El análisis de la sentencia aborda un caso en el que la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declina a la sala constitucional, otorgando un recurso de amparo constitucional a miembros de comités afectados por la destitución de sus funciones en la UCV. El tribunal determina que no hubo violación del derecho a la defensa ya que los demandantes tuvieron la oportunidad de argumentar su postura y se considera la reestructuración administrativa como válida. Además, se reitera que la normativa modificada se encuentra dentro de las atribuciones del concejo universitario, por lo que no se otorgan las medidas cautelares solicitadas.