El documento describe los conflictos sociales en el Perú relacionados con los recursos naturales y la falta de mecanismos de consulta a las comunidades locales. Menciona el Convenio 169 de la OIT que establece el derecho de las comunidades a ser consultadas sobre proyectos que puedan afectar sus tierras y recursos. Plantea que los gobiernos locales u otros actores podrían establecer procesos de consenso para consultar a las comunidades y considerar sus intereses antes de aprobar proyectos. Finalmente, explica los principios básicos de