Carta iberoamericana de gobierno electronico
- 1. Universidad Fermín toro Vice rectorado académico Facultad de ciencias jurídicas y políticas Escuela de Derecho Análisis de la carta Iberoamericana de gobierno electrónico Alumna: Sánchez Yulexi Barquisimeto, 13 de julio de 2015
- 2. La Carta Iberoamericana entiende al Gobierno Electrónico como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. En este sentido, los primeros pasos comunes emprendidos por los gobiernos de Iberoamérica en gobierno electrónico han sido el dictado de normativa sobre criterios rectores, la elaboración paulatina de una agenda de gobierno, la designación de órganos encargados de la guía e implementación, el nombramiento de referentes y el estímulo de iniciativas en los organismos públicos. Por esta razón, los valores centrales predicados por esta Carta son: igualdad, legalidad, conservación, transparencia y accesibilidad, seguridad, responsabilidad y adecuación tecnológica. También hay coincidencias en que se debe poner el foco en los destinatarios del gobierno electrónico: el ciudadano y la sociedad. De esta manera, luego de esas primeras iniciativas se presentan, a nuestro juicio, dos prioridades que deben atenderse: El primer reto es lograr la plena accesibilidad al gobierno electrónico. ¿Por qué es imperioso disminuir la brecha digital? Porque atenta contra el derecho de igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Paulatinamente esta brecha se achica dentro del gobierno argentino y el 50% de la población tiene algún modo de conexión a Internet. A pesar que la brecha digital y de alfabetización se acorta, persiste la exclusión en la población de menores ingresos y por razones geográficas, ya que la mayor concentración de
- 3. servicios presenciales y disponibilidad de redes y computadoras se da paradójicamente en los centros más poblados y que gozan de mayores ingresos y de nivel educativo. El segundo reto es homologar la información que se brinda a distancia para acceder a los servicios con la información que se provee en forma presencial: la normativa, los procedimientos, los requisitos. Los ciudadanos son cautivos del sector público en tanto tienen obligación de concurrir a sus oficinas para ejercer sus derechos y cumplir obligaciones. No conocen toda la legislación ni el alcance de los programas y servicios que se diseñan en la Nación y que tienen alcance regional y local. Desean perder el menor tiempo posible ante el arduo proceso: ubicar los puntos de contacto de la organización, horarios de atención, recibir información clara sobre requisitos, resolución de dudas, sus aranceles, tiempo de demora durante el trámite. No les interesan tanto los procesos internos de los trámites como el resultado obtenido. Es importante resaltar que la Carta subraya que la perspectiva desde la que se tiene que abordar el empleo de las TIC en la gestión pública es la del ciudadano y sus derechos. A los efectos de esta carta se entiende por ciudadano cualquier persona natural o jurídica que tenga que relacionarse con una Administración Pública y se encuentre en territorio del país o posea el derecho a hacerlo aunque esté fuera de dicho país. Por lo tanto, de una parte, la presente Carta Iberoamericana reconoce un derecho al ciudadano que le abre múltiples posibilidades de acceder más fácilmente a las Administraciones Públicas Se trata, por otra parte, no sólo de facilitar al ciudadano sus relaciones con las Administraciones públicas y con eso igualar sus oportunidades en
- 4. ese aspecto, sino también de aprovechar el potencial de relaciones de las Administraciones Públicas para impulsar el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento. En otro sentido, los esfuerzos de los gobiernos de la Región en el desarrollo de Gobierno Electrónico conllevan su deber de involucrarse en el debate global sobre la gobernanza de Internet. A tal efecto la participación en los foros y reuniones sobre gobernanza de es clave. Los signatarios de la Carta deberán realizar los esfuerzos necesarios para garantizar que los principios democráticos de esta carta se traduzcan en acciones concretas, dirigidas a que en el desarrollo de Internet se respeten los derechos de participación de todos los actores involucrados en el tema en las decisiones sobre las políticas públicas que se relacionen con el uso de la red. Por esta razón, se insta a los Estados que, en la construcción de la Sociedad de la Información y el Conocimiento eviten adoptar medidas y decisiones unilaterales contrarias al Derecho Internacional, realizando acciones tendentes a contribuir a la plena consecución del desarrollo económico y social de la población de los países afectados y al bienestar de sus ciudadanos.