El documento analiza la nueva Ley de Delitos Informáticos del Perú y su impacto en derechos fundamentales. La ley ha recibido críticas por tener una redacción muy amplia que podría criminalizar conductas normales y afectar la libertad de expresión. También se critica que la ley exija que los proveedores de internet mantengan la compatibilidad con sistemas de interceptación policial.