El Tribunal Constitucional del Perú falló que la masacre de más de 200 reclusos en la prisión El Frontón en 1986 durante el gobierno de Alan García, a pesar de ser una grave violación de derechos humanos, no constituye un crimen de lesa humanidad. La decisión contradice fallos previos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaron investigar y sancionar a los responsables. La resolución ha generado indignación nacional e internacional por minimizar la gravedad de los hechos.