ANÁLISIS DE LA CARTA IBEROAMERICANA DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO
Considerando los avances tecnológicos que han surgido en el siglo
XXI, como es el gobierno electrónico, constituido por aquellas aplicaciones
que utilizan los gobiernos federales, regionales, y locales, a través de las
cuales se pueden realizar pagos y solicitar documentación por Internet.
Existen áreas que quedan excluidas, tales como transacciones con monedas
extranjeras y la posibilidad de votar.
De allí, que Gobierno Electrónico, incluye todas aquellas actividades
basadas en las tecnologías informáticas, en particular Internet, que el Estado
desarrolla para incrementar la eficacia de la gestión pública, mejorar los
servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a las acciones de gobierno de
un marco transparente.
De esta manera, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, es
resultado del consenso alcanzado por los gobiernos iberoamericanos
centrados en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse
electrónicamente con el Estado y la correlativa responsabilidad de los
gobiernos en proveer las herramientas necesarias para satisfacer ese
derecho y por ello se subraya que la perspectiva desde la que se tiene que
abordar el empleo de las tecnología de la información y la comunicación
(TIC) en la gestión pública que es la del ciudadano y sus derechos.
En consecuencia, a través de esta Carta, las instituciones que la
conforman tienen un rol trascendental centrado en ciertas obligaciones con
mayor fuerza y determinación las siguientes:
• Igualdad: uso de los medios electrónicos sin restricciones o
discriminaciones por todos los ciudadanos.
• Legalidad: las garantías de privacidad y cualquier otra que se deriva
de los modos tradicionales de interacción permanecen.
• Conservación: las comunicaciones y documentos electrónicos se
conservan en las mismas condiciones que por los medios tradicionales.
• Transparencia y Accesibilidad: la información de las administraciones
y el conocimiento deben hacerse en un lenguaje comprensible según el perfil
del destinatario.
• Proporcionalidad: los requerimientos de seguridad son adecuados a la
naturaleza de la relación.
• Responsabilidad: Administración y Gobierno responden por sus actos
de la misma manera que en los medios tradicionales.
• Adecuación Tecnológica: las administraciones elegirán las tecnologías
más adecuadas. Se recomienda el uso de estándares abiertos y de software
libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir
que el conocimiento público no sea privatizado.
Considerando dichas obligaciones, se establece que las actuaciones
del gobierno electrónicos estarán dotados de los sistemas de firma
electrónica garantizaran la comunicación segura de los mismos. En los sitios
electrónicos no podrán figurar avisos de exención de responsabilidad por el
contenido de las mismas. Cualquier dirección electrónica en las que figuren
dichos avisos no podrá considerarse una sede electrónica, ni formará parte
del sistema de Gobierno Electrónico y así deberá figurar con caracteres
relevantes en todas sus páginas. En los sitios electrónicos constará el órgano
responsable de los mismos y de su puesta al día. También constará la norma
que autoriza su creación y el contenido de tal norma. Asimismo constarán los
mecanismos y sistemas que permiten el establecimiento de comunicaciones
seguras cuando estas sean necesarias.
Respecto a la relación entre las organizaciones públicas y la relación
del gobierno con el sector privado, se tiene que es importante tomar en
cuenta que se debe siempre tomar en cuenta encuentros donde brinde
orientación al sector privado sobre sus necesidades para encontrar
soluciones conjuntas. Las organizaciones públicas deben definir sus propios
objetivos en gobierno electrónico. No cambiarán su estructura de manera
significativa, pero deben adaptar sus procesos para brindar mejores servicios
y con mayor alcance. Los agentes públicos están habituados a las nuevas
tecnologías pero no al trabajo en redes humanas. Deben adoptar la
adhocracia interna guiada por un fuerte liderazgo de los directivos que los
respalde en sus iniciativas. Es imprescindible consultar a los ciudadanos en
el diseño y la evaluación de los servicios públicos.
El sector privado debe ser invitado a trabajar en conjunto con el sector
público, a participar del trabajo en equipo y el diseño de propuestas, puesto
que cada uno de los sectores que conforman la economía de una nación
tienen los mismos derechos y oportunidades de hacer uso del comercio
electrónico para hacer frente a las competencias en el mercado y a su vez
hacer uso de las TIC en la búsqueda de mejorar su posicionamiento en el
mercado, satisfaciendo las necesidades de los consumidores.
Es importante acotar, que en Venezuela a través de los diversos avances
tecnológicos y haciendo uso del Gobierno Electrónico ha puesto al servicio
de la sociedad nuevos canales de comunicación que les permiten a los
ciudadanos realizar trámites de su interés ofreciéndoles mayor comodidad y
rapidez al momento de solicitar un documento.
Por tanto, a través del gobierno electrónico, ofrece diversas ventajas a
la sociedad en general; ejemplo de ellos a los ciudadanos les proporciona el
acceso fácil a información y servicios públicos, ahorro de tiempo y dinero,
auditoría de la actuación de los gestores públicos, mayor facilidad de
participación en las decisiones públicas. A las empresas públicas y privadas,
los trámites más ágiles, facilita la creación de empresas, más empleo, mayor
competitividad, mayor acceso a contratos con la administración pública y
disminución de costos operativos; y por ende al Gobierno la disminución de
costos operativos, mejor imagen ante la ciudadanía, mayor capacidad de
recaudación y mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
Finalmente, se puede decir que la Carta Iberoamericana de Gobierno
Electrónico, tiene como propósito incursionar a las naciones a uso de las
tecnologías para ofrecer servicios a la sociedad, así como también de
determinar las bases conceptuales y los componentes que constituyen el
Gobierno Electrónico” para Iberoamérica. Si bien establecer un objetivo
conceptual, como primer objetivo, podría parecer superfluo en un documento
orientativo para las políticas públicas.
Es importante acotar, que el Gobierno en Línea hoy día se convierte en
un canal de comunicación directo e inmediato entre la sociedad y los
organismos o entidades públicas dedicadas a prestar servicios, como es el
caso del CICPC, garantizando la seguridad e integridad de los ciudadanos.
Elaborado por Martín E. Camacaro

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Carta iberoamericana de gobierno electrónico

  • 1. ANÁLISIS DE LA CARTA IBEROAMERICANA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Considerando los avances tecnológicos que han surgido en el siglo XXI, como es el gobierno electrónico, constituido por aquellas aplicaciones que utilizan los gobiernos federales, regionales, y locales, a través de las cuales se pueden realizar pagos y solicitar documentación por Internet. Existen áreas que quedan excluidas, tales como transacciones con monedas extranjeras y la posibilidad de votar. De allí, que Gobierno Electrónico, incluye todas aquellas actividades basadas en las tecnologías informáticas, en particular Internet, que el Estado desarrolla para incrementar la eficacia de la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a las acciones de gobierno de un marco transparente. De esta manera, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, es resultado del consenso alcanzado por los gobiernos iberoamericanos centrados en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con el Estado y la correlativa responsabilidad de los gobiernos en proveer las herramientas necesarias para satisfacer ese derecho y por ello se subraya que la perspectiva desde la que se tiene que abordar el empleo de las tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la gestión pública que es la del ciudadano y sus derechos. En consecuencia, a través de esta Carta, las instituciones que la conforman tienen un rol trascendental centrado en ciertas obligaciones con mayor fuerza y determinación las siguientes:
  • 2. • Igualdad: uso de los medios electrónicos sin restricciones o discriminaciones por todos los ciudadanos. • Legalidad: las garantías de privacidad y cualquier otra que se deriva de los modos tradicionales de interacción permanecen. • Conservación: las comunicaciones y documentos electrónicos se conservan en las mismas condiciones que por los medios tradicionales. • Transparencia y Accesibilidad: la información de las administraciones y el conocimiento deben hacerse en un lenguaje comprensible según el perfil del destinatario. • Proporcionalidad: los requerimientos de seguridad son adecuados a la naturaleza de la relación. • Responsabilidad: Administración y Gobierno responden por sus actos de la misma manera que en los medios tradicionales. • Adecuación Tecnológica: las administraciones elegirán las tecnologías más adecuadas. Se recomienda el uso de estándares abiertos y de software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el conocimiento público no sea privatizado. Considerando dichas obligaciones, se establece que las actuaciones del gobierno electrónicos estarán dotados de los sistemas de firma electrónica garantizaran la comunicación segura de los mismos. En los sitios electrónicos no podrán figurar avisos de exención de responsabilidad por el contenido de las mismas. Cualquier dirección electrónica en las que figuren dichos avisos no podrá considerarse una sede electrónica, ni formará parte del sistema de Gobierno Electrónico y así deberá figurar con caracteres relevantes en todas sus páginas. En los sitios electrónicos constará el órgano responsable de los mismos y de su puesta al día. También constará la norma que autoriza su creación y el contenido de tal norma. Asimismo constarán los
  • 3. mecanismos y sistemas que permiten el establecimiento de comunicaciones seguras cuando estas sean necesarias. Respecto a la relación entre las organizaciones públicas y la relación del gobierno con el sector privado, se tiene que es importante tomar en cuenta que se debe siempre tomar en cuenta encuentros donde brinde orientación al sector privado sobre sus necesidades para encontrar soluciones conjuntas. Las organizaciones públicas deben definir sus propios objetivos en gobierno electrónico. No cambiarán su estructura de manera significativa, pero deben adaptar sus procesos para brindar mejores servicios y con mayor alcance. Los agentes públicos están habituados a las nuevas tecnologías pero no al trabajo en redes humanas. Deben adoptar la adhocracia interna guiada por un fuerte liderazgo de los directivos que los respalde en sus iniciativas. Es imprescindible consultar a los ciudadanos en el diseño y la evaluación de los servicios públicos. El sector privado debe ser invitado a trabajar en conjunto con el sector público, a participar del trabajo en equipo y el diseño de propuestas, puesto que cada uno de los sectores que conforman la economía de una nación tienen los mismos derechos y oportunidades de hacer uso del comercio electrónico para hacer frente a las competencias en el mercado y a su vez hacer uso de las TIC en la búsqueda de mejorar su posicionamiento en el mercado, satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Es importante acotar, que en Venezuela a través de los diversos avances tecnológicos y haciendo uso del Gobierno Electrónico ha puesto al servicio de la sociedad nuevos canales de comunicación que les permiten a los ciudadanos realizar trámites de su interés ofreciéndoles mayor comodidad y rapidez al momento de solicitar un documento.
  • 4. Por tanto, a través del gobierno electrónico, ofrece diversas ventajas a la sociedad en general; ejemplo de ellos a los ciudadanos les proporciona el acceso fácil a información y servicios públicos, ahorro de tiempo y dinero, auditoría de la actuación de los gestores públicos, mayor facilidad de participación en las decisiones públicas. A las empresas públicas y privadas, los trámites más ágiles, facilita la creación de empresas, más empleo, mayor competitividad, mayor acceso a contratos con la administración pública y disminución de costos operativos; y por ende al Gobierno la disminución de costos operativos, mejor imagen ante la ciudadanía, mayor capacidad de recaudación y mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Finalmente, se puede decir que la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, tiene como propósito incursionar a las naciones a uso de las tecnologías para ofrecer servicios a la sociedad, así como también de determinar las bases conceptuales y los componentes que constituyen el Gobierno Electrónico” para Iberoamérica. Si bien establecer un objetivo conceptual, como primer objetivo, podría parecer superfluo en un documento orientativo para las políticas públicas. Es importante acotar, que el Gobierno en Línea hoy día se convierte en un canal de comunicación directo e inmediato entre la sociedad y los organismos o entidades públicas dedicadas a prestar servicios, como es el caso del CICPC, garantizando la seguridad e integridad de los ciudadanos. Elaborado por Martín E. Camacaro