Ciudadanía y democracia

Alberto J. Olvera
CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA

CIUDADANÍA Y
DEMOCRACIA
Alberto J. Olvera

Instituto Federal Electoral
Consejero Presidente
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Mtro. Marco Antonio Baños Martínez
Lic. Marco Antonio Gómez Alcántar
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Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral
y Educación Cívica
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Primera edición, mayo de 2008
© 2008, Instituto Federal Electoral
Viaducto Tlalpan Núm. 100, esquina Periférico Sur
Col. Arenal Tepepan, 14610, México, D. F.
ISBN: 970-695-111-3
Impreso en México/Printed in Mexico
Distribución gratuita. Prohibida su venta

Contenido
Presentación .............................................................................................................
Introducción.............................................................................................................
El contexto histórico de la emergencia de la ciudadanía .....................................
El concepto de ciudadanía .........................................................................................
Democracia y ciudadanía........................................................................................
Bibliografía...............................................................................................................
Sobre el autor...........................................................................................................
7
9
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55

Presentación
En un contexto de constantes transformaciones político-sociales, a inicios del siglo XXI
la lucha por el reconocimiento de la ampliación de derechos de ciudadanía, tanto en so-ciedades
con sistemas democráticos ya consolidados como en incipientes democracias,
orienta el debate conceptual sobre la ciudadanía y la democracia hacia un replanteamiento
de la configuración de la ciudadanía más allá del ámbito de la democracia electoral, que
considere la construcción de una ciudadanía activa, responsable, que conoce sus derechos
y los defiende.
En este Cuaderno de Divulgación el doctor Alberto J. Olvera analiza desde diferentes
enfoques teóricos los conceptos de ciudadanía y democracia, así como su interrelación
de acuerdo con determinadas especificidades históricas y contextuales de las distintas
sociedades, y destaca la necesidad de formular nuevas herramientas conceptuales que
den cuenta de la correspondencia de tales conceptos.
Para el autor, en la teoría democrática se deben considerar otras dimensiones en la cons-trucción
de ciudadanía porque ésta no se circunscribe al ejercicio de derechos políticos,
sino que comprende los ámbitos social y civil, para trascender el concepto de ciudadanía
ligado a la elección de autoridades y avanzar en términos de “[…] una ciudadanía activa
que no sólo espera que el Estado por fin respete e implemente los derechos universales
de ciudadanía, sino que lucha por ellos, coopera con el Estado, se enfrenta políticamente
con él, hace valer sus argumentos en el espacio público y busca construir alianzas con la
sociedad política en la promoción de un proyecto democrático-participativo”.
La ciudadanía implica la conformación de espacios públicos para el debate, la reflexión
y la propuesta, de instituciones que den respuesta a los requerimientos de los ciudadanos
de hoy, activos, arquitectos de las nuevas democracias, a las que dan forma y vida, no
sólo como sujetos de derechos, sino que se apropian de esos derechos y los ejercen a la
vez que asumen sus responsabilidades ante su comunidad.

Sin la participación activa del individuo, el concepto de ciudadanía pierde su sentido
original y permanece sólo como identidad con el Estado, comunidad o territorio al que
pertenece, de ahí la pertinencia de abordar la relación de la ciudadanía con la concepción,
construcción y permanencia de la democracia.

Introducción
Ciudadanía y democracia son dos concep-tos
centrales en el pensamiento político
de nuestro tiempo. Se trata, en principio, de
conceptos estrechamente vinculados. El
sentido común dominante nos indica que
sin democracia no puede haber ciudadanía,
aunque ya veremos que hay excepciones
a este dictum. Ahora bien, el concepto de
ciudadanía es complejo, fundado en una
serie de derechos establecidos histórica-mente,
pactados socialmente y pautados
legalmente. El conjunto de estos dere-chos
es un producto histórico que se ha
constituido de manera diferente en cada
país, y que está sujeto a constante debate
y transformación. Asimismo, el vínculo
real entre estos derechos y el sistema po-lítico
de un país (sea democrático o no) es
un fenómeno contingente, pues varía en
cada época histórica y de nación en na-ción.
En efecto, la relación conceptual
general que podemos establecer entre la
ciudadanía y la democracia se expresa en
la historia de una manera diferenciada
en el tiempo y en el espacio. Hay dos ca-minos
vinculados, pero distintos, en el es-tudio
de esta relación: de un lado, el
abordaje teórico; de otro, el análisis de su
expresión histórica. Hablar de ciudada-nía
nos sitúa simultáneamente en los
dos planos. En las páginas que siguen
trataremos de referirnos a ambas dimen-siones,
si bien la teoría será nuestro eje
articulador.
La ciudadanía es un concepto que,
después de décadas de olvido, en los años
noventa del siglo xx adquirió centralidad
en el debate público internacional, como
una respuesta a los grandes cambios que
experimentaba el orden político mundial:
la caída del socialismo real, el neolibe-ralismo
como una de las nuevas formas
de la globalización y la consiguiente
reducción de los derechos sociales y el
aumento de la desigualdad, “la tercera
ola de la democracia”, las nuevas migra-ciones
masivas. La noción de ciudadanía
permitía abordar los complejos temas
abiertos por los cambios globales desde
dos perspectivas simultáneas: la construc-ción
de identidades colectivas asociadas
al sentido de pertenencia (a una nación,
a una comunidad), y el contenido de la
justicia (como otorgamiento y usufructo
de derechos). En efecto, el concepto de

ciudadanía combina elementos de identi-dad
10
colectiva y de acceso a la justicia, y
de ahí su potencial analítico y político.1
Y en ambas dimensiones la ciudadanía
apela a un sentido de igualdad, de supe-ración
de las diferencias de toda índole
por la vía de los derechos. Esta tensión en-tre
la igualdad que presupone la ciudada-nía
y la desigualdad de facto que imponen
las sociedades modernas, incrementadas
al límite por la globalización, ha sido y es
uno de los ejes críticos de las teorías de la
ciudadanía desde su origen.2
Pero la evaluación de qué tanta ciu-dadanía
gozan los habitantes de un país
es una cuestión en debate, que se presta a
la interpretación y exige la investigación
histórica como elemento central de de-finición.
Lo mismo podemos decir de la
democracia, que no es un concepto con
un significado unívoco. Puede entenderse
la democracia, desde una perspectiva mi-nimalista,
como la capacidad de los habi-tantes
de un país para elegir a sus go-bernantes,
pero esta definición ha sido
cuestionada desde hace muchos años y
continuamente se agregan elementos cada
vez más exigentes a una definición más
amplia de democracia. De hecho, el am-plísimo
estudio que en 2004 organizó el
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, pnud, y que lleva por título
La democracia en América Latina,3 es
precisamente un alegato a favor de una
democracia que trascienda el espacio me-ramente
electoral y un análisis crítico de
la ciudadanía fragmentaria y parcial que
caracteriza a nuestros países. En suma, los
dos elementos de esta ecuación: la ciuda-danía
y la democracia, están constituidos
por conceptos polémicos que se prestan
a distintas definiciones, cada una de las
cuales tiene a su vez diferentes consecuen-cias
políticas. Es por ello necesario que en
este trabajo definamos cada uno de estos
conceptos y que extraigamos las conse-cuencias
prácticas de esta decisión.
El debate que vamos a presentar en
este Cuaderno de Divulgación tiene una
gran trascendencia política, pues se trata ni
más ni menos de entender qué implica 1 Una clara explicación de esta relación, en Will
Kymlicka y Wayne Norman, “El retorno del ciudadano:
una revisión de la producción reciente en teoría de la
ciudadanía”, en La Política: Revista de Estudios sobre
el Estado y la Sociedad, vol. 3, 1997, pp. 5-40.
2 Ver Bryan Turner y P. Hamilton (eds.), Citizenship.
Critical Concepts, Introducción, Routledge, Londres,
1994.
3 Guillermo O’Donnell, Jorge Vargas, Gerardo Munck
(coords.), La democracia en América Latina: hacia una
democracia de ciudadanas y ciudadanos, Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Buenos
Aires, 2004.

11
considerarnos ciudadanos. Nos referimos
a las consecuencias que tiene –no sólo des-de
el punto de vista jurídico, sino desde
las perspectivas social y cultural– el con-siderarnos
ciudadanos de un país, y qué
significa, desde el punto de vista de las
instituciones democráticas, actuar como
ciudadanos. Veremos que la ciudadanía y
la democracia implican no sólo la existen-cia
de derechos, sino también de obligacio-nes,
y que esto exige que las instituciones
del Estado funcionen de una determinada
manera, como componentes de un Estado
de derecho, un Estado democrático y un
Estado social. En efecto, situándonos en
una perspectiva normativa, es decir, basa-da
en los principios y normas fundamenta-les
a los que apelamos cuando usamos los
conceptos, nos daremos cuenta que hablar
de ciudadanía implica situarnos dentro de
una democracia amplia y fuerte, operativa
y no solamente discursiva, y también exige
en contrapartida hablar de ciudadanos ac-tivos
y no solamente pasivos. Para aclarar
estos temas, en una primera sección de este
trabajo abordaremos las diferentes pers-pectivas
teóricas que informan el debate
sobre la ciudadanía, desde dos ángulos:
el de la sociología política, que explica el
origen y desarrollo de los derechos (a los
cuales daremos centralidad), y el de la
filosofía política, que explica el significado
y contenido de la ciudadanía.
En México el interés por la ciudadanía
ha estado comprensiblemente ligado al
proceso de construcción de la democracia
electoral. La mayoría de los textos que
tratan el tema de la ciudadanía lo hacen
desde la perspectiva de los derechos
políticos y/o bien desde el ángulo de la
cultura política.4 Casos excepcionales
han sido algunos estudios desde la visión
del feminismo5 y desde la perspectiva
indígena,6 o bien desde la promoción del
debate teórico.7 Podemos contar también
como parte de este campo algunos de
4 Por ejemplo, entre otros muchos títulos, Víctor Manuel
Durand Ponte, Ciudadanía y cultura política: México,
1993-2001, Siglo xxi, México, 2003; ife, Programa
estratégico de educación cívica, ife, México, 2005;
iedf, Formación ciudadana para la consolidación
democrática, Memoria, iedf, México, 2003; Alejandro
Monsiváis, Vislumbrar ciudadanía: jóvenes y cultura
política en la frontera noroeste de México, Plaza
y Valdés-El Colegio de la Frontera Norte, México,
2004.
5 Marta Lamas (comp.), Ciudadanía y feminismo, ife-unifem-
Debate Feminista, México, 2001; Dalia Barrera
(comp.), Mujeres, ciudadanía y poder, El Colegio de
México, México, 2000.
6 Guillermo de la Peña, “Notas preliminares sobre
ciudadanía étnica”, en Alberto J. Olvera (coord.), La
sociedad civil: de la teoría a la realidad, El Colegio
de México, México, 1999; Rodolfo Stavenhagen,
“Derechos humanos y ciudadanía multicultural: los
pueblos indígenas”, en Jean Franςois Prud’homme
(comp.), Demócratas, liberales y republicanos, El
Colegio de México, México, 2000.
7 Ver Juan Enrique Opazo, “Ciudadanía y democracia:
la mirada de las ciencias sociales”, en Metapolítica,

los muchos estudios realizados sobre el
desarrollo de la sociedad civil en Méxi-co,
12
que aluden al despliegue de luchas
sociales por derechos y/o a experiencias
de participación ciudadana.8 Lo relevante
es que en México el concepto mismo de
ciudadanía ha estado simbólicamente
atado al ejercicio del voto y al desarrollo
de la conciencia de la importancia del
mismo, dejando las perspectivas de otros
derechos en un lejano segundo lugar. Par-ticularmente
notable es que los derechos
civiles no han sido estudiados desde la
perspectiva de la ciudadanía. Los derechos
sociales tampoco aparecen como tema de
estudio de la ciudadanía, excepto en el
caso de los recientes estudios sobre po-breza
y política social. La hegemonía del
enfoque culturalista en la década pasada,
expresada en la abundancia de encuestas
y en la atención analítica otorgada a las
mismas, parece haber tenido como uno de
sus efectos inesperados el desplazamiento
del debate de la ciudadanía desde un punto
de vista integral. Como mostraremos más
adelante, es preciso abordar el estudio de
la construcción democrática desde una
visión holística, es decir, integral, para po-der
entender la complejidad de los pro-cesos
que implica otorgar y ejercer los
derechos de ciudadanía y crear las bases
culturales, legales e institucionales de una
democracia que trascienda el espacio y el
tiempo electorales. Para explicar mejor
esta relación, en la sección final de este
Cuaderno discutiremos brevemente el
concepto mismo de democracia y de tran-sición
a la democracia.
Este trabajo es sólo una aproximación
al tema, una introducción a un vasto campo
de conocimiento que en estas páginas sólo
se dibuja en sus contornos más generales
dentro del campo de la teoría. Invitamos
al lector a tomar en sus manos la tarea de
profundizar su interés en estos temas y
de trasladarlos al terreno de nuestra reali-dad
nacional.
vol. 4, núm. 15, México, julio-septiembre de 2000,
número cuyo dossier se dedica al tema del Estado y
la ciudadanía, así como Metapolítica, vol. 8, núm. 33,
México, enero-febrero de 2004. Otras muchas revistas
académicas mexicanas han ofrecido artículos sobre la
ciudadanía desde perspectivas teóricas y empíricas.
8 Alberto J. Olvera (coord.), Sociedad civil, esfera
pública y democratización en América Latina: México,
fce-Editorial de la Universidad Veracruzana, México,
2003; Ernesto Isunza, Las tramas del alba: una visión
de las luchas por el reconocimiento en el México
contemporáneo (1968-1993), ciesas-M. A. Porrúa,
México, 2001; Andrew Selee y Leticia Santín (coords.),
Democracia y ciudadanía: participación ciudadana y
deliberación pública en gobiernos locales mexicanos,
Woodrow Wilson International Center for Scholars-Ágora,
Washington, 2006.

13
El contexto histórico de la emergencia de la ciudadanía
Para situar el debate sobre la ciudadanía
en México es preciso reconocer que éste
no es nuevo, y que hace ya casi 20 años
que el discurso de la ciudadanía está en bo-ga
no sólo en América Latina y en México,
sino en el mundo. Varios factores explican
el interés internacional por la ciudadanía.
En los países desarrollados la recupera-ción
del concepto de ciudadanía es una
reacción a la crisis del llamado estado de
bienestar en Europa, que inicia en los años
setenta del siglo xx y se extiende como una
ola en el resto del mundo europeo, trayen-do
como consecuencia una disminución en
la extensión de los servicios sociales, y por
tanto el incumplimiento de los derechos
sociales universales hasta entonces vigen-tes.
Pero también responde a otras crisis,
como la de integración moral y cultural
que se interpreta en Estados Unidos como
una pérdida de virtudes cívicas y de capital
social,9 y a la crisis y reconstrucción de la
democracia misma en otros lugares del
mundo. La oleada democratizadora que
Huntington10 ha llamado la “tercera ola de
la democracia”, puede ser leída desde la
perspectiva de la redemocratización o de
la transición a la democracia, pero también
como la reconstitución de la ciudadanía,
siendo este proceso una preocupación
más propiamente latinoamericana, preci-samente
porque es en nuestra área donde
el proceso de transición ha asumido una
centralidad extraordinaria desde mediados
los años ochenta. Son 20 años de transi-ciones
donde la construcción ciudadana ha
sido un elemento central, constitutivo del
proceso de democratización.11
Otro elemento histórico que nos per-mite
entender la importancia de este deba-te
es el colapso del socialismo real, mejor
conocido en todo el mundo como la caída
del Muro de Berlín, que tuvo lugar a fines
de 1989. El hecho de que el socialismo
haya colapsado en el horizonte simbólico
9 Robert D. Putnam (ed.), Democracies in Flux, Oxford
University Press, Nueva York, 2002.
10 Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization
in Late Twenty Century, University of Oklahoma Press,
Norman, 1991.
11 Evelina Dagnino, Meanings of Citizenship in Latin
America, Sussex, Institute of Development Studies,
Working Paper 258, 2005.

y político de Occidente significó para la
izquierda una obligación de reconsiderar
el discurso de la ciudadanía como parte
de una alternativa radical a la democracia
minimalista y al discurso neoliberal,12
que desde entonces reclaman ser las
únicas opciones políticas para el mundo.
De alguna forma derrumbados los mitos
sustantivos del socialismo, y con ellos el
principio de fusión entre ciudadanos, Es-tado
14
y economía que el socialismo postu-laba,
emergió la necesidad de reconsiderar
que los derechos de los ciudadanos son
un elemento central que permite pensar
de una manera nueva tanto la democracia
como la justicia.
Junto con los procesos antes mencio-nados
también debemos de considerar los
efectos de la globalización, especialmen-te
uno que no es todavía adecuadamente
comprendido como parte de la misma y
que sin embargo es, sin dudarlo, uno de
sus elementos constitutivos: la migración
masiva. En efecto, las migraciones se
producen en el fin del siglo xx y en el prin-cipio
del xxi en una escala que recuerda lo
acontecido a fines del siglo xix y principios
del xx, pero con la connotación específica
en nuestro tiempo de que la escala es to-davía
mayor y se produce en una situación
totalmente nueva. Ya no se trata de poblar
espacios vacíos y de colonizar territorios,
como se pretendía a fines del siglo xix en
América, en una época en que todos los
países del área tenían todavía una frontera
por conquistar, sino que experimentamos
ahora una emigración hacia territorios
constituidos y colonizados, una migración
económica que pasa a ocupar nuevos y vie-jos
espacios laborales como parte de una
nueva división nacional e internacional del
trabajo. Esta migración entra directamente
en una sociedad ya establecida, que vive
esta experiencia como una especie de in-tromisión
externa dentro de un mundo ya
existente y de alguna forma coherente con-sigo
mismo desde el punto de vista cultural
y legal. Esta nueva migración masiva de
fines del siglo xx e inicios del xxi plantea
retos enormes y no considerados en el
concepto de ciudadanía, tradicionalmente
asociado con el de nación y nacionalidad.13
En efecto, ahora millones de personas que
son legalmente ciudadanos de otros países
pasan a vivir en terceros países, en los cua-les
no son ciudadanos y en los que, sin
embargo, viven, trabajan y en algunos
casos son beneficiarios de ciertos dere-
12 Chantal Mouffe (ed.), Dimensions of Radical
Democracy, Verso, Londres, 1992.
13 David Held, et al. (eds.), Global Transformations:
Politics, Economics and Culture, Stanford University
Press, Stanford, 1999.

15
chos sociales y civiles. Es el caso de millo-nes
de mexicanos que viven en Estados
Unidos, país en el que carecen de dere-chos
de ciudadanía, y también de decenas
de miles de centroamericanos que viven en
México, de millones de europeos del Este,
árabes y africanos que viven en Europa
Occidental y de cientos de miles de sud-americanos
que han emigrado a Europa.
Para México, tan relevante como la
migración es el debate sobre los derechos
de ciudadanía de las minorías étnicas
en grandes Estados-nación. En Europa,
Canadá y Estados Unidos el tema se
discute como parte del debate sobre el
“multiculturalismo”, concepto que se
refiere al reconocimiento de la diversidad
de culturas étnicas que pueden convivir
dentro de un Estado-nación.14 El concepto
liberal de ciudadanía se funda en el indivi-duo,
y por tanto no tiene en su horizonte el
problema de las identidades y los derechos
colectivos. Como todos los mexicanos
sabemos desde que el movimiento neo-zapatista
nos lo hizo notar en 1994, los
pueblos indios de México carecen de
reconocimiento de sus derechos en cuanto
tales, problema político que permanece
irresuelto hasta la fecha. En otros países,
numerosas minorías étnicas, que al igual
que en México preexistían a la formación
de la nación, o que se constituyeron como
consecuencia de procesos migratorios,
también enfrentan el mismo problema, y
por tanto obligan a reconsiderar los temas
de la ciudadanía y de la democracia bajo
una nueva óptica.
Por su parte, el movimiento feminista
ha demostrado desde hace muchos años
que la idea de ciudadanía ha sido histó-ricamente
excluyente, pues las mujeres
carecieron de derechos políticos, y casi
de cualquier otro derecho, hasta hace muy
poco tiempo, y aún padecen diferentes
formas de exclusión. En otra forma de au-sencia
de reconocimiento a la diferencia,
el movimiento lésbico-gay ha dejado en
claro que las leyes vigentes no reconocen
su propia existencia y sus necesidades
específicas. A su vez, los movimientos ju-veniles
han planteado en diversos países el
problema de la exclusión de los jóvenes de
la vida público-política. Los movimientos
ecologistas por su parte han expuesto la
necesidad de reconsiderar las relaciones
entre los humanos y la naturaleza, y dentro
de ese contexto, la posibilidad de exigir
un derecho a un medio ambiente sano.
Estos movimientos sociales han traído a
la agenda pública el hecho de que el tema
14 Ver Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural. Una
teoría liberal de los derechos de las minorías, Paidós,
Barcelona, 1996.

de la ciudadanía ya no puede acotarse a los
temas y sujetos clásicos, y que debe reco-nocer
16
nuevas generaciones de derechos.
Ahora bien, es pertinente recordar
que la exclusión de que hablamos antes
no se refiere solamente a un proceso de
privación legal. La exclusión alude tam-bién
a –y se funda en– un proceso cultural,
que podemos denominar autoritarismo
social.15 En Brasil este proceso ha sido
analizado como un conjunto de orientacio-nes
culturales que le niegan a categorías
completas de la población dignidad y
reconocimiento. Los “negros”, los “in-dios”,
los “pobres”, las “mujeres”, los “ho-mosexuales”,
han sido culturalmente
constituidos como categorías excluyentes,
que no son reconocidas como iguales a los
demás, y con frecuencia ni siquiera como
partes de la comunidad. Este autoritaris-mo
social antecede y acompaña a la exclu-sión
legal, y es aun más dañina y peligrosa
que ésta, pues justifica culturalmente actos
de denegación de justicia, y es por tanto
antitético al concepto de ciudadanía.
Otra de las dimensiones de la globali-zación
ha sido el creciente protagonismo
de entidades internacionales y agencias
multilaterales que, como parte de sus
labores, y en general bajo el amparo de
la Organización de las Naciones Unidas,
onu, han constituido foros de discusión de
los que han emanado desde hace décadas
convenios, acuerdos y resoluciones, mu-chos
de los cuales han sido ratificados por
la mayoría de las naciones del orbe, que
definen, protegen y promueven los dere-chos
humanos y constituyen poco a poco
un estándar internacional de derechos. Sin
que esos tratados hayan podido aún pasar
en los hechos de la condición de recomen-daciones
y orientaciones, se ha generado
sin embargo un corpus normativo que ha
sentado un nivel de comprensión global
de la ciudadanía que no tiene antecedentes
en la historia.16
Como puede observarse, el tema de
la ciudadanía es absolutamente relevante
para nuestro tiempo y para nuestro espacio
nacional.
15 Ver Evelina Dagnino, Meanings of Citizenship in Latin
America, op. cit.
16 Para un resumen, ver Diagnóstico sobre la situación
de los derechos humanos en México, Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-chos
Humanos en México, Introducción y capítulo 1,
México, 2003.

17
El concepto de ciudadanía
El concepto de ciudadanía se ha desa-rrollado
en dos vertientes principales: la
sociología política, en estrecho diálogo
con la sociología histórica, y la filosofía
política. Se trata de campos interrelaciona-dos,
pero conceptual y metodológicamente
diferenciados. La sociología se pregunta
por el origen histórico del estatuto de ciuda-danía,
por su evolución y desarrollo, y por
el contenido de los derechos que constitu-yen
la ciudadanía, y ubica estos procesos
como parte de una larga etapa histórica
en la que las relaciones entre los indivi-duos
y el Estado se han ido redefiniendo.
La filosofía política se cuestiona sobre el
carácter y el sentido de la ciudadanía,
sobre el significado de ser ciudadano, so-bre
las relaciones que debe haber entre
individuos y Estado, y sobre las rela-ciones
entre ciudadanía y democracia. Los
dos enfoques son en realidad comple-mentarios,
pues se informan mutuamente.
Para hacer más entendible este comple-jo
panorama, a continuación analizaremos
por separado cada uno de estos enfoques.
La ciudadanía desde la
sociología política
a) Nacionalidad y ciudadanía
Thomas Janoski define la ciudadanía como
“[…] la membresía pasiva y activa de
individuos en un Estado-nación con cier-tos
derechos universales y obligaciones en
un dado nivel de igualdad”.17 Esta defini-ción
nos plantea varios de los problemas
que comporta el concepto mismo de ciu-dadanía.
En primer lugar, como podemos
observar, se alude a la membresía en un
Estado-nación. Podríamos llamar a esta
dimensión jurídica o normativa, la cual,
si la analizamos desde la perspectiva de
la adscripción formal de la gente a un Es-tado
y a su territorio, podríamos definirla
simplemente como nacionalidad. Uno es
mexicano, guatemalteco o canadiense por
el hecho de haber nacido en un determina-do
Estado-nación, y desde que uno nace
17 Thomas Janoski, Citizenship and Civil Society: A
Framework of Rights and Obligations in Liberal,
Traditional and Social Democratic Regimes, Cambridge
University Press, Cambridge, 1998, p. 9.

tiene una adscripción formal a ese país, es
decir, tiene nacionalidad.
18
Nacionalidad antecede a la idea de
ciudadanía como ejercicio de derechos
en tanto que pertenencia, una pertenencia
adscriptiva que resulta del hecho de nacer
en un lugar determinado. De esta primera
perspectiva surge una serie de problemas
centrales, sobre todo en los tiempos actua-les
en que la gente emigra masivamente.
En efecto, ¿cómo concebir a alguien que
nació en un Estado-nación y vive en otro
Estado-nación?, ¿cómo pensarlo como
sujeto de derechos si para empezar carece
de la nacionalidad del país donde vive?
O para situarnos en una perspectiva más
histórica, ¿puede o debe un indígena sen-tirse
parte de una nación que él mismo no
le reconoce derecho alguno, que no habla
su lengua ni entiende sus tradiciones?
Ciudadanía como pertenencia en el
sentido de nacionalidad nos habla de las
reglas que permiten a un país aceptar a
alguien como un nacional, es decir, como
un ciudadano con plenos derechos, fun-dados
esos derechos en el otorgamiento
de un reconocimiento de pertenencia al
Estado-nación. La historia nos indica que
hay varias formas de resolver este pro-blema,
aun en el mundo occidental. Hay
un modelo integracionista, más o menos
tolerante e inclusivo, que se practica en
Francia, en Estados Unidos y en buena
parte de los países occidentales, en el cual
se otorga la nacionalidad por nacimiento
o por procesos de nacionalización (o na-turalización,
como se le llama en nuestro
país). Estos procedimientos eran relativa-mente
fáciles de realizar en buena parte
de los siglos xix y xx, pero se han vuelto
casi imposibles en el siglo xxi debido al
gran volumen de la inmigración ilegal
y a la resistencia política conservadora,
sobre todo en Estados Unidos. Por otra
parte, hay un modelo basado en criterios
étnicos, como es el caso de Alemania y
de buena parte de Europa Oriental, según
el cual la nacionalidad se reserva para
los miembros de la comunidad étnica,
quienes hipotéticamente comparten ras-gos
culturales (y raciales) comunes. En
Alemania no es posible adquirir el reco-nocimiento
de nacionalidad, y por tanto
tener ciudadanía, a menos que la posesión
de sangre alemana pueda ser demostrada.
En Alemania hay millones de personas de
origen turco, nativos de tercera genera-ción,
que no son considerados ciudadanos
alemanes. Este criterio es muy cerrado y
excluyente. Desde esta perspectiva puede
haber naciones sin Estado, y por tanto sin
ciudadanos, como los polacos a lo largo
del siglo xix, los mismos alemanes y los
italianos hasta bien entrado el siglo xix, o

19
los kurdos de hoy, repartidos como están
en tres diferentes Estados-naciones.18 Aun
los países integracionistas han fallado en
incorporar efectivamente a sus propias
poblaciones indígenas, por más que de
jure sean desde el nacimiento ciudadanos
en tanto que nacionales. Este problema no
ha sido considerado como tal en la teoría
de la ciudadanía puesto que ésta en general
asumía la identidad entre el individuo y el
Estado-nación. Esta limitación no es única
del concepto de ciudadanía, ya que se apli-ca
también a la idea de democracia.
Para el caso de América Latina, es re-levante
recordar que hasta la fecha el tema
de la integración de los pueblos indígenas
dentro de la nación permanece irresuelto.
No sólo se ha fallado en reconocer sus
derechos específicos en una forma efecti-va,
sino que además las políticas públicas
siguen siendo omisas frente a su margi-nación
histórica. Por eso no sorprende en-contrar
que los indígenas en general se
sienten poco identificados con las naciones
en las que viven, y que históricamente han
participado en los procesos políticos de los
Estados-nación ante todo para defender
18 Ver William Rogers Brubaker (ed.), Immigration
and the Politics of Citizenship in Europe and North
America, University Press of America, Lanham,
1989.
sus espacios de autonomía y no para inte-grarse
a una unidad político-administrativa
que en general los ignora como sujetos
individuales y colectivos.19
La democracia se ha pensado siempre
dentro del contorno territorial de un Esta-do-
nación. La modernidad ha constituido
unas nociones de espacio y de tiempo
específicas en este periodo, que se refieren
precisamente al tiempo y al espacio del
Estado-nación, y esto se aplica por igual a
los conceptos de ciudadanía y democracia.
Como acabamos de observar, esta asocia-ción
conceptual no era aplicable a muchas
de las realidades históricas de Occidente
ni se compadece hoy de las nuevas reali-dades
internacionales. La globalización
cuestiona esta asociación entre Estado-nación-
ciudadanía-democracia, y lo hace
desde el momento en que los Estados han
perdido soberanía debido a la creciente
interdependencia económica internacional
19 Sobre la forma en que los indígenas entienden
los derechos liberales hoy, ver el notable texto de
Eduardo Cáceres, “De repente la misma cosa va a
ser. Reflexiones en torno a identidades, derechos y
bienestar en el Perú contemporáneo”, en Ernesto Isunza
y Alberto J. Olvera (eds.), Democratización, rendición
de cuentas y sociedad civil, ciesas-uv-M. A. Porrúa,
México, 2006. Para una perspectiva histórica, ver Hilda
Sábato (coord.), Ciudadanía política y formación de las
naciones: perspectivas históricas de América Latina,
fce-El Colegio de México, México, 1999.

y desde el momento en que los individuos
mismos se mueven de un país a otro en
forma masiva.
20
b) Los derechos de ciudadanía
Pasemos ahora a considerar los derechos y
obligaciones de los ciudadanos, campo en
el que es preciso remitirse al clásico de los
estudios de ciudadanía, el sociólogo inglés
T. H. Marshall, cuyo ensayo Ciudadanía
y clase social (edición original en 1950)
constituye el origen contemporáneo del
campo de conocimiento de la ciudadanía.
Este concepto, cuyo origen se remonta a
la Grecia antigua, no formó parte sustan-tiva
de la teoría política, sino hasta muy
recientemente, logro que le debemos
precisamente a Marshall. El teórico inglés
sostiene que la ciudadanía es aquel “[…]
estatus que se concede a los miembros de
pleno derecho de una comunidad, siendo
sus beneficiarios iguales en cuanto a los
derechos y obligaciones que implica”.20
Ahora bien, de acuerdo con Marshall, los
derechos de ciudadanía se han desarro-llado
históricamente en tres dimensiones
sucesivas: la civil, la política y la social.
Los derechos civiles protegen la seguridad
del ciudadano y le permiten ser autóno-mo
respecto del Estado, en tanto que consi-deran
al individuo como un sujeto com-petente
y capaz de tomar decisiones y de
reconocer sus intereses y preferencias. Los
derechos políticos se refieren a la capaci-dad
de estos sujetos para elegir a quienes
han de gobernarlos, y los derechos sociales
garantizan las condiciones mínimas de
supervivencia y dignidad para todos los
miembros de una comunidad en condicio-nes
de igualdad. Los derechos sociales se
han desarrollado principalmente a lo largo
del siglo xx (si bien tienen lejanos ante-cedentes
históricos), siendo los derechos a
la educación y a la salud los principales,
a los cuales se han agregado después otros
derechos cuyo verdadero alcance es en sí
mismo materia de debate. Para Marshall el
desarrollo de los derechos de ciudadanía es
un proceso histórico, marcado siempre por
la contradicción entre la tendencia natural
del capitalismo a crear toda clase de des-igualdades
y la tendencia igualitaria de los
derechos de ciudadanía, que son el corazón
de la democracia. Desde su perspectiva,
el proceso histórico avanza cada vez más
hacia el logro de una igualdad relativa,
sin eliminar la desigualdad propia del
capitalismo. Los derechos sociales serían
la parte final de este proceso.
20 T. H. Marshall y Tom Bottomore, Citizenship and Social
Class, Pluto Press, Londres, 1992, p. 18. Hay traducción
al español en Alianza Editorial, Madrid, 1998.

21
En su ensayo, Marshall usa el caso
inglés para explicar la construcción pro-gresiva
de la ciudadanía, empezando por el
temprano reconocimiento de los derechos
civiles, que, originados en el liberalis-mo
clásico inglés (Locke y Mill), adquie-ren
carta de naturalización constitucional
durante la Independencia de Estados Uni-dos
y la Revolución Francesa a fines del
siglo xviii, para después trasladarse, al
menos formalmente, al resto del mundo
occidental. Los derechos políticos estaban
originalmente reservados a los propieta-rios,
a los hombres y a los educados, pero
fueron después extendidos cada vez más a
los trabajadores hasta hacerse universales
gracias a las luchas de la clase obrera. El
largo proceso de ampliación de los dere-chos
políticos se combina con la construc-ción
del concepto de derechos sociales y
su aplicación en Europa Occidental desde
fines del siglo xix, pero especialmente
después de la Segunda Guerra Mundial,
siguiendo las pautas marcadas por la con-frontación
obrero-patronal y la necesidad
de regular las relaciones de clase. Todo el
aspecto desarrollista de la teoría de la ciu-dadanía
marshaliana es específico al caso
inglés, y por consiguiente sería un grave
error pensar que esta idea de sucesión de
generaciones de derechos es una especie
de estado por el cual pasan todos los de-más
países. Se trata simplemente de una
ejemplificación del carácter procesual de
la construcción de la ciudadanía.21
Ahora bien, la ciudadanía no solamen-te
permite la inclusión y el reconocimiento
de derechos, sino también implica simul-táneamente
la exclusión y el desconoci-miento
de otros. Vimos ya que a través de
la idea de nacionalidad es posible excluir
a los no nacionales de cualquier acceso a
derechos. La exclusión en términos de de-rechos
civiles y políticos se puede produ-cir
por la vía jurídica o por la vía fáctica.
Por la vía jurídica, al no reconocer como
sujetos de derecho a ciertas categorías
de personas: niños, mujeres, indígenas,
“vagos y malvivientes”, por ejemplo. De
acuerdo con la época, hay más o menos
sujetos legalmente excluidos. Por la vía
de hecho, se niegan derechos fundamen-tales
a quienes la justicia no da acceso:
los pobres, los indígenas, los extranjeros.
En México, por ejemplo, la inseguridad
pública afecta ante todo a los más po-bres,
y las cárceles están llenas de pobres
que no tienen debido proceso o no son
21 Un breve balance, en Tom Bottomore, “Citizenship and
Social Class, Forty Years On”, en T. H. Marshall y Tom
Bottomore, op. cit. Para una visión comparativa global
ver Joe Foweraker y Todd Landman, Citizenship Rights
and Social Movements: A Comparative and Statistical
Analysis, Oxford University Press, Oxford, 1997.

procesados en absoluto. La anulación de
los derechos políticos es un hecho muy
conocido por todos, principalmente en
América Latina y en México, donde du-rante
22
largas décadas hemos padecido di-versos
tipos de regímenes autoritarios que
limitaron o anularon directamente los
derechos políticos, aunque éstos perma-necieran
formalmente reconocidos en la
Constitución. Los derechos sociales, la ma-yoría
de los cuales están igualmente es-tablecidos
en las constituciones, no son
exigibles ni reconocidos como tales en la
relación entre ciudadanos y Estado.
En suma, los derechos civiles, los
más universales de todos, pueden no ser
aplicados o aplicados segmentadamente
de acuerdo con criterios de clase social,
género, región y raza. Los derechos polí-ticos
pueden ser denegados en una varie-dad
de formas autoritarias. Los derechos
sociales pueden otorgarse a algunos y
negarse a otros, como claramente indica
la experiencia histórica. Por tanto, la ciu-dadanía,
si bien como discurso apela a la
universalidad y a la generalización, en
la práctica funciona con una serie mayor
o menor de exclusiones.
Por tanto, es esencial no pensar la cons-trucción
de ciudadanía como un proceso
secuencial y considerar siempre simultá-neamente
la inclusión y la exclusión que
este proceso comporta. Precisamente por-que
no existe una necesaria simultaneidad
en el acceso a los derechos, no sólo algu-nos
sujetos, habitantes de un país, pueden
tener más derechos que otros, sino que es
posible también la existencia legal y fác-tica
de ciertos derechos y la inexistencia
de otros. Por ejemplo, en México hemos
tenido históricamente una aplicación seg-mentada
de ciertos derechos sociales, una
débil aplicación de derechos civiles y
una anulación completa de los derechos po-líticos.
Al contrario, hoy día tenemos dere-chos
políticos, muy pocos derechos sociales
y una aplicación radicalmente diferenciada
de los derechos civiles. La estratificación
en el acceso a derechos es un elemento
conceptual, un instrumento de conoci-miento
que nos permite entender mejor
las condiciones de la ciudadanía.
Si bien en plazos muy largos en la
historia es posible pensar que tanto con-ceptual
como fácticamente los derechos
se desarrollaron primero en el campo civil,
después en el campo político y finalmente
en el campo social, esto no quiere decir
que esta secuencia sea aplicable univer-salmente
en todos los países.
El propio Marshall reconocía la es-pecificidad
histórica de su estudio. En

23
efecto, en Inglaterra los derechos civiles
emergieron en la época constitutiva del
liberalismo como un mecanismo de de-fensa/
separación de la burguesía respecto
al rey y de protección de la propiedad
privada. Los derechos que protegen la
libertad y la seguridad del individuo, así
como los primeros derechos políticos,
emergen en principio como el derecho de
los burgueses a elegir a sus representantes
ante el Parlamento y sólo progresivamente
se van extendiendo a otros segmentos de
la población en buena medida debido a la
acción de la clase obrera. Pero esta exten-sión
de los derechos debe ser explicada,
no sólo narrada. Los estudios posteriores
de Turner y de Mann22 establecieron la co-rrelación
existente en Europa Occidental
entre la ampliación de los derechos civiles
y políticos, con luchas sociales de gran
magnitud. Sin embargo, para Marshall el
desarrollo de la ciudadanía no era sólo un
asunto derivado de las confrontaciones de
clase, aunque históricamente es posible
comprobar que en varios países de Europa
Occidental hay una relación cercana entre
el crecimiento del movimiento sindical y
el fortalecimiento social de la clase obrera
con la ampliación de los derechos políti-cos.
Pero es cierto que éste no es el único
factor que condicionó tal ampliación.
Barbalet y Mann23 han demostrado que la
expansión de los derechos de ciudadanía
tiene que ver con las guerras en que se in-volucraron
con tanta frecuencia los países
europeos entre sí durante los siglos xix y
xx. La mayor inclusión en términos de
representación política de los trabajado-res
fue una forma de consolidar una base
social de apoyo nacional a las guerras. En
el caso específico de Italia y Alemania, la
creación tardía de sus Estados-nación vino
acompañada de un concepto más inclusi-vo
de ciudadanía política. Por supuesto,
estas ampliaciones sucesivas no incluían
a las mujeres, pues en Europa, al igual
que en el resto del mundo, es muy tardío
el reconocimiento del derecho de voto
de las mujeres. Así, las exclusiones de la
democracia seguían siendo mayores a las
inclusiones que se iban produciendo en
cada momento histórico.
En el caso de los derechos sociales es
también posible afirmar que su desarrollo
22 Bryan Turner, “Outline of a Theory of Citizenship”,
en Chantal Mouffe (ed.), Dimensions of Radical
Democracy, op. cit.; Michel Mann, “Ruling Class
Strategies and Citizenship”, en Bryan Turner y
P. Hamilton (eds.), Citizenship. Critical Concepts,
op. cit.
23 J. M. Barbalet, Citizenship, Rights, Struggle and Class
Inequality, Milton Keynes, Open University Press,
1988; Michel Mann, “Ruling Class Strategies and
Citizenship”, op. cit.

tiene mucho que ver con las guerras. El
periodo entre la primera y la segunda gue-rras
24
mundiales es el momento de mayor
ampliación del concepto y de la juridifi-cación
de los derechos sociales en Euro-pa
Occidental, lo cual puede explicarse
también como una necesidad de preser-vación
de los regímenes políticos en esos
países. En Alemania el crecimiento de
los derechos sociales se produce en ple-no
ascenso del nazismo, y también es
posible observar que en otros países, en
otras latitudes, el crecimiento de ciertos
derechos sociales se ha dado en el con-texto
de regímenes autoritarios. Tal es
el caso de España en el siglo xx y tam-bién
de algunos países de América Latina,
donde la concesión de derechos sociales
a ciertas categorías de la población se
produce en el contexto de regímenes
autoritarios (el peronismo en Argentina
y el priísmo en México). Por tanto, no se
puede hablar de una correlación histórica
entre el incremento de los derechos y el
fortalecimiento de la democracia.
Pero es cierto que es Europa Occi-dental
la región del mundo donde los de-rechos
sociales están más ampliamente
desarrollados, y donde hay una correlación
casi directa entre la estabilización e insti-tucionalización
de los derechos sociales y
el ascenso de un tipo de régimen político:
la socialdemocracia. En efecto, en los paí-ses
nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega
y Dinamarca), así como en Alemania e
Inglaterra, el ascenso al poder de partidos
socialdemócratas después de la Segunda
Guerra Mundial significó la universaliza-ción
de los derechos sociales básicos y la
construcción del llamado “estado de bien-estar”.
El mismo efecto tuvo en Francia e
Italia el enorme poderío de los partidos
de izquierda, aunque éstos no obtuvieran
el poder sino muy tardíamente, apenas en
la década de los años ochenta del siglo
xx. De forma aún más reciente, los países
atrasados de Europa (España, Portugal y
Grecia) se sumaron a esta tendencia bajo
el comando de partidos socialdemócratas.
Este tipo de régimen ha constituido un mo-delo
específico de régimen de bienestar no
igualado en otras partes del mundo.24
Si bien Marshall desarrolló una teoría
evolucionista de la ciudadanía, por su-puesto
sólo aplicable en el caso específico
de Inglaterra, el hecho de que nos haya
explicado el desarrollo de la ciudadanía
como un proceso histórico de largo plazo
nos ha permitido reflexionar a fondo sobre
las múltiples especificidades nacionales
24 Ver Gosta Esping-Andersen, The Three Worlds of
Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge, 1990.

25
que se experimentan a lo largo del mundo
y nos hace posible pensar también que
las relaciones entre ciudadanía y democra-cia
son contingentes, es decir, que depen-den
de factores complejos de naturaleza
histórica.
En el caso específico de América La-tina,
es importante resaltar que en la región
se produce un proceso peculiar, completa-mente
distinto del que los analistas clási-cos
han descrito para Europa Occidental
y para Estados Unidos. Las constituciones
de América Latina, aquellas que se emiten
después de las guerras de independencia,
son constituciones liberales que recogen
mucho del discurso político ya vigente en
la época en Estados Unidos y en Europa
Occidental, sin que dentro de nuestros
países se hayan experimentado los pro-cesos
de aprendizaje cultural y las luchas
sociales que en aquellas otras latitudes
condujeron precisamente al desarrollo de
los derechos de ciudadanía. La debilidad
de las burguesías en nuestros países, la
enorme fuerza económica, política y sim-bólica
que tenían los actores del pasado
colonial (sobre todo la Iglesia y la oligar-quía
terrateniente), y la presencia masiva
de comunidades indígenas como una parte
sustancial de la población, configuraban
un escenario radicalmente distinto del
que se había experimentado en Europa y
que había determinado el desarrollo del
liberalismo como doctrina y como pro-yecto
político, así como de sus conceptos
específicos de ciudadanía. La copia o
imitación constitucional que se hace en
América Latina ignora las realidades his-tóricas
nacionales, que no se corresponden
con aquellas para las cuales estas normas
fueron escritas.25
Charles Tilly26 demuestra en su estu-dio
de orden histórico sobre la construc-ción
de la ciudadanía que en efecto puede
observarse una correlación entre derechos
y luchas sociales, entre derechos y pre-siones
desde abajo. Cuando los derechos
son concedidos desde arriba, la capacidad
de aplicación segmentada, particularista
o selectiva de los derechos aumenta. La
experiencia histórica demostraría que los
derechos, cuando no son el resultado de
grandes luchas sociales, pueden ser acep-tados
pero no implantados o no aplicados
adecuadamente. Esto es válido incluso para
25 Ver Leonardo Avritzer, “Modelos de sociedad civil:
un análisis de la especificidad del modelo brasileño”,
en Alberto J. Olvera (coord.), La sociedad civil: de
la teoría a la realidad, op. cit.; Hilda Sábato (ed.),
Ciudadanía política y formación de las naciones...,
op. cit.
26 Charles Tilly (ed.), Citizenship, Identity and Social
History, International Review of Social History
Supplements, Nueva York, 1996.

los países desarrollados. Ya hemos men-cionado
26
la experiencia de Estados Uni-dos,
donde grandes segmentos de la pobla-ción
–los afroamericanos, particularmen-te–
permanecieron fuera del campo de los
derechos civiles, políticos y sociales a lo
largo del siglo xix y de la mayor parte del
siglo xx. También en Estados Unidos, a
raíz de la reciente emigración masiva de
mexicanos a dicho país, se ha creado una
nueva casta de personas carentes de todo
derecho y que constituyen un porcentaje
muy importante de la población. Según
los últimos censos estadounidenses, en el
2002 había por lo menos 6.2 millones de
mexicanos residiendo permanentemente
en Estados Unidos, y si ampliamos los
horizontes a la población de origen mexi-cano,
el número aumenta a 11.2 millones.
Estamos hablando de más del 5% de la
población, y si incluimos a todos los in-migrantes
ilegales o con permanencia en
Estados Unidos, pero sin estatuto de ciu-dadanía,
el número se incrementa hasta 21
millones, o sea 10% de la población.27 Esta
cifra supera el porcentaje que a lo largo del
siglo xx representaron los afroamericanos
dentro de Estados Unidos, lo cual nos
indica que en el país que se considera a
sí mismo el paradigma de la democracia
en el mundo, 10% de su población hoy
día carece por completo de derechos, a
pesar de vivir y trabajar ahí. Esto plantea
un problema gravísimo de exclusión.
Los inmigrantes están organizándose y
levantando un gran movimiento social
que eventualmente, en algún momento
en el futuro, deberá conducir a un proceso
de legalización y de reconocimiento de
nacionalidad y por ello de otorgamiento
del estatuto de ciudadanía a por lo menos
una parte sustantiva de esa población, que
en tanto vive una condición de exclusión
total del campo de los derechos.
Ahora bien, es importante mencionar
que en el caso de Estados Unidos la ma-yoría
de la población carece de derechos
sociales propiamente dichos. En ese país
nunca ha existido un verdadero estado de
bienestar, a diferencia de Europa Occiden-tal,
donde a raíz de las guerras mundiales
y del poder sindical enorme que hubo
durante una larga época, los derechos so-ciales
quedaron firmemente estatuidos y se
expresaron como derechos a la salud y a
la educación accesibles de manera univer-sal,
que no existen como tales en Estados
Unidos. Por otro lado, los derechos polí-ticos
son también mucho más débiles en
Estados Unidos, puesto que en ese país, al
igual que en México, el ejercicio del voto
27 Cristina Escobar, “Extraterritorial Political Rights and
Dual Citizenship in Latin America”, en Latin American
Research Review, vol. 42, núm. 3, 2007.

27
exige el previo registro en padrones elec-torales,
requisito que ha sido manejado en
el vecino país de manera sistemática para
excluir a los pobres, a los afroamericanos
y a otras minorías.28
Como puede observarse, el discurso
de la ciudadanía no implica de ninguna
manera que los derechos hoy día aceptados
universalmente sean en efecto aplicados a
toda la población. Los derechos, que cons-tituyen
el corazón de la ciudadanía, siguen
siendo aplicados de manera segmentada y
parcial y experimentando diversos tipos
de problemas de implementación y de
aplicación universal. Si esta es la situación
en los países europeo-occidentales y en
Estados Unidos, es de imaginarse que la
condición que se experimenta en los países
de América Latina, África y Asia es infi-nitamente
peor. La exclusión de derechos
es la condición real en que vive la mayoría
de la población en esos países.
Nancy Thede29 lo ha expresado bien:
“Los ciudadanos son, desde un punto de
vista histórico, los miembros de aquellos
grupos dentro de la sociedad cuyas exi-gencias
en cuanto a derechos quedaron
reconocidas e institucionalizadas en los
sistemas políticos y jurídicos. Desde esta
perspectiva, los grupos excluidos son
aquellos cuyos derechos […] articulados
por ellos mismos, no forman parte del
consenso social que sustenta y define
el sistema político; por lo tanto, el motor
del cambio democrático viene de estos
grupos no reconocidos”.
Esta discusión nos permite darle un
sentido más amplio a la definición de
ciudadanía originalmente ofrecida en la
primera sección (referida a Janowski). Se
hablaba ahí de derechos y obligaciones
pasivos y activos. Los derechos pasivos se
refieren a aquellos que están en la ley y
cuya aplicación opera como una concesión
del Estado: la educación pública básica,
salud a algunos segmentos organizados de
la sociedad, derecho a la tierra adminis-trado
por el Estado, etc. Derechos activos
son aquellos que implican la participación
de los ciudadanos en los asuntos públi-cos.
Los más importantes son los polí-ticos,
pues el voto es una manifestación de
opinión, pero la acción puede extenderse
28 Ver Benjamin R. Barber, A Passion for Democracy,
American Essays, Princeton University Press, Prin-ceton,
1998.
29 Nancy Thede, “Derechos humanos, nuevas democracias
y rendición de cuentas: nuevos desafíos”, en Ernesto
Isunza y Alberto J. Olvera (eds.), Democratización,
rendición de cuentas y sociedad civil, op. cit.

a otros campos. Al analizar los derechos
desde la perspectiva de la democracia, la
atención deberá estar puesta ante todo en el
alcance de la parte activa de los derechos
de ciudadanía, que son los vinculados a la
práctica de la democracia.
28
Surge así una diferencia entre un con-cepto
de ciudadanía basado en el estatuto
legal de los individuos y uno basado en
las prácticas reales. Los derechos de ciu-dadanía
están establecidos en la ley y se
supone que deben ser aplicados a todos
los ciudadanos por igual. Los derechos no
pueden ser informales o particularísticos.
Los reclamos por derechos nuevos son
parte de una lucha por la ampliación del
concepto de derechos, pero no son parte
de ellos, y por tanto sólo en el largo plazo
constituyen ciudadanía. Los reclamos por
la aplicación de derechos ya concedidos o
estatuidos son diferentes: tratan de actua-lizar
lo ya ganado legalmente, y hablan de
una situación en la cual el Estado es débil,
pues no está capacitado para aplicar los
derechos o es suficientemente fuerte para
violarlos, y en ambos casos los ciudadanos
deben presionar para su efectivización.
Precisamente porque existe esta diferen-cia,
Turner afirma que la ciudadanía es
en realidad un proceso “instituido”, un
conjunto de prácticas institucionaliza-das,
“[…] prácticas políticas, culturales,
económicas y jurídicas que definen a las
personas como miembros competentes de
una sociedad […]”, y les permiten cana-lizar
los recursos públicos hacia ellas.30
Esta definición acota mucho el campo
de la ciudadanía, pues la limita al terre-no
de las prácticas efectivas y minimiza la
importancia de los derechos estatuidos.
Así, la ciudadanía podría evaluarse
desde dos perspectivas diferentes: la for-mal,
basada en los derechos formales, y
la real, basada en la práctica social y políti-ca
efectiva. Como puede observarse, optar
radicalmente por una o por otra anularía
las ventajas que cada una de ellas aporta.
Los derechos formales son fundamentales,
mientras que la práctica real permite en-tender
los verdaderos alcances sociales y
políticos de las normas. Un equilibrio de
enfoques parece ser la vía más adecuada.
c) Alcance de los derechos
Cabe preguntarse si todos los derechos son
iguales. La pregunta tiene sentido porque
30 Bryan S. Turner, “Contemporary Problems in the
Theory of Citizenship”, en Bryan S. Turner (ed.),
Citizenship and Social Theory, Sage Publications,
Londres, 1993, citado en Juan Enrique Opazo, “Ciuda-danía
y democracia: la mirada de las ciencias sociales”,
op. cit.

29
en nuestro tiempo se habla continua y am-pliamente
de derechos humanos, y de su
extensión cada vez mayor, expresada en
pactos y compromisos internacionales que
han adoptado el nombre de instrumen-tos
de defensa y promoción de los derechos
económicos, sociales y culturales (desc),
los cuales se suman a los tradicionales de-rechos
civiles y políticos. Estos derechos,
expresados en convenciones internaciona-les
aprobadas por el Senado mexicano,31 se
relacionan con las condiciones fundamen-tales
para la satisfacción de las necesida-des
básicas de los seres humanos.32 Cier-tamente
una cosa son las declaraciones
diplomáticas, que por necesidad se definen
en torno a estándares casi utópicos, y otra
las limitadas realidades nacionales. Pero lo
relevante es que el proceso de creación de
normas legales internacionales emanadas
de los organismos multilaterales ha propi-ciado,
entre otros factores, la emergencia
en nuestro tiempo de una tendencia a
expresar en términos de un “lenguaje de
derechos”33 casi todas las demandas de la
sociedad, desde el derecho al trabajo hasta
el derecho a un medio ambiente sano.
La relativa “inflación” del lenguaje de
los derechos plantea preguntas clave: ¿cuál
es el verdadero alcance de los derechos
humanos?, ¿puede aplicarse este concepto
a todas las formas de tutela aplicables a
todos (incluyendo el medio ambiente)?
También en este campo hay respuestas
extremas, desde quienes afirman que el
campo de los derechos humanos debe y
puede expandirse, y que una estrategia
fundamental de construcción de ciuda-danía
es garantizar la “exigibilidad” o
“justiciabilidad” de todos los derechos,34
hasta quienes postulan que sólo los de-rechos
formalmente reconocidos en las
leyes merecen ser reconocidos como tales,
mientras que los demás son meras deman-das
sociales.
31 Particularmente en este caso nos referimos al Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la onu, diciembre de 1966, que se basa
en y desarrolla conceptual y normativamente el art.
25 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948: “Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios […]”.
32 Areli Sandoval, “Experiencias de exigibilidad de
derechos económicos, sociales y culturales en México
desde organizaciones de la sociedad civil”, en Ernesto
Isunza y Alberto J. Olvera (eds.), Democratización,
rendición de cuentas y sociedad civil, op. cit.
33 Ver sobre el tema, Nora Rabotnikof, “Ciudadanía y
derechos”, en Manuel Canto Chac (ed.), Derechos
de ciudadanía: responsabilidad del Estado, Icaria,
Barcelona, 2005.
34 Laura Becerra y Emilienne de León, “La justiciabilidad
de los derechos económicos, sociales y culturales. Los
instrumentos, las leyes y las políticas públicas”, en
Manuel Canto Chac (ed.), ibíd.

30
Un camino intermedio, que utiliza
los estándares internacionales para eva-luar
las leyes internas de los países de
América Latina, sin abordar el tema de la
justiciabilidad de los mismos, han seguido
los autores del informe La democracia en
América Latina,35 con el fin de ponderar
los déficits de ciudadanía en la región. Me-diante
este procedimiento se ha producido
un catálogo contemporáneo de los con-tenidos
mínimos de los derechos civiles,
políticos y sociales, y de manera indirecta
se han tratado categorías de derechos un
tanto más elusivas, como los económicos
y culturales. Por su parte, la comisión
encargada de la investigación y de la re-dacción
del Diagnóstico sobre la situación
de los derechos humanos en México,36
ha sido más exigente y en su análisis ha
ofrecido un panorama más amplio de los
derechos humanos.
Así, en el campo de los derechos ci-viles
el informe ha determinado cuatro
componentes básicos: el derecho a la vida,
a la integridad física y a la seguridad
personal; la igualdad legal y la protec-ción
contra la discriminación (conceptos
en donde se han incluido derechos de los
indígenas, de las mujeres, de los trabaja-dores
y de los menores); la administración
de justicia, donde se estudian los recursos
destinados al sistema de justicia y las
garantías de debido proceso, y la libertad
de prensa y el derecho a la información,
que condensan la libertad de expresión.37
El diagnóstico añade, correctamente, los
derechos de reunión y asociación, y las li-bertades
de pensamiento, de conciencia
y de religión38 como parte esencial de los
derechos civiles.
En el campo de los derechos políti-cos,
el informe creó varios indicadores
de evaluación: a) el índice de democracia
electoral, compuesto de las variables de-recho
al voto, elecciones limpias, eleccio-nes
libres y cargos públicos electos; b) el
porcentaje de participación electoral;
c) el grado de competencia electoral y
la forma de selección de candidatos; d) las
formas de representación electoral, con
especial atención a la representación de
minorías. De esta manera se ha ido más
allá de una mera constatación del recono-cimiento
de los derechos políticos al esta-
35 Guillermo O’Donnell, et al., La democracia en América
Latina..., op. cit.
36 Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos
en México, op. cit.
Latina..., op. cit., pp. 102-118.
en México, op. cit., pp. 48-50.

31
blecer criterios que cualifican el modo
y grado de cumplimiento de esos dere-chos.
Pero, y esto es muy relevante, el in-forme
reconoce que la efectividad de los
derechos políticos depende de la capacidad
de los ciudadanos para obligar al Estado
a rendir cuentas de sus actos, controlar
la gestión de los funcionarios públicos y
escuchar la opinión y las propuestas de
los mismos en materia de políticas públi-cas.
39 Estos últimos criterios incorporan
una nueva generación de exigencias de-mocráticas,
especialmente la rendición
de cuentas, que no en todos los países
han sido estatuidas legalmente. En Méxi-co
ha habido un avance sustancial en la
materia con la Ley Federal de Acceso a la
Información Pública Gubernamental. El
diagnóstico considera también el derecho
al voto en el extranjero y los derechos de
petición y consulta, así como las leyes
relativas al referéndum, plebiscito e inicia-tiva
popular, o sea, los mecanismos de de-mocracia
directa,40 estos últimos también
estudiados en el informe. Cabe señalar que
los mecanismos de democracia directa son
aún muy débiles y no dejan de tener cierta
ambigüedad desde una perspectiva demo-crática,
pues son manipulables.41
En el campo de los derechos sociales,
el informe reconoce que las bases legales
en las constituciones y legislaciones secun-darias
de estos derechos no son muy claras
y que los instrumentos internacionales
que los desarrollan son aún relativamente
débiles y vagos. Pero dos dimensiones
fundamentales son establecidas: a) las
necesidades básicas: salud y educación;
b) la integración social: empleo, pobreza
y desigualdad.42 Para cada dimensión el
informe desarrolla una serie de indicado-res
estadísticos con fines de evaluación.
Si bien los derechos a la educación y a
la salud están presentes en la mayoría de
las constituciones de América Latina, lo
cierto es que no son universales. Las po-líticas
sociales contra la pobreza no están
Latina..., op. cit., pp. 78-91.
41 Sobre la legalización de estos mecanismos en América
Latina, y para un balance de otros mecanismos de
participación ciudadana no considerados en ninguno
de los documentos antes mencionados, ver Felipe
Hevia, “Participación ciudadana institucionalizada:
análisis de los marcos legales de la participación en
América Latina”, en Evelina Dagnino, Alberto J. Olvera
y Aldo Panfichi (eds.), La disputa por la construcción
democrática en América Latina, fce-ciesas-uv, México,
2006.
Latina..., op. cit., pp. 118-129.

definidas en términos de derechos sociales,
sino focalizadas y como prácticas públicas
de asistencia social.43 Por su parte, el diag-nóstico
32
hace una amplia consideración de
los desc, incluyendo lo que denomina los
derechos humanos laborales (considera-dos
por el informe dentro de los derechos
civiles), y los derechos a un nivel de vida
adecuado; al disfrute del nivel más alto de
salud física, mental y social; a la vivienda;
a la alimentación; a la educación; a un
medio ambiente sano, y los llamados dere-chos
culturales. Además, se presentan in-formes
especiales sobre los derechos huma-nos
de las mujeres, de los pueblos indígenas
y de los grupos en situación de vulnera-bilidad
y discriminación (todos los cuales
habían sido subsumidos por el informe
en la categoría de las protecciones contra
la discriminación, consideradas como
parte de los derechos civiles).44
El diagnóstico mezcla así derechos
sociales más o menos estatuidos (pero no
aplicados de manera universal) en Méxi-co
y otros países (laborales, educación,
salud), con otros cuyo estatuto es incierto
en términos normativos y jurídicos: ali-mentación,
vivienda, y con otros que son
aún no muy claros, como un nivel de vida
adecuado, un medio ambiente sano y los
derechos culturales.
Como puede observarse, los derechos
no son iguales. Los civiles son los mejor
y más claramente establecidos desde el
punto de vista conceptual y legal. Desa-rrollan
ante todo los principios liberales: la
libertad y la seguridad de los individuos;
las garantías de respeto y defensa frente a
otros individuos y frente al propio Estado,
todo ello garantizado por instituciones
especializadas del propio Estado. Los
derechos políticos, siendo claros teórica
y legalmente, son precarios en la práctica,
pues su aplicación efectiva depende de un
sinnúmero de factores legales, institucio-nales
y culturales. Los derechos sociales
están aún poco fundamentados teórica y
legalmente, y su aplicación también está
sujeta a grandes variaciones dependiendo
de múltiples factores. Su verdadera ins-titucionalización
se produce a través de
los llamados “regímenes de bienestar”45
43 Ver Carlos Barba, “Las reformas económica y social
en América Latina: regímenes de bienestar en tran-sición”,
en Gerardo Ordóñez, Rocío Enríquez, Ignacio
Román y Enrique Valencia (eds.), Alternancia, políticas
sociales y desarrollo regional en México, El Colegio
de la Frontera Norte-iteso-Universidad de Guadalajara,
Guadalajara, 2006.
45 Gosta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare
Capitalism, op. cit.

33
que cada país ha construido a lo largo de
su historia, y que en América Latina han
venido cambiando después del Consenso
de Washington.46 Pero estos regímenes se
basan ante todo en decisiones políticas y
administrativas y los criterios de derechos
ocupan un lejano lugar en su diseño e
implementación.
Los nuevos derechos se abren camino
legal e institucional, y hay un proceso de
aprendizaje notable a escala internacional
que aún debe recorrer un largo camino
antes de cimentarse en instituciones y
prácticas efectivas.
Sin embargo, a la hora de hacer un ba-lance
sobre los derechos de ciudadanía, es
preciso recordar que sería un error pensar
en ellos de una manera separada. Como
bien nos advirtió el informe:
[…] estos derechos –políticos, civiles y
sociales– pueden ser analíticamente sepa-rables
pero en la práctica se presuponen los
unos a los otros, y usualmente avances en
cualquiera de ellos hace posible que otros
derechos puedan moverse en la misma di-rección.
Los avances en derechos civiles,
o en derechos sociales, o en derechos polí-ticos,
son valiosos per se y también porque
son resortes para la conquista de otros
derechos.47
d) Notas sobre multiculturalismo
y derechos
En años recientes se ha abierto una nueva
perspectiva desde la cual abordar el tema
de la ciudadanía: la diferencia. Contra el
principio inmanente de igualdad contenido
en la idea misma de ciudadanía, filósofas
feministas y defensores de pueblos indíge-nas
y de minorías nacionales han postula-do
la necesidad de reconocer la diversidad
social real y sacar las conclusiones de ello
en términos de derechos y, por tanto, de
ciudadanía. Las feministas han hecho
notar, con pertinencia, que la idea de la
igualdad ciudadana hizo caso omiso de las
desigualdades de reconocimiento y de
acceso a la justicia que la diferencia de gé-nero
implica. Caso ejemplar es la histó-rica
negativa de derechos políticos a las
mujeres, pero también el hecho de que
hasta la fecha sus salarios son más bajos
en promedio que los de los hombres y
que la presencia femenina en altos pues-tos
de gobierno y en cargos de elección
46 Carlos Barba, “Las reformas económica y social en
América Latina...”, op. cit.
47 Guillermo O’Donnell, et al., La democracia en Amé-rica
Latina..., op. cit., p. 58.

popular sigue siendo minoritaria. La filó-sofa
34
Iris Marion Young48 extendió el con-cepto
de diferencia para que a través de él
se hicieran visibles las condiciones de
opresión de todos los grupos sociales que
por razones de género, clase, raza, reli-gión,
preferencia sexual o nacionalidad
padecen. La consecuencia práctica de tal
reconocimiento sería una “ciudadanía dife-renciada”,
es decir, un conjunto de políti-cas
públicas orientadas a compensar esas
desventajas en el acceso a derechos, sobre
todo a través de acciones afirmativas y la
creación de derechos especiales.49
Una crítica radical a este plantea-miento50
señaló que la idea de ciudadanía
diferenciada viola los principios liberales
clásicos (igualdad de ciudadanos y neu-tralidad
del Estado), e introduce un factor
de arbitrariedad al ser difícil establecer
los criterios de determinación de quiénes
son los oprimidos. En todo caso, puede
decirse que la mayoría de la población
padece algún tipo de opresión, por lo que
la ciudadanía diferenciada termina siendo
impracticable. Más relevante aún es la
crítica de que bajo este modelo teórico no
es posible resolver problemas al interior
del campo de los oprimidos: ¿quién es
más oprimido y tiene por tanto prioridad
en derechos sobre el otro?51
En la arena pública internacional ha
adquirido mucha visibilidad en la última
década el debate sobre la “ciudadanía mul-ticultural”,
concepto desarrollado por el
filósofo canadiense Will Kymlicka.52 Ba-sándose
en la experiencia de la minoría
nacional francófona que habita el estado de
Québec, en Canadá, Kymlicka ha soste-nido
que es posible, legítimo y necesario
complementar los derechos humanos tra-dicionales
con los derechos de las minorías,
es decir, los derechos universales de ciuda-danía
con los derechos diferenciados para
grupos minoritarios. Hay dos tipos princi-pales
de esos grupos: los pueblos indíge-nas,
cuyo reclamo principal y por tanto
derecho especial consiste en el autogo-
48 Iris Marion Young, Inclusion and Democracy, Oxford
University Press, Oxford, 2000.
49 Iris Marion Young, “Polity and Group Difference: A
Critique of the Ideal of Universal Citizen”, en Ethics,
vol. 99, núm. 2, 1989, citada por Manuel Pérez Le-desma,
“Ciudadanos y ciudadanía: un análisis ini-cial”,
en Manuel Pérez Ledesma (ed.), Ciudadanía y
democracia, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 2000.
50 Will Kymlicka y Wayne Norman, “El retorno del
ciudadano: una revisión de la producción reciente en
teoría de la ciudadanía”, op. cit.
51 David Miller, “Ciudadanía y pluralismo”, en La
Política…, op. cit.
52 Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural..., op. cit. Una
reformulación en Will Kymlicka, La política vernácula.
Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía, Paidós,
Buenos Aires, 2003.

35
bierno; y las comunidades étnicas que
han inmigrado a terceros países y desean
conservar su identidad cultural, reclaman-do
derechos multiculturales como la ense-ñanza
bilingüe y el permiso para incumplir
normas y leyes contrarias a su religión.
Reconociendo estos derechos, Kymlicka
sostiene que el problema fundamental es
la definición de los límites de los mismos,
pues sin acotarlos, los derechos especia-les
se prestan a todo tipo de microauto-ritarismos
y a la negación de la libertad
individual. Por ello, los derechos de grupo
deben estar limitados por los derechos
individuales de sus miembros. Así, sólo
son admisibles medidas de “protección
externa” a los grupos para que éstos con-serven
su cultura frente a las presiones
externas si así lo deciden, pero no las “res-tricciones
internas” que obliguen a los
miembros del grupo a adherirse al mismo,
practicar sus costumbres y preservar la
tradición. “Es erróneo o injusto que un
grupo etnocultural preserve su ‘pureza’ o
su ‘autenticidad’ mediante la restricción
de las libertades básicas de sus propios
miembros”.53
Esta vía de solución de la contra-dicción
entre universalismo liberal y los
derechos de grupo no carece de problemas
teóricos y prácticos, pero lo cierto es que
este tipo de reconciliación es necesario si
los derechos de los grupos étnicos han de
ser aceptados y aceptables dentro de una
sociedad democrática.
En América Latina hay una larga
tradición de debate sobre los derechos de
los pueblos indígenas, con exponentes en
cada país.54 En la región el acento ha si-do
puesto sobre la autodeterminación de
los pueblos indígenas y la forma de cons-truir
“autonomías regionales” dentro del
contexto nacional. En general, ha habido
una tendencia favorable a la preservación
de las tradiciones vía el reconocimiento
jurídico de los “usos y costumbres” indí-genas
y la legalización del autogobierno.
Ello es problemático, como la experiencia
53 Will Kymlicka, “Derechos individuales y derechos de
grupo en la democracia liberal”, citado por Manuel
Pérez Ledesma (ed.), Ciudadanía y democracia, op.
cit.
54 Un texto notable por su profundidad teórica y vastedad
empírica en este terreno es el de Sinesio López, Ciu-dadanos
reales e imaginarios, ids, Lima, 1997. Para
México en el siglo xix, ver Fernando Escalante, Ciu-dadanos
imaginarios, El Colegio de México, México,
1992. Para tratamientos contemporáneos, ver Héctor
Díaz Polanco, Autonomía regional. La autodetermi-nación
de los pueblos indios, Siglo xxi, México, 1991,
entre muchos otros.

lo ha demostrado,55 y las diferencias nacio-nales
36
son notables, siendo México uno de
los países con mayor rezago en América
Latina en este ámbito.
Pero es muy cierto que una de las vías
de construcción de ciudadanía en la región
han sido las luchas por el reconocimiento
de las diferencias. La vitalidad de los
movimientos feminista e indígena en casi
todos los países, de los negros en Brasil y
Colombia, de los homosexuales en varios
países, y crecientemente por la tolerancia
a la diversidad religiosa, ha propiciado
un cambio cultural y una modificación
en la composición de las fuerzas políticas
que poco a poco se expresa en leyes y en
políticas públicas favorables a los grupos
oprimidos. La lucha por “el derecho a
tener derechos” ha sido considerada en
Brasil, por ejemplo, una vía de construc-ción
de ciudadanía aun antes de que sus
logros se plasmen en los ordenamientos
jurídicos.56
Ciudadanía liberal,
cívica y republicana
Desde la perspectiva de la filosofía polí-tica,
el concepto de ciudadanía remite a
preguntas fundamentales sobre el orden
social y sobre las relaciones entre indi-viduos
y Estado, sobre las formas que
asume la construcción de las identidades
colectivas, y por tanto acerca de la manera
en que la comunidad se construye y cómo
ésta se relaciona con el Estado.
Desde fines de los años setenta del
siglo pasado, y fundamentalmente a lo
largo de los años ochenta, dos corrientes
principales han mantenido un conocido
debate sobre la primacía del individuo o
de la comunidad al momento de pensar
la ciudadanía. De un lado, los defensores
contemporáneos del liberalismo clásico,
escuela con tres siglos de historia que
conserva su actualidad en tanto que sus
postulados centrales siguen siendo los ci-mientos
legales de las democracias contem-poráneas.
De otro, los llamados comunita-ristas,
filósofos que defienden la primacía
de la comunidad frente al individuo como
la única vía para que en el capitalismo con-temporáneo
se pueda garantizar la con-vivencia
y el orden y la concomitante
expansión de las virtudes cívicas. Es po-
55 Ver Thomas Calvo y Bernardo Méndez (coords.),
Sociedad y derecho indígenas en América Latina,
cemca, México, 1995. También Fabiola Escárzaga y
Raquel Gutiérrez (coords.), Movimiento indígena en
América Latina: resistencia y proyecto alternativo,
Juan Pablos Editor-uacm-buap, México, 2005.
56 Evelina Dagnino, Meanings of Citizenship in Latin
America, op. cit.

37
sible agregar una tercera corriente que ha
emergido en los años noventa, que postula
la centralidad de formas de intermediación
civil entre los individuos y el Estado, que
son menos fuertes que la comunidad, pero
que cumplen sus funciones. Nos referimos
a los defensores de la sociedad civil, quie-nes
a través del énfasis en la participación
de la ciudadanía en los asuntos públicos
han desarrollado el republicanismo con-temporáneo.
El debate entre el liberalismo y el
comunitarismo se ha producido princi-palmente
en Estados Unidos, con repercu-siones
europeas importantes. El contexto
político de esta discusión filosófica fue
la gran crisis moral que abrieron el mo-vimiento
por los derechos civiles de los
afroamericanos en los años sesenta y la
guerra de Vietnam. Además, se vivía una
época en la que nuevos estilos de vida
emergían, grandes protestas públicas se
desarrollaban y un nuevo sentimiento de
vacío moral cuestionaba el consenso que
parecía inmutable en los años anteriores.
Estados Unidos enfrentaba una crisis en
donde había tenido que reconocer que una
parte importante de su población estaba
excluida de los consensos y de las condi-ciones
de la ciudadanía, y que había sido
derrotado por primera vez en una guerra
internacional. Era necesario entonces re-pensar
cómo reconstruir la comunidad en
ausencia de un consenso que se creía pre-viamente
establecido y cómo dar respuesta
a la emergencia de nuevos estilos de vida
y de nuevos valores, y al reclamo de recono-cimiento
de comunidades hasta entonces
oprimidas.
Este patrón de crisis moral-política
propició la emergencia de dos formas dis-tintas
de entender el problema de la ciu-dadanía,
las cuales en realidad siempre
habían estado presentes en la teoría polí-tica
desde su nacimiento. Por un lado, la
respuesta liberal clásica que insistía en
la centralidad del individuo, en la necesi-dad
de protegerlo de los excesos del Esta-do
y propiciar las condiciones para que en
la búsqueda de su propio bienestar indivi-dual,
el sujeto también pudiese establecer
relaciones de asociación y vínculos con
otros de tal forma que por interés propio
se construyeran instituciones y prácticas
beneficiosas a todos. John Rawls, famoso
filósofo político estadounidense, escribió
en 1970 Teoría de la Justicia, libro fun-dacional
del liberalismo contemporáneo,
obra que propone que, bajo condiciones de
origen iguales, los individuos desarrollan
en la búsqueda de su propio interés las ca-pacidades
y virtudes que mejor convienen

57 John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University
Press, Cambridge, 1970. Para una reformulación y
autocrítica, ver del mismo autor, La Justicia como
equidad: una reformulación, Paidós, Buenos Aires,
2002. Otras versiones del liberalismo, en Robert
Nozick, Anarchy, State and Utopia, Basic Books,
Nueva York, 1974; Ronald Dworkin, Taking Rights
Seriously, Harvard University Press, Cambridge,
1977.
58 A. Oldfield, “Citizenship: An Unnatural Practice?”,
citado en Manuel Pérez Ledesma, Ciudadanía y
democracia, op. cit.
38
59 Charles Taylor, Fuentes del yo. La construcción de la
identidad moderna, Paidós, Barcelona, 1996; Michel
Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge
University Press, Cambridge, 1982; Alisdair MacIntyre,
After Virtue, Notre Dame University Press, Notre
Dame, 1981. Una brillante versión que dialoga con el
republicanismo, en Michel Walzer, Las esferas de la
justicia, fce, México, 1993.
al conjunto social.57 Como bien sintetizó
Oldfield:
Los individuos son seres soberanos y au-tónomos
en el terreno moral, y sus deberes
consisten en respetar los derechos simila-res
de otros ciudadanos, pagar sus impues-tos
y participar en la defensa del sistema
político en los momentos en que esté ame-nazado.
Más allá de esto […] no tienen otras
obligaciones en relación al conjunto social
[…] los individuos como seres soberanos
y autónomos […] deciden si ejercen o no
los derechos del estatus de ciudadano en la
esfera pública, o en el terreno más restringido
de la política.58
Así, el liberalismo produce fuertes
derechos negativos, es decir, de separación
del individuo frente al Estado y frente a la
comunidad, y pocas obligaciones frente a
ellos, apenas las necesarias para mantener
vivas las libertades individuales.
Contra esta visión liberal basada en los
fundamentos clásicos vino una respuesta, a
la que genéricamente se le llamó comuni-tarista,
por parte de filósofos como Charles
Taylor, Michel Sandel, Michel Walzer59
y muchos otros, quienes consideraban
que en realidad el problema central era el
colapso de los lazos comunitarios que his-tóricamente
habían caracterizado la vida
pública estadounidense en épocas pasadas.
Lo urgente era rescatar la primacía de los
lazos que constituyen la red de protección
y de significación de los individuos, de tal
forma que antes de pensar en el rescate
del individuo y de sus derechos habría
que rescatar los bienes colectivos forma-dos
por valores y normas que ponen a la
comunidad por encima de los individuos.
Para ello los comunitaristas recuperan una
tradición filosófica que puede rastrearse
hasta Aristóteles y su idea del hombre
como “animal cívico”. La idea-fuerza
es que la identidad individual se forja en
la integración en la comunidad y no en la
autonomía radical del sujeto. Los compro-

39
misos y valores de la colectividad a la que
se pertenece proporcionan los elementos
de juicio sobre lo bueno y lo correcto,
no la autodeterminación individual. Por
tanto, la primera responsabilidad y la
mejor manifestación de ciudadanía son
la defensa de la colectividad y la partici-pación
en sus instituciones y prácticas.
Así, la esencia de la libertad es la partici-pación
en el gobierno comunitario, como
casi aristotélicamente definiera Taylor.
Esta versión comunitarista contemporánea
es de alguna forma tributaria de conceptos
provenientes del campo de la sociología de
Durkheim y Parsons, quienes sostuvieron
que la integración social era producida
fundamentalmente por valores y normas
compartidos. Los comunitaristas conciben
así a la ciudadanía como la participación
en la vida comunitaria, como la defensa
de sus valores y principios. Por tanto, las
obligaciones de ciudadanía (participar y
preservar los principios) son mayores a
los derechos. El ciudadano debe ser activo,
pues de su acción depende el bienestar de
la colectividad.
Esta corriente se expuso rápidamente
a muchas críticas, ante todo por el hecho
de que en las sociedades modernas no es
posible encontrar un solo conjunto de va-lores
y normas compartidas. La pluralidad
cultural, ideológica y religiosa de nuestro
tiempo impide pensar a la sociedad como
un conjunto culturalmente homogéneo,
incluso a la escala de una ciudad, ya no se
diga de un país. Además, las creencias y
valores tradicionales pueden pensarse tam-bién
como una camisa de fuerza normativa
respecto de los individuos que piensan
diferente, que quieren liberarse de ataduras
o proponer nuevas ideas y principios. Si
bien los postulados liberales tradiciona-les
tampoco tienen mucho fundamento
práctico, ya que la autonomía individual
plena no puede existir en un mundo en
el cual vivimos adscritos a categorías de
clase, género, raza y religión, entre otras,
lo cierto es que en sociedades modernas la
defensa de valores y principios sólo puede
pensarse dentro de la pluralidad y por tanto
de la tolerancia de los otros.
Esta constatación es la que ha dado
pie a una tercera corriente filosófica, el
republicanismo moderno,60 cuyos orígenes
también pueden ser rastreados hasta la
Grecia antigua. Su principal sostén ha sido
Hanna Arendt, filósofa germano-estado-
60 Ver la excelente síntesis de Philip Pettit, Republica-nismo.
Una teoría sobre la libertad y el gobierno,
Editorial Paidós, Barcelona, 1999. También Andrés
Hernández (comp.), Republicanismo contemporáneo:
igualdad, democracia deliberativa y ciudadanía,
Siglo del Hombre Editores-Universidad de los Andes,
Bogotá, 2002.

unidense,61 para quien la “[…] ciudadanía
es vista como el proceso de deliberación
activa sobre proyecciones identitarias
competitivas […] cuyo valor […] reside
en la posibilidad de establecer formas
de identidad colectiva que pueden ser
reconocidas, probadas y transformadas en
una forma discursiva y democrática”.62
61 Obras clásicas de Hanna Arendt, entre otras, son: The
Human Condition, Doubleday, Nueva York, 1959; On
Revolution, Pelican Books, Harmanworth, 1973.
62 Maurizio Passerin d’Entrèves, “Hanna Arendt and
the Idea of Citizenship”, en Chantal Mouffe (ed.),
Dimensions of Radical Democracy, op. cit., p. 158.
40
El republicanismo arendtiano tiene
un cierto hermanamiento con el comuni-tarismo,
en cuanto piensa la ciudadanía, al
estilo griego, como el ejercicio de la razón
en público para fines públicos. Arendt
tiene en mente una especie de ágora, el
espacio público, donde los individuos
debaten sobre sus distintas versiones de lo
correcto y de lo justo. Pero la diferencia
está precisamente en que para ella no es
necesario que exista una comunidad pre-política
cuyos valores y normas crean un
consenso sustantivo sobre la base del cual
los individuos actúan. Por el contrario,
es en el debate sostenido en el espacio
público en donde se han de construir y
consensar esos principios y normas. Esta
práctica, que es la política, es la que hace
humanos a los humanos, es la vita activa
que es consustancial y específica a nuestra
especie, y la que abre la posibilidad del
ejercicio de la razón como vía de cons-trucción
de las identidades colectivas.
El problema con Arendt es que ella
lleva demasiado lejos su intuición. Cree
que sólo la democracia directa puede
garantizar que cada ciudadano ejerza
realmente esas capacidades de discusión
y decisión. La representación política es
negativa pues priva a los ciudadanos de la
capacidad de decidir. El sistema político
ideal no es la democracia representativa,
sino una especie de sistema federado de
consejos donde los ciudadanos participan
directamente de las discusiones y las
decisiones, ejerciendo así una agencia
efectiva. Como dijera otra proponente de
estas ideas, Chantal Mouffe:63 “[…] un
nuevo concepto del ciudadano deviene
posible [...] la identidad política que es
creada a través de la identificación con la
res publica [...]”. De esta manera, la iden-tidad
colectiva se construirá en la práctica
política, y la cultura política tendría que
ser activa y participativa, no pasiva o
clientelar. En esta versión, los derechos
y obligaciones parecen estar más balan-ceados,
pues los derechos individuales
63 Chantal Mouffe (ed.), ibíd., p. 235.

41
deben ser preservados para garantizar la
autonomía de los individuos, mientras que
éstos deben participar de lleno en la vida
pública.
Si bien las ideas son excelentes, y
están más vivas que nunca en el debate
contemporáneo, no es difícil observar la
inaplicabilidad de la propuesta como un
conjunto. En grandes Estados-nacionales
y en sociedades complejas como las ac-tuales,
resulta imposible la anulación de la
representación, y la democracia directa re-queriría
que los ciudadanos se dedicaran
solamente a la política, como en la Grecia
antigua, lo cual es inviable. Sin embargo,
la apelación al debate en el espacio públi-co64
informa hoy día las teorías que postu-lan
la democratización de la democracia,
y modelos menos radicales de innovación
democrática que se basan en la participa-ción
activa de los ciudadanos se inspiran
en las ideas de Arendt.65
64 El concepto de espacio público se ha vuelto central
para la teoría de la democracia desde que el filósofo
alemán Jürgen Habermas lo sistematizó. Ver Jürgen
Habermas, The Structural Transformation of the Public
Sphere, mit Press, Cambridge, 1991 (edición original en
1962); Nora Rabotnikof, En busca de un lugar común:
el espacio público en la teoría política contemporánea,
unam, México, 2005.
65 Ver Andrés Hernández (comp.), Republicanismo
contemporáneo: igualdad, democracia deliberativa y
ciudadanía, op. cit.
Debemos anotar también que esta
versión republicana admite otra vertiente
de interpretación. La idea de solidaridad
e identidad generalizada con base en
principios y normas puede leerse desde
una perspectiva antropológica, como una
exigencia de conciencia comunitaria que
prevalecería por encima de todo interés
individual, pero también desde una pers-pectiva
más moderna que, basada en el
asociacionismo, la solidaridad, el volun-tariado,
puede traducirse en términos de
una teoría de la sociedad civil. Esta densa
red solidaria constituiría tanto la autopro-tección
de los individuos modernos como
su vía específica para generar identidades
colectivas. Los actores de la sociedad civil
tienen que actuar en el espacio público, en
el que debaten sus diferentes y plurales
interpretaciones de lo correcto y lo justo,
y al definir esos estándares tienen la ne-cesidad
de actuar políticamente (es decir,
manifestando sus ideas y presionando
al Estado para que se legalicen e imple-menten).
66 La versión sociedad-civilista
del republicanismo tiene la ventaja de
reconocer el pluralismo de principios y
66 El texto fundamental en esta corriente es Jean Cohen
y Andrew Arato, Sociedad civil y teoría política, fce,
México, 2000. Ver también Alberto J. Olvera (ed.), La
sociedad civil: de la teoría a la realidad, El Colegio de
México, México, 1999. La bibliografía sobre el tema
es enorme.

42
67 Ver la mejor explicación de esta complementación
en Jürgen Habermas, Facticidad y validez, Trotta,
Madrid, 1998. Ver también la excelente discusión que
propone Leonardo Avritzer, en Democracy and the
Public Sphere in Latin America, Princeton Paperbacks,
Princeton, 2002.
normas, de reconocer la importancia del
espacio público y de la participación de
los ciudadanos en los asuntos públicos, sin
exigir de éstos dedicación plena, mientras
admite la representación política, es decir,
la democracia electoral. Por supuesto, a
cambio de ello esta versión es mucho más
suave en el campo de las obligaciones,
y contiene un concepto de ciudadanía
mucho más cercano al liberalismo que al
comunitarismo.
Para cerrar esta sección baste decir
que las versiones liberal, comunitarista
y republicana de la ciudadanía que he-mos
mencionado anteriormente implican
diferentes conceptos de democracia. La
versión liberal percibe a un Estado mí-nimo
como complemento de una maxi-mización
de la libertad de los sujetos, y
la democracia es entonces solamente un
mecanismo de selección de gobernantes
débiles. La vertiente comunitaria piensa
que la identidad, la virtud y las decisiones
se construyen desde el campo de lo social
y no desde lo estatal, por lo que la demo-cracia
debería limitarse a la capacidad de
los ciudadanos para elegir a sus gobernan-tes
entendidos como mandatarios, es decir,
ejecutantes de decisiones tomadas por la
colectividad. El republicanismo radical, al
plantear la democracia directa virtualmen-te
anula la democracia representativa, pero
la versión de la sociedad civil abre espacio
para pensar la complementación entre la
democracia representativa y la democracia
participativa.67
El vínculo entre ciudadanía y demo-cracia
pasa por el Estado, que es una ins-tancia
necesaria de materialización tanto
de la ciudadanía como de la democracia.
Al pensar el Estado, necesariamente nos
hemos de remitir también al concepto
de nación, pues la forma del Estado en
la modernidad es, como sabemos, el
Estado-nación. Como vemos, el mapa se
vuelve más complejo, no podemos hablar
solamente de los conceptos aislados de
ciudadanía y democracia, sino tenemos
que referirnos al conjunto conceptual que
explica derechos, prácticas e instituciones.
Hablar de ciudadanía y democracia nos
obliga a hablar del conjunto de la política
y la sociedad.

43
Democracia y ciudadanía68
Desde la introducción habíamos destaca-do
el hecho de que el concepto de demo-cracia
ha sido y es objeto de un profundo
debate. Para los fines de este texto, es
importante llamar la atención sobre los
conceptos centrales en pugna y sobre
los procesos históricos que enmarcan la
actual discusión del tema en América La-tina
en general y en México en particular.
El debate sobre la democracia se
produce hoy bajo condiciones históricas
peculiares: en primer lugar, la consoli-dación
fáctica de la democracia electoral
en casi toda América Latina (si bien con
altibajos y diversos grados de precariedad
institucional). Al mismo tiempo, se ha ex-tendido
en toda la región una profunda
insatisfacción con los resultados de esas
democracias en términos de justicia so-cial,
eficacia gubernamental e inclusión
política. El extraordinario ejercicio desa-rrollado
por el pnud (La democracia en
América Latina) tiene entre sus méritos
el haber demostrado claramente la mag-nitud
de la decepción ciudadana respec-to
al rendimiento de las democracias
realmente existentes.69 Esta decepción ha
obligado a replantear viejas certidumbres.
Las teorías que han sido utilizadas
para analizar la transición y la consolida-ción
de la democracia en América Lati-na
se basaron en una versión de la teoría
democrática que ha sido dominante en el
pensamiento político occidental: el elitis-mo
democrático. Weber y Schumpeter70
entendieron a la democracia simplemen-te
como un mecanismo que permite cam-biar
a los gobernantes en forma cíclica y
predecible, es decir, elegir a la élite go-
68 No es éste el sitio para hablar in extenso de la teoría
democrática, tema abordado ya desde muy diversos
ángulos en otros Cuadernos de Divulgación de la
Cultura Democrática. Se trata aquí únicamente de
precisar las relaciones entre los conceptos de ciudadanía
y democracia.
69 El índice de apoyo a la democracia es bajo en toda
la región, debido a la insatisfacción con la pobreza y la
percepción de ineficiencia y corrupción del gobierno.
Ver Guillermo O’Donnell, et al., La democracia en
América Latina..., op. cit., pp. 224-234.
70 Joseph Schumpeter, Capitalism, socialism and
democracy, Harper, Nueva York, 1942. Para una crítica
a ambos autores, ver Leonardo Avritzer, Democracy
and the Public Sphere in Latin America, op. cit., cap. 1.

bernante. Para ellos el Estado moderno es
tan complejo que no puede haber inter-vención
44
ciudadana en la administración
estatal. Siendo aún más rígidos, es posible
afirmar que lo que define en última ins-tancia
a la democracia es el principio de
incertidumbre en los resultados electora-les.
71 La democracia minimalista (demo-cracia
es poder elegir a los gobernantes)
y la elitista (la democracia sólo sirve para
cambiar a la élite gobernante) se herma-nan
en este concepto restrictivo. Este
concepto de democracia implica que la
única ciudadanía es la ciudadanía políti-ca,
y por tanto los únicos derechos pro-pios
de la democracia son los políticos.
En efecto, en la práctica sólo los derechos
políticos se vinculan directamente con la
democracia. La democracia se funda en
los derechos políticos, existe en su recono-cimiento
y deja de existir en su anulación.
El filósofo alemán Jürgen Habermas
ha explicado muy bien esta sobredeter-minación:
[…] sólo los derechos de participación
política fundan la posición jurídica del
ciudadano, es decir, una posición jurídica
reflexiva, referida a sí misma. Los derechos
negativos de libertad y los derechos socia-les
pueden, en cambio, venir otorgados en
términos paternalistas. Estado de derecho
y Estado social son también en principio
posibles sin democracia […] Ciertamente,
tanto las libertades subjetivas como los
derechos sociales pueden considerarse
como base jurídica de esa autonomía social
que es la que empieza haciendo efectiva la
realización de los derechos políticos. Pero
esas son relaciones empíricas, no rela-ciones
conceptualmente necesarias.72
Es así que la concepción minimalista
de la democracia y su correlato, la teoría
elitista de la democracia, implican un con-cepto
acotado de ciudadanía. Nada hay
en la teoría democrática convencional
que exija ir más allá de la concesión de
derechos políticos para fundar la ciuda-danía.
No es extraño entonces que la ma-yoría
de los estudios sobre la democracia
hagan caso omiso de las otras dimensio-nes
de la ciudadanía.
La teoría democrática convencio-nal
opera en realidad sobre la base de
muchos supuestos insostenibles. La teo-ría
democrática supone la existencia de
71 Adam Przeworski, Democracy and the Market:
Political and Economic Reforms in Eastern Europe
and Latin America, Cambridge University Press, Nueva
York, 1991.
72 Jürgen Habermas, Facticidad y validez, op, cit.,
p. 143.

45
un Estado y de una nación;73 supone la
existencia de ciudadanos como agentes
competentes capaces de elegir y libres de
toda traba para ejercer esas capacidades;
supone que la competencia electoral per-mite
la expresión real de las preferencias;
además, la teoría democrática convencio-nal
no puede considerar el conflicto social
dentro de su propio marco y limita el con-cepto
de la política a la lucha por el poder
entendido como el logro de la autoriza-ción
y la representación a través de las
elecciones.74
Muchas críticas se han hecho a este
concepto de democracia, pero para poder
ir más allá de él es necesario ampliar el
canon de la teoría, es decir, el marco de
los temas considerados posibles de tratar
en el campo teórico de la democracia.75
Ciertamente, esto va mucho más allá de
nuestras posibilidades en este breve en-sayo.
Por tanto, nos limitaremos a seña-lar
algunos elementos a ser tomados en
cuenta.
Una forma de abordar el tema que es
cercano a nuestra experiencia es a través
de la crítica a los estudios de la transición
y consolidación democráticas, muy abun-dantes
en nuestro medio. Estos estudios
permitieron tematizar los retos estraté-gicos
que marcaron una época histórica,
pero lo hicieron a un costo muy alto,
[…] pues al recurrir a los conceptos del
elitismo democrático y a diversas versiones
de la teoría de la elección racional, deja-ron
de lado el estudio de las innovaciones
democráticas que portaba la propia práctica
de los actores sociales cuya movilización era
reconocida en los estudios transitológicos
como detonante del proceso […] la teoría de
la transición se limitó a interpretar la movi-lización
social como respuesta a la baja del
costo de oportunidad de la acción derivada
de la liberalización. Una vez alcanzada la
democracia representativa, la sociedad civil
activada deja su espacio de acción a la socie-dad
política, la cual asume las causas y los
intereses de la sociedad civil y monopoliza
las funciones de la representación legítima.
No hay análisis alguno de las innovaciones
73 Guillermo O’Donnell, “Acerca del Estado en América
Latina contemporánea: diez tesis para discusión”, en La
democracia en América Latina: contribuciones para
el debate, pnud, Buenos Aires, 2004.
74 Ver Evelina Dagnino, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi,
“Para otra lectura de la disputa por la construcción
democrática en América Latina”, en Evelina Dagnino,
Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi (eds.), La disputa
por la construcción democrática en América Latina,
op. cit.
75 Ver la excelente explicación de esta necesidad en
Boaventura de Souza Santos y Leonardo Avritzer, “Para
ampliar el canon democrático”, en Boaventura de Souza
Santos, Democratizar la democracia: los caminos de
la democracia participativa, fce, México, 2004.

46
en términos de cultura política, agenda, ac-tores
y prácticas derivadas de la apertura de
nuevos espacios públicos y de la emergencia
de nuevos actores. Al concebir la democracia
como mero ejercicio de representación polí-tica
(electoralmente autorizada) en el campo
del Estado, se reproduce y se afirma una
separación conceptual entre la sociedad civil
y la sociedad política que impide analizar las
continuidades entre ellas y por tanto leer la
democratización como un proceso que se
origina en y transforma a la sociedad misma.
Los estudios sobre la consolidación demo-crática
continuaron esta tradición conceptual
al concentrarse en el análisis de los diseños
institucionales, los pactos y los equilibrios
políticos entre civiles y militares, fuerzas
autoritarias y democráticas, que posibilitan
la continuidad del régimen democrático.76
En efecto, la mucha tinta que se ha
utilizado en nuestro país acerca de nues-tra
larga transición a la democracia, ca-racterizada
por consistir en una serie muy
prolongada y aún inacabada de reformas
electorales, magnificó el protagonismo
de los partidos en el proceso y asumió
que la democracia electoral era la única
democracia posible. Al proceder así, se
perdieron de vista los cambios culturales
ocurridos, mientras que las ciertamente
escasas innovaciones en la forma de go-bernar,
ante todo en las formas de rela-ción
entre ciudadanos y Estado, quedaron
fuera del foco del análisis. Más aún, el
papel de la sociedad civil en el proceso
fue considerado irrelevante. La construc-ción
de ciudadanía se limitaba a garanti-zar
el derecho al voto.
Esta limitada perspectiva hacía caso
omiso de las prevenciones y críticas que
desde hacía mucho había adelantado Gui-llermo
O’Donnell, el politólogo más im-portante
de América Latina. Sus concep-tos
de “democracia delegativa”, que se
refiere a las democracias que se limitan
a elegir un presidente que luego se con-vierte
en un autócrata sin límite alguno, y
de la “democracia de baja intensidad”,
que habla de la carencia de otros derechos
de ciudadanía en nuestras democracias,
son apenas dos de las formas en que las
debilidades de las democracias realmen-te
existentes se definieron de una manera
descriptiva.77
Ahora, en el informe sobre La de-mocracia
en América Latina, O’Donnell
hace una crítica pertinente a las teorías
convencionales de la democracia, ya que
76 Evelina Dagnino, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi,
(eds.), La disputa por la construcción democrática en
América Latina, op. cit., p. 20.
77 Ver Guillermo O’Donnell, Counterpoints. Selected
Essays on Authoritarianism and Democracy, Univer-sity
of Notre Dame Press, Notre Dame, 1999.

47
demuestra que el modelo liberal-demo-crático
no sólo opera en ausencia de so-lución
a los problemas de la nación y del
Estado (al simplemente presuponerlos
como dados), sino que asume que la ciu-dadanía
política es un desarrollo de los de-rechos
civiles (que se toman como dados
al presuponer al ciudadano como ente ra-cional
y libre) y que el tema de las con-diciones
sociales y políticas generales en
las que la democracia puede funcionar no
forman parte del campo de atención de la
teoría. En efecto, señala O’Donnell, “[...]
la igualdad de la democracia política ig-nora
los clivajes sociales, incluyendo sus
desigualdades”.78
Para trascender esta forma de enten-der
la democracia, dice O’Donnell, es
necesario introducir en el análisis de la
democracia el estudio diferenciado del
Estado, de la nación, del régimen político
y del gobierno, especialmente de la “de-mocraticidad
del Estado”, vale decir, el
grado en que los componentes del Esta-do
(aparato burocrático, sistema legal y
discurso y prácticas de construcción de
identidad colectiva nacional) en verdad
promueven el estatus de la ciudadanía.
Partiendo de esta perspectiva, O’Don-nell
propone que sólo una ciudadanía in-tegral
(es decir, el acceso pleno a los de-rechos
civiles, políticos y sociales) puede
garantizar la existencia de una verdadera
democracia. Mientras el acceso o disfru-te
de los derechos sea parcial o no exista
para sectores amplios de la población,
la democracia electoral será precaria y
manipulable. Estas ideas, completamente
compartibles, fueron ya defendidas desde
años atrás, primero en Brasil y luego en
casi toda América Latina.79
Sin embargo, esta propuesta no deja
de ser normativa, un deber ser que no se
ancla en una teoría diferente de la de-mocracia.
Para ello habría que retomar
elementos de la teoría republicana de la
ciudadanía en sus vertientes participativa
y “sociedad civilista”. Una “ciudadanía
integral” sólo puede entenderse como un
proceso de construcción que implica una
acción social desde abajo y una capacidad
Latina..., op. cit, p. 41.
79 Ver Evelina Dagnino, “Cultura, cidadanía e demo-cracia:
a transformacao dos discursos e práticas na
esquerda latinoamericana”, en Sonia Álvarez, Evelina
Dagnino y Arturo Escobar (eds.), Cultura e politica
nos movimentos socias latinoamericanos, Novas
Leituras, ufmg, Belo Horizonte, 2000; Evelina Dagnino,
Meanings of Citizenship in Latin America, op. cit.;
Alberto J. Olvera, “La construcción de ciudadanía
en México en los albores del siglo xxi”, en Este País,
México, agosto de 2000.

de articulación y respuesta desde arriba,
y por tanto como un proceso de “demo-cratización
48
de la democracia”. Desde el
punto de vista empírico, este proceso po-dría
visualizarse así:
[…] los derechos políticos de la democra-cia
[…] deberían ser usados para conquistar
otros derechos. Eso fue lo que los mo-vimientos
feministas y de otras minorías han
hecho en el Noroeste: usar los derechos polí-ticos
como base para luchar por derechos
civiles y sociales. Esta estrategia no ha sido
en absoluto lineal [...] Más bien, ha con-sistido
en un largo movimiento de idas y
vueltas, desde y hacia los derechos políticos,
los sociales y civiles. Esta es una dialéctica
de empowerment en una esfera de derechos
empujando conquistas en otras.80
Para poder teorizar estas prácticas es
necesario abordar otra serie de debates
sobre la democracia que se sitúan en otro
plano, a la vez normativo y descriptivo,
de la construcción democrática. Nos re-ferimos
a
[…] las teorías contemporáneas de la
democracia participativa, de la democracia
deliberativa, de la sociedad civil y de los
movimientos sociales. Desde este campo
emergen desde hace años una serie de críti-cas
a las democracias realmente existentes,
incluidas las latinoamericanas, y de aquí
surgen también nuevas formas de pensar la
agencia en la lucha por la democracia, la es-tructura
o diseño de un régimen democrático
y el tipo de derechos y de ciudadanía necesa-rios
a un proyecto democrático que no sólo
pide el cumplimiento cabal de las promesas
del Estado democrático de derecho, como lo
hace el Informe, sino que plantea cambios
radicales en la forma de pensar y ejercer la
política, esto es, el poder, la representación
y la participación de la sociedad.81
Ciertamente las recientes teorías de
la democracia participativa, de la socie-dad
civil y del espacio público no han
logrado construir una propuesta teórica
integral de la ciudadanía, pero han avan-zado
un trecho importante en términos
de una ciudadanía activa que no sólo
espera que el Estado por fin respete e
implemente los derechos universales de
ciudadanía, sino que lucha por ellos, coo-pera
con el Estado, se enfrenta política-mente
con él, hace valer sus argumentos
en el espacio público y busca construir
alianzas con la sociedad política en la
promoción de un proyecto democrático-participativo.
Esta visión de la ciudada-
Latina, op. cit, pp. 57-58.
81 Evelina Dagnino, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi
(eds.), La disputa por la construcción democrática en
América Latina, op. cit., p. 23.

49
nía como proceso de construcción es
completamente opuesta a la neoliberal
que campea dominante en nuestro país
y que la limita a un ejercicio pasivo de
derechos, cuyo alcance depende del Es-tado,
y en la que sólo el ejercicio del voto
permite percibir la existencia episódica
del ciudadano.

51
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55
Sobre el autor
El doctor Alberto J. Olvera Rivera se desempeña actualmente como investigador del
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, del cual
fue director de 2002 a 2006. Licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana,
maestro y doctor en Sociología por la Graduate Faculty of Political and Social Science
of the New School for Social Research de Nueva York.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II, y ha dirigido diversas
investigaciones, entre las que destacan Programa de investigación comparativa y de
formación sobre la sociedad civil y los espacios públicos en América Latina, auspiciada
por la Fundación Ford (2001-2003), y La sociedad civil en América Latina: los desafíos
conceptuales y prácticos de un proyecto de democratización de la vida pública, finan-ciada
por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (2003-2006).
Ha colaborado como articulista en diversos medios impresos, locales y
nacionales, entre ellos Diario de Xalapa, La Jornada, Este País y Nexos. Fue
miembro de la coordinación nacional de la organización Alianza Cívica en-tre
1996 y 2000.

Ciudadanía y democracia
se terminó de imprimir
en la Ciudad de México en el mes de mayo de 2008.
La edición consta de 5,000 ejemplares
y estuvo al cuidado de la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
del

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