Este documento critica la industria armamentística y la guerra contra las drogas. Señala que los mayores vendedores de armas son también los países con poder de veto en la ONU y que esto pone en riesgo la paz mundial. Además, indica que la estrategia contra las drogas está dirigida por militares y no médicos, lo que lleva a violaciones de derechos humanos y a que los más afectados sean los pobres.