C 728-09.rtf omision legislativa relativa

Sentencia C-728/09
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia
Para la Sala resulta claro que no existe ningún pronunciamiento en sede de
constitucionalidad que se haya ocupado por completo del artículo 27 de la
Ley 48 de 1993, porque si bien la Corte mediante sentencia C-058 de 1994 se
pronunció sobre el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, lo hizo parcialmente,
sobre el literal b, que exime de la prestación del servicio militar a los
miembros de comunidades indígenas que habiten en sus territorios y
conserven su identidad cultural, social y económica, declarándolo
constitucional, al considerar que era razonable que el legislador eximiera a
los miembros de las comunidades indígenas de la prestación del servicio
militar obligatorio, por el impacto que ese daño causaría en ellos y en su
comunidad, y que no eximiera a aquellos indígenas que ya no formaran parte
de dicha comunidad; pero nunca ha estudiado una demanda contra la
totalidad del texto del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, ni por las razones
expuestas en la demanda, ni por otras diferentes.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Incumplimiento de requisito
Para la Sala, la pretensión de la demanda no satisface el primero de los
requisitos que la jurisprudencia ha fijado para que proceda una demanda de
inconstitucionalidad frente a una omisión legislativa relativa, cual es que la
acusación recaiga sobre una norma específica de la que pueda predicarse la
omisión, puesto que si bien se acusa el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, que
establece, de manera general, unas exenciones al servicio militar, no cabe
afirmar que los supuestos allí regulados sean asimilables a la situación de
quienes se oponen al servicio militar por consideraciones de conciencia, al
punto que resultase imperativo regular, en la misma disposición, el régimen
aplicable a la objeción de conciencia al servicio militar.
OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO-Derecho subjetivo/OMISION LEGISLATIVA
ABSOLUTA-Objeción de conciencia al servicio militar
No comparte la Corte la consideración aducida en la demanda de una
omisión legislativa relativa por cuanto, al paso que en la disposición acusada
se identifica a dos conjuntos de personas que, en razón de una serie de
características objetivas, se encuentran exentos, de manera general, de la
prestación del servicio militar y de la obligación de pagar la cuota de
compensación militar, la pretensión de los demandantes alude a una
condición subjetiva, por razón de la cual, determinadas personas, por
consideraciones de conciencia, se oponen a la prestación del servicio militar,
al cual, de manera general, se encuentran obligadas, por lo que para la Corte
lo que en realidad se censura es que el legislador no haya expedido una ley
que regule la objeción de conciencia en el ámbito del servicio militar, lo cual

se mueve en el ámbito de una omisión legislativa absoluta, puesto que, no
obstante que existe un derecho subjetivo a oponerse a la prestación del
servicio militar por consideraciones de conciencia, el legislador no ha
desarrollado la norma constitucional en este campo, para regular, entre otros
aspectos, las condiciones en las que puede hacerse efectivo el derecho, el
procedimiento para obtener su reconocimiento, la fijación de una cuota de
compensación militar, o la previsión de un servicio social alternativo, no
siendo posible una decisión integradora de la Corte en sede de control
abstracto de normas.
LEGISLATIVA RELATIVA-Procedencia/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA
ABSOLUTA-Improcedencia
LEGISLATIVA RELATIVA-Opciones aplicables por su configuración
La Corte Constitucional ha señalado que por la vía de la acción pública de
inconstitucionalidad, cabe ejercer el control sobre las denominadas omisiones
legislativas relativas, y ha hecho un recuento de las opciones aplicables al
propósito de reparar una omisión legislativa contraria a la Constitución,
superando la dicotomía exequibilidad – inexequibilidad, pudiendo el juez
constitucional acudir a diversas fórmulas que permitan subsanar el efecto
inconstitucional de la omisión, preservando en la medida de lo posible el
ámbito de configuración del legislador. En tanto que frente a las omisiones
legislativas absolutas ha rechazado la posibilidad del control de
constitucionalidad, toda vez que la acción pública de inconstitucionalidad si
bien permite realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa,
no autoriza la fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido,
conforme a las directrices constitucionales (...). Por esta razón, se excluye de
esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas
absolutas: si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas
superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control.
La Corte carece de competencia para conocer de demandas de
inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta.
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Concepto/OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Configuración no se limita únicamente a
casos relacionados con los derechos a la igualdad y debido proceso
Si bien una omisión legislativa relativa se presenta cuando “(…) el legislador
al regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente
que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar
con ella”, ya no resulta necesario establecer una afectación del derecho de
igualdad para que pueda predicarse la existencia de una omisión legislativa
relativa puesto que basta con acreditar que, en relación con la materia objeto
de regulación, era imperativo a la luz de la Constitución regular también el
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Expediente D-7685
supuesto que se considera omitido, sin que para ello sea preciso establecer, ni
una identidad en las situaciones fácticas, ni la exigencia de una identidad en
la regulación legal que les resulte aplicable. También sería posible señalar
que el producto de la actividad legislativa resulta incompleto, por no
incorporar una previsión cuya inclusión resultaba imperativa a la luz de la
Constitución, y que por consiguiente existe una inconstitucionalidad que
proviene de dicha omisión.
OMISION LEGISLATIVAABSOLUTA-Concepto
EXHORTO AL CONGRESO-Concepto/EXHORTO AL
CONGRESO-Objeto/EXHORTO AL CONGRESO-Eventos en que se
produce
El exhorto es un requerimiento al legislador, con o sin señalamiento de plazo,
para que produzca las normas cuya expedición aparece como obligada a la
luz de la Constitución y su significado en derecho constitucional debe ser
visto como una expresión de la colaboración para la realización de los fines
del Estado, en particular para la garantía de la efectividad de los derechos de
las personas. No resulta extraño que la Corte Constitucional pueda exhortar
al Congreso para que adecue el orden legal a la Constitución en materia de
derechos constitucionales. Es así como se ha acudido al exhorto en las
sentencias de inexequibilidad diferida, en las cuales se le fija al legislador un
plazo, dependiendo de la naturaleza del asunto, para que profiriera una
nueva regulación legal, acorde con los postulados constitucionales, hipótesis
no necesariamente vinculada con la omisión legislativa, en la cual la Corte
ha establecido que se presenta una violación de la Constitución, pero que la
declaratoria, con efecto inmediato, de la inexequibilidad de la disposición de
la cual ella se deriva podría comportar un efecto también lesivo de la
Constitución, por el vacío normativo que ello generaría. De la misma manera
en los eventos de omisión legislativa absoluta se presenta un tipo distinto de
exhorto, cuando la Corte advierte que el legislador ha omitido una regulación
que debe expedir de acuerdo con la Constitución, pero concluye que la
solución de dicha omisión, en razón de la naturaleza de la misma, se
encuentra por fuera del ámbito de la competencia del juez constitucional,
razón por la cual sólo cabe un llamado al legislador, para que en ejercicio de
su potestad de configuración, proceda a hacer efectivos los mandatos
constitucionales.
OBJECION DE CONCIENCIA-Definición/OBJECION DE
CONCIENCIA-Derecho de rango constitucional/OBJECION DE
CONCIENCIA-Derecho sometido a restricciones/OBJECION DE
CONCIENCIA-Alcance
La objeción de conciencia ha sido definida como la resistencia a obedecer un
imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que
impide sujetarse al comportamiento prescrito, por lo que la objeción de
conciencia supone la presencia de una discrepancia entre la norma jurídica y
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alguna norma moral, siendo reconocido por la Corte que es posible objetar
por razones de conciencia deberes laborales, educativos y profesionales, y
con referentes normativos del bloque de constitucionalidad como el que se
desprende de la Resolución 1989/59 adoptada por la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, sobre objeción de conciencia al servicio
militar, la cual se da, entre otras, “reconociendo el derecho de toda persona
a tener objeciones de conciencia al servicio militar como ejercicio legítimo
del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
enunciado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos”.
SERVICIO MILITAR-Carácter obligatorio/SERVICIO MILITAR-
Exenciones previstas en la ley
De acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, como regla general, todos
los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades
públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones
públicas, precepto que consagra el servicio militar como obligatorio, que
resulta no solamente del perentorio mandato aludido sino de la referencia
constitucional a las condiciones eximentes, que únicamente son las
determinadas por la ley.
OBLIGATORIO-Constituye una situación personal del fuero interno del
objetor que no lo exime de la obligación
La objeción de conciencia constituye una situación personal, que obedece al
fuero interno del objetor, por lo que subsiste la obligación general.
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Objeción de conciencia no
constituye una exención prevista en la ley/OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-
Condiciones para que constituya exención a la obligación deben ser
objeto de regulación legal
Al desarrollar la previsión constitucional sobre exenciones a la prestación del
servicio militar, el legislador acudió al criterio de identificar grupos de
personas, que en razón de un conjunto de características objetivas comunes,
se verían exceptuados de la citada obligación. Pero en el caso de la objeción
de conciencia, la regulación debe ser distinta, puesto que ya no se trata de
identificar grupos de personas que por sus características objetivas comunes
deban ser eximidos del servicio, sino que la misma debe orientarse a
establecer criterios para determinar la naturaleza de la objeción, su seriedad,
o, en general, los condiciones en las que puede tenerse como válida.
OBLIGATORIO-Protección constitucional a falta de regulación
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Expediente D-7685
legal/OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO-Condiciones para que proceda su protección
A partir de una lectura armónica de los artículos, 18 y 19 de la Constitución,
al igual que del bloque de constitucionalidad, es posible concluir que de los
mismos sí se desprende la garantía de la objeción de conciencia frente al
servicio militar; y si bien la garantía constitucional a partir de la cual es
posible plantear objeciones de conciencia al cumplimiento de distintos
deberes jurídicos, requiere un desarrollo legislativo, la ausencia del mismo no
comporta la ineficacia del derecho, el cual, en su núcleo esencial, puede
hacerse valer directamente con base en la Constitución. Pero las
convicciones o creencias que den lugar a negarse a la prestación del servicio
militar deben ser profundas, fijas y sinceras, para que sean de una entidad tal
que realmente se encuentre amenazada la libertad de conciencia y de
religión; No puede tratarse de convicciones o de creencias que tan sólo estén
en el fuero interno y vivan allí, que no transciendan a la acción.
EXHORTACION AL CONGRESO-Regulación objeción de conciencia
frente al servicio militar
Referencia: expediente D-7685
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 27 de la Ley 48 de 1993
Demandantes:
Gina Cabarcas Macía, Antonio Barreto
Rozo y Daniel Bonilla Maldonado
Magistrado Ponente:
Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre dos mil nueve (2009)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
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En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la
Constitución, la ciudadana Gina Cabarcas Macía, y los ciudadanos Antonio
Barreto Rozo y Daniel Bonilla Maldonado presentaron demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 48 de 1993. La demanda
fue repartida a la Magistrada (e) Clara Elena Reales Gutiérrez, quien la
admitió para su estudio mediante Auto de 3 de abril de 2009.
Debe advertirse que el proceso de constitucionalidad de la referencia fue
inicialmente sustanciado por la magistrada María Victoria Calle Correa, cuyo
proyecto de sentencia no fue aceptado por la mayoría, habiendo sido designado
como nuevo ponente el Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En el
presente fallo se recogen los antecedentes de la ponencia originalmente
presentada a la Sala Plena, así como los puntos de la parte considerativa de la
misma que fueron acogidos por la Corporación.
II. NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas:
LEY 48 DE 1993
por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización
[…]
Artículo 27.- Exenciones en todo tiempo. Están exentos de prestar el
servicio militar en todo tiempo y no pagan cuota de compensación
militar:
a) Los limitados físicos y sensoriales permanentes.
b) Los indígenas que residan en su territorio y conserven su
integridad cultural, social y económica.
III. DEMANDA
Los ciudadanos Gina Cabarcas Macía, Antonio Barreto Rozo y Daniel Bonilla
Maldonado presentaron acción de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de
la Ley 48 de 1993, por considerar que viola los derechos constitucionales a la
igualdad (art. 13, CP), a la libertad de conciencia (art. 18, CP) y a la libertad
de cultos (art. 19, CP).
A su juicio, de la norma acusada se desprende que “[…] los limitados físicos y
sensoriales permanentes, y los indígenas que residan en su territorio y
conserven su integridad cultural, social y económica, serán los únicos dos
grupos de colombianos que quedarán exentos en todo tiempo de cumplir con
la obligación constitucional de prestar el servicio militar obligatorio.”
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Expediente D-7685
Consideran que el “[…] legislador, en cumplimiento del mandato
constitucional dispuesto en el artículo 216 de la Carta Política, decidió que
estos dos grupos de personas no tendrían que cumplir con la obligación de
prestar el servicio militar, que no tendrían tampoco que pagar la
compensación militar que sí deben pagar los grupos exentos de la obligación
de prestar el servicio militar en tiempos de paz (art. 28 de la Ley 48 de 1993)
y que, además, no entrarían a formar parte de la lista de reservistas.” Para los
demandantes, “[…] el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa
por no incluir dentro de las exenciones en todo tiempo a la prestación del
servicio militar obligatorio, contempladas en el artículo 27 citado, a los
objetores de conciencia, y que en este sentido sobre dicho artículo se debe
proferir un fallo de exequibilidad condicionada (o subsidiariamente de
inexequibilidad) por ir en contravía de los siguientes artículos de la
Constitución: 13 (derecho de igualdad), 18 (derecho a la libertad de
conciencia) y 19 (derecho a la libertad de cultos)”.
Para establecer la existencia de una omisión legislativa relativa, la demanda se
divide en cuatro partes. Primero, (1) explica las razones por la cuales la Corte
Constitucional es competente para conocer de fondo la acusación de
inconstitucionalidad presentada; luego, (2) señala que no existe un
“precedente jurisprudencial aplicable al caso”; a renglón seguido, (3) aplica
los cinco pasos que la Corte ha establecido para el examen de
constitucionalidad cuando el cargo presentado por los demandantes es una
omisión legislativa y, finalmente, (4) analizan específicamente la violación de
los derechos invocados (artículos 13, 18 y 19 de la Constitución Política).
1. Admisibilidad de la demanda
Para los demandantes, aunque el artículo demandado fue declarado exequible
por la Corte en la Sentencia C-058 de 1994, “(…) en esa ocasión sólo se
decidió sobre la constitucionalidad del literal b) de la disposición legal y no
sobre la omisión en la que incurrió el legislador por no haber incluido a los
objetores de conciencia dentro de los grupos exentos de cumplir con la
obligación de prestar el servicio militar obligatorio en todo tiempo.” Agregan
que, por otra parte, en las sentencias C-511 de 1994 y C-740 de 2001, que
tratan temas relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de
conciencia en la prestación del servicio militar, no se decidió sobre
disposiciones análogas al artículo 27 de la Ley 48 de 1993 y que, por lo tanto,
en relación con ellas no puede predicarse la ocurrencia del fenómeno de la
cosa juzgada material.
La demanda presenta la cuestión en los siguientes términos,
“Con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada
en 1994 contra varios artículos de la Ley 48 de 1993, la Corte se
pronunció a favor de la constitucionalidad de los artículos 4
(parcial), 9 (parcial), 10, 11, 13 (parcial), 14, 41 (parcial), 42, 49
(parcial), 55 (parcial), 57 y 36, 37, 41 (todos parcialmente). Los
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demandantes adujeron, entre otras peticiones y argumentos, que en
estos artículos se evidenciaba una omisión legislativa y que ésta
atentaba contra el derecho a la libertad de conciencia consagrado en
el artículo 18 de la Constitución Política.1
Aunque en la parte
motiva de esta sentencia, la Corte hace una breve referencia a la
relación entre la prestación del servicio militar obligatorio y la
objeción de conciencia, las normas sobre las que trata el examen de
constitucionalidad que se desarrolla en esta providencia no pueden
considerarse análogas al artículo 27 de la Ley 48 de 1993,
demandado en esta oportunidad. El artículo 27 se refiere
específicamente a dos grupos de personas que cumplen con ciertas
condiciones por las que el legislador consideró que no debían
prestar el servicio militar obligatorio en todo tiempo, ya que
cumplir con esta obligación atentaría contra su derecho a la
diferencia. Por su parte, ninguno de los artículos cuestionados en la
demanda que fue resuelta en la sentencia C-511 de 1994 es similar
al artículo 27; aún más, ninguno regula las exenciones de una
manera análoga.
El artículo 4 demandado en 1994 se refiere a la finalidad del
servicio de reclutamiento y movilización regulado por la Ley 48 de
1993. En este sentido, dispone que corresponde al servicio de
reclutamiento y movilización, planear, organizar, dirigir y controlar
la definición de la situación militar de los colombianos. Por su
parte, el artículo 9 allí demandado se refiere a las funciones del
servicio de reclutamiento y movilización y dispone que una de éstas
consiste en la definición de la situación militar de los colombianos.
El artículo 10 precisa los contenidos de la obligación de definir la
situación militar, disponiendo que todo varón colombiano está
obligado a solucionar su situación militar a partir de la fecha en que
cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de
secundaria, quienes la definirán cuando obtengan su título de
bachiller. Aunque podría pensarse que esta norma crea una primera
excepción a la prestación del servicio militar obligatorio, ésta se
refiere únicamente al momento en el que se debe definir la
situación militar, no a quiénes quedan exceptuados de prestar dicha
obligación.
Siguiendo con los artículos demandados en la sentencia C-511 de
1994, el artículo 11 dispone la duración del servicio militar
obligatorio; el artículo 13 establece cuáles son las modalidades en
las que se puede prestar el servicio militar; el artículo 14 se refiere a
la obligación de inscribirse para definir la situación militar en
cualquier momento durante el año anterior a la fecha en que se
cumplirá la mayoría de edad, requisito sin el cual no se podrá
formular ninguna solicitud de exención o aplazamiento; el artículo
36 se refiere a los momentos en los que se exige la presentación de
la libreta militar; el artículo 37 establece la prohibición de que se
vincule laboralmente a personas mayores de edad que no hayan
1 Corte Constitucional, sentencia C-511 de 1994, MP Fabio Morón Díaz.
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Expediente D-7685
definido su situación miliar; los artículos 41 y 42 demandados en
aquella oportunidad se refieren a los infractores de la Ley 48 que
contraten laboralmente o vinculen en establecimientos educativos a
personas mayores de edad que no hayan cumplido con la obligación
de prestar el servicio militar; los artículos 49 y 55 definen quiénes
serán reservistas y en qué momento podrán ser reclutados;
finalmente el artículo 57 establece que la Registraduría Nacional y
el DANE facilitarían a la Dirección de Reclutamiento y Control de
Reservas del Ejército, previa solicitud, un registro anual y global de
los colombianos varones que alcancen la mayoría de edad, para
fines relacionados con la inscripción y definición de su situación
militar. Después de revisar cada uno de los artículos demandados se
puede concluir entonces, que ninguno regula de manera análoga lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 sobre exenciones
en todo tiempo al servicio militar obligatorio, por lo que no opera la
cosa juzgada material.
Adicionalmente, podría pensarse que con ocasión de la sentencia C-
740 de 2001, mediante la cual se declaró la constitucionalidad del
artículo 117 del Código Penal Militar, ante el cargo de una supuesta
violación del derecho a la libertad de conciencia, operaría la cosa
juzgada material respecto al examen de constitucionalidad del
artículo 27 de la Ley 48 de 1993. Sin embargo, observamos que el
artículo 117 del Código Penal Militar se refiere al delito de
desobediencia cometido por los reservistas que son requeridos por
las fuerzas armadas. Estos reservistas son personas que ya han
cumplido con su obligación de prestar el servicio militar obligatorio
y se rehúsan a empuñar las armas para ir a la guerra. […]”
La demanda afirma estar pidiendo “[…] el examen de un asunto diferente, a
saber, la posibilidad de que las personas que por razones de conciencia no
puedan prestar el servicio militar obligatorio, no lo hagan, para así garantizar
el goce efectivo de su derecho fundamental a la libertad de conciencia.” Por
tanto, considera que “[…] habiendo analizado la jurisprudencia relevante al
respecto, se puede concluir que respecto al examen de constitucionalidad
pedido en esta demanda sobre el artículo 27 de la Ley 48 no operan los
fenómenos de la cosa juzgada constitucional formal o material.”
2. Ausencia de precedente jurisprudencial constitucional
La demanda considera “[…] que las providencias sobre el tema no contienen
ratione decidendi aplicables al examen de constitucionalidad propuesto en
esta demanda.” No obstante, sostiene que “[…] incluso, en caso tal que la
Corte decida que sí existe precedente jurisprudencial sobre la materia, el
cambio jurisprudencial […] procedería de acuerdo con los criterios que la
Corte misma ha establecido como relevantes para sustentar un cambio de
precedente.”
2.1. Luego de hacer una breve referencia a lo que ha sostenido la
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jurisprudencia constitucional en relación con la obligatoriedad de los
precedentes, la demanda analiza las sentencias en las cuales la Corte
Constitucional se ha pronunciado acerca de la objeción de conciencia en el
servicio militar. En primera instancia hace referencia a las sentencias de tutela
y, posteriormente, a las sentencias de constitucionalidad.
2.1.1. Aunque la Corte Constitucional ha decidido no tutelar el derecho de
objeción de conciencia (T-409 de 1992), no ha abordado la cuestión acerca de
la constitucionalidad de Ley de reclutamiento (Ley 48 de 1993). Dice al
respecto lo siguiente,
“En la sentencia T-409 de 1992, la Corte decide por primera y única
vez negar la posibilidad de que la objeción de conciencia exima a
los ciudadanos del cumplimiento de la obligación de prestar el
servicio militar. En este caso la Corte señaló que las creencias
religiosas de los tutelantes no eran una razón suficiente para
eximirlos de la prestación del servicio militar obligatorio. […].
A pesar de estas consideraciones, la Corte estableció en esta misma
sentencia que la decisión tomada y el análisis presentado no
constituye un examen de constitucionalidad sobre una norma
específica como lo es el artículo 27 de la Ley 48 de 1993. […]
[…]
Así, según los magistrados de esta Sala de tutela, los efectos de la
sentencia son interpartes y en ningún momento pueden ser tomados
como aplicables al examen de constitucionalidad de las normas que
regulan las excepciones al servicio militar obligatorio, como lo es el
caso de la presente demanda.
[…]
Después de la tutela fallada en 1992 la Corte no ha tenido que
decidir sobre otros casos en los que se apele a la objeción de
conciencia como justificación para no prestar el servicio militar
obligatorio. Sentencias como la T-224 de 1993, T-297 de 1993 y T-
298 de 1993 han sido fallos en los que los tutelantes alegan que su
situación particular los hace parte de alguna de las exenciones
dispuestas en el artículo 28 de la Ley 48 de 1993 y por esta razón
deben eximirse de prestar el servicio militar y deben pagar, en su
lugar, la compensación militar correspondiente. […]”
2.1.2. En cuanto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional con
ocasión de demandas por inconstitucionalidad de la norma acusada, la
demanda señala lo siguiente,
“En la sentencia C-511 de 1994 […], en donde también se analiza
la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 48 de 1993,
ocurre lo mismo que con el fallo referido en el párrafo precedente.
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Expediente D-7685
Las consideraciones de la Corte sobre la objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio son obiter dicta frente al tema de la
objeción de conciencia como causal de exención a la prestación del
servicio militar obligatorio. De hecho, en esta sentencia, la Corte
cita el fallo de tutela de 1992 atrás mencionado y establece que
frente a los artículos demandados (los cuales no incluyen el artículo
27 acá impugnado) no existe omisión legislativa, ya que éstos no
violan la libertad de conciencia.
De este modo, resulta plausible sostener que no existe precedente
jurisprudencial vigente sobre la objeción de conciencia como causal
de exención al servicio militar obligatorio en Colombia. […]”
2.2. Ahora bien, en caso de considerarse que sí existe un precedente
constitucional sobre la cuestión planteada por la demanda, a juicio de esta,
existen razones suficientes para que se cambie la jurisprudencia. Teniendo en
cuenta los cuatro criterios establecidos por la Sala Plena de la Corte
Constitucional en la sentencia C-228 de 2002 que justifican un cambio de
precedente, la demanda afirma que se aplican dos de ellos, a saber, el cambio
de referentes normativos, y el haberse fundado en una doctrina respecto de la
cual existió una gran controversia. Expresamente se sostiene lo siguiente,
“Con respecto al examen de constitucionalidad propuesta en esta
demanda se encuentra que el cambio jurisprudencial, en caso de
decidirse que sí existe precedente sobre la materia, procedería de
acuerdo con los criterios primero y cuarto expuesto por la Corte. En
relación con el primer criterio [un cambio en el ordenamiento
jurídico que sirvió de referente normativo para la decisión
anterior], vemos que en los fallos en los que la Corte se ha referido
a la objeción de conciencia como causal de exención a la prestación
del servicio militar obligatorio, no se han tenido en cuenta los
criterios interpretativos propuestos por el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas respecto a la aplicación del
artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
ratificado por Colombia. [… Además] la Corte tampoco ha tenido
en cuenta las resoluciones y recomendaciones a los Estados que la
antigua Comisión de Derechos Humanos y el actual Consejo de
Derechos Humanos,2
ambos de las Naciones Unidas, han expedido
al respecto. […] Frente al cuarto criterio anotado [la constatación
de que el precedente se funda en una doctrina respecto de la cual
hubo una gran controversia] se debe tener en cuenta que ésta es
una materia sobre la cual existe controversia, tanto en la Corte,
donde existen posiciones encontradas respecto de la objeción de
conciencia como ejercicio necesario del derecho a la libertad de
conciencia y el alcance de la libre configuración del legislador
como regulador de las causales de exención a la prestación del
servicio militar obligatorio, como en las interpretaciones de ciertos
2 El Consejo de Derechos Humanos sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos en 2006. Es el
principal órgano intergubernamental de derechos humanos de la ONU, tal como la Comisión era
antes.
11

organismos de derecho internacional.”
2.2.1. Con referencia a los referentes normativos, la demanda indica que tanto
el Comité de Derechos Humanos, como la antigua Comisión de Derechos
Humanos y el actual Consejo de Derechos Humanos, todos de las Naciones
Unidas, se han pronunciado en varias oportunidades del derecho a la objeción
de conciencia frente a la obligación de prestar el servicio militar obligatorio.
2.2.1.1. En primer lugar, hace referencia a la Observación General N° 22
(1993) del Comité de Derechos Humanos, sobre la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión (art. 18, PIDCP), en los siguientes términos,
“[…] como lo precisa el Comité en el Comentario citado, la
objeción de conciencia se deriva directamente de la libertad de
pensamiento, conciencia y religión, aún cuando no esté consagrada
de manera expresa en el artículo 18 del Pacto. La objeción de
conciencia sería entonces uno de los ejercicios fundamentales del
derecho a la libertad de conciencia. Haría parte de su núcleo, lo que
implicaría que no se podría suspender bajo ninguna circunstancia.
En este orden de ideas, el Comité encontró justificado que algunos
Estados hayan permitido que los objetores de conciencia presten
servicios alternativos al militar, impidiendo así que estos
ciudadanos sean discriminados por razón de sus creencias.”
En segundo lugar, la demanda hace referencia a las diferentes peticiones
individuales que el Comité de Derechos Humanos ha resuelto con relación a la
objeción de conciencia en el ámbito del servicio militar. Al respecto, la
demanda dice lo siguiente,
“Con posterioridad a la expedición del Comentario analizado, el
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha resuelto
varias peticiones individuales sobre objeción de conciencia dentro
de su función como organización de monitoreo del Pacto Universal
de los Derecho Civiles y Políticos. La más clara y contundente se
produjo en el año 2007, en el caso Yeo-Bum Yoon y Myung-Jin
Choi contra República de Corea. En este caso el Comité afirmó que
la objeción de conciencia es el derecho a través del cual se protegen
los compromisos religiosos y las creencias personales genuinas de
las personas, que los Estados deben crear procedimientos para que
se tramiten las objeciones de conciencia de los ciudadanos, que los
Estados así mismo deben ofrecer servicios sustitutivos para que los
objetores sirvan a la comunidad, que estos servicios alternativos no
pueden ser más onerosos que el servicio militar, y finalmente que
las razones de seguridad nacional, cohesión social y equidad no
son, en principio, argumentos para violentar la libertad de
conciencia. […]”
Finalmente, con relación al Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, la demanda señala en tercer lugar, que éste ha hecho relación
específicamente a la situación en Colombia, resaltando la omisión en la
12

Expediente D-7685
protección por parte del Estado para los objetores de conciencia. Dice la
demanda que el Comité,
“[…] en el año 2004 se refirió específicamente a la situación de la
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio en Colombia.
En esa ocasión el Comité señaló la falta de provisión de la objeción
de conciencia al servicio militar en sus Observaciones Finales al
informe presentado por el Estado de Colombia:
17. El Comité constata con preocupación que la
legislación del Estado Parte no permite la objeción de
conciencia.
El Estado Parte debería garantizar que los objetores de
conciencia puedan optar por un servicio alternativo cuya
duración no tenga efectos punitivos (arts. 18 y 26).3
”
2.2.1.2. Por otra parte, con relación a la antigua Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, hace referencia a varias resoluciones donde
ésta sustentó “su postura a favor de la objeción de conciencia”. Expresamente
señala la demanda,
“[…] En la Resolución del 22 de abril de 1998, la Comisión
argumentó que [la objeción de conciencia] era un resultado
necesario del ejercicio de la libertad de conciencia. Específicamente
reconoció el derecho de toda persona a objetar conciencia como
consecuencia del ejercicio de todos los derechos reconocidos por la
Naciones Unidas como fundamentales, incluyendo la dignidad
humana. La Comisión consideró que la objeción de conciencia
emana de principios y razones de conciencia (incluyendo motivos
religiosos, morales, éticos, humanitarios o de índole similar), y
como tal, se constituye en el ejercicio legítimo de la libertad de
pensamiento, conciencia y religión. En este sentido, felicitó la
decisión de algunos Estados de reconocer este derecho, y consideró
necesario hacer un llamamiento a aquellos que aún no lo habían
hecho para que se ‘establezcan órganos de decisión independientes
encargados de la tareas de determinar si la objeción de conciencia
es válida en un caso determinado’,4
de manera que no se discrimine
a los objetores de conciencia por razón de sus convicciones.
[…]
Posteriormente, en la Resolución del 20 de abril del año 2000, la
Comisión ‘exhorta a los Estados a que reconsideren su legislación y
sus prácticas actuales en relación con la objeción de conciencia al
servicio militar a la luz de la resolución 1998/77’.5
Además, se pide
a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos que lleve a cabo una recopilación y análisis de
3 Colombia (CCPR/CO/80/COL) 80ª sesión 2004.
4 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Resolución 77 de 1998. (Abril 22).
5 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Resolución 34 de 2000, (Abril 20).
13

las prácticas en relación con el reconocimiento del derecho de
objetar conciencia, así como de la existencia de modalidades de
servicios sustitutivos.
Más recientemente, en la Resolución del 23 de abril de 2002 la
Comisión,6
basada en la información recopilada a partir de la
anotada Resolución del año 2000, exhortó una vez más a los
Estados que reconsideren su legislación a la luz de la Resolución
1998/77 y del informe presentado por la Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos. Así mismo, pidió a la Oficina
del Alto Comisionado continuar con la elaboración del informe que
recopila y analiza prácticas exitosas en el reconocimiento de la
objeción de conciencia como ejercicio de la libertad de
pensamiento, conciencia y religión.”
2.2.1.3. Finalmente, la demanda hace relación al Grupo de Trabajo sobre
detención arbitraria,7
que publicó en 2008 una opinión frente a la situación de
tres objetores de conciencia al servicio militar obligatorio en Colombia. Al
respecto señala,
“[…] El Grupo de Trabajo concluyó que tres jóvenes colombianos
habían sido privados de su libertad de manera arbitraria cuando
fueron obligados a prestar el servicio militar obligatorio. Frente a
dos de ellos, el Grupo de Trabajo, determinó que además se les
había violado el derecho a la libertad de conciencia consagrado en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, debido a que a pesar de haber
manifestado ser objetores de conciencia al servicio militar fueron
obligados a cargar armas. En este sentido el Grupo de Trabajo
estableció: ‘La detención contra quienes se han declarado
expresamente objetores de conciencia no tiene sustento jurídico ni
base legal y su incorporación al ejército contra su voluntad es en
clara violencia a sus postulados de conciencia, lo que puede
vulnerar el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos. No proveer el espacio par el derecho a la objeción de
conciencia puede ser una violación de dicho artículo.’ ”
2.2.1.4. Para cerrar este apartado, la demanda sostiene que de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la interpretación que los órganos de las
Naciones Unidas hacen de los derechos humanos es vinculante, y hacen parte
del bloque de constitucionalidad.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, afirma, “[…] las decisiones de
los comités de monitoreo de los tratados de derechos humanos ratificados por
Colombia, como lo es este Comité, son, por lo menos un criterio hermenéutico
6 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Resolución 45 de 2002, (Abril 23)
7 Advierte la demanda que este Grupo de Trabajo “[…] hace parte de los procedimientos especiales
establecidos por la Comisión de Derechos Humanos y asumidos por el Consejo de Derechos
Humanos para hacer frente, o bien a situaciones concretas en los países, o a cuestiones temáticas en
todo el mundo.”
14

Expediente D-7685
relevante para la interpretación de los derechos fundamentales, tal y como lo
son los pronunciamientos del Consejo de Derechos Humanos. […]” Al
respecto, la demanda cita algunos casos en los cuales considera que la Corte
Constitucional ha establecido que las interpretaciones y comentarios del
Consejo de Derechos Humanos (antes la Comisión), son criterios
hermenéuticos relevantes para el control de constitucionalidad. Hace
referencia a las sentencias C-318 de 2003 (se tuvo en cuenta el Informe
Provisional preparado por la Relatora Especial de la Comisión de Derechos
Humanos sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los
niños en la pornografía); C-473 de 2005 (se utilizó los pronunciamientos del
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Colombia).
Además, señala la demanda que “[sin] embargo, en ciertas circunstancias y
atendiendo a las particularidades del caso concreto, las decisiones de los
órganos de monitoreo como el Comité podrán ser consideradas además de
relevantes, criterios vinculantes u obligatorios para el juez constitucional
encargado de interpretar los derechos fundamentales. Esto puede darse bien
porque se considera que dichas interpretaciones modifican el bloque de
constitucionalidad, o bien porque la naturaleza del órgano decisorio y del
alcance de la decisión para el caso concreto hacen que la Corte la considere
como una orden directamente aplicable en Colombia.” Continúa la demanda:
“En cuanto a lo primero, según la sentencia C-1299 de 2005, la
interpretación con autoridad de un tratado que articula el órgano de
monitoreo competente puede cambiar el contenido normativo del
bloque de constitucionalidad. Para la Corte, este cambio a su vez,
constituye un argumento que puede llevar a que una norma se
declare inconstitucional. Para que ello sea así es necesario que
dicha interpretación con autoridad presente argumentos referentes
al objeto específico de evaluación constitucional que se propone. ||
En cuanto a lo segundo, de conformidad con la que tal vez, sería la
doctrina más autorizada en la materia, las características tanto del
órgano que profiere la decisión como de la propia decisión son los
criterios que permiten concluir que la misma resulta aplicable
directamente y es obligatoria para todas las autoridades del Estado.8
El experto Daniel O’Donnell destaca (i) que los pronunciamientos
de los órganos cuasijurisdiccionales, por regla general, tienen
mayor valor vinculante que aquéllos de órganos que carecen de este
carácter; (ii) que la naturaleza de la competencia ejercida por el
órgano al adoptar un pronunciamiento específico también influye
en el valor jurídico de éste; (iii) que tiene relevancia la
composición de la fuente, en particular en lo relacionado con el
sistema universal de protección y (iv) que debe analizarse la
intención manifestada por el órgano al formular una observación.
Así lo ha reconocido la propia Corte Constitucional en algunas
8Daniel O’Donnell, 2004, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Formativa,
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Bogotá; Oficina en Colombia
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
15

ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia T-568 de 1999, la Corte
concluyó que las recomendaciones emitidas por el Comité de
Libertad Sindical de la OIT constituyen ‘una orden expresa
vinculante para el gobierno colombiano’ y que, por lo tanto,
‘Colombia está obligada, en virtud de su calidad de Estado Parte
del Tratado Constitutivo de la OIT, a acatar las recomendaciones
del Consejo Administrativo.’ ”
Luego de hacer referencia a otros precedentes constitucionales [a las
sentencias T-596 de 1992, T-741, T-851 y T-1096 de 2004, y a la sentencia T-
1319 de 2001], concluye la demanda al respecto,
“Así las cosas, es posible concluir que, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional sobre la materia, las decisiones de los
organismos internacionales cuasi-jurisdiccionales o de monitoreo
de tratados son al menos un criterio relevante de interpretación y,
en algunas ocasiones, pueden incluso considerarse vinculantes o
bien porque implican un cambio del bloque de constitucionalidad, o
bien porque constituyen una orden de aplicación directa. Esta
jurisprudencia es enteramente aplicable a las decisiones del Comité
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que por regla
general han sido consideradas criterio hermenéutico relevante, pero
que en ciertas ocasiones han sido interpretadas como pauta
vinculante por el hecho de formar parte del bloque de
constitucionalidad.”
2.2.1.5. Antes de pasar a la siguiente cuestión, la demanda advierte que existe
una tensión con relación a la ‘objeción de conciencia’, con ocasión de una
decisión en el ámbito interamericano. No obstante, reitera que la Corte
Constitucional debe acoger la interpretación del Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas que deriva la objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio del ejercicio pleno de las libertades de
pensamiento, conciencia y religión. Según el principio de favorabilidad al
respecto de los derechos fundamentales o pro hominem se debe privilegiar
todas aquellas interpretaciones que resulten más propicias para la vigencia y
goce efectivo de los derechos de la persona. […]”.9
2.2.2. En cuanto al segundo de los criterios empleados para justificar el
cambio de jurisprudencia –el carácter controversial de la doctrina en la que se
fundó el precedente, en caso de considerar que este exista– la demanda resalta
que en el ámbito internacional, pese a los pronunciamientos citados, la
cuestión no ha sido pacífica, como lo evidencia la decisión de la Comisión
Interamericana citada previamente. Adicionalmente, la demanda resalta que
9 Dice la demanda: “[…] la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe
en el año 2005 negando la petición presentada por un grupo de jóvenes chilenos que pretendían
objetar conciencia frente al servicio militar obligatorio [Informe N° 43/05, Caso 12.219. 10 de
marzo de 2005]. En este informe, la Comisión decide que éste no es un caso que deba pasar a ser
resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y establece que la objeción de
conciencia no se deriva directamente del ejercicio del derecho a la libertad de conciencia y que,
para que sea exigible debe aparecer estipulada en el ordenamiento jurídico de cada país. […]”
16

Expediente D-7685
cuando se adoptaron las primeras decisiones en torno a la ‘objeción de
conciencia’ en la Corte Constitucional, se evidenció la fuerte polémica que en
torno a esta cuestión existía. Dice la demanda,
“en relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional
colombiana, si bien no existen fallos en los que se haya reconocido
el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio
que parezcan contradecir la posición acogida por la Corte […],
existen salvamentos y aclaraciones de voto de varios magistrados
que se pronuncian a favor del necesario reconocimiento de la
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio como
ejercicio efectivo del derecho a la libertad de convivencia.”
Así, luego de hacer alusión a las opiniones disidentes en las sentencias C-511
de 1994 y C-740 de 2001, señala la demanda,
“Las posiciones defendidas por los magistrados que han salvado o
aclarado su voto en las sentencias expuestas anteriormente, así
como la posición del Comité de Naciones Unidas, ponen en
evidencia la fecunda base argumentativa que sustenta al derecho a
la objeción de conciencia en particular, y a la libertad de
conciencia, en general.”
Para la demanda, por tanto, el precedente jurisprudencial, si es que existe, se
basa sobre una doctrina que en su momento era bastante controversial, como
lo es la de considerar que de las libertades de conciencia, de religión y
pensamiento no contemplaban el derecho de objeción de conciencia al servicio
militar.
3. Examen de la omisión legislativa
Concretamente, la demanda presenta el análisis de la omisión legislativa en los
siguientes términos,
“La Ley 48 de 1993 fue expedida por el Congreso para regular todo
lo concerniente al servicio de reclutamiento y conscripción de las
Fuerzas Armadas de Colombia. Esta ley, estructura y sistematiza el
cumplimiento del deber de prestar el servicio militar obligatorio.
Dentro de su articulado dispone cuáles son las causales que
permiten que ciertas personas no presten el servicio militar en todo
tiempo, de un lado, y en tiempos de paz el otro. Según las causales
dispuestas en el artículo 27, los limitados físicos y sensoriales
permanentes y los indígenas que vivan en comunidad no tienen que
cumplir en tiempo alguno con la obligación de prestar servicio
militar. Debido a esta distinción legal estos grupos de personas no
tienen que pagar la cuota de compensación militar y no se
consideran reservistas de las Fuerzas Armadas.
Actualmente, la legislación ordinaria excluye a los objetores de
conciencia de este artículo generándose una discriminación
17

injustificada que viola los derechos fundamentales a la libertad de
conciencia, a la libertad de cultos y a la igualdad de estos
ciudadanos. […]”
Luego de referirse a la jurisprudencia constitucional sobre la materia –cita las
sentencias C-067 de 1999, la C-1043 de 2006 y, sobre todo, la C-185 de
2002–, la demanda analiza uno a uno los aspectos que son objeto de estudio en
un juicio de constitucionalidad por omisión legislativa relativa.
3.1. Con relación al primer aspecto –que la demanda recaiga sobre una
norma–, advierte,
“Este primer requisito para la configuración de la omisión
legislativa parte del supuesto de que en el contexto colombiano no
existen las omisiones legislativas absolutas. Por tanto, para que
aquella exista debe existir una norma determinada sobre la cual se
pueda predicar la falta del legislador. En esta demanda, la norma
sobre la cual se propone el examen de constitucionalidad sobre la
base de una omisión legislativa relativa es el artículo 27 del la ley
48 de 1993.”
3.2. En segundo lugar, la demanda señala por qué los casos excluidos –los
objetores de conciencia–, son asimilables a las exenciones existentes en el
artículo 27 demandado. Con este propósito, establece los derechos y principios
que sirven de base a las exenciones fijadas por el legislador a la prestación del
servicio militar en cualquier tiempo y, luego, explica cómo el principio de
igualdad material, en casos específicos como los regulados en el artículo 27 de
la Ley 48 de 1993, se concreta en un derecho a la diferencia para quienes son
exonerados de cumplir con el servicio militar obligatorio. Sostiene al respecto
la demanda:
“En virtud del mandato que contiene el artículo 216 se expidió la
Ley 48 de 1993 y específicamente el artículo 27 de la misma, en el
que el legislador determinó quiénes están exentos en todo tiempo
de la prestación del servicio militar obligatorio. De acuerdo con el
legislador, sólo están exentos de la prestación del servicio militar en
cualquier tiempo, los limitados físicos y sensoriales permanentes y
los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad
cultural, social y económica. Ambas exenciones responden a la
obligación que tiene el legislador de aplicar tratos diferenciados a
ciudadanos que por condiciones especiales deben ser protegidos por
el sistema jurídico, como consecuencia directa del principio de
igualdad material consagrado en el artículo 13 de la Constitución
Política de 1991. Tanto los limitados físicos y sensoriales
permanentes, como los indígenas, tienen unas condiciones
específicas protegidas y respetadas por el ordenamiento jurídico,
que les impide la prestación en cualquier forma del servicio militar
y que los diferencia del resto de ciudadanos. Por consiguiente, de
exigirles el cumplimiento de esta obligación, las diferencias
protegidas por el ordenamiento se verían afectadas negativamente.
18

Expediente D-7685
En el primer caso, porque al discapacitado se le impondría una
carga exagerada en la medida que no tendría la posibilidad de
cumplir con algunas de estas tareas, ello le resultaría excesivamente
oneroso, esto es, se le estaría imponiendo una carga
desproporcionada injustificada en comparación con aquellos que
gozan plenamente de sus capacidades físicas y sensoriales. En el
segundo caso, por su parte, el indígena residente en su territorio y
que conserve su integridad cultural, social y económica, vería
seriamente comprometida o simplemente eliminada, por la
disciplina y las prácticas propias de la educación castrense, su
identidad y diferencia cultural. Consecuentemente, se puede
sostener que el principio de asimilación o equiparación entre los
grupos que están exentos de la prestación del servicio militar
obligatorio es el de la igualdad material.
Ahora bien, teniendo en cuenta que como fue dicho anteriormente,
la libre configuración del legislador debe tener como referente las
demás normas constitucionales, el legislador no puede dejar por
fuera quienes, siendo asimilables, deberían quedar incluidos en las
exenciones del servicio militar obligatorio. Así, la igualdad material
en este caso implica reconocer las diferencias que impiden que
algunos grupos de ciudadanos cumplan la obligación de prestar el
servicio militar. Las características y dinámicas típicas de este tipo
de actividad militar implican la violación de diferencias que se
encuentran protegidas constitucionalmente. En este orden de ideas,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha referido
específicamente a un derecho a la diferencia. Este derecho
constitucional protege las diferentes visiones de buen vivir, así
como a guiar su actuar de conformidad con este. Tal derecho sería
una de las formas a través de la cuales se materializan el derecho a
la igualdad material y los principios de pluralismo y autonomía
individual.”
3.2.1. Posteriormente, luego de indicar que el fundamento de la libertad de
conciencia es el principio de autodeterminación, señala que éste, como
derecho de libertad tiene tanto un contenido externo como uno interno. La
dimensión externa hace referencia a las acciones desplegadas por las personas,
mientras que la segunda garantiza su fuero interno. Al respecto señala,
“[…] [l]a interna es una esfera absoluta, en la medida que no puede
ser limitada por el Estado, mientras que la esfera externa es un
espacio en donde el Estado puede y debe regular el ejercicio de los
derechos de libertad. La libertad de conciencia es una ‘libertad de
querer’ o ‘interna’ pues ésta, como manifestación directa del
principio de autonomía personal, tiene como objetivo la garantía de
la libre conformación de la convicciones, ideas y creencias.”
3.2.2. Finalmente, con relación al ámbito de protección de la libertad de
conciencia como libertad ‘interna’ o de ‘querer’, señala la demanda que esta
contempla la objeción de conciencia en los siguientes términos,
19

“La libertad de conciencia es la protección más general de las
libertades internas. Por ello, abarca además de ideas y convicciones
políticas, morales y éticas, las ideas religiosas, las cuales, dada la
importancia histórica y las particularidades de su exteriorización,
gozan de una garantía más específica: la libertad de religión y de
cultos. La libertad de conciencia es, en este sentido, equiparable a
la libre autodeterminación, […]
Ahora bien, además de este contenido básico, la libertad de
conciencia implica la potencialidad de actuar (o exteriorizar la idea
o convicción) y la posibilidad de abstenerse de actuar. […]
La exteriorización de estos contenidos, las acciones determinadas
por ese fuero interno, están protegidas y delimitadas por unas
libertades de obrar específicas. […]
En contraste, la dimensión de ‘abstención’ que tiene la libertad de
conciencia, implica que el individuo puede decidir no actuar
cuando se le exige la ejecución de conductas contrarias al contenido
de su conciencia. La garantía de autodeterminar su voluntad
resultaría insulsa si finalmente, por injerencias externas, el sujeto
debe terminar comportándose en contravía de su conciencia. En
otras palabras, uno de los ámbitos de protección específicos de la
libertad de conciencia es la posibilidad de abstenerse de actuar
cuando existe una imposición estatal que implica que se desarrollen
actividades contrarias al fuero interno del individuo. Esta
posibilidad de abstención legítima no está protegida por las
libertades de obrar que, como ya se explicó, garantizan y delimitan
la exteriorización del contenido del fuero interno, pero que nada
dicen sobre su protección específica frente a obligaciones jurídicas
que lo contraríen. La posibilidad de esa abstención legítima sólo
puede darse mediante un mecanismo que posibilite la reacción del
individuo ante el Estado, esto es, la objeción de conciencia. Este
derecho implica reconocer la posibilidad de que en ciertos
escenarios surjan tensiones entre la libertad de conciencia y las
obligaciones y deberes ciudadanos”
3.2.3. Así pues, la demanda considera que si se comprende la relación que
existe entre la objeción de conciencia y la libertad de conciencia, se
comprende por qué debe incluirse a los objetores dentro de las excepciones
para la prestación del servicio militar. Para los objetores de conciencia, al
igual que para los indígenas preserven su identidad y los discapacitados
permanentes, sostiene la demanda, es imposible llevar a cabo las actividades
que les exige la obligación castrense sin ver seriamente afectado su derecho a
la diferencia.
3.2.4. Finalmente, con relación a este momento del análisis, la demanda
expone las razones por las cuales los objetores de conciencia no pueden
asimilarse a ninguno de los grupos que se consideran exentos del servicio
20

Expediente D-7685
militar en el artículo 28 de la misma ley. Afirma que la diferencia entre los
grupos señalados en cada uno de estos artículos es que los sujetos del artículo
27 se encuentran exceptuados en todo tiempo de cumplir con la obligación,
mientras que los del artículo 28 sólo lo están en tiempos de paz. Expresamente
señala al respecto,
“Estas excepciones se establecen no con base en diferencias
radicales entre estos grupos de personas y la mayoría de la
población (como sucede con los grupos mencionados en el artículo
27), sino con base en las diferencias moderadas que tienen con la
mayoría de ciudadanos. Esta situación, desde la perspectiva del
legislador, justifica que se exima totalmente a estos sujetos de
prestar el servicio militar, sino que se les obligue a cumplir tal
obligación en tiempos de guerra, así como a realizar la inscripción
ante las fuerzas armadas y pagar una cuota de compensación
militar.
Así, mientras el artículo 27 tienen como objetivo la protección de
diferencias radicales que justifican una exención total de la
prestación del servicio militar, las excepciones que contiene el
artículo 28 hacen referencia a deferencias moderadas que exigen un
cumplimiento parcial de la obligación de prestar el servicio militar.
[…]”
3.3. En tercer lugar, en el análisis de la omisión legislativa relativa, la
demanda entra a demostrar que no existe un principio de razón suficiente que
justifique la exclusión de la objeción de conciencia. Al respecto, indica que
existen dos argumentos que pueden ser desvirtuados.
3.3.1. El primer argumento consiste en afirmar que para que exista el derecho
a la objeción de conciencia es necesaria su consagración, o bien como
precepto legal o bien como precepto constitucional. La demanda lo rechaza
porque, como ya lo indicó, la objeción de conciencia es una de las
manifestaciones centrales del derecho fundamental a la libertad de conciencia.
Dice al respecto lo siguiente,
“Desde esta perspectiva, resulta lógico considerar que no se
requiere de una consagración legal expresa de la objeción para que
ésta exista. Ella constituye la forma típica del ejercicio de la
libertad de conciencia como derecho fundamental que, como tal, es
de aplicación directa e inmediata. Afirmar lo contrario es vaciar el
contenido del núcleo esencial de la liberta de conciencia. […]”
3.3.2. El segundo argumento que a juicio de la demanda fue empleado por la
Corte Constitucional en el pasado contra la objeción de conciencia –C-511 de
1994–, es que la naturaleza del deber de prestar el servicio militar impide que
puedan establecerse excepciones con base en consideraciones sobre la
conciencia individual. Al respecto se indica que la
“[…] solución que la Corte da al problema de la objeción de
21

conciencia en este caso se presenta únicamente a partir de lo que
considera la ‘esencia’ del deber de prestar el servicio militar. De
esta forma, el Tribunal deja completamente a un lado las
consideraciones sobre el contenido del derecho fundamental a la
libertad de conciencia que deben ser tenidas en cuenta para
resolverlo y, por tanto, pierde de vista que el problema surge como
consecuencia de la tensión que existe entre éste derecho de libertad
y el deber de prestar el servicio militar.”
3.4. El cuarto aspecto que sobre la omisión relativa analiza la demanda, es la
desigualdad negativa para los objetores de conciencia, frente a quienes están
exentos de prestar el servicio militar obligatorio. Para la demanda, el que los
objetores de conciencia sean excluidos del grupo de las personas con
exenciones, genera daños muy graves, a saber, “[…] por un lado la violación
de su derecho fundamental a la libertad de conciencia; por el otro, la
imposición de un conjunto de cargas desproporcionadas, […] || […] El daño
injustificado que sufren los objetores al no ser reconocidos como tales, se
evidencia en normas que, como la Ley 48 de 1993 establecen diversas
sanciones para quien se rehúse a cumplir con los diferentes deberes que
impone la obligación de prestar servicio militar.” [Ley 48 de 1993, arts. 36,
37, 41 y 42]. A su parecer, la persona que se opone a cumplir con su
obligación militar, debe soportar injustamente un estado de persecución por
parte de las autoridades. “[…] Al asumir que se trata de alguien que incumple
las normas sobre reclutamiento, antes que un ciudadano que está ejerciendo un
derecho fundamental, les aplican las normas que regulan la situación de
remisos. Pues no hay que perder de vista que ésta es la categoría en la que
quedan incluidos los objetores cuando el ordenamiento jurídico no reconoce
su derecho constitucional. […]”.
3.5. Finalmente, la demanda afirma que la omisión legislativa relativa que se
acusa, implica el incumplimiento de un deber específico impuesto por el
constituyente al legislador. Luego de indicar que de acuerdo con la sentencia
C-1064 de 2001, la omisión legislativa sólo puede predicarse de un deber que
cumpla con las condiciones de ser (i) específico, no genérico; (ii) concreto, no
indeterminado; (iii) expreso y (iv) un plazo determinado; y luego de indicar el
contenido normativo del último inciso del artículo 216 de la Constitución
Política,10
la demanda afirma lo siguiente,
“En este caso se trata de un mandato que cumple con todas las
características requeridas, atrás anotadas: (i) la obligación
constitucional que recae sobre el legislador es específica, ya que se
refiere a un deber que no se queda en lo general, sino que indica
específicamente la materia a regular, (ii) es de carácter concreto en
cuanto señala claramente qué asuntos sobre el servicio militar debe
regular el legislador, en este caso las exenciones al mismo; (iii) es
expreso porque se refiere de manera explícita y directa al legislador
para que cumpla tal mandato y, finalmente, (iv) aún cuando el
10 ‘La ley determinará las condiciones que en todo tiempo y lugar eximen del servicio militar
y las prerrogativas por la prestación del mismo.’
22

Expediente D-7685
precepto constitucional referido no contiene un plazo determinado
se trata de un mandato que fue cumplido por el legislador, sólo que
de forma parcial e incompleta. Este hecho nuevamente evidencia la
omisión relativa en la que incurrió el legislador al regular esta
materia. Como se ha venido argumentando hasta ahora, la libre
configuración legislativa tiene como límite específico la
Constitución. De este modo, el legislador debe cumplir sus
mandatos de acuerdo con las normas constitucionales y
específicamente con los derechos fundamentales que, en este caso,
resultan inobservados por no haber regulado lo pertinente sobre la
libertad de conciencia en la Ley 48 de 1993. […]”
4. Derechos vulnerados
La última sección de la demanda se ocupa de señalar que la omisión
legislativa demostrada conlleva la vulneración de tres derechos
fundamentales, la igualdad, la libertad de conciencia y la libertad de religión y
de cultos.
4.1. La violación al derecho a la igualdad se presenta en los siguientes
términos,
“[…] el legislador, al incluir dentro de las exenciones en todo
tiempo al servicio militar obligatorio a aquellos ciudadanos que por
sus condiciones especiales resultan diferentes radicalmente, debió
haber incluido también, precisando un mecanismo riguroso para su
identificación y una gama de obligaciones sustitutivas para que
sirvan a la comunidad, a los objetores de conciencia. […] Sólo
aquellos que, dadas sus particularidades derivadas del legítimo
ejercicio de su conciencia individual, resulten diferentes del resto
de ciudadanos, son quienes requieren de una protección especial
por parte del Estado. […]”
4.2. La violación al derecho a la libertad de conciencia se presenta en los
siguientes términos,
“[…] siempre que el Estado pretenda imponer obligaciones de
hacer, como es el caso del servicio militar, deberá determinar
primero los mecanismos para la protección de la conciencia de las
personas. En cada caso concreto en el que un ciudadano, en
ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia, se oponga por
razones genuinas de su fuero interno a ejecutar una determinada
obligación, el Estado no sólo deberá escucharlo y respetarlo, sino
también deberá ofrecer actividades sustitutivas que garanticen que
el ciudadano pueda servir a la colectividad sin violentar su libertad
de conciencia. […]”
4.3. Por último, la violación al derecho a la libertad de religión y cultos se
presenta en los siguientes términos,
23

“[…] de la misma forma en que al no incluirse la objeción de
conciencia dentro de las exenciones al servicio militar se vulnera la
libertad de conciencia, se vulnera la libertad de cultos. Mientras el
legislador no reconozca que la obligación de prestar el servicio
militar obligatorio puede ser contraria en algunos casos al fuero
interno individual, en este caso al fuero interno religioso, y que se
trata de una obligación sustituible, existirá una clara vulneración de
este derecho por omisión legislativa relativa.”
5. Petición
Con base en los argumentos expuestos, las personas demandantes solicitan a la
Corte Constitucional que declare “[…] la exequibilidad condicionada del
artículo 27 de la Ley 48 de 1993 por la cual se reglamenta el servicio de
reclutamiento y movilización, en lo concerniente a las exenciones en todo
tiempo para prestar el servicio militar obligatorio”, advirtiendo que, en caso de
que “[…] no [se] considere procedente esta pretensión, subsidiariamente
[solicitan que se] declare la inexequibilidad del artículo 27 de la Ley 48 de
1993.”
IV. INTERVENCIONES
1. Ministerio de la Defensa Nacional
Por medio de apoderada, el Ministerio de Defensa Nacional participó en el
proceso de la referencia para defender la constitucionalidad de la norma
acusada.
1.1. En primer lugar, sostiene que la Corte Constitucional debería inhibirse de
conocer la demanda, por ineptitud sustantiva de la demanda. Al respecto
sostiene,
“[…] la accionante pretende que exista un pronunciamiento sobre
una expresión normativa que no está contemplada en la
normatividad demandada, por lo tanto al pretender un
pronunciamiento de control constitucional sobre un aparte
normativo que no existe, hace que se presente ineptitud para que la
Honorable Corte Constitucional se pronuncie al respecto […]
[…]
[…] para la suscrita hay ausencia legislativa en el tema y si bien la
accionante (sic) pretende que la H. Corporación emita
pronunciamiento –sobre un tema no legislado– no es el máximo
Tribunal Constitucional a quien compete declarar una exequibilidad
o inexequibilidad como lo concluye la actora ‘condicionada’,
cuando no existe la disposición consagrada en el artículo 27 de la
Ley 48 de 1993, ya consagrado por ende considero en su lugar que
debe inhibirse la Corte Constitucional en el estudio de este asunto.
24

Expediente D-7685
”
1.2. En segundo lugar, la intervención del Ministerio advierte que sobre la
cuestión tratada por la demanda la Corte Constitucional ya se pronunció
previamente, por lo cual, en todo caso, la Sala Plena no puede pronunciarse de
fondo en esta oportunidad, por cuanto se trata de una cuestión sobre la cual ya
existe una cosa juzgada constitucional. Dice al respecto la intervención,
“En caso de hacer un análisis a fondo acerca del asunto debatido
propongo igualmente la excepción constitucional de: Cosa Juzgada
Constitucional, sobre la exención para prestar servicio militar
obligatorio para los objetores de conciencia, fue un tema tratado por
la Corte Constitucional en sentencia C-058 de 1994. Igualmente
sobre los otros temas que pretende la accionante se de debate por
parte de la máxima Corporación obran ya pronunciamientos
establecidos en el tema de la objeción de conciencia y de la omisión
legislativa, igualmente del tema del presentación del servicio
militar obligatorio consagrado en sentencias C-511 de 1994 y C-
740 de 2001 […]”
1.3. Finalmente, la intervención señala que en el régimen legal actual no existe
la objeción de conciencia, por lo que no se puede autorizar a los ciudadanos a
que no atiendan este deber social con base en dicha figura. A su juicio, la
diferencia de trato no se justificaría. Al respecto se señala,
“Existe una clara obligatoriedad de prestar el servicio militar
obligatorio que deviene del artículo 216 de la Carta Política, cuando
dispone que como regla general, todos los colombianos están
obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo
exijan para defender la independencia nacional y las instituciones
públicas.
[…]
Resulta indudable que, a menos que se configure una de las
causales legales de exención, la prestación del servicio militar
corresponde a un deber ineludible de la persona, […]
[…]
Por ello los artículos 13, 18 y 19 no se transgreden pues el derecho
a la igualdad se predica en circunstancias similares, y los objetores
de conciencia no se puede establecer como un grupo con diferencia
cultural o que materialmente estén limitados para que en virtud al
principio de solidaridad cumplan con este deber constitucional; el
derecho de libertad de conciencia se delimita en un Estado Social
de Derecho, cuando hay unas obligaciones con la Sociedad,
inmersas en la misma Carta Fundamental y de la libertad de cultos,
no se puede predicar de manera genera que se vulnere por prestar el
Servicio Militar, cuando ellos es un simple supuesto de los
25

demandantes.”
2. Facultad de Derecho, Universidad EAFIT
Varios profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad EAFIT11
participaron en el presente proceso, para coadyuvar la demanda, e ‘impugnar’
la constitucionalidad del artículo 27 de la Ley 48 de 1993.
2.1. En primer lugar, consideran que la omisión de regular la objeción de
conciencia al servicio militar constituye una vulneración del derecho
fundamental a la libertad de conciencia que torna inconstitucional, por
omisión, el artículo 27 de la Ley 48 de 1993. Luego de hacer un análisis con
relación a la definición del contenido de un derecho fundamental, la
intervención sostiene,
“[…] la imposición del deber de prestar el servicio militar sin
establecer excepción alguna para quienes tengan motivos de
conciencia que les impidan el cumplimiento de dicha obligación,
puede considerarse como una medida orientada al logro de un fin
legítimo, cual es la defensa del orden constitucional, expresamente
prevista en el artículo 216 de la Constitución como un deber a cargo
de todos los ciudadanos. Puede incluso admitirse que constituye un
medio idóneo para el logro de dicha finalidad, ya que permite
contar con un número de conscriptos mayor del que existiría si se
establecieran exenciones por motivos de conciencia, aun cuando
quepan dudas razonables sobre la aptitud para el servicio de
personas cuyas convicciones religiosas, morales o ideológicas les
impiden cumplir con los deberes que impone la pertenencia a un
cuerpo armado.
Pero lo que en modo alguno puede admitirse es que constituya una
medida necesaria para alcanzar dicha finalidad. Ello por cuanto
existen alternativas que, sin lesionar la libertad de conciencia de los
objetores, permiten realizar, incluso de un modo más efectivo, los
objetivos constitucionales que persigue la medida. La defensa del
orden constitucional y, más específicamente, de la paz, no se realiza
sólo por conducto de los ejércitos, sino a través del cumplimiento
de otras formas de servicio social que no requieren de los
ciudadanos la pertenencia a un cuerpo armado. El reconocimiento
de la objeción de conciencia al servicio militar en muchos sistemas
jurídicos, acompañada de mecanismos de prestación sustitutoria
dirigidos a armonizar el deber ciudadano de contribuir a la defensa
del orden constitucional con el derecho a la libertad de conciencia,
sin que esto haya debilitado en modo alguno los medios de defensa
de los países que han optado por este tipo de regulación, constituye
una prueba fehaciente del carácter innecesario de la medida
11 Juan Carlos Álvarez Álvarez, Hugo Alberto Castaño Zapata, Nicolás Ceballos Bedoya, Gloria
María Gallego García, Esteban Hoyos Ceballos, Gloria Patricia Lopera Mesa, Mario Alberto
Montoya Brand, Norma Cecilia Nieto Nieto, Juan Oberto Sotomayor Acosta y David Suárez
Tamayo.
26

Expediente D-7685
enjuiciada.12
Al no superar el requisito de la necesidad, no ha lugar
a examinar la proporcionalidad en sentido estricto de la medida.”
2.2. En segundo lugar, la intervención sostiene que la omisión legislativa que
se enjuicia constituye una omisión relativa, susceptible, por tanto, de ser
sometida a control constitucional de acuerdo con la doctrina establecida por la
Corte Constitucional. Expresamente se afirma,
“La exclusión de la objeción de conciencia como uno de los
supuestos de exoneración de la obligación de prestar servicio
militar no cuenta con una razón suficiente que la justifique. Como
ya se explicó […] la justificación de una medida que afecte el
contenido inicialmente protegido por un derecho fundamental debe
acreditar que con ella se persigue un fin legítimo, es idónea para
contribuir a alcanzarlo, es necesaria y existe proporcionalidad entre
los beneficios que con ella se obtienen y los sacrificios que ella
genera para el derecho fundamental. Al aplicar este test se concluyó
que la omisión de incluir la objeción de conciencia dentro de las
causales de exención al servicio militar constituye una afectación
innecesaria del derecho fundamental a la libertad de conciencia, por
cuanto el cumplimiento de los fines que se persiguen con el
establecimiento de la obligación de prestar servicio militar bien
puede lograrse estableciendo modalidades de prestación social
sustitutoria, que permitan conciliar la defensa del orden
constitucional con la garantía de la libertad de conciencia para los
objetivos.
Esta omisión genera una desigualdad negativa para los objetores de
conciencia al servicio militar, en relación con los grupos de
personas a quienes el legislador ha exonerado de cumplir con dicha
prestación. Como bien señalan los demandantes, a los objetores se
les vulnera de manera injustificada su derecho fundamental a la
libertad de conciencia […]
Finalmente, esta omisión constituye el incumplimiento de un deber
específico impuesto por el constituyente al legislador. Deber que
impone de manera inequívoca el artículo 216, cuando ordena al
legislador determinar las condiciones que en todo tiempo exime del
servicio militar y, a la vez, en el artículo 18 de la Constitución,
12 En tal sentido se pronunció el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al decidir
el caso Yeo-Bum Yoon y Myung-Jing Choi contra Corea, en el que este último Estado argumentaba
que la negativa a reconocer la objeción de conciencia al servicio militar era una restricción
necesaria para mantener la capacidad de defensa nacional y preservar la cohesión social. El Comité
consideró que el Estado demandado no había demostrado la necesidad de la medida, toda vez que
un número cada vez mayor de Estados que conservan el servicio militar obligatorio, han introducido
alternativas a su prestación para salvaguardar la libertad de conciencia de los objetores, e imponer a
éstos exigencias equivalentes que eliminen las desigualdades entre quienes cumplen el servicio
militar obligatorio y quienes optan por un servicio alternativo. En estas condiciones, acreditar la
necesidad de la medida requería demostrar qué desventaja específica se seguiría para un Estado de
acoger la figura de la objeción de conciencia e idear alternativas al servicio militar obligatorio. Yeo-
Bum Yoon y Myung-Jing Choi vs República de Corea (CCPR/C/88/D/1321-1322/2004 del 23 de
enero de 2007) […].
27

donde se prohíbe al legislador (y demás poderes públicos o
privados) imponer a las personas obligaciones contrarios a los
dictados de su conciencia. […].”
2.3. Finalmente, se considera que la interpretación sostenida por la Corte
Constitucional sobre la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio
también ha propiciado una violación de los derechos fundamentales a la
igualdad y a la libertad de conciencia que, a su parecer, debe ser subsanada por
la Corte. La intervención advierte que si fuera cierto que la libertad de
conciencia no contemplará la objeción de conciencia, éste derecho “quedaría
reducido a un derecho oponible sólo ante particulares, lo que desvirtúa la
razón de ser de los derechos fundamentales que son, ante todo, derechos que
tienen como sujetos obligados a los poderes públicos.” Adicionalmente, esta
posición jurisprudencial contraviene los nuevos desarrollos que al respecto se
han dado. Dice al respecto,
“[…] en muchas otras sentencias referidas a escenarios ajenos al
servicio militar, la Corte ha acogido una interpretación del todo
distinta, que la ha llevado a entender que la objeción de conciencia
y de cultos. Tal es el caso de las sentencias T-537 de 1993 (objeción
a la práctica del juramento requerido para presentar denuncias); T-
588 de 1998 (objeción a la realización de bailes escolares contrarios
a las creencias religiosas de los educandos, impuestos por un
profesor de educación física); T-982 de 2001 y T-026 de 2005
(objeción a realizar actividades laborales y académicas durante el
sabath); C-355 de 2006 y T-209 de 2008 (derechos de los
profesionales de la salud a plantear objeción de conciencia frente al
aborto).”
2.4. Concluye entonces la intervención, solicitando a la Corte Constitucional
que armonice su interpretación sobre la objeción de conciencia con el resto de
su jurisprudencia. Para ello, se solicita “[…] declarar la exequibilidad
condicionada del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, en el sentido de que dicha
norma sólo es constitucional a condición de que se entienda que ella incorpora
la objeción de conciencia como modalidad que exime en todo tiempo de la
prestación del servicio militar obligatorio. En caso de no acogerse esta
pretensión, de manera subsidiaria solicitamos declarar la inexequibilidad del
artículo 27 de la Ley 48 de 1993.”
3. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad; DeJusticia
El Director del Centro DeJusticia, Rodrigo Uprimny Yepes, y dos
investigadoras del mismo, Diana Esther Guzmán Rodríguez y Carolina Bernal
Uribe, participaron en el proceso de la referencia para coadyuvar la solicitud
de la demanda. Afirman compartir las tesis esenciales de los demandantes,
tanto desde el punto de vista procesal como sobre el fondo del asunto.
Consideran que procede una rectificación jurisprudencial en esta materia, la
cual debe conducir a declarar que la norma demandada está afectada por una
omisión legislativa relativa por no haber previsto la objeción de conciencia
28

Expediente D-7685
como una causal de exclusión permanente para prestar el servicio militar.
3.1. Con relación a la inexistencia de cosa juzgada y procedencia de un
pronunciamiento de fondo, la intervención señala que a los argumentos
válidos de la demanda, quiere agregar uno, a saber: “para que en este caso
operara la cosa juzgada, ya sea formal o material, sería necesario que la Corte
hubiera estudiado una demanda dirigida contra la totalidad del artículo 27 de
la Ley 48 de 1993 por incurrir en una omisión legislativa relativa por no haber
previsto la objeción de conciencia como una causal de exclusión permanente
para prestar el servicio militar, y que en esa sentencia esta Corporación
hubiera examinado esa disposición por dicho cargo y hubiera no sólo
concluido que el cargo no estaba llamado a prosperar sino que la totalidad de
ese artículo era exequible frente a esa acusación.” Para la intervención ello no
ha ocurrido. Al respecto, señala,
“[…] un estudio sistemático de la jurisprudencia constitucional
sobre el tema muestra que aunque la Corte ha examinado el
problema de la objeción de la conciencia al servicio militar en
diversas ocasiones (en especial en las sentencia T-409 de 1992, C-
511 de 1994 y C-740 de 2001), y que hay también varias decisiones
de esta Corporación que han recaído sobre la Ley 48 de 1993 (en
especial las sentencias C-058 de 1994, C-406 de 1994, C-511 de
1994, C-561 de 1995, C-022 de 1996, C-394 de 1996, C-370 de
1996, C-478 de 1999, C-1410 de 2000, C-740 de 2001, C-621 de
2007 y C-755 de 2008), lo cierto es que no hay ninguna sentencia
que haya analizado la totalidad del artículo 27 de la Ley 48 de
1993, que es sin lugar a dudas la norma relevante en este tema, y
que menos aún lo ha hecho por cargo de una posible omisión
legislativa relativa por no haber incorporado esa norma la objeción
de conciencia como causal de exclusión del deber de prestar el
servicio militar. En efecto, la única decisión específica sobre ese
artículo es la sentencia C-058 de 1994, pero ella se refirió
exclusivamente al literal (b) y analizó otro tema, como era la
legitimidad de la exclusión de dicho deber de los indígenas, para
que se mantuvieran en su territorio y conservan su identidad
étnica.”
Por otra parte, advierte la intervención que desde el punto de vista técnico
puede argumentarse que la demanda no debió ser dirigida exclusivamente
contra el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 sino contra la totalidad del Título III
de esa ley que se refiere de manera general a todas las exenciones y
aplazamientos al servicio militar, o incluso contra la totalidad de la Ley.” Dice
al respecto,
“[…] La tesis sería la siguiente: podría considerarse que la omisión
relativa no se predica únicamente del citado y demandado artículo
27, sino del Título III de la Ley 48 de 1993 o de la propia ley en su
integridad, puesto que el Congreso hubiera podido regular en otro
aparte de la ley, o al menos en otro aparte de ese Título III, la
exclusión del deber de prestar el servicio militar por razones de
29

objeción de conciencia. […]
[…] si la Corte llega a esa […] conclusión, no por ello debe
inhibirse de pronunciarse de fondo por una supuesta ineptitud de la
demanda sino que debe recurrir a la figura de la unidad normativa
del artículo 6° del Decreto 2067 de 1991 y pronunciarse sobre la
totalidad de las normas que incurrieron en la omisión legislativa
relativa.”
3.2. En segundo lugar, la intervención señala el indebido uso del criterio
histórico hecho por parte de ciertos precedentes, con relación a la
interpretación de la objeción de conciencia contemplada en el artículo 18 de la
Constitución. Señala la demanda que:
“[…] la Corte ha considerado que esa objeción de conciencia al
servicio militar no existe como derecho constitucional específico en
Colombia, para lo cual utiliza una suerte de interpretación histórica.
El argumento esencial es que la propuesta de consagrar la objeción
de conciencia al servicio militar fue presentada en la Asamblea
Nacional Constituyente, pero no fue aprobada, no siendo entonces
inconstitucional que la ley no la prevea como una de las causas
exonerativas del servicio militar. Esta tesis fue expuesta en la
sentencia T-409 de 1992, y reiterada en algunas decisiones
ulteriores, […]”
Para la intervención, el criterio histórico no fue empleado adecuadamente por
la jurisprudencia [T-409 de 1992], por cuanto no es posible concluir que la
Asamblea Nacional Constituyen decidió no contemplar la objeción de
conciencia dentro del ordenamiento, únicamente por el hecho de haber
rechazado una propuesta que en tal sentido presentara el constituyente
Fernando Carrillo. Los intervinientes sostienen que “[…] el llamado criterio
histórico tiene a nivel de la interpretación jurídica un alcance limitado, no sólo
porque se corre el riesgo de petrificar el significado de la Constitución, y
menos aún precisar las razones por las cuales una propuesta de reforma no fue
aprobada. […]”. También recuerdan que la jurisprudencia de la Corte ha
indicado que “[…] no se deben extraer conclusiones indebidas del examen de
los debates constituyentes y que debe entonces predominar una interpretación
sistemática y finalista del texto constitucional, tal y como éste fue aprobado, y
no recurrir a hipotéticas intenciones de la Asamblea Constituyente. […]” A su
juicio, la no aprobación de la propuesta del Constituyente Carrillo es un hecho
muy ambiguo. Algunas sentencias de la Corte han derivado de esa decisión
una negativa a reconocer la objeción de conciencia al servicio militar como
una especie del derecho general a la objeción de conciencia. Pero eso no es
nada claro, sostienen, “[…] pues también es posible que muchos delegatarios
hubieran concluido que la consagración expresa de la objeción de conciencia
al servicio militar era inútil y antitécnica, en la medida en que el artículo 18
preveía un derecho general a la objeción de conciencia, que naturalmente
incluía, como una de sus especies, la objeción de conciencia al servicio
militar.” Dice al respecto la intervención,
30

Expediente D-7685
“[…] Así lo entendió, en su recuento de los debates constituyentes,
el entonces Consejero Presidencial para el desarrollo de la
Constitución y posterior magistrado de la Corte, Manuel José
Cepeda Espinosa. Según este autor:
‘Sin duda, el tema más controvertido en relación con
este derecho es el de la objeción de conciencia en sus
diferentes modalidades, de objeción a prestación del
servicio militar, objeción al porte de armas, objeción a
pertenecer a una institución armada y objeción a
quedar bajo las órdenes de una autoridad pública. Este
tema fue objeto de debate en la Asamblea Constituyente,
después de estudiar varias alternativas, pero se prefirió
dejar a los principios generales la resolución de este
punto. De esta manera se siguió la tendencia general
de las Constituciones modernas, de las cuales
solamente la alemana, la brasilera, la española y la
portuguesa se refieren expresamente al tema.’13
(negrillas no originales)
Esa ambigüedad del significado de la no aprobación explícita de la
objeción de conciencia al servicio militar es aún más clara –si se
nos permite esa expresión paradójica–, si se recapitula el desarrollo
de los debates constituyentes al respecto. En efecto, la Asamblea
Constituyente tocó el tema de la objeción de conciencia en varios
lugares (comisiones I y III, comisión codificadora, comisión de
estilo) y momentos. En particular, en la sesión plenaria del martes
18 de junio de 1991 se aprobó en primer debate, el servicio social,
civil o ecológico para los colombianos que no presten el servicio
militar y la objeción de conciencia para el uso y porte de armas con
una votación de 45 votos afirmativos, 3 negativos y cinco
abstenciones (Gaceta Constitucional N° 139, p.4), lo cual muestra
un amplio apoyo de los delegatarios a la idea de la objeción de
conciencia al servicio militar para aquellas personas que tenían
profundas convicciones contra el uso y porte de armas.
En efecto, el numeral 10 del artículo sobre los deberes de la persona
y del ciudadano (actualmente art. 95 de la CP) aprobado en primer
debate establecía: ‘10. Los colombianos que no presten el servicio
militar estarán obligados a uno social, civil o ecológico en los
términos que señale la ley. Se aceptará la objeción de conciencia al
uso y porte de armas.’ Esta propuesta aditiva fue aprobada junto
con los demás deberes de la persona y el ciudadano luego de que
otra propuesta aditiva mucho más amplia sobre objeción de
conciencia al servicio militar fuera derrotada con una votación de
21 votos afirmativos, 46 negativos y 3 abstenciones. Nótese
entonces que hubo rechazo relativo a la objeción general al servicio
militar, pero aceptación masiva de esa objeción sí se fundaba en
13 Manuel José Cepeda. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Bogotá: Temis,
1992, p.168.
31

una objeción al porte y uso de armas.
Luego, en la sesión plenaria del sábado 29 de junio de 1991 se
aprobó en segundo debate el artículo sobre los deberes de la
persona y el ciudadano, pero sólo en sus primeros nueve numerales,
ya que por decisión de la comisión codificadora el numeral 10 de
dicho artículo referente al servicio, civil o ecológico y a la objeción
de conciencia para el uso y porte de armas fue trasladado al
capítulo sobre Fuerza Pública. Al respecto, se dejó constancia en las
actas de la sesión plenaria por parte del constituyente Ramírez
Ocampo: ‘El numeral décimo efectivamente fue trasladado al tema
de la fuerza pública, que es, en opinión de la Codificadora, en
donde debería estar; de tal manera que no creo que desapareciera el
numeral décimo en el caso de que no fuese incluido aquí.’ (Gaceta
Constitucional N° 142, p. 19).
Luego de anunciarse el resultado de la votación, el presidente de la
Asamblea, Horacio Serpa Uribe, manifestó: ‘Con la aclaración de
que los temas que no están aquí contemplados y sí aparecen en la
propuesta del primer debate no han sido eliminados, sino remitidos
a otros lugares de la Constitución.’ (Gaceta Constitucional N° 142,
p. 20). […] Finalmente, en la sesión plenaria del lunes 1° de julio
de 1991 se adoptó el artículo sobre fuerza pública tal y como fue
aprobado en primer debate, como sucedió con la mayoría de las
normas sobre la fuerza pública. Por eso no se adoptó el artículo
propuesto por la comisión codificadora que adicionaba al artículo
sobre fuerza pública el numeral 10 del artículo sobre deberes de la
persona y el ciudadano referente al servicio militar y la objeción de
conciencia al porte y uso de armas pero sin que eso significara que
se rechazaba sino que se aprobaban las normas provenientes del
primer debate (Consejería Presidencial para el Desarrollo de la
Constitución. Asamblea Nacional Constituyente. Sesión plenaria
julio 1.)
Este recuento muestra que la no aprobación explícita por la
Asamblea Constituyente de la objeción de conciencia al servicio
militar fue un hecho muy ambiguo, del cual no puede desprenderse
una voluntad inequívoca de rechazar para los ciudadanos esa
posibilidad, no sólo porque se aprobó un contenido generoso de la
objeción de conciencia en general sino, además, por cuanto
masivamente la plenaria había aprobado la posibilidad de no
prestación del servicio militar por objeción al porte y uso de armas.
En esas condiciones, de un hecho cuyo significado es claramente
ambiguo –como fue la no aprobación explícita de la objeción de
conciencia al servicio militar– no se puede derivar, en forma
autónoma, un contenido normativo específico, que contradice el
tenor literal del artículo 18 constitucional sobre libertad de
conciencia –ese sí inequívocamente aprobado por la Asamblea– y
que establece claramente que nadie puede ser obligado a actuar
contra su conciencia, por lo cual es claro, conforme a ese tenor
literal, que si una persona considera que viola sus convicciones más
32

Expediente D-7685
íntimas la prestación del servicio militar, que incluye el uso de
armas, entonces esa persona no puede ser reforzada a prestar dicho
servicio, pues sería obligarla a actuar contra sus convicciones.”
Para la intervención, por tanto, una lectura del artículo constitucional sobre la
libertad de conciencia, que además de textual e históricamente, considere la
norma desde un punto de vista sistemático, un punto de vista teleológico y, por
último, a la luz del bloque de constitucionalidad, tiene que concluir
forzosamente que dicha norma sí contempla la objeción de conciencia al
servicio militar. Para comprender la libertad de conciencia sistemáticamente,
se hace referencia a los artículos 1°, 7, 8, 13 y 16 de la Constitución,
indicando que este marco normativo es ‘profundamente pluralista y
respetuos[o] de la autonomía personal y la dignidad humana’. Desde un punto
finalista, se afirma que “[…] en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos,
uno de los propósitos esenciales del reconocimiento de la libertad y de la
objeción de conciencia es precisamente permitir la objeción al servicio militar,
pues dicho servicio, por su uso de armas y por su carácter de institución total,
es uno de los deberes sociales que potencialmente más afecta las convicciones
esenciales de las personas. En ese orden de ideas, una interpretación del
alcance del artículo 18 de la Carta sobre la libertad de conciencia que excluya
la posibilidad de objeción de conciencia, […] mutila el propósito mismo del
reconocimiento de la libertad de conciencia hecha por el constituyente en el
artículo 18 superior.”
3.3. Para los representantes de DeJusticia existe una colisión entre el derecho a
la objeción de conciencia y el deber de prestar el servicio militar que ha de
resolverse a favor del derecho. Dicen al respecto,
“La tensión se plantea entonces, como bien lo señalaron los
magistrados Cifuentes, Gaviria y Martínez en su salvamento de
voto a la sentencia C-511 de 1994, entre un derecho fundamental de
carácter incondicionado que consiste en no poder ser obligado a
actuar en contra de la conciencia, y un deber sujeto a excepciones
puesto que la ley debe precisar las situaciones que eximen del deber
de prestar el servicio militar. En concreto, mientras que del artículo
18 de la Constitución se deriva el derecho de la persona a negarse a
prestar el servicio militar cuando considere que esto va en contra de
su conciencia, del artículo 216 se deriva la obligación de que el
Legislador regule las condiciones que eximen de la prestación del
servicio militar. […]
Para resolver esta tensión resulta relevante tomar en consideración,
en un primer momento, la estructura del derecho y de la obligación,
pues de ésta se derivan consecuencias importantes para su
armonización constitucional. En primer lugar, el derecho a no ser
obligado en contra de la conciencia, es decir, el derecho a objetar
con base en la conciencia, como se ha señalado, constituye un
derecho fundamental que no tiene limitaciones expresas. En esa
medida, aunque como todo derecho constitucional su ejercicio tiene
33

límites que se derivan del ejercicio de otros derechos, su
cumplimiento no está sometido a ninguna excepción expresamente
consagrada en el ordenamiento constitucional colombiano. En
segundo lugar, la estructura normativa del deber de prestar el
servicio militar se caracteriza por incorporar excepciones a su
cumplimiento. En esa medida, constituiría un deber constitucional
de carácter relativo.
[…] Esto permitiría identificar que el deber no podía operar como
una excepción al derecho, pues la Constitución Política no lo
consagra de esa forma, es decir, porque la Constitución Política.
Por el contrario, resultaría más adecuado entender el derecho a
objetar como una excepción a la obligación de prestar el servicio
militar, en la medida en que la estructura normativa de éste último
admite excepciones, y por tanto, el derecho puede operar como una
de dichas excepciones. […]
El resultado sería entonces el reconocimiento de que, de acuerdo
con la estructura normativa y el tenor literal de los mandatos
constitucionales en tensión, una persona puede negarse a prestar el
servicio militar cuando considere que el cumplimiento de este deber
implica actuar en contra de su conciencia […]”
3.4. En cuarto lugar, la intervención sostiene que incluso si no se acepta el
anterior argumento y se cree que es preciso hacer una ponderación14
frente a la
colisión entre el derecho a ser objetor de conciencia y el deber de prestar el
servicio militar obligatorio, se llega a la misma conclusión. Sostiene al
respecto,
“En el presente caso las medidas que se derivan de la aplicación de
los principios en tensión persiguen fines constitucionalmente
legítimos. Por una parte, el derecho a objetar la prestación del
servicio militar por consistir una forma de ir en contra de la
conciencia, pretende proteger el derecho fundamental a que se
respete y garantice la libertad de conciencia de todas las personas,
es decir, a que pueda comportarse de forma coherente con sus
convicciones más personales en todo momento. Además, esta
posibilidad y protección que ofrece el ordenamiento constitucional
está estrechamente relacionada con otros derechos fundamentales
como el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana
(CP arts. 1 y 16). Por otra parte, el deber de prestar el servicio tiene
en general dos objetivos esenciales, como lo muestra al respecto el
14 Dice la intervención: “La ponderación y el análisis de proporcionalidad exigen que el intérprete
estudie (i) cuál es la finalidad de las normas en conflicto y en caso que se considere que una de ellas
implica una restricción al contenido prima facie constitucionalmente protegido por la otra, entonces
que se estudie si dicha restricción es (ii) adecuada, (iii) necesaria y (iv) proporcionada en estricto
sentido. Como lo dijo en reciente sentencia, que reitera la amplia jurisprudencia sobre la materia, la
Corte ha señalado ‘que las limitaciones deben ser adecuadas para lograr el fin perseguido, deben ser
además necesarias, en el sentido de que no exista un medio menos oneroso en términos de
afectación de otros principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido y, por último, debe
ser proporcionales stricto sensu, esto es, que no se afecten excesivamente valores y principios que
tengan un mayor peso que el fin constitucional que se pretende alcanzar’ [C-256 de 2008].”
34

Expediente D-7685
debate en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en
el caso Yeo-Bum Yomm yMyung-Jin Choi contra Corea del 23 de
enero de 2007, que son: (i) contribuir a la seguridad y defensa, y
lograr (ii) una mayor cohesión social, en la medida en que el
servicio militar aparece (o debería aparecer, pues en nuestros países
sigue siendo profundamente discriminatorio) como un mecanismo
igualitario de integración democrática, pues todas las personas
deben compartir igualitariamente los rigores de la vida militar. Sin
embargo, el cumplimiento de la obligación militar puede constituir
una limitación directa del derecho a no ser obligado a actuar en
contra de su conciencia, consagrado en el artículo 18 de la
Constitución Política, pues para algunas personas tomar las armas y
ejecutar de manera continua los actos que resultan propios de la
actividad militar, constituyen hechos que atentan de manera
permanente con sus convicciones más profundas.
De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que la objeción de
conciencia en relación con el servicio militar obligatorio, que sería
una restricción al deber de prestar el servicio militar, constituye una
medida no sólo adecuada sino estrictamente necesaria para asegurar
el respeto y garantía plenos de la libertad de conciencia, pues
constituye la única vía por medio de la cual se puede asegurar que
una persona que tiene convicciones profundas en contra de las
actividades militares no deba actuar en contra de su conciencia y de
esta forma, pueda actuar de manera coherente con sus más
profundas convicciones personales. Es imposible pensar en una
forma distinta de amparar la libertad de conciencia en estos casos,
que no sea reconocer a los objetores al servicio militar la
posibilidad de abstenerse de entrar en filas y prestar servicios
sociales sustitutos. Por consiguiente, la restricción del deber de
prestar el servicio militar debido al reconocimiento de la objeción
de conciencia representa una medida adecuada y necesaria para
alcanzar un propósito constitucional imperioso, como es proteger la
libertad de conciencia.
En contraste, el servicio militar obligatorio puede ser una medida
adecuada e importante para mantener o alcanzar la seguridad
nacional en algunos momentos y bajo ciertas circunstancias, y ha
jugado en ciertos países democráticos una función importante en la
integración ciudadana, que favorece la cohesión social. Sin
embargo, la imposición del servicio militar a los objetores de
conciencia o de su penalización por no cumplir tal servicio militar a
los objetores de conciencia o su penalización por no cumplir tal
servicio no aparece como un instrumento necesario para alcanzar
eso mismos propósitos constitucionales, por cuanto el Estado puede
desarrollar medidas distintas. Por ejemplo, podría crear una fuerza
pública profesionalizada, conformada a partir de las personas que
están dispuestas a tomar las armas para proteger los intereses
nacionales. Y en todo caso, la aceptación de la objeción de
conciencia al servicio militar, puesto que la experiencia comparada
muestra que en aquellas sociedades que han admitido la objeción de
35

conciencia, sólo un cierto número de personas recurren a esa figura.
La gran mayoría acepta participar en el servicio militar, con lo cual
se logra en la práctica una armonización entre el respeto de la
libertad de conciencia y el mantenimiento del reclutamiento
universal como principio general. Finalmente, los propósitos de
equidad y cohesión social se pueden lograr como lo muestra la
experiencia comparada, imponiendo a los objetores de conciencia
un servicio social sustituto, que sea igualmente riguroso y exigente
que el servicio militar, a fin de evitar que algunas personas
invoquen oportunistamente la objeción de conciencia para eludir
sus deberes militares.
Las anteriores consideraciones ya serían suficientes para que la
ponderación opere a favor de la objeción de conciencia al servicio
militar, pues la interpretación que reconoce dicha objeción pasa lo
tres primeros pasos del test de proporcionalidad, […]
[… Por último es necesario analizar la proporcionalidad en sentido
estricto;] podría afirmarse que la afectación de la libertad de
conciencia con la prestación del servicio militar obligatorio para
aquellas personas que tienen convicciones profundas contra las
armas y la institución castrense es intensa, por la misma naturaleza
de la institución militar. En efecto, las fuerzas armadas, como lo
indicamos anteriormente, tienen dos características que explican
por qué algunas personas tienen profundas objeciones a participar
en ellas. De un lado, la institución militar está íntimamente ligada al
uso de armas y a la posibilidad de matar, lo cual contradice
profundamente la visión filosófica o religiosa de ciertas personas.
De otro lado, las Fuerzas Militares constituyen una institución en la
que, una vez que un conscripto hace parte de ella, la vida de la
persona se ve absolutamente afectada, produciéndose una especie
de captura de la vida cotidiana. Como ya lo indicamos, autores
como Ervin Goffman catalogan al ejército dentro de la categoría de
institución total, por tratarse de una institución que pretende
regular y mantener el control sobre prácticamente todos los
aspectos de la vida de la persona. Por ejemplo, todos los horarios de
la persona son definidos por la institución, a partir de las
necesidades del servicio que ésta tenga, las actividades que debe
realizar la persona todos los días son también definidas desde
directrices específicas que debe acatar la persona y las órdenes
constituyen el elemento fundamental en la forma como se relaciona
la persona con su entorno. En este tipo de instituciones, el espacio
para la individualidad es limitado, pues se regulan prácticamente
todos los aspectos de la vida, y por tanto, la capacidad de decisión y
de preservación de las creencias y de la conciencia es limitada.
Incluso, en la institución militar opera, dentro de ciertos límites, el
principio de obediencia debida que hace que si un soldado recibe
una orden de su superior jerárquico, que pueda afectar sus
principios éticos, no podría en principio negarse a cumplirla. Por
ello, como dice Otto Mayer, la obligación de prestar el servicio
militar se distingue de las demás obligaciones constitucionales,
36

Expediente D-7685
como la obligación de pagar impuestos o el deber de colaborar con
la justicia, ‘por la fuerza particular mediante la cual el Estado se
adueña de la persona’.15
”
Para la intervención, por tanto, mientras que la afectación de la libertad de
conciencia es intensa, si el objetor de conciencia se rehúsa a prestar el servicio
militar obligatorio, la afectación del Estado es leve, “[…] como lo muestra no
sólo que los mismos propósitos que persigue el servicio militar pueden ser
alcanzados por otros medios, sino el hecho mismo de que en Colombia no
todas las personas que resulten aptas para prestar el servicio militar obligatorio
son finalmente aceptadas en el ejército, pues éste selecciona el número de
personas que requiere para el cumplimiento de sus funciones, que son muchas
menos de todas aquellas que deben solucionar su situación militar.”
3.5. Por último, la intervención concluye que sí existe una omisión legislativa
que obliga a condicionar la norma acusada. Partiendo de la base de haber
demostrado que la Constitución de Colombia sí contempla una objeción de
conciencia al servicio militar, concluye que la ley, al regular las exenciones al
servicio militar, “[…] no podía dejar de incorporar y regular dicha objeción
como una de las condiciones que eximen de prestar dicho servicio militar.
Obviamente, y por razones de igualdad y de cohesión social […], debe la ley
prever un servicio social sustituto, para los objetores de conciencia, con el fin
de mantener la igualdad entre quienes efectivamente prestan el servicio militar
y entre quienes no lo hacen por razones de convicción.” Concluye la
intervención, al respecto, en los siguientes términos,
“Por consiguiente, al no haberlo hecho, la norma demandada –o si
la Corte considera necesario realizar la unidad normativa, el Título
III de la Ley 48 de 1993 o la ley en su totalidad– incurrieron en una
omisión legislativa relativa, que debe ser declarada y solucionada
por la Corte. En efecto, […] pues la demanda (i) recae sobre una
disposición concreta, que es el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 (o
la totalidad de esa ley o de su título III, si la Corte encuentra
indispensable realizar la unidad normativa); dicha (ii) disposición
reguló en forma constitucionalmente defectuosa el tema, pues no
incorporó, como debía hacerlo, la objeción de conciencia como una
de las situaciones que debían hacerlo, la objeción de prestar el
servicio militar, estando obviamente dichas personas obligadas a un
servicio social sustituto. En ninguna parte (iii) aparece una
justificación o un principio de razón suficiente que sustente
constitucionalmente esa exclusión. Esa omisión (v) vulnera además
gravemente la libertad de conciencia prevista en el artículo 18 de la
Carta.”
DeJusticia solicita a la Corte que mediante una sentencia integradora,
incorpore de manera inmediata la objeción de conciencia como una de las
causales que eximen de prestar el servicio militar, puesto que la libertad de
15 Citado por Rafael de Asis Roig. Deberes y obligaciones de la Constitución. Madrid: Centro de
Estudios Constitucionales, 1991, p. 399.
37

conciencia es un derecho de aplicación inmediata, por lo que no requiere
regulación legislativa para poder ser invocado. “Sin embargo, por razones de
igualdad y cohesión social, es necesario que la Corte exhorte al Congreso para
que regule en un tiempo razonable la naturaleza y modalidad de los servicios
sustitutos que deben prestar los objetores de conciencia.”
4. Comisión Colombiana de Juristas
El director de la Comisión colombiana de Juristas, Gustavo Gallón Giraldo, y
tres más de sus miembros,16
participaron en el debate de la referencia para
apoyar en su integridad la acción de constitucionalidad.
La intervención hace énfasis, en particular, en dos argumentos. Por una parte,
la creciente tendencia en el derecho internacional y comparado a reconocer el
derecho a la objeción de conciencia –el cual se deriva del derecho a la
libertad de conciencia– , y por otra parte, que negar el derecho a la objeción de
conciencia, por el mantenimiento del legítimo deber de prestar el servicio a la
nación, no es una medida necesaria ni proporcionada para garantizar este fin,
teniendo en cuenta que el objetivo se cumple con otros medios alternativos (el
servicio alternativo) y que existe prueba empírica suficiente que demuestra
que el derecho a la objeción de conciencia es compatible con la existencia y
funcionamiento de las fuerzas militares.
4.1. En primer término, con relación al reconocimiento del derecho a la
objeción de conciencia en el derecho internacional de los derechos humanos,
la intervención de la Comisión describe y analiza los diversos
pronunciamientos de los órganos de monitoreo de derechos humanos del
sistema de Naciones Unidas sobre el tema. A su parecer, el reconocimiento del
derecho a la objeción de conciencia ha sido desarrollado de forma consistente
y clara por varios de estos órganos de monitoreo, en particular por la antigua
Comisión de Derechos Humanos y por el Comité de Derechos Humanos. Al
respecto señala,
“En su resolución 33/165 del 20 de diciembre de 1978, la Asamblea
General de las Naciones Unidas reconoció el derecho de todas
personas de negarse a prestar servicios en las fuerzas militares o
policiales utilizadas para imponer el apartheid.17
Posteriormente, el 10 de marzo de 1989, la Comisión de Derechos
Humanos de la misma organización amplió ese reconocimiento, y
estableció que “la objeción de conciencia al servicio militar debe
ser considerada como un ejercicio legítimo del derecho a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión reconocido en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.18
La misma
16 Fátima Esparza Calderón, Mauricio Albarracín Caballero y Juan Camilo Rivera Rugeles.
17 Asamblea General, Naciones Unidas, Resolución 33/165 del 20 de diciembre de 1978.
18 Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Resolución 1987/46 del 10 de marzo de
1989.
38

Expediente D-7685
resolución también enfatizó que los Estados partes deben introducir
formas de servicio alternativo compatibles con las razones por las
cuales sus ciudadanos objeten conciencia.19
El llamamiento a los
Estados partes hecho en esta resolución fue repetido en las
resoluciones 1989/59 del 8 de marzo de 1989, 1993/84 del 10 de
marzo de 1993, y 1995/83 del 8 de marzo de 1995, las cuales
también hicieron énfasis en que los Estados no deben encarcelar a
los objetores de conciencia al servicio militar20
. La resolución
1998/77 del 22 de abril de 1998, enfatizó la procedencia y el
alcance del derecho presentados en las resoluciones anteriores,
también afirmando que “los Estados, en su legislación y en su
práctica, no deben discriminar contra los objetores de conciencia
en lo referente a sus condiciones de servicio o a cualesquiera
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos”21
.
Esta resolución fue afirmada por las resoluciones 2000/34 del 20 de
abril de 2000, 2002/45 del 23 de abril de 2002 y 2004/35 del 19 de
abril de 200422
.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas adoptó la Observación General No. 22 en 1993, en la cual
afirmó que el derecho a la objeción de conciencia se deriva del
artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
y que debe ser reconocido sin discriminación por la razón o
creencia en la cual se base la objeción. El párrafo 11 de dicha
Observación afirma que “el Comité cree que ese derecho puede
derivarse del artículo 18, en la medida en que la obligación de
utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave conflicto con la
libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar
creencias religiosas u otras creencias”23
. En el importante
dictamen de Yeo-Bum Yoon y Myung-Jin Choi v. Corea en 2007, el
Comité de Derechos Humanos reafirmó su posición de reconocer el
derecho de una persona de no actuar contra sus creencias – en ese
caso de prestar el servicio militar obligatorio, que sería contra las
creencias religiosas – que está consagrado en el artículo 18 del
Pacto.24
”
En este apartado, la intervención también hace referencia al reconocimiento de
19 Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Resolución 1987/46 del 10 de marzo de
1989.
20 Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Resoluciones 1989/59 del 8 de marzo de
1989; 1993/84 del 10 de marzo de 1993; 1995/83 del 8 de marzo de 1995.
21 Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Resolución 1998/77 del 22 de abril de 1998,
párr. 6.
22 Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Resoluciones 2000/34 del 20 de abril de
2000; 2002/45 del 23 de abril de 2002; 2004/35 del 19 de abril de 2004.
23 Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Observación General No. 22 del 30 de julio de
1993, párr. 11.
24 Yeo-Bum Yoon y Myung-Jin Choi vs. Corea, Comité de Derechos Humanos, 2007. Entre otras
jurisprudencias del Comité citada en el caso Yeo-Bum Yoon y Myung-Jin Choi v. Corea, el Comité
citó su sentencia J.P. v. el Canadá, en la cual el Comité señaló que en el artículo 18 “se protege
indudablemente el derecho a tener, manifestar y difundir opiniones y convicciones, incluida la
objeción de conciencia a las actividades y gastos militares”, Comité de Derechos Humanos, J.P. v.
el Canadá, Caso No. 446/1991.
39

este derecho por parte de los Relatores Especiales sobre la libertad de religión
o de creencias y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y de expresión,25
y a la mención específica que de Colombia hizo el
Comité de Derechos Humanos en sus Observaciones Finales en 2004.26
También hace alusión al reconocimiento que de este derecho se ha hecho en
el sistema europeo.27
4.1.1. Con relación al desarrollo que se ha hecho de la objeción de conciencia
al servicio militar en el ámbito internacional, la intervención hace referencia
específica a (i) quiénes pueden objetar; (ii) las razones por las cuales se
puede objetar y (iii) el tipo de tribunal que puede juzgar la condición de
objetor. Al respecto dice la intervención,
“Quiénes pueden objetar al servicio militar por razones de conciencia
El derecho a objetar por razones de conciencia al servicio militar se
aplica no solamente a los conscriptos sino también a las personas que
estén cumpliendo su servicio militar. En las Resoluciones 1993/84,
1995/83 y 1998/77 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas reafirmó el derecho a objetar conciencia al servicio militar,
afirmando que “a las personas que están cumpliendo el servicio
militar no se les debería negar el derecho a tener objeciones de
conciencia al servicio militar”28
. En este mismo orden de ideas, en sus
observaciones finales sobre Chile en 2007, el Comité de Derechos
Humanos enfatizó que, en la legislación relacionada con las objeciones
de conciencia Chile debe reconocer “que la objeción de consciencia
(sic) pueda surgir en cualquier momento, incluso cuando se ha
25 Dice la intervención al respecto: “El Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias
y el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de
expresión también han reconocido el derecho a la objeción de conciencia, criticando los efectos en
las comunidades y minorías religiosas del no reconocimiento del derecho, y la necesidad de
proteger el derecho para poder lograr el respeto de la libertad de opinión y los derechos de los
estudiantes. [Informe del Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias a la Comisión
de Derechos Humanos, 2001, E/CN.4/2001/63, párr. 182; Informe del Relator Especial sobre la
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión a la Comisión de
Derechos Humanos, E/CN.4/2000/63/Add.1, párr. 125.]”.
26 Dice la intervención al respecto: “En el caso concreto de Colombia, el Comité de Derechos
Humanos en sus Observaciones Finales en 2004 subrayó la falta de provisiones al nivel nacional
para proteger el derecho a la libertad de conciencia. Enfatizó que ‘[e]l Comité constata con
preocupación que la legislación del Estado Parte no permite la objeción de conciencia al servicio
militar’. [Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Observaciones Finales sobre Colombia,
2004, párr. 17.]”
27 El sistema europeo también ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia como un
derecho derivado del derecho a la libertad de conciencia, establecido tanto en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos como en el artículo 9 de la Convención Europea de los Derechos
Humanos. El derecho a la objeción de conciencia está consagrado en el artículo 10 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y tanto la Asamblea Parlamentaria como el
Consejo de Europa han enfatizado la importancia del reconocimiento de dicho derecho. [Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 10(2); Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, Informe Rodata 6752 del 29 de enero de 1993; Consejo de Europa,
Recomendación 1581 de 2001; Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Thlimmenos contra
Grecia, Aplicación No. 34369/97, sentencia del 6 de abril de 2000.]”.
28 Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Resolución 1995/83 del 8 de marzo de 1995.
Ver también Resoluciones 1993/84 del 10 de marzo de 1993 y 1998/77 del 22 de abril de 1998.
40

Expediente D-7685
iniciado ya el servicio militar”.29
[…]30
Las razones por las cuales se puede objetar conciencia
El derecho a la objeción de conciencia se aplica a las objeciones
basadas en motivos de conciencia, incluyendo razones religiosas,
morales, éticas, humanitarias y otras. En su informe de 2004 sobre la
objeción de conciencia, la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos caracterizó a la objeción de conciencia como una
objeción al servicio militar que “deriva de principios y razones de
conciencia, en particular convicciones profundas, por motivos de
orden religioso, moral, ético, humanitario u otros de la misma
naturaleza”31
. Esta definición había sido presentada anteriormente por
la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 1998/77 de 22
abril de 1998 y en la Observación General No. 22 del Comité de
Derechos Humanos, que enfatiza la aplicación del derecho a la libertad
de conciencia del artículo 18 del Pacto tanto a las creencias teístas
como las no teístas y ateas, así como el derecho a no practicar ninguna
religión o creencia32
. La Observación General No. 22 afirma que
“[c]uando este derecho se reconozca en la ley o en la práctica no
habrá diferenciación entre los objetores de conciencia sobre la base
del carácter de sus creencias particulares”33
.
El Comité de Derechos Humanos enfatizó este principio de no
discriminación entre creencias en el caso Brinkhof v. Los Países Bajos,
en el cual el Comité citó su Observación General No. 22 y declaró que
no era razonable ofrecer una exención a un solo grupo de objetores de
conciencia y no a otros grupos con objeciones igualmente fuertes al
servicio militar.34
Las observaciones finales sobre varios países
29 Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Observaciones Finales, Chile, 17 de abril de
2007, CCPR/C/CHL/CO/5 párrs. 13 y 17.
30 Añade la intervención: “En relación con este asunto, el Parlamento Europeo, en su resolución de
1989, citó las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y enfatizó que ‘el derecho
sea reconocido para todos los conscriptos en cualquier momento de negar la prestación del
servicio militar, sea armado o no armado, por razones de conciencia’ ” [Parlamento Europeo,
Resolución sobre la objeción de conciencia y servicio militar (Schmidbauer Resolution), 13 de
octubre de 1989, Doc. A3-15/89.] En un informe de 2006, la Asamblea Parlamentaria comentó que
los Estados europeos deben implementar provisiones legislativas sobre el derecho a objetar
conciencia antes, durante y después del servicio militar. [Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, Derechos humanos de los miembros de las fuerzas armadas, Doc. 10861, 24 de marzo de
2006.]”.
31 Consejo Económico y Social, Naciones Unidas, Informe de la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos, Los Derechos Civiles y Políticos, en Particular las Cuestiones
Relacionadas con la Objeción de Conciencia al Servicio Militar, E/ CN.4/2004/55, 16 de febrero de
2004, párr. 38(c).
32 Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Resolución 1998/77 del 22 de abril de 1998;
Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Observación General No. 22 del 30 de julio de
1993, párr. 2.
33 Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Observación General No. 22 del 30 de julio de
1993, párr. 11.
34 Henrikus A.G.M. Brinkhof v. los Países Bajos, Com. No. 402/1990 del 27 de julio de 1993, párrs.
9.3 y 9.4.
41

también afirmaron esta idea, haciendo un llamamiento a algunos
países, tales como Ucrania y Kyrgyzstan, sobre la necesidad de
respetar el derecho a la objeción de conciencia tanto para las personas
con creencias basadas en conciencia no religiosa como en las creencias
religiosas, y reclamando contra la práctica de respetar el derecho a la
objeción de conciencia únicamente para los participantes en religiones
predeterminadas.35
El tipo de tribunal que debe juzgar a los objetores de conciencia
La Comisión de Derechos Humanos ha reconocido la decisión en
algunos países de aceptar las razones ofrecidas por las objeciones de
conciencia sin que sean cuestionadas por ningún tribunal. Asimismo,
la Comisión afirmó que los países sin un sistema así deben establecer
cuerpos independientes e imparciales que tomarían las decisiones
sobre la aceptación o no de las objeciones de conciencia.36
Los objetores de conciencia, en el caso de que sean cuestionados por
un tribunal, deben ser juzgados por un tribunal civil. Por su parte, el
Comité de Derechos Humanos ha rechazado el uso de tribunales o
magistrados militares en la toma de dichas decisiones, y ha
manifestado su preferencia por el uso de autoridades no militares37
. En
el caso de Colombia, el uso de tribunales militares para evaluar los
objetores de conciencia sería inconstitucional, ya que el artículo 213 de
la Constitución establece que “[e]n ningún caso los civiles podrán ser
investigados o juzgados por la justicia penal militar”38
.
Privación de libertad y sanciones repetidas de objetores como
detención arbitraria
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención
Arbitraria, en sus opiniones sobre Colombia y Turquía de 2008,
enfatizó que la privación de libertad de los objetores de conciencia
vulnera el artículo 18 del PIDCP. En su opinión sobre Turquía, el
Grupo de Trabajo definió la privación de libertad como arbitraria
cuando “la privación de libertad resulte del ejercicio de los derechos o
libertades garantizados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y [. . .] los artículos
12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos [. . .]”39
. El Grupo de Trabajo afirmó con relación a
Colombia que
35 Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Observaciones Finales sobre Ucrania,
noviembre de 2006, CCPR/C/UKR/CO/6, párr. 12; Observaciones Finales sobre Kyrgyzstan, 24 de
julio de 2000, CCPR/CO/69/KGZ, párr. 18.
36 Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Resolución 1998/77 del 22 de abril de 1998.
37 Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre Israel, julio de 2003,
CCPR/CO/78/ISR, párr. 24; Observaciones Finales sobre Grecia, marzo de 2005, CCPR/
CO/83/GRC.
38 Constitución Política de la República de Colombia de 1991, artículo 213.
39 Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, Opinión No. 16/2008
(Turquía), párr. 2(II).
42

Expediente D-7685
“[l]a detención contra quienes se han declarado expresamente
objetores de conciencia no tiene sustento jurídico ni base legal y su
incorporación al ejército contra su voluntad es en clara violencia a
sus postulados de conciencia, lo que puede vulnerar el artículo 18
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No
proveer espacio para el derecho a la objeción de conciencia puede
ser una violación de dicho artículo. Tampoco tienen basa [sic]
legal ni sustento jurídico las prácticas de batidas, redadas o levas,
con el objeto de detener en las calles y lugares públicos a los
jóvenes que no pueden acreditar su situación militar”40
.
En el informe sobre su última visita a Colombia en 2008, el Grupo de
Trabajo criticó tanto la práctica de reclutamiento bajo batidas como el
reclutamiento de objetores de conciencia en su informe sobre formas
de detención arbitraria en Colombia41
. Enfatizó que
“[e]l Grupo de Trabajo observa con preocupación las capturas
practicadas por efectivos militares, a pesar de que el ejército no
tiene facultades legales para realizarlas, particularmente las
llamadas "batidas". En ocasiones los militares cuentan con órdenes
de captura para unas pocas personas pero capturan a muchas más.
Una variante son las "levas", detenciones masivas de jóvenes con
el objeto de verificar su situación militar. Aquellos que son
considerados omisos a la inscripción, al llamamiento o al servicio
militar, son conducidos a los cuarteles para su reclutamiento
forzoso […]. El Grupo de Trabajo consideró reclamos de objetores
de conciencia que se quejaron de que sus objeciones no eran
tenidas en cuenta. El Grupo de Trabajo ya ha considerado que el
no reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia está en
contradicción con el desarrollo del derecho internacional de los
derechos humanos.”42
El Grupo de Trabajo también ha recomendado la adopción de medidas
para asegurar que los objetores de conciencia no reciban castigos
reiterados. El Grupo ha afirmado que dichos castigos podrían forzar a
un objetor a cambiar su posición de conciencia, y así serían
incompatibles con el derecho a la libertad de conciencia consagrado en
el Pacto.43
Más allá de la violación del derecho a la libertad de
conciencia, castigos repetidos por rechazos reiterados de inscribirse en
las fuerzas militares podrían violar el artículo 14 del Pacto, según el
cual una persona no debe recibir castigos repetidos por un delito por el
40 Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, Opinión No. 8/2008
(Colombia), párr. 23.
41 Grupo de Trabajo de las NNUU sobre la Detención Arbitraria, Misión a Colombia, 1 a 10 de
octubre de 2008, 16 de febrero de 2009, A/HRC/10/21/Add.3.
42 Id., párr. 66.
43 15 Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, Recomendación 2: la
detención de los objetores de conciencia, E/CN.4/2001/14, párr. 91-94.
43

que ya haya sido castigada.44
[…]45
”
4.1.2. En segundo lugar, la Comisión Colombiana de Juristas señala que de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional [sentencia C-1299 de 2005], la
interpretación con autoridad de un tratado por el órgano de monitoreo
competente también puede cambiar el contenido normativo del bloque de
constitucionalidad, cambio que, a su vez, constituye un argumento que puede
justificar la inconstitucionalidad de una norma. Para que eso ocurra, afirma la
intervención, es necesario que dicha interpretación con autoridad plantee
elementos referentes a la situación objeto de evaluación constitucional.El
valor de las decisiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, como órgano de monitoreo del Pacto, ratificado por Colombia, ha sido
reconocido específicamente por la Corte Constitucional en varias sentencias.
Al respecto señala,
“La Corte ha usado las observaciones generales y las
comunicaciones individuales del Comité de Derechos Humanos en
diversas oportunidades y en una amplia variedad de temas, tales
como acceso a la justicia , derecho al debido proceso y derecho a un
proceso justo46
, estados de excepción47
, definición de trato cruel48
,
igualdad de género49
, derechos de las personas privadas de la
libertad50
, desaparición forzada51
, derecho a elegir y ser elegido52
,
44 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14; Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria, Naciones Unidas, Informe a la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, E/CN.4/2001/14, párr. 91-94; Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria,
Naciones Unidas, Informe a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
E/CN.4/2005/6/Add.1, párr. 30.
45 La intervención añade que en “[…] su reciente Observación General No. 32, el Comité enfatizó
que ‘[l]os castigos reiterados a objetores de conciencia por no haber obedecido repetidos
mandamientos de incorporación a filas para cumplir el servicio militar pueden equivaler a otras
tantas sanciones por un único delito si la consiguiente negativa a acatarlos se apoya en la misma e
invariable determinación basada en razones de conciencia’. [Comité de Derechos Humanos,
Naciones Unidas, Observación General No. 32, párr. 55.]
Corte Constitucional, sentencia T-096 de 2008, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
46 Corte Constitucional, sentencias T-566, M.P.: Alejandro Martínez Caballero; T-567, M.P.: José
Gregorio Hernández Galindo; y T-597, M.P.: Ciro Angarita Barón, todas de 1992; SU-1300 de
2001, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra; C-248, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, y C-576, M.P.:
Jaime Araújo Rentería, ambas de 2004; C-591, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández; T-1110, M.P.:
Humberto Antonio Sierra Porto, y C-1154, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, todas de 2005; T-
058, M.P.: Álvaro Tafur Galvis, y C-994, M.P.: Jaime Araújo Rentería, ambas de 2006; y T-436 de
2008, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
47 Corte Constitucional, sentencias C-802, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, y C-1007, M.P.: Clara
Inés Vargas Hernández, ambas de 2002; C-063, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, y C-327, M.P.:
Alfredo Beltrán Sierra, ambas de 2003.
48 Corte Constitucional, sentencias T-772 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, y T-741 de
2004, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
49 Corte Constitucional, sentencias C-507 de 2004, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, y auto 092
de 2008, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
50 Corte Constitucional, sentencias T-851, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, y T-1096, M.P.:
Manuel José Cepeda Espinosa, ambas de 2004; T-1145, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, T-1180, M.P.:
Jaime Córdoba Triviño; T-848 de 2005, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, todas de 2005; T-322,
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, y T-739 de 2007, M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
51 Corte Constitucional, sentencia C-473 de 2005, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
52 Corte Constitucional, sentencias T-1285 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, y T-284 de
2006, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
44

Expediente D-7685
despenalización del aborto en algunas extraordinarias
circunstancias53
, derechos a la verdad, la justicia y la reparación de
las víctimas54
, acción afirmativa55
, libertad de conciencia56
,
protección a la familia57
, normas del jus cogens58
y habeas data59
. Es
particularmente relevante el uso que la Corte hizo de las
Observaciones Finales del Comité al Estado colombiano respecto
de las funciones jurisdiccionales en cabeza de militares,
observaciones que fueron invocadas por la Corte en la sentencia
que declaró inconstitucional la ley de defensa y seguridad nacional
(ley 684 de 2001).60
Esto demuestra una práctica creciente y
constante del uso de los pronunciamientos del Comité de Derechos
Humanos por parte del tribunal constitucional.”
Para la intervención, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las
decisiones del Comité son criterios hermenéuticos relevantes61
y en algunos
casos vinculantes.62
Además, sostiene, la Corte Constitucional ha reconocido
que “los dictámenes proferidos por los organismos internacionales deben ser
analizados por las autoridades internas con el fin de adoptar las medidas
orientadas a corregir las actuaciones que dan lugar a las recomendaciones’.63
53 Corte Constitucional, sentencia C-355 de 2006, MM. PP.: Jaime Araújo Rentería y Clara Inés
Vargas Hernández.
54 Corte Constitucional, sentencias C-370 de 2006, varios ponentes, y T-865 de 2006, M.P.: Jaime
Araújo Rentería.
55 Corte Constitucional, sentencia C-667 de 2006, M.P.: Jaime Araújo Rentería.
56 Corte Constitucional, sentencia C-859 de 2006, M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
57 Corte Constitucional, sentencia T-435 de 2006, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
58 Corte Constitucional, sentencia C-291 de 2007, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
59 Corte Constitucional, sentencia C-1011 de 2008, M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
60 Corte Constitucional, sentencia C-251 de 2002, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
61 Dice al respecto la intervención: “Un ejemplo de este uso se encuentra en la sentencia T-741 de
2004, en la cual la Corte acudió a esta doctrina para delimitar el contenido de la garantía
constitucional que prohíbe los tratos crueles e inhumanos. […] Igualmente, tomando en
consideración las recomendaciones del Comité, la Corte delimitó nuevamente la obligación especial
del Estado frente a los reclusos en las sentencias T-851 y T-1096 de 2004. Por su parte, la sentencia
C-010 de 2000 afirmó que las decisiones del Comité eran criterios hermenéuticos en la
determinación de los derechos fundamentales, posición que fue apoyada por las sentencias C-200 de
2000 y T-1319 de 2001.”
62 Dice la intervención al respecto: “[…] la Corte Constitucional también ha reconocido que, en
algunos casos, la doctrina sentada por el Comité de Derechos Humanos puede considerarse criterio
vinculante y no sólo relevante de interpretación de los derechos. Así lo hizo en una importante
sentencia sobre el derecho a la libertad de opinión, en la cual la Corte delimitó el alcance del
derecho en cuestión a la luz de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos. En esta
sentencia, la Corte consideró que las interpretaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (“PIDCP” o “Pacto”) hechas por dicho órgano en materia de libertad de expresión forman
parte del bloque de constitucionalidad, lo cual equivale a considerar que las mismas constituían un
criterio vinculante para el caso concreto. […] Este pronunciamiento afirmó que las normas
emitidas por los organismos internacionales sobre la libertad de expresión, y otras provisiones del
PIDCP, eran de carácter vinculante para el caso estudiado. || Otro ejemplo paradigmático lo
constituye el uso que la Corte ha hecho de los dictámenes del Comité en relación con los derechos
de los homosexuales. La Corte ha usado de forma reiterada los dictámenes proferidos por el Comité
de Derechos Humanos sobre la protección de la orientación sexual y de las parejas del mismo sexo
a la luz del artículo 26 del Pacto. Algunos ejemplos de este uso se encuentran en los recientes
pronunciamientos sobre el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo, en
particular, en las sentencias C-075 de 2007 y C-336 de 2008. […]”
63 Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil).
45

En este mismo sentido, resalta que la Corte Constitucional ha reconocido que
sus decisiones constituyen un mecanismo legítimo para proteger los derechos
de los ciudadanos reconocidos en los pactos de derechos humanos [C-109 de
1995].
Finalmente, advierte la intervención que “(…) el Comité de Derechos
Humanos ha resaltado la labor del poder judicial en la garantía y eficacia de
los derechos contenidos en el PIDCP, teniendo en cuenta que la adopción de
medidas por parte de los órganos nacionales es un mecanismo útil para
proteger los derechos reconocidos en el Pacto […].64
|| Por lo tanto, si la Corte
Constitucional se encuentra en una situación que le permita desde su ámbito
de competencia, tomar medidas efectivas que hagan cesar la violación de un
derecho establecido en el Pacto, así debería proceder, de forma tal que el
Estado colombiano pueda sostener que ha cumplido con el principio de buena
fe consagrado en el Tratado Internacional de Viena sobre aplicación de
tratados internacionales.65
”
4.2. La segunda parte de la intervención se ocupa en hacer una presentación de
la objeción de conciencia en el derecho comparado. A su juicio, se trata de una
información relevante en este proceso de constitucionalidad “[…] en la
medida en que la Corte Constitucional ha utilizado referencias al derecho
comparado como argumento dentro de sus decisiones, en particular señalando
que el derecho comparado es un recurso valioso, que facilita la comprensión
de determinadas instituciones jurídicas.66
”
4.2.1. Luego de hacer una breve referencia a la historia de la objeción de
conciencia,67
la intervención expone el sentido y alcance de este derecho en
64 Añade la intervención: “En la observación General No. 31 del Comité, este órgano recordó las
características de las medidas generales que deben adoptarse para garantizar los derechos del
PIDCP. Según el Comité, las medidas pueden ser de distinto carácter incluyendo las medidas
judiciales y cambios normativos, y deben además tomarse aquellas que hagan compatibles las
disposiciones el derecho interno con el derecho internacional. Asimismo, la obligación de tomar
medidas para cumplir el PIDCP es de carácter inmediato. Las medidas también pueden ser
ordenadas por el Comité a la luz de la revisión de un caso concreto para evitar que se repita la
violación.”
65 En la Observación General No. 31, el Comité de Derechos Humanos recordó la obligación de
cumplir de buena fe el tratado, diciendo: 3. El artículo 2 define el alcance de las obligaciones
jurídicas asumidas por los Estados Partes en el Pacto. A los Estados Partes se les impone una
obligación general de respetar los derechos del Pacto y de asegurar su aplicación a todos los
individuos de su territorio y sometidos a su jurisdicción (véanse los párrafos 9 y 10). En
cumplimiento del principio claramente especificado en el artículo 26 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, los Estados Partes están obligados a dar efecto a las
obligaciones prescritas en el Pacto de buena fe”.
66 Ver, p. ej., Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 de 2002, M.P.: Manuel José
Cepeda Espinosa; Sala Plena, Sentencia C-355 de 2006, MM. PP.: Jaime Araújo Rentería y Clara
Inés Vargas Hernández; Sala Plena, Sentencia 342 de 2006, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
67 Dice la intervención sobre el origen de esta institución: “La objeción de conciencia tiene raíces
fundamentalmente religiosas. En la historia del cristianismo, algunos sectores de la comunidad
cristiana han sido tradicionalmente pacifistas, y con el surgimiento de las sectas protestantes
después de la Reforma, aún más iglesias adoptaron posiciones y prácticas pacifistas. Durante el
siglo XIX, con la creciente adopción de prácticas formales de reclutamiento militar, miembros de
las iglesias tradicionalmente pacifistas, como los Testigos de Jehová y los Menonitas, recibieron
exenciones del servicio militar. Después de la segunda guerra mundial, otras iglesias tomaron
46

Expediente D-7685
países que mantienen servicio militar obligatorio.
Derecho establecido en países que mantienen el servicio militar
obligatorio
Alemania tiene uno de los sistemas más desarrollados en su
protección del derecho a la objeción de conciencia. El artículo 4 de
la Constitución de Alemania afirma que nadie puede ser forzado,
contra su conciencia, a cumplir el servicio militar con uso de
armas.68
Según la ley alemana, este derecho aplica tanto durante
tiempos de guerra como en tiempos de paz, y puede ser ejercido
antes, durante o después del servicio militar por conscriptos y
militares profesionales que tengan objeciones de conciencia
basadas en razones religiosas o no religiosas.69
La Oficina Central
del Servicio Civil es el organismo que evalúa las aplicaciones de
objetores de conciencia. Dinamarca tiene un sistema similar al
alemán, aunque está basado en su Ley de Servicio Nacional, la que
reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, en vez de
su Constitución70
. Alemania y Dinamarca forman parte de los países
europeos que todavía mantienen el servicio militar obligatorio,
entre los cuales todos reconocen el derecho a la objeción de
posiciones pacifistas, tales como sectas de las iglesias católicas, baptistas y metodistas. Durante el
tiempo, la objeción de conciencia evolucionaba de una exención informal al reclutamiento militar
para los miembros de iglesias pacifistas a un derecho formalmente reconocido al nivel internacional
y nacional no solamente para la comunidad religiosa, sino también para las personas con
convicciones éticas, políticas o humanitarias que les impidieran prestar el servicio militar. ||
Australia fue el primer país en reconocer legislativamente el derecho a objetar conciencia al servicio
militar, con su Ley de Defensa de 1903, en la cual establecieron una exención del servicio militar
para “los que puedan demostrar una objeción de conciencia al uso de armas”. Posteriormente, al
final de la primera guerra mundial, provisiones para proteger la objeción de conciencia habían sido
establecidas en el Reino Unido, los Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá. La incorporación del
derecho a la objeción de conciencia en la Constitución de Alemania en 1949 fue el primer caso de
una provisión constitucional que reconociera el derecho; varios países como Portugal, España,
Brasil, Paraguay y Ecuador también lo implementaron constitucionalmente entre los años setenta y
noventa, y los países que anteriormente formaron parte de la Unión Soviética en los años
posteriores a 1989. Algunos países europeos lo implementaron legislativamente durante los años
1963-1978, empezando con Francia y Luxemburgo en 1963 y continuando con Bélgica (1964),
Italia (1972) y España (1978). || Hoy en día, más de 50 países reconocen el derecho a la objeción
de conciencia. La gran mayoría de países que consagran el derecho a objetar conciencia al servicio
militar lo respetan por ley tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, aunque en algunos
casos el procedimiento de aplicación para ser un objetor de conciencia puede cambiarse
dependiendo del estado del conflicto. Siguiendo el derecho internacional, la mayoría de dichos
países también aceptan a objetores de conciencia quienes objetan el servicio militar por sus
convicciones religiosas y no religiosas. Entre estos países, varios han implementado el derecho a la
objeción de conciencia tanto para los conscriptos como para los militares profesionales que ya están
cumpliendo su servicio militar, mientras otros reconocen el derecho a la objeción de conciencia
únicamente para los conscriptos.”
68 Ley Básica para la República Federal de Alemania, 1949, artículo 4.
69 Gesetz über die Verweigerung des Kriegsdienstes mit der Waffe aus Gewissensgründen
(Kriegsdienstverweigerungsgesetz – KDVG) (Ley de Objeción de Conciencia), Alemania, artículo 1
y artículo 2, párr. 6.
70 Bekendtgørelse af værnepligtsloven, LBK nr 225 af 13/03/2006 Gældende (Ley de Servicio
Nacional de 2006), Dinamarca; Bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt
arbejde, LBK nr 226 af 13/03/2006 (Ley de Servicio Civil de 2006), Dinamarca.
47

conciencia71
.
Varios países latinoamericanos que mantienen el servicio militar
obligatorio también reconocen el derecho a la objeción de
conciencia. Brasil protege el derecho para los soldados
profesionales a través de su Decreto del Servicio Militar y su
Constitución, si el Comandante Regional de Servicio Militar afirma
que existe una objeción basada en razones religiosas o no
religiosas. El derecho a objetar conciencia es reconocido en Brasil
únicamente para los que ya hayan entrado al servicio militar72
.
En Paraguay y Ecuador también existen protecciones
constitucionales para los objetores de conciencia.73
En el caso de
Ecuador, después de que varias personas intentaron ejercer el
derecho constitucional a la objeción de conciencia sin éxito, en
2007 la Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional
la ley de servicio militar obligatorio, la cual contradecía la
provisión constitucional que protegía el derecho a la objeción de
conciencia.74
La sentencia de 2007 reconoció que “la libertad de
conciencia es un derecho fundamental, reconocido en todos los
ordenamientos jurídicos democráticos […] la libertad de
conciencia está reconocida en instrumentos internacionales, y por
tanto constituye un derecho fundamental, siendo la objeción de
conciencia, una de sus formas de ejercerlo”.75
Otros países con provisiones constitucionales que consagran el
derecho a la objeción de conciencia para los conscriptos militares
son Ucrania, Rusia, Serbia, Suiza y Polonia. Después de ganar su
independencia en 1991, Ucrania se quedó con el segundo número
más grande de fuerzas armadas en Europa, en su gran mayoría
conscriptos del servicio militar obligatorio. Su Constitución de
1996 estableció el derecho a objetar conciencia al servicio militar
en caso de que dicho servicio esté en contra de las creencias
religiosas de un conscripto76
. El derecho fue reglamentado a través
de la Ley de Servicio Civil Alternativo de 1999 y la Resolución
2066 de 1999, que incluye una lista de entidades religiosas a las
cuales los objetores de conciencia tienen que pertenecer para lograr
una decisión favorable en su aplicación.77
En Rusia, el artículo 59.3 de la Constitución de 1993 establece el
derecho a objetar conciencia para los ciudadanos “cuyas
convicciones y fe están en contra del servicio militar”, sean
religiosas o no religiosas, y el artículo 17.1 del mismo documento
71 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: Derechos humanos de los miembros de las
fuerzas armadas, Doc. 10861, 24 de marzo de 2006.
72 Constitución de Brasil de 1988, artículo 143, párr. 1.
73 Constitución de la República del Paraguay, artículos 37 y 129, 1992; Constitución Política del
Ecuador, artículo 188, 1998.
74 Nro. 0035-2006-TC, Corte Constitucional del Ecuador, 2007.
75 Nro. 0035-2006-TC, Corte Constitucional del Ecuador, 2007, sección octava.
76 Constitución de Ucrania de 1996, artículo 35.3.
77 Ley de Servicio Civil Alternativo de 1999, Ucrania, artículo 2.
48

Expediente D-7685
reconoce y garantiza los derechos consagrados en los principios y
normas del derecho internacional generalmente reconocidos.78
Serbia y Polonia tienen sistemas similares al ruso, con protecciones
constitucionales tanto para objetores religiosos como no
religiosos.79
Mientras el ejército suizo es en su mayoría compuesto de miembros
de la milicia, los reservistas forman un componente importante de
las fuerzas armadas, y son compuestas de conscriptos del servicio
militar obligatorio. La Constitución suiza protege el derecho a la
objeción de conciencia para dichos conscriptos por razones
religiosas y no religiosas, y el derecho está reglamentado por la Ley
de Servicio Civil.80
De los países con leyes o reglamentos que implementan el derecho
a la objeción de conciencia, Noruega presenta un caso interesante,
en el sentido de que acepta razones religiosas y no religiosas en las
aplicaciones de los objetores de conciencia, incluso una oposición
al uso de armas nucleares81
. En comparación con otros países
europeos, que en su mayoría aceptan la objeción de conciencia,
Noruega tiene una de las definiciones más amplias de cuál sería una
razón aceptable para presentar una objeción de conciencia al
servicio militar.
En Finlandia, el derecho a objetar conciencia, regulado por la Ley
de Servicio Civil de 2007, también aplica en tiempos de guerra y
paz, con aplicaciones dirigidas al Ministerio de Defensa82
. En caso
de estar en guerra, un panel especial compuesto por oficiales civiles
y un militar consideraría la aplicación. La política de defensa de
Suecia incluye el derecho a la objeción de conciencia para las
personas que tengan “una convicción personal suficientemente
seria sobre el uso de armas contra otra persona que sería
incongruente con un papel como combatiente”.83
Grecia tiene provisiones legales que también protegen el derecho a
objetar conciencia para los que presenten sus convicciones de
conciencia, sean religiosas o ideológicas84
. En Georgia, existen
protecciones para los objetores de conciencia, pero no hay
reglamentación sobre el derecho ni procedimientos que los
objetores podrían seguir.85
”
4.2.2. Posteriormente, la intervención hace referencia al establecimiento de
78 Constitución de la Federación Rusa, 1993, artículos 59.3 y 17.1.
79 Constitución de la República de Serbia, 2003, artículo 58; Reglamento sobre el Servicio Civil de
Serbia, 37/2003, 25 de agosto de 2003; Constitución de la República de Polonia, artículo 85, párr. 3;
80 Constitución Federal de la Confederación Suiza, 1999, artículo 59; Ley de Servicio Civil de
Suiza de 1999, artículo 1.
81 Ley sobre Exenciones del Servicio Militar por Razones de Convicción Personal, Noruega, 1965.
82 Ley de Servicio Civil de 2007, Finlandia.
83 Ley de Defensa de 1994, Suecia, capítulo 3, artículo 16.
84 Ley 3421/2005 de Grecia, 2005, artículo 59.
85 Ley de Servicio Alternativo de 1997, Georgia.
49

dicho derecho en países que no mantienen servicio militar obligatorio. Al
respecto señala,
“Existe un número significativo de países en los cuales el derecho a
la objeción de conciencia era o es exigible, pero que ya no
mantienen un sistema de servicio militar obligatorio y llenan sus
filas únicamente por voluntarios. En su gran mayoría, estos países
han mantenido el derecho a la objeción de conciencia en caso de
que se introduzca de nuevo el servicio militar obligatorio.
El derecho a la objeción de conciencia para los conscriptos está
consagrado en el artículo 30 de la Constitución española86
. Un
nuevo reglamento sobre la objeción de conciencia también fue
implementado en 1998, pero con la suspensión del servicio militar
obligatorio el reglamento de 1998 quedó nulo a favor de una ley
adoptada en 1999 sobre el derecho a la objeción de conciencia en
caso de llamar obligatoriamente a los reservistas militares87
.
En los Estados Unidos, si bien no se ha implementado el sistema de
servicio militar obligatorio desde los años setenta, existe el derecho
a objetar conciencia en caso de que sea introducido y en los casos
de militares profesionales; dicho derecho es consagrado en la Ley
del Servicio Militar Selectivo y la Directiva 1300.6 del
Departamento de Defensa88
. Las objeciones son aceptables si están
basadas en una fe religiosa y sincera y si la persona tiene una
objeción profunda a la guerra en cualquier forma.
No hay reclutamiento o servicio obligatorio en Canadá, pero el
derecho a la objeción de conciencia puede ser ejercido por un
militar que desarrolle una objeción religiosa o moral a la guerra en
general o al uso de armas como un requisito militar89
. Los Países
Bajos también mantienen el derecho aunque no hay reclutamiento y
el servicio es voluntario, y aceptan las objeciones basadas no
solamente en argumentos religiosos, sino también en otras
objeciones serias. El derecho a la objeción de conciencia en los
Países Bajos está consagrado en su Constitución90
.
El Reino Unido sólo ha tenido períodos cortos de reclutamiento y
servicio militar obligatorio, y sus últimos conscriptos para el
servicio obligatorio salieron del servicio en el año 1963. Todas las
leyes de reclutamiento habían incluido provisiones protegiendo el
derecho a la objeción de conciencia, lo que hoy en día tiene una
86 Constitución española de 1978, artículo 30.
87 Ley 22/1998, España, 6 de julio, reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación
Social Sustitutoria; Ley 17/1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, España, artículo
180.
88 Ley del Servicio Militar Selectivo, Estados Unidos, 50 App. U.S.C., sección 6(j); Directiva
1300.6 del Departamento de Defensa, Estados Unidos.
89 Comité Central Menonita, A Short History of Conscientious Objection in Canada,
http://mcc.org/canada/co/history.html; War Resisters International, Canada Country Report,
http://www.wri-irg.org/programmes/world_survey/country_report/en/Canada.
90 Constitución del Reino de los Países Bajos, 2002, artículo 99.
50

Expediente D-7685
práctica limitada dentro de las fuerzas militares británicas. Cada
una de las Fuerzas tiene un reglamento diferente sobre la objeción
de conciencia, lo que no ha sido público ni bien difundido dentro de
las Fuerzas mismas91
. Dada esta situación, han existido solamente
seis aplicaciones por objetores de conciencia, cinco de las cuales
fueron aceptadas.
Bajo la Ley de Defensa de Australia, el derecho a objetar
conciencia está reconocido durante tiempos de guerra y paz para los
que tengan creencias que incluyan una convicción fundamental
sobre lo que es moralmente correcto, que estén obligados a seguir
por mucho tiempo, o para los que tengan creencias de conciencia
que no les permitan participar en la guerra en general o en una
guerra en particular92
.
Mientras Italia, Francia, Argentina y Portugal reconocen el derecho
a objetar conciencia al servicio militar, la suspensión de
reclutamiento en dichos países ha dejado las provisiones
respectivas poco relevantes, y aplicables únicamente en caso de
reintroducirse el servicio militar obligatorio93
. Bélgica también
tenía provisiones protegiendo el derecho a objetar conciencia, las
cuales fueron revocadas después de la suspensión de su servicio
militar obligatorio.”
4.2.3. Finalmente, se muestran las fallas que han existido en la
implementación del derecho a la objeción de conciencia, tal y como han sido
reconocidas por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Al respecto se dice:
“La Resolución 1998/77 de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas destaca varias de las fallas sistemáticas que
existen dentro de los modelos legales creados a nivel nacional para
implementar el derecho a la objeción de conciencia94
. Uno de los
asuntos que subraya es el hecho de que los que ya están cumpliendo
su servicio militar pueden transformarse en objetores de conciencia
tanto como un conscripto que no ha cumplido su servicio, principio
que también fue destacado en las Resoluciones 1993/84 y
1995/8395
. Varios países listados anteriormente, mientras tienen
provisiones para proteger a conscriptos que son objetores, no han
creado medidas por las cuales las personas que cumplan su servicio
91 Instruction 006 – Retirement or Discharge on Grounds of Conscience for the Army, including the
Territorial Army, Reino Unido; AP3392 Vol 5. Leaflet 113, Procedure for Dealing with
Conscientious Objectors within the Royal Air Force for the Air Force; Personnel, Legal,
Administrative and General Orders 0801, Application for Discharge on Grounds of Conscientious
Objection for the Navy; War Resisters International UK, Human Rights and the Armed Forces.
92 Ley de Defensa de Australia, secciones 4(3), 61-62, 1992.
93 Ley sobre la Objeción de Conciencia de Italia, 230/1998, 1998; Ley sobre la Objeción de
Conciencia de Francia, 83/605, 1983; Ley 24.429 de Argentina, artículo 20, 1995; Ley 138/1999,
Portugal.
94 Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Resolución 1998/77, 22 de abril de 1998.
1993, y 1995/83 del 8 de marzo de 1995.
51

pudieran presentar una objeción de conciencia.96
La resolución también destaca la falta de organismos
independientes e imparciales en algunos sistemas nacionales para
evaluar los casos de los objetores de conciencia. En varios países
hay una falta completa de organismos dedicados al asunto, y en
otros existe dentro del organismo competente una falta de
imparcialidad o independencia de las fuerzas militares. También
subraya el problema en algunos países de la falta de provisión de
información sobre la posibilidad de objetar conciencia y los
procedimientos relacionados con todas las personas afectadas por el
servicio militar.97
La resolución reitera que, tanto en su legislación como en su
práctica, los Estados no deben discriminar entre objetores por la
naturaleza de sus convicciones. Entre los países que tienen sistemas
desarrollados de protección al derecho a la objeción de conciencia,
la manera más común de discriminar entre objetores a nivel
legislativo y práctico es la discriminación entre convicciones
religiosas y no religiosas (sean políticas, éticas, ideológicas o de
otra naturaleza).98
El no reconocimiento de la libertad de conciencia
de los objetores con convicciones no religiosas crea una percepción
de que la libertad de conciencia es negociable o selectivamente
aplicable, lo que causa efectos negativos tanto para los objetores
fundados en motivos religiosos como los no religiosos.99
”
4.3. La tercera parte de la intervención se ocupa del servicio alternativo que
tendrían el deber de presentar las personas que sean objetores de conciencia.
4.3.1. En primer término se refiere a las normas internacionales sobre el
servicio alternativo en los siguientes términos,
“El mismo marco normativo internacional que rige la
implementación del derecho a la objeción de conciencia también
establece que los Estados con servicio militar obligatorio pueden
ofrecer varias formas de servicio alternativo que serían compatibles
con las convicciones de los objetores de conciencia. La Resolución
1989/59 de la Comisión de Derechos Humanos subraya que dicho
servicio alternativo debe poseer un carácter civil y no de combate,
estar dirigido al interés público y ser de una naturaleza no punitiva,
declaraciones que fueron reiteradas en las Resoluciones 1993/84,
1995/83 y 1998/77, así como las resoluciones posteriores que las
98 El Comité de Derechos Humanos también ha pedido a Estados individuales que ajusten su
legislación y práctica a la ley sobre la no discriminación entre objetores. Por ejemplo, en 2001 el
Comité pidió al gobierno de Ucrania que “ampliara las razones para la objeción de conciencia en su
legislación para que apliquen, sin discriminación, a todas las creencias religiosas y otras
convicciones (. . .)”. Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Observaciones Finales sobre
Ucrania, CCPR/CO/73/UKR, octubre de 2001.
52

Expediente D-7685
afirmaron.100
La Observación General No. 22 del Comité de
Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos también reconoce la creciente práctica de los Estados de
ofrecer un servicio nacional alternativo para los que tienen
creencias que les prohíban cumplir el servicio militar.101
El servicio
alternativo, como expone la demanda de inconstitucionalidad,
‘permite, por un lado, respetar las ideas y convicciones de los
objetores, y, por el otro, satisfacer la obligación que tienen los
ciudadanos de contribuir con el bienestar y buen desarrollo de la
comunidad política’.102
En el caso Yeo-Bum Yoon y Myung-Jin Choi vs. Corea del 2007, el
Comité de Derechos Humanos observó, frente a la ausencia de
implementación de formas de servicio alternativo al servicio militar
obligatorio por parte de Corea, que ‘un número cada vez mayor de
los Estados Partes en el Pacto que han conservado el servicio
militar obligatorio han introducido alternativas al servicio militar
obligatorio y considera que el Estado Parte no ha demostrado qué
desventaja específica tendría para él que se respetaran plenamente
los derechos de los [objetores]’.103
En sus Observaciones Finales sobre Colombia de 2004, el Comité
de Derechos Humanos subrayó la falta de reconocimiento en
Colombia tanto de la objeción de conciencia como del servicio
alternativo. El Comité señaló que ‘[e]l Estado Parte debería
garantizar que los objetores de conciencia puedan optar por un
servicio alternativo cuya duración no tenga efectos punitivos (arts.
18 y 26)’.104
”
4.3.2. Posteriormente, luego de hace referencia al marco teórico del servicio
militar obligatorio alternativo, la intervención hace alusión a algunas versiones
del servicio alternativo que existen en otros países. Advierte la intervención
que un “[…] número sustancial y creciente de los países que aplican el
derecho a la objeción de conciencia a nivel nacional han implementado formas
de servicio alternativo al servicio militar para acomodar a las personas con
creencias que no les permitan prestar el servicio militar. La gran mayoría de
los programas de servicio alternativo consisten en la participación de objetores
en servicios sociales administrados por ministerios civiles a través de
organismos de la sociedad civil, lo que en muchos casos brinda un apoyo
1989; 1993/84 del 10 de marzo de 1993; 1995/83 del 8 de marzo de 1995; 1998/77 del 22 de abril
de 1998; 2000/34 del 20 de abril de 2000; 2002/45 del 23 de abril de 2002; 2004/35 del 19 de abril
de 2004.
101 Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Observación General No. 22 del 30 de julio
de 1993, párr. 11.
102 Demanda de inconstitucionalidad de la Ley 48, D-7685, pág. 32-33.
103 Yeo-Bum Yoon y Myung-Jin Choi vs. Corea, Comité de Derechos Humanos, 2007, párr 8.4. En
este caso, el Comité afirmó que la objeción de conciencia era una manifestación religiosa protegida
en el artículo 18 del Pacto, y que dicho artículo fue violado por Corea al no reconocer a dos
objetores de conciencia de la comunidad Testigos de Jehová.
104 Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Observaciones Finales sobre Colombia,
CCPR/CO/80/COL, 2004.
53

social fundamental que no existiría en la ausencia del servicio alternativo.” A
continuación se transcriben los ejemplos citados por la intervención,
“Alemania exige que todos los objetores de conciencia cumplan un
tiempo equivalente al del servicio militar obligatorio en su servicio
civil, el Zivildienst. Las cifras de los años noventa indicaron que el
61% de los participantes en el Zivildienst trabajan como enfermeros
y trabajadores sociales, el 12% como artesanos; el 9% en servicios
de ambulancia y rescate; y el 6% en servicios particulares para los
discapacitados105
. Después de probar que el objetor no
reemplazaría a un trabajador normal, la Oficina Central de Servicio
Civil alemán integra al objector a una organización social y paga un
porcentaje de su salario, lo que ofrece a la organización y a la
sociedad trabajo de calidad en servicios sociales a un precio bajo.
Sin el apoyo de los objetores de conciencia a través del servicio
alternativo, estas funciones sociales serían cumplidas
inadecuadamente106
.
El Ministerio de Justicia de Noruega administra al servicio
alternativo, que según su Ley sobre Exenciones del Servicio Militar
por Razones de Convicción Personal, “debe tener un carácter civil
y ser administrado por civiles. No debe tener ningún vínculo con
los establecimientos o actividades militares”107
. Los objetores
cumplen su servicio social tanto en organismos gubernamentales
como no gubernamentales, y un gran número de objetores prestan
servicios en un programa educativo sobre la prevención de
violencia en los colegios y escuelas108
. El gobierno de Noruega
provee un porcentaje del salario de los objetores, y como
recompensa las organizaciones que reciben trabajadores a través del
servicio alternativo pagan un monto simbólico diariamente al
Ministerio de Justicia, que el Ministerio destina a contribuir
directamente a UNICEF109
. Después de prestar su servicio
alternativo, los objetores tienen obligaciones de reservistas en las
Fuerzas de la Defensa Civil, que apoya a los civiles durante
tiempos de guerra.
El modelo ruso está administrado por el Ministerio de Trabajo, y
los objetores tienen la oportunidad de prestar su servicio
alternativo, que consiste en “trabajo civil fuera de las fuerzas
armadas”110
. Un reglamento emitido por el Ministerio rige el
servicio y los organismos que pueden recibir a los objetores de
105 Charles C. Moskos y John Whiteclay Chambers, The New Conscientious Objection: From
Sacred to Secular Resistance, 1993, Oxford University Press US, pág. 101.
106 Id.
107 Ley sobre Exenciones del Servicio Militar por Razones de Convicción Personal, Noruega,
1965, artículo 10.
108 Øyvind Trondsen, “Conscientious Objectors in Norway Do Their Compulsory Civil Service to
Prevent Violence and Conflicts Among Young People”, Higher Education for Peace Conference in
Tromsø, Norway, 2000; War Resisters International, Norway Country Report, http://www.wri-irg.
org/programmes/world_survey/country_report/en/Norway.
109 Id.
110 Ley de Servicio Alternativo Civil, Rusia, 2004, artículo 4.
54

Expediente D-7685
conciencia; la lista de organismos incluye más de 700 entidades
gubernamentales, tanto militares como civiles, tales como el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Recursos Naturales, el
Ministerio de Trabajo e instituciones de salud111
. La mayoría de los
objetores de conciencia prestan su servicio alternativo en
posiciones no combatientes dentro de los organismos militares
rusos.
Los objetores de conciencia en Polonia tienen la oportunidad de
prestar el servicio alternativo en sectores como trabajo social,
protección ambiental y salud; también hay posiciones dentro de
organizaciones no gubernamentales y organizaciones religiosas que
contribuyan al bienestar público112
. El modelo suizo es igualmente
amplio, y permite que el servicio alternativo sea cumplido en
cualquier organismo público o privado que contribuya al interés
público113
. Países como Finlandia, Italia, Grecia y Francia, entre
otros, también ofrecen el servicio alternativo civil a los objetores de
conciencia.114
Existe el servicio alternativo también en países latinoamericanos,
hasta en algunos países que no han establecido el derecho a la
objeción de conciencia. En Guatemala, por ejemplo, la Ley de
Servicio Cívico permite a los conscriptos prestar un servicio civil
en vez del servicio militar obligatorio, sin presentar una objeción de
conciencia115
. Ecuador y Paraguay reconocen tanto el servicio
alternativo como la objeción de conciencia en sus Constituciones, y
Argentina implementó el servicio alternativo en su Ley 24.429 de
1995.116
También existen modelos de servicio alternativo que han tenido
problemas de funcionamiento, corrupción y falta de organización
del trabajo alternativo suficiente para la cantidad de participantes.
Cuando el número de aplicaciones de objetores de conciencia bajó
en Suecia en 2005 y 2006, las instituciones encargadas de la
formación no militar de los objetores de conciencia tuvieron que
cerrar sus puertas debido a la falta de ingresos, lo que fracturó el
sistema de servicio alternativo en el país117
. Con la subida reciente
de aplicaciones en Serbia, el Ministerio encargado de las gestiones
con organizaciones sociales que recibirían a los objetores no firmó
los convenios suficientes para crear trabajo para todos los objetores
111 Reglamento No. 27, Ministerio de Trabajo, Rusia, 3 de marzo de 2004.
112 Departamento de Bienestar Público, Polonia, Servicio Alternativo en las Organizaciones de
Servicio al Público, 14 de julio de 2005.
113 Ley de Servicio Civil, Suiza, 1996.
114 Ley de Servicio Civil, Finlandia, 2007; Quinto Examen Periódico Universal, Italia, CCPR/
C/ITA/2004/5, párr. 67 y 68; Consejo de Europa, Comité Europeo sobre los Derechos Sociales,
Conclusiones XVIII-1 (Grecia); Comunicación No. 666/1995, Francia, CCPR/C/67/D/666/1995.
115 Ley No. 20/2003, 12 de mayo de 2003, Guatemala.
116 Constitución de la República de Paraguay, 1992; Constitución Política del Ecuador, 1998; Ley
24.429 de Argentina, 1995, artículo 20.
117 War Resisters International, Sweden Country Report, http://www.wri-irg.org/programmes/
world_survey/country_report/en/Sweden.
55

aceptados en el programa de servicio alternativo.118
En España, la única organización que empleaba a los objetores de
conciencia era la Cruz Roja, y especialmente en regiones con
números altos de objetores, había una lista de espera para las
posiciones dentro del servicio alternativo, llamado la Prestación
Social Sustitutoria119
. En Ucrania, mientras hay una lista amplia de
instituciones con las cuales se puede prestar el servicio alternativo,
la mayoría de objetores prestan su servicio en la construcción y
como barrenderos120
. Los participantes y las organizaciones de
derechos humanos también han reclamado que varios objetores de
conciencia en Ucrania sean empleados en la construcción y
remodelación de casas para funcionarios de las fuerzas armadas.121
Otros países, como Georgia, han incluido el servicio alternativo
dentro de su legislación relacionada con la objeción de conciencia,
pero no lo han reglamentado ni implementado en la práctica.122
Estos ejemplos destacan la importancia de una reglamentación
detallada y eficaz del servicio alternativo para que cumpla su
función social.
Mientras la mayoría de países que han implementado el servicio
alternativo han respetado el principio de que dicho servicio no debe
ser relacionado con el servicio militar, existen modelos que
permiten únicamente la prestación de servicio dentro de las fuerzas
armadas sin uso de armas, o que permiten ese tipo de servicio como
opción. En Brasil, no existe la oportunidad de prestar servicios
civiles fuera de las fuerzas armadas, y el servicio alternativo
consiste en tareas administrativas y protección civil dentro de las
fuerzas armadas, llamado el servicio alternativo militar.123
El
modelo ecuatoriano provee servicio no combativo dentro de las
unidades de desarrollo de las fuerzas armadas que trabajan en la
construcción de infraestructura civil124
. En Suiza y Rusia, es
posible solicitar una posición no armada dentro de las fuerzas
armadas, pero opciones de servicio social civil también existen para
los objetores de conciencia.125
”
4.3.3. Finalmente, la intervención de la Comisión Colombiana de Juristas
118 War Resisters International, Serbia Country Report, http://www.wri-irg.org/programmes/
world_survey/country_report/en/Serbia.
119 War Resisters International, Spain Country Report, http://www.wri-irg.org/programmes/
world_survey/country_report/en/Spain.
120 Inna Sukhorukova: Absence of a law does not free one from its execution, Prava Ludny
08/2002, Informative Bulletin of the Kharkiv Group for Human Rights Protection.
121 Departamento del Estado, Estados Unidos, Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos,
Ucrania, 2001, sección 6(c).
122 Ley de Servicio Alternativo de Georgia, 1998.
123 Ley No. 8.239, 1993, Brasil, artículo 3; Recruitment and Conscientious Objection: A Thematic
Global Survey, Conscience and Peace Tax International, Leuven, Belgium, 2006, pág. 109.
124 Jiménez, V. & J. 1998. Respuesta a un cuestionario de CONCODOC. SERPAJ, Quito,
Ecuador.
125 Ley Federal sobre el Servicio Civil, Suiza, 6 de octubre de 1995; Ley de Servicio Alternativo
Civil, Rusia, 2004.
56

Expediente D-7685
advierte al respecto que no puede discriminarse a las personas que optan por el
servicio alternativo frente a las que prestan el servicio militar. Este principio
de no discriminación es presentado en los siguientes términos,
“Las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos
pertinentes al servicio alternativo destacan que dicho servicio no
debe ser de naturaleza punitiva. El término “punitiva” aplica no
solamente al tipo y las condiciones de servicio, sino también a la
duración de dicho servicio. El Comité de Derechos Humanos, en el
caso de Foin v. Francia, aclaró que “toda diferenciación debe
basarse en criterios razonables y objetivos. A este respecto, el
Comité reconoce que la ley y la práctica pueden establecer
diferencias entre el servicio militar y el servicio nacional
sustitutorio, y que esas diferencias pueden, en casos particulares,
justificar un período de servicio más largo, si la diferenciación se
basa en criterios razonables y objetivos, como la naturaleza del
servicio en cuestión o la necesidad de una formación especial para
prestarlo”.126
En este caso, la justificación que el Estado parte daba
para establecer un doble período de servicio alternativo, comparado
con el período de servicio militar, era que la prestación de un
tiempo de servicio más largo era la única manera de comprobar que
las convicciones de los objetores de conciencia eran verdaderas. El
Comité dictaminó que dicha justificación no era un criterio
razonable ni objetivo, y que la duración extendida del servicio
alternativo era una forma de discriminación contra el objetor por
sus convicciones.127
En sus observaciones finales sobre varios Estados partes, el Comité
se ha pronunciado sobre el mismo tema, llamando a los Estados con
duraciones de servicio alternativo distintas a las del servicio militar
a cambiar sus reglamentos y prácticas discriminatorios para cumplir
con las exigencias de los artículos 18 y 26 del Pacto.128
4.4. La cuarta y última parte de la intervención tiene por objeto indicar que en
los países que reconocen formalmente el derecho de objeción de conciencia al
servicio militar, no disminuye la habilidad de las fuerzas militares de reclutar
y llenar sus filas efectivamente, tal como subraya la demanda de
inconstitucionalidad sobre el número bajo de reclutas que fueron objetores de
conciencia en la primera guerra mundial.129
Al respecto se sostiene lo
siguiente,
“[…] En Paraguay, el 25% de los conscriptos eran objetores de
126 Foin v. Francia, Comité de Derechos Humanos, 1999, CCPR/C/67/D/666/1995, párr. 10.3.
127 Foin v. Francia, Comité de Derechos Humanos, 1999, CCPR/C/67/D/666/1995, párr. 10.3.
128 Observaciones Finales sobre Georgia, Comité de Derechos Humanos, 2002,
CCPR/CO/74/GEO; Observaciones Finales sobre Kyrgyzstan, Comité de Derechos Humanos, 2000,
CCPR/CO/69/KGZ; Observaciones Finales sobre Rusia, Comité de Derechos Humanos, 2003,
CCPR/CO/79/RUS; Observaciones Finales sobre Ucrania, Comité de Derechos Humanos, 2001,
CCPR/CO/73/UKR.
129 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 48, D-7685, pág. 40, nota de
pie de página 68.
57

conciencia en el año 2000; aun así, las fuerzas armadas sólo tienen
la necesidad de pedir al 3.2% de sus posibles conscriptos que
presten el servicio militar.130
El 30% de los conscriptos de Serbia
fueron objetores de conciencia en 2004, pero el país alcanzó
fácilmente sus objetivos en cuanto a conscriptos sin llamar a todos
los conscriptos posibles.131
En Suiza, aproximadamente el 25% de
conscriptos son objetores de conciencia anualmente, y al igual que
Serbia, el gobierno suizo conforma sus milicias sin tener que pedir
que todos los conscriptos presten el servicio militar132
. Existen
situaciones similares en Argentina, Noruega, Francia, Suecia y
Dinamarca. En países como Alemania, con una tradición fuerte de
la objeción de conciencia, las aplicaciones de objetores pueden
llegar hasta el 50% de los conscriptos; aun así, esta situación no
disminuye a las fuerzas alemanas, dado que sus fuerzas armadas
dependen tan sólo del 25% del total de conscriptos.133
Aun en países con conflictos internos y externos, como los Estados
Unidos, Rusia, Georgia y Ucrania, el reconocimiento formal del
derecho a la objeción de conciencia no está contrapuesto a la
necesidad de reclutar. En Rusia en 2004, tan solo 1.445 conscriptos
aplicaron para ser objetores de conciencia, de los cuales el 85%
fueron aceptados como objetores. Los objetores aceptados fueron
menos del 1% de todos los conscriptos calificados, de los cuales el
48% fueron llamados a prestar servicio.134
En Georgia, el 20% de
los conscriptos calificados son llamados a prestar servicio, y el
número que aplicó para ser objetores de conciencia en 2002 no pasó
del 1% de los conscriptos calificados, o el 3,5% de los llamados a
servicio.135
Ucrania también recluta sólo el 22% de las personas
calificadas.136
Estados Unidos no ha implementado el reclutamiento formal por
más de tres décadas, pero permite la objeción de conciencia para
los alistados. Durante los años 2002-2006, tan sólo 425
aplicaciones fueron procesadas por las fuerzas armadas de los
130 Recruitment and Conscientious Objection: A Thematic Global Survey, Conscience and Peace
Tax International, Leuven, Belgium, 2006, pág. 44; Fernando Rojas, El Servicio Militar Obligatorio
en Paraguay: entre la contestación social y la inercia de las instituciones del Estado autoritario,
Center for Hemispheric Defense Studies Panel on Military Service, 2001.
Tax International, Leuven, Belgium, 2006, pág. 45; War Resisters International, Serbia Country
Report, http://www.wri-irg.org/programmes/world_survey/country_report/en/Serbia.
132 Quaker Council for European Affairs, The Right to Conscientious Objection in Europe: A
Review of the Current Situation, Country Report: Switzerland, 2005.
133 Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Kossendey, 9 de mayo de 2007:
Kriegsdienstverweigerung – Antragstellungen von Soldaten seit 2001 nach Statusgruppen und
insgesamt; Recruitment and Conscientious Objection: A Thematic Global Survey, Conscience and
Peace Tax International, Leuven, Belgium, 2006, pág. 45.
Review of the Current Situation, Country Report: Russia, 2005.
Review of the Current Situation, Country Report: Georgia, 2005.
Tax International, Leuven, Belgium, 2006, pág. 45.
58

Expediente D-7685
Estados Unidos, de las cuales el 53% fueron aceptadas. Esta
información sobre los objetores de conciencia fue publicada en un
informe elaborado por una agencia gubernamental de los Estados
Unidos, que titularon ‘El Número de Aplicaciones Formalmente
Registradas de Objetores de Conciencia es Pequeña Comparado
con los Números Totales en las Fuerzas Armadas’.137
Estas cifras demuestran que, tanto en países con conflictos externos
e internos como en países que no están en conflicto, el
reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia no limita la
conformación ni el funcionamiento de las fuerzas militares.”
4.5. Para la Comisión Colombiana de Juristas, los argumentos expuestos
demuestran que el derecho a la objeción de conciencia se encuentra
contemplado por el derecho a la libertad de conciencia consagrado en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia.
También demuestran que el derecho a la objeción de conciencia ha sido
reconocido en las decisiones relevantes de los órganos de monitoreo e
interpretación de dichas normas, así como en un número importante y
creciente de Estados. La amplia implementación del servicio alternativo en
otros países y las funciones sociales que cumple dicho servicio, así como el
reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia en países que están en
conflicto sin perjuicio de sus fuerzas militares, son, a su juicio, pruebas
empíricas de la compatibilidad del derecho a la objeción de conciencia y la
implementación del servicio alternativo con las finalidades y funciones
sociales del servicio militar obligatorio.
Por tanto, solicitan a la Corte que considere que se incurrió en una omisión
legislativa al no incluir la objeción de conciencia dentro del artículo 27 de la
ley 48 de 1993, norma que reglamenta el servicio de reclutamiento y
movilización, en lo concerniente a las exenciones en todo tiempo para prestar
el servicio militar obligatorio y que por tanto se declare que se violaron los
derechos constitucionales a la igualdad, a la libertad de conciencia y a la
libertad de cultos, y, consecuentemente, se declare la exequibilidad
condicionada, y subsidiariamente la inexequibilidad, del artículo 27 de la ley
48, tal y como los demandantes lo solicitan.
4.6. Varias organizaciones, instituciones y ciudadanos se adhirieron a la
intervención presentada por la Comisión Colombiana de Juristas.138
A
continuación se hace una relación de todos y todas.
4.6.1. La Comisión Internacional de Juristas, CIJ, a través de su representante
legal José J. Zeitune.139
137 United States Government Accountability Office, Report to Congressional Committees,
Military Personnel: Number of Formally Reported Applications for Conscientious Objectors is
Small Relative to the Total Size of the Armed Forces, GAO-07-1196, septiembre de 2007.
138 Además de los firmantes, DeJusticia, en su intervención, señala que apoya los argumentos
presentados por la Comisión Colombiana de Juristas, en especial, lo referente al análisis del derecho
a la objeción de conciencia en el ámbito internacional.
139 La CIJ es una organización no gubernamental dedicada a promover la comprensión y
59

4.6.2. La Asociación por los Derechos Civiles, ADC, a través de su Presidente,
Alejandro Carrió.140
4.6.3. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
(Centro Prodh), a través de su Director, Luis Arriaga Valenzuela.141
4.6.4. El American Friends Service Committee, AFSC, a través de su
representante Oskar Castro.142
4.6.5. El Servicio Paz y Justicia del Ecuador, Serpaj-Ecuador, a través de su
Presidente Gualdemar Stefan Jiménez Pontón.143
4.6.6. El grupo venezolano de Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, a través
de su representante Pablo Eugenio Fernández Blanco.
4.6.7. La Personería de Medellín, a través de su representante Jairo Herrán
Vargas.
4.6.8. La Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial
de Santander, a través de su Director, Orlando Pardo Martínez.
4.6.9. El Semillero de Jóvenes Investigadores en Jurisprudencia y Activismo
Constitucional adscrito a la Universidad de Santander UDES, a través de su
Coordinadora, Ana Patricia Pabón Mantilla.
4.6.10. La Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo,
MENCOLDES, a través de su representante Carol Martha Byler.144
4.6.11. El Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, a través de su
representante Mauricio García Durán, S.J.145
observancia del Imperio del Derecho y la protección de los derechos humanos mediante una recta
administración de la justicia en todo el mundo. Creada en 1952 y con sede central en Ginebra
(Suiza), la CIJ está integrada por 57 eminentes juristas, representativos de diferentes sistemas
jurídicos en el mundo, y cuenta asimismo con 90 seccionales nacionales y organizaciones afiliadas.
La CIJ goza de estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la
UNESCO, el Consejo de Europa y la Organización de la Unidad Africana y mantiene relaciones de
cooperación con órganos de la Organización de los Estados Americanos.
140 La ADC es una entidad sin fines de lucro, con domicilio en Buenos Aires, Argentina, cuyo
objetivo es la promoción de los derechos fundamentales de las personas en aquellas situaciones en
que éstos se vean amenazados, la defensa de los derechos básicos de las personas.
141 El Centro Prodh fue fundado en 1988 por la Compañía de Jesús en México, con el objetivo de
defender, promover e incidir en la vigencia y el respeto de los derechos humanos en México
mediante la defensa integral de casos paradigmáticos.
142 El AFSC es una manifestación práctica de los cuáqueros, comprometida con los principios de la
no violencia y la justicia, busca que su trabajo sea un testimonio del poder transformador del amor,
humano y divino.
143 Serpaj-Ecuador es una organización sin ánimo de lucro, creada en 1985 como parte de un
esfuerzo internacional para responder con una filosofía y estrategia de no violencia activa a la
situación generalizada de injusticia y violencia que viven nuestro países.
144 La fundación MENCOLDES es una institución de las iglesias anabutistas en Colombia, con 33
años de experiencia en la promoción del desarrollo social.
145 El CINEP es una organización sin ánimo de lucro creada por la Compañía de Jesús en 1972. Se
60

Expediente D-7685
4.6.12. El Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades
Negras en Colombia, PCN, a través de uno de sus miembros, Daniel Garcés
Carabalí.146
4.6.13. La organización Colombia Diversa, a través de su representante
Marcela Sánchez Buitrago.147
4.6.14. La Red Nacional de Mujeres, a través de su Secretaria Técnica, Beatriz
Elena Quintero García.
4.6.15. La Corporación Humanas –Centro Regional de Derechos Humanos y
Justicia de Género–, a través de su representante, Cecilia Barraza Morelle.148
4.6.16. La organización Corporación Mujeres Católicas por el Derecho a
Decidir, por medio de su representante, Sandra Patricia Mazo Cardona.149
4.6.17. La Corporación Sisma Mujer, a través de su representante, Claudia
María Mejía Duque.150
4.6.18. La organización Humanidad Vigente, a través de su representante,
Yenly Angélica Méndez Blanco.151
4.6.19. La Corporación AVRE, a través de su representante, Fabio Lozano
Velásquez.152
4.6.20. La Corporación Compromiso, a través de su representante Elizabeth
Martínez Pineda.153
4.6.21. La Asociación Líderes en Acción, a través de su representante, María
ha consolidado cono un centro de pensamiento que reflexiona sobre la realidad colombiana, una
organización de mediación en el conflicto social del país y una base de documentación que ayuda a
comprender las dimensiones de las problemáticas que aquejan a Colombia.
146 El PCN es un movimiento del pueblo negro en Colombia que trabaja en función del bienestar
de dicho colectivo y desde 1993 ha venido impulsando acciones a favor del pueblo afrocolombiano.
147 Colombia Diversa es una organización no gubernamental que trabaja a favor de los derechos de
lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (personas LGTB) en Colombia.
148 La Corporación Humanas es un centro de estudios y acción política feminista, cuya misión es la
promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario
y la justicia de género, en Colombia y Latinoamérica.
149 Católicas por el Derecho a Decidir, Colombia, es una organización no gubernamental dedicada
a promover los derechos de las mujeres.
150 Sisma Mujer es una organización feminista que trabaja por los derechos humanos de las
mujeres en Colombia a través de acciones de incidencia, investigación, formación, apoyo jurídico y
psicosocial.
151 Humanidad Vigente desarrolla un compromiso con la defensa y promoción de los derechos
humanos en Colombia, acompañando a comunidades y organizaciones sociales populares en sus
proyectos de vida y resistencia, en medio de contextos de aguda violencia social y política.
152 AVRE es una organización que cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de
procesos de atención psicosocial con una perspectiva en Derechos Humanos.
153 La Corporación Compromiso es una organización de desarrollo social y comunitario, que
promueve en la región del Nororiente colombiano la vigencia del Estado Social de Derecho hacia la
consolidación de la democracia como sistema de Gobierno y como forma de vida.
61

del Carmen Nieto.154
4.6.22. La Corporación de Apoyo a Comunidades Populares, CODACOP, a
través de Janneth Lozano Bustos.155
4.6.23. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, a través de
su representante, Alexandra Bermúdez Osorio.
4.6.24. También se adhirieron a la intervención de la Comisión Colombiana de
Juristas las siguientes personas: Ximena Sierra Camargo, Diana Lucía Gómez
Rodríguez, Germán Humberto Rincón Perfetti, Francisco Zarur Latorre,
Ricardo Alonso Toro Patiño, Alberto Cáceres Pineda, Natalia Fajardo Chávez,
Viviana Tacha Gutiérrez, Astrid Orjuela Ruiz y Ana María Díaz.
5. Intervención de la profesora Diana Durán Smela para presentar el
concepto de los profesores Marina Gascón Abellán y Luis Fernando
Prieto Sanchis
5.1. La profesora de derecho y ciudadana colombiana Diana Durán Smela
participó en el proceso de la referencia con el objeto de presentar el amicus
curiae preparado por los profesores Marina Gascón Abellán y Luis Fernando
Prieto Sanchis, catedráticos de Filosofía del Derecho de la Universidad de
Castilla La Mancha (Campus Albacete y Toledo), en apoyo a la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia. La posición de los profesores españoles
presentada por la ciudadana colombiana se resume en los siguientes términos.
“La objeción de conciencia es un corolario de la libertad de
conciencia y en consecuencia puede considerarse implícitamente
reconocida en aquellos sistemas político-constitucionales en los que
resulta reconocida ésta. Lo que ello significa es que existe en estos
sistemas un ‘derecho general’ desobedecer por motivos de
conciencia, y por consiguiente que para poder objetar en conciencia
el cumplimiento de un determinado deber no es necesario que
exista un reconocimiento legal explícito de esa modalidad de
objeción. Ello no supone, desde luego, que uno tenga derecho a
desobedecer (o a objetar) cualquier deber jurídico alegando su
libertad de conciencia; pero sí supone que existe una justificación
‘prima facie’ –o sea, dependiente de una evaluación final– de tal
derecho, que estará sometido a los mismos límites que se establecen
para el resto de los derechos y libertades protegidos por el
ordenamiento.
La objeción revela siempre un conflicto entre la conciencia y la ley
o el deber y por eso cabe decir que no es sino la misma libertad de
154 La Asociación de Líderes en Acción es una organización no gubernamental que tiene por objeto
la justicia social y el desarrollo personal.
155 CODACOP es una ONG que acompaña procesos de comunidades y organizaciones urbano
populares, campesinas e indígenas orientadas a fortalecer la organización y los procesos de gestión
de mujeres y hombres en la construcción de nuevas formas de ordenamiento territorial y de
relaciones entre los géneros.
62

Expediente D-7685
conciencia en situaciones de conflicto. En consecuencia, el
tratamiento jurídico de la objeción de conciencia en el Estado
Constitucional de Derecho reclama el mismo tipo de razonamiento
que procede para abordar el problema de los límites al ejercicio de
los derechos fundamentales: esto es, el juicio de ponderación o de
proporcionalidad que ha sido elaborado y depurado por la doctrina
y la jurisprudencia de todos los países democráticos que presumen
de una protección efectiva de los derecho individuales. Tener un
derecho general a la objeción equivale entonces a tener un derecho
a la ponderación, o sea, un derecho a que el conflicto sea tratado
mediante una argumentación racional.
Por su propia naturaleza argumentativa, el juicio de ponderación es
una tarea esencialmente judicial que opera directamente a partir de
la Constitución. Para ponderar derechos y límites, tares
indispensable para brindar a su vez efectiva protección a uno y
otros, la existencia de leyes puede ser conveniente, pero no
imprescindible. La fuerza constitucional de los derechos
fundamentales y, en particular, de la libertad de conciencia permite
y aún exige que los jueces, garantes naturales de las libertades,
asuman esa tarea argumentativa para transformar derechos y
límites, que son razones ‘prima facie’, en derechos y límites
definitivos. El triunfo del derecho o del deber es así el fruto de una
argumentación racional, y no de una decisión o falta de decisión
legislativa; es por tanto la mejor expresión del imperio del derecho
sobre el poder, de los derechos fundamentales sobre la política, de
la razón sobre la voluntad.”
5.2. Luego de dar argumentos detallados para sostener su tesis, los profesores
concluyen lo siguiente,
“Un ordenamiento constitucional que, como el colombiano,
proclama que nadie será obligado a actuar contra su conciencia
(art.18) cuenta con una valiosa herramienta normativa para tutelar
una concepción vigorosa de los derechos fundamentales como la
aquí sostenida. Diferir la decisión al legislador y negar la
protección mientras esa decisión no se produzca equivale a burlar
una de las exigencias más definitorias del constitucionalismo
contemporáneo y regresar a un modelo legalista superado en las
democracias avanzadas. Que nadie puede ser obligado a actuar
contra su conciencia, precisamente porque goza de libertad de
conciencia, supone hacer del derecho general a la objeción de
conciencia un auténtico derecho fundamental. No, desde luego,
para que cada individuo se comporte según su capricho, sino para
que los jueces y tribunales aborden el problema del mismo modo
que abordan cualquier limitación de los derechos fundamentales,
esto es, a través del juicio de ponderación o proporcionalidad. Y
ello incluso en ausencia de concretas prescripciones legales.”
5.3. El Profesor Titular de derecho constitucional de la Universidad de Alcalá
(Madrid, España), Guillermo Escobar roca, y Carlos Villán Durán, en su
63

calidad de Presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, remitieron comunicaciones dirigidas a la Corte
Constitucional, para adherirse a los argumentos presentados por los profesores
Marina Gascón Abellán y Luis Fernando Prieto Sanchis.
6. Intervención del profesor Manuel Alejandro Iturralde Sánchez para
presentar el concepto de los profesores Diana Arteaga y Andoni González-
Rúa
6.1. El profesor de derecho y ciudadano colombiano Manuel Alejandro
Iturralde Sánchez participó en el proceso de la referencia con el objeto de
presentar el amicus curiae preparado por los profesores Diana Arteaga y
Andoni González-Rúa, miembros del Consultorio de Inmigración y Derechos
Humanos, Carlos A Costa, de la Facultad de la Universidad Internacional de la
Florida. Los profesores presentan su concepto con el fin de “(…) promover
una decisión que sostenga la libertad de conciencia protege y garantiza los
derechos de los objetores de conciencia del servicio militar obligatorio en
Colombia, y que este derecho ha sido reconocido por muchos países de
derecho civil y anglosajón y que, en vista de estos hechos, el artículo 27 de la
Ley 48 de 1993 es inconstitucional.”
6.2. Luego de hacer una exposición de la situación de los objetores de
conciencia al servicio militar obligatorio en los Estados Unidos, y mostrar que
estas prácticas coinciden con países como Brasil, Paraguay, Australia y
Suráfrica, concluye la intervención,
“Los varios tribunales que se han mencionado en este escrito han
reconocido la objeción de conciencia en cuanto a la conscripción.
Aunque estos tribunales y órganos representan distintas culturas y
sistemas judiciales, todos reconocen la objeción de conciencia
cuando se trata de la conscripción. Todos incorporan una vista
progresiva y creciente hacia los objetores de conciencia que esta
Corte debe emular.”
6.3. El escrito presentado por los dos profesores fue apoyado, a su vez, por el
Profesor Troy E. Elder, perteneciente a la misma institución.
7. Intervención de Alba Milena Romero, respaldada por la Internacional
de Resistentes a la Guerra (War Resister’s International); Conscience and
Peace Tax International y Quaker United Nations Office.
La ciudadana colombiana Alba Milena Romero participó en el proceso de la
referencia para apoyar la solicitud de la demanda de la referencia. En la
intervención se analiza la jurisprudencia constitucional y las normas
internacionales en términos similares a como fueron presentadas tanto por la
demanda, como por la intervención de la Comisión Colombiana de Juristas. El
escrito, que hace especial énfasis en las dificultades de la implementación y
protección de este derecho en la práctica es respaldado por la Internacional de
Resistentes a la Guerra (War Resister’s International); Conscience and Peace
64

Expediente D-7685
Tax International y Quaker United Nations Office.
8. Intervención de la Iglesia Menonita
Peter Wood Stucky, en su calidad de representante de la Iglesia Menonita de
Colombia, participó dentro del proceso de la referencia para apoyar la
demanda de inconstitucionalidad.156
La intervención presenta tres argumentos
“Primero, se muestra que hay una larga línea histórica de rehusar a
alistarse a toda expresión armada desde una convicción religiosa y
de fe, argumento no reconocido por la legislación colombiana.
El segundo argumento se basa en la existencia de tradiciones y
expresiones eclesiales cristianas en Colombia cuya formación para
la vida y la práctica de su religión, es decir de su fe, incluyen
explícitamente la noviolencia y el uso de las armas, y que como tal,
exigirle a un ciudadano vincularse a una institución armada sería
contravenir su libertad religiosa y de culto y de conciencia
religiosa.
Como tercero, se argumenta que la exención a la prestación del
servicio militar es consecuente con el respeto al derecho
fundamental a la libertad religiosa y de cultos. En conclusión,
reconocer la libertad de conciencia y la libertad religiosa y de
cultos, lejos de debilitar la institucionalidad del país, fortalece los
pilares étnicos y morales que son fundamentos para un país en paz
y bien común.”
Trescientas cuarenta y dos (342) personas más, participaron en el proceso de
la referencia para apoyar la demanda de inconstitucionalidad e intervenciones
ciudadanas.157
9. Intervención de Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de
Conciencia, ACOOC
Maricely Parada Abril, en su calidad de representante legal de la ACOOC,
participó en el proceso de la referencia para apoyar la demanda de
inconstitucionalidad. La intervención se divide en tres partes. La primera de
ellas se dedica a indicar cuáles son los argumentos invocados por los objetores
de conciencia, la segunda a presentar el tipo de acompañamiento que la
organización les brinda a los objetores y la tercera, a señalar algunos de los
logros en casos específicos.
156 De acuerdo con la intervención: ‘[La] Iglesia Cristiana Menonita de Colombia es una iglesia
histórica de paz y a través de sus iglesias locales y sus organizaciones viene promoviendo la no
violencia, la transformación de conflictos y la construcción de la paz. En Colombia hace presencia
desde hace más de 60 años.’
157 Al respecto, ver folios 285 a 306 del expediente, cuaderno único.
65

9.1. Con relación a las razones que suelen darse para no prestar el servicio
militar, la Corte señala lo siguiente,
“[…] los objetores de conciencia nos negamos a hacer parte del
servicio militar obligatorio por cuanto éste representa una clara
afrenta a las convicciones más íntimas que, desde la no violencia,
hemos cimentado como práctica de vida; defendemos el respeto por
la diferencia, el cuidado por el otro, la sensibilidad, las relaciones
horizontales y solidarias, la escucha y la resolución pacífica de los
conflictos; todos aquellos elementos que si bien nos imposibilitan
para hacer parte de una estructura militar, bajo ninguna
circunstancia ponen en duda nuestro interés y convicción por un
trabajo que desde nuestra particular postura, aporte a la
construcción de una sociedad diferente que logre afrontar la
realidad de un país en guerra, ya agotado de la confrontación
armada entre colombianos y colombianas, que tras casi seis
décadas, no da visos de una solución contundente y sostenible.”
Advierte la intervención que en el caso del conflicto colombiano muchos
jóvenes fundan su objeción de conciencia en vivencias violentas propias, que
han tenido que sufrir en el marco del conflicto armado que vive el país. Se
dice al respecto lo siguiente,
“La experiencia traumática relacionada con el conflicto armado,
acarrea en muchos jóvenes un directo rechazo a participar o
vincularse en alguno de los ejércitos. Este es el caso de jóvenes en
situación de desplazamiento, quienes por razones de conciencia, o
lectura críticas de su contexto, rehúsan ser reclutados por grupos
armados no estatales; negativa que frecuentemente deriva en su
desplazamiento forzado, pues los convierte en víctimas de amenaza
y persecución.
Lo paradójico de esto, radica en que […] al llegar a las ciudades se
ven nuevamente enfrentados a la problemática del reclutamiento,
esta vez, por parte del Ejército Nacional, y deben continuar
haciendo frente a este riesgo inminente desde sus razones de
conciencia, que no son exclusivas de uno de los ejércitos, más sí,
extensivas a cualquier grupo armado que dinamice y multiplique el
conflicto.
Sin embargo, no es una condición necesaria haber sido víctima del
reclutamiento por parte de actores armados al margen de la ley para
que un joven colombiano decida no ser parte de los ejércitos
existentes en Colombia, pues experiencias traumáticas como la
presencia de hechos violentos, el homicidio de familiares o
personas cercanas, la explotación laboral relacionada con el
narcotráfico o incluso la convivencia en lugares de alto riesgo del
conflicto generan aversiones y posturas radicalmente contrarias a
las sustentadas por la solución del conflicto mediante la vía armada.
66

Expediente D-7685
Otros jóvenes que por ejemplo, se rehúsan al reclutamiento por
parte del Ejército Nacional mediante el servicio militar obligatorio,
son aquellos que han sido de manera directa o indirecta víctimas de
crímenes de Estado, lo cual motiva una profunda imposibilidad
ética, moral e incluso psicológica, para ser parte de las fuerzas
militares autoras de la agresión.”
9.2. La segunda parte de la intervención hace una breve reseña de la historia
de la estrategia de acompañamiento a los jóvenes objetores de conciencia. Al
respecto se hace referencia a los tipos de acompañamientos que se dan, a
saber, el jurídico-político, el componente comunicativo (dar a conocer a la
opinión pública) y el psicosocial.
9.3. Por último, la intervención se refiere a los resultados concretos que se han
logrado en el acompañamiento a los objetores de conciencia. Luego de señalar
que la cuestión más que un asunto individual, es la posición de varios grupos
de jóvenes pacifistas, en forma colectiva, se sostiene lo siguiente,
“Cabe señalar que aunque existe cientos de jóvenes declarados
como objetores de conciencia, existe otra importante cuota de éstos,
que sin declaratoria de objeción, están asimilados bajo la figura de
remisos. Según estadísticas, en Colombia hay más de 229 mil
jóvenes en esta condición, en su mayoría de estratos 1, 2 y 3, de los
cuales, un amplio porcentaje son personas que realizaron en su
momento, el ejercicio consciente de no participar en el servicio
militar obligatorio, aún contemplando las repercusiones negativas
que tal decisión les acarrearía.
[…]
A pesar de no haber un reconocimiento de la objeción de
conciencia, se ha podido evitar el reclutamiento de algunos jóvenes
objetores a través de largos procesos de acompañamiento y presión
política desde organizaciones nacionales e internacionales ante el
Estado colombiano y las fuerzas militares, además de contar con la
intermediación del Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones
Unidas ante casos concretos de reclutamiento de objetores de
conciencia. Esto nos ha permitido la consolidación de un proceso
de acompañamiento político a favor de los jóvenes que se rehúsan a
la prestación del servicio militar obligatorio por razones de
conciencia.
Las respuestas de las fuerzas militares frente a la presión nacional e
internacional por casos de objetores declarados ha viajado en dos
direcciones: frente a casos de jóvenes en jornadas de reclutamiento,
la actitud ha sido dejarlos en condición de remisos como si no
hubieran asistido a dicha jornadas; evidentemente el objetor queda
relegado de cualquier posibilidad de acceso al derecho a la
educación o al trabajo, esto es, queda reducido a cierto estado de
67

muerte civil. La otra situación es con respecto a casos de objetores
reclutados, en este caso la posición de las fuerzas militares ha sido
la de retener y obligar el cumplimiento del servicio militar,
violando el derecho del objetor de conciencia a no querer
permanecer reclutado.
En aquellos casos en los que ha habido acompañamiento jurídico,
político o psicosocial, nacional e internacional a objetores de
conciencia reclutados en batallones y que esto ha derivado en una
fuerte presión política hacia las fuerzas militares, éstas, después de
semanas o meses, acuden a mecanismos irregulares como declarar a
los objetores de conciencia con algún tipo de discapacidad física o
inadaptabilidad psicológica, para desacuartelarlos o simplemente
registran la salida del objetor como mandato expreso de un
superior, pero no respetan ni validan en ningún caso el argumento
de conciencia para no hacer parte del servicio militar obligatorio.”
10. Intervención de estudiantes de antropología de la Universidad
Javeriana y de algunos objetores de conciencia
Denise Ganitzky, Catalina Martínez Sarmiento, Ingrid Díaz y Juan Pablo Vera
Lugo, en calidad ciudadanos y de estudiante de antropología de la Universidad
Javeriana, y Estefanía Gómez Vásquez, Julián Andrés Ovalle Fierro y Álvaro
Alfonso Peña, en calidad de ciudadanos y de objetores de conciencia,
intervinieron en el proceso de la referencia para apoyar la demanda de la
referencia.
“Queremos que a partir de estas [tres] historias de vida la
Honorable Corte tenga más elementos de juicio para comprender de
qué modo aquellas personas que se niegan a portar un arma o a
hacer parte de una institución castrense, son castigadas por el
Estado, restringiendo la posibilidad de obtener una carrera
universitaria, un trabajo y no poder desplazarse libremente por el
territorio nacional. Queremos mostrar a la Corte, que la
irracionalidad que fundamenta esta vieja práctica, consiste en que
mientras la sociedad se encuentra en medio de un conflicto armado,
los ciudadanos que por razones ideológicas y/o morales se niega a
usar las armas, son castigadas por el Estado, el cual obliga a los
jóvenes a armarse y hacer parte de la guerra. Y también es
irracional, como lo muestran las políticas públicas en seguridad y
en educación, que el Estado interviene más en el fomento de la
guerra que en el fomento de la paz. […]
Las historias de vida que siguen a continuación corresponden a tres
jóvenes, dos hombres y una mujer, que por razones diversas, han
declarado su objeción de conciencia a la obligatoriedad del servicio
militar obligatorio. […]”
10.1. La historia de vida de Alvaro Alfonso Peña, joven que nació en Bogotá
en 1985, narra varios hechos de su vida en los que se vio enfrentado a abusos
68

Expediente D-7685
de autoridad por parte de miembros de la fuerza pública y señala cuáles eran
los horizontes de posibilidades que a juicio del propio Alvaro Alfonso, él tenía
en su vida. Al respecto relata la historia de vida lo siguiente,
“[…] recuerdo que llego en un momento en mi vida en el que sentía
que no estaba haciendo mucho por mi vida ya que no tenía un
empleo. Abandoné mis estudios y esto generaba tensiones en mi
familia ya que el dinero no abunda en casa, pero las deudas sí, algo
ya normal en muchas familias del país, así que las posibilidades que
se me presentaban no eran muchas porque encontrar trabajo sin
tener una libreta militar que certifique que ya le regalaste dos años
de tu vida al ejército o que pagaste para que no te llevaran.
Así que la única ‘oportunidad’ que se nos presenta a muchos
jóvenes de los sectores populares es integrarse al Ejército Nacional
de Colombia, el ejército vende el prestar servicio militar como una
oportunidad laboral, social y una forma de adquirir oportunidades
en nuestras vidas, y cómo no, si sin libreta no den trabajo, ni puedes
graduarte de tu carrera. […]
[…] esta era la única opción que se me presentaba, una opción que
no quería tomar, sin embargo la ley me obliga a prestar servicio
militar, sin tener en cuenta qué pienso, creo o qué quiero hacer con
mi vida.”
Con relación a su situación actual, indica lo siguiente,
“Actualmente mi definición de situación militar se ha venido
alargando porque el ejército me ha declarado remiso o infractor de
la ley de reclutamiento, dado que supuestamente no me presenté el
día, hora y lugar indicado por ellos a mi incorporación, dejando
evidente una irregularidad ya que yo me presenté, inclusive les hice
saber al mayor encargado de la jornada de reclutamiento del 12 de
febrero mi posición como objetor de conciencia, a lo que éste
respondió diciendo que yo estaba mal asesorado pero que me
aplazaba, sin embargo, yo le contesté que si yo estaba mal
asesorado lo invitaba a hablar con mi abogada, a lo cual respondió
con una evasiva diciendo que la hora de atender abogados era hasta
las 12 del medio día; lo curioso fue que no entró ni uno, ni siquiera
para abogar por los pelados que estaban reclutando irregularmente,
como jóvenes con problemas físicos, que estaban estudiando, entre
otros casos que vi cuando estuve horas y horas esperando que el
mayor me atendiera, porque ya lo había intentado antes y me
dijeron que tenía que esperar.
Es importante contar que ya se han enviado documentos que
certifican que yo sí me presenté el 12 de febrero a la jornada de
reclutamiento, como por ejemplo, fotocopia del libro donde me
hicieron firmar los militares, que cuando aparecí como infractor de
la ley dijo el sargento, que yo había firmado en el libro de los que
no asistieron.
69

Sin embargo, sigo adelante siendo un objetor de conciencia que
quiere construir una cultura no violenta en su país como estrategia
para la disminución del contexto de militarización que se vive en
Colombia.”
10.2. La historia de vida de Julián Ovalle, un joven que nació en 1982 relata
cómo fue su experiencia de incorporación al ejército. Luego de hacer mención
a los exámenes de aptitud que previamente a la incorporación se realizan,
indica lo siguiente,
“[…] Siempre en todos los exámenes del ejército fui apto, por esa
razón con una interna intranquilidad llegué al día de reclutamiento
al Batallón Guardia Presidencial. Allí me hicieron unos exámenes
más, me cambie de innumerables filas con la esperanza de evitar
cualquier resolución y me senté en el coliseo desde la mañana hasta
la noche. Finalmente logré firmar un libro en donde firman aquellos
que bien han decidido llamar ‘sobrantes’. Ese día nos dieron un
lugar, fecha y hora para ir adelante con los trámites, con más filas y
vanas explicaciones. Nunca asistí.
Aplazaba el trámite porque ir a pedir y pagar un recibo de cuota de
compensación militar era asumir una deuda muy alta por una
institución que yo no reconocería como cercana, además implicaba
sumar dinero a los cientos de miles de millones de pesos que se
gastan en balas y bombas. El pago de la libreta implica una
compensación por no poner mi cuerpo al servicio de la
arbitrariedad y la muerte. Sobre todo, el pago de la libreta
implicaba la imposibilidad de pagar una próxima matrícula
universitaria. Por todo ello, aplacé indefinidamente el trámite con el
propósito de pensar el proceso de ingreso a la universidad, lo cual
era más relevante para lo que veía en mi vida.
Para todos los requisitos de inscripción de la universidad volvió a
aparecer la libreta militar. […] la universidad me la exigía y yo no
la tenía. Manos a la cabeza y juego de creatividad: hacer la evasión
al requisito, buscar la trampa, aplazar la cuestión. La encargada de
la recepción de documentos sonrió incrédula al decirle que este
documento está en trámite: ‘cuando lo tenga tráigalo, eso sí antes
del grado porque es un requisito’.”
Al relatar los acontecimientos que en su vida lo llevaron a tener una objeción
radical a la prestación del servicio militar obligatorio, señala,
“[…] vivimos con mi familia las consecuencias de la desfasada
lucha antisubversiva del ejército colombiano; en el año 2000 mi
padre recibió cinco balas de las que hemos pagado los colombianos
para nuestra seguridad. Por fortuna esas balas, que debían segar la
vida de algún guerrillero lo hicieron sin gravedad un día que se
dirigía a su casa después de un día de trabajo en el municipio de
Albán, Cundinamarca. Algún joven asustado y armado que estaba
70

Expediente D-7685
esa noche en la carretera Panamericana por la obligatoriedad de
participar en la guerra, o por un sueño de servicio a la patria, o
como es muy frecuente, por una falta estructural de oportunidades
educativas y laborales, disparó por error en defensa de su vida. Esos
disparos desencadenaron la balacera que dejó 68 impactos de bala
en la camioneta de mi padre, tal como lo arrojó la investigación de
la justicia penal militar. Hoy día, no sé qué haya pasado con ese
joven que disparó inicialmente, tampoco sé que haya ocurrido con
el soldado que hizo unos malintencionados cortes en las piernas de
mi padre sin tratar la hemorragia; tampoco sé que haya pasado con
el soldado que entorpecía la comunicación con los refuerzos
sanitarios del ejército, tampoco sé qué pasó con los mandos de ese
fallido operativo. Lo que sí sé es que esta experiencia me atravesó
el cuerpo y la mirada dirigida al mundo.
[…]
Me surgió entonces la necesidad de no hacer parte de ese círculo,
no colaborar con la legitimidad de la muerte en defensa por la vida.
[…].”
Posteriormente, menciona categóricamente su posición, en los siguientes
términos,
“Este recorrido de los últimos años y reflexión sobre el conflicto
colombiano me ha llevado a declarar lo siguiente: Yo, Julián Andrés
Ovalle Fierro, declaro mi imposibilidad ética y política para hacer
parte de cualquier ejército.
Resulta indignante pues, la respuesta que me dio la Defensoría del
Pueblo de Colombia a un derecho de petición […] en donde
reclamaba la protección de mis derechos como ciudadano objetor
de conciencia. Esta decía: ‘el servicio militar es una forma de
responsabilidad social que mantiene la conexidad de la sociedad
civil con el Estado, al permitir que los miembros de aquella roten
por el poder público armado que éste ejerce. Es una apertura
ciudadana antes que una limitación de la libertad.’
Reclamar la protección de mis derechos se hizo necesario ya que
los objetores tenemos obstáculos para el ejercicio de derechos
fundamentales tales como la libre movilidad por el territorio
nacional, el trabajo formal y la educación. En mi caso, llevo años
viajando con la zozobra que da la incertidumbre de no tener libreta
en los retenes militares que protegen las carreteras del país.
También he tenido conflictos familiares a partir de lo
incomprensible que resulta ver cómo se obstaculiza mi devenir
profesional al no poder graduarme como profesional, lo cual ha
implicado una inversión relevante de energía tiempo y dinero. Al
cumplir mi plan de estudio de la universidad y comenzar a buscar
mi ejercicio profesional, (pero sin título), vi como mi primer
empleo se vio imposibilitado, no por incompetente en el mercado
71

de mi profesión, sino por haber decidido no pagar la compensación
militar, porque no se me respeta la posibilidad de disentir del
modelo de la violencia. […]
Me declaro imposibilitado para hacer parte de un grupo con el cual
no me identifico por tratarse de un cuerpo armado que ejerce la
violencia como medio para conseguir la seguridad; estoy
imposibilitado porque desde mi cuerpo de creencias, digo que la
violencia genera inevitablemente más violencia. Como ciudadano
reconozco la importancia de dar un aporte para la construcción de
la sociedad, ya que como dice Bernardo Toro: ‘el orden social en el
que vivimos fue construido por personas –nuestros padres y
abuelos– continúa siendo construido por nosotros mantenido por
todos’. ”
10.3. La última historia de vida pertenece a Estefanía Gómez Vásquez, una
joven que se define a sí misma como objetora de conciencia, luego de una
experiencia de ausencia familiar, de un primo que se fue a prestar servicio
militar. Sobre su posición ella dice,
“[…] ahora, siendo objetora de conciencia y siendo la encargada de
realizar el acompañamiento psicosocial a los jóvenes reclutados
irregularmente y en riesgo de reclutamiento, asisto a jornadas de
concentración, registro y acompaño cientos de casos donde los
jóvenes son reclutados sin conocer sus derechos como exentos o
aplazados; por ser hijos únicos, padres de familia, desplazados,
estudiantes, o tener alguna inhabilidad física, sensorial o mental de
cualquier tipo, son reclutados silenciosamente y entonces viene a
mi mente la imagen de todas la mujeres; madres, esposas y abuelas,
que nos acompañan en estas jornadas que esperan pacientemente un
día entero para regresar a ellos con sus hogares, […]”
Estefanía dice que se convirtió en objetora de conciencia en los siguientes
términos,
“[…] tuve la oportunidad de mostrar una obra de danza en un
evento que para el 2005 los objetores de conciencia organizaron, un
festival por la objeción de conciencia, donde después de bailar me
invitaban a dirigirme al público y tal vez justificar por qué en
medio de punk, hardcore y rap, la danza contemporánea era válida
como forma de resistencia a la guerra, a lo obligatorio sin espacio a
cuestionamiento y allí enuncié por primera vez, sin saber muy bien
a dónde me dirigía todo esto, de manera más bien visceral, que mi
cuerpo era el reflejo de lo que decidía vivir, que mi cuerpo no sería
objeto, ni objetivo militar, que prestar mi cuerpo para hacer daño o
para ser mutilado no era una opción, que mi cuerpo sería el espacio
primero de la resistencia, de la pregunta. […]”
10.4. La intervención se acompaña de un estudio final en el que se comenta
brevemente el desarrollo reciente de la objeción de conciencia en Colombia,
72

Expediente D-7685
se presenta la objeción de conciencia como principio fundamental de la
libertad del ser humano y todo ciudadano. Frente a la primera cuestión señala
“La dinámica del conflicto armado en Colombia ha implicado la
vinculación de jóvenes a los diferentes actores armados; ilegales y
legales, ya sea bajo la figura de un reclutamiento forzado o un
servicio militar obligatorio. Y es bajo este contexto, que surge
desde diferentes sectores sociales, eclesiales, juveniles y
estudiantiles, un espacio organizativo llamado Colectivo por la
Objeción de Conciencia, con una particular preocupación por la
vinculación de los jóvenes a la guerra y la militarización cultural
que la justifica, proponiéndose alternativas desde la no violencia y
la objeción de conciencia, como un ejercicio legítimo que parte del
rehusarse a participar en cualquiera de los ejércitos implicados en el
conflicto, incluyendo, la prestación del servicio militar obligatorio.
Esta visión no es nueva y tiene varios antecedentes. Uno de los
primeros antecedentes que en Colombia hacen alusión a la objeción
de conciencia, se presentó en 1924, cuando durante el ‘Primer
Congreso Obrero’, una dirigente del sindicato obrero de La Dorada,
Carlota Rúa, reclamó un pronunciamiento frente al hecho de que le
servicio militar fuera obligatorio para los jóvenes obreros y
campesinos. Años más tarde, durante la guerra con Perú, un grupo
de mujeres objetó públicamente que sus esposos e hijos fueran
reclutados para combatir con un pueblo hermano.
A finales del siglo XX, la objeción de conciencia al servicio militar
obligatorio empieza a adquirir relevancia en el plano político y de
la opinión del país, cuando en el año 1988 se consolidan las
primeras iniciativas de acción a favor de la objeción de conciencia
impulsadas desde diversos sectores intelectuales, políticos, sociales
y eclesiales, que buscaban posicionar en el país, un debate público
conducente a la visibilización de la problemática de los objetores
de conciencia en el marco de la obligatoriedad del servicio militar
en Colombia.
En esta misma época toma fuerza en varias regiones del país, el
Movimiento por la Objeción de Conciencia y la no violencia, que
realiza marchas, ruedas de prensa y movilizaciones en los colegios,
centros universitarios, que concluye con un plebiscito de 6000,
radicado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional Constituyente,
para que el tema fuese incluido en las mesas de trabajo.
En la Carta Política quedó reconocida la libertad de conciencia
como derecho inalienable, pero no la objeción de conciencia. Sin
embargo, los promotores del plebiscito contemplaron que el
derecho a rehusarse a ser parte del ejército nacional sería respetado,
como consecuencia lógica de la garantía de la libertad de
conciencia.
En el 1993 se firma la Ley 48, por la cual se reglamenta el servicio
73

de reclutamiento y movilización, ni la libertad de conciencia ni la
objeción de conciencia fueron contempladas como causal de
exención para jóvenes colombianos que por razones de conciencia
se negaran a la prestación de un servicio militar obligatorio.
Durante los años 1993 y 1995, con el respaldo legal derivado del
derecho a la libertad de conciencia, se presentan ante la Corte
Constitucional las primeras acciones de tutela que buscaban un
reconocimiento positivo de la objeción de conciencia al servicio
militar obligatorio. […]
En 1994, el joven Luis Gabriel Caldas León fue encarcelado
cuando ante la Dirección Nacional de Reclutamiento se declara
como objetor de conciencia, manifestando su negativa a la
prestación del servicio militar por razones pacifistas y no violentas.
Por este acto, el Tribunal Superior Militar lo acusaría por deserción,
y le impondría una pena por siete meses de cárcel. Durante su
encarcelamiento fue acompañado por Amnistía Internacional y
apoyado por distintas organizaciones de Derechos Humanos en el
mundo.
En 1994 y 1995, luego de un proceso de sensibilización, los
estudiantes del Colegio Marco Fidel Suárez, de la ciudad de
Medellín, deciden realizar una declaración masiva como objetores
de conciencia y presentar una acción de tutela fuese reconocido. A
lo largo de este proceso, muere un joven en una protesta mientras
reclamaba su derecho a la no prestación del servicio militar, quien
buscaba que el Estado diera una respuesta positiva a la acción de
tutela. A partir de ese momento, los jóvenes de este colegio no
fueron reclutados por un período de cinco años.
Desde el año 1998, empiezan a emerger varios grupos de objetores
de conciencia a nivel nacional, distintos a los ya existentes en
Bogotá y Medellín. Este surgimiento conduce a la necesidad de
tener articulaciones que empiezan a concretarse en los años 2002 a
2004 bajo el desarrollo de la campaña Juventudes desde la no
violencia activa, resistiendo a la guerra, en la que participaron más
de diez procesos organizativos del orden nacional. Este fue uno de
los primeros pasos hacia la conformación de un espacio de
articulación más concreto y permanente alrededor de grupos locales
de objetores de conciencia, que en septiembre del 2005 se instituye
en la Asamblea Nacional de Objetores y Objetoras de conciencia.
Es a través de este espacio de carácter nacional que se trazan las
rutas de acompañamiento a objetores de conciencia frente al
reclutamiento y de incidencia ante autoridades locales (nacionales e
internacionales).
Este esfuerzo a nivel nacional se ha visto fortalecido por la
realización de diversos encuentros internacionales. En el año 2003
se desarrolla en Medellín, un encuentro de la Internacional de
Resistentes a la Guerra, contando con la participación de delegados
74

Expediente D-7685
de 15 países de América Latina, Estado Unidos, Europa y Asia. En
julio de 2006 en la ciudad de Bogotá, se realiza el encuentro
internacional de la solidaridad por la objeción de conciencia en
Colombia, con la presencia de delegados internacionales
provenientes de diferentes movimientos, antimilitaristas y no
violentos, obteniendo como resultado la construcción y
consolidación de una red internacional de apoyo al proceso de
objeción de conciencia en Colombia.”
En la segunda parte de este estudio final que contempla la intervención se
ocupa de la noción de objeción de conciencia como derecho humano
fundamental y de las consecuencias que implica para la persona y para sus
familias y entorno social. Con relación a este aspecto, se señala que:
“[…] en el ámbito de las consecuencias sociales, la objeción de
conciencia que debería practicarse libremente, no lo es, por las
repercusiones materiales que recaen sobre la persona que objeta.
Aquel que se rehúsa a prestar servicio militar se enfrenta a dos
posibilidades: comprar la libreta militar (que constituye el más de
los casos y que tiene una clara relación con las oportunidades
económicas, en tanto esta práctica es común a las clases medias y
altas e incentivada por las mismas instituciones del Estado, a través
de la común pero no reconocida práctica de la corrupción), o no
hacerlo. Sobre lo primero, comprar la libreta militar es una práctica
ilegal arraigada en la sociedad colombiana, que no se limita a la
cuota de compensación militar. Es además una posibilidad mediada
por una cuestión económica y de clase social. Se evidencia cómo
una práctica que regula los cuerpos de sus ciudadanos en relación a
este deber, que en últimas, recae sobre los sectores menos
privilegiados de la sociedad, quienes no tienen ninguna alternativa
respecto del servicio militar. Como es bien conocido, la mayoría de
las víctimas del conflicto armado en Colombia, son las personas
pertenecientes a los sectores menos privilegiados de la sociedad
quienes no pueden ejercer, en ningún caso, sus derechos de
ciudadanía. En este sentido, la cuota de compensación militar, pues
viola el principio de igualdad de oportunidades y de alternativas
para prestarle un servicio, acorde con las creencias de las personas,
a la sociedad.
En caso de que el joven objetor decida no comprarla –por
convicción ético-política o por una imposibilidad económica– éste
se encuentra con varias vulneraciones y negaciones de sus
derechos. Se ve imposibilitado para trabajar en el marco de la
legalidad, acceder a la educación superior y/o recibir un título
profesional e incluso o tener libre movilidad por el país, en las
carreteras y en las calles de su misma ciudad. Bajo este marco
¿hasta qué punto es el Estado el dueño de los cuerpos, de sus usos y
relaciones?”
Esta intervención recibió el respaldo de 74 personas que respaldaron con su
75

firma los argumentos y razones presentadas por los tres jóvenes objetores de
conciencia.
11. Intervención del Centro de Derechos Humanos y Litigio Internacional,
CEDHUL
Alexandra Fonnegra Castro y Viviana Bohórquez Monsalve, en su calidad de
ciudadanas y representantes de CEDHUL intervinieron en el proceso de la
referencia para apoyar la demanda de la referencia. La primera parte de ésta se
ocupa de aspectos de derecho internacional y de derecho comparado sobre el
derecho a la objeción de conciencia en el servicio militar. Concretamente,
hace referencia al Sistema Internacional, al Sistema Europeo y a experiencias
en otros países (Croacia, Estados Unidos y España). La segunda parte se
ocupa de sustentar por qué sí se verifica en el presente caso una omisión
legislativa relativa.
V. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación participó en el proceso de la referencia,
mediante el concepto N° 4787, para solicitar a la Corte Constitucional que
declare exequible el artículo 27 de las Ley 48 de 1993, por la cual se
reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, “[…] bajo el
entendido que los objetores de conciencia, también se encuentren exentos de
prestar el servicio militar en Colombia, siempre y cuando tal obligación sea
compensada con otras alternativas de regulación legal.”
1. A manera de aclaración previa, el Procurador señala que como lo señala la
demanda, no existe cosa juzgada con relación a los cargos presentados. Dice al
respecto el concepto,
“[…] para el Ministerio Público no existe cosa juzgada
constitucional frente al artículo 27 de la Ley 48 de 1993, por lo que
el examen de constitucionalidad resulta procedente. En efecto,
aunque la Corte analizó la constitucionalidad del artículo
mencionado en Sentencia C-58 de 1994, en esa ocasión sólo
decidió sobre la constitucionalidad del literal b) de la disposición
legal. Igualmente, luego de revisar cada uno de las normas
demandadas de la Ley 48 de 1993, se puede concluir entonces, que
ninguno regula de manera parecida lo dispuesto en el artículo 27
que versa sobre las exenciones en todo el tiempo a la prestación del
servicio militar obligatorio.”
En primer lugar, el concepto analiza la existencia del derecho fundamental a la
objeción de conciencia en el derecho colombiano y, posteriormente, los
fundamentos que permiten aceptar la existencia de una omisión legislativa
relativa que debe ser objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional frente a las exenciones de prestar el servicio militar en todo
tiempo.
76

Expediente D-7685
2. Luego de mencionar la jurisprudencia constitucional sobre objeción de
conciencia, el Procurador advierte que en el presente caso existe una omisión
legislativa relativa. A su juicio, (a) existe una norma constitucional expresa
que establece el deber jurídico de desarrollar la objeción de conciencia, (b) el
legislador ha regulado la materia de un modo parcial, sin que resulte razonable
la omisión de la falta de regulación restante, y (c) la conducta omisiva
establece una diferencia de trato injustificada, en contra de los colombianos
objetores de conciencia.
3. El concepto señala que existen razones suficientes para que se cambie la
jurisprudencia constitucional en materia de objeción de conciencia. Dice al
respecto,
“En opinión del Ministerio Público y para el caso sujeto a examen,
procede el cambio de jurisprudencia alrededor de la figura de la
objeción de conciencia en el servicio militar. Alrededor del cambio
de jurisprudencia, constituye un referente común el precedente
contenido en la Sentencia C-400 de 1998, luego retomado en la
Sentencia SU-047 de 1999, según el cual, los tribunales pueden
apartarse de su propio precedente cuando consideren necesario
hacerlo (puede tratarse de un error doctrinario anterior; de un
cambio significativo en los hechos sociales, que imponga la
modificación de la regla jurisprudencial; o del decaimiento de la
doctrina constitucional hasta entonces vigente) o cuando la
necesidad así lo imponga, requiriéndose para el efecto, la
satisfacción de una adecuada carga de argumentación. […]
En el presente caso debe ser hecha la corrección doctrinal
respectiva, imponiéndose la revisión de la tesis según la cual en el
sistema colombiano no tiene cabida la objeción de conciencia, bajo
el equivocado argumento de que dicha figura fue excluida del
ordenamiento constitucional colombiano, por no haber sido
positivizada en forma expresa por el Constituyente, en lo que
constituye una afirmación no sólo desafortunada, sino
inconsistente, en la medida en que ha sido la propia jurisprudencia
de la Corte Constitucional colombiana la que ha señalado la
proposición contenida en la ya referida Sentencia C-511 de 1994.
En este sentido, procede la corrección jurisprudencial y la
aceptación de la objeción de conciencia como una de las causales
de exención de la prestación del servicio militar obligatorio”
Las razones para ello son que la objeción de conciencia es un derecho
reconocido no sólo por la aplicación directa del artículo 18 de la Constitución,
sino por la doctrina integradora de la Corte Constitucional.
4. A manera de consideraciones finales y conclusiones, el concepto señala lo
siguiente,
“Desde el art. 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del
Estado: 1) servir a la comunidad; 2) promover la prosperidad general
77

y 3) garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución. De aquí se desprende que la actividad
de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en sus
creencias se hace indispensable.
En este contexto, se necesita identificar servicios alternativos para los
objetores de conciencia, acordes con las normas internacionales,158
en
donde el Comité de Derechos Humanos ha recomendado a los Estados
que incluyan dentro de sus ordenamientos jurídicos diversas formas de
servicio alternativo para los objetores de conciencia, que tengan
carácter civil y no combativo, que redunde en el interés público y que
no sea punitivo, con el fin de allanar el camino para la construcción de
la paz y que se logre en un ambiente democrático.
Así, desde esta perspectiva, Colombia necesita con urgencia continuar
con las iniciativas de paz siempre y cuando se constituyan de manera
estricta con la Constitución y a los criterios que se consignan en los
tratados internacionales que en materia de derechos humanos se han
ratificado.
Por lo tanto, se requiere que el ciudadano objetor de conciencia para
prestar el servicio militar pueda ser protegido en su libertad de
conciencia, exencionándolo de prestar el servicio militar, ante la
imperiosa necesidad del respeto a la dignidad humana y a la búsqueda
de la paz, que de acuerdo con el artículo 22 de la Carta es un derecho
y un deber de obligatorio cumplimiento. […] De lo contrario, la
obligación de la prestación del servicio militar obligatorio en contra de
la convicción individual afecta los derechos fundamentales que deben
ser protegidos por el Estado, entre los cuales se encuentran el derecho
al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana.
Para el Ministerio Público, la objeción de conciencia es un derecho
reconocido no sólo por la aplicación directa del artículo 18 de la
Constitución, sino por la doctrina integradora de la Corte
Constitucional y se constituye en una medida adecuada y necesaria
para alcanzar la protección constitucional que garantiza a las personas
que tienen convicciones en contra de las actividades militares la
posibilidad de actuar conforme a su conciencia y, por ende, actuar de
manera coherente con sus más profundas convicciones. Por el
contrario, si mediante la imposibilidad legal las personas se ven
conminadas a realizar actos en contravía de sus convicciones que
desatiende las particulares condiciones de un grupo determinado de
personas, se ve vulnerado su derecho (objetores de conciencia).
Así lo considero el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera en la sentencia del 25 de febrero de
2009159
, Magistrada Dra. Myriam Guerrero de Escobar, en el que
advierte que los soldados que prestan el servicio militar en calidad de
conscriptos, es decir, aquellos que son reclutados de manera
158 Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Resolución 77 de 1998.
159 Radicación 18001233100019950574301 (15793).
78

Expediente D-7685
obligatoria, soldados regulares, bachilleres campesinos, etc., no
pueden ser expuestos al fuego enemigo, señalando que deben ser
entrenados para desarrollar actividades de bienestar social y tareas
destinadas a la preservación del medio ambiente y la conservación
ecológica. Por ello, el servicio alternativo con funciones sociales del
servicio militar obligatorio es una solución que se hace compatible
con la obligación de prestar el servicio al Estado y a la comunidad sin
menoscabar las libertades individuales. […]”
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la
Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y
decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad contra
normas de rango legal, como las acusadas.
2. Problema jurídico
Le corresponde a la Corte resolver, si el legislador, al establecer en el artículo
27 de la Ley 48 de 1993 dos hipótesis en las que se está exento de prestar el
servicio militar en todo tiempo, incurrió en una omisión legislativa relativa
contraria a la igualdad (art. 13 C.P.), la libertad de conciencia (art. 18 C.P.) y a
la libertad de cultos (art. 19 C.P.), por no incluir a los objetores de conciencia.
De manera preliminar, antes de abordar el problema jurídico propuesto, la
Corte indicará las razones por las cuales no existe cosa juzgada en este caso,
hará un recuento sobre la jurisprudencia constitucional en torno a la omisión
legislativa y presentará unas consideraciones generales en torno a la objeción
de conciencia al servicio militar.
3. Inexistencia de cosa juzgada constitucional, con relación a la
cuestión planteada por la demanda160
La Corte Constitucional nunca ha estudiado una demanda contra la totalidad
del texto del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, ni por las razones expuestas en
la demanda, ni por otras diferentes.
3.1. En efecto, la única ocasión en la que la Corte Constitucional se ha
pronunciado sobre el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, lo hizo parcialmente,
sobre el literal b, que exime de la prestación del servicio militar a los
miembros de comunidades indígenas que habiten en sus territorios y
conserven su identidad cultural, social y económica en la sentencia C-058 de
1994, en la que se resolvió declararlo constitucional.161
La Corte consideró que
160 Este acápite de la Sentencia corresponde en lo esencial, salvo ajustes menores, al texto de la
ponencia originalmente presentada por la Magistrada María Victoria Calle Correa.
161 Corte Constitucional, sentencia C-058 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero, SV Eduardo
79

era constitucionalmente razonable que el legislador eximiera a los miembros
de las comunidades indígenas de la prestación del servicio militar obligatorio,
por el impacto que ese daño causaría en ellos y en su comunidad, y que no
eximiera a aquellos indígenas que ya no formaran parte de dicha comunidad.
Recientemente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido y defendido
esta figura legislativa que ha sido reconocida y defendida en calidad de
excepción etnocultural, propia de un estado social de derecho pluralista y
respetuoso de la diversidad.162
3.2. Las otras sentencias de constitucionalidad mencionadas por los
demandantes y los intervinientes, en las que se ha hecho referencia a la
objeción de conciencia, tampoco impiden a la Corte pronunciarse de fondo en
el presente caso. Bien porque no estudian la disposición que en este proceso se
demanda por las razones expuestas –por ejemplo, las sentencias C-511 de
1994 y C-740 de 2001–, o bien porque se trata de sentencias de tutela en las
que, obviamente, no se estudió la constitucionalidad de norma alguna –por
ejemplo, la T-409 de 1992–. Concretamente, en la Sentencia C-511 de 1994
se hizo referencia al derecho de objeción de conciencia, pero no se abordó la
cuestión planteada por la presente demanda; la norma demandada en el
presente proceso no fue objeto de análisis constitucional en aquella sentencia,
porque su constitucionalidad no fue cuestionada en esa oportunidad.163
En la
Sentencia C-740 de 2001, la Corte Constitucional también hizo alusión a la
objeción de conciencia, pero se dedicó a estudiar normas legales diferentes a
la demandada en el presente proceso; de hecho, en aquel caso ni siquiera se
pronunció sobre la Ley 48 de 1993.164
3.3. Ahora bien, en gracia de discusión podría alegarse que la Sentencia C-511
de 1994 resolvió la cuestión planteada por la demanda y que, en consecuencia,
sí existe cosa juzgada constitucional al respecto, en razón a la manera en que
uno de los argumentos fue planteado en aquella ocasión. En efecto de acuerdo
con el resumen de la demanda hecho por la sentencia, uno de los cargos se
dirigió en contra de toda la Ley 48 de 1993, precisamente por haber omitido la
regulación de la objeción de conciencia. Expresamente se dijo,
“III. LAS DEMANDAS
Cifuentes Muñoz). En este caso se resolvió, entre otras cosas, declarar exequible el artículo 27
(parcial) de la Ley 48 de 1993.
162 En la sentencia T-113 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez) se decidió, entre otras cosas,
que “existe una excepción etnocultural para el servicio militar obligatorio de indígenas ‘en todo
tiempo’, tanto (i) para prestar el servicio, como (ii) para tener que pagar la cuota de compensación,
a ‘los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad, cultural, social y
económica’ (Ley 48 de 1993, art. 27, lit. b).”
163 Corte Constitucional, sentencia C-511 de 1994 (MP Fabio Morón Díaz; SV Eduardo Cifuentes
Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero). En esta oportunidad, la Corte se
pronunció acerca de dos acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 4° (parcial), 9°
(parcial), 10°, 11, 13 (parcial), 14, 36, 37, 41 (parcial), 42, 49 (parcial), 55 (parcial) y 57 de la Ley
48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización.
164 Corte Constitucional, sentencia C-740 de 2001 (MP Alvaro Tafur Galvis, SPV Jaime Araujo
Rentería, SV Eduardo Montealegre Lynett, Manuel José Cepeda Espinosa). En esta oportunidad la
se estudió la constitucionalidad de los artículos 117, 255 a 258 e inciso final del artículo 579 de la
Ley 522 de 1999 -Código Penal Militar-.
80

Expediente D-7685
1. El accionante ALMANZA y GONGORA considera que los preceptos
señalados en su demanda violan los artículos 1o., 2o., 13, 15, 18, 22, 45, 95,
216, 217 y 218 de la Constitución Política, por las razones siguientes:
- Que las violaciones son por interpretación errónea y por omisión.
[…]
- Que el artículo 57 demandado es contrario a la Constitución, al
suponer la obligación de prestar el servicio militar.
- Que la ley omitió los mandatos superiores sobre la prevalencia del
interés general (artículo 1o. C.N.), la protección de la vida, honra y bienes
de los ciudadanos (2o. C.N.), el principio de la igualdad (art. 13 C.N.), el
principio de la intimidad (art. 15 C.N.), la libertad de conciencia (art. 18
C.N.), el derecho a la paz (art. 22 C.N.), la protección y formación integral
del adolescente (art. 45 C.N.).
- Que el artículo 95 de la Carta al disponer en su numeral 3o. sobre
deberes ciudadanos, estos se "circunscriben a apoyar", o sea a respaldar, a
estar al lado, a prestarles colaboración. De este texto se concluye que la
obligación primaria reposa en cabeza de las autoridades.”165
3.4. En tal sentido podría decirse, en gracia de discusión, que el cargo
presentado por la demanda de la referencia, ya había sido conocido, por
cuanto toda la ley, esto es, todos y cada uno de sus artículos, incluyendo el 27,
ya habrían sido declarados exequibles con relación al cargo de haber omitido
el deber de contemplar la objeción de conciencia. Suponiendo que tal fuera el
cargo,166
en todo caso es preciso concluir que no se estableció una cosa juzgada
constitucional en este caso. Por una parte, porque al considerar la cuestión, el
análisis hecho por la sentencia se circunscribió a los artículos que se están
analizando y, por otra, porque nunca se resolvió declarar exequible la totalidad
de la ley, en relación con dicho cargo. La parte resolutiva de la sentencia se
circunscribió a las normas específicas analizadas, no a la ley en general, como
se muestra a continuación:
“Primero. Declarar exequibles los artículos 4o. (parcial), 9o., 10, 11
(parcial), 13, 14, 42 literal a), 49 (parcial), 55 (parcial) y 57 de la Ley 48 de
1993.
Segundo.- Estese a lo resuelto en la sentencia No. C-406 de septiembre 15
de 1994, sobre los artículos 36 y 37, 41 literal h) de la Ley 48 de 1993.
Tercero.- En relación con los menores de más de 15 años y menores de 18
años se cumplirán las normas de protección consagradas en la Convención
Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).
166 Nótese que en el resumen de la demanda hecho por la sentencia no se advierte que se emplee el
concepto de objeción de conciencia.
81

sobre los Derechos del Niño de 1989, adoptada en la resolución 44/25 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por Colombia (Ley
12 de 1991).
Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y archívese el expediente.”167
Por tanto, para la Sala es claro que no existe ningún pronunciamiento en sede
de constitucionalidad que se haya ocupado por completo del artículo 27 de la
Ley 48 de 1993, por las razones que es acusado en el presente proceso o por
otras. A continuación, entonces, pasa la Sala Plena de la Corte a estudiar de
fondo la demanda de la referencia.
4. La omisión legislativa
Al tratar el tema de la omisión legislativa, la Corte Constitucional, en
jurisprudencia ampliamente reiterada, ha señalado que, por la vía de la acción
pública de inconstitucionalidad, cabe ejercer el control sobre las denominadas
omisiones legislativas relativas, pero ha rechazado la posibilidad del control
de constitucionalidad sobre las omisiones legislativas absolutas.
4.1. Una omisión legislativa es relativa, según la jurisprudencia, “(…)
cuando se vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad
específica (…) (que) se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica
de un elemento que, por razones lógicas o jurídicas –específicamente por
razones constitucionales-, debería estar incluido en el sistema normativo de
que se trata, de modo que su ausencia constituye una imperfección del
régimen que lo hace inequitativo, inoperante o ineficiente.”168
4.1.1. Así, para que se presente una omisión legislativa contraria a la
Constitución, la Corte, en una primera etapa, puntualizó que era necesario que
se diesen los siguientes supuestos: “a) que exista una norma sobre la cual se
predica; b) que una omisión en tal norma excluya de sus consecuencias
aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su
presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva
y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión
produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no
están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión
implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador.”169
Como se puede apreciar, la jurisprudencia sobe la omisión legislativa relativa
giró inicialmente alrededor del principio de igualdad, a partir de la
Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero)
168 Cfr. Sentencia C- 041 de 2001, MP Marco Gerardo Monroy Cabra, criterio reiterado en la sentencia C-
528 de 2003 del mismo Despacho, así como en la sentencia C- 1009 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
169 Sentencia C-427/00 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, En el mismo sentido ver la sentencia C-809/02 M.P.
Eduardo Montealegre Lynnett.
82

Expediente D-7685
consideración según la cual el presupuesto básico de dicha omisión consiste
en que el legislador regula una materia, pero lo hace de manera parcial porque
no cobija a todos aquellos supuestos que, por ser análogos a los regulados,
deberían quedar incluidos en la regulación. Sin embargo, la Corte, desde una
perspectiva más amplia, ha señalado que la omisión legislativa, de manera
genérica, también ocurre cuando se deja de regular algún supuesto que, en
atención a los contenidos superiores del ordenamiento, tendría que formar
parte de la disciplina legal de una determinada materia, aún cuando de ello no
se desprenda un problema de igualdad.170
Así, por ejemplo, la jurisprudencia se
ha referido a omisiones relativas que se configuran respecto “(…) del derecho
de defensa, como elemento esencial del debido proceso, por cuanto la ley
existe pero no cubre todos los supuestos que debería abarcar’ y su actuación
sería ‘imperfecta o incompleta’.”171
Más adelante la Corte puntualizó que dentro de la configuración
jurisprudencial del control de constitucionalidad sobre las omisiones
legislativas las referencias a los derechos a la igualdad y al debido proceso,
permiten ilustrar situaciones en las cuales las mismas se presentan con relativa
frecuencia, sin que de ello se desprenda una restricción al ámbito de
aplicación de la figura.172
Dijo entonces la Corte, de manera general, que se presenta una omisión
legislativa relativa cuando “(…) el legislador al regular o construir una
institución omite una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la
Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella”.173
De este
modo, ya no es necesario establecer una afectación del derecho de igualdad
para que pueda predicarse la existencia de una omisión legislativa relativa
puesto que basta con acreditar que, en relación con la materia objeto de
regulación, era imperativo a la luz de la Constitución regular también el
supuesto que se considera omitido, sin que para ello sea preciso establecer, ni
una identidad en las situaciones fácticas, ni la exigencia de una identidad en la
regulación legal que les resulte aplicable. Señaló la Corte que en tales
hipótesis, bastaría con acreditar que, en relación con la materia objeto de
regulación, era imperativo a la luz de la Constitución regular también el
supuesto que se considera omitido, evento en el cual, “(…) también sería
posible señalar que el producto de la actividad legislativa resulta incompleto,
por no incorporar una previsión cuya inclusión resultaba imperativa a la luz
de la Constitución, y que por consiguiente existe una inconstitucionalidad que
proviene de dicha omisión.”174
4.1.2. Lo importante es destacar que esa forma de construcción de la
omisión legislativa relativa tiene como propósito delimitar claramente los
170 Sobre el tema, se puede consultar las sentencias C-185 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-891 de
2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
171 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1996. M. P. Carlos Gaviria Díaz.
172 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-408 de 1998. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia C-891
de 2006
173 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1996. M. P. Carlos Gaviria Díaz.
174 Sentencia C-208 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil
83

escenarios en los que es posible que la reparación del resultado
inconstitucional se haga de manera directa por el juez constitucional, para lo
cual, entonces, se hace necesario determinar la manera como ello puede
llevarse a cabo.
En la Sentencia C-208 de 2007, la Corte, haciendo un recuento de la
jurisprudencia sobre el particular, expresó que, “(…) en general, en la omisión
legislativa, el silencio del legislador tiene efectos de exclusión a los cuales es
posible hacer frente por la vía del control de constitucionalidad”, y que
“[t]ratándose de las omisiones legislativas lo que merece reproche
constitucional es el efecto contrario a la Constitución que ellas lleguen a
generar en el ordenamiento”, razón por la cual “(…) únicamente cuando el
silencio del legislador se traduce en una norma implícita que, por ejemplo,
prohíbe algo permitido u ordenado por la Carta cabe hablar de la
inconstitucionalidad de la omisión.” De acuerdo con la jurisprudencia,
“[s]iempre que esa inconstitucionalidad se compruebe, la Corte está llamada
a hacer valer el superior imperio de la Constitución, siendo éste el propósito
de su función de control sobre las omisiones (…)”175
.
En las sentencias C-891A de 2006 y C-208 de 2007, la Corte hizo un recuento
de las opciones aplicables al propósito de reparar una omisión legislativa
contraria a la Constitución, para lo cual señaló, en primer lugar, que es preciso
tener en cuenta que, “(…) como quiera que en tales hipótesis la
inconstitucionalidad no radica en los contenidos normativos que cuentan con
base textual expresa, sino en un significado implícito que surte efectos
violatorios de la Carta, la depuración del ordenamiento no se logra mediante
el decreto de la inexequibilidad de las disposiciones de la cuales se predica la
omisión y que lo conducente es neutralizar el comentado efecto de la omisión
legislativa que riñe con la Constitución y en su lugar incorporar un
significado que sea acorde con los dictados superiores.”176
Así, dijo la Corte que cuando la inconstitucionalidad de la omisión legislativa
proviene de una violación del principio de igualdad, de ordinario la solución
se encuentra en una sentencia de exequibilidad aditiva que permita extender a
los sujetos excluidos la cobertura de aquellos contenidos normativos de los
que se predica la omisión.
Tal solución no cabe, sin embargo, al menos sin cierto tipo de matización,
cuando la omisión no se desprende de la exclusión de algunos sujetos en
circunstancias en las cuales cabía predicar el imperativo constitucional de una
identidad de régimen jurídico, eventualidad ante la cual se ha planteado la
alternativa de una sentencia integradora “(…) que permita mantener la
disposición enjuiciada en el ordenamiento y superar la inconstitucionalidad
derivada de la omisión ‘... desplazando la lectura afectada de invalidez
mediante la proyección, sobre el precepto inferior, de los contenidos de la
Carta que, en esas circunstancias, brinda una solución constitucionalmente
175 Sentencia C-891 de 2006
84

Expediente D-7685
adecuada, precisa e indudable’177
.”178
Al explicar el fundamento constitucional de una intervención de la Corte en
supuestos distintos de aquellos que conducen a las decisiones típicas de
exequibilidad o inexequibilidad, la Corte, en relación con las llamadas
sentencias integradoras, ha dicho que las mismas encuentran su primer
fundamento “…en el carácter normativo de la Constitución, puesto que el
juez constitucional, con el fin de asegurar la integridad y la supremacía de la
Carta, debe incorporar en el orden legal los mandatos constitucionales. Por
ello, si el juez, para decidir un caso, se encuentra con una indeterminación
legal, ya sea porque el enunciado legal es insuficiente, ya sea porque el
enunciado es contrario a la Carta, el juez debe proyectar los mandatos
constitucionales directamente al caso, aun cuando de esa manera, en
apariencia, adicione el orden legal con nuevos contenidos normativos.”179
Agregó la Corte que “[e]l juez en este caso en manera alguna está legislando
pues lo único que hace es dar aplicación al principio según el cual la
Constitución, como norma de normas, tiene una suprema fuerza normativa
(CP art. 4). Y prosiguió diciendo que “… este tipo de decisiones integradoras
también encuentra fundamento en el principio de efectividad establecido por
el artículo 2º de la Carta, puesto que los órganos del Estado en general, y los
jueces y la Corte Constitucional en particular, deben buscar, en sus
actuaciones, hacer realidad los principios, derechos y deberes
constitucionales así como el orden de valores que la Constitución aspira a
instaurar. Es pues natural que los jueces, y en particular el juez
constitucional, integren en sus sentencias los mandatos constitucionales.”180
Sin embargo, cuando para hacer frente a la omisión no sea posible encontrar
contenido constitucional preciso que pueda proyectarse sobre la norma
enjuiciada, no es posible establecer con certeza cual deba ser el contenido de
la regulación omitida, hipótesis que se presenta cuando, por la
indeterminación del deber incumplido por el legislador, se concluya que existe
un ámbito de configuración legislativa dentro del cual éste puede optar por
distintas alternativas constitucionalmente admisibles. En ese caso no cabría
que el juez constitucional, mediante una sentencia integradora fijase
directamente, haciendo valer las disposiciones constitucionales, el contenido
normativo que subsane la omisión.181
En hipótesis como esas, ha dicho la Corte, para subsanar la omisión, lo
adecuado consistiría en “(...) otorgarle un plazo al Congreso de la República,
toda vez que es la institución indicada para escoger, entre distintas
alternativas, aquella que surja del debate democrático cumplido en su
seno.”182
Sin embargo la Corporación también ha puesto de presente que la
177 Corte Constitucional, Sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
179 Sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero
180 Ibid.
181 Cfr. Sentencia C-1064 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
85

condición de efectividad de ese plazo conferido al legislador estaría, “… en
una sentencia de inexequibilidad diferida, conforme a la cual, si el legislador
no subsana la omisión en el término previsto por el juez constitucional la
misma se hace efectiva.”183
Y ello la ha llevado a concluir que “(…) esta
solución no resulta adecuada cuando la posibilidad de declarar la
inexequibilidad del contenido normativo omisivo está descartada por el efecto
gravemente perturbador del ordenamiento constitucional que ello ocasionaría
debido a la afectación de bienes jurídicos de la misma o de mayor entidad
que la de aquellos que se intenta proteger.”184
Para la Corte, en “[e]sas situaciones límite, si bien no se descarta la opción
de fijarle un plazo al Congreso, o -para respetar el ámbito de configuración
conferido por la Carta y dentro del cual se inscribe también el juicio de
oportunidad para el ejercicio de su potestad- para hacerle un exhorto
dirigido a que expida la legislación que subsane la omisión (…)”185
, “... se
debe escrutar si el legislador ha producido alguna regulación que,
analizadas las circunstancias, permita encontrar una solución
constitucionalmente adecuada (...)”186
Fue lo que ocurrió en la Sentencia C-891A de 2006, cuando la Corte detectó la
presencia de una omisión legislativa en el régimen de la pensión sanción, por
el hecho de no haberse previsto un sistema que permitiese la actualización de
su valor entre el momento en el que surge le derecho a la pensión y aquel en el
que se materializan las condiciones objetivas para ello. Si bien dicha omisión
resultaba contraria a la Constitución, la multiplicidad de posibilidades técnicas
abiertas para resolver el problema de actualización, impedían que la Corte
impusiese alguna como derivada necesariamente de las disposiciones
superiores del ordenamiento. Tras un cuidadoso examen, la Corte concluyó
que lo más adecuado para resolver la inconstitucionalidad detectada era acudir
al régimen legal de actualización de las pensiones que se había previsto en la
Ley 100 de 1993 para unos supuestos distintos.
4.1.3. De este modo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, frente
a las omisiones legislativas relativas, es posible que, superando la dicotomía
exequibilidad – inexequibilidad, el juez constitucional acuda a diversas
fórmulas que permitan subsanar el efecto inconstitucional de la omisión,
preservando en la medida de lo posible el ámbito de configuración del
legislador.
4.2. Como se ha puesto de presente, la Corte ha puntualizado que no cabe el
control de constitucionalidad de las omisiones legislativas absolutas, toda vez
que “la acción pública de inconstitucionalidad si bien permite realizar un
control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la
fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las
184 Ibid.
186 Sentencia C-891 de 2006.
86

Expediente D-7685
directrices constitucionales (...). Por esta razón, hay que excluir de esta forma
de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si
no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas superiores; si
no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte
carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad
por omisión legislativa absoluta"187
.
Lo anterior, sin embargo, no ha impedido que la Corte, en diversas
oportunidades, haya acudido a los exhortos al legislador, para que en un plazo
razonable, expida la legislación que se echa de menos a la luz de los mandatos
constitucionales. Así ha ocurrido, por ejemplo con el llamado al Congreso
para que expida una regulación de la huelga en los servicios públicos que sea
acorde con la Constitución188
; o para que actualice la legislación electoral189
, o
para que expida el estatuto del trabajo en los términos del artículo 53 de la
Carta.190
4.3. El exhorto es un requerimiento al legislador, con o sin señalamiento de
plazo, para que produzca las normas cuya expedición aparece como obligada a
la luz de la Constitución.
Sobre el exhorto y su significado en derecho constitucional esta Corporación
ha dicho que el mismo no debe ser visto “(…) como una ruptura de la
división de los poderes sino como una expresión de la colaboración de los
mismos para la realización de los fines del Estado, en particular para la
garantía de la efectividad de los derechos de las personas”. 191
Ha destacado
la Corte192
que en el ordenamiento jurídico colombiano se han previsto
187 Sentencia C-543 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En el mismo sentido ver, entre otras, las sentencias
C-246 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-739 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-041 de
2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
188 Ver la Sentencia C-691 de 2008. En esa sentencia la Corte precisó que, como lo indica el artículo 56 de
la Constitución, en su inciso 1, el derecho de huelga está garantizado como regla general, mientras que la
excepción se circunscribe a la posibilidad de que el legislador defina los servicios públicos esenciales. Agregó
la Corporación que dado que “(…) después de tres lustros, el Congreso no ha desarrollado el artículo 56 (…)
se exhortará respetuosamente al Congreso para que lo desarrolle” y que “(…) mientras se expide la ley
correspondiente, el artículo 56, que amplió el alcance del derecho de huelga, se aplica de manera directa e
inmediata.” Con anterioridad, en la Sentencia C-473 de 1994, la Corte había resuelto “EXHORTAR al
Congreso para que en un plazo razonable expida una regulación de la huelga en los servicios públicos
esenciales que sea acorde con la Constitución.”
189 En la Sentencia C-230A de 2008 la Corte Constitucional resolvió “EXHORTAR al Congreso de la
República, para que antes del 16 de diciembre de 2008, profiera la ley que tenga por objeto armonizar el
Código Electoral con el modelo de organización electoral adoptado por la Constitución de 1991, con la
reforma expedida mediante el Acto Legislativo 01 de 2003 y en particular, la reglamentación de la carrera
administrativa especial prevista en el artículo 266 de la Carta Política.” En razón a que el tratado de libre
comercio con los Estados Unidos de América impone un mayor compromiso de los Estados Partes en la
protección de los derechos de los trabajadores tanto en lo individual como en lo colectivo frente al
ordenamiento nacional e internacional en el proceso de liberalización comercial, le permite a la Corte
llamar la atención nuevamente del Congreso de la República sobre la necesidad improrrogable que expida el
Estatuto del Trabajo que contenga los principios mínimos fundamentales de la relación laboral, según lo
ordena el artículo 53 de la Constitución Política de 1991.
190 En la Sentencia C-750 de 2008 la Corte llamó la atención del Congreso de la República “… sobre la
necesidad improrrogable que expida el Estatuto del Trabajo que contenga los principios mínimos
fundamentales de la relación laboral, según lo ordena el artículo 53 de la Constitución Política de 1991.”
191 Sentencia C-473 de 1994, MP. Alejandro Martínez Caballero
192 Ibid.
87

mecanismos de cooperación entre los órganos del Estado a fin de asegurar la
fuerza expansiva de los derechos constitucionales, entre los cuales, por vía de
ejemplo, se puede señalar que la propia Constitución establece que el
Procurador General de la Nación deberá “(…) exhortar al Congreso para que
expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los
derechos humanos, y exigir su cumplimiento a las autoridades
competentes”.193
En ese contexto, no resulta extraño que la Corte
Constitucional pueda exhortar al Congreso para que adecue el orden legal a la
Constitución en materia de derechos constitucionales.194
Para la Corte, por otra parte, “(…) este tipo de exhorto no es en manera
alguna una innovación doctrinaria de esta Corte (…), sino que éste surge de
las tensiones valorativas propias del texto constitucional, en particular de
aquella que existe entre la supremacía normativa de la Constitución y el
principio de libertad de configuración del Legislador. Esto explica que la
mayoría de los tribunales constitucionales establezcan formas similares de
exhortos con el fin de armonizar tales principios y tomar en cuenta los efectos
sociales de las decisiones constitucionales. Así, el Tribunal Constitucional
alemán ha adoptado estos exhortos bajo la forma de ‘resoluciones de aviso’ o
‘admonitorias’195
. En el mismo sentido ha actuado, en determinados casos, el
Tribunal Constitucional Español196
.” 197
4.3.1. Un escenario en el que la Corte ha acudido al exhorto es el de las
sentencias de inexequibilidad diferida, en las cuales se le fija al legislador un
plazo, cuya duración puede variar según la naturaleza del asunto, para que
profiriera una nueva regulación legal, acorde con los postulados
constitucionales.
Se trata una de hipótesis no necesariamente vinculada con la omisión
legislativa, en la cual la Corte ha establecido que se presenta una violación de
la Constitución, pero que la declaratoria, con efecto inmediato, de la
inexequibilidad de la disposición de la cual ella se deriva podría comportar un
efecto también lesivo de la Constitución, por el vacío normativo que ello
generaría, razón por la cual se le confiere un plazo al legislador, para que, en
ejercicio de su potestad de configuración, adopte las medidas que suplan la
regulación que se declara inexequible, con otra que resulte acorde con los
mandatos constitucionales.
En estos eventos, el plazo tiene un componente en cierto modo coercitivo,
puesto que, la omisión del legislador en expedir la regulación que sustituya la
que se declara inexequible de manera diferida, tiene como consecuencia el
hecho de que, al hacerse efectiva la decisión de la Corte, se generaría el vacio
193 Ibid.
194 Ibid.
195 Ver Hans Peter Schneider. Democracia y Constitución. Madrid: Centro de Estudios constitucionales,
1991, pp 62 y 218 y ss.
196 Tribunal Constitucional Español. Sentencia S-124/84del 18 de diciembre de 1984, Fundamentos 7 a 10.
197 Sentencia C-473 de 1994, MP. Alejandro Martínez Caballero
88

Expediente D-7685
que se quiso evitar.
4.3.2. En los eventos de omisión legislativa absoluta se presenta un tipo
distinto de exhorto, cuando la Corte advierte que el legislador ha omitido una
regulación que debe expedir de acuerdo con la Constitución, pero concluye
que la solución de dicha omisión, en razón de la naturaleza de la misma, se
encuentra por fuera del ámbito de la competencia del juez constitucional,
razón por la cual sólo cabe un llamado al legislador, para que en ejercicio de
su potestad de configuración, proceda a hacer efectivos los mandatos
constitucionales.
Así, cuando ha constatado que el legislador no ha producido ningún precepto
encaminado a ejecutar un deber concreto que le ha impuesto la Constitución,
la Corte, en diversas oportunidades le ha hecho llamamientos o apremios para
que se expida la legislación necesaria para el adecuado desarrollo de la Carta.
Tal como se ha dicho, la Corte ha exhortado al Congreso de la República para
que, entre otros casos, expida una regulación de la huelga en los servicios
públicos que sea acorde con la Constitución, o para que actualice la
legislación electoral, o para que expida el estatuto del trabajo en los términos
del artículo 53 de la Carta, o para que establezca un nuevo régimen de policía
que desarrolle la Constitución.
En todos esos casos, no obstante que se constata que el legislador ha omitido
un deber constitucional, el carácter absoluto de la omisión impide que la
Corte, en sede de control abstracto de normas, adopte una medida orientada a
subsanarla, en tanto no actúe el legislador. Se trata de escenarios en los cuales,
para el desarrollo legislativo de un mandato constitucional, el legislador
cuenta con un amplio margen de configuración, circunstancia que impide que
la Corte imponga como obligado a la luz de la Constitución, un determinado
conjunto de disposiciones de entre las múltiples alternativas políticas
disponibles para el legislador.
4.3.3. No obstante lo anterior, es importante señalar que cuando la omisión
del legislador incide sobre el desarrollo de derechos directamente consagrados
en la Constitución, la jurisprudencia ha puntualizado que, aún en el evento de
omisiones absolutas, tales derechos pueden, y deben, aplicarse, de manera
directa e inmediata, con base en la Constitución, sin que el silencio del
legislador pueda tenerse como un obstáculo para el efecto.
Así, por ejemplo, en materia de habeas data, no obstante considerar la Corte
que la materia exigía una regulación legislativa, criterio a partir del cual
exhortó en su momento al Congreso de la República a expedirla198
, fijó, antes
de la entrada en vigencia de la Ley 1266 de 2008, una serie de criterios
jurisprudenciales para la aplicación del derecho.
De manera general, en la Sentencia T-406 de 1992, la Corte puso de presente
89

que, ante la falta de intervención legislativa que desarrolle los derechos
sociales del capítulo segundo título segundo de la Constitución, surgía el
dilema de si “(…) debe el juez permanecer a la espera de que se produzca
dicho desarrollo, y en tal caso, considerar los textos que consagran tales
derechos como desprovistos de fuerza normativa, o por el contrario, debe el
juez definir el contenido de tales derechos, anticipándose al legislador y
aplicándolos de manera directa a partir del propio texto constitucional ?”.
Sobre el particular la Corte puntualizó:
“Ante este dilema el juez debe actuar con prudencia y firmeza a la vez.
En primer lugar, la intervención judicial en el caso de un derecho
económico social o cultural es necesaria cuando ella sea indispensable
para hacer respetar un principio constitucional o un derecho
fundamental. En estas circunstancias, el juez actúa bajo condiciones
similares a aquellas que se presentan cuando debe resolver un problema
relacionado con un vacío o una incoherencia de la ley. Es claro que en
todos estos casos el juez decide algo que en principio le corresponde al
legislador. Sin embargo, en estas precisas condiciones, la falta de
solución proveniente del órgano que tiene la facultad de decidir, implica
la posibilidad de que otro órgano, en este caso el judicial, decida, para
un caso específico, con la única pretensión de garantizar la validez y
efectividad de la norma constitucional.
La solución opuesta - es decir la que supone la no intervención judicial-
desconoce los valores y principios constitucionales que consagran la
efectividad de los derechos (art.2: "Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados..."; Art. 5
"El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los
derechos inalienables..."; Art 13 inc. 2:" El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva..." ) y desconoce la
prevalencia del derecho sustancial sobre los procedimientos, consagrada
en el artículo 228.
Pero quizás lo más grave de la solución que se comenta consiste en el
desconocimiento del artículo cuarto de la Constitución, en el cual se
afirma que "La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales". Este artículo no solo
plantea un asunto relacionado con la validez de las normas
constitucionales, también prescribe una clara definición en cuanto a su
efectividad.
Con independencia de la función programática-finalista y de la función
simbólica que sin duda ocupan un lugar importante en los preceptos
sobre fines y valores, la Constitución es una norma jurídica del presente
y debe ser aplicada y respetada de inmediato. Por esta razón , sostener
90

Expediente D-7685
que los derechos sociales, económicos y culturales se reducen a un
vínculo de responsabilidad política entre el constituyente y el legislador,
es no sólo una ingenuidad en cuanto a la existencia de dicho vínculo,
sino también una distorsión evidente en cuanto al sentido y coherencia
que debe mantener la Constitución. Si la responsabilidad de la eficacia
de los derechos mencionados estuviese sólo en manos del legislador, la
norma constitucional no tendría ningún valor y la validez de la voluntad
constituyente quedaría supeditada a la voluntad legislativa”199
.
En otro escenario, en la Sentencia C-691 de 2008, la Corte encontró una
omisión legislativa absoluta en el hecho de que después de tres lustros de
expedida la Constitución, el Congreso no hubiese desarrollado el artículo 56
de la Carta, que le impone al legislador la tarea de definir los servicios
públicos esenciales en los cuales no opera la garantía del derecho de huelga.
Frente a ese vacio, la Corte decidió exhortar respetuosamente al Congreso
para que desarrolle el artículo 56 de la Constitución. No obstante eso,
concluyó la Corte que, mientras se expide la ley correspondiente, el artículo
56, que amplió el alcance del derecho de huelga, se aplica de manera directa e
inmediata. Para la Corporación, “(…) el silencio del legislador no obsta para
que los sindicatos ejerzan el derecho de huelga y para que este derecho sea
interpretado y aplicado en un sentido amplio en punto a los ámbitos de
actividad en los cuales este derecho está garantizado.” En aplicación de ese
criterio, la Corte encontró que el literal g) del artículo primero del Decreto
Extraordinario 753 de 1956, que subrogó el artículo 430 del Código
Sustantivo del Trabajo, era contrario a la Constitución, por cuanto limitaba el
derecho de huelga en una actividad que no corresponde al concepto
constitucional de servicios públicos esenciales, tal como ha sido perfilado por
la jurisprudencia.
Ha precisado la Corte que, en ciertos eventos, la Constitución no sólo ordena
al Legislador desarrollar un tema sino que fija, a veces con mucha precisión,
los contenidos mismos de la normatividad a ser expedida200
. Así, por ejemplo,
el artículo 53 no sólo señala que “el Congreso expedirá el estatuto del
trabajo” sino que, además, establece los principios mínimos fundamentales
que éste debe contener. De este modo, en virtud del postulado de supremacía
de la Constitución, la omisión del legislador en el cumplimiento de ese
mandato, conduce a una aplicación directa de esos principios constitucionales,
tal y como esta Corte lo ha hecho en numerosas sentencias de tutela.201
En esta
categoría cabe también, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
mandato sobre regulación del derecho de huelga que se acaba de enunciar,
porque no obstante la indeterminación del concepto de “servicios públicos
esenciales” y la habilitación que la propia Constitución le hace al legislador
para definir su alcance, ha encontrado la Corte que el mismo tiene un
contenido propio, de nivel constitucional, susceptible de aplicarse
199 Sentencia T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
200 Sobre el particular ver el salvamento de voto de los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y
Alejandro Martínez caballero a la Sentencia C-543 de 1996.
201 Ibid.
91

directamente, como aconteció en la aludida Sentencia C-691 de 2008.
5. La objeción de conciencia al servicio militar
5.1. Sobre la objeción de conciencia en general
5.1.1. De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución, se “garantiza la
libertad conciencia” y “nadie será molestado por razón de sus convicciones
o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su
conciencia”.
En general, la Corte Constitucional ha señalado202
que la objeción de
conciencia se presenta cuando el cumplimiento de la normatividad vigente
exige por parte de las personas obligadas a acatarla un comportamiento que su
conciencia prohíbe. En otras palabras, ha dicho la Corte, la objeción de
conciencia supone la presencia de una discrepancia entre la norma jurídica y
alguna norma moral. Siguiendo a Venditti, la Corporación203
ha definido la
objeción de conciencia, como “la resistencia a obedecer un imperativo
jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide
sujetarse al comportamiento prescrito”204
La jurisprudencia constitucional ha destacado la existencia de un claro nexo
entre la objeción de conciencia y la libertad de pensamiento, la libertad
religiosa y la libertad de conciencia, “(…) hasta el punto de poder afirmar
que la objeción de conciencia resulta ser uno de los corolarios obligados de
estas libertades.”205
Para la Corte, desde esa perspectiva, “(…) existe un
escenario de realización humana dentro del cual las interferencias estatales o
son inadmisibles o exigen una mayor carga de justificación. Así, quien objeta
por razones de conciencia goza prima facie de una presunción de corrección
moral. El Estado, debe, entretanto, aportar los argumentos que justificarían
una intervención en este campo en principio inmune a cualquier
interferencia.”206
En este contexto, esta Corporación se ha pronunciado en varias oportunidades
sobre la objeción de conciencia, en materias como la educación207
, el respeto
de la obligación de prestar juramento208
, obligaciones laborales209
, o salud210
.
5.1.2. Al paso que la jurisprudencia ha ido definiendo los perfiles del
derecho a la objeción de conciencia, se ha establecido que el mismo no es
202 Ver Sentencia T-388 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
203 Sentencia T-409 de 1992
204 Citada por SUAREZ PERTIERRO, Gustavo: La objeción de conciencia al servicio militar en España,
en "Anuario de Derechos Humanos", Instituto de Derechos Humanos, Madrid, 1990. Pág. 251.
206 Ibid.
207 Sentencias T-539ª de 1993, T-075 de 1995, T-588 de 1998, T-877 de 1999, T-026 de 2005.
208 Sentencias T-547 de 1993, C-616 de 1997.
209 Sentencias T-982 de 2001, T-332 de 2004.
210 Sentencias T-411 de 1994, T-744 de 1996, T-659 de 2002, T-471 de 2005.
92

Expediente D-7685
ilimitado, sino que, por el contrario, puede verse sometido a restricciones,
“(…) pues, de lo contrario, no sería factible adoptar medidas vinculantes
para las personas asociadas.”
El presupuesto de la objeción de conciencia es la existencia de unos deberes
jurídicos que pueden consistir en un mandato previsto expresamente en la
Constitución, o en una obligación legal, o resultar de una relación jurídica que
habilite a una persona para exigir de otra determinada conducta, como ocurre
en el ámbito educativo, o en el de la salud, o en laboral. En todos los casos, el
objetor plantea que el acatamiento de ese deber jurídico es contrario a su
conciencia.
En relación con los deberes constitucionales, la Corte ha señalado que los
mismos operan en una relación de complementariedad con los derechos
consagrados en la Constitución, puesto que “[l]a persona humana, centro del
ordenamiento constitucional, no sólo es titular de derechos fundamentales
sino que también es sujeto de deberes u obligaciones, imprescindibles para la
convivencia social.”211
Para la Corte, dentro del Estado Social de Derecho, fundado en la solidaridad,
la dignidad, el trabajo y la prevalencia del interés general (Art. 1, C.P.), al paso
que se afirma, por un lado, la vigencia inmediata de los derechos
fundamentales, se reconoce, por otro, que los deberes consagrados en la Carta
Política constituyen imperativos que vinculan directamente a los particulares y
cuyo cumplimiento es condición de la convivencia pacífica.212
En este contexto, los deberes constitucionales, ha dicho la Corte, “(…) son
aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la
ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o
económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad
personal.”213
Se trata de comportamientos que se imponen a los particulares en
consideración a intereses generales de la comunidad y que responden al
criterio conforme al cual todas las personas están obligadas a contribuir al
mantenimiento de las condiciones que permiten la armónica convivencia. Los
deberes encuentran fundamento en el principio de solidaridad y son
presupuesto del orden y de la existencia misma de la sociedad y del derecho.
En la base de esos deberes está la idea misma de sometimiento al Derecho y la
obligatoriedad de la que son revestidos obedece a la consideración de que si
cada persona pudiese, según los dictados de su conciencia, decidir cuáles
normas acata y cuáles no, se desvertebraría el orden y se haría imposible la
existencia de la comunidad organizada.
Ha precisado la Corporación que, en general, la obligatoriedad de los deberes
constitucionales exige un desarrollo legislativo de los mismos y que, en ese
Sentencia T-388 de 2009
212 Ibid.
213 Ibid.
93

sentido, “(…) los deberes consagrados en la Constitución comprenden una
habilitación al Legislador para desarrollar y concretar la sanción por el
incumplimiento de los parámetros básicos de conducta social fijados por el
Constituyente.”214
Para la Corte, “[l]o anterior no impide, sin embargo, que
en la ponderación de los valores constitucionales el juez de tutela tome
directamente en cuenta los deberes constitucionales, ya que éstos constituyen
un criterio hermenéutico indispensable para la delimitación de los derechos
fundamentales. La relación de complementariedad entre unos y otros exige
del intérprete constitucional una lectura de los derechos y deberes que
actualice el contenido de las libertades en general, pero que, a la vez, obligue
a la persona a asumir las responsabilidades derivadas de la vida en
comunidad.”215
La Corte, incluso, ha expresado que, excepcionalmente, los
deberes constitucionales son exigibles directamente y que ello, entre otros
eventos, sucede cuando su incumplimiento por un particular, vulnera o
amenaza derechos fundamentales de otra persona, lo que exige la intervención
oportuna de los jueces constitucionales para impedir la consumación de un
perjuicio irremediable.216
En la Constitución es posible encontrar un extenso conjunto de deberes,
algunos de ellos ya desarrollados por la ley y otros aún desprovistos de
sanción que los haga jurídicamente aplicables.
Tal como se puso de presente por la Corte en la Sentencia T-125 de 1994, la
doctrina ha clasificado los deberes según los valores superiores en que se
asientan: la igualdad, la justicia y la solidaridad, valores que, en su orden,
corresponden a los deberes en un Estado democrático, en un Estado de
derecho y en un Estado social de derecho:
“Dentro de los deberes que emanan del Estado democrático de derecho, la
Constitución consagra la obligación de educación entre los cinco y los quince años
de edad (CP art. 67), el deber de propender a la paz y mantenerla (CP arts. 22 y 95-
6), el deber de estudiar la Constitución (CP art. 41), los deberes de defender y
divulgar los derechos humanos y de participar en la vida política, cívica y
comunitaria del país (CP art. 95-4, - 5) y el deber de prestar el servicio militar (CP
art. 216), entre otros.
El Estado de derecho presupone la obligación de las personas de acatar la
Constitución y la ley (CP arts. 4 y 95), la responsabilidad por su infracción (CP art.
6), las obligaciones y deberes derivados de las relaciones familiares (CP arts. 42, 44
y 46), el deber de ceñirse en todas las actuaciones a los postulados de la buena fe
(CP art. 83), los deberes de respetar, obedecer y apoyar a las autoridades
legítimamente constituidas (CP arts. 4 y 95-3) y el deber de colaborar para el buen
funcionamiento de la administración de justicia (CP art. 95-7).
La naturaleza social del Estado de derecho hunde sus raíces en el principio de
solidaridad social (CP art. 1). De este principio se desprenden la obligación social
del trabajo (CP art. 25), las obligaciones derivadas de la función social de la
propiedad (CP art. 58) y de la empresa (CP art. 333), las obligaciones tributarias (CP
214 Ibid.
215 Ibid.
216 Cfr. Sentencia T-125 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
94

Expediente D-7685
art. 95-9),el deber de procurar la salud individual y comunitaria (CP art. 49), los
deberes de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios y de obrar
conforme al principio de solidaridad social (CP art. 95- 1, - 2), proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación (CP arts. 8) y velar por el medio ambiente sano
(CP arts. 80 y 95-8).”
En ese contexto, la Corte ha señalado que asuntos que, en principio, pueden
parecer materia estrictamente contractual, controvertible ante la jurisdicción
ordinaria y, por lo tanto, no susceptible de acción de tutela, a la luz de las
circunstancias concretas, pueden revelarse como constitucionalmente
relevantes.217
Así, a la luz de las circunstancias de cada caso particular, es
posible reconducir las situaciones de deber que surgen en distintos tipos de
relaciones, al ámbito de lo constitucionalmente relevante, en orden a
establecer si cabe invocar consideraciones de conciencia para, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 18 de la Constitución, omitir el cumplimiento del
deber o excluir las consecuencias negativas que de dicha omisión, de
ordinario, se derivarían para la persona.
5.1.3. De este modo, cabe, en general, plantear el interrogante acerca de las
condiciones en las cuales es posible que las personas se sustraigan, por
consideraciones de conciencia, al acatamiento de los deberes jurídicos a los
que se encuentran sujetas de acuerdo con la Constitución y con la Ley.
En un primer momento, en el derecho comparado, los ordenamientos habían
contemplado la posibilidad de establecer excepciones expresas a esos deberes,
de tal manera que la objeción de conciencia sólo resultaba admisible cuando
hubiese sido expresamente contemplada en la ley. Esa ha sido en Colombia la
postura de la Corte Constitucional en relación con la objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio, aspecto que se analizará de manera específica en
el siguiente apartado de esta providencia.
En la Constitución de 1991, sin embargo, el asunto se ha consagrado de una
manera más amplia, por cuanto de acuerdo con la previsión del artículo 18
Superior, el derecho a no ser obligado a actuar contra la conciencia no se
encuentra subordinado a la ley. Así, en escenarios distintos al del servicio
militar, no se ha exigido una ley de desarrollo para hacer efectivo el derecho a
la objeción de conciencia.218
Eso impone definir el criterio a partir del cual pueda hacerse efectiva la
aplicación inmediata del derecho, sobre la base de que no toda manifestación
de una reserva de conciencia puede tenerse como eximente frente a los
217 Ver Sentencia T-125 de 1994
218 Así, por ejemplo, sin necesidad de ley que desarrolle el derecho a la objeción de conciencia,
en la Sentencia T-547 de 1993, se protegió la libertad de conciencia de una persona que, por
motivos religiosos, se negaba a rendir el juramento necesario para formular una denuncia penal. Del
mismo modo, en la Sentencia T-588 de 1998 se protegió el derecho a la objeción de conciencia en el
caso de unos padres que, por consideraciones religiosas, se oponían a que sus hijos participasen en
la práctica de ciertas danzas que resultaba contraria a su sentimiento religioso. En la Sentencia T-
982 de 2001, por su parte, la Corte protegió el derecho de una trabajadora a no laborar durante el
sabath, así eso implicase una reorganización de su horario laboral.
95

deberes jurídicos, ni, en el otro extremo, todos los deberes jurídicos pueden
pretenderse ineludibles, aún sobre las consideraciones de conciencia de los
individuos.
Debe haber un criterio de ponderación que haga énfasis en la consideración de
la naturaleza del reparo de conciencia, la seriedad con la que es asumido, la
afectación que su desconocimiento produce en el sujeto, etc., frente a, por otra
parte, la importancia del deber jurídico en relación con el cual se plantea y las
circunstancias en las que se desarrolla, aspecto en el que cabe examinar, por
ejemplo, la posibilidad de suplir a los objetores en el cumplimiento del deber
omitido219
, o de sustituirlo por otro de similar naturaleza que no plantee
conflictos de conciencia a dichos objetores. En este último sentido, la Corte
Constitucional se ha pronunciado en torno a la posibilidad de conciliar el
cumplimiento del deber con modalidades que lo hagan compatible con las
consideraciones de conciencia.220
Uno de los criterios para establecer la seriedad y el significado del asunto de
conciencia planteado por el objetor es la vinculación del mismo con la libertad
religiosa. Así, si se esgrimen consideraciones religiosas, “(…) sería
incongruente que el ordenamiento, de una parte garantizara la libertad
religiosa, y de otra se negara a proteger las manifestaciones más valiosas de
la experiencia espiritual, como la relativa a la aspiración de coherencia a la
que apunta el creyente entre lo que profesa y lo que practica. Este elemento
que puede pertenecer al núcleo esencial de la libertad religiosa, define
igualmente una facultad que es central a la libertad de conciencia, que
refuerza aún más la defensa constitucional de los modos de vida que sean la
expresión cabal de las convicciones personales más firmes.” 221
219 En esta dirección por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido el derecho de los
médicos a negarse, por consideraciones de conciencia, a la práctica de abortos en los casos previstos
en la Sentencia C-355 de 2006, pero señala, al mismo tiempo, que en esa hipótesis está obligados a
remitir a la paciente a un profesional que esté en condiciones de practicar el procedimiento. De
manera más amplia, en el salvamento parcial de voto del Magistrado Juan Carlos Henao Pérez a la
Sentencia T-388 de 2009 se hace notar que en ciertos Estados la objeción de conciencia a la práctica
del aborto se admite en relación con instituciones hospitalarias de carácter religioso, siempre y
cuando en el lugar exista otro establecimiento que pueda responder a las necesidades de las
personas en ese sentido.
220 Así, por ejemplo, frente a la objeción de conciencia al servicio militar, se ha planteado que,
como alternativa, los objetores deberían prestar un servicio social, también obligatorio, en
condiciones equivalentes. Sobre esta materia, en la Sentencia T-026 de 2005, la Corte señaló que
“[e]n tanto los imperativos en que se traducen las preferencias espirituales de los fieles pueden
generar tensiones con los derechos de otros, tanto el constituyente, como el legislador en desarrollo
de la norma superior, prefirieron la opción dialógica para conciliar los diferentes intereses y
derechos hasta donde esto sea posible. Es, entonces, en la perspectiva del diálogo y el acuerdo en
donde deben concertase los diversos derechos e intereses sobre el punto.”
221 Cfr. T-026 de 2005. En esa sentencia la Corte, al estudiar el caso de una persona que alegaba
que su derecho a la libertad religiosa había sido violado por el SENA, debido a la cancelación de su
matrícula por la falta de asistencia al módulo dictado los viernes y sábados, en atención a que esos
días, según sus creencias, deben ser consagrados a Dios, consideró que esa persona era miembro
activo y fiel de la iglesia adventista del séptimo día, de conformidad con la cual, el sábado debe
guardarse para la adoración del Señor y que esta práctica no constituye tan sólo una eventualidad,
sino un deber irrenunciable y definitorio de los miembros del mencionado culto, razón por la cual
debía concederse el amparo solicitado.
96

Expediente D-7685
Al desarrollar el ámbito de la libertad de conciencia, de la cual se desprende el
derecho a la objeción de conciencia, la Corte ha expresado que, en desarrollo
de la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución, “(…) a partir
del inalienable fuero interno de cada individuo, éste goza de la facultad para
actuar o abstenerse de hacerlo en virtud de su razón práctica, de su
pensamiento y de su íntima convicción, claro está, sobre la base, implícita de
todo derecho y en toda libertad, de que sus expresiones están limitadas por
los derechos de los demás y por las necesidades propias del orden público, la
tranquilidad, la salubridad y la seguridad colectivas”222
.
De este modo, la objeción de conciencia encuentra límites en los derechos de
los demás y en la existencia de deberes jurídicos vinculados a aspectos como
los requerimientos del orden público, la tranquilidad, la salubridad o la
seguridad colectivas.
Desde la perspectiva de la afectación de derechos, la Corte ha expresado que
“[e]l problema surge cuando la exteriorización de las propias convicciones
morales con el propósito de evadir el cumplimiento de un deber jurídico
interfiere el ejercicio de los derechos de otras personas. Dicho en otros
términos: cuando con el ejercicio de la objeción de conciencia se obstaculiza
el ejercicio de los derechos de terceras personas, entonces el asunto se
convierte en un problema de límites al ejercicio de derechos fundamentales,
esto es, ‘en un problema de colisión entre el derecho individual y los valores y
principios, derechos o bienes protegidos por el deber jurídico’223
.”224
La Corte también ha realizado ejercicios de ponderación de la libertad de
conciencia con los deberes jurídicos que tienen las personas, para concluir
que, eventualmente, a la luz de las circunstancias de cada caso, éstos pueden
prevalecer sobre aquella.225
5.2. Sobre la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio
5.2.1. De conformidad con jurisprudencia ampliamente reiterada por la
Corte, de la Constitución se deriva la existencia de un servicio militar
222Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-409 de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
223 ESCOBAR ROCA Guillermo, La objeción, Op. cit., p. 281.
225 Así, por ejemplo, en la Sentencia T-1059 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería, la Corte, en un
caso en el que se debatía la situación de una trabajadora a quien le habían descontado tres días de
salario por su participación en un paro cívico nacional, expresó que si bien la actora podía obrar
acorde a su propia conciencia, eso no la eximía de atender sus responsabilidades laborales, y que el
ejercicio de su libertad de conciencia no puede interponerse en el cumplimiento de los deberes que
asumió desde el momento mismo en que aceptó su vinculación laboral. Expresó la Corte que “[n]o
podría válidamente señalarse que la participación en el paro como forma de expresar y actuar
acorde con sus propias convicciones y creencias, justificaba a la actora para no asistir al trabajo, por
cuanto el ejercicio de esta libertad no es absoluto ni incondicional; pues, sólo puede ejercerse
legítimamente cuando no afecta a otras personas, o no se causa un daño. En el presente caso, se ha
visto afectado el servicio público de la educación, causando daño a quienes debían recibirla.”
97

obligatorio.226
Así, ha dicho la Corte, de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución,
como regla general, todos los colombianos están obligados a tomar las armas
cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas. Para la Corte, ese precepto consagra el
servicio militar como obligatorio, “… lo cual resulta no solamente del
perentorio mandato aludido sino de la referencia constitucional a las
condiciones eximentes, que únicamente son las determinadas por la ley.”227
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, “… resulta indudable que, a
menos que se configure una de las causales legales de exención, la prestación
del servicio militar corresponde a un deber ineludible de la persona, que tiene
su fundamento en el principio constitucional de prevalencia del interés
general (artículo 1 C.P.) y que se exige a los nacionales como expresión
concreta de la obligación genérica, a todos impuesta, de cumplir la
Constitución y las leyes (artículos 4º, inciso 2º, y 95 C.P.). Este último
precepto ordena a las personas, de manera específica, el respeto y apoyo a
las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la
independencia y la integridad nacionales.”228
Para fundamentar la existencia de ese deber a la luz de los principios
constitucionales, la Corporación ha expresado que:
“El Estado, como organización política de la sociedad, garantiza, mediante su
Constitución, a los individuos que lo integran una amplia gama de derechos y
libertades, al lado de los cuales existen obligaciones correlativas.
Los beneficios conferidos por la Carta Política a los colombianos se hallan
establecidos, de manera genérica, en el Título II, capítulos 1o. al 4o., pero
como ella misma lo dice en su artículo 95, inciso primero, "el ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades".
De igual manera el artículo 2 de la Constitución, en su inciso segundo, declara
que las autoridades han sido instituidas para "proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos
y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares" (subraya la Corte). Es apenas lógico que, si el
Estado proporciona beneficios, reclame de quienes gozan de ellos, una mínima
contribución al interés colectivo y les imponga límites razonables al ejercicio
de sus libertades".
"...en el 216, con las excepciones que la ley señale, se exige -a título de
obligación en cabeza de todos los colombianos- "tomar las armas cuando las
necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las
instituciones públicas".
226 Ver entre otras, las sentencias T-409 de 1992, C-511 de 1994 y T-363 de 1995.
227 Sentencia C-561 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo
228 Ibid.
98

Expediente D-7685
No se trata de tiránica imposición sino de la natural y equitativa consecuencia
del principio general de prevalencia del interés social sobre el privado, así
como de las justas prestaciones que la vida en comunidad exige de cada uno de
sus miembros para hacerla posible". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera
de Revisión. Sentencia T-409 del 8 de junio de 1992. M.P.: Dr. José Gregorio
Hernández Galindo).
"La propia Carta Política impone a los colombianos obligaciones genéricas y
específicas, en relación con la fuerza pública. En efecto, de manera general,
dentro de las obligaciones de la persona y del ciudadano se encuentran las de
"respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituídas
para mantener la independencia y la integridad nacionales" o para "defender y
difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia
pacífica"; .... y de "propender al logro y mantenimiento de la paz" (art. 95
C.N.). Deberes estos genéricos cuya finalidad, resulta coincidente con los fines
que son propios de las instituciones conformantes de la fuerza pública; de
suerte que no están desprovistos los asociados del cumplimiento de
obligaciones expresas que les son impuestas por el orden superior.
Lo que responde, sin lugar a dudas, a una concepción del Estado moderno y
contemporáneo, que al tiempo que rodea de garantías al hombre para su
realización en los distintos ámbitos de su existencia, le encarga, en la
dimensión de los deberes autoconstructivos, de las cargas de autobeneficio, del
cumplimiento de un conjunto de deberes, la mayoría de los cuales con
alcances solidarios, cuando no de conservación de los principios de
sociabilidad, que permitan realizar una civilización mejor o hacer más
humanos los efectos del crecimiento económico, y de los desarrollos políticos
y sociales.
Al mismo tiempo, la Constitución Política, establece en el marco regulador de
la fuerza pública, de manera específica, la obligación a los colombianos de
tomar las armas cuando la necesidad pública lo exija, para defender la
independencia nacional y las instituciones públicas.
Partiendo el mismo Estatuto Superior de la necesidad "de la prestación de un
servicio militar", defiere a la ley su regulación en cuanto a las condiciones y
prerrogativas para la prestación del mismo. Y lo que interesa de manera
especial en este proceso, le encarga también la definición de las condiciones
que eximen de su prestación. Luego, no sólo previó la Carta Política la
posibilidad de que la ley estableciera, con un carácter obligatorio, la
prestación del servicio militar, como se desprende de la habilitación expresa
que otorga al legislador para la determinación de las condiciones que en todo
tiempo eximen del mismo, sino que facultó al legislador para establecer
diferencias entre quienes presten o no el servicio militar. Esto último según se
desprende de las competencias para determinar "las prerrogativas por la
prestación del mismo", que no sólo permiten que la ley establezca beneficios
para quien preste el servicio militar, sino que la habilitan para imponer
sanciones a quienes no lo hagan, conforme a sus propias prescripciones". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-511 del 16 de noviembre de
1994. M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz).
"La de prestar el servicio militar es una obligación de naturaleza
constitucional que corresponde a exigencias mínimas derivadas del deber
genérico impuesto a los nacionales respecto del sostenimiento y defensa de la
soberanía, la guarda del orden institucional y el mantenimiento del orden
público.
99

La calidad de nacional no solamente implica el ejercicio de derechos políticos
sino que comporta la existencia de obligaciones y deberes sociales a favor de
la colectividad, en cabeza de quienes están ligados por ese vínculo.
En toda sociedad los individuos tienen que aportar algo, en los términos que
señala el sistema jurídico, para contribuir a la subsistencia de la organización
política y a las necesarias garantías de la convivencia social.
La Constitución, como estatuto básico al que se acogen gobernantes y
gobernados, es la llamada a fijar los elementos fundamentales de la estructura
estatal y el marco general de las funciones y responsabilidades de los
servidores públicos, así como los compromisos que contraen los particulares
con miras a la realización de las finalidades comunes.
En ese orden de ideas, es la Carta Política la que debe definir si el Estado
mantiene para su defensa un conjunto de cuerpos armados (la Fuerza Pública)
y, claro está, en el caso de optar por esa posibilidad, el Estado no tiene otro
remedio que apelar al concurso de los nacionales para la conformación de los
mismos". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-363
del 14 de agosto de 1995. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).”229
5.2.2. En el mismo artículo que establece la obligación de prestar el servicio
militar, la Constitución dispone que corresponde a la ley determinar las
condiciones que en todo tiempo eximen de servicio militar.
En desarrollo de esa previsión constitucional, en el artículo 27 de la Ley 48 de
1993, el Legislador determinó las condiciones que en todo tiempo eximen del
servicio militar:
militar:
Por otra parte, la misma ley, en su artículo 28, contempló también una
exención que opera únicamente en tiempos de paz y que supone la obligación
de inscribirse y pagar cuota de compensación militar:
Ley 48, artículo 28. Exención en tiempo de paz. Están exentos del
servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y
pagar cuota de compensación militar:
a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios
concordatarios vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de
229 Sentencia C-561 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En esa sentencia se reitera
la jurisprudencia plasmada especialmente en las sentencias T-409 de 1992, C-511 de 1994 y T-363
de 1995.
100

Expediente D-7685
otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto;
b) Los que hubieren sido condenados a penas que tengan como
accesorias la pérdida de los derechos políticos mientras no
obtengan su rehabilitación
c) El hijo único hombre o mujer,230
d) El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la
subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento;
e) El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60
años, cuando éstos carezcan de renta, pensión o medios de
subsistencia siempre que dicho hijo vele por ellos;
f) El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una
inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio
o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio
militar obligatorio, a menos, que siendo apto, voluntariamente
quiera prestarlo;
g) Los casados que hagan vida conyugal; [en el entendido de que la
exención allí establecida se extiende a quienes convivan en unión
permanente, de acuerdo con la ley]231
h) Los inhábiles relativos y permanentes;
i) Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza
Pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y
permanente en combate o en actos del servicio y por causas
inherentes al mismo, a menos que siendo aptos, voluntariamente
quieran prestarlo.”
Finalmente, en el artículo 29 de la Ley 48 de 1993 se contempla el caso de
quienes se encuentren en una situación que, temporalmente, los imposibilita
prestar el servicio militar, evento para el cual se dispone (1) el aplazamiento
de la prestación del servicio militar y que, (2) tal aplazamiento se mantendrá
por el tiempo que subsista la respectiva causal. Dice la norma:
“Artículo 29. Aplazamientos. Son causales de aplazamiento para la
prestación del servicio militar por el tiempo que subsistan, las
siguientes:
a) Ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio
230 La Corte Constitucional, en Sentencia C-755 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; S.V. Jaime
Araujo Rentería, declaró una inexequibilidad parcial de éste literal, que, en su texto original decía:
c) El hijo único hombre o mujer, de matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada
separada o madre soltera’.
231 Condicionamiento contenido en la Sentencia C-755 de 2008, MP Nilson Pinilla Pinilla; SV
Jaime Araujo Rentería.
101

b) Encontrarse detenido presuntivamente por las autoridades civiles
en la época en que deba ser incorporado;
c) Resultar inhábil relativo temporal, en cuyo caso queda pendiente
de un nuevo reconocimiento hasta la próxima incorporación. Si
subsistiere la inhabilidad, se clasificará para el pago de la cuota de
compensación militar;
d) Haber sido aceptado o estar cursando estudios en
establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como
centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida
religiosa; [en el entendido de que la misma se refiere a todas las
iglesias y confesiones religiosas reconocidas jurídicamente por el
Estado colombiano.]232
e) El aspirante a ingresar a las escuelas de formación de Oficiales,
Suboficiales y Agentes;
f) El inscrito que esté cursando el último año de enseñanza media y
no obtuviere el título de bachiller por pérdida del año;
g) El conscripto que reclame alguna exención al tenor del artículo
19 de la presente Ley.”
Cabe observar que al desarrollar la previsión constitucional sobre exenciones,
el legislador acudió al criterio de identificar grupos de personas, que en razón
de un conjunto de características objetivas comunes, se verían exceptuados de
la obligación de prestar el servicio militar. El legislador acude a
consideraciones objetivas, predicables, de manera general, de los grupos para
los cuales se establece la exención.
En el caso de la objeción de conciencia, por su parte, se está ante una situación
personal, que obedece al fuero interno del objetor. De este modo, subsiste la
obligación general, pero la persona, por consideraciones de conciencia, puede
oponerse a cumplirla. La regulación de este fenómeno, entonces, debe ser
distinta, puesto que ya no se trata de identificar grupos de personas que por
sus características objetivas comunes deban ser eximidos del servicio, sino
que la misma debe orientarse a establecer criterios para determinar la
naturaleza de la objeción, su seriedad, o, en general, los condiciones en las que
puede tenerse como válida.
5.2.3. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, por fuera del ámbito
de las exenciones previstas en la ley, existe un deber ineludible de prestar el
servicio militar. Como se puede apreciar a partir del recuento legislativo
realizado, al regular las exenciones al servicio militar obligatorio el legislador
no se ocupó de la objeción de conciencia, razón por la cual cabría decir que el
ordenamiento jurídico, ni consagra, ni excluye la objeción de conciencia al
servicio militar.
232 Corte Constitucional, sentencia C-478 de 1999 (MP Martha Victoria Sáchica de Moncaleano).
102

Expediente D-7685
La existencia de un deber ineludible de prestar el servicio militar que recae
sobre quienes no se encuentren en los supuestos de exención previstos en la
ley conduce al interrogante acerca de la posibilidad de sustraerse de esa
obligación por consideraciones de conciencia. Esto es, en ausencia de
regulación, se plantea la existencia de una tensión entre el carácter obligatorio
del servicio militar, que tiene asidero en la propia Constitución, y la garantía
conforme a la cual nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia, a la
luz de la cual puede fundarse una objeción a la prestación del servicio militar.
5.2.4. Hasta ahora, la jurisprudencia de la Corte se ha pronunciado en contra
de la aplicación de la objeción de conciencia en el ámbito del servicio miliar
obligatorio.
En la Sentencia T-409 de 1992 la Corte expresó que “[c]omo lo establece la
Carta, la regla general es la obligación de prestar el servicio militar y las
excepciones a la misma se encuentran en la ley, lo que significa que si el
colombiano llamado al servicio, no se encuentra en una de tales
circunstancias, debe acudir a las filas.” Agregó la Corte que “[l]a garantía
de la libertad de conciencia no necesariamente incluye la consagración
positiva de la objeción de conciencia para prestar el servicio militar. Esta
figura, que en otros sistemas permite al individuo negarse a cumplir una
obligación como la mencionada cuando la actividad correspondiente
signifique la realización de conductas que pugnan con sus convicciones
íntimas, no ha sido aceptada por la Constitución colombiana como recurso
exonerativo de la indicada obligación.”
Dijo la Corte en esa sentencia:
“Si, como ya se ha dicho, la obligación de prestar el servicio militar
es desarrollo del postulado según el cual los intereses colectivos
prevalecen sobre los individuales y si, además, el Estado al exigirlo
no puede desconocer la igualdad de las personas ante la ley, cuyos
dictados deben ser objetivos e imparciales, es evidente que la
objeción de conciencia para que pueda invocarse, requiere de su
expresa institucionalización dentro del respectivo ordenamiento
jurídico. Es decir, las autoridades no pueden admitirla sin estar
contemplada su posibilidad ni fijadas en norma vigente las
condiciones dentro de las cuales ha de reconocerse; hacerlo sin ese
fundamento en casos específicos representaría desbordamiento de
sus atribuciones y franca violación del principio de igualdad, aparte
de la incertidumbre que se generaría en el interior de la
comunidad.”
En la misma sentencia la Corte presenta una serie de argumentos adicionales
para justificar su decisión, entre los cuales se cuenta, en primer lugar, el hecho
de que, de acuerdo con la historia constituyente, es posible establecer que la
objeción de conciencia fue expresamente rechazada por la Asamblea Nacional
Constituyente. En segundo lugar, añadió que a su parecer, el servicio militar
en sí mismo, como actividad genéricamente considerada, “(…) carece de
103

connotaciones que puedan afectar el ámbito de la conciencia individual (…)”,
por cuanto puede prestarse en distintos campos presentes en la actividad de las
fuerzas militares. Finalmente recurre al derecho comparado para señalar que
en algunos países existen figuras de objeción de conciencia a tomar las armas,
y reitera que en virtud del argumento histórico es imposible considerar la
objeción de conciencia. Dice la sentencia al respecto:
“Pese a lo anterior, algunos sistemas jurídicos han consagrado,
dentro del servicio, una forma específica de objeción, circunscrita a
la obligación de tomar las armas si con ello se violentan los
dictados de la conciencia individual.
En esta modalidad, como se observa, la objeción no se refiere al
servicio militar en su integridad, pues se parte del supuesto de que
está siendo prestado, sino que concierne a una manifestación del
mismo, obviamente dentro de la reglamentación que la respectiva
ley establezca.
En Colombia tampoco es admisible esta posibilidad, igualmente
propuesta y rechazada en la Asamblea Nacional Constituyente, de
tal modo que no existe en nuestro Derecho Público norma alguna
que haga lícita al individuo la conducta de negarse a tomar o a
emplear las armas que le suministran las Fuerzas Militares para los
fines que la Constitución Política indica.”
No obstante lo anterior, en la Sentencia T-409 de 1992 se expresó que del
artículo 18 Superior sí es posible derivar un derecho constitucional a no
observar ciegamente las instrucciones impartidas por el superior.233
Para ello se
sustenta en el bloque de constitucionalidad. Dice la sentencia al respecto:
“No podría interpretarse de otra manera el concepto de orden justo,
perseguido por la Carta Política, según su preámbulo, ni entenderse
de modo diverso el artículo 93 constitucional, a cuyo tenor "los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso,
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación
en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno".
Dice la sentencia al respecto: “Juzga la Corte, por otra parte, que el servicio militar en sí mismo, es
decir como actividad genéricamente considerada, carece de connotaciones que puedan afectar el
ámbito de la conciencia individual, por cuanto aquel puede prestarse en diversas funciones de las
requeridas para la permanencia y continuidad de las Fuerzas Militares. Así, un colombiano llamado
a las filas del ejército nacional, puede desempeñarse en cualquiera de los distintos frentes que
implican la existencia de los cuerpos armados, por ejemplo en calidad de conductor de vehículo, o
como operador de radio, mediante una razonable distribución de tareas y responsabilidades, en el
marco de las facultades legales de quienes tienen a cargo su funcionamiento.” Sentencia T-409 de
1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
233 “No obstante, el perentorio mandato consagrado en el artículo [18] de la Constitución vigente
permite al subalterno reclamar el derecho inalienable de no ser obligado a actuar en contra de su
conciencia, lo cual conduce necesariamente a distinguir, en el campo de la obediencia militar, entre
aquella que se debe observar por el inferior para que no se quiebre la disciplina y la que,
desbordando las barreras del orden razonable, implica un seguimiento ciego de las instrucciones
impartidas por el superior.” Sentencia T-409 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo)
Ibídem
104

Expediente D-7685
Según el Convenio de Ginebra I, del 12 de agosto de 1949,
aprobado por la Ley 5a. de 1960 (Diario Oficial No. 30318), que las
Altas Partes Contratantes se comprometieron a respetar y a hacer
respetar "en todas las circunstancias", existen infracciones graves,
contra las cuales los estados han de tomar oportunas medidas. Entre
ellas se enuncian, a título de ejemplo, "el homicidio intencional, la
tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos
biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes
sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la
salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por
necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y
arbitrariamente" (artículo 50).
Obligado en esos términos el Estado colombiano, mediante un
convenio internacional que, por otra parte, es hoy fuente
interpretativa sobre el alcance de los derechos y deberes de rango
constitucional (artículo 93 Constitución Política), mal podría
prohijarse actualmente una concepción absoluta y ciega de la
obediencia castrense.
Los anteriores conceptos no deben entenderse como la posibilidad
constitucional de que toda orden militar pueda ser discutida por
quienes la reciben, ya que eso representaría una ruptura del
concepto de autoridad, cuyo fundamento reside en la normatividad
en que se apoya este fallo para sostener la obligatoriedad del
servicio y la indispensable disciplina que exigen los altos fines
señalados por la Constitución a las Fuerzas Armadas.”
Por otra parte, en la Sentencia T-409 de 1992 la Corte no se ocupó de estudiar
la Constitucionalidad de la Ley 1ª de 1945, que, para ese momento, regulaba
las condiciones en las que se eximía la prestación del servicio militar
obligatorio,234
asunto que fue abordado en la Sentencia C-511 de 1994, en la
cual, al estudiar la constitucionalidad de la Ley 48 de 1993, la Sala Plena de la
Corte Constitucional resolvió reiterar los criterios fijados en la Sentencia T-
409 de 1992.
Dijo la Corte que la normativa acusada no resultaba violatoria, por omisión, de
la libertad de conciencia consagrada en el artículo 18 de la Carta, dado que
“… no existe en nuestro régimen relacionado con el servicio militar la figura
de la ‘objeción de conciencia’, por cuanto no resulta del fuero propio de las
exigencias del servicio militar el autorizar a los ciudadanos para no atender
este deber esencial, cuyos basamentos se encuentran no sólo en lo dispuesto
234 En esa Sentencia, la Corte expresó: “Ahora bien, si es la ley que obliga a prestar el servicio
militar, la que se considera violatoria de la Constitución Política, ella es susceptible de ser
demandada ante la Corte Constitucional mediante el procedimiento propio de tal acción. || […] la
Corporación que este proceso no tiene por origen una cuestión de inconstitucionalidad de la ley que
regula el tema del servicio militar, sino que el apoderado de los aquí llamados a prestarlo pide que
se los exceptúe de la convocatoria alegando que ésta, dada la religión a la cual dicen pertenecer,
vulnera su libertad de conciencia, asunto del cual se ocupa a continuación esta providencia”.
105

en la ley sino justamente en la conciencia del propio compromiso social.” Al
referirse a un cargo por desconocimiento a la paz, para declararlo infundado,
la Corte agregó que era preciso tener en cuenta que el servicio militar tiene por
finalidad constitucional la participación ciudadana en el logro y
mantenimiento de la paz.
La anterior línea jurisprudencial ha sido reiterada en varias ocasiones.En la
Sentencia C-561 de 1995, por ejemplo, se consideró que el artículo 3° de la
Ley 48 de 1993, que establece el carácter obligatorio general del servicio
militar obligatorio, no viola las libertades de conciencia, de religión y de
cultos, al no excluir aquellas personas que podrían objetar conciencia con base
en lo dicho en las sentencias T-409 de 1992, C-511 de 1994 y T-363 de 1995.
En la Sentencia C-740 de 2001 volvió a reiterarse esta posición, a propósito de
una demanda contra los artículos 117, 255 a 258 e inciso final del artículo 579
de la Ley 522 de 1999-Código Penal Militar-.235
Recientemente la Corte se
pronunció tangencialmente acerca de la objeción de conciencia y el pago de la
cuota de compensación militar, pero con ocasión de una demanda que no
controvirtió la norma por tales razones, sino por el hecho de que se trataba de
un impuesto incompleto que, por tanto, violaba el principio de tipicidad legal
de los tributos.236
5.2.5. En este recuento sobre la objeción de conciencia a la prestación del
servicio militar, la Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra que existen
varias razones para apartarse de la jurisprudencia de la Corporación conforme
a la cual, bajo el orden constitucional vigente, no existe el derecho a dicha
Corte Constitucional, Sentencia C-561 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
235 Corte Constitucional, Sentencia C-740 de 2001, M.P. Alvaro Tafur Galvis, S.V. Jaime Araujo
Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
236 Sentencia C-621 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa. En
este caso la Corte indicó, entre otras cosas, lo siguiente: “Conforme [al artículo 216] constitucional
[…] al legislador le corresponde determinar las condiciones que eximen del servicio militar y,
aunque nada se opone a estimar que el Congreso de la República hubiera podido imponer el
cumplimiento de una prestación social sustitutoria a quienes resultaran eximidos del servicio militar
por haberse configurado alguna de las causales de exención o por inhabilidad o falta de cupo, lo
cierto es que no lo hizo así y que, en cambio, previó el pago de una suma de dinero, denominándola
‘cuota de compensación militar’. || Como lo ha expuesto la Corte Constitucional [C-804 de 2001],
el propósito de esa cuota consiste en normalizar la situación militar del inscrito que no ingrese a
filas y, de acuerdo con lo precedentemente señalado, cabe agregar ahora que esa finalidad no le
transmite a la cuota de compensación las características del servicio militar y, por supuesto,
tampoco el carácter personal, pues aunque el pago de la cuota es obligatorio, se trata de una
prestación eminentemente pecuniaria y así la califica el artículo 22 de la Ley 48 de 1993 cuya
constitucionalidad debe examinar la Corporación. || No existe, pues, una especie de filiación capaz
de transmitirle a la cuota de compensación las condiciones propias del servicio militar y ello
responde al sentido mismo de la situación de eximido que tiende a producir una ruptura respecto de
la obligación originaria, pues, como se destacó, significa ser liberado de ella y, según el régimen
colombiano, en las condiciones que la ley disponga.” La Corte resolvió, primero, inhibirse para
emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones “El inscrito que no ingrese a
filas y sea clasificado debe pagar una contribución pecuniaria al Tesoro Nacional, denominada
cuota de compensación militar” contenidas en el inciso primero del artículo 22 de la Ley 48 de
1993, por ineptitud sustantiva de la demanda; segundo, declarar inexequible la expresión “El
Gobierno determinará su valor y las condiciones de liquidación y recaudo”, contenida en el artículo
22 de la Ley 48 de 1993; y tercero, que los efectos de la inexequibilidad declarada, operan hacia el
futuro respecto de quienes sean clasificados con posterioridad a la presente sentencia.
106

Expediente D-7685
objeción.
Para la Corte, a partir de una lectura armónica de los artículos, 18 (libertad de
conciencia) y 19 (libertad de religión y cultos) de la Constitución, a la luz del
bloque de constitucionalidad, es posible concluir que de los mismos sí se
desprende la garantía de la objeción de conciencia frente al servicio militar.
Lo anterior encuentra sustento en el hecho de que, en general, la libertad de
conciencia, como se indicó, explícitamente garantiza a toda persona el derecho
constitucional a ‘no ser obligado actuar en contra de su conciencia’. De este
modo, quien de manera seria presente una objeción de conciencia, vería
irrespetado su derecho si, pese a ello, se le impusiese un deber que tiene un
altísimo grado de afectación sobre la persona en cuanto que, precisamente, su
cumplimiento implicaría actuar en contra de su conciencia.
Como se ha dicho, si bien la garantía constitucional a partir de la cual es
posible plantear objeciones de conciencia al cumplimiento de distintos deberes
jurídicos, requiere un desarrollo legislativo, la ausencia del mismo no
comporta la ineficacia del derecho, el cual, en su núcleo esencial, puede
hacerse valer directamente con base en la Constitución.
De este modo, la posibilidad de presentar una objeción de conciencia está
supeditada a la valoración que, en cada caso concreto se realice en torno a, por
una parte, los elementos que configuran la reserva de conciencia, frente a, por
otro, la naturaleza del deber que da lugar al reparo. Si a la luz de ese análisis
se concluye que hay lugar a la objeción de conciencia, la falta de previsión
legislativa sobre el particular, no puede tenerse como un obstáculo para la
efectividad del derecho, el cual podría ejercerse con base directamente en la
Constitución. En este sentido la Corte se aparta de la interpretación conforme
con la cual, en el pasado, había llegado a la conclusión de que la Asamblea
Nacional Constituyente, al rechazar la propuesta de incluir de manera expresa
en el texto de la Constitución la garantía de la objeción de conciencia al
servicio militar, había excluido del orden constitucional la posibilidad de dicha
objeción. Esa conclusión parte del criterio según el cual el ejercicio de la
objeción de conciencia requiere que, en cada caso, la misma se consagre de
manera expresa por la Constitución o por la ley. Sin embargo, observa la Sala
que no ha sido esa la lectura que a la garantía del derecho a no ser obligado a
actuar contra su conciencia le ha dado la jurisprudencia, ni el alcance que en
relación con la misma se precisa en esta sentencia. En efecto, una cosa es que
las condiciones para el ejercicio del derecho deban ser definidas por el
legislador, y otra que cuando se den los supuestos que, a la luz de la
Constitución, le dan piso, el mismo puede ejercerse por sus titulares, aún sin
que el legislador haya fijado las condiciones para ese ejercicio.
Por otra parte, en la medida en que, a menudo, la objeción de conciencia al
servicio militar está ligada a consideraciones de carácter religioso, la negativa
a reconocerla afecta también la libertad religiosa y de cultos (art. 19, CP) que
tiene por objeto asegurar a las personas la posibilidad de tener las creencias
107

religiosas que se quieran, y, además, la posibilidad de adecuar sus
comportamientos y actuaciones externas a los mandatos de sus creencias
internas. Para la Corte no es razonable obligar a una persona a prestar el
servicio militar, cuando los fines imperiosos que se buscan por tal medio,
como retribuir a la patria los beneficios recibidos, contribuir a la protección de
la Nación y el Estado, así como propiciar la cohesión social, son fines
constitucionales que pueden conseguirse por otros medios. No es necesario
que sea mediante la prestación del servicio militar, que, en el caso de los
objetores de conciencia, plantea un conflicto muy profundo entre el deber
constitucional y las convicciones o las creencias que profesan.
La anterior interpretación se encuentra en armonía no solamente con
jurisprudencia de la Corte que ha reconocido explícitamente que es posible
objetar por razones de conciencia deberes laborales, educativos y
profesionales, sino con referentes normativos del bloque de constitucionalidad
como el que se desprende de la Resolución 1989/59 adoptada por la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre objeción de conciencia
al servicio militar, la cual se da, entre otras, “reconociendo el derecho de toda
persona a tener objeciones de conciencia al servicio militar como ejercicio
legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
enunciado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos”, y en la cual se “recomienda a los Estados que tenga un sistema de
servicio militar obligatorio en el que no se haya introducido todavía una
disposición de ese tipo, que introduzcan varias formas de servicio alternativo
para los objetores de conciencia, compatibles con las razones en que se basa
la objeción de conciencia.” Del mismo modo, en la Observación General N°
22 de 1993, sobre el derecho a la libertad de pensamiento, el Comité observa
que “[e]n el Pacto no se menciona explícitamente el derecho a la objeción de
conciencia pero el Comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo
18, en la medida en que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede
entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a
manifestar y expresar creencias religiosas u otras creencias.” Expresamente el
Comité invitó a los Estados Partes a que “[…] informen sobre las condiciones
en que se puede eximir a las personas de la realización del servicio militar
sobre la base de sus derechos en virtud del artículo 18 y sobre la naturaleza y
la duración del servicio nacional sustitutorio.” Recientemente, como lo
mencionan varias intervenciones, en las Observaciones finales del Comité de
Derechos Humanos: Colombia (2004),237
este organismo constato “con
preocupación” que la legislación de Colombia “no permite la objeción de
conciencia al servicio militar”. En consecuencia, observa que el Estado
“debería garantizar que los objetores de conciencia puedan optar por un
servicio alternativo cuya duración no tenga efectos punitivos” (arts. 18 y 26).
A lo anterior, se suma el reciente caso Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi
contra la República de Korea, en el cual el Comité de Derechos Humanos
consideró que el Estado Parte había sido en extremo severo; señaló que la
237 26/05/2004; CCPR/CO/80/COL.
108

Expediente D-7685
acumulación de condenas penales por declarar la objeción de conciencia,
mediante la reiterada expedición de los avisos de alistamiento, puede dar lugar
a medidas draconianas, y que la prohibición de empleo en organizaciones
públicas tras la negativa a cumplir con el servicio militar es también una
medida severa.238
5.2.6. La Corte debe señalar que las convicciones o creencias que den lugar
a negarse a la prestación del servicio militar deben ser profundas, fijas y
sinceras, para que sean de una entidad tal que realmente se encuentre
amenazada la libertad de conciencia y de religión.239
5.2.6.1. En primer lugar, cabe resaltar que las convicciones o las creencias
que son objeto de protección constitucional, tienen que definir y condicionar
la actuación de las personas. Esto es, su obrar, su comportamiento externo. No
puede tratarse de convicciones o de creencias que tan sólo estén en el fuero
interno y vivan allí, que no transciendan a la acción. En tal sentido, si una
convicción o una creencia han permanecido en el fuero interno durante algún
tiempo, al llegar el momento de prestar el servicio militar obligatorio, tal
convicción o creencia puede seguir limitada a ese ámbito interno. No existe en
tal caso, en principio, un deber constitucional de garantizar el derecho a no ser
obligado a actuar en contra de su conciencia.
5.2.6.2. En tal sentido, todo objetor de conciencia tendrá la mínima
obligación de demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de
sus creencias. Es su deber, probar que su conciencia ha condicionado y
determinado su actuar de tal forma, que prestar el servicio militar obligatorio
implicaría actuar en contra de ella.
5.2.6.3. Ahora bien, las convicciones o creencias que se invoquen,
además de tener manifestaciones externas que se puedan probar, deben ser
profundas, fijas y sinceras.
5.2.6.3.1. Que sean profundas implica que no son una convicción o una
creencia personal superficial, sino que afecta de manera integral su vida y su
forma de ser, así como la totalidad de sus decisiones y apreciaciones. Tiene
que tratarse de convicciones o creencias que formen parte de su forma de vida
y que condicionen su actuar de manera integral.
5.2.6.3.2. Que sean fijas, implica que no son móviles, que no se trata de
convicciones o creencias que pueden ser modificadas fácil o rápidamente.
Creencias o convicciones que tan sólo hace poco tiempo se alega tener.
238 Dice el Comité: “This does not change the fact that the practice of the state party in this case
has apparently tended to be harsh. The "stacking" of criminal sentences for conscientious objection,
through repeated re-issuance of notices for military service, can lead to draconian results. The
prohibition of employment by public organizations after a refusal to serve also is a severe result.”
(Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi contra la República de Korea; CCPR/C/88/D/1321 -1322 /
2004).
239 En este apartado la Corte retoma textualmente, salvo ajustes menores, la ponencia inicialmente
presentada por la Magistrada María Victoria Calle Correa.
109

5.2.6.3.3. Finalmente, que sean sinceras implica que son honestas, que no
son falsas, acomodaticias o estratégicas. En tal caso, por ejemplo, el
comportamiento violento de un joven en riñas escolares puede ser una forma
legítima de desvirtuar la supuesta sinceridad, si ésta realmente no existe.
5.2.6.4. Por otra parte, aclara la Corte, que las convicciones o creencias
susceptibles de ser alegadas pueden ser de carácter religioso, ético, moral o
filosófico. Las normas constitucionales e internacionales, como fue expuesto,
no se circunscriben a las creencias religiosas, contemplan convicciones
humanas de otro orden, que estructuran la autonomía y la personalidad de toda
persona.
5.2.6.5. Finalmente, basta señalar que hasta tanto no se considere un
proceso especial, reglamentado por el legislador, las objeciones de conciencia
que presenten los jóvenes, deberán ser tramitadas de forma imparcial y
neutral, de acuerdo con las reglas del debido proceso, y, en todo caso, el
derecho constitucional de objeción de conciencia, puede ser objeto de
protección por parte de los jueces de tutela.
6. Análisis del problema jurídico
Tal como se ha señalado, el problema que debe resolver la Corte es si el
legislador, al establecer en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 dos hipótesis en
las que se está exento de prestar el servicio militar en todo tiempo, incurrió en
una omisión legislativa relativa contraria a la igualdad, a la libertad de
conciencia y a la libertad de cultos, por no incluir a los objetores de conciencia
entre los sujetos exentos.
Para la Sala, la pretensión de la demanda no satisface el primero de los
requisitos que la jurisprudencia ha fijado para que proceda una demanda de
inconstitucionalidad frente a una omisión legislativa relativa, cual es que la
acusación recaiga sobre una norma específica de la que pueda predicarse la
omisión.
En efecto, en este caso, la omisión legislativa señalada por los demandantes no
se predica de la norma acusada que establece, de manera general, unas
exenciones al servicio militar. Así, si bien es cierto que los demandantes
acusan una norma específica, el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, no cabe
afirmar que los supuestos allí regulados sean asimilables a la situación de
quienes se oponen al servicio militar por consideraciones de conciencia, al
punto que resultase imperativo regular, en la misma disposición, el régimen
aplicable a la objeción de conciencia al servicio militar.
En el artículo demandado el Legislador determinó las condiciones que en todo
tiempo eximen del servicio militar, en los siguientes términos:
110

Expediente D-7685
militar:
Así, la disposición demandada tiene por objeto establecer cuáles son los
grupos de personas que se benefician de dos consecuencias jurídicas, a saber,
(i) estar exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y, además, (ii) no
pagar cuota de compensación militar. Los grupos a los cuales se otorgan éstas
dos consecuencias jurídicas son: (a) ‘los limitados físicos y sensoriales
permanentes’ y (b) ‘los indígenas que residan en su territorio y conserven su
integridad cultural, social y económica’.
Para los demandantes, parece claro que las personas para las cuales prestar el
servicio militar obligatorio implica actuar en contra de su conciencia o de sus
creencias religiosas no están comprendidas dentro de la previsión del artículo
27 de la Ley 48 de 1993, no obstante que se encuentran en una situación
asimilable a la de quienes sí lo están, razón por la cual se presentaría una
omisión legislativa relativa contraria a la Constitución.
No comparte la Corte la anterior consideración por cuanto, al paso que en la
disposición acusada se identifica a dos conjuntos de personas que, en razón de
una serie de características objetivas, se encuentran exentos, de manera
general, de la prestación del servicio militar y de la obligación de pagar la
cuota de compensación militar, la pretensión de los demandantes alude a una
condición subjetiva, por razón de la cual, determinadas personas, por
consideraciones de conciencia, se oponen a la prestación del servicio militar,
al cual, de manera general, se encuentran obligadas. Así, al paso que la norma
acusada alude a dos conjuntos de personas objetivamente caracterizados, la
objeción de conciencia plantea, en cada caso concreto, la existencia de un
conflicto que surge para una persona en razón de la contraposición que
encuentra entre la obligación a la que se encuentra sometida de prestar el
servicio militar, y sus convicciones o sus creencias religiosas. Se trata,
entonces, de supuestos que no son asimilables. En el caso de la objeción de
conciencia no habría una exención a la obligación de prestar el servicio
militar, sino un derecho subjetivo a no verse forzado a prestar un servicio -al
que se estaría obligado por la ley- por consideraciones de conciencia. En
general, sobre el carácter eminentemente subjetivo de la objeción conciencia,
la Corte ha puntualizado que “[e]n cuanto prerrogativa personal, la
conciencia a la que se refiere la libertad constitucionalmente protegida, es la
conciencia subjetiva, o mejor, la regla subjetiva de moralidad. No se trata
pues de la protección abstracta de un sistema moral determinado, o de una
regla objetiva de moralidad. De hecho, no hace falta estar inscrito en una
111

religión determinada, ni en un sistema filosófico, humanístico o político, para
emitir juicios prácticos en torno de lo que es correcto o incorrecto.”240
La norma acusada no se orienta a regular las condiciones en las cuales
determinadas personas, por consideraciones puramente subjetivas, se oponen
al servicio militar, sino a identificar conjuntos de personas, objetivamente
diferenciables, a cuyos integrantes, en razón de sus circunstancias se les exime
de la obligación del servicio militar.
En este caso, lo que en realidad se censura es que el legislador no haya
expedido una ley que regule la objeción de conciencia en el ámbito del
servicio militar, lo cual se mueve en el ámbito de una omisión legislativa
absoluta. Distinto sería el evento de una ley que regulase la procedencia de la
objeción de conciencia, estableciese unos supuestos generales para ello y
omitiese incluir al servicio militar entre las hipótesis en las cuales puede
plantearse la objeción. En ese caso, en relación con esa norma, podría
predicarse la existencia de una omisión legislativa relativa.
Reitera la Sala que en esta oportunidad se está ante una omisión legislativa
absoluta, por cuanto, no obstante que, como se ha puesto de presente en esta
providencia, existe un derecho subjetivo a oponerse a la prestación del
servicio militar por consideraciones de conciencia, el legislador no ha
desarrollado la norma constitucional en este campo, para regular, entre otros
aspectos, las condiciones en las que puede hacerse efectivo el derecho, el
procedimiento para obtener su reconocimiento, la fijación de una cuota de
compensación militar, o la previsión de un servicio social alternativo.
Advierte la Sala que, tal como se ha manifestado en otras ocasiones, la
omisión del legislador, si bien dado su carácter de absoluta, no puede ser
suplida por una decisión integradora de la Corte en sede de control abstracto
de normas, no implica que el derecho a la objeción de conciencia, incluido el
que se plantee frente al servicio militar, no pueda ejercerse, sino que en tal
caso se aplica de manera directa la Constitución y el derecho puede hacerse
valer, cuando sea necesario, por la vía de la acción de tutela.
En este contexto es preciso señalar que en el concepto de objeción de
conciencia confluyen dos aspectos distintos, puesto que, por un lado, está el
derecho constitucional que tiene una persona a no ser obligada a actuar en
contra de su conciencia o de sus creencias y, por otro, el procedimiento que
debe establecer el legislador en orden a puntualizar las condiciones requeridas
para que se reconozca a una persona su condición de objetor de conciencia al
servicio militar. El primero es un derecho fundamental de inmediato
cumplimiento, cuyo goce efectivo, como se ha dicho, puede ser garantizado
por el juez de tutela. El segundo es un desarrollo legal que en Colombia no
existe. No obstante, el cumplimiento del primer derecho no puede depender de
la existencia del procedimiento legal para que se reconozca a alguien su
condición de objetor.
112

Expediente D-7685
Dado que la omisión legislativa pretendida por los demandantes no es
predicable del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, se declarará la exequibilidad
de esa disposición. No obstante lo anterior, para la Corte es claro que, el
reconocimiento del derecho de objeción de conciencia, sin un marco legal que
defina las condiciones y los procedimientos para su ejercicio, genera ciertas
dudas y vacíos en el sistema jurídico, y que la definición de tales reglas y
condiciones corresponde al legislador como agente por excelencia de la
democracia representativa. Por esta razón, se exhortará al Congreso a que
regule el tema, definiendo, a la luz de la Constitución, las condiciones de
procedencia del derecho, así como las alternativas que quepa ofrecer a los
objetores para que tengan la opción de cumplir con su deber constitucional
para con la patria sin tener que desconocer sus convicciones o creencias
religiosas.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero. - Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el artículo 27 de la
Ley 48 de 1993.
Segundo. - Exhortar al Congreso de la República para que, a la luz de las
consideraciones de esta providencia, regule lo concerniente a la objeción de
conciencia frente al servicio militar.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Salvamento de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
113

JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
Salvamento de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Salvamento de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
114

Expediente D-7685
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA,
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ,
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Y
A LA SENTENCIA C-728 de 2009
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA EN EXENCIONES AL
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN LEY DE
RECLUTAMIENTO-Configuración en relación con los objetores de
conciencia (Salvamento de voto)
LEGISLATIVA RELATIVA-Procedencia por exclusión de objetores de
conciencia al servicio militar obligatorio (Salvamento de voto)
Contrario a lo considerado por la Sala Plena de la Corte Constitucional, la
Ley 48 de 1993, si incurrió en una omisión legislativa relativa al no haber
incluido en el artículo 27 a aquellas personas que se nieguen a prestar
servicio militar obligatorio cuando éste conlleva para ellas actuar en contra
de su conciencia o de sus creencias, con lo que se avala un trato
discriminatorio a un grupo de personas constitucionalmente protegido y se
desconoce la especial reserva en materia de la obligación de prestar el
servicio militar obligatorio.
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD DE EXENCIONES AL
SERVICIO MILITAR EN LEY DE RECLUTAMIENTO-Diferencia
entre razones subjetivas y razones objetivas no justifican trato diferente
frente a los objetores de conciencia (Salvamento de voto)
Diferenciar a las personas que tienen un derecho constitucional a no prestar
el servicio militar obligatorio, por razones subjetivas (del fuero interno) de
aquellas que lo tienen por características objetivas comunes es una distinción
que no justifica constitucionalmente un trato diferente, además de que no se
relaciona con la distinción constitucional reconocida, puesto que la situación
de varios objetores de conciencia tiene muchos puntos de comparación con la
situación de los indígenas, en la medida que la condición de indígena supone
la pertenencia a una comunidad, a un grupo de personas, en tanto los
objetores de conciencia son personas que pertenecen a una comunidad que
comparte un conjunto de creencias religiosas y un determinado culto, o una
serie de concepciones éticas, filosóficas, morales y políticas, que los sitúa en
el camino de la no violencia y el rechazo estructural, sistemático y total hacia
115

toda forma de violencia. La posición del objetor de conciencia es radical a la
prestación del servicio militar, mucho más que la de los indígenas o la de las
personas con alguna limitación.
RAZONABILIDAD EN SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD DE EXENCIONES AL SERVICIO
MILITAR-Incumplimiento en relación con la exclusión de los objetores
de conciencia en la exención (Salvamento de voto)
La sentencia se limitó a postular un criterio con base en el cual se introduce
una diferencia de trato, a saber: el carácter objetivo o subjetivo de las
razones por las cuales una persona está exenta del servicio militar, pero no
analizó la razonabilidad constitucional de tal distinción
OBJECION DE CONCIENCA AL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO-Reconocimiento por tutela para exención de la
obligación genera dudas e incertidumbre (Salvamento de voto)
Si bien la Sala Plena, sin división alguna, consideró que bajo el orden
constitucional vigente toda persona tiene derecho a objetar por razones de
conciencia, o con base en sus creencias, su obligación constitucional a
prestar servicio militar obligatorio y a que el goce de ese derecho pueda ser
garantizado judicialmente, incluso si el legislador ha omitido contemplarlo o
desarrollarlo; es justamente, a partir de la presente sentencia, que se genera
incertidumbre y duda respecto de los casos en que procedería su aplicación
tanto para las fuerzas militares como para los jueces de tutela que tendrán
que administrar ese derecho fundamental, sin guía legislativa.
Referencia: Expediente D-7685
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 27 de la Ley 48 de 1993
Demandantes:
Gina Cabarcas Macía, Antonio Barreto
Rozo y Daniel Bonilla Maldonado
Magistrado Ponente:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
116

Expediente D-7685
Como se dice una cosa, se dice la otra241
Los Magistrados María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Jorge
Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva, que salvamos el voto a la
sentencia C-728 de 2009, nos apartamos de la posición mayoritaria por
considerar que la Ley 48 de 1993 sí incurrió en una omisión legislativa
relativa, al no haber incluido en el artículo 27 a aquellas personas que se
nieguen a prestar servicio militar obligatorio cuando éste conlleva para ellas
actuar en contra de su conciencia o de sus creencias. Expresamos a
continuación los motivos de nuestra disidencia, que aparecerían en la
ponencia original que compartimos, y que en los respectivos debates
defendimos.242
Al haber considerado lo contrario la Sala Plena de la Corte Constitucional ha
proferido un fallo (i) que avala un trato discriminatorio a un grupo de
personas constitucionalmente protegido y (ii) desconoce la especial reserva
democrática contemplada por el Constituyente de 1991 en materia de
regulación de la obligación constitucional de prestar el servicio militar
obligatorio. A continuación se explicará cada uno de tales aspectos, para luego
(iii) celebrar que al menos la sentencia hubiera reconocido explícitamente la
objeción de conciencia al servicio militar, pero advertir (iv) algunas de las
dudas e incertidumbres que pueden suscitarse. Posteriormente, (v) se hará
referencia al debate sobre la objeción de conciencia al servicio militar
obligatorio en la Asamblea Nacional Constituyente, (vi) también breve
comentario acerca del sentido de las fuerzas armadas en un estado social y
democrático derecho para, finalmente, (vii) concluir.
1. Según la sentencia, la ley de reclutamiento no omitió a los objetores de
conciencia, pues estos no están exentos de prestar servicio militar, sin
embargo, aclara que en todo caso, los objetores de conciencia no están
obligados a prestar servicio militar
241 Poner nombre a un salvamento de voto es una suerte de homenaje al difunto Magistrado Ciro
Angarita Barón, quien acostumbraba a hacerlo. Entre otros, cabe recordar ‘En defensa de la
normalidad que los colombianos hemos decidido construir’ (a la sentencia C-004 de 1992),
‘Palabras, palabras ¿flatus vocis?’ (a la sentencia T-407 de 1992), ‘Del dicho al hecho’ (a la
sentencia T-418 de 1992), ‘Palabras inútiles’ (a la sentencia T-438 de 1992), ‘Otro escarnio
irrefragable’ (a la sentencia T-462 de 1992), ‘Justicia constitucional y formalismo procesal’ (a la
sentencia T-614 de 1992).
242 El texto definitivo de la sentencia, para la elaboración del salvamento de voto, fue remitido por
la Secretaría General de la Corporación el 30 de agosto de 2010, una vez fue registrado el fallo.
117

Para la mayoría de la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Ley 48 de 1993
no viola la Constitución, pues considera que no constituye una omisión
legislativa relativa, dejar de incluir a los objetores de conciencia dentro de los
casos en los que la ley contempla exenciones en todo tiempo al servicio
militar obligatorio (artículo 27). A juicio de la mayoría de la Sala, se trata de
un grupo de personas que tienen un derecho constitucional a no prestar el
servicio militar obligatorio, pero por razones del “fuero interno”, no por sus
“características objetivas comunes”. En tal medida, considera que no se viola
el principio de igualdad al sí haber reglamentado mediante ley las exenciones
al servicio militar obligatorio sobre grupos de personas con “características
objetivas comunes”, en una ley general sobre reclutamiento, pero no haber
considerado a los objetores de conciencia por razones del “fuero interno”. Se
consideró que eran dos grupos absolutamente diferentes, que contemplan
hipótesis legislativas tan distintas e incomparables, que se tuvo por totalmente
razonable que el legislador regulara esa cuestión autónomamente.
La sentencia plantea su análisis en los siguientes términos.243
En primer lugar,
reconoce que “en el mismo artículo que establece la obligación de prestar el
servicio militar, la Constitución dispone que corresponde a la ley determinar
las condiciones que en todo tiempo eximen de servicio militar”, y cita
expresamente el texto del artículo 27 de la Ley 48 de 1993. Posteriormente,
sin mayor justificación, la sentencia pasa a hablar de otros casos distintos a
los contemplados en la norma acusada y que, por disposición constitucional,
han de ser regulados por la Constitución.244
Es decir, de los casos de
exenciones para todo tiempo, pasa a hablar de los casos de exenciones en
tiempo de paz y los casos de aplazamientos. En último término, afirma que
todos estos son un ‘mismo tipo de caso’ y que, por tanto, tiene sentido que
sean regulados conjunta e íntegramente en la misma ley, así sea en tres
artículos distintos. Dice al respecto la sentencia,
“Cabe observar que al desarrollar la previsión constitucional sobre
exenciones, el legislador acudió al criterio de identificar grupos de
personas, que en razón de un conjunto de características objetivas
comunes, se verían exceptuados de la obligación de prestar el
servicio militar. El legislador acude a consideraciones objetivas
predicables, de manera general, de los grupos para los cuales se
243 Apartado 5.2.2. de las consideraciones de la sentencia.
244 Luego de indicar que “en desarrollo de esa previsión constitucional [artículo 216, CP], en el
artículo 27 de la Ley 48 de 1993, el Legislador determinó las condiciones que en todo tiempo
eximen del servicio militar”, y de citar la norma en cuestión, la sentencia afirma: “por otra parte, la
misma ley, en su artículo 28, contempló también una exención que opera únicamente en tiempos de
paz y que supone la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar” y cita esta
nueva disposición legal. Posteriormente, continúa sosteniendo lo siguiente: “Finalmente, en el
artículo 29 de la Ley 48 de 1993 se contempla el caso de quienes se encuentren en una situación
que, temporalmente, los imposibilita prestar el servicio militar, evento para el cual se dispone (1) el
aplazamiento de la prestación del servicio militar y que (2) tal aplazamiento se mantendrá por el
tiempo que subsista la respectiva causal”; a continuación cita la respectiva norma.
118

Expediente D-7685
establece la exención.”
Para la Sala, el propósito del legislador al regular los casos de ‘exenciones’,
sin importar en qué tiempo se conceda, y los casos de ‘aplazamientos’, era
tipificar legislativamente los ‘casos’ fundados en características objetivas.
Todos hacen, a su juicio, parte del mismo grupo, el de las exenciones
objetivas.
A su vez, considera que los objetores de conciencia son radicalmente
diferentes a los casos anteriores. Que son personas cuya incompatibilidad con
el servicio militar posee una característica que lleva a que sean considerados
un tema autónomo y diferente a todos los demás, y a que, por tanto, tenga que
ser tratado de manera independiente, mediante una regulación particular y
específica. Al respecto dice la sentencia,
“En el caso de la objeción de conciencia, por su parte, se está ante una
situación personal, que obedece al fuero interno del objetor. De este
modo, subsiste la obligación general, pero la persona, por
consideraciones de conciencia, puede oponerse a cumplirla. La
regulación de este fenómeno, entonces, debe ser distinta, puesto que ya
no se trata de identificar grupos de personas que pos sus características
objetivas comunes deban ser eximidos del servicio, sino que la misma
debe orientarse a establecer criterios para determinar la naturaleza de la
objeción, su seriedad, o, en general, las condiciones en las que puede
tenerse como válida.”
Para la sentencia, las personas objetoras de conciencia se oponen a cumplir la
obligación de prestar servicio militar por ‘situaciones personales’ que se
deben al ‘fuero interno’. A juicio de la Sala, esta característica implica que
este tipo de situaciones son un fenómeno que debe ser regulado de forma
independiente, pues se trata de casos totalmente diferentes.
Al resolver el problema jurídico planteado, la sentencia retoma la cuestión y
la analiza de la siguiente manera,
“Para los demandantes, parece claro que las persona para las cuales
prestar el servicio militar obligatorio implica actuar en contra de su
conciencia o de sus creencias religiosas no están comprendidas dentro de
la previsión del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, no obstante que se
encuentran en una situación asimilable a la de quienes sí lo están en
119

razón por la cual se presentaría una omisión legislativa relativa contraria
a la Constitución.
No comparte la Corte la anterior consideración por cuanto, al paso que
en la disposición acusada se identifica a dos conjuntos de personas que,
en razón de una serie de características objetivas, se encuentran exentos,
de manera general, de la prestación del servicio militar y de la obligación
de pagar la cuota de compensación militar, la pretensión de los
demandantes alude a una condición subjetiva, por razón de la cual,
determinadas personas, por consideraciones de conciencia, se oponen a
la prestación del servicio militar, al cual, de manera general, se
encuentran obligadas. Así, al paso que la norma acusada alude a dos
conjuntos de personas objetivamente caracterizados, la objeción de
conciencia plantea, en cada caso concreto, la existencia de un conflicto
que surge para una persona en razón de la contraposición que encuentra
entre la obligación a la que se encuentra sometida de prestar el servicio
militar, y sus convicciones o sus creencias religiosas. Se trata, entonces,
de supuestos que no son asimilables. En el caso de la objeción de
conciencia no habría una exención a la obligación de prestar el servicio
militar, sino un derecho subjetivo a no verse forzado a prestar un servicio
–al que se estaría obligado por la ley– por consideraciones de conciencia.
[…]”
120

Expediente D-7685
Para los magistrados que salvamos el voto a la sentencia en cuestión,
diferenciar a las personas que tienen un derecho constitucional a no prestar el
servicio militar obligatorio, por razones ‘subjetivas’ (del “fuero interno”), de
aquellas que lo tienen por “características objetivas comunes” es una
distinción que (1) se construye, pero (2) no justifica constitucionalmente un
trato diferente; (3) que no se relaciona con la distinción constitucional
reconocida y (4) que no refleja las intenciones del Congreso de la República
al expedir la ley de reclutamiento. Adicionalmente, ante el efecto de tal
decisión, (5) la Sala Plena decide ‘desdecirse’ y afirmar lo que había negado.
1.1. La razón con base en la cual se hace la distinción es una mera
construcción para justificar el ‘trato diferente’, para sostener que no es un
trato discriminatorio.
121

Supuestamente, los ‘limitados físicos y sensoriales permanentes’ y los
‘indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural,
social y económica’ son casos similares entre sí, por ser objetivos, y distintos
a su vez de los ‘objetores de conciencia’, por ser este último, un caso
subjetivo, del fuero interno. Quizá, en gracia de discusión, se podría aceptar
que la condición de ‘limitado físico y sensorial permanente’ es plenamente
objetiva y determinarla sólo depende de factores externos.245
Para la ley, en
desarrollo de la protección constitucional, lo conveniente y justo es que las
personas que se encuentran en esta situación no tienen por qué prestar el
servicio militar. En la medida en que buena parte de la carga que supone la
prestación del servicio militar supone actividades y entrenamientos de
carácter físico, la condición de limitación física o sensorial permanente
implica que el cumplimiento de dicha obligación conlleve una carga
desproporcionada. No se trata de excluir a las personas que estén limitadas
físicamente de las fuerzas militares o policiales de la Nación. La norma
reconoce que, por la especial situación en la que se encuentran las personas
que tienen algún tipo de ‘limitación física o sensorial permanente’, tener que
prestar el servicio militar obligatorio conlleva para ellas asumir una carga
desproporcionada, sobre todo, en contraste con el costo que la prestación del
servicio militar implica para personas que carecen de dichas limitaciones.
Pero como se dijo, esto se concluye si, en gracia de discusión, se acepta que la
condición de limitación física es de carácter meramente biológico y
objetivo.246
245 La noción de estar limitado físicamente puede ser criticada como una condición que no es
biológica, necesariamente, sino que es impuesta socialmente. Sentirse o no con la plenitud de las
capacidades, tiene que ver no sólo con la condición específica de cada persona y de sus habilidades,
sino también con el parámetro que sea considerado “normal”. Sobre los debates que en torno a esta
cuestión se pueden dar, se puede ver, entre otras, la discusión constitucional abordada por la Corte
Constitucional en la sentencia T-1258 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo), acerca de las
personas de talla baja. Teóricamente, la cuestión ha sido tratada por muchos autores, entre los cuales
resalta Michel Foucault, con investigaciones como las que dieron lugar al curso que dictó entre
enero y marzo de 1975 en el College de France bajo el título, justamente, de Los Anormales.
[FOUCAULT, Michel (1975) Los Anormales. Fondo de Cultura Económica. México, 2007.]
246 Las habilidades desarrolladas por muchas personas consideradas ‘limitadas física y
sensorialmente’ permiten preguntarse si, realmente quienes son considerados ‘normales’ no se
encuentran notoriamente ‘limitados’. Así, por ejemplo, el desarrollo de las capacidades auditivas de
muchas de las personas afectadas en su visión, demuestran el grado tan pobre de desarrollo y de uso
que a tal sentido dan las llamadas personas ‘normales’ y, supuestamente, ‘no limitadas’.
122

Expediente D-7685
Pero los indígenas sin duda están en una situación distinta. En tal caso, se
trata de una condición humana más compleja que supone, por lo menos,
factores externos identificables y objetivamente reconocibles, pero supone
también, dimensiones humanas internas. El ser indígena es una condición que
afecta de manera completa e íntegra la psicología y el ‘fuero interno’ de la
persona que se identifica y considera como tal. De hecho, el criterio
establecido por el legislador (esto es, que se trate de indígenas que ‘residan
en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica’)
implica contemplar dimensiones personales tradicionalmente consideradas
internas. Ser indígena en Colombia suele suponer, por ejemplo, compartir con
una comunidad una lengua propia, al igual que una religión y una cultura
propia, que contempla sistemas axiológicos y de creencias diferentes a los
profesados o aceptados por la mayoría de la sociedad.
123

Ahora bien, la situación de varios de los objetores de conciencia tiene muchos
más puntos de comparación con la situación de algunos de los indígenas, que
con la situación de las personas con una limitación física sensorial o
permanente. Mientras que en el caso de las personas con limitaciones, su
condición se establece con base en su propio cuerpo, la condición de indígena
supone la pertenencia a una comunidad, a un grupo de personas. En el caso de
los objetores de conciencia, la situación es similar en ciertas ocasiones.
Muchos de los objetores de conciencia son personas que pertenecen a una
comunidad que comparte un conjunto de creencias religiosas y un
determinado culto, o a un grupo de personas que comparten una serie de
concepciones éticas, filosóficas, morales y políticas, que los sitúa en el
camino de la no violencia y del rechazo estructural, sistemático y total hacia
toda forma de violencia, incluso, o sobre todo, si es organizada, colectiva,
formalizada e institucionalizada. Así pues, mientras que en el primer caso se
estaría ante un grupo de personas que son consideradas individualmente
(personas con limitaciones), en el segundo, se estaría ante personas que si
bien tienen que tener una firme convicción individual de ser ‘indígenas’ o ser
‘objetores’, suelen pertenecer a grupos humanos a los que, colectivamente, la
sociedad ha decidido proteger especialmente. Por supuesto, no se trata de
igualar el caso de los objetores de conciencia al de los indígenas, pues aquél,
a diferencia de éste sí contempla casos de miembros individuales al grupo.
Pero sí de cuestionar la supuesta imposibilidad de comparar los dos grupos,
en especial, con base en el hecho de que en ambos casos existen dimensiones
de la decisión objeto de protección que pueden ser consideradas ‘subjetivas’.
Es por ello que el Convenio 169 de la OIT, dedicado a este tipo de pueblos,247
establece que la conciencia de su identidad indígena o tribal es un criterio
fundamental para identificar a esos pueblos que “la conciencia de su
identidad indígena o tribal debe considerarse un criterio fundamental para
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente
Convenio” (artículo 1°, numeral 2).
247 Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales (1989).
124

La posición de un objetor de conciencia es radical a la prestación del servicio
militar, de hecho, mucho más que la de los indígenas o la de las personas con
alguna limitación. En efecto, mientras que el objetor tiene ese sentido básico,
objetar, en los otros casos ello no es así. Muchas personas con limitaciones no
son incorporadas al servicio, incluso en contra de su voluntad de sí formar
parte de las fuerzas armadas, por razones físicas. De hecho, muchas personas
que forman parte de las instituciones castrenses y que hoy afrontan
limitaciones físicas severas, producto del conflicto armado, siguen formando
parte de las fuerzas armadas. Tal es el caso de los héroes de Colombia que,
desde una silla de ruedas, siguen sirviendo a la Patria y luchando por la
libertad y los derechos de todas las personas que se encuentran en Colombia.
La situación de los indígenas, que también están exentos de prestar servicio
militar en todo tiempo, no implica que, en un caso individualmente
considerado, se le puede negar su derecho a prestar un servicio militar
voluntario. Así, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha garantizado a
los indígenas tanto su derecho a no formar parte de la institución castrense248
como a sí formar parte de ella.249
248 En la sentencia T-113 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez), la Corte Constitucional
decidió: “[1] los familiares de un joven indígena, o los designados por la comunidad para el efecto,
están legitimados para defender sus derechos fundamentales frente al Ejército Nacional. || [2]
Existe una excepción etnocultural para el servicio militar obligatorio de indígenas ‘en todo tiempo’,
tanto (i) para prestar el servicio, como (ii) para tener que pagar la cuota de compensación, a ‘los
indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad, cultural, social y económica’ (Ley
48 de 1993, art. 27, lit. b). || [3] El hecho de que una persona indígena no tenga la obligación de
prestar servicio militar, no impide que voluntariamente, en libre ejercicio de su autonomía, decida
ingresar al Ejército a prestar servicio militar ‘voluntario’. || [4] En ejercicio de la excepción
etnocultural para el servicio militar obligatorio indígena, un joven indígena que haya ingresado
voluntariamente a prestar servicio en el Ejército o en la Policía, conserva su derecho para
voluntariamente retirarse de la institución ‘en todo tiempo’. || [5] Las comunidades tienen el
derecho de participar en el proceso de incorporación voluntaria de cualquiera de sus jóvenes, para lo
cual deben poder contar con un espacio de diálogo y reflexión previo y permanente, en los términos
señalados en el apartado (7.8.) de las consideraciones de la presente sentencia, para así tener una
voz estructurada dentro de tales procesos de reclutamiento. || Y, finalmente, [6] las comunidades
tienen el derecho de identificar a sus propios miembros; desconocer por tanto, una declaración en
tal sentido supone implica violar el derecho de autogobierno y autonomía de la comunidad, y en el
caso de reclutamientos, puede implicar también una violación a su derecho a la vida.”
249 El hecho de que los indígenas estén excluidos del proyecto de servicio militar obligatorio, no
quiere decir que toda persona indígena está excluida del proyecto militar de la Nación. En la
sentencia T-113 de 2009 se dijo al respecto: “[…] ninguna comunidad indígena está excluida, por
definición, de tener una relación estrecha con las Fuerzas Armadas, o de participar activamente en
el Ejército. Se trata de cuestiones que competen a las comunidades indígenas, consideradas
colectivamente e individualmente. Es una cuestión que deberán resolver y definir en su devenir
como pueblo, en ejercicio de sus derechos de autogobierno.” La jurisprudencia constitucional ha
protegido los derechos de toda persona indígena que hace parte de la institución castrense a
permanecer en ella cuando así lo desea, y a no ser discriminado. En la sentencia T-215 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), por ejemplo, la Corte Constitucional decidió que la Policía
Nacional discriminó a un indígena indígena Wayuu –cuyo idioma materno es el wuayunaki– al
impedirle el acceso al curso de oficiales convocado por la Escuela de Policía General Santander,
debido a que al expresarse incurría en rotacismo – dificultad de la pronunciación de la letra ‘R’ –, lo
cual, señaló la Sala, no era una razón válida para impedirle su ingreso al curso. Ratificando la
decisión de instancia, la Sala consideró que “al rechazarse la admisión del actor por no pronunciar
correctamente los mencionados fonemas de la lengua española, se están estableciendo requisitos
que no prevén ni la ley, ni el reglamento. La escuela de policía excedió, a juicio del Tribunal, sus
facultades creando trabas para el ejercicio de un derecho o actividad”.
126

Expediente D-7685
En conclusión, la distinción entre situaciones contrarias al servicio militar de
carácter objetivo, de un lado, y de carácter subjetivo, del otro, no es
teóricamente sólida. No parece ser cierta o útil para distinguir los casos de
exenciones al servicio militar.
La decisión judicial constitucional, conlleva el deber de aplicar los criterios
que, a la luz de la Constitución, el bloque de constitucionalidad y la
jurisprudencia, permitan resolver los problemas jurídicos planteados por las
personas que ejercen sus derechos políticos, y participan en la conformación y
configuración del poder, mediante el uso de acciones y demandas
constitucionales. No se trata de buscar argumentos para justificar, a
posteriori, la constitucionalidad de las normas. De ser así, por ejemplo, se
podría señalar que los indígenas y las personas con limitaciones físicas son
sujetos de especial protección constitucional y que los objetores de conciencia
no, en tal medida, unos y otros podían ser regulados en leyes distintas. Esta
actitud según la cual, los jueces deben, en lo posible, justificar las diferencias
de trato, implican no tomarse el principio constitucional de igualdad en serio.
El juez constitucional no debe asumir el papel de defensor de las normas y
justificar los tratos diferentes que estas introducen, sino que debe evaluar y
decidir si son constitucionalmente razonables.
1.2. La sentencia no analiza la razonabilidad constitucional del criterio que a
su parecer sustenta la norma acusada. Solo plantea un aspecto con base en el
cual se puede introducir una diferencia y no analiza la constitucionalidad de
dicho criterio. Es más, en caso de ser aceptada la distinción propuesta por la
sentencia entre grupos de exentos por condiciones objetivas y de exentos por
condiciones subjetivas, no parece razonable usarla para establecer un trato
diferente entre los dos grupos, en relación con la asignación de un bien
público tan importante como lo es ‘estar exento de la obligación de prestar
servicio militar’.
127

Dejando de lado la abundante jurisprudencia que en materia de igualdad ha
proferido la Corte Constitucional, la Sala Plena renunció en esta ocasión a
utilizar los criterios de análisis que con frecuencia emplea en los casos de
igualdad. Los cargos en contra de una ley por haber incurrido en una ‘omisión
legislativa relativa’ son cargos fundados en el principio de igualdad. De
hecho, por ello no se controlan las omisiones legislativas absolutas, pero sí las
relativas. El ejemplo citado por la propia sentencia ilustra adecuadamente el
punto. La Constitución ordena expedir el estatuto del trabajo (art. 53, CP),
mandato que hasta la fecha ha sido desatendido por el legislador, pese a los
múltiples exhortos que al respecto ha hecho la jurisprudencia constitucional.
Este es un caso de omisión legislativa absoluta, esto es, un caso en el cual el
legislador cuenta con un deber que ha incumplido en su totalidad y respecto
del cual, constitucionalmente no puede haber control. La omisión legislativa
relativa supone que el legislador sí cumplió su obligación de expedir una
regulación, pero que lo hizo excluyendo uno o más casos que ha debido
incluir. La protección constitucional se funda pues, en la necesidad de
corregir el trato discriminatorio impuesto por el legislador y contrario al
principio de igualdad que informa el orden constitucional vigente.
La sentencia se limitó a postular un criterio con base en el cual se introduce
una diferencia de trato, a saber: el carácter objetivo o subjetivo de las razones
por las cuales una persona está exenta del servicio militar. Nunca analizó la
razonabilidad constitucional de tal distinción. ¿Qué fin social promovió el
legislador al introducirla, suponiendo que sea cierto que esa fue su
motivación? ¿Es razonable constitucionalmente restringir el goce efectivo del
derecho de objeción de conciencia a prestar servicio militar (no ser
desarrollado legislativamente, para asegurar su protección), en razón al fin
promovido? ¿El medio elegido si promueve el fin que se considere está
promoviendo el legislador?
128

Expediente D-7685
No es cierto que la demanda no cumpliera con el primer paso del análisis de
una omisión legislativa relativa, a saber, indicar una norma ‘sobre la cual se
predique el cargo’. Esta norma es el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, como
claramente la identificaron los demandantes. Lo que no es aceptable es que la
Sala Plena haya renunciado a continuar el análisis y no haya examinado el
segundo y el tercer paso del análisis de un juicio constitucional por omisión
legislativa. El segundo consiste en mostrar que la norma acusada excluye ‘de
sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían
que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto
omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución,
resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta’.
La sentencia lejos de analizar si los objetores son o no un caso asimilable a
los considerados en la norma acusada, simplemente presupone que no lo son y
que, por tanto, pueden ser tratados de forma diferente. El tercer paso del
análisis, consiste en establecer si ‘la exclusión de los casos o ingredientes
carezca de un principio de razón suficiente’. Como se dijo, la sentencia parte
del supuesto de que son casos distintos y se abstiene de juzgar o analizar la
razonabilidad de tal criterio de distinción.
1.3. La sentencia usa una distinción que ni siquiera se encuentra expresa en
la ley, y en cambio obscurece y minimiza la distinción que sí contempla la
Constitución. En el propio texto de la Constitución Política, se encuentran
claramente diferenciados los grupos, que la Sala Plena no distingue. Y en su
lugar, la distinción que introduce el texto de la Constitución es desvanecida y
olvidada por la Corporación.
En efecto, el artículo 216, inciso tercero de la Constitución establece una
reserva legal expresa para el caso de aquellas personas que reúnen las
condiciones en que una persona se ‘exime del servicio militar’ en ‘todo
tiempo’. Dice la norma constitucional,
“ART. 216.—La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva
por las fuerzas militares y la Policía Nacional.
Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las
necesidades públicas lo exijan para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas.
La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del
servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo”.
129

Así pues, mientras que la Constitución distingue el caso de las personas que
están exentas en ‘todo tiempo’ de las que no lo están en todo tiempo, y el
legislador replica la distinción, fijando el primer grupo en el artículo 27 y el
resto en el artículo 28 de la Ley 48 de 1993, la Sala Plena de la Corte
Constitucional junta los dos grupos e intenta postular un criterio para
agruparlos. Pero va aún más lejos. Toma los casos del artículo siguiente (el
artículo 29 de la ley de reclutamiento) los asuntos de aplazamientos, es decir,
situaciones que ni siquiera son exenciones, y también las junta. Así, el grupo
de personas que no tienen que cumplir la obligación del servicio militar que
se conforma es el de aquellas personas que tienen factores objetivos comunes,
esto es, los exentos en todo (tiempo) y en (tiempo) de paz por la actual ley de
reclutamiento, así como el de las personas aplazadas. En otras palabras, para
la mayoría de la Sala Plena, la situación de un indígena es comparable al caso
de una persona que aplaza la prestación del servicio porque perdió el último
grado de educación secundaria y debe repetirlo, pero no así, con el caso de un
objetor de conciencia, por ejemplo, por razones religiosas. Por supuesto, para
quienes salvamos el voto, esta posición asumida por la mayoría de la Corte es
simplemente insostenible.
La objeción de conciencia de una persona que de forma estructural rechace el
mundo castrense es un derecho fundamental. La facultad con que cuenta una
persona para oponerse a la exigencia de que cumpla con su obligación de
prestar el servicio militar cuando esta afecta graves derechos fundamentales
como lo son las libertades de conciencia, de pensamiento o de religión. Este
caso, para los magistrados que salvan el voto, es comparable, sin duda, al de
una persona indígena, a quien se le protege, en todo tiempo, frente al impacto
que el cumplimiento de dicha obligación podría tener sobre ella.
La Constitución Política decidió que el Congreso de la República, mediante
ley, estableciera los casos en los que las personas están exentas, en todo
tiempo, de prestar el servicio militar. Por tanto, es evidente que aquellos casos
de objeción de conciencia contra la prestación del servicio militar, por lo
menos, aquellos que se den por razones de divergencia plena y absoluta en
contra del mundo castrense y que persistan en todo tiempo, han debido ser
regulados por el legislador mediante el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, en
tanto esa es la norma de la ley de reclutamiento, mediante la cual se cumple la
obligación de identificar legislativamente, los casos en los cuales las personas
se eximen del servicio militar, en todo tiempo.
130

Expediente D-7685
1.4. La sentencia desdice sus propias afirmaciones. Si bien dice que la nota
característica de los objetores de conciencia es su condición interna y no sus
características externas, luego afirma que los objetores protegidos
constitucionalmente son aquellos que demuestran externamente sus
convicciones, y que sólo a ellos se les ha de proteger sus derechos. En efecto,
aunque se considera que el objetor de conciencia es el caso de exención al
servicio militar por su condición ‘subjetiva’ o ‘interna’, y que en tal medida,
la materia ha de ser regulada de forma autónoma e individual en una ley
distinta a la ley de reclutamiento, posteriormente, también se reconoce que se
trata de una protección que se ofrece a manifestaciones y a actuaciones que
son ‘objetivas’ y ‘externas’. Expresamente, la Sala Plena de la Corte
Constitucional reitera la jurisprudencia según la cual, se tiene en cuenta
únicamente aquellas objeciones fundadas en la conciencia o en creencias,
siempre y cuando las mismas hayan tenido, y tengan, un impacto sobre el
comportamiento exterior y sobre la vida de la persona. Recogiendo la
jurisprudencia, así lo sostiene la sentencia de cuya decisión final nos
apartamos,
“5.2.6. La Corte debe señalar que las convicciones o creencias que
den lugar a negarse a la prestación del servicio militar deben ser
profundas, fijas y sinceras, para que sean de una entidad tal que
realmente se encuentre amenazada la libertad de conciencia y de
religión.
5.2.6.1. En primer lugar, cabe resaltar que las convicciones o las
creencias que son objeto de protección constitucional, tienen que
definir y condicionar la actuación de las personas. Esto es, su obrar,
su comportamiento externo. [Acento del texto original] No puede
tratarse de convicciones o de creencias que tan sólo estén en el
fuero interno y vivan allí, que no trasciendan a la acción. En tal
sentido, si una convicción o una creencia ha permanecido en el
fuero interno durante algún tiempo, al llegar el momento de prestar
el servicio militar obligatorio, tal convicción o creencia puede
seguir limitada a ese ámbito interno. No existe en tal caso, en
principio, un deber constitucional de garantizar el derecho a no ser
obligado a actuar en contra de su conciencia.”
131

Estas consideraciones, que los Magistrados que salvamos el voto a la
sentencia compartimos plenamente, suponen, por supuesto, lo opuesto a lo
dicho previamente. Si no hay una contradicción, al menos sí una tensión
irresoluble, pues a partir de este análisis, los objetores de conciencia no sólo
tienen una condición externa que puede ser establecida y probada
objetivamente, además de su ‘fuero interno’, sino que además, se establece
categóricamente que sólo en el caso de que se trate de manifestaciones
externas, podrán ser valoradas constitucionalmente. Esto es, aquellos
objetores de conciencia que se mantengan en la condición ideal fijada por la
Corte Constitucional, es decir, que sus creencias se mantengan ‘internas’ y
nunca sean manifestadas, es precisamente, el caso que no tiene protección
constitucional, de acuerdo a la propia sentencia. Nuevamente, se reitera, la
distinción entre el mundo externo y el mundo interno o privado al que apela la
mayoría de la Sala Plena es artificioso, y sólo pretende racionalizar un trato
discriminatorio, injustificable constitucionalmente. Las manifestaciones que
en el derecho suelen adjudicarse a la voluntad o a la autonomía de cada
persona, esto es, a los ámbitos internos de cada uno de nosotros que pueden
ser valorados jurídicamente, se trata de expresiones de la personas que pueden
ser ‘vistas’ externamente. Las creencias llamadas ‘internas’, que nunca
modifican el comportamiento de las personas, son como los conocimientos
que ‘efectivamente tiene’ un estudiante, pero que nunca puede usar o emplear
al resolver los ejercicios y las evaluaciones que presenta. Para el profesor que
evalúe a ese alumno, que tenga esos conocimientos o no los tenga es ‘casi lo
mismo’.
Así, pues, a esta altura del análisis se puede concluir que, según la mayoría de
la Sala Plena, que a los objetores de conciencia no se les dio un trato
discriminatorio porque su condición es interna y no externa; pero eso sí, se
aclara que si las creencias del objetor sólo se dan en un plano interno y no en
uno externo, entonces, no será objeto de protección constitucional. Esta
conclusión, por supuesto, tampoco es admisible ni constitucional, ni
lógicamente.
1.5. La sentencia adjudica a la legislación un propósito: distinguir los casos de
exenciones al servicio militar por razones ‘objetivas’ de aquellos casos por
razones ‘internas’ o ‘subjetivas’. Nunca señala expresamente de dónde surge
tal interpretación, pero parece sugerir el texto de la sentencia, que la misma
proviene de una lectura sistemática de tres artículos de la ley de reclutamiento
(Ley 48 de 1993).
132

Expediente D-7685
No obstante, a la vez que la sentencia construye esta finalidad asignada al
legislador, omite el propósito que surge de la historia legislativa de la norma
acusada: ajustar la ley de reclutamiento anterior a la Constitución de 1991, a
los mandatos constitucionales introducidos por la nueva Carta Política. El
proyecto de sentencia originalmente presentado a la Sala Plena de la
Corporación, trataba la cuestión en los siguientes términos,
“4.3.2. Ahora bien, por otra parte, también considera la Sala que el
grupo de personas no contemplado por el artículo demandado para
otorgarles las consecuencias jurídicas que éste brinda, es asimilable
a los grupos de personas que sí contempla la norma.
4.3.2.1. Como se indicó, los dos grupos exentos de prestar el
servicio militar obligatorio son (a) ‘los limitados físicos y
sensoriales permanentes’ y (b) ‘los indígenas que residan en su
territorio y conserven su integridad cultural, social y económica’.
Ambos grupos están constituidos por personas para las cuales
prestar servicio militar obligatorio conlleva una carga despropor-
cionada, en comparación al resto de personas. En el primer caso, de
acuerdo con lo que señala el Ministerio de Defensa en su
intervención, por ser un grupo de personas que materialmente están
limitados para desempeñar adecuadamente muchas de las
actividades y las funciones que supone el servicio militar
obligatorio. En el segundo caso, por ser un grupo con una
diferencia cultural de un grado tal, que su propia identidad y, por
consiguiente, la supervivencia de su comunidad, se ven en riesgo al
verse obligado a prestar el servicio militar obligatorio.
4.3.2.2. Surge pues la pregunta ¿cuál fue la motivación y el criterio
empleado por el Legislador para decidir eximir de la prestación del
servicio militar a los dos grupos elegidos? La exposición de
motivos y las ponencias presentadas por los Congresistas, a lo largo
del proceso legislativo que dio lugar a la Ley 48 de 1993, dan luces
al respecto, pues evidencian que el propósito básico declarado
públicamente, era actualizar la legislación existente en aquel
momento sobre el servicio militar obligatorio (Ley 1ª de 1945) a los
nuevos mandatos constitucionales.
4.3.2.3. En efecto, en la exposición de motivos al Proyecto de Ley,
presentado por el Ministro de Defensa de la época, señalaba, al
respecto,
“Con toda ponderación presento al H. Congreso de la República
el proyecto de ley ‘Por la cual se reglamenta el servicio de
reclutamiento y movilización’, conforme al siguiente detalle:
1. Se actualiza la Ley 1ª de 1945 sobre el servicio militar
obligatorio y se recogen varias disposiciones dispersas que
regulan la misma materia.
133

2. Se adapta el proyecto a la Constitución Política de 1991,
particularmente a los artículos 96, 216 y 217 y en tal virtud se
establecen:
a. Forma de prestación del servicio militar para los
colombianos por adopción, los de doble nacionalidad y los
extranjeros domiciliados en Colombia.
b. Condiciones que eximen del servicio militar y las
prerrogativas por la prestación del mismo.
c. El sistema de reemplazos de las fuerzas militares.
[…]
10. En relación con las exenciones y aplazamientos, se excluyen
la prestación del servicio militar los indígenas, en orden al
reconocimiento de sus derechos instituidos en la Constitución
Política de 1991.
11. Se consagran los derechos sobre la libertad de religiones y
cultos, eximiendo de la prestación del servicio militar a los
clérigos religiosos y similares.
12. Se protege la familia, eximiendo de la prestación del servicio
militar a los varones que hagan vida marital libre con
compañero permanente.
13. Se reconocen exenciones especiales para los hijos de quienes
hayan muerto o adquirido una inhabilidad permanente durante la
prestación del servicio militar o por causas inherentes al
mismo.”250
Esta exposición fue reiterada por el Senador ponente para segundo
debate, Gustavo Galvis Hernández, quien reprodujo dentro de su
ponencia para la Plenaria del Senado la presentación de la
exposición de motivos. Posteriormente hace referencia a los
artículos 23, 24, 25 y 26 del proyecto de ley, por un lado, y del
artículo 28 por otro, sin hacer referencias adicionales al artículo 27.
La Comisión Segunda del Senado había aprobado el texto del
artículo 27 en los mismos términos que había sido presentado por el
Gobierno, que son, prácticamente, los mismos términos del artículo
vigente.251
Los argumentos ante el Senado, serían reiterados
250 El 20 de abril de 1992, el Ministro de la Defensa de la época, Rafael Pardo Rueda, presentó
ante la Secretaría del Senado el Proyecto de ley, radicado bajo el número 48 de 1992, Senado. Ver
Senado de la República. Historia de las leyes. Legislatura 1993. Tomo VIII. Colombia, Imprelínea
Ltda., 1996. p.387.
251 Proyecto de Ley 048 de 1992, Senado, artículo 27: “Exenciones en todo tiempo. Están exentos
de prestar el servicio militar en todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar: a. Los
inhábiles absolutos y permanente. || b. Los indígenas que residan en su territorio y conserven su
integridad cultural, social y económica. Senado de la República. Historia de las leyes. Legislatura
1993. Tomo VIII. Colombia, Imprelínea Ltda., 1996.”
134

Expediente D-7685
posteriormente ante la Cámara de Representantes, en los mismos
términos, por los Representantes ponentes, Guillermo Ocampo
Ospina y Benjamín Higuita Rivera.
4.3.2.4. Es pues claro que uno de los principales propósitos
declarados y expresados [por] el Congreso de la República al
expedir la Ley 48 de 1993, y concretamente el artículo 27, era
aceptar la propuesta del Gobierno de adecuar las viejas reglas
legales sobre reclutamiento a los nuevos derechos y mandatos de la
Constitución Política de 1991. En tal sentido, los grupos de
personas a los que se les exime en todo tiempo del servicio militar
obligatorio, como los indígenas o las personas con limitaciones, es
en razón a que los motivos por los cuales en uno y otro caso estas
personas consideran que la prestación del servicio militar es
incompatible con ellos [por pertenecer a una cultura diferente o por
tener una condición física o mental especial, que conlleve
limitaciones], son hoy en día objeto de protección constitucional, en
calidad de derechos. En efecto, tal como lo señala la demanda,
varias normas de la Constitución Política se ocupan de proteger a
estos grupos, por su condición de especial vulnerabilidad, y porque
para ellos la prestación del servicio militar obligatorio representa
una carga desproporcionada, en especial, en comparación de lo que
el cumplimiento de este deber significa para el común de las
personas.252
La Sala considera que estos grupos son asimilables con el de las
personas para las cuales prestar el servicio militar obligatorio
implica actuar en contra de su conciencia o de sus creencias
religiosa, cuando éstas son tan profundas, fijas y sinceras como, por
ejemplo, las creencias y las convicciones propias de un indígena
que hace parte de su comunidad.
4.3.2.5. El deseo de armonizar las reglas legales de reclutamiento
con la Constitución Política de 1991, no sólo se refería a los casos
de grupos de personas que tienen una incompatibilidad permanente,
252 Dice la demanda al respecto: “Ambas exenciones responden a la obligación que tiene el
legislador de aplicar tratos diferenciados a ciudadanos que por condiciones especiales deben ser
protegidos por el sistema jurídico, como consecuencia directa del principio de igualdad material
consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991. Tantos los limitados físicos y
sensoriales permanentes, como los indígenas, tienen una condiciones específicas protegidas y
respetadas por el ordenamiento jurídico, que les impide la prestación en cualquier forma del
servicio militar y que los diferencias del resto de ciudadanos. Por consiguiente, de exigirles el
cumplimiento de esta obligación, las diferencias protegidas por el ordenamiento se verían afectadas
negativamente. En el primer caso, porque al discapacitado se le impondría una carga exagerada en
la medida que no tendría la posibilidad de cumplir con algunas de estas tareas, ello le resultaría
excesivamente oneroso, esto es, se le estaría imponiendo una carga desproporcionada injustificada
en comparación con aquellos que gozan plenamente de sus capacidades físicas y sensoriales. En el
segundo caso, por su parte, el indígena residente en su territorio y que conserve su integridad
cultural, social y económica, vería seriamente comprometida o simplemente eliminada, por la
disciplina y las prácticas propias de la educación castrense, su identidad y diferencia cultural.
Consecuentemente, se puede sostener que el principio de asimilación o equiparación entre los
grupos que están exentos de la prestación del servicio militar obligatorio es el de la igualdad
material.”
135

en todo tiempo, con la prestación del servicio militar obligatorio.
Como los antecedentes de la Ley lo mencionaban, también se
buscaba atender a las protecciones constitucionales consagradas a
favor de la familia e, inclusive, de las libertades religiosas.
Se consagran aparte de los grupos de personas que tiene el derecho
a estar exentos de prestar el servicio militar obligatorio, en todo
tiempo, dos grupos más. El primero es el de aquellas personas que
(1) están exentos del servicio en tiempo de paz, pero que (2) tienen
la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar
–artículo 28 de la Ley 48 de 1993–. Se trata de casos en los que no
existe una incompatibilidad radical entre la persona y la prestación
del servicio militar. Se trata de casos en los que existe un valor
constitucional susceptible de ser protegido, que se antepone al
deber de prestar el servicio militar, cuando éste no es urgente por
estar el País en tiempos de paz, no de guerra. El artículo 28 de la
Ley 48 de 1993 señala los grupos contemplados como exención en
tiempos de paz […].253
Como se dijo, se trata de casos en los que el legislador, con el
propósito de armonizar las reglas de reclutamiento a los nuevos
mandatos constitucionales, estableció aquellos casos en los que la
importancia de un determinado derecho o principio constitucional
justificaban anteponer su protección al cumplimiento del deber de
prestar servicio militar obligatorio, en tiempos de paz. Se trata pues
de casos con ciertas similitudes, pero no tantas como las hay con
aquellos grupos contemplados en el artículo 27 de la Ley 48 de
1993, para los cuales la incompatibilidad con el servicio militar es
total y permanente, al punto de justificarse su protección por
encima del deber de prestar el servicio militar, en cualquier tiempo.
El segundo grupo de personas que se podría tratar de comparar con
las personas para las cuales prestar el servicio militar obligatorio
implica actuar en contra de su conciencia o de sus creencias
religiosas, es el grupo de quienes se encuentren en una situación
que, temporalmente, los imposibilita prestar el servicio militar. El
253 Ley 48, artículo 28. Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempo de
paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar: a) Los clérigos y
religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así mismo los similares jerárquicos
de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto; b) Los que hubieren sido
condenados a penas que tengan como accesorias la pérdida de los derechos políticos mientras no
obtengan su rehabilitación; c) El hijo único hombre o mujer, d) El huérfano de padre o madre que
atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento; e) El hijo
de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos carezcan de renta, pensión
o medios de subsistencia siempre que dicho hijo vele por ellos; f) El hermano o hijo de quien haya
muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como
consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos, que siendo
apto, voluntariamente quiera prestarlo; g) Los casados que hagan vida conyugal; [en el entendido
de que la exención allí establecida se extiende a quienes convivan en unión permanente, de
acuerdo con la ley]; h) Los inhábiles relativos y permanentes; i) Los hijos de oficiales,
suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad
absoluta y permanente en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a
menos que siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo.”
136

Expediente D-7685
artículo 29 de la Ley 48 de 1993 contempla varios grupos
específicos que se encontrarían en dicha situación, contemplando
en tales eventos dos consecuencias (1) el aplazamiento de la
prestación del servicio militar, (2) que tal aplazamiento se
mantendrá por el tiempo que subsista la respectiva causal. […].254
4.3.3. Adicionalmente, en todo caso, también considera la Sala que
el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 omitió incluir un ingrediente o
condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para
armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta. En este caso,
además de la comparación de grupos que se puede hacer, es preciso
resaltar que la norma legal que reguló las exenciones en todo
tiempo al servicio militar obligatorio, no armonizó este deber con la
protección constitucional de garantizar a toda persona el derecho
constitucional fundamental de no tener que actuar en contra de su
conciencia o sus creencias religiosas. En varias de las
intervenciones se menciona la tensión que existe entre estas
libertades constitucionales y el deber de toda persona de prestar el
servicio militar obligatorio, cuando ello implica obligar a la persona
a actuar en contra de su conciencia o de sus creencias religiosas.”
Para los Magistrados que discrepamos de la posición mayoritaria de la Corte
Constitucional, no es razonable obligar a una persona a prestar el servicio
militar obligatorio, cuando los fines imperiosos que se buscan por tal medio,
como retribuir a la patria los beneficios recibidos, contribuir a la protección de
la Nación y el Estado, así como propiciar la cohesión social, son fines
constitucionales que pueden conseguirse por otros medios. No es necesario
que sea mediante la prestación del servicio militar, que, en el caso de los
objetores de conciencia, puede en cambio tener un efecto contraproducente.
En tal medida, consideramos que los elementos propios del juicio
constitucional de omisión legislativa relativa se verifican y, por tanto, se ha
debido decidir que el legislador había incurrido en una omisión de este tipo, al
no incluir dentro del artículo 27 de la Ley 48 de 1993 aquellas personas que se
nieguen a prestar servicio militar obligatorio cuando éste conlleva para la
persona actuar en contra de su conciencia o de sus creencias.
254 Dice la norma: “Artículo 29. Aplazamientos. Son causales de aplazamiento para la prestación
del servicio militar por el tiempo que subsistan, las siguientes: a) Ser hermano de quien esté
prestando servicio militar obligatorio; b) Encontrarse detenido presuntivamente por las autoridades
civiles en la época en que deba ser incorporado; c) Resultar inhábil relativo temporal, en cuyo caso
queda pendiente de un nuevo reconocimiento hasta la próxima incorporación. Si subsistiere la
inhabilidad, se clasificará para el pago de la cuota de compensación militar; d) Haber sido aceptado
o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como
centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa; [en el entendido de que la
misma se refiere a todas las iglesias y confesiones religiosas reconocidas jurídicamente por el
Estado colombiano.]; e) El aspirante a ingresar a las escuelas de formación de Oficiales,
Suboficiales y Agentes; f) El inscrito que esté cursando el último año de enseñanza media y no
obtuviere el título de bachiller por pérdida del año; g) El conscripto que reclame alguna exención al
tenor del artículo 19 de la presente Ley.”
137

2. Se desconoció la reserva democrática fijada constitucionalmente
La sentencia de la cual nos apartamos desconoce la expresa decisión
constitucional de que las exenciones al servicio militar, en todo tiempo, sean
fijadas democráticamente.
En efecto, como se dijo, el artículo 216 de la Constitución establece que ‘la
ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio
militar y las prerrogativas por la prestación del mismo’. La decisión de
establecer que sea mediante ley, y no mediante otro mecanismo de decisión,
implica que es la democracia la instancia en la que se puede establecer
quiénes no cumplen con tan pesada obligación (prestar servicio militar), en
especial en todo tiempo, esto es, en los momentos que haya guerra. No es una
decisión confiada a los jueces ni a la administración, es una decisión confiada
al foro de representación democrática por excelencia, el Congreso de la
República. Esta decisión fue desconocida por la Corte Constitucional en la
presente sentencia.
138

Expediente D-7685
En los tres casos, se trata de grupos constitucionalmente protegidos, por
cuanto sus intereses y demandas pueden ser desatendidos en un sistema
democrático que da un especial peso en la toma de las decisiones y el
ejercicio del poder público a la regla de mayorías. Las personas con
limitaciones de carácter físico o sensorial, quienes sean indígenas o quienes,
por razones de conciencia, presentan objeciones con base en su conciencia o
sus creencias a prestar servicio militar obligatorio, pertenecen a grupos
constitucionalmente protegidos, cuyas demandas pueden ser desatendidas en
los foros democráticos, y cuyos derechos pueden no estar garantizados
adecuadamente. Como se dijo, en 1993, el Congreso de la República, a
solicitud del Gobierno Nacional, resolvió ajustar la ley de reclutamiento a los
mandatos de especial protección establecidos en la Constitución de 1991.
Para los magistrados que disienten del voto dado por la mayoría de la Sala, no
es admisible que el Congreso hubiera regulado ampliamente el servicio
militar obligatorio, ajustándolo a la Constitución Política en aspectos incluso
adjetivos, y haya dejado por fuera la adecuación de la ley de reclutamiento al
respeto a los derechos de libertad, autonomía, libre desarrollo de la
personalidad, libertad de conciencia y libertad de religión y de cultos. Esta,
sin duda, fue una grave omisión legislativa relativa. Relativa y no absoluta,
por cuanto no es que no se haya regulado la cuestión, es que se reguló pero se
dejó por fuera a los objetores de conciencia. Los argumentos de la Corte, no
logran justificar este trato discriminatorio que ha debido ser corregido por la
Sala Plena de la Corte Constitucional mediante el ejercicio del control de
constitucionalidad. No se ha debido diferir la tarea a que eventualmente, caso
a caso, la vayan cumpliendo los jueces de tutela.
3. Al menos se reconoció la objeción de conciencia al servicio militar
Afortunadamente la Sala Plena advirtió que su decisión no podía ser
entendida como ‘dejar de reconocer el derecho de toda persona a objetar
conciencia a su obligación de servicio militar obligatorio’. En efecto, a pesar
de haber resuelto que la norma acusada no incurre en una omisión legislativa
(apartado 5.2.2. de las consideraciones de la sentencia), la mayoría de la Sala
siguió el análisis en los siguientes términos: “la existencia de un deber
ineludible de prestar el servicio militar que recae sobre quienes no se
encuentren en los supuestos de exención previstos en la ley conduce al
interrogante acerca de la posibilidad de sustraerse de esa obligación por
consideraciones de conciencia” (apartado 5.2.3. de las consideraciones de la
sentencia). Indudablemente que tal interrogante surge frente a la decisión de
la Corte Constitucional de establecer que no se configura en este caso una
omisión legislativa relativa, pero no se trata de una cuestión que formara parte
del problema jurídico planteado por la demanda analizada.
139

Que quede pues claro que en esta cuestión, los nueve Magistrados de la Corte
Constitucional coinciden. Para la Sala Plena, sin división alguna, toda persona
bajo el orden constitucional vigente tiene derecho a objetar por razones de
conciencia o de creencia su obligación constitucional a prestar servicio militar
obligatorio. De igual forma, si tal derecho no es reconocido por las
autoridades respectivas, puede ser reclamado mediante acción de tutela,
independientemente de si existe un procedimiento legal específico
desarrollado para el efecto.
Para los Magistrados disidentes, como se dijo, era preferible que fuera la ley
la que estableciera tales casos y no las autoridades administrativas o los
jueces, en caso de que se dé una disputa. Pero dada la posición de la mayoría,
esta ha de ser respetada y acatada. De hecho, en la medida que la objeción de
conciencia al servicio militar será administrada en primer término por las
autoridades administrativas, y no por el legislador mediante ley de la
República, es aún más urgente o imperioso que se permita el control
constitucional por parte del juez de tutela.
Ahora bien, es preciso señalar que dentro de las personas que son objetores de
conciencia se entiendan comprendidos no sólo aquellas personas que son
objetores absolutos, o propiamente dichos, que se oponen en cualquier tiempo
al servicio militar de forma estructural (de forma similar a las personas
indígenas, por ejemplo), sino también a los objetores relativos, o parciales.
Esto es, aquellas personas que no se oponen íntegramente al servicio militar
sino tan sólo a alguna o algunas de las actividades que se tienen que realizar.
Por ejemplo, rehusarse únicamente a usar y portar armas. Estos casos, ahí sí,
por ser diferentes a los considerados en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993,
no han sido abordados en el presente texto, a excepción de lo dicho en este
párrafo.
4. La sentencia genera dudas e incertidumbres
140

Expediente D-7685
La decisión de la Sala Plena genera un doble cambio de jurisprudencia. No
sólo en el sentido que se reconoce en la sentencia, sino en uno adicional que
implica un grave impacto en la seguridad jurídica. Hasta antes de la sentencia,
las Fuerzas Militares y Policiales sabían que solamente en la ley de
reclutamiento se encontraban los casos de las personas exentas de prestar el
servicio militar obligatorio. No obstante, a partir de la presente sentencia ello
no es así. Existen casos, como las objeciones derivadas de las libertades de
conciencia y de religión que implican directamente, sin necesidad de que la
ley lo contemple, una exención a la prestación del servicio militar. Esto es, los
casos de personas no obligadas no se encuentran sólo en la ley, pueden
derivarse, directamente de derechos constitucionales, como los reconocidos
por la Corte Constitucional en esta ocasión. ¿Pueden existir otros casos
derivados de otros derechos fundamentales? Es una cuestión que queda
abierta y que deberá ser resuelta posteriormente por la Corte Constitucional.
Esta situación pone en riesgo tanto el goce efectivo del derecho de los
objetores de conciencia al servicio militar, como el adecuado desempeño de
las autoridades castrenses que tienen que establecer, con certeza, bajo qué
circunstancias una persona tiene derecho a no prestar servicio militar
obligatorio. La incertidumbre de las fuerzas militares es sólo comparable a las
de los jueces de tutela que tendrán que administrar este derecho fundamental,
sin guía legislativa, como el artículo 216 de la Constitución Política lo
demandó.
5. La inferencia de que la Asamblea Nacional Constituyente excluyó del
orden constitucional vigente la objeción de conciencia, con base en el
rechazo de la propuesta del constituyente Fernando Carrillo, no es válida y
desconoce uno de los aspectos centrales de la libertad de conciencia.
141

El texto de la sentencia C-728 de 2009 sostiene que de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-409 de 1992) la Asamblea
Nacional Constituyente rechazó expresamente la objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio.255
Auque la Sala Plena decide apartarse de sus
posiciones iniciales y cambiar la jurisprudencia, no retoma explícitamente la
cuestión acerca de la interpretación del texto constitucional y del debate del
mismo en la Asamblea Nacional Constituyente.256
En tal medida, los
magistrados que suscribimos el presente salvamento de voto consideramos
pertinente abordar esta cuestión.
5.1. En efecto, tal como lo señaló el salvamento de voto que presentaran tres
magistrados a la sentencia C-511 de 1994, considerar que la Constituyente de
1991 negó la objeción de conciencia es una inferencia que no es válida. Al
respecto se dijo,
“Según la sentencia, la Constitución no consagra la objeción de
conciencia al servicio militar como derecho constitucional. Para
ello la Corte se basa esencialmente en los siguientes argumentos.
De un lado, considera que es constitucional que la ley establezca el
carácter obligatorio del servicio militar, como lo hace la ley
acusada. De otro lado, según la Corte, la libertad de conciencia no
incluye necesariamente la objeción de conciencia al servicio militar,
la cual debe entonces tener consagración positiva para poder ser
considerada un derecho. Finalmente, la Corte invoca un argumento
histórico. La propuesta de introducir expresamente la objeción de
conciencia en el texto de la Carta de 1991, presentada por el
constituyente Fernando Carrillo, fue negada por la Asamblea
Nacional Constituyente. Por consiguiente, se concluye que fue
voluntad de la Constituyente no darle rango constitucional a la
objeción de conciencia, no siendo entonces inconstitucional que la
ley no la prevea como una de las causas exonerativas del servicio
militar.
En síntesis, si se busca reconstruir la lógica de la interpretación de
la Corte, se concluye que ella se basa en la primacía del argumento
histórico. En efecto, la Corte parte de un hecho cierto: la Asamblea
Constituyente no sólo no aprobó expresamente sino que negó la
incorporación de la objeción de conciencia al servicio militar en el
texto constitucional. De allí la Corte deduce una voluntad del
Constituyente: que la Asamblea no quiso establecer la objeción de
255 Al citar la sentencia, T-409 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo) la Sala Plena de la
Corte Constitucional dijo lo siguiente: “En la misma sentencia la Corte presenta una serie de
argumentos adicionales para justificar su decisión, entre los cuales se cuenta, en primer lugar, el
hecho de que, de acuerdo con la historia constituyente, es posible establecer que la objeción de
conciencia fue expresamente rechazada por la Asamblea Nacional Constituyente. […]” Corte
Constitucional, sentencia C-728 de 2009.
256 Dice al respecto la sentencia C-728 de 2009: “[…] la Sala Plena de la Corte Constitucional
encuentra que existen varias razones para apartarse de la jurisprudencia de la Corporación conforme
a la cual, bajo el orden constitucional vigente, no existe el derecho a dicha objeción.”
142

Expediente D-7685
conciencia al servicio militar como derecho constitucional y que,
por consiguiente, no se puede entender que la libertad de conciencia
del artículo 18 incluye la objeción de conciencia al servicio militar.
La anterior interpretación se basa en consideraciones en apariencia
plausibles. Sin embargo, nos parece que la argumentación que la
sustenta es hermenéuticamente muy discutible y conduce a
resultados que no son conformes con los valores, principios y
derechos de la Constitución.
En anteriores decisiones, la Corte ha señalado que, a nivel de la
interpretación constitucional, el argumento histórico es de alcance
limitado, por cuanto no es fácil determinar con claridad cuáles
fueron las razones por las cuales un determinado artículo fue
incorporado a la Constitución. Por ello debe predominar, en
general, una interpretación sistemática y finalista del texto
constitucional, tal y como éste fue aprobado, y no recurrir a
hipotéticas intenciones de la Asamblea Constituyente. Así, en
reciente decisión dijo esta Corporación:
‘Finalmente, vale la pena anotar que el hecho de que la
Asamblea Nacional Constituyente haya desechado una
propuesta del gobierno que ponía en manos de los
jueces la adopción de las medidas de aseguramiento, no
respalda una interpretación dirigida a negar toda
intervención de los jueces de la República en la fase
investigativa; más que la intención del autor de la
Carta, cuenta en este caso la que se extrae del propio
texto constitucional, que se encauza en sentido contrario
al que favorecen las consecuencias que, sin mayor rigor,
se quiere derivar de la voluntad del constituyente.’257
Y esto es válido no sólo frente a las normas aprobadas sino también
frente a los silencios constitucionales, ya que es muy difícil
establecer cuál fue la razón de la negación de una determinada
propuesta, en una asamblea de contenido heterogéneo y pluralista,
en la cual los diversos artículos no fueron aprobados en bloque sino
de manera individual. Así, es plausible considerar que la negativa
de la Asamblea Constituyente de consagrar explícitamente en el
texto la objeción de conciencia no derivó de una clara voluntad de
excluirla de la Constitución sino de otras consideraciones. Es muy
posible que muchos delegatarios consideraran que el tema ya estaba
regulado a nivel general, por lo cual era innecesario y antitécnico
incorporar una disposición específica al respecto. Esa es, por
ejemplo, la autorizada opinión del entonces Consejero Presidencial
para el desarrollo de la Constitución, Manuel José Cepeda. Según
este autor:
‘Sin duda, el tema más controvertido en relación con este
257Corte Constitucional. Sentencia C-395/94. MP Carlos Gaviria Díaz.
143

derecho es el de la objeción de conciencia en sus diferentes
modalidades, de objeción a la prestación del servicio
militar, objeción al aporte de armas, objeción a pertenecer
a una institución armada y objeción a quedar bajo los
órdenes de una autoridad pública. Este tema fue objeto de
debate en la Asamblea Constituyente, después de estudiar
varias alternativas, pero se prefirió dejar a los principios
generales la resolución de este punto. De esta manera se
siguió la tendencia general de las constituciones
modernas, de las cuales solamente la alemana, la
brasilera, la española y la portuguesa se refieren
expresamente al tema. (negrillas no originales)’258
Esto muestra entonces que no se puede derivar, en forma autónoma,
un contenido normativo específico del rechazo por la Asamblea
Constituyente a incorporar en la Constitución la objeción de
conciencia.
Con lo anterior no queremos, en manera alguna, desestimar los
elementos históricos como argumentos interpretativos; ellos son
importantes, en determinadas circunstancias, como criterios
auxiliares para determinar el alcance de un texto normativo
discutible. Pero no son suficientes. En particular, cuando un análisis
del tenor literal y una interpretación sistemática y finalista del texto
aprobado de una disposición permiten inferir un sentido
determinado, consideramos que no es hermenéuticamente correcto
modificar tal sentido con base en hipotéticas intenciones históricas
de los miembros de la Asamblea Constituyente. Lo que importa no
es la intención subjetiva del Constituyente sino su intención
objetivada en el texto constitucional, puesto que la labor del
intérprete es ante todo actualizar el sentido normativo de la
Constitución como un todo.”259
5.2. Como después lo señalaría la Sala Plena de la Corte Constitucional, la
fuerza del argumento ‘originario’ o ‘genético’ para establecer el alcance de
una disposición normativa es relativo, porque “independientemente de las
intenciones subjetivas de los gestores de una ley, lo cierto es que las normas,
una vez dictadas, se independizan del querer de sus autores.”260
Con ocasión
del estudio de la constitucionalidad de la llamada “Ley María”, cuestionada
por cuanto se alegaba que su nombre implicaría un privilegio, la promoción de
una religión, y la violación del principio de separación entre el Estado y las
iglesias, la Corte dijo al respecto,
“Lo dicho respecto del argumento a favor de la intención original
258Manuel José Cepeda. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Bogotá: Temis,
1992, p 168.
259 Salvamento de voto a la sentencia C-511 de 1994 (Magistrados Carlos Gaviria Díaz, Eduardo
Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero).
260 Corte Constitucional, sentencia C-152 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SPV
Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández), en este caso se
resolvió declarar exequible la expresión “Ley María”, contenida en el título de la Ley 755 de 2002.
144

Expediente D-7685
del legislador vale para todos los métodos de interpretación
jurídica. Tanto el método gramatical, como el genético, el
sistemático, el finalista, el histórico o el comparativo, son caminos
mediante los cuales el intérprete busca precisar el sentido y alcance
de una disposición, sin que exista un orden lexicográfico entre
ellos, esto es, una precedencia de uno o unos sobre los demás. Ello
es claro si se observa, por ejemplo, que el principio democrático
aconseja tomar en serio el sentido gramatical de las palabras de la
ley mientras que los principios de justicia y equidad hablan a favor
de una interpretación sistemática de la disposición a la luz del
contexto normativo en que se expide, de forma que la igualdad de
trato y la integridad del ordenamiento jurídico sean promovidos.
El hecho de que uno o varios congresistas tengan sus motivos para
votar una ley –o su título, por ejemplo para homenajear a “la madre
eterna”–, incluso si dicho congresista es el ponente de una iniciativa
legislativa, no permite adscribirle dicha intención a los demás
congresistas que votan la ley, incluido su subtítulo. Ello porque no
sólo es imposible escrutar las verdaderas razones que una persona
tuvo para votar afirmativamente una propuesta legislativa, sino
porque además es imposible precisar cuál ha sido la intención
colectiva del grupo de personas que aprueba una ley, no siendo
dicha intención colectiva simplemente la suma de las intenciones
individuales.261
No sólo es improbable la identificación y precisión de la intención
legislativa. Existen diferentes concepciones de aquello en lo que
consiste una intención legislativa: a) ¿Intención como deseo de
proyección futura de la disposición, es decir, como lo que el
legislador quisiera fuese la interpretación de la norma aprobada si
hubiese pensado anticipadamente en la solución de un caso
hipotético problemático?; b) ¿Intención como expectativa de
resolución de cierto caso, es decir, como lo que el legislador habría
esperado fuese el resultado de la aplicación de la norma en un caso
dado?; c) ¿Intención como ambas cosas?262
Ninguna de tales
concepciones de la intención legislativa coincide además con el uso
del concepto de intención en la práctica jurídica, que asimila
intención con voluntad subjetiva de lograr cierto resultado
inmediato y directo. Por otra parte, es extremadamente
problemático identificar la intención legislativa, bien con los
deseos, bien con las expectativas de los legisladores, puesto que
nadie puede realmente saber cuáles son los deseos y expectativas de
los miembros del Congreso al momento en que votaron a favor o en
contra de una disposición legislativa. Incluso es imposible
determinar si lo que un congresista declara públicamente como su
intención es en verdad lo que busca, o lo único que busca, al
momento de votar.263
261 En este sentido ver Ronald Dworkin, A Forum of Principle, en: id., A Matter of Principle,
Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1985, p. 38.
262 Id., p. 41.
263 Id., p. 44.
145

Adicionalmente, no es dable aceptar el entendimiento de la
intención legislativa como un estado psicológico individual o
colectivo, ya que al intérprete le es imposible escrutar los motivos o
razones que llevan a adoptar una norma jurídica. Y tampoco cabe
aquí el expediente de personificar la intención de cada uno de los
congresistas mediante la remisión a “la intención del legislador”,
por ser esta una ficción vacía al carecer las instituciones de ese
rasgo de la personalidad.”264
5.3. Si bien es cierto que la propuesta del Constituyente Fernando Carrillo
sobre la objeción de conciencia al servicio militar no fue aprobada, es claro
que él no era el único constituyente interesado en respaldar la consagración
expresa de este derecho en la Constitución, tal y como lo ha señalado la Corte
en su jurisprudencia al estudiar la cuestión.265
De hecho, durante varios años
en el derecho internacional existió una discusión similar. En efecto, algunos
estudiosos consideraban que la objeción de conciencia había sido excluida de
la Carta Internacional de Derechos, pues durante el proceso de trámite del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el representante de
264 La Corte consideró que el caso bajo análisis mostraba “[…] claramente cómo ninguna de los
tres propósitos perseguidos con la titulación de la ley, a saber, el homenaje a las madres
colombianas, a la pequeña María y a la “madre eterna” reflejan específicamente la finalidad última
del proyecto de ley, a saber la protección de la niñez en Colombia y el desarrollo del derecho
constitucional de los menores al amor y el cuidado de sus dos progenitores, no solo de uno de ellos.
Es por ello que así se mencionen determinados propósitos al momento de la gestación y discusión
de una ley en los recintos de la democracia representativa, es claro que el texto de la ley adquiere
significación autónoma e independiente de la intención de sus creadores y su sentido se va
precisando gradualmente sólo en la medida en que es interpretado por la comunidad de interpretes a
que va destinada. || En consecuencia, subtitular una ley con el nombre “Ley-María,” cuando lo que
se busca no es la identificación del Estado a una religión o su adhesión a ésta, ni la promoción o el
beneficio de una iglesia o confesión religiosa en perjuicio de las demás iglesias y confesiones con
iguales derechos ante la ley, no vulnera los principios constitucionales de pluralismo, diversidad
cultural y separación entre las iglesias y el Estado” Corte Constitucional, sentencia C-152 de 2003
(MP Manuel José Cepeda Espinosa, SPV Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería y Clara Inés
Vargas Hernández) Los Magistrados que salvaron parcialmente su voto lo hicieron, entre otras
razones, por considerar que: “[la advocación ‘a la Madre Eterna’ para justificar la denominación de
una Ley de la República, tiene un inocultable, pero además manifiesto contenido de carácter
religioso y, más concretamente significa la incorporación por el legislador de un concepto ligado a
la religión católica, al que debe ser extraño un acto oficial del Estado, de muy alta trascendencia de
carácter social, como lo es una Ley, es decir una regla de Derecho impersonal, objetiva y abstracta,
que, por su propia naturaleza en un estado laico como el nuestro, nada debe contener que ligue a los
destinatarios o los induzca a la aceptación o a la memoria siquiera de un concepto o de un dogma de
carácter religioso. Ello atenta de manera grave contra la independencia del Estado frente a todas las
religiones, la cual se ve menoscabada en este caso, pues el legislador rinde homenaje, sin ninguna
razón válida desde el punto de vista constitucional, a la considerada por algunos como ‘Madre
Eterna’.”.
265 Por ejemplo, en la sentencia C-453 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), por ejemplo, la
Corte recordó que el “[…] delegatario Fabio Villa R., en representación de la Alianza Democrática
M-19 propuso la consagración del carácter deliberante de la Fuerza Pública y la creación del
Consejo Nacional de Seguridad, entidad que tendría por objeto el acercamiento de la comunidad
política a la Fuerza Pública. También propuso la objeción de conciencia en relación con la
prestación del servicio militar obligatorio y la prohibición de adscribir funciones de policía judicial
a los miembros de la Fuerza Pública.” En este caso se estudió una demanda en contra de la decisión
de adscribir la Policía Nacional al Ministerio de Defensa, a pesar del carácter civil de esta
institución. La Corte resolvió declarar exequibles los artículos 9 y 10 de la Ley 62 de 1993.
146

Expediente D-7685
Filipinas presentó una enmienda para incluir el derecho a la objeción de
conciencia, como manera de garantizar la libertad de religión. La propuesta
fue objetada por los delegados del Reino Unido de Gran Bretaña y de
Australia, al igual que los de muchos otros países. Por el contrario, el delegado
de Uruguay alegaba que no era necesaria la enmienda, porque tal derecho ya
estaba incluido dentro de la libertad tal y como está consagrada. El
representante de las Filipinas resolvió retirar su propuesta sin que se sometiera
a votación. Esta historia del trámite, pese a la ambigüedad de su significado,
dio lugar a que por un tiempo se argumentara que la objeción de conciencia
había sido rechazada.266
6. Las fuerzas armadas en un estado social y democrático de derecho
encuentran su razón de ser, en el propósito de garantizar un orden justo, el
goce efectivo de los derechos y, ante todo, el derecho fundamental a la paz de
toda persona.
La Constitución de 1991 defiende plenamente las libertades de conciencia y
religión de los objetores. No obstante, ello no quiere decir que comparta las
convicciones o creencias profesadas por ellos.
6.1. Las Fuerzas Armadas en un estado social y democrático de derecho como
lo es Colombia, encuentran su razón de ser, en el propósito de garantizar un
orden justo, el goce efectivo de los derechos y, ante todo, el derecho
fundamental a la paz de toda persona y la sociedad en su conjunto. El uso de
la fuerza como última ratio, y en sólo en aquellos casos de necesidad,
encuentra sustento en la Constitución de 1991, en la protección de los débiles
y de las víctimas. En la defensa de aquellos grupos marginados e
históricamente discriminados que, por su condición de debilidad están
expuestos a dantescos atropellos, sin importar si se trata de una niña, de un
periodista, de una ganadera, o de un sindicalista, por ejemplo.
6.2. Pero, además, también considera la Sala que el servicio militar
obligatorio, cuando se garantiza su prestación en un contexto de respeto a los
derechos fundamentales, aún en las condiciones más extremas, puede
claramente promover la cohesión social. Esta dimensión del Ejército ha sido
ponderada incluso por uno de los pensadores más importantes de la ‘no
violencia’, el Mahatma Gandhi. En efecto, su participación en la guerra de los
Boers fue para él uno de los momentos de mayor inspiración de sus ideas, y la
posibilidad de imaginarse una India libre, solidaria y profundamente
respetuosa de las diferencias. Sin duda, el mayor aporte de su paso por la
guerra fue, precisamente, el rechazo radical a la misma. Pero también fue uno
de los momentos en que aprendió a respetar, a valorar y a honrar al pueblo que
266 Al respecto ver: Lippman, Matthew. The recognition of Conscientious Objection to Military
Service as an International Human Rigth. California Western International Law Journal, Vol. 21,
1990. p, 62.
147

solía ver como enemigo, el pueblo ingles.267
267 Al respecto dice el Mahatma en su autobiografía: “Debo eludir muchas otras experiencias
correspondientes al período comprendido entre 1897 y 1899 y referirme a la guerra de los Boers.
Cuando estalló la guerra mis simpatías personales recayeron en los Boers, pero entonces creía que
no tenía derecho, en tales casos, de imponer mis convicciones individuales. […] Baste decir que mi
lealtad al gobierno británico me llevó a tomar parte en dicho conflicto junto a los ingleses. […] ||
El inglés medio creía que el indio era un cobarde, incapaz de correr riesgos o de mirar más allá de
su propio interés. […] Por este motivo, muchos amigos ingleses arrojaron un vaso de agua fría
sobre mi proyecto. […] || Pero yo no me quedé satisfecho con esa negativa. […] || Y finalmente se
necesitaban nuestro servicios.|| Nuestro humilde trabajo fue muy aplaudido en aquel entonces y el
prestigio indio aumentó considerablemente. Los diarios publicaron versos laudatorios […]. || La
comunidad india comenzó a estar mejor organizada. Entré en íntimo contacto con los trabajadores
contratados. Se produjo en ellos un notable despertar del conocimiento arraigó profundamente la
idea de que los hindúes, musulmanes y cristianos, tamiles, gujaratís o shidis eran todos indios e
hijos de una misma patria. Todos creímos que las diferencias indias iban a quedar obviadas para
siempre. Y por aquel entonces la actitud de los hombres blancos parecía haber cambiado netamente
a nuestro favor. Las relaciones que mantuvimos con los blancos durante la guerra fueron de lo más
dulces. Estuvimos en contacto con millares de tommies y esos soldados no se mostraron muy
cordiales con nosotros y agradecidos por haber ido allí para servirles. || No puedo menos que
recordar con grata reminiscencia reveladora de que la naturaleza humana se manifiesta en sus
aspectos más nobles durante las horas de peligro. Íbamos marchando hacia Chievely Campo, en
donde el teniente Roberts, había caído mortalmente herido. Nuestro cuerpo sanitario tuvo el honor
de retirar su cadáver del campo de batalla. Era un día sofocante y todos teníamos una sed rabiosa.
En el camino nos encontramos con un pequeño manantial en donde aplacar nuestra sed. Pero ¿quién
iba a beber primero? Nosotros propusimos beber después que los tommies. Pero ellos pedían que
bebiésemos nosotros antes. Así, durante un corto tiempo, nos disputamos por cedernos la
precedencia unos a otros.” Gandhi, Mahatma. Autobiografía. La historia de mis experiencias con la
verdad. Arkano Books. España, 2002. p. 213. Al respecto, también pueden verse las reflexiones de
Gandhi sobre su posición y su relación con el imperio británico, durante la guerra mundial en su
Autobiografía.
148

Expediente D-7685
7. Conclusión
Los Magistrados que salvamos el voto, concluimos la exposición de las
razones que justifican nuestra disidencia a la posición mayoritaria, reiterando
que celebramos y compartimos plenamente la decisión de la Corte
Constitucional de considerar que, bajo el orden constitucional vigente, (i) toda
persona tiene el derecho a objetar por razones de conciencia, o con base en
sus creencias, su obligación a prestar servicio militar obligatorio y (ii) el goce
efectivo de ese derecho puede ser garantizado judicialmente, incluso si el
legislador ha omitido contemplarlo y desarrollarlo.
No obstante, al estar bajo debate judicial si el legislador había incurrido o no
en una omisión legislativa relativa por haber ajustado la ley de reclutamiento
a la Constitución de 1991 y no haber incluido a los objetores de conciencia,
teniendo en cuenta el mandato constitucional expreso de regular mediante ley
los casos de exención en todo tiempo al servicio militar obligatorio, no queda
otra alternativa a los Magistrados abajo firmantes que nos apartamos por
completo de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena, pues a
nuestro juicio, la respuesta a esta cuestión es afirmativa. Los objetores de
conciencia son el gran ausente que evidencia la omisión en que incurrió la ley
de reclutamiento de 1993.
Fecha ut supra
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
149

JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Magistrado
150

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