El documento analiza los impactos del extractivismo minero en Panamá, resaltando cómo la minería ha sido promovida como un desarrollo económico, mientras que impacta negativamente en la salud, el medio ambiente y fomenta corrupción. A pesar de las leyes existentes, la actividad minera ha privilegiado a empresas extranjeras, evidenciando un desinterés por el bienestar de las comunidades locales, que enfrentan consecuencias adversas significativas. El marco legal y las prácticas gubernamentales han sido criticados por su falta de transparencia y consulta popular, dejando a estas comunidades vulnerables ante el avance minero.