso a clases. Senadores mexicanos determinaron no
declarar la desaparición de poderes, aun cuando reconocieron que Oaxaca vive
en la ingobernabilidad. Miles de personas marcharon en Oaxaca para expresar su
rechazo a la propuesta legislativa que favorece a Ulises Ruiz.

El 28 de octubre se registró la más violenta crisis desde que estalló hace cinco
meses el conflicto social y dejó cuatro muertos, entre ellos el periodista
estadounidense Bradley Roland Will y el maestro Emilio Alonso Fabián, quienes

perdieron la vida por disparos de arma de fuego. El 29 de octubre la Policía
Federal Preventiva inició desde temprana hora la entrada al Zócalo de Oaxaca.
Tras un largo y tenso día de avance y repliegue, durante la noche tomó el control
de la plaza. La APPO se replegó en la universidad. El presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, en un reporte
preliminar, mencionó que al parecer dos personas murieron durante el operativo
de la Policía Federal Preventiva.

De acuerdo a la minuta de acuerdos suscrita el 28 de octubre por el subsecretario
de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Arturo Chávez Chávez, y el
secretario
general del Comité Ejecutivo de la sección 22 del SNTE, Enrique Rueda, la
demanda de rezonificación fue resuelta en los siguientes términos:

…utilizando el 1.5 correspondiente a prestaciones y con
un esfuerzo adicional, se crea una bolsa para el año 2006
por el concepto de rezonificación (RZ) por 175 millones
de pesos (280 millones de pesos anualizados).

Asimismo, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública
en acuerdo con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación,
compromete un esfuerzo por los próximos 6 años para alcanzar la rezonificación
de Oaxaca que lleve a todos los trabajadores de la educación a la zona económica
III.
Este esfuerzo representaría para Oaxaca un incremento de más de mil millones de
pesos. Mismo que se concretará en incrementos equivalentes a una sexta parte
por cada uno de los próximos seis años. Este planteamiento que es de largo
plazo, será revisado con el nuevo equipo de (la) Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Gobernación para
concretarlo.

Con la firma de “enterado” del secretario de Gobernación, Carlos María Abascal,
en la minuta de acuerdos se establecieron, además, los siguientes compromisos:
– Aprobar 500 plazas del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, en tanto
que el gobierno del estado destinaría 2 millones de pesos.
– Autorizar al IEEPO la erogación de 6 millones de pesos para incrementar el
techo financiero del Comité de Préstamos Personales (CAPP) de 11 a 17 millones
de pesos para el 2006.
– Destinar, a través del IEEPO, la cantidad de 4 millones de
pesos para el Fideicomiso de Programa de Vivienda del
Magisterio.
– Destinar, a través del IEEPO, la cantidad de un millón de
pesos para la Casa del Maestro.

El gobierno federal satisfació también las demandas de incremento de uniformes
escolares, becas para los hijos de los trabajadores sindicalizados, dotación de
calzado a alumnos residentes en municipios marginados, y la aportación de 155
millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa de todos los niveles,
dejando pendiente o sometiendo a trámites de otras instancias el reclamo de la
entrega en propiedad del Hotel Marlin ubicado en Bahías de Huatulco y el
reconocimiento de Radio Plantón.

Por separado, un día antes la representación del gobierno federal y de la sección
22 del SNTE habían suscrito otra minuta de acuerdos políticos para
comprometerse a liberar durante el mes de noviembre a los señores Erangelio
Mendoza González –ex dirigente magisterial–, Germán Mendoza Nube, Ramiro
Aragón Pérez y Catarino Torres Pereda; cancelar órdenes de aprehensión y
averiguaciones previas “integradas y libradas del 22 de mayo a la fecha”;

garantizar la seguridad física de los maestros al retornar a sus comunidades;
gestionar la entrega de las instalaciones educativas “tomadas por personas ajenas
a las instituciones” y cubrir el pago de todas las quincenas retenidas al gremio
magisterial.
Aun cuando algunos de los acuerdos pactados –sobre todo en la minuta del 27 de
octubre– no se cumplieron en tiempo y forma y en otros casos la nueva
administración federal pretendió ignorarlos, lo cierto es que el movimiento sindical,
político y social iniciado por los trabajadores de la educación de Oaxaca fue un
factor determinante para que pudieran obtener respuestas favorables a
prácticamente todo su pliego petitorio. Sin embargo, también es cierto que como
nunca antes su independencia y autonomía sindical fueron puestas a prueba.

Por paradójico que resulte, su integración a la APPO la fortaleció políticamente
para hacer frente al gobierno del estado, pero se constituyó en su principal
debilidad a la
hora de negociar sus demandas con el gobierno federal. Sometidos a fuertes
presiones laborales y políticas por parte del gobierno federal y estatal, así como
por autoridades municipales, empresarios, padres de familia y por los mismos
sectores populares que apoyaban su lucha pero que no estaban dispuestos a
sacrificar a sus hijos con la pérdida del ciclo escolar, la mayoría de los maestros
de las siete regiones de Oaxaca terminaron por modificar sus estrategias de lucha
y optar por la negociación de su pliego petitorio y el retorno a clases sin claudicar
en la exigencia de la renuncia de URO. Estos factores adversos no los vieron –y si
los vieron no lo quisieron reconocer– las corrientes sindicales mas radicales de la
sección 22 del SNTE, y tampoco las expresiones igualmente duras de la APPO
que por múltiples medios pretendieron evitar el retorno a clases.

La infiltración de grupos de provocadores en las asambleas regionales y estatales,
las amenazas a algunos dirigentes magisteriales, las acusaciones de “traidor” y
“vendido” a Enrique Rueda, el cierre con violencia de planteles escolares y los

llamamientos a no levantar el paro realizados a través de Radio Universidad y las
radiodifusoras comerciales en poder de activistas de la UTE, el FPR y la UJR,
constituyeron algunos de los recursos utilizados por estos sectores para presionar
a las bases magisteriales.

Con todo, al final la mayoría de los maestros terminarían por retornar a sus
centros de trabajo para concluir, por lo menos formalmente, el ciclo escolar que
prácticamente se había perdido, mientras que el resto de las organizaciones de la
APPO, cada vez mas sometidas a una dinámica de confrontación y violencia con
los cuerpos policíacos, continuarían radicalizando sus protestas y movilizaciones
hasta el desenlace del 25 de noviembre, fecha que marcó el fin de la etapa de
ascenso del movimiento popular y el principio de la reinstauración del viejo orden
institucional.

El 25 de noviembre La Policía Federal Preventiva (PFP) desalojó a los integrantes
de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) de la plaza de Santo
Domingo, luego de una jornada de violentos enfrentamientos que dejaron como
saldo más de 15 heridos, decenas de intoxicados con gas, 60 detenidos y el
incendio de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, entre otros
inmuebles públicos y privados, por parte de los manifestantes.

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