LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA - Revisión Jurisprudencial 2019

Abog. Alan E. Vargas Lima
Miembro de la Academia Boliviana de
Estudios Constitucionales

 La Constitución Política del Estado tiene una incuestionable
fuerza normativa; pues es una norma jurídica auténtica,
susceptible de invocación en la sustanciación de cualquier proceso,
de manera que los jueces y tribunales están compelidos a resolver
los litigios a la luz de la Norma Suprema del Estado, entendimiento
que supone la materialización del principio de eficacia y aplicación
directa del texto constitucional.
 Partiendo de la premisa anterior, la eficacia de los derechos
fundamentales no se encuentra a merced de su desarrollo
legislativo, sino que son directamente aplicables, lo cual significa:
“(1) que puede reivindicarse su tutela en cualquier actuación
procesal con el solo fundamento de la norma constitucional, (2) que
su falta de desarrollo legislativo no es obstáculo para su aplicación
y (3) que debe interpretárselos a favor de su ejercicio”.

 Bajo el anterior razonamiento, los principios insertos en la Norma
Suprema se establecen como directrices para los poderes públicos y
particularmente para los administradores de justicia, ello permite
prescindir de un desarrollo legislativo para garantizar la
eficacia de los derechos fundamentales, viabilizando su
materialización y el ejercicio pleno a la luz de la interpretación de
los principios insertos en la Constitución Política del Estado. (…) Es
en el ámbito del control tutelar de constitucionalidad; (es decir,
del control del respeto a los derechos fundamentales y garantías
constitucionales), que la labor de la justicia constitucional se
manifiesta en toda su esencia y finalidad, pues resguarda los
derechos tanto en su dimensión subjetiva como objetiva; es decir,
como fundamento de todo nuestro sistema constitucional.

 En el marco del constitucionalismo plurinacional y comunitario, los
derechos fundamentales y garantías constitucionales tienen un lugar
preeminente en el orden constitucional, que en el caso boliviano se ve
reflejado no sólo en el amplio catálogo de derechos fundamentales y
garantías jurisdiccionales que consagra, sino también en los fines y
funciones esenciales del Estado, siendo uno de ellos el de “Garantizar el
cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y
consagrados en esta Constitución” (art. 9.4 de la CPE), así como en los
criterios de interpretación de los Derechos Humanos que se encuentran
constitucionalizados, los cuales deben ser utilizados no sólo por el juez
constitucional, sino también por los jueces y tribunales de las diferentes
jurisdicciones previstas en nuestra Ley Fundamental.
 Así, deben mencionarse a los arts. 13 y 256 de la CPE, que introducen dos
principios que guían la interpretación de los derechos fundamentales:

 La interpretación pro persona (pro homine); en virtud a la cual, los
jueces, tribunales y autoridades administrativas, tienen el deber de aplicar
aquella norma que sea más favorable para la protección del derecho en
cuestión –ya sea que esté contenida en la Constitución o en las normas del
bloque de constitucionalidad– y de adoptar la interpretación que sea más
favorable y extensiva al derecho en cuestión;
 La interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre
Derechos Humanos; en virtud a la cual, tienen el deber de -ejerciendo el
control de convencionalidad- interpretar el derecho de acuerdo a las
normas contenidas en tratados e instrumentos internacionales en materia de
Derechos Humanos ratificados por el país, o a los que se hubiere adherido
el Estado, siempre y cuando declaren derechos más favorables a los
contenidos en la Constitución.


 A dichos criterios de interpretación, se añade el principio de progresividad que se
desprende del art. 13 de la CPE y la directa justiciabilidad de los derechos
prevista en el art. 109 de la Ley Fundamental; norma que establece que todos los
derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de
iguales garantías para su protección, y que se constituye en una concreción del
carácter normativo de la Constitución Política del Estado, como otra de las
características fundamentales del Estado Constitucional.
 El principio de aplicación directa de los derechos (como sostuvo la SCP
0121/2012 de 2 de mayo): “(…) constituye un postulado que consolida el valor
normativo de la Constitución, por el cual, los derechos fundamentales tienen una
efectividad plena más allá de un reconocimiento legislativo o de formalismos
extremos que puedan obstaculizar su plena vigencia, aspecto que caracteriza la
‘última generación del Constitucionalismo’, en el cual, el fenómeno de
constitucionalización del ordenamiento jurídico, se consagra y alcanza su
esplendor a través del principio de aplicación directa de los derechos
fundamentales, el cual se materializa a través del nuevo rol de las autoridades
jurisdiccionales en su labor de interpretación constitucional acompañada de una
coherente teoría de argumentación jurídica”.

 “El Amparo Constitucional es una garantía jurisdiccional que protege
los derechos fundamentales de la persona (con excepción de la libertad
de locomoción), cuando éstos son violados, restringidos o amenazados
por una autoridad cualquiera o por particulares. Se trata de una garantía
muy amplia a la que, sin embargo, sólo se puede recurrir cuando no hay
otra vía que conceda la ley para la protección de los derechos
individuales” (Pablo DERMIZAKY. 1923-2015).

 La Acción de Amparo Constitucional es un proceso
constitucional de naturaleza tutelar, de tramitación
especial y sumarísima, que tiene por objeto la
restitución o restablecimiento inmediato de los
derechos fundamentales y garantías constitucionales
(con excepción del derecho a la libertad física, que es
tutelado por la Acción de Libertad; del derecho a la
autodeterminación informativa, que es protegido por
la Acción de Protección de Privacidad; y de los
derechos colectivos, que son tutelados por la Acción
Popular), en los casos en que sean amenazados,
suprimidos o restringidos por actos u omisiones
ilegales o indebidos de autoridades públicas o
particulares (José Antonio RIVERA SANTIVAÑEZ).

 En este sentido, la Acción de Amparo Constitucional
(AAC) se constituye en una acción tutelar (protectora)
de los derechos y garantías constitucionales de las
personas, que tiene una configuración procesal
especial, autónoma e independiente con relación al
ámbito procesal ordinario, no sólo porque
corresponde a una Acción de Defensa prevista por la
Constitución, sino porque constituye un Proceso
Constitucional cuyo procedimiento específico para su
correcta tramitación, se encuentra ampliamente
detallado en el Código Procesal Constitucional (Ley
N°254 de 5 de julio de 2012).

 La acción de amparo constitucional está configurada
como una acción tutelar y garantía procesal de
carácter instrumental, que tiene por objeto la
protección inmediata y eficaz de los derechos y
garantías constitucionales, restituyéndolos en
aquellos casos en que sean amenazados, suprimidos
o restringidos por actos u omisiones ilegales o
indebidos de los servidores públicos, o de persona
individual o colectiva, siempre que no hubiere otro
medio o recurso legal para su protección;
constituyéndose en un mecanismo jurisdiccional de
protección de derechos y garantías fundamentales,
con tramitación sumarísima, por lo tanto de
protección inmediata, exenta de dilaciones que
puedan afectar su prosecución y sustanciación de
forma pronta y oportuna. (AC N°0083/2012,
de 16 de octubre).

La naturaleza protectora de esta Acción de Defensa, extiende su alcance:
◦ a) tutela preventiva, porque se activa frente a la amenaza de una
inminente restricción o supresión de los derechos fundamentales o
garantías constitucionales, situación en que la persona afectada
puede solicitar al Juez o Tribunal de Garantías Constitucionales, la
adopción de las medidas necesarias para preservar o precautelar el
derecho o garantía constitucional en peligro, de tal manera que la
autoridad judicial competente disponga la adopción de las medidas
cautelares correspondientes para prevenir la consumación del acto
o resolución ilegal vulneratorio;
◦ b) tutela correctiva, porque se activa frente a la consumación de
una restricción o supresión de los derechos y garantías
constitucionales, a consecuencia de actos, resoluciones u omisiones
ilegales o indebidas, en cuyo caso, el Juez o Tribunal de Garantías
Constitucionales, otorgará la tutela respectiva disponiendo la
anulación del acto o resolución, o la cesación de la omisión, a fin de
que se restablezca, de forma inmediata, el derecho restringido
suprimido.

 “Del contenido del texto constitucional de referencia –dice la Sentencia–
puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo
de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los
derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de
protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales
y garantías que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos
de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a
los bolivianos, como la Acción de libertad, de protección de privacidad,
popular, de cumplimiento, etc.
 Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta
acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos
provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las
personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir
los derechos y garantías objeto de su protección”.

 La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº002/2012, referida
anteriormente, precisa con claridad que:
◦ “el término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de
nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de una
verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la
reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y
dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un
proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes
procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una
postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la
protección y restitución de derechos fundamentales y con una causa
distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración
concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y
omisiones ilegales o indebidos y con un régimen jurídico procesal propio.

 La SCP Nº002/2012, aclara que la acción de amparo constitucional adquiere las
características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un
procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios; y a ello se añade la
de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción
contra todo servidor público o persona individual o colectiva.
◦ “Finalmente dentro de los principios procesales configuradores del amparo
constitucional, el constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar
en el parágrafo I del art. 129 de la Constitución que esta acción '(…) se
interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección
inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'. Lo
señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de
constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías al constituirse en
un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador
destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y
garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o
cuando las vías idóneas pertinentes, una vez agotadas, no han restablecido el
derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se
puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la
tutela”.

 La SCP Nº002/2012, ha señalado también que la acción de amparo
constitucional, encuentra fundamento directo en el artículo 25.1 de la
CADH, instrumento que señala: "Toda persona tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".
 En el marco del citado precepto que forma parte del Bloque de
Constitucionalidad reconocido por el artículo 410 de la CPE, se tiene que la
dimensión procesal de la acción de amparo constitucional debe ser
estructurada a partir de este marco de disposiciones, siendo evidente que el
amparo constitucional constituye un mecanismo eficaz de defensa para el
resguardo de derechos fundamentales insertos en el bloque de
constitucionalidad.

 En una interpretación sistemática, extensiva y acorde con el
valor axiomático de la Constitución desarrollado por la
jurisprudencia constitucional, es posible concluir que el bloque
de constitucionalidad imperante en el Estado Plurinacional de
Bolivia, está compuesto –de manera enunciativa y no limitativa–
por los siguientes compartimentos:
a) La Constitución como norma jurídica;
b) Los tratados y convenciones internacionales destinados a la
protección de los Derechos Humanos;
c) Las Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos; (SC 110/2010-R, de 10 de mayo)
d) Las normas de Derecho Comunitario ratificadas por el país; y,
e) Los principios y valores plurales supremos inferidos del
carácter intercultural y del pluralismo axiomático contemplado en
el orden constitucional. (SCP 1227/2012, de 7 de septiembre)

En el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe
especificarse que la acción de amparo constitucional, en su dimensión
procesal, se divide en cinco fases específicas:
1) La fase de admisibilidad: (verificar el cumplimiento de los artículos 33
(requisitos de forma) y 53 (causales de improcedencia reglada) del CPCo);
2) La fase de debate, es decir, del desarrollo de la audiencia pública (de acuerdo
a lo previsto en el artículo 129.IV de la CPE);
3) La fase de decisión, por parte de la Sala Constitucional (de acuerdo a lo
previsto en la Ley Nº1104 de creación de las Salas Constitucionales);
4) La fase de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (de acuerdo
a lo previsto en el artículo 129.IV de la CPE);
5) La fase de ejecución de la Sentencia Constitucional Plurinacional (de acuerdo
a lo previsto en el artículo 129.V de la CPE);

Se encuentran específicamente regulados en el art. 33 del CPCo, los
cuales, por la finalidad de cada supuesto disciplinado en esa
disposición, se pueden clasificar en requisitos formales esenciales y
aquellos presupuestos eventuales.
Los requisitos de forma esenciales, versan sobre los siguientes aspectos:
 1) Identificación del accionante y acreditación de su personería (art. 33.1 del
CPCo);
 2) Identificación de la parte demandada (art. 33.2 del CPCo);
 3) el patrocinio de abogado y en su caso la solicitud de defensor público (art. 33.3
del CPCo);
 4) relación de los hechos (art. 33.4 del CPCo);
 5) identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados (art.
33.5 del CPCo);
 6) los medios probatorios pertinentes que se encuentren en poder del accionante o
el señalamiento de lugar donde se encuentren (art. 33.7 del CPCo); y,
 7) la petición (art. 33.8 del CPCo).

 Los requisitos esenciales de forma y también los presupuestos eventuales, aseguran
que la acción de amparo constitucional se desarrolle en el marco de las reglas de
un debido proceso, razón por la cual, los supuestos disciplinados por el art. 33 del
CPCo, se caracterizan por ser subsanables.
 En ese marco, los requisitos antes precisados, deben ser observados por los jueces y
tribunales de garantías en etapa de admisibilidad; en este contexto, para asegurar
un equilibrio procesal y un real acceso a la justicia constitucional, se colige que la
inobservancia de requisitos de forma disciplinados en el art. 33 del CPCo, puede
ser subsanada en esta etapa por la parte accionante, en el plazo de tres (3) días,
según el art. 30.I.1 del CPCo.
 En caso de no ser subsanado en el plazo indicado algún requisito de forma
observado, la acción se tendrá por no presentada, de acuerdo al art. 30.I.1 del
CPCo, supuesto en el cual, al no haberse ingresado al análisis de fondo de la
problemática, la parte accionante podrá presentar una nueva acción, cumpliendo
con los requisitos de forma regulados por el art. 33 del CPCo., siempre y cuando no
concurran requisitos de improcedencia reglada disciplinados por el art. 53 de la
norma procesal constitucional antes citada, interpretación que asegura un real
acceso efectivo a la justicia constitucional, como pilar esencial del Estado

 Los presupuestos eventuales, son aquellos disciplinados expresamente por
la última parte del numeral primero del art. 33 del CPCo y por el num.6
de la misma disposición normativa.
 En efecto, la última parte del art. 33.1 del CPCo, indica: “En el caso de
terceras personas que tengan interés legítimo, deberán acreditar el interés
alegado”, en ese orden debe establecerse que este es un requisito de forma
eventual, para todos aquellos supuestos en los cuales exista un tercero
interesado, situación en la cual, el accionante tiene la carga procesal de
acreditar el interés legítimo de éste.
 Asimismo, otro requisito eventual disciplinado por el art. 33.6 del CPCo,
es el referente a la solicitud de medidas cautelares, la cual, en una
interpretación sistémica, debe ser aplicada en el marco del art. 34 de la
norma adjetiva constitucional citada, en mérito a una petición expresa de
parte.

1) Mecanismos activados con anterioridad y pendientes de resolución
 En armonía con un eficaz y coherente sistema tutelar de control de
constitucionalidad, no puede activarse paralelamente mecanismos de
defensa de derechos, por esta razón, una vez utilizado un mecanismo
procesal idóneo de defensa para la restitución efectiva de derechos y
estando pendiente su resolución, será improcedente la interposición de la
acción de amparo constitucional, así lo establece el art. 53.1 del CPCo, por
tal razón, los jueces o tribunales de garantías en etapa de admisibilidad,
tienen el deber procesal de verificar la inexistencia de medios de defensa
pendientes de definición.

 En ese marco, y en caso de verificar en esta etapa de admisibilidad de la
acción de amparo constitucional la existencia del supuesto antes
desarrollado, el juez o tribunal de garantías, mediante auto debidamente
fundamentado, declarará la improcedencia de la acción, tal cual lo
establece expresamente el art. 30.I.2 del CPCo.
 El auto motivado de improcedencia, en resguardo de la garantía de la
doble instancia, podrá ser objeto de impugnación en el plazo de tres
días, para que la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional
Plurinacional, mediante Auto Constitucional motivado la confirme o, en
su caso, ordene la admisión de la causa para su ulterior tramitación, tal
como lo señala el art. 30.I.3 del CPCo.
 Asimismo, en caso de no impugnarse el auto motivado de
improcedencia pronunciado en etapa de admisibilidad por el juez o
tribunal de garantías, se ordenará el archivo de obrados.

2) Mecanismos de defensa no activados oportunamente
 En el marco de esta división orgánica de funciones prevista por la CPE, el
ejercicio de cada una de ellas, contempla mecanismos intra procesales o intra
procedimentales de defensa de derechos; en ese orden, la justicia constitucional,
no puede suplir los roles encomendados por la función constituyente a sus
órganos de poder expresamente reconocidos por la Constitución, por lo que
todas las personas naturales o jurídicas que consideren afectados sus derechos,
antes de activar el control tutelar de constitucionalidad a través de la acción de
amparo constitucional, deberán utilizar, en el marco de los plazos procesales
establecidos por la normativa imperante, los mecanismos intra procesales o
procedimentales de defensa.
 Por lo indicado, el Código Procesal Constitucional, en su art. 53.3, señala que la
acción de amparo constitucional, no procederá contra resoluciones judiciales o
administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro
recurso del cual no se haya hecho uso oportuno.
 El juez o tribunal de garantías, en caso de verificar en esta etapa de la acción de
amparo constitucional la existencia del supuesto antes desarrollado, mediante
auto debidamente fundamentado, declarará la improcedencia de la acción, tal

3) Mecanismos de defensa intra procesales o intra procedimentales pendientes
de activación
 Debe establecerse que al no poder la justicia constitucional, suplir los roles
propios de los órganos de poder reconocidos por la función constituyente, no
podrá activarse la acción de amparo constitucional sin que previamente se
haga uso de los mecanismos de defensa intra procesales o intra
procedimentales, cuando éstos sean medios oportunos para la protección de
derechos.
 Este supuesto de improcedencia de la acción de amparo constitucional, está
regulado en el art. 54.I del CPCo, y constituye un presupuesto diferente a los
regulados por el art. 53.1 y 53.3, explicados de manera específica en los incisos
anteriores.
 En el marco de lo mencionado, debe establecerse que el juez o tribunal de
garantías, en caso de verificar en etapa de admisibilidad de la acción de amparo
constitucional la existencia de la causal de improcedencia desarrollada,
mediante auto debidamente fundamentado, declarará la improcedencia de la
acción, tal cual lo establece expresamente el art. 30.I.2 del CPCo.

4) Actos consentidos libre y expresamente
 El consentimiento libre y taxativo de actos denunciados como lesivos a través
de la acción de amparo constitucional, debe ser analizado por los jueces y
tribunales de garantías en etapa de admisibilidad, a cuyo efecto, en caso de
verificarse la existencia de este supuesto, deberá declararse la improcedencia
de la acción de amparo constitucional, tal como lo señala el art. 53.2 del
CPCo.
 En el orden de ideas mencionado, el auto motivado de improcedencia, en
resguardo de la garantía de la doble instancia, podrá ser objeto de
impugnación en el plazo de tres días, para que la Comisión de Admisión del
Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante auto constitucional motivado
la confirme o en su caso, ordene la admisión de la causa para su ulterior
tramitación, tal como lo indica el art. 30.I.3 del CPCo.
 Asimismo, corresponde señalar que en caso de no impugnarse el auto
motivado de improcedencia pronunciado en etapa de admisibilidad por el
juez o tribunal de garantías, se ordenará el archivo de obrados.

5) Cesación de los efectos del acto u omisión reclamados a través de la acción de
amparo constitucional
 La cesación de los efectos del acto u omisión denunciados como lesivos a los
derechos de la parte accionante, también debe ser analizado por los jueces y
tribunales de garantías en etapa de admisibilidad, a cuyo efecto, en caso de
verificarse la existencia de este supuesto hasta antes de la notificación a la
parte demandada con la acción de amparo constitucional y en caso de ser
conocida la cesación de los efectos del acto denunciado como lesivo por la
parte accionante hasta antes de la notificación con la acción de amparo
constitucional a la parte contraria, deberá declararse la improcedencia de la
acción de amparo constitucional, tal como lo señala el art. 53.2 del CPCo.
 El auto motivado de improcedencia, en resguardo de la garantía de la doble
instancia, podrá ser objeto de impugnación en el plazo de tres días, para
que la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional,
mediante auto constitucional motivado la confirme o en su caso, ordene la
admisión de la causa para su ulterior tramitación, tal como lo señala el art.
30.I.3 del CPCo.
 Asimismo, en caso de no impugnarse el auto motivado de improcedencia
pronunciado en etapa de admisibilidad por el juez o tribunal de garantías,
se ordenará el archivo de obrados.

6) Medios específicos de defensa de derechos fundamentales
 El diseño constitucional imperante, disciplina mecanismos específicos
de defensa de derechos fundamentales, cada uno con un objeto de
tutela específico, en ese orden, toda vez que la función constituyente, no
quiso disciplinar mecanismos paralelos de tutela constitucional, se
establece que la acción de amparo constitucional es improcedente para
la tutela de derechos específicamente protegidos por las acciones de
libertad (libertad física o personal), de protección de privacidad
(derecho a la autodeterminación informática), de cumplimiento o la
acción popular (derechos colectivos), así lo establecen los numerales
cuatro y cinco del art. 53 del CPCo.

7) El plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional
 Finalmente, debe establecerse además que la acción de amparo constitucional,
al configurarse como un mecanismo pronto y oportuno de tutela, tiene un
plazo de caducidad de seis (6) meses, computables a partir del momento en el
cual surten efectos jurídicos el acto u omisión denunciados como lesivos a los
derechos de la parte accionante; en ese orden, el art. 55 del CPCo, en sus dos
numerales, disciplina este presupuesto de activación de la acción de amparo
constitucional, debiendo el mismo ser verificado por los jueces o tribunal de
garantías en etapa de admisibilidad.
 El auto motivado de improcedencia, en resguardo de la garantía de la doble
instancia, podrá ser objeto de impugnación en el plazo de tres días, para que la
Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante
auto constitucional fundamentado la confirme o en su caso, ordene la admisión
de la causa para su ulterior tramitación, tal como lo indica el art. 30.I.3 del
CPCo.
 Asimismo, en caso de no impugnarse el auto motivado de improcedencia
pronunciado en etapa de admisibilidad por el juez o tribunal de garantías,
se ordenará el archivo de obrados.

 La finalidad de la observación de requisitos de forma en etapa de
admisibilidad, es asegurar un acceso oportuno a la justicia constitucional, ya
que al ser estas exigencias procesales subsanables, podrán ser cumplidas por
la parte accionante sin necesidad de que la causa sea conocida en revisión
por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en ese contexto, el
incumplimiento de la verificación de requisitos de forma en etapa de
admisibilidad y su observación en resolución o en etapa de revisión, tornará
al amparo constitucional ineficaz, ya que si bien la parte accionante podrá
interponer una nueva acción subsanando las observaciones de forma
realizadas, la nueva activación del control tutelar de constitucionalidad
solamente podrá ser posible cuando se emita sentencia constitucional,
aspecto contrario a la naturaleza pronta y oportuna de la acción de amparo
constitucional.
 Por lo expuesto, para garantizar la eficacia de este mecanismo tutelar de
control de constitucionalidad, es imperante que los jueces y tribunales de
garantías observen los requisitos de forma en etapa de

 Asimismo, en el supuesto en el cual se evidencie la concurrencia de
alguna de las causales de improcedencia reglada desarrolladas en los
Fundamentos Jurídicos de la SCP 0030/2013, éstas deberán ser
observadas en etapa de admisibilidad, para evitar así activar
innecesariamente el control tutelar de constitucionalidad, deber procesal
que debe ser cumplido por todos los jueces y tribunales de garantías del
país.
 Sin embargo, cuando en un caso concreto, exista una duda razonable
sobre una lesión manifiesta y “grosera” a derechos fundamentales, en
etapa de admisibilidad y en aplicación de los postulados del Estado
Constitucional de Derecho, deben flexibilizarse los presupuestos
procesales para que en un análisis de fondo de la denuncia, el control de
constitucionalidad, mediante la metodología de la ponderación aplicable
al caso concreto, pueda en esa problemática, asegurar una justicia
material, debiendo en este caso admitirse la tutela en virtud de los arts.
13.1 y 4; 256 de la CPE y 29 del Pacto de San José de Costa Rica,
disposiciones que constituyen la fuente normativa para la aplicación del

LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA - Revisión Jurisprudencial 2019

 De la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional se colige
que ésta se encuentra regida por los principios de subsidiariedad y de
inmediatez; en virtud al primero de los citados, corresponderá a los
accionantes, agotar todos los recursos de impugnación idóneos que la ley
les otorga para el reclamo de sus derechos que consideren vulnerados; y
de persistirse en su lesión, recién podrán solicitar la tutela constitucional,
cuidando, en virtud al segundo principio citado, que sea activada dentro
del plazo máximo de seis meses a partir de la comisión de la vulneración
alegada o de la notificación con la última decisión judicial o
administrativa que se considere lesiva de los derechos y garantías
alegados, en cumplimiento a lo preceptuado por el art. 129.I y II de la
norma constitucional, que impele a las partes al cumplimiento de ambos
principios previa interposición de este mecanismo de defensa preventivo
y reparador, norma concordante con los arts. 59 y 76 de la Ley del
Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP).

 Sobre el principio de subsidiariedad, la SC 0150/2010-R de 17 de mayo
señaló lo siguiente: “… el amparo constitucional se constituye en un
instrumento subsidiario y supletorio de protección; subsidiario porque no
puede ser utilizado si previamente no se agotaron la vías ordinarias de
defensa, y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de
esa vía ordinaria. En consecuencia, para que los fundamentos de una
demanda de amparo constitucional puedan ser analizados en el fondo, la
parte recurrente debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y
recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía
jurisdiccional o administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y
garantías lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde
fueron vulnerados, esto es, que en principio haya acudido ante la misma
autoridad que incurrió en la presunta lesión y luego a las superiores a ésta,
y si a pesar de ello persiste la lesión porque los medios o recursos utilizados
resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo
constitucional, el que no puede ser utilizado como un mecanismo
alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su

 La SC 0770/2003-R de 6 de junio, definiendo la naturaleza y alcance del
principio de inmediatez afirmó que: “…el recurso debe ser presentado
hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida
o de agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o administrativos
idóneos para hacer cesar el acto, vale decir, que el recurso no podrá ser
presentado cuando el plazo de los seis meses esté superabundantemente
vencido o cuando habiendo sido presentado dentro del referido plazo no se
acudió previamente a las instancias competentes para denunciar la lesión
al derecho fundamental”. Plazo de caducidad que se instituyó
expresamente por nuestra Ley fundamental, dado que: “…por principio
general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano
jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo
podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante
señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo
implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean
restituidos”
(SC 1157/2003-R de 15 de agosto).

 Cabe aclarar que el agotamiento de los medios y recursos previos a la
interposición del amparo constitucional no implica que la parte procesal
haga uso de los mismos de manera discontinua o esporádica, con el único
afán de reactivar el cómputo del plazo de caducidad de los seis meses,
pues los reclamos deben interponerse ante la jurisdicción ordinaria o
administrativa competente, conforme al marco jurídico vigente, de
manera pertinente y oportuna, un razonamiento contrario daría lugar al
uso de subterfugios, empleando medios de defensa ineficaces que
distorsionen la teleología procedimental, razonamiento que responde no
sólo a los principios de subsidiariedad e inmediatez, sino también a los
de “…preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos
de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido
por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su
solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se
puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida
para otorgarle protección” (SC 0770/2003-R de 6 de junio).

 La SC 1273/2010-R de 13 de septiembre, determinó que esta acción tutelar se
encuentra regida por el principio de la subsidiariedad: “… y por lo tanto, corresponde
al accionante demostrar la inexistencia de instancia o vía a la que pueda
acudir para hacer valer sus derechos y garantías constitucionales considerados
como restringidos con el objeto de que los mismos le sean restituidos, o en su caso,
demostrar que agotó esas instancias sin que se hubiese reparado la lesión a sus
derechos, caso contrario, la jurisdicción constitucional deberá declarar la
improcedencia del amparo sin entrar al análisis de fondo de la problemática
planteada, puesto que de hacerlo se estaría desnaturalizando el carácter subsidiario
de esta acción tutelar suplantando la vía ordinaria o administrativa de la cual
pudiese hacer uso el accionante, y subsanando además la negligencia en la que
pudiese haber incurrido la parte actora de no hacer uso de las vías que la ley le
otorga.
 Entonces, para que proceda la acción extraordinaria de amparo constitucional: '...el
recurrente debe utilizar cuanto recurso le franquee la ley, sea ante la autoridad o
persona que lesionó su derecho o ante la instancia superior a la misma en caso que se
trate de autoridad y, en el caso de particulares, acudir ante la autoridad que
conforme a la naturaleza del acto ilegal u omisión indebida le pueda otorgar
protección inmediata, y sólo se concederá el amparo, no obstante la existencia de
otras vías, cuando las mismas resulten ineficaces para la defensa de los derechos,

 Ahora bien, conforme lo entendió la SCP 1770/2013 de 21 de octubre (reiterada por la
SCP 0012/2018-S4, de 23 de febrero), la línea jurisprudencial que desarrolla los
presupuestos de subsidiariedad del amparo constitucional, tiene algunas excepciones, que
se constituyen en situaciones que posibilitan ingresar directamente al análisis de fondo de
la causa, sin necesidad de agotar los medios idóneos previstos en la ley (SSCC
0770/2003-R, 0079/2007-R, 0043/2010-R y 0261/2012-R), que fueron construidos
jurisprudencialmente, como ser:
◦ “i) Actos provenientes de particulares o del Estado vinculados a vías o medidas de
hecho (SSCC 0977/2002-R, 0832/2005-R y 0148/2010-R, SSCCPP 0998/2012,
1478/2012);
◦ ii) Existencia de daño irreparable o perjuicio irremediable (SSCC 0142/2003-R,
0651/2003-R y 0864/2003-R);
◦ iii) Cuando existe un medio de defensa, pero éste es ineficaz (SC 0651/2003-R);
◦ iv) Para la realización de justicia material (SC 1294/2006);
◦ v) Cuando se demandan derechos de grupos de protección reforzada, como ser niños,
niñas y adolescentes (SSCC 0165/2010-R y 0294/2010-R) o de mujer embarazada (SC
0143/2010-R), y personas con capacidades diferentes (SCP 1052/2012); y,
◦ vi) En temas de racismo y discriminación (SC 0362/2012)”.

 El Código Procesal Constitucional estableció los requisitos para su procedencia,
entre ellos, en el art. 53.2, determina que el amparo constitucional no procederá
contra actos consentidos libre y expresamente. Al respecto, la jurisprudencia
constitucional, en la SC 0700/2003-R de 22 de mayo, reiterada por las SSCC
0589/2010-R, 0725/2010-R y 0231/2010-R entre otras, expresó lo siguiente:
“…La excepción prevista en la citada norma, tiene su fundamento en el respeto al
libre desarrollo de la personalidad, lo que significa que toda persona puede hacer
lo que desee en su vida y con su vida sin que la Sociedad o el Estado puedan
realizar intromisiones indebidas en dicha vida privada; pues se entiende que toda
persona tiene la absoluta libertad de ejercer sus derechos de la forma que más
convenga a sus intereses, con la sola condición de no lesionar el interés colectivo o
los derechos de las demás personas; por lo mismo, frente a una eventual lesión o
restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional la persona tiene
la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando
frente al hecho ilegal, planteando las acciones pertinentes o, en su caso, de
consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la persona o autoridad que afecta su
derecho, por considerar que esa afectación no es grave y no justifica la iniciación
de las acciones legales correspondientes”.

 En la SC 0345/2004-R de 16 de marzo, se concluyó que: “…Bajo dicho
entendimiento el consentimiento libre y expreso supone la acción voluntaria de
la persona de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una
actitud pasiva frente al mismo, o en su caso, realizando acciones que no tienden
a restablecer el acto considerado lesivo”; agregando más adelante que: “…para
que se abra la tutela que brinda este recurso, la actuación de las partes dentro de
los procesos judiciales o administrativos, una vez producido el acto considerado
ilegal o lesivo, debe ser activa y permanente en procura de su reparación, para
que recién, en su caso, ante la falta de protección y una vez agotados todos los
medios a su alcance acudir directamente a la tutela que brinda este recurso y no
realizar, por el contrario, acciones que reflejen el consentimiento del acto
reclamado al continuar con la tramitación del proceso sometiéndose a sus
incidencias…”.
 Entonces, la tutela que brinda la acción de amparo constitucional, debe ser
denegada ante actos libre y expresamente consentidos por el accionante, los que
pueden ser expresos, cuando se aceptó fehaciente o tácito el acto ilegal o la
omisión indebida cuando se adopta una posición pasiva, dejando transcurrir el
plazo que se tiene para impugnar, procediendo a ejecutar o cumplir el acto, o en
su caso, sin cuestionar en la primera oportunidad que se tuvo dentro de la
tramitación del proceso, ya sea judicial o administrativo, o bien después de

 Con relación al hecho superado, la SCP 1391/2015-S2 de 16 de diciembre, expresó: “El
Tribunal Constitucional Plurinacional, refiriéndose a la teoría del hecho superado, que se
aplica cuando los efectos del acto denunciado hubieran cesado, a través de numerosas
sentencias, entre ellas la SCP 1541/2014 de 25 de julio, dejó establecido que: ‘El art. 53.2
del CPCo, establece que esta acción de defensa no procederá cuando hayan cesado los
efectos del acto reclamado. Esta causal de denegatoria de la tutela estuvo presente en la
tradición jurisprudencial constitucional de larga data, en el entendido de que cuando deja
de existir el acto ilegal denunciado, el amparo constitucional ya no tiene razón de ser ni
objeto, puesto que no se puede pretender protección de un derecho fundamental o
garantía constitucional, respecto a un supuesto acto u omisión de un particular o una
autoridad, cuando desapareció la causa en la que se fundó la acción (por todas la SC
0050/2004-R de 14 de enero).
 Por ello, a través de una infinidad de sentencias constitucionales se dio contenido a la
comprensión de la causal de denegatoria del amparo constitucional cuando el acto
reclamado cesó, en una línea jurisprudencial que se puede leer de la siguiente manera: a)
La oportunidad procesal para entender que los efectos del acto reclamado terminaron es
hasta antes de ser notificado el demandado con la acción de amparo constitucional, por
cuanto si es posterior a dicha diligencia debe ingresarse al fondo de lo peticionado en el
amparo (desde la SC 0254/2001-R de 2 de abril); b) La decisión o acto que hace cesar los
efectos del acto reclamado debe ser notificada legal y válidamente al accionante (desde las
SSCC 0638/2003-R, 0691/2003-R, 0932/2003-R); y, c) No es aplicable la causal de
denegatoria del amparo constitucional por cesación de los efectos del acto reclamado, si
no existen pruebas que demuestren tal cesación (SC 0136/2002-R de 19 de

 La SCP 2134/2012 de 8 de noviembre señaló: “La SCP 0040/2012 de 26 de marzo,
citando al efecto la SC 0792/2007-R de 2 de octubre, emitida por el extinto
Tribunal Constitucional, concluyó que: '«…el principio de inmediatez está basado
en el principio de preclusión de los derechos para accionar, lo que significa que
para poder ingresar al análisis de fondo de la problemática que se plantea en este
tipo de acciones tutelares, quien recurre de amparo constitucional debe interponer
su acción dentro del plazo de seis meses de conocido el acto o hecho ilegal o de
agotados los medios o recursos que la ley le otorga para subsanar la supuesta
lesión, caso contrario, se estaría incumpliendo con el citado principio del recurso
de amparo constitucional»'.
 «La amplia jurisprudencia constitucional emanada del Tribunal Constitucional,
establece que la acción de amparo constitucional '…podrá interponerse en el plazo
máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración
alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial' (art. 129.II de
la CPE); de ese modo, se pretende acentuar el propósito de esta acción, consistente
en otorgar protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados,
dentro de un plazo razonable fijado al efecto; considerando que el agraviado no
puede disponer indefinidamente de la jurisdicción constitucional (con similar
afirmación, las SSCC 0551/2010-R, 0554/2010-R, 0626/2010-R, 0782/2010-R,
entre otras)».

 Concluyendo que: '…la interposición de la acción de amparo
constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de
la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al
tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de
lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a
esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el
ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés
debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los
mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia
llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la
presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al
análisis de fondo'.
 En ese sentido, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), en
cuanto refiere al plazo para la interposición de la acción de amparo
constitucional, determina que el mismo podrá interponerse en el plazo
máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración
alegada o de conocido el hecho.

 Consecuentemente, corresponde a los accionantes cuidar que la acción de amparo
constitucional sea interpuesta dentro del plazo máximo de seis meses a partir de la
supuesta vulneración o de la notificación con la resolución judicial o
administrativa que se considera lesiva de derechos fundamentales y garantías
constitucionales; pues como se señaló precedentemente, la norma establecida en el
art. 129.II de la Norma Suprema es concluyente al precisar el principio de
inmediatez, delimitando el plazo máximo para su interposición a seis meses”.
 En el mismo sentido, la SC 0132/2010-R de 17 de mayo, determina; “Que, por
mandato constitucional la tutela que otorga el amparo, es de naturaleza
eminentemente subsidiaria e inmediata, lo que implica que el recurso debe ser
presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión
indebida o de agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o
administrativos idóneos para hacer cesar el acto; vale decir, que el recurso no
podrá ser presentado cuando el plazo de los seis meses esté superabundantemente
vencido, o cuando habiendo sido presentado dentro del referido plazo no se acudió
previamente a las instancias competentes para denunciar la lesión al derecho
fundamental”.

 “A efectos de un correcto cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la
acción de amparo constitucional, teniendo en cuenta el plazo prudencial para la
interposición del amparo y su naturaleza subsidiaria -que encarna el agotamiento
en la misma vía de medios idóneos- debe ser modulado en los siguientes términos: El
cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo,
es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado
que ha sido el último actuado idóneo. Sin considerar los recursos, incidentes u otros
medios no previstos por ley, o presentados extemporáneamente, aún en los casos
de equivocación o error en su presentación, los cuales se consideran inidóneos.
 Si es que se hubiese solicitado enmienda, aclaración o complementación de la resolución
principal o auto de vista, que se constituye en el medio idóneo y que agota la vía, y no
hubiesen sido consideradas, por extemporaneidad o el motivo que fuere; al no tener
trascendencia ni efecto en la resolución principal, el plazo de los seis meses corre desde la
notificación con la resolución principal o auto de vista, sin considerar la solicitud de
aclaración, complementación o enmienda. En los casos en que la solicitud hubiese sido
considerada dando lugar a la enmienda, aclaración o complementación, la misma pasa a
formar parte del contenido de la resolución principal, conformando un todo; en
consecuencia, por los efectos o trascendencia, sólo en estos casos, el plazo de los seis
meses corre desde la notificación con la resolución que da lugar a la complementación,
enmienda o aclaración”. Así lo entendieron las SSCC 0521/2010-R y SC 0733/2010-R, entre
otras.

 De acuerdo a lo prescrito por el art. 129.II de la CPE, la acción de amparo constitucional
podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión
de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. Sin
embargo, cabe aclarar que este cómputo se suspende durante la sustanciación del caso y
se reinicia a partir de la notificación con la Sentencia Constitucional Plurinacional,
mediante la cual no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
 En esta línea, la SCP 0876/2012 de 20 de agosto, estableció: 'Este Tribunal también
dispuso que en los casos cuando se interpuso con anterioridad una acción tutelar sobre
los mismos hechos que no ingresó al fondo de la problemática, el plazo queda
suspendido durante la sustanciación; es decir, que el cómputo se corta con la
interposición de la acción y se reinicia desde la notificación con la resolución o sentencia
constitucional que no ingresó al fondo. (…) En ese sentido, la SC 0814/2006-R de 21 de
agosto, sobre el particular estableció: «A cuyo efecto, resulta necesario establecer que el
cómputo del plazo de los seis meses para interponer el recurso de amparo constitucional,
se inicia desde ocurrido el acto ilegal vulneratorio de derechos, y si este permite
impugnación se inicia el cómputo desde la última actuación efectuada en reponer el
derecho vulnerado; empero, en los casos en que como el presente, se interpuso un
recurso de amparo constitucional que culminó con una resolución constitucional que no
ingresó al fondo; el plazo se suspende durante ese periodo; es decir, que el cómputo se
corta con la interposición del recurso de amparo constitucional en este caso, y luego se
reinicia o continúa el cómputo desde la notificación de la resolución o sentencia
constitucional que no ingresó al fondo…»'”.

 Analiza dentro de una AAC, el fondo de una denuncia relativa a arrogación
de competencias no establecidas por ley cuyo ámbito correspondía ser
examinado a través de un RDN:
“Es evidente que la usurpación de competencias, es una figura que se
encuentra dentro del ámbito de tutela del recurso directo de nulidad de
acuerdo a la SC 0099/2010-R de 10 de mayo, sin embargo, sin alterar esta
línea jurisprudencial, se aplica excepcionalmente el principio pro actione
para situaciones en las cuales exista una manifiesta, grave e irreparable
vulneración a derechos fundamentales, de manera excepcional y aplicando
el método de la ponderación, con la finalidad de asegurar la justicia
material, se flexibiliza para este efecto los presupuestos procesales,
solamente con la finalidad de asegurar la materialización de los valores de
justicia e igualdad, posibilitando tutelar el derecho a la competencia como
elemento del debido proceso a través de la acción de amparo constitucional”

 La SCP 0494/2012 de 6 de julio, sigue el precedente de la SC 0099/2010,
que fue confirmado por la SCP 290/2012, entre otras y por ello se
constituye en una Sentencia confirmadora de esa línea.
 Sin embargo, se aclara que posteriormente la SC 0099/2010, fue mutada
por la SCP 0693/2012 de 2 de agosto, en la que se señaló que
correspondía “unificar al juez natural y su tutela a través de la acción de
amparo constitucional de forma que en los procesos judiciales y
administrativos todo acto sin competencia o jurisdicción que puedan
afectar al juez competente como elemento del juez natural debe tutelarse
por los recursos ordinarios previstos por el legislador y agotados los
mismos, siempre y cuando exista vulneración a derechos y garantías
mediante acción de amparo constitucional y no por el recurso directo de
nulidad, lo contrario afectaría las competencias naturales de los jueces y
autoridades naturales competentes entendimiento que por el principio
pro actione y de favorabilidad deberá aplicarse a los casos en
tramitación.”


 Reconducción del proceso de Acción de Cumplimiento a la tramitación de
una Acción Popular en base a los principios de interpretación
constitucional
Los alcances del control tutelar de constitucionalidad, en el marco del
nuevo orden constitucional, ha incorporado dos nuevas acciones de
defensa: la acción de cumplimiento y la acción popular, cuyo ámbito de
tutela encuentra una diferencia sustancial con el tradicional amparo
constitucional, el hábeas corpus -ahora acción de libertad- y el hábeas
data -ahora acción de protección de privacidad-, dado que si bien tienen
como objetivo la protección directa de derechos fundamentales subjetivos,
esta tarea no se halla ligada a la afectación o incidencia directa en una
colectividad, como sucede en el caso de la acción de cumplimiento y la
acción popular, constituyendo precisamente ésta una de sus cualidades
esenciales, que las diferencian de las primeras y a partir de las cuales se
definen sus requisitos de contenido y sus específicos procesos de
tramitación y resolución.

 Entonces, considerando que dicha implementación del control tutelar, se
configura en el marco de un nuevo orden constitucional, cuya realización
efectiva aún se encuentra en un periodo de “transición constitucional”, no
es posible exigir a las partes el cumplimiento cabal de los requisitos de
procedencia de las dos nuevas acciones de defensa, cuyas condiciones de
admisibilidad aún permanecen en construcción a través de la
jurisprudencia constitucional, sobre todo con relación a la acción de
cumplimiento, cuya naturaleza procesal y ámbito de protección aún
permanece en discusión, sujeta a interpretaciones distintas; situación
contraria acontece con relación a la acción popular, puesto que debido a
la configuración flexible de sus requisitos de contenido guiadas por el
principio de informalismo, no ofrece mayores inconvenientes a la hora de
resolverse, lo que por supuesto no significa que su desarrollo
jurisprudencial haya concluido.

 Sin embargo, ésta es una razón sustancial -pero no la única- por la cual
se justifica que frente a una acción presentada, el intérprete advierta que
los contenidos de la demanda se acomodan más a la tramitación de otra
acción de defensa (acción de libertad, de protección de privacidad,
amparo constitucional, acción popular) y de esta manera pueda, al
amparo de los principios de eficacia de los derechos fundamentales,
economía procesal, prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho
adjetivo, pro actione y iura novit curia (SCP 2271/2012, de 9 de
noviembre), reconducir la tramitación de la acción de cumplimiento a un
proceso de acción de libertad, de protección de privacidad, amparo
constitucional o acción popular, atendiendo ciertos requisitos a ser
desarrollados por la jurisprudencia constitucional en el caso específico,
donde se advierta la necesidad de reconducir su tramitación a otro
proceso constitucional.

 Los principios antes mencionados, constituyen la razón primordial por la
cual debe operarse la reconducción del proceso constitucional; así se tiene
que, no obstante las acciones de defensa tienen delimitados sus requisitos
de admisibilidad así como un procedimiento específico, y que en su
tramitación deben exigirse la concurrencia de formalismos que ayudan a
preservar su naturaleza excepcional, ello no significa que deba darse
prioridad a estas formalidades, entendidas como una unidad, por encima
de la esencia misma del sistema de control tutelar cuyo fin primordial es
el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales, por
lo cual deberá extenderse la comprensión del alcance de exigibilidad de
estos requisitos, a fin de garantizar la tutela constitucional efectiva y la
esencia de los procesos constitucionales.

 Cuando de los antecedentes de la demanda de acción de cumplimiento, sea posible
extraer los requisitos de contenido para la tramitación de una acción popular, a efectos
de la reconducción del proceso, deberá tenerse presente las siguientes reglas:
a) Se evidencie error en la vía procesal elegida, lo cual guarda relación con el rol
esencial del juez constitucional que advierte una voluntad implícita del accionante,
aunque la misma no haya sido planteada correctamente en la demanda.
b) Se cumplan los requisitos inexcusables de la demanda de acción popular, en ese
sentido, principalmente se identifiquen a través de los hechos denunciados, derechos
o intereses colectivos o difusos y un sujeto de derecho colectivo.
c) No se modifiquen el petitorio ni los hechos que sustentan la demanda, por cuanto
supondría que el juzgador sustituya al accionante, alterando su naturaleza imparcial.
d) Se preserve el derecho a la defensa de la parte demandada, es decir, que la misma
haya tenido la oportunidad de contraponerse a la pretensión de la parte demandante;
ejerciendo de modo sustancial su derecho de defensa, puesto que en ningún caso se
puede habilitar la tutela de un derecho fundamental dejando desprotegido a otro de
la misma clase.
e) Exista riesgo de irreparabilidad del o los derechos o intereses colectivos o difusos;
es decir, la reconducción sólo será posible si existe una necesidad apremiante de
evitar la ocurrencia de un daño irreparable en los derechos fundamentales
involucrados, aspecto que guarda relación con el principio de economía procesal y
tutela judicial efectiva.

 El Tribunal Constitucional de Perú, estableció la “conversión” de una
acción de cumplimiento a una acción de amparo constitucional en base al
principio iura novit curia, que en el Expediente 2763-2003-AC/TC,
sostuvo que: “…el objeto de la demanda no es tanto demandar el
cumplimiento de la Ley N.° 27550, sino más bien cuestionar un
comportamiento lesivo de derechos constitucionales, y que por ello la vía
idónea para resolver la controversia no es la acción de cumplimiento, sino
el amparo. Aunque en aplicación del principio de suplencia de la queja
deficiente, previsto en el artículo 7.° de la Ley N.° 23506, se podría
declarar la nulidad del procedimiento seguido y devolver los actuados al
juez competente a efectos de que la pretensión sea tramitada como
amparo, este Tribunal considera innecesaria la aplicación de tal principio,
habida cuenta de la urgencia de restituir los derechos reclamados y de la
correlativa necesidad de que el presente proceso se resuelva de forma
oportuna y efectiva, de modo que se pronunciará de inmediato sobre el
fondo de la controversia…” procediéndose en su parte resolutiva a:
“Declarar FUNDADA la demanda interpuesta, la que debe entenderse
como acción de amparo”.

LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA - Revisión Jurisprudencial 2019

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