Sentencia C 83101

Sentencia C-831/01
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia por diferencia de materia y normas
INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS-Adecuación de regímenes jurídicos
INTERCAMBIO ELECTRONICO DE INFORMACION-Regulación
COMERCIO ELECTRONICO-Objeto
MENSAJE DE DATOS-Acceso y uso
DOCUMENTO ELECTRONICO-Nivel de seguridad
MENSAJE DE DATOS-Equivalencia al escrito/MENSAJE DE DATOS-Equivalencia
funcional
MENSAJE DE DATOS EN ARRESTO O ALLANAMIENTO-Equivalencia al escrito
PRIVACION DE LA LIBERTAD O ALLANAMIENTO DE DOMICILIORequisitos/PRIVACION DE LA LIBERTAD O ALLANAMIENTO DE DOMICILIOMandamiento judicial escrito es uno de los requisitos
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Requisitos para la privación
MENSAJE DE DATOS EN ACTUACION JUDICIAL-Requisitos para validez
DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación restrictiva de reserva de ley

Referencia: expediente D-3371
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 527 de 1999.
Actor: Daniel Peña Valenzuela.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS.
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto del año dos mil uno (2001).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA
I.ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Daniel
Peña Valenzuela demandó el artículo 6º de la Ley 527 de 1999 "por medio de
la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades
de certificación y se dictan otras disposiciones."
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda en referencia.
II.NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a
su publicación en el Diario Oficial No. 43.673, del 21 de agosto de 1999, y se
subraya lo demandado:
"Ley 527 de 1999
(agosto 18)
por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se
dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPITULO II
Aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos

Artículo 6º. Escrito, Cuando cualquier norma requiera que la información
conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos,
si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma
constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la
información no conste por escrito."

III.LA DEMANDA
El actor estima que el artículo 6º de la Ley 527 de 1999 vulnera los artículos 28 y 152 de la
Constitución Política, con fundamento en las siguientes razones.
El demandante afirma que de acuerdo con el título de la Ley 527, ésta es aplicable a todo tipo de
información en forma de mensaje de datos, salvo cuando se trate de obligaciones contraídas por
el Estado colombiano en virtud de Convenios y Tratados internacionales, o respecto de las
advertencias legales necesarias para defender los derechos de los consumidores. De manera que
la Ley 527 regula el tema sin importar sí los mensajes de datos están relacionados con
actividades mercantiles.
A su juicio, el legislador dispuso en el artículo demandado que el requisito establecido por
cualquier norma respecto de un escrito se satisface con un mensaje de datos, y tendrá sus mismos
efectos, siempre y cuando la información que contiene pueda ser consultada con posterioridad,
sin distinguir el tipo de norma, ni su jerarquía dentro del ordenamiento jurídico.
De otra parte, indica que el artículo 28 superior señala el derecho fundamental de toda persona a
ser libre, no ser molestada en su persona o familia, no ser arrestada o reducida a prisión, ni su
domicilio registrado salvo mandamiento escrito de autoridad judicial competente.

Por lo tanto, sostiene que entrada en vigor la Ley 527, y especialmente el
artículo 6º, demandado, se entendería que el requisito establecido en el
artículo 28 superior, relacionado con el mandamiento escrito, estaría
satisfecho con un mensaje de datos si la información que contiene puede ser
consultada con posterioridad.
En ese orden de ideas, estima que la Ley 527 reguló un aspecto esencial del
artículo 28 de la Carta Política, que contiene un derecho fundamental que
requiere de una ley estatutaria para regular los procedimientos y recursos
para su protección, mediante los requisitos especiales para este tipo de leyes,
establecidos en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política.
En consecuencia, como la Ley 527 no es una ley estatutaria ni fue tramitada
como tal, solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 6º de la misma.

Igualmente solicita que la confrontación de la norma acusada se haga frente
a la totalidad de la Constitución.
IV.INTERVENCIONES
1.Intervención del Ministerio de Transporte

La Jefe de la Oficina Jurídica de este Ministerio interviene en el proceso de la
referencia y manifiesta que, de conformidad con la definición de mensaje de
datos que trae el artículo 2º de la Ley 527, el artículo 6º, demandado,
pretende un "avance tecnológico, por diferentes medios electrónicos de
comunicación con el fin de realizar operaciones a través del comercio
electrónico", y no la regulación del derecho fundamental a la libertad, que
debe cumplir estrictamente con los requisitos del artículo 28 de la
Constitución Política.
Señala que según lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia, el cumplimiento del mandato del
artículo 28 de la Constitución Nacional depende de las regulaciones que el
legislador disponga en cada código de procedimiento, para administrar
justicia y, por lo tanto, estima que no es de recibo el juicio planteado por el
actor.
También afirma que la Ley 527 no fue tramitada como una ley estatutaria
porque ella no tiene esa naturaleza. Se trata de una ley ordinaria, que no
regula asuntos relacionados con los derechos fundamentales, ni con los
procedimientos y recursos para su protección, de modo que no era exigible
que se le impartiera el trámite especial de una ley estatutaria, por la sola
referencia que haga sobre materias específicas señaladas en el artículo 152
de la Carta Política.
En consecuencia, solicita se declare la exequibilidad de la norma
demandada.
2.Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho

El Director del Derecho y Ordenamiento Jurídico de este Ministerio interviene
en el proceso de la referencia y sostiene que el actor le está dando los
efectos, el alcance y la interpretación incorrecta al artículo 6º, demandado,
toda vez que éste no desarrolla el artículo 28 constitucional, relativo al

derecho a la libertad, ni tiene conexión temática con el derecho al libertad y el
mandamiento escrito para afectarlo.
Indica que el objeto de la Ley 527 fue, desde la presentación del proyecto y la
exposición de motivos, el de regular el comercio de bienes y servicios por vía
electrónica y telemática; proyecto que presentó el Gobierno con base en el
modelo de la "Resolución 51/162 de 1996 de la Asamblea general de la ONU
y aprobatoria de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico elaborada por la
Cnudmi (Comisión de la Naciones Unidas para el desarrollo del Derecho
Mercantil Internacional). Y que su "relevancia es cualificada de acuerdo con lo
prescrito en el artículo 3º de la Ley 527/99, puesto que en su interpretación
habrá de tenerse en cuenta su origen internacional."
A lo anterior agrega que en la exposición de motivos del proyecto se afirmó
que "el mensaje electrónico de datos, se considera la piedra angular de las
transacciones comerciales telemáticas…", así como en los debates en las
respectivas Cámaras "el objeto o campo de aplicación de ley nunca se alejó
del comercio electrónico de bienes y servicios." Por lo tanto, estima que, sí el
campo de aplicación de la Ley 527 es el del comercio electrónico de bienes y
servicios, la autonomía de la voluntad y la buena fe contractual (arts. 3º y 4º
ibídem) constituyen principios orientadores de interpretación, que pertenecen
a ese campo de regulación jurídica como, según afirma, se manifestó en la
ponencia para primer debate, que trae en cita.
En esas condiciones, considera que la Ley 527 expresa "una tendencia de
derecho internacional privado" mediante la regula el comercio electrónico,
para facilitarlo y promoverlo y, en consecuencia, solicita se declare la
exequibilidad del artículo 6º, porque el cargo carece de fundamento.
3.Intervención del Ministerio de Comercio Exterior

El Ministerio interviene en el proceso de la referencia por medio de
apoderado, quien considera que la norma demandada es exequible, y así
solicita se declare, con fundamento en las razones que a continuación se
sintetizan.
A su juicio, el artículo 6º de la Ley 527 es una norma de carácter general, que
se aplica, salvo las excepciones del artículo 1º ibídem, a todos los casos en
que el ordenamiento jurídico exige que la comunicación de la información se
haga por escrito y que, analizado en el contexto de la ley que lo contiene,
tiene como finalidad adaptar la legislación a los avance de la tecnología;

razón que explica que el trámite dado a esa ley fuera el de una de naturaleza
ordinaria y no el de una estatutaria.
Por consiguiente, la norma acusada no es un desarrollo del artículo 28
superior, así como su finalidad no la constituye la afectación al núcleo
esencial del derecho a la libertad personal y a la inviolabilidad del domicilio,
cuya esencia consiste en el derecho que tiene toda persona a su privacidad,
intimidad y autonomía, tema sobre el cual sita la sentencia C-433 de 1996 de
esta Corporación.
Además, cita la sentencia C-266 de 1994 sobre la que, según afirma, la Corte
Constitucional estableció el alcance del contenido de las materias que deben
ser reguladas mediante ley estatutaria, en especial cuando se trata de
derechos fundamentales, al igual que las sentencias C-566 y C-013 de 1993;
providencias que, en su criterio, evidencian el desacierto del demandante al
darle a la norma enjuiciada un alcance que no tiene, esto es, el de regular un
aspecto estructural de los derechos a la libertad personal y a la inviolabilidad
de domicilio, pues si ello fuera cierto, las normas que desarrollan los
mecanismos de protección de ese derecho en el Código de Procedimiento
Penal estarían dentro de la órbita de una ley estatutaria, que implicaría que la
competencia del legislador al expedir códigos en todos los ramos de los
eventos establecidos en el numeral 2º del artículo 152 de la Constitución
fuera limitada.
4.Intervención del Ministerio de Desarrollo Económico
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio interviene en este proceso para defender la
constitucionalidad de la norma enjuiciada, con base en las siguientes consideraciones.
Estima que el argumento del actor para atacar el artículo 6º, demandado, es infundado, ya que
ese artículo debe ser interpretado de manera armónica con todo el articulado de la Ley 527. En
efecto, de conformidad con el literal b) del artículo 2º ibídem, el comercio electrónico abarca
cuestiones generadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a
partir de uno o más mensajes de datos. De manera que las finalidades del legislador con la ley en
comento son, entre otras, otorgarle a las operaciones comerciales un grado óptimo de eficacia,
confiabilidad, confidencialidad y seguridad a las transacciones de carácter mercantil realizadas
por medios electrónicos.
A continuación cita apartes de la sentencia C-662 de 2000 de la Corte Constitucional, sobre la
que denomina "Ley de Comercio Electrónico" y señala que, sin necesidad de un mayor análisis,
es evidente que ésta no vulnera el artículo 28 de la Constitución Política, relacionado con

aspectos puramente penales, porque aquella reglamenta las disposiciones de los mensajes de
datos que se utilizan, básicamente, en las transacciones mercantiles señaladas en el artículo 2º.
Además, lo dispuesto en la Constitución respecto del artículo 28, sobre la el derecho a libertad se
desarrolla en el Código de Procedimiento Penal, de modo que no es posible considerar que una
orden de captura o de allanamiento, por ejemplo, se expida por medios electrónicos como el
mensaje de datos. A propósito de la libertad personal, cita la sentencia C-024 de 1994.

De otra parte, sostiene que la Corte Constitucional ya se pronunció en la
sentencia C-662 de 2000 sobre el trámite otorgado al proyecto que se
convirtió en la Ley de comercio electrónico, por lo que a su juicio hay cosa
juzgada respecto del cargo de supuesta violación del artículo 152 de la
Constitución. En consecuencia, solicita se declare la exequibilidad del artículo
6º demandado.
5.Intervención del Ministerio de Comunicaciones

De conformidad con el informe de Secretaría General, del 21 de febrero de
2001, este Ministerio presenta escrito de intervención en el proceso de la
referencia de manera extemporánea, el 20 de febrero del mismo año, cuando
ya se había vencido el término de fijación en lista. En dicho escrito el
apoderado judicial solicita la declaratoria de exequibilidad de la norma
demandada y expone los argumentos que se resumen a continuación.
Recuerda en primer término los antecedentes de la Ley 527 de 1999 y su
inspiración directa en la ley modelo de comercio electrónico de la Comisión
de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL en
inglés, CNUDMI en español). Destaca el hecho de que al igual que la ley
modelo la ley colombiana no busca alterar las reglas relativas a
comunicaciones jurídicamente relevantes sobre papel, sino que estas tengan
equivalente en forma de comunicación electrónica y al respecto recuerda el
texto del artículo 6° atacado.
En cuanto a los alcances de la ley afirma que esta sienta definitivamente el valor jurídico en
términos probatorios y de validez de los mensajes de datos en medios electrónicos, ópticos o
similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), Internet, el
correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax. Al respecto hace referencia al debate
jurisprudencial en torno al valor jurídico del fax y a las decisiones que en este campo fueron
proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de EstadSe refiere concretamente a las
sentencias de la Corte Suprema de Justicia del 15 de Septiembre de 1993- que no reconoce
validez al fax- y 4598 del 11 de Septiembre de 1995 que señala reglas para aceptar su validez, así
como al Auto 8306 del 26 de julio de 1993 del Consejo de Estado. . Hace énfasis en la existencia

de antecedentes legales en nuestro ordenamiento jurídico que han dado validez a documentos
en medios no tradicionales como por ejemplo los Decretos 1487 de 1999, 2150 de 1995 y 1818
de 1998.

Se detiene particularmente en la noción de equivalente funcional y explica su
contenido con base en la guía de aplicación de la ley modelo de comercio
electrónico, para luego afirmar que con la ley colombiana no se varía en este
campo ningún aspecto sustancial de procedimiento y que en manera alguna
se requiere de una ley estatutaria.
Señala finalmente que el "mandamiento escrito" a que se refiere el artículo 28
constitucional es objeto de un sinnúmero de normas nacionales e
internacionales que guían su interpretación con papel o sin papel, por lo que
no es la ley 527 de 1999 la que lo desarrolla.
I.

CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

El Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 2487, recibido en
la Secretaría de la Corte Constitucional el 20 de marzo del año 2001,
presenta escrito frente al proceso de la referencia y solicita a la Corte declarar
exequible el artículo 6º de la Ley 527 de 1999, con base en las siguientes
consideraciones:
Señala que, de conformidad con el expediente legislativo de la Ley 527 de
1999, el ámbito de aplicación de la ley si bien es un poco más amplio que el
del comercio electrónico, no por ello contraría el ordenamiento superior, toda
vez que se limita a regular el valor jurídico de la información que se maneja
por ese medio, lo que, además, ayuda a precisar el tema en el capítulo VIII
del título XIII del Código de Procedimiento Civil, en los términos en que,
según afirma, se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-662 de
200.
De otra parte, estima que es necesario diferenciar el término "información",
contenido en la norma demandada y que restringe su alcance, de lo que
constituye una "actuación judicial o administrativa." En su criterio, la norma
demandada se refiere a la información entendida como un documento, que
puede ser aportado como prueba de un hecho a un proceso judicial o
administrativo, y que regula el valor jurídico y probatorio de los mensajes de
datos, sin que sea posible extender su alcance a las actuaciones procesales
establecidas en la Constitución y la ley y mucho menos al mandamiento

escrito de que trata el artículo 28 superior, que tiene su propia
reglamentación, por ejemplo, el artículo 95 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, que se refiere al uso de medios técnicos,
electrónicos, informáticos y telemáticos para el cumplimiento de las funciones
de los despachos judiciales, y que no puede ser desconocido por una norma
ordinaria como la que se estudia.
De manera pues que, dado que el actor yerra en sus apreciaciones y
planteamientos, al punto que se evidencia confusión, no considera necesario
analizar el cargo sobre la exigencia del artículo 152 constitucional, que invoca
como vulnerado, en relación con las materias reservadas a las leyes
estatutarias, porque es claro que la orden de captura o de allanamiento no
puede ser suplida por un mensaje de datos electrónico.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la
demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el
numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política.
2.La materia sujeta a examen

Para el demandante el artículo 6 de la Ley 527 de 1999 viola los artículos 28
y 152 de la Carta por cuanto al establecer que cuando cualquier norma exija
que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un
mensaje de datos si la información es accesible para su posterior consulta,
se entendería que el requisito exigido en el artículo 28 de la Constitución,
relacionado con mandamiento escrito para proceder a un arresto o
allanamiento estaría satisfecho con un mensaje de datos en los términos del
artículo atacado.
Según el actor, tratándose en este caso de la regulación de un derecho
fundamental consagrado en el artículo 28 C.P. –la libertad personal-, la
norma ha debido ser objeto de ley estatutaria y no de una simple ley ordinaria
como sucede con la Ley 527 de 1999.

Los intervinientes de manera unánime solicitan a la Corte la declaratoria de
exequibilidad de la norma.
Para los apoderados del Ministerio de Justicia y de Desarrollo Económico el
campo de aplicación de la Ley 527 de 1999 se restringe al comercio
electrónico de bienes y servicios, por lo que el artículo 6° acusado debe ser
entendido desde esta perspectiva y no la del actor, pues no existe conexión
temática con el derecho fundamental a la libertad, ni mucho menos con el
mandamiento escrito para afectarlo. Para el representante del Ministerio de
Desarrollo además la Corte no podría entrar en el examen del cargo sobre
supuesta violación de la reserva de ley estatutaria en relación con el artículo
28 constitucional pues sobre este aspecto ya se habría pronunciado esta
Corporación en la Sentencia C-662 de 2000.
Los representantes del Ministerio de Comercio Exterior y de Transporte
hacen énfasis por su parte en que la norma atacada no es un desarrollo del
artículo 28 Constitucional y que por lo tanto su finalidad no es afectar el
núcleo esencial del derecho a la libertad personal o la inviolabilidad del
domicilio y que la sola referencia que se haga en la Ley 527 de 1999 sobre
materias específicas señaladas en el artículo 152 de la Carta no obligaba a
que su expedición se hiciera mediante una ley estatutaria.
El interviniente del Ministerio de Comunicaciones centra su intervención en la
noción de equivalencia funcional y en la ausencia de violación de la
Constitución por la norma demandada en la medida en que no se afecta
ningún aspecto sustancial del procedimiento colombiano con el
reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.
El señor Procurador General de la Nación al solicitar la declaratoria de
exequibilidad de la norma atacada, considera por su parte que si bien el
ámbito de aplicación de la ley 527 de 1999 va más allá del comercio
electrónico y se refiere en forma genérica al acceso y uso de los mensajes
de datos, el demandante yerra al plantear una relación entre una norma que
regula el valor jurídico y probatorio de los mensajes de datos con una norma
constitucional que regula actuaciones judiciales, como son las contenidas en
el artículo 28 Superior. Ante esta confusión considera innecesario el examen
del cargo relativo a la violación del artículo 152 Constitucional, pues en su

concepto es claro que el mandamiento escrito exigido para una captura o
allanamiento no puede ser suplido con un mensaje de datos electrónico.
Corresponde a la Corte en consecuencia examinar (i) si el ámbito de
aplicación de la Ley 527 de 1999 se restringe al comercio electrónico o si fija
de manera general el régimen de los mensajes de datos, (ii) si con la norma
acusada se desarrolla el artículo 28 de la Constitución, y (iii) si en esta
circunstancia asiste razón o no al demandante al alegar que la materia
regulada por el artículo atacado ha debido ser objeto de ley estatutaria
Esta Corporación debe esclarecer previamente si, como lo afirma uno de los intervinientes, se
presenta el fenómeno de cosa juzgada constitucional en relación con el cargo relativo a la
supuesta violación del artículo 152 de la Carta.
3.Ausencia de cosa juzgada constitucional
Para el interviniente en nombre del Ministerio de Desarrollo Económico esta Corporación ya se
pronunció C-622 de 2000 sobre el trámite surtido para la expedición de la Ley 527 de 1999, por
lo que a su juicio hay cosa juzgada constitucional en relación con la supuesta violación de la
reserva de ley estatutaria que tendrían las disposiciones consagradas en dicha ley.

Al respecto la Corte constata que dentro de los cargos planteados por el
demandante en el proceso que culminó con la sentencia C-622 de 2000
figuraba el supuesto desconocimiento de los artículos 152 y 153 superiores,
al haberse modificado el Código de Procedimiento Civil por la vía de una ley
ordinaria, cuando según el actor, ha debido hacerse por ley estatutaria, a lo
que esta Corporación respondió que no asistía razón al demandante teniendo
en cuenta el carácter restrictivo de la interpretación que se debe dar a los
asuntos sometidos a reserva de ley estatutaria y que claramente los artículos
que el actor consideraba como violatorios de dicha reserva (artículos 9 a 15 y
28 de la Ley 527 de 1999) no infringían la Constitución por este concepto.
Es decir, que la materia y las normas sobre las que se pronunció la Corte en
la referida sentencia son diferentes de las que ahora se proponen y que
aluden a la supuesta violación por el artículo 6 de la Ley 527 de 1999 de la
reserva de ley estatutaria, que en concepto del actor existiría en relación con
la supuesta regulación hecha por la norma atacada del artículo 28 superior
que consagra el derecho fundamental a la libertad.

En consecuencia, para la Corte no se configura por este concepto el
fenómeno de cosa juzgada constitucional, por lo que se entrará a
continuación en el análisis de los argumentos del actor, luego de examinar el
contexto en el que fue expedida la Ley 527 de 1999 y los principales
elementos que la configuran.
4.El contexto de la Ley 527 de 1999, su contenido y ámbito de aplicación.
Como tuvo oportunidad de señalarlo ya esta Corporación en la Sentencia a que se hizo referencia
en el acápite anterior, los avances tecnológicos en materia de intercambio electrónico de datos
requieren la adecuación de los regímenes jurídicos para ponerlos en concordancia con las
transformaciones que aquellos han provocado en la organización social, económica y
empresarial, a nivel mundiaSentencia C-662 de 2000. .
La sentencia resumió en los siguientes términos los antecedentes y las principales características
de la Ley 527 de 1999 con la que el legislador pretendió responder a la necesidad de adecuar el
ordenamiento jurídico colombiano a las dificultades planteadas ante la falta de un régimen
específico que regulara el intercambio electrónico de informaciones y otros medios conexos de
comunicación de datos que comienzan a reemplazar a los tradicionales soportes documentales
basados en el papel. Así dijo la Corte:
"2.3. La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para
el desarrollo del Derecho Mercantil Internacional -CNUDMComisión de las Naciones Unidas
para el desarrollo del Derecho Mercantil Internacional; en inglés UNCITRAL.
Como quedó expuesto, las regulaciones jurídicas tanto nacionales como
internacionales resultaron insuficientes e inadecuadas frente a los modernos tipos de
negociación y de comunicación.
Ante esa realidad, la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho
Mercantil promovió la gestación de un proyecto de ley tipo en materia de comercio
electrónico, inspirada en la convicción de que al dotársele de fundamentación y
respaldo jurídicos, se estimularía el uso de los mensajes de datos y del correo
electrónico para el comercio, al hacerlos confiables y seguros, lo cual, de contera,
redundaría en la expansión del comercio internacional, dadas las enormes ventajas
comparativas que gracias a su rapidez, estos medios ofrecen en las relaciones de
índole comercial entre comerciantes y usuarios de bienes y servicios.
La Asamblea General de la ONU, mediante Resolución 51/162 de 1996 aprobó la Ley Modelo
sobre Comercio Electrónico elaborada por la CNUDMI y recomendó su incorporación a los

ordenamientos internos como un instrumento útil para agilizar las relaciones jurídicas entre
particulares.
El régimen legal modelo formulado por la Comisión de Naciones Unidas para el
Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional -CNUDMI- busca ofrecer:
"...
al legislador nacional un conjunto de reglas aceptables en el ámbito internacional que
le permitieran eliminar algunos de esos obstáculos jurídicos con miras a crear un
marco jurídico que permitiera un desarrollo más seguro de las vías electrónicas de
negociación designadas por el nombre de comercio electrónico.".
"...
La ley modelo tiene la finalidad de servir de referencia a los países en la evaluación y
modernización de ciertos aspectos de sus leyes y prácticas en las comunicaciones con medios
computarizados y otras técnicas modernas y en la promulgación de la legislación pertinente
cuando no exista legislación de este tipoExposición de motivos, Supra.
..."
Según se hizo constar en la propia exposición de motivos, el proyecto colombiano se basó en la
Ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el desarrollo del Derecho Mercantil
Internacional -CNUDMI- sobre Comercio Electrónico.
2.4.Los antecedentes de la Ley 527 de 1999
La Ley 527 de 1999 es, pues, el resultado de una ardua labor de estudio de temas de
derecho mercantil internacional en el seno de una Comisión Redactora de la que
formaron parte tanto el sector privado como el público bajo cuyo liderazgo se gestó -a
iniciativa del Ministerio de Justicia y con la participación de los Ministerios de Comercio
Exterior, Transporte y Desarrollo.
Como ya quedó expuesto, obedeció a la necesidad de que existiese en la legislación
colombiana un régimen jurídico consonante con las nuevas realidades en que se
desarrollan las comunicaciones y el comercio, de modo que las herramientas jurídicas
y técnicas dieran un fundamento sólido y seguro a las relaciones y transacciones que
se llevan a cabo por vía electrónica y telemática, al hacer confiable, seguro y válido el
intercambio electrónico de informaciones.
Así, pues, gracias a la Ley 527 de 1999 Colombia se pone a tono con las modernas tendencias
del derecho internacional privado, una de cuyas principales manifestaciones ha sido la
adopción de legislaciones que llenen los vacíos normativos que dificultan el uso de los medios
de comunicación modernos, pues, ciertamente la falta de un régimen específico que avale y
regule el intercambio electrónico de informacionellamado por sus siglas en inglés "EDI" y otros
medios conexos de comunicación de datos, origina incertidumbre y dudas sobre la validez

jurídica de la información cuyo soporte es informático, a diferencia del soporte documental que
es el tradicional.
De ahí que la Ley facilite el uso del EDI y de medios conexos de comunicación de datos y
concede igual trato a los usuarios de documentación con soporte de papel y a los usuarios de
información con soporte informático.
3.Estructura de la Ley 527 de 1999
La Ley 527 de 1999 contiene 47 artículos, distribuidos en cuatro Partes, a saber: Mensajes de
datos y comercio electrónico (i); Transporte de mercancías (ii); firmas digitales, certificados y
entidades de certificación (iii) reglamentación y vigencia.
Del texto de la Ley y para los efectos de este fallo, resulta pertinente destacar cuatro temas: Mensajes electrónicos de datos y Comercio electrónico; - Las firmas digitales; - Las entidades
de certificación y, - La admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Dado su
carácter eminentemente técnico, con apartes de la exposición de motivos, se ilustra cada uno de
estos temas:
3. 1. Mensajes electrónicos de datos
El mensaje electrónico de datos, se considera la piedra angular de las transacciones
comerciales telemáticas.
Por ello la ley lo describe en la siguiente forma:
"Mensaje de datos: la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por
medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio
electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax". (Artículo 2º
literal b).
La noción de "mensaje" comprende la información obtenida por medios análogos en el ámbito
de las técnicas de comunicación modernas, bajo la configuración de los progresos técnicos que
tengan contenido jurídico.
Cuando en la definición de mensaje de datos, se menciona los "medios similares", se busca
establecer el hecho de que la norma no está exclusivamente destinada a conducir las prácticas
modernas de comunicación, sino que pretenden ser útil para involucrar todos los adelantos
tecnológicos que se generen en un futuro.
El mensaje de datos como tal debe recibir el mismo tratamiento de los documentos consignados
en papel, es decir, debe dársele la misma eficacia jurídica, por cuanto el mensaje de datos
comporta los mismos criterios de un documento.
Dentro de las características esenciales del mensaje de datos encontramos que es una prueba de
la existencia y naturaleza de la voluntad de las partes de comprometerse; es un documento

legible que puede ser presentado ante las Entidades públicas y los Tribunales; admite su
almacenamiento e inalterabilidad en el tiempo; facilita la revisión y posterior auditoría para los
fines contables, impositivos y reglamentarios; afirma derechos y obligaciones jurídicas entre los
intervinientes y es accesible para su ulterior consulta, es decir, que la información en forma de
datos computarizados es susceptible de leerse e interpretarse.
Por otra parte, en el proyecto de ley se hace hincapié como condición de singular
trascendencia, en la integridad de la información para su originalidad y establece reglas que
deberán tenerse en cuenta al apreciar esa integridad, en otras palabras que los mensajes no
sean alterados y esta condición la satisfacen los sistemas de protección de la información, como
la Criptografía y las firmas digitales, al igual que la actividad de las Entidades de Certificación,
encargadas de proteger la información en diversas etapas de la transacción, dentro del marco
de la autonomía de la voluntad.
Así mismo, cuando el contenido de un mensaje de datos sea completo y esté alterado, pero exista
algún anexo inserto, éste no afectará su condición de "original". Esas condiciones se
considerarían escritos complementarios o serían asimiladas al sobre utilizado para enviar ese
documento "original".
- Equivalentes funcionales
El proyecto de ley, al igual de la Ley Modelo, sigue el criterio de los "equivalentes funcionales"
que se fundamenta en un análisis de los propósitos y funciones de la exigencia tradicional del
documento sobre papel, para determinar cómo podrían cumplirse esos propósitos y funciones
con técnicas electrónicas.
Se adoptó el criterio flexible de "equivalente funcional", que tuviera en cuenta los requisitos de
forma fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a la documentación
consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su naturaleza, no equivalen en
estricto sentido a un documento consignado en papel.
En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de
seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez,
especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos, siempre
que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley.
3.2.Firmas digitales
En el capítulo I de la parte III, respecto de la aplicación específica de los requisitos jurídicos de
los mensajes de datos, se encuentra la firma, y para efectos de su aplicación se entiende por
firma digital:
".... un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento
matemático conocido vinculado a la clave criptográfica privada del iniciado, permite
determinar que este valor numérico se ha obtenido exclusivamente con la clave criptográfica
privada del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la
transformación". (Artículo 2º. Literal h).

A través de la firma digital se pretende garantizar que un mensaje de datos determinado
proceda de una persona determinada; que ese mensaje no hubiera sido modificado desde su
creación y transmisión y que el receptor no pudiera modificar el mensaje recibido.
Una de las formas para dar seguridad a la validez en la creación y verificación de una firma
digital es la Criptografía, la cual es una rama de las matemáticas aplicadas que se ocupa de
transformar, mediante un procedimiento sencillo, mensajes en formas aparentemente
ininteligibles y devolverlas a su forma original.
Mediante el uso de un equipo físico especial, los operadores crean un par de códigos
matemáticos, a saber: una clave secreta o privada, conocida únicamente por su autor, y una
clave pública, conocida como del público. La firma digital es el resultado de la combinación de
un código matemático creado por el iniciador para garantizar la singularidad de un mensaje en
particular, que separa el mensaje de la firma digital y la integridad del mismo con la identidad
de su autor.
La firma digital debe cumplir idénticas funciones que una firma en las comunicaciones
consignadas en papel. En tal virtud, se toman en consideración las siguientes funciones de esta:
•

Identificar a una persona como el autor;

- Dar certeza de la participación exclusiva de esa persona en el acto de firmar;
- Asociar a esa persona con el contenido del documento.
Concluyendo, es evidente que la transposición mecánica de una firma autógrafa realizada sobre
papel y replicada por el ordenador a un documento informático no es suficiente para garantizar
los resultados tradicionalmente asegurados por la firma autógrafa, por lo que se crea la
necesidad de que existan establecimientos que certifiquen la validez de esas firmas.
Por lo tanto, quien realiza la verificación debe tener acceso a la clave pública y adquirir la
seguridad que el mensaje de datos que viene encriptado corresponde a la clave principal del
firmante; son las llamadas entidades de certificación que trataremos más adelante.
3.3.Entidades de certificación.
Uno de los aspectos importantes de este proyecto, es la posibilidad de que un ente público o
privado con poderes de certificar, proporcione la seguridad jurídica a las relaciones
comerciales por vía informática. Estos entes son las entidades de certificación, que una vez
autorizadas, están facultados para: emitir certificados en relación con claves criptográficas de
todas las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la
transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las
comunicaciones basadas en las firmas digitales.

La entidad de certificación, expide actos denominados Certificados, los cuales son
manifestaciones hechas como resultado de la verificación que efectúa sobre la autenticidad,
veracidad y legitimidad de las claves criptográficas y la integridad de un mensaje de datos.
La naturaleza de la función de las entidades de certificación se considera como la prestación de
un servicio público, para lo cual vale la pena detenerse un momento.
El artículo 365 de la Constitución Política hace referencia al tema de los servicios públicos, los
cuales pueden ser prestados tanto por las entidades públicas como las privadas o
conjuntamente. Esta norma permite que este servicio lo presten los particulares, si reúnen los
requisitos exigidos por la ley y cuenta con la aprobación de la Superintendencia, organismo
rector para todos los efectos.
El proyecto de ley señala que podrán ser entidades de certificación, las Cámaras de Comercio y
en general las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, autorizadas por la
Superintendencia respectiva, que cumplan con los requerimientos y condiciones establecidos
por el Gobierno Nacional, con fundamento en el artículo 31 del proyecto.
Una vez las entidades de certificación sean autorizadas, podrán realizar actividades tales como,
emitir certificados en relación con las firmas digitales; ofrecer o facilitar los servicios de
creación de firmas digitales certificadas; servicios de registro y estampado cronológico en la
transmisión y recepción de mensajes de datos; servicios de archivo y conservación de mensajes
de datos, entre otras.
A la par con las actividades definidas anteriormente, estas entidades tendrán deberes que
cumplir frente a los involucrados dentro del proceso mercantil, deberes atinentes a cada una de
las actividades que pretendan ejercer.
En consecuencia, las entidades de certificación, son las encargadas entre otras cosas, de
facilitar y garantizar las transacciones comerciales por medios electrónicos o medios diferentes
a los estipulados en papel e implican un alto grado de confiabilidad, lo que las hace importantes
y merecedoras de un control ejercido por un ente público, control que redunda en beneficio de
la seguridad jurídica del comercio electrónico.
La comisión redactora del proyecto de ley, consideró que la Superintendencia de Industria y
Comercio debe ser la entidad encargada del control y vigilancia de las entidades de
certificación, por cuanto su competencia es afín con estas labores.
La función que actualmente ejercen las Superintendencias y que les fue delegada, le
corresponde constitucionalmente al Presidente de la República como Suprema Autoridad
Administrativa, cuando señala que una de sus funciones es la de ejercer la inspección y
vigilancia de la prestación de los servicios públicos.
En razón a que la naturaleza de las funciones de las entidades de certificación se consideran
como la prestación de un servicio público, la inspección y vigilancia de los servicios públicos

que tienen que ver con la certificación, actividades que ejercerán las entidades de certificación,
debe radicarse en cabeza de una Superintendencia como la de Industria y Comercio.
3. 4. Alcance probatorio de los mensajes de datos
El proyecto de ley establece que los mensajes de datos se deben considerar como medios de
prueba, equiparando los mensajes de datos a los otros medios de prueba originalmente escritos
en papel. Veamos
"Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán
admisibles como medios de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los
documentos en el capítulo VIII de título XIII del Código de Procedimiento Civil.
En toda actuación administrativa o judicial, vinculada con el ámbito de aplicación de la
presente ley, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de
información en forma de un mensaje de datos, por el solo hecho de que se trate de un mensaje
de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original" (artículo 10).
Al hacer referencia a la definición de documentos del Código de Procedimiento Civil, le otorga
al mensaje de datos la calidad de prueba, permitiendo coordinar el sistema telemático con el
sistema manual o documentario, encontrándose en igualdad de condiciones en un litigio o
discusión jurídica, teniendo en cuenta para su valoración algunos criterios como: confiabilidad,
integridad de la información e identificación del autor.
Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Al valorar la fuerza
probatoria de un mensaje de datos se habrá de tener presente la confiabilidad de la
forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la
confiabilidad de la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la
forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente (artículo
11)."
Como se desprende de esta extensa cita, la Ley 527 de 1999 no se limita al tema del comercio
electrónico, aun cuando sus orígenes y su inspiración internacional conciernen
fundamentalmente al ámbito mercantil.
Al respecto recuerda el señor Procurador en su intervención que del análisis del respectivo
expediente legislativo se comprueba que si bien el proyecto inicial restringía el contenido de la
norma al campo exclusivamente comercial, éste se fue ampliando para hacer finalmente
referencia en forma genérica al acceso y uso de los mensajes de datos. En este sentido en el texto
definitivo se eliminó la alusión al "comercio electrónico en general" contenida en el título del
capítulo I de la parte primera de la ley, para hacer simplemente referencia a "las disposiciones
generales".

En consecuencia, contrariamente a lo señalado por los intervinientes representantes de los
Ministerios de Justicia y de Desarrollo, ha de entenderse que la ley 527 de 1999 no se restringe a
las operaciones comerciales sino que hace referencia en forma genérica al acceso y uso de los
mensajes de datos, lo que obliga a una comprensión sistemática de sus disposiciones con el
conjunto de normas que se refieren a este tema dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en
particular con las disposiciones que como el artículo 95 de la Ley Estatutaria de administración
de Justicia se han ocupado de esta materi"ARTICULO 95. TECNOLOGIA AL SERVICIO DE
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. El Consejo Superior de la Judicatura debe propender
por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta
acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación,
conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a
garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.Los juzgados, tribunales y
corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y
telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.Los documentos emitidos por los citados
medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original
siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos
exigidos por las leyes procesales.Los procesos que se tramiten con soporte informático
garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la
ejerce así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que
contengan en los término que establezca la ley. (Subrayas fuera de texto)
. Dicha disposición señaló en efecto que los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales
podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el
cumplimiento de sus funciones y que los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera
que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes
procesales. Es decir que bajo el presupuesto del cumplimiento de los requisitos aludidos un
mensaje de datos goza de validez y eficacia.
En este sentido considera la Corte necesario precisar el alcance de la noción de equivalencia
funcional en la que se inspira la disposición objeto de análisis en este proceso, a la que se refirió
esta Corporación en la Sentencia C-662 de 2000 y a la que alude la guía de aplicación de la ley
modelo de UNCITRAL de comercio electrónico.
En dicha guía, que trae en cita el interviniente del Ministerio de Comunicaciones, se expresa lo
siguiente:
"16. Así pues, la Ley Modelo sigue un nuevo criterio denominado a veces 'criterio del
equivalente funcional', basado en un análisis de los objetivos y funciones del requisito
tradicional de la presentación de un escrito consignado sobre papel con miras a determinar la
manera de satisfacer sus objetivos y funciones con técnicas del llamado comercio electrónico.
Por ejemplo, ese documento de papel cumple funciones como las siguientes: proporcionar un

documento legible para todos; asegurar la inalterabilidad de un documento a lo largo del
tiempo; permitir la reproducción de un documento a fin de que cada una de las partes disponga
de un ejemplar del mismo escrito; permitir la autenticación de los datos consignados
suscribiéndolos con una firma; y proporcionar una forma aceptable para la presentación de un
escrito ante las autoridades públicas y los tribunales. Cabe señalar que, respecto de todas esas
funciones, la documentación consignada por medios electrónicos puede ofrecer un grado de
seguridad equivalente al del papel y, en la mayoría de los casos, mucha mayor fiabilidad y
rapidez, especialmente respecto de la determinación del origen y del contenido de los datos, con
tal que se observen ciertos requisitos técnicos y jurídicos. Ahora bien, la adopción de este
criterio del equivalente funcional no debe dar lugar a que se impongan normas de seguridad
más estrictas a los usuarios del comercio electrónico (con el consiguiente costo) que las
aplicables a la documentación consignada sobre papel.
17. Un mensaje de datos no es, de por sí, el equivalente de un documento de papel, ya que es de
naturaleza distinta y no cumple necesariamente todas las funciones imaginables de un
documento de papel. Por ello se adoptó en la Ley Modelo un criterio flexible que tuviera en
cuenta la graduación actual de los requisitos aplicables a la documentación consignada sobre
papel: al adoptar el criterio del 'equivalente funcional', se prestó atención a esa jerarquía actual
de los requisitos de forma, que sirven para dotar a los documentos de papel del grado de
fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad que mejor convenga a la función que les haya sido
atribuida. Por ejemplo, el requisito de que los datos se presenten por escrito (que suele
constituir un 'requisito mínimo') no debe ser confundido con otros requisitos más estrictos como
el de 'escrito firmado', 'original firmado' o 'acto jurídico autenticado'.
18. La Ley Modelo no pretende definir un equivalente informático para todo tipo de documentos
de papel, sino que trata de determinar la función básica de cada uno de los requisitos de forma
de la documentación sobre papel con miras a determinar los criterios que, de ser cumplidos por
un mensaje de datos, permitirían la atribución a ese mensaje de un reconocimiento legal
equivalente al de un documento de papel que haya de desempeñar idéntica función. Cabe
señalar que en los artículos 6 a 8 de la Ley Modelo se ha seguido el criterio del equivalente
funcional respecto de las nociones de 'escrito', 'firma' y 'original', pero no respecto de otras
nociones jurídicas que en esa Ley se regulan. Por ejemplo, no se ha intentado establecer un
equivalente funcional en el artículo 10 de los requisitos actualmente aplicables al archivo de
datos".

Es decir que como se desprende tanto de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia como de la ley de la que hace parte la disposición
objeto de análisis en este proceso, los documentos electrónicos están en
capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel, siempre
que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos pertinentes en cuanto a su
autenticidad, integridad y rastreabilidad y que son estos aspectos los que
deben tomarse en cuenta para el análisis de las disposiciones respectivas.

A partir de estos antecedentes y precisiones, procede la Corte a examinar los
cargos concretos planteados por el demandante contra el artículo 6 de la Ley
527 de 1999.
5.Análisis de los cargos
5.1.La relación de la norma atacada con el artículo 28 constitucional
Afirma el demandante que la mención que se hace en el artículo 28 constitucional sobre la
necesidad de un mandamiento escrito estaría satisfecho, de acuerdo con la norma atacada, por un
mensaje de datos, simplemente si la información que éste contiene es accesible para su posterior
consulta. Es decir, que en su sentir con el artículo atacado se reguló un aspecto esencial del
derecho fundamental a la libertad consagrado en dicha norma.
Para la Corte resulta claro, sin embargo, que la disposición atacada no tiene como objeto el
desarrollo del artículo 28 constitucional, el cual sirve de fundamento a las disposiciones
pertinentes del Código de Procedimiento PenaArtículos 3, 294 y 350 del C.P.P. .
La ley 527 y el artículo atacado en particular aluden simplemente a la posibilidad de reconocer
como equivalentes a un escrito los mensajes de datos entendidos como "la información generada,
enviada, recibida, almacenada comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como
pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo
electrónico, el telegrama, el télex o el telefaxArtículo 2, literal a) de la Ley 527 de 1999..

Así la norma demandada señala:
Artículo 6º. Escrito, Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito
quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su
posterior consulta.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma
constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la
información no conste por escrito."
Ahora bien, tomando en cuenta la equivalencia funcional a que se refiere la norma atacada,
puede válidamente entenderse que la mención que se hace del escrito en el artículo 28
constitucional y que se reproduce en los artículos 294 y 350 del C.P.PArtículo 294.
Allanamiento, procedencia y requisitos. Cuando hubiere serios motivos para presumir que en un
bien inmueble, nave o aeronave se encuentre alguna persona contra quien obra orden de captura,
o las armas, instrumentos o efectos con los que se haya cometido la infracción o que provengan
de su ejecución, el funcionario judicial ordenará en providencia motivada el allanamiento y
registro.En casos de flagrancia cuando se esté cometiendo un delito en lugar no abierto al
público, la Policía Judicial podrá ingresar sin orden escrita del funcionario judicial, con la
finalidad de impedir que se siga ejecutando la conducta.Artículo 350. Orden escrita de captura.
La orden de captura deberá contener los datos necesarios para la identificación o

individualización del imputado y el motivo de la captura.Proferida la orden de captura, el
funcionario judicial enviará copia a la dirección de fiscalía correspondiente y a los organismos de
policía judicial para que se registren y almacenen los datos. A su vez, la dirección de fiscalía
respectiva informará al sistema central que lleve la Fiscalía General de la Nación.

, se puede llegar a cumplir con el mensaje de datos a que se refiere el artículo atacado, es decir
que se puede entender que la norma regula un aspecto –la equivalencia al escrito de un mensaje
de datos- que de manera indirecta puede tener incidencia en el cumplimiento de uno de los
requisitos señalados en la Constitución y en la Ley para proceder a un arresto o a un
allanamiento.
Esta circunstancia sin embargo no resulta violatoria de la Constitución porque (i)la exigencia del
escrito no es el único requisito necesario para proceder a privar de la libertad a una persona o a
registrar su domicilio; (ii) de acuerdo con una comprensión sistemática de la disposición atacada
con el artículo 95 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia la simple accesibilidad
del documento para su posterior consulta no es el único requisito para reconocer validez jurídica
al mensaje de datos dentro de una actuación judicial; (iii) no todas las materias que de manera
directa, o indirecta como sucede en este caso, se refieran a un derecho fundamental deben ser
objeto de ley estatutaria.
La Corte procede a examinar cada una de estos aspectos:

5.2.El carácter escrito del mandamiento judicial es apenas uno de los
requisitos señalados en el artículo 28 de la Constitución y su cumplimiento no
necesariamente debe estar circunscrito a la existencia de un documento de
papel.
El artículo 28 de la Constitución consagra que "toda persona es libre. Nadie puede ser molestado
en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado,
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades
legales y por motivo previamente definido en la ley". Entonces para proceder a privar de la
libertad a una persona o para allanar su domicilio no sólo es necesario un mandamiento escrito,
sino que éste debe emanar de una autoridad competente, haber sido dictado por motivos
previamente definidos en la ley, además de requerir el cumplimiento de las formalidades legales
que haya establecido la ley y en particular para este caso, el Código de Procedimiento Penal y las
demás disposiciones aplicables.

Es decir, que la norma atacada sólo de manera indirecta podría llegar a tener una incidencia en la
regulación de uno de los requisitos a los que se refiere la norma superior que consagra el derecho
fundamental a la libertad personal. No es pues el regulado en el artículo 6° atacado, como lo
alega el demandante, un aspecto esencial que desarrolle de manera directa el texto constitucional
pues la disposición se limita a establecer una equivalencia funcional entre el escrito tradicional y
el mensaje de datos, debiendo en todo caso entenderse su contenido en concordancia con las
demás disposiciones de la Ley 527 de 1999, y de ser el caso, con el artículo 95 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia a que ya se hizo referencia, norma que en materia
penal debe igualmente concordarse con el artículo 148 del C.P.P que dispone:
"Artículo 148. Utilización de medios técnicos. En la actuación se podrán utilizar los medios
mecánicos, electrónicos y técnicos que la ciencia ofrezca y que no atenten contra la dignidad
humana y las garantías constitucionales.
Cuando las diligencias sean recogidas y conservadas en sistemas de audio y/o video se levantará
un acta en que conste fecha y hora de la misma, será suscrita por quienes tomaron parte en ella.
El contenido se llevará por escrito cuando sea estrictamente necesario."

Cabe anotar además que la exigencia constitucional del carácter escrito del
mandamiento judicial no puede entenderse limitado al escrito sobre papel,
sino que bien puede, obviamente en el marco de cumplimiento de los
requisitos específicos que señale la ley, ser cumplido mediante un mensaje
de datos.
5.3.Los requisitos exigidos en relación con el reconocimiento de validez de un mensaje de
datos y los presupuestos necesarios para una actuación judicial.
Ahora bien, como lo dispone el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, las autoridades judiciales
podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el
cumplimiento de sus funciones, y los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera
que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes
procesales. De igual forma, establece dicha norma que en los procesos que se tramiten con
soporte informático se garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional
por el órgano que la ejerce así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de
carácter personal que contengan en los término que establezca la ley.
Es decir, que para que al mensaje de datos, reconocido como equivalente del escrito por la norma
atacada, se le pueda dar valor dentro de una actuación judicial, como la que invoca el
demandante, no basta que la información que el mensaje de datos contiene sea accesible para su

posterior consulta, sino que se hace necesario el respeto de todos los demás requisitos a que
alude el artículo 95 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
En este sentido asiste razón al señor Procurador cuando destaca la diferencia entre información
contenida en un mensaje de datos y actuación judicial. Sin embargo, no comparte la Corte su
negativa ante el posible reemplazado del escrito sobre papel por un mensaje de datos electrónico
en las condiciones anotadas en esta providencia.
Es decir siempre que puedan garantizarse la fiabilidad sobre el origen del mensaje, la integridad
del mismo, la identificación de la función jurisdiccional además del cumplimiento de los demás
requisitos exigidos por las leyes procesales respectivas y en este caso las del C.P.P., dirigidos a
hacer efectivos el debido proceso y el derecho de defensa (artículo 29 C.P.).
5.4.La no exigibilidad de una ley estatutaria para regular materias que se relacionen de
manera indirecta con un derecho fundamental y que hagan referencia a un aspecto
meramente procedimental.
Siendo pues únicamente a partir de una lectura sistemática, tanto de la Ley 527 de 1999, como de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que la norma atacada encuentra una relación
indirecta con uno de los requisitos exigido por el artículo 28 constitucional, resulta evidente para
la Corte que en el presente caso no existe posibilidad de violación del artículo 152 de Carta.
La reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales ha de interpretarse de manera
restrictiva, como de manera repetida lo ha señalado esta Corporación, y no cabe, según lo
pretende el demandante entender que cualquier referencia a un derecho fundamental exija la
expedición de una ley estatutaria. Así ha dicho la Corte que:
"En relación con los derechos fundamentales, el mandato constitucional del artículo 142
constitucional no es absoluto, pues no sólo las leyes estatutarias pueden regular
derechos fundamentales. En efecto, la competencia legislativa ordinaria está
directamente habilitada por la Carta para regular derechos fundamentales y si no se
presentara tal evento, la mencionada competencia ordinaria se transformaría en
exceptiva, ya que directa o indirectamente gran parte de las leyes tocan algún o
algunos derechos fundamentales. En materia de derechos fundamentales debe
efectuarse "una interpretación restrictiva de la reserva de ley estatutaria porque una
interpretación extensiva convertiría la excepción -las leyes estatutarias basadas en
mayorías cualificadas y procedimientos más rígidos- en regla, en detrimento del
principio de mayoría simple que es el consagrado por la Constitución". Esto significa
que las leyes estatutarias están encargadas de regular únicamente los elementos
estructurales esenciales de los derechos fundamentales y |de los mecanismos para su
protección, pero no tienen como objeto regular en detalle cada variante de
manifestación de los mencionados derechos o todos aquellos aspectos que tengan que

ver con su ejercicio, porque ello conduciría a una petrificación del ordenamiento
jurídicoSentencia C-226 de 1994. M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
En el mismo sentido esta Corporación señaló que :
"Las leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto desarrollarlos y
complementarlos. Esto no supone que toda regulación en la cual se toquen aspectos relativos a
un derecho fundamental deba hacerse por vía de ley estatutaria. Las leyes estatutarias no fueron
concebidas con el fin de ocuparse detalladamente de asuntos que de una forma u otra se
relacionen con un derecho fundamental, como puede ser el caso del divorcio o las nulidades
matrimoniales, sino para regular el ejercicio y alcance de estos derechos, y sus garantías de
manera generalSentencia C-566 de 1993. M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa.
La norma atacada, ni en su finalidad ni en su contenido está dirigida a afectar el núcleo esencial
del derecho a la libertad personal y la inviolabilidad del domicilio. El actor no tiene razón
cuando pretende dar a la norma el alcance de regular un aspecto estructural del derecho
fundamental consagrado en el artículo 28 de la Carta, por lo que la supuesta violación del
artículo 152 no tiene fundamento al no aplicarse en este caso la reserva de ley estatutaria a que
alude el demandante.
VII.DECISION

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 6° de la Ley 527 de 1999 "por medio de la
cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se
dictan otras disposiciones".

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Presidente

JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado

JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado

MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado

ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General

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