La comunidad afrodescendiente de Tabaco, desalada en 2001 para facilitar actividades mineras, ha pasado 15 años esperando reubicación por orden de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, sin que se hayan tomado medidas efectivas. A pesar de las presiones para su desplazamiento, la comunidad ha luchado por sus derechos y ha iniciado acciones jurídicas que han llevado a la creación de una mesa de control con el estado y la empresa Cerrejón. Actualmente, el contexto social y ambiental de la región es crítico, lo que requiere fortalecer la organización comunitaria para seguir exigiendo sus derechos.