La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico establece las bases para el uso de tecnologías de la información por parte de los gobiernos, reconociendo el derecho de los ciudadanos a interactuar electrónicamente con el Estado. Define obligaciones como la igualdad, legalidad, transparencia y adecuación tecnológica. También promueve la colaboración entre sectores público y privado para mejorar los servicios a través de las tecnologías.