Consejos de proteccion_IAFJSR

Serie Derechos Humanos.
Derecho de los niños, niñas y adolescentes
Nº 5 Los Consejos de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes
Depósito legal If78320103002174
ISBN 978-980-14-1375-2
Textos preparados por el equipo docente
y de investigación
de la Fundación JuanVives Suriá.
Presidenta
Gabriela del Mar Ramírez Pérez,
Defensora del Pueblo
Wendy Carolina Torres Roa
Directora General (E)
Responsable
Cristóbal Cornieles Perret Gentil
Coordinadora académica
Lilian Montero
Investigadores y docentes
Enrique González
Erick Gutiérrez
Maryluz Guillén
Luisana Gómez Rosado
Cristóbal Cornieles
Gioconda Mota
Corrección de estilo
Silvia Orozco Pabón
Diseño gráfico y diagramación
Ángela Rodríguez Torres
Fotografía de portada
Francisco Elías Prada
Serie MaestraVida,
barrio José Félix Ribas, Caracas, 2010
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© Defensoría del Pueblo, 2010
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Centro Simón Bolívar.Torre Norte,piso 21,El
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con el único propósito de apoyar
la lectura del texto. La fundación asume la
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en la atribución de las citas y fuentes.
Para consultar las fuentes completas ponerse
en contacto con:
fundacionjuanvivessuria@defensoria.gob.ve
El conocimiento es patrimonio
de todas y todos.
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Nota editorial
Fundación Editorial El perro y la rana
El reconocimiento de los derechos humanos en leyes nacionales e
internacionales ha significado un importante cambio de paradigma en las
relaciones de poder entre actores sociales y Estado y entre los pueblos de
la región y del mundo. Su conquista es el producto de luchas sociales que
se reiteran a través del tiempo, y significa una garantía legal para asegurar
la plena inclusión social, política y cultural de todos los hombres y mujeres
a la dinámica cotidiana de una sociedad. No obstante, la historia reciente
de violaciones a derechos por el Estado y también por particulares así
como el reto de asegurar la plena justicia social e igualdad entre todas
las personas evidencian que el logro de sociedades respetuosas de los
derechos humanos es una exigencia vigente para los Estados y para el
conjunto de nuestros pueblos.
En el contexto de ese desafío, la Fundación Juan Vives Suriá de la Defensoría
del Pueblo ha desarrollado una serie de títulos de educación en derechos
humanos, que edita en conjunto con la Fundación Editorial El perro y la
rana. El propósito de esta colección es facilitar el manejo de los conceptos
básicos de los derechos humanos en general, así como los derechos de
sectores específicos como niños, niñas y adolescentes y mujeres. Con estas
publicaciones,ambas instituciones aspiran a aportar a sus lectoras y lectores
herramientas de formación para la construcción de una cultura crítica en
derechos humanos.

Fundación Juan Vives Suriá
Creación
La Fundación Juan Vives Suriá fue constituida en el
año 2008, mediante Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.945, con el fin de
fomentar, impulsar y promover la educación en
derechos humanos y la investigación académica,además
de fortalecer las políticas de la Defensoría del Pueblo
en el ámbito educativo.
Lleva el nombre del Padre Juan Vives Suriá en homenaje a quien fuera un
ejemplo a seguir en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos y
en pro de la justicia y la paz, principalmente de las personas en situación de
vulnerabilidad, exclusión y discriminación.
La Fundación propone aportar herramientas de formación y educación
crítica en derechos humanos, en consonancia con los postulados ideológicos
de los nuevos procesos constituyentes desarrollados en Latinoamérica.
Visión
Contribuir con la construcción de una cultura crítica y liberadora de derechos
humanos para fortalecer los procesos de cambio social protagonizados
por los pueblos de Venezuela, América Latina y el Caribe, dirigidos a la
transformación de los valores, las relaciones y los modos de vida, tanto en el
ámbito público como privado, para el logro de sociedades justas, plurales, a
favor de la paz y realmente democráticas.
Misión
Desarrollar estrategias de educación, investigación y divulgación desde un
enfoque crítico de los derechos humanos, dirigidas a todas las personas,
comunidades,organizaciones,movimientos sociales e instituciones del Estado,
con el fin de contribuir con la transformación social fundamentada en los
valores de justicia social, equidad, igualdad, libertad, cooperación, solidaridad,
honestidad y corresponsabilidad desde la construcción de expresiones
significativas.

Estructura
Presidenta
Gabriela del Mar Ramírez Pérez
Defensora del Pueblo
Consejo Académico
Juan Rafael Perdomo
Magistrado.Vicepresidente de la Sala de Casación Social delTribunal
Supremo de Justicia
Levis Ignacio Zerpa
Magistrado. Integrante de la Sala Político Administrativa delTribunal
Supremo de Justicia
Pablo Fernández
Coordinador de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Cristóbal Cornieles
Asesor de la Defensoría del Pueblo y corredactor de diferentes proyectos
de ley y publicaciones
Carlos Molina
Director General de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos
de la Defensoría del Pueblo
Alba Carosio
Directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central
deVenezuela. Investigadora y docente
Wendy Carolina Torres Roa (E)
Dirección General

ÍNDICE
1 Origen de los Consejos de Protección de Niños,
Niñasy Adolescentes
1.1. La redefinición de las funciones judiciales (desjudicialización)
1.2. El criterio de descentralización al Poder Local
1.3. El criterio de participación / articulación
13
13
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16
2 Concepto del Consejo de Protección de Niños,
Niñasy Adolescentes
2.1. Objetivos del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes
2.2. Características del Consejo de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes
a) Es un órgano administrativo permanente adscrito a la Alcal-
día
b) Es una autoridad del Poder Público
c) Es un órgano administrativo que ejerce el Poder Público por
mandato de la sociedad
d) Es un órgano administrativo con autonomía “en el ejercicio
de las atribuciones previstas en la ley y demás normas del orde-
namiento jurídico”
2.3. Confusiones frecuentes sobre los objetivos y características de
los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
a) Los Consejos de Protección no son programas de protección
y atención a los niños, niñas y adolescentes
b) Los Consejos de Protección no son órganos de policía ni
educadores de calle
c) Los Consejos de Protección no pueden ordenar a la policía la
detención de personas, ni amenazar con detenerlas
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3 Funciones y Atribuciones del Consejo de Protec-
ción de Niños, Niñasy Adolescentes
3.1. Las medidas de protección
a) Dictar medidas de protección
b) Instar a la conciliación entre las partes antes de aplicar la
medida de protección
c) Ejecutar las medidas de protección
d) Registro de control y referencia de las medidas de protec-
ción
e) Hacer seguimiento a las medidas de protección
3.2. Las autorizaciones para trabajar y el Registro de Adolescentes
Trabajadores yTrabajadoras
3.3. Las autorizaciones para viajar
3.4. La solicitudes y pedimentos a otros órganos e instituciones
públicas
a) Denunciar ante el Ministerio Público cuando conozca o reciba
denuncias de situaciones que configuren infracciones de carácter
administrativo, disciplinario, penal o civil contra niños, niñas y
adolescentes
b) Solicitar la declaratoria de privación de la patria potestad
c) Solicitar la fijación de la Obligación de Manutención y del
Régimen de Convivencia Familiar
d) Solicitar ante el registro del estado civil o la autoridad de
identificación competente la extensión o expedición de partidas
de nacimiento, defunción o documentos de identidad de niños,
niñas y adolescentes, que así lo requieran
3.5. Confusiones frecuentes sobre las funciones y atribuciones de
los Consejos de Protección
a) Los Consejos de Protección no pueden dictar una medida de
protección si no existe una amenaza o violación de un derecho
o garantía del niño, niña y adolescente
b) Los Consejos de Protección no pueden dictar medidas de
colocación familiar
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Origen de los Consejos
de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes1

13Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes desarrollan cinco de los criterios que orientan la
construcción del Sistema Rector Nacional para la Protección
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, a saber, los principios
de integridad, eficacia, participación / articulación, descentrali-
zación al Poder Local y redefinición de las funciones judiciales
(desjudicialización). Estos criterios derivan del nuevo paradig-
ma de la Doctrina de la Protección Integral, contemplado en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)
y la Convención de Derechos del Niño, e implican una trans-
formación radical del modelo “tutelar de menores” que tenía
como fundamento la Doctrina de la Situación Irregular la cual
dio origen en nuestro país al Instituto Nacional del Menor y los
Tribunales de Menores. Por este motivo, para explicar el origen
de los Consejos de Protección haremos algunos comentarios
sobre tres de estos criterios rectores.
1.1. La redefinición de las funciones judiciales
(desjudicialización)
La Doctrina de la Situación Irregular consideraba que la figura
central en la “tutela de los menores” era el “Juez de Menores”,
quien debía decidir acerca de todos los problemas y conflictos
relativos a los niños, niñas y adolescentes. Así, se le otorgaba
una competencia casi universal para conocer cualquier tipo de
asunto, independientemente de si se trataba de una cuestión
estrictamente jurídica o eminentemente social. Dicha situación
generaba una serie de inconvenientes que atentaban contra la
protección integral de todos los derechos humanos de los niños,
niñas y adolescentes.
UnodelosgrandeserroresdelaDoctrinadelaSituaciónIrregular
fue equiparar el tratamiento de los conflictos jurídicos de los
niños, niñas y adolescentes con sus conflictos sociales. Resulta
claro que cada uno de estos problemas es completamente

14 Derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes
diferente, que su solución requiere de personas con saberes
distintos,además de exigir distintas formas de análisis,estrategias
y acciones para su abordaje.
Los jueces y juezas, por definición, son abogados y abogadas
formados en las escuelas de Derecho y especialistas en la inter-
pretación jurídica. Son profesionales dedicados al estudio de la
ciencia del Derecho. Ésta es precisamente su experticia. De allí
que sean las personas idóneas para resolver los conflictos de
carácter jurídico de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo,
no ocurre lo mismo con los problemas de índole social, existen
otras personas con mayor formación y experiencia para abor-
dar estas situaciones familiares, comunitarias o sociales. Por con-
siguiente, los tribunales son órganos concebidos para resolver
conflictos de naturaleza jurídica, especialmente diseñados para
ello, pero no constituyen el mejor espacio o escenario para el
abordaje y solución de los problemas de contenido social.
La Doctrina de la Protección Integral sostiene que debe darse
un tratamiento diferenciado a los problemas jurídicos y a los
sociales. Para ello, considera que deben fortalecerse las com-
petencias de los tribunales especializados con la finalidad de
conocer y decidir sobre los conflictos jurídicos que inciden, de
forma substancial o permanente, en la condición legal de los
niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, plantea la necesidad
de crear nuevos organismos que asuman la solución de los pro-
blemas de índole social, que cuenten tanto con las condiciones
y herramientas institucionales necesarias para abordar este tipo
de situaciones, como con personas que tengan conocimientos
y experiencia en esta área. Esta división de atribuciones es lo
que se denomina el criterio de la “redefinición de las funciones
judiciales” o desjudicialización de los conflictos de la infancia y la
adolescencia.
Desde esta perspectiva, en la Ley Orgánica para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) se fortalecen las
competencias delTribunal de Protección Niños, Niñas y Adoles-
centes para conocer y decidir sobre los conflictos de contenido
esencialmente jurídico o legal que afectan a los niños, niñas y

adolescentes,mientras se atribuyen al Consejo de Protección las
funciones para abordar la solución de los problemas de índole
eminentemente social, dotando a este nuevo órgano de los fun-
cionarios públicos y funcionarias públicas, estructura y criterios
de funcionamiento especialmente dirigidos a entender este tipo
de asuntos.
1.2. El criterio de descentralización al Poder Local
La Doctrina de la Protección Integral privilegia el abordaje de
los problemas de la infancia y adolescencia desde los espacios
locales. Considera que es desde el Poder Local donde se hace
posible encontrar mejores y verdaderas soluciones a estos pro-
blemas. Esta premisa resulta particularmente cierta en lo que
se refiere a la solución de los conflictos de índole social, pues
se tiene una mejor comprensión de los factores que generan
el problema y una visión más clara de cuáles podrían ser las
alternativas más ajustadas a la realidad, las costumbres e idiosin-
crasia de las familias y comunidades de la zona. Es precisamente
en el ámbito local-comunitario donde puede hacerse una rea-
lidad tangible el principio de corresponsabilidad de las familias,
la sociedad y el Estado en la garantía de los derechos de los ni-
ños, niñas y adolescentes. Es allí donde estos actores tienen más
oportunidades para articular sus esfuerzos y concretar vínculos
para protegerlos integralmente.Adicionalmente, debe recordar-
se que en la medida en que se acerque la instancia en donde de-
ben resolverse los conflictos al lugar donde habitan las personas,
se aumentan las posibilidades para que éstas puedan acceder
efectivamente a la justicia y lograr resolver sus problemas.
Fundada en esta premisa, la LOPNNA optó por el criterio de
descentralización al Poder Local en desarrollo del artículo 184
de la CRBV, entendida ésta como “la transferencia de poder,
autoridad y recursos del poder central a los estados y municipios
o,mejor aún,de los primeros a los últimos”(TítuloVIII El Sistema
de Protección en la Exposición de Motivos de la LOPNA 2000).
El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es
clara expresión de este principio, pues implica otorgar a los

municipios la potestad para que sus propios órganos diluciden
los conflictos que afectan los derechos humanos de sus niños,
niñas y adolescentes. La finalidad que se persigue es que los
problemas sean solucionados a nivel local, allí donde ocurren
y cerca del lugar donde habita el niño, niña o adolescente y su
familia.
1.3. El criterio de participación / articulación
La Doctrina de la Protección Integral sostiene que la garantía
de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia es
una obligación concurrente entre las familias, la sociedad y el
Estado, tal y como se encuentra previsto en el artículo 78 de la
CRBV, a diferencia de la antigua Doctrina de la Situación Irregu-
lar que concentraba exclusivamente en el Estado esta enorme
responsabilidad.Para hacer realidad esta premisa,la organización
y el funcionamiento del Sistema de Protección se guía por el
principio de participación y articulación. Desde esta perspectiva,
define las funciones de cada uno de los actores,tanto en la toma
de decisiones como en las acciones destinadas a ejecutarlas en
el control de las mismas; diseña una estructura administrativa
y judicial coherente, articulada, integrada por entidades guber-
namentales, planificadoras, coordinadoras, deliberativas, contra-
loras y ejecutoras, para crear una red de atención, defensa y
garantías de los derechos del niño y del adolescente.
ElConsejodeProtecciónsecorrespondeconestecriterio,puesto
que un elemento clave en su organización y funcionamiento es la
incorporación de la participación de la sociedad,bien sea a través
de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas en el proceso de
selección de sus integrantes, o en el proceso para su destitución
por intermedio de sus voceros y voceras ante la Junta Directiva
de los Consejeros Municipales de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.Así, la participación social constituye una garantía
de su buen funcionamiento. Por otra parte, este nuevo órgano
administrativo cumple un papel fundamental dentro del Sistema
Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y

Concepto del Consejo
de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes2

Adolescentes y se encuentra íntimamente interrelacionado y
perfectamente engranado a los demás integrantes del mismo.

La definición, los objetivos y características del Consejo de
Protección de Niños,Niñas y Adolescentes se encuentran
establecidos fundamentalmente en los artículos 158 y 159 de la
LOPNNA, a saber:
Definición y objetivos.
Artículo 158. Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes son los órganos administrativos que, en cada municipio y
por mandato de la sociedad, se encargan de asegurar la protección
en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías de uno
o varios niños, niñas o adolescentes, individualmente considerados.
Estos Consejos son permanentes y tendrán autonomía en el ejercicio
de las atribuciones previstas en la ley y demás normas del ordena-
miento jurídico.
Carácter de sus integrantes.Autonomía de decisión.
Artículo 159. Las personas que integran los Consejos de Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes tienen el carácter de funcionarios
públicos y funcionarias públicas de carrera de las respectivas
alcaldías, y se rigen por lo establecido en esta Ley y, en todo lo no
previsto en ella, por la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, forman
parte de la estructura administrativa y presupuestaria de las
respectivas alcaldías, pero adoptando con plena autonomía las
decisiones relativas al ejercicio de sus atribuciones, con fundamento
en su conciencia, la justicia y la ley.

2.1. Objetivos del Consejo de Protección de Niños,
Según se desprende textualmente del artículo 158 de la
LOPNNA, el Consejo de Protección tiene como objetivo o
misión garantizar protección integral “en caso de amenaza o
violación de los derechos y garantías de uno o varios niños,niñas
o adolescentes,individualmente considerados”;esto significa que
sólo puede actuar y tomar decisiones cuando existe un caso
en el cual es posible determinar con exactitud el número de
niños, niñas y adolescentes; cuyos derechos o garantías han sido
afectados. El caso puede referirse a uno o a un grupo de varios
niños,niñasyadolescentes;lorelevanteesqueseafactibleprecisar
o establecer quiénes son los niños, niñas y adolescentes que van
a ser protegidos por la decisión del Consejo de Protección, y
que éstos sean parte del procedimiento administrativo que está
tramitando. En otras palabras, que se pueda “individualizar” cada
niño, niña y adolescente cuyos derechos y garantías van a ser
amparados a través de las medidas de protección.
Las atribuciones y el objetivo del Consejo de Protección se
limitan a conocer los casos en los cuales existe amenaza o
violación de un derecho o garantía del niño, niña o adolescente,
consagrados y reconocidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, la LOPNNA o cualquier otra ley o
norma jurídica. En consecuencia, si no existe una afectación o
vulneración de los derechos humanos o garantías, el Consejo de
Protección no tiene competencia ni está legitimado para actuar.
Es importante resaltar que el Consejo de Protección debe
actuar frente a dos circunstancias distintas:
a)Ante la violación de los derechos y garantías,es decir,cuando
existan hechos que privan e impiden que los niños, niñas y
adolescentes puedan disfrutarlos y ejercerlos plenamente.

b) Ante la amenaza de los derechos humanos y garantías, esto
es, cuando existen hechos de los cuales se desprende que,
de forma inminente los niños, niñas y adolescentes pueden
ser privados de su pleno disfrute y ejercicio.
Para que el Consejo de Protección actúe y adopte una decisión
no es imprescindible que se haya concretado una vulneración al
derecho humano y/o garantía del niño, niña y adolescente. Basta
con que exista una amenaza fundada para que este órgano
administrativo se vea obligado a conocer el caso y tomar una
decisión, precisamente para actuar de forma preventiva y evitar
que se concrete dicha violación.
2.2. Características del Consejo
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
A tenor de lo previsto en los artículos 158 y 159 de la LOPNNA,
el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tiene
las siguientes características:
a) Es un órgano administrativo permanente adscrito a la
Alcaldía
El Consejo de Protección es un órgano administrativo que
forma parte de la estructura administrativa y presupuestaria
de la Alcaldía. Como pertenece al Poder Ejecutivo Municipal y
se encuentra ubicado dentro de la organización interna de la
Alcaldía, no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio, y
actúa en nombre y bajo la personalidad jurídica de la Alcaldía.
Como se trata de un órgano administrativo del Poder Público
es necesario que sea creado mediante una ordenanza del
Concejo Municipal (Cámara Municipal), tal y como se encuentra
establecido. Adicionalmente, es imperativo que se determine,
con precisión, la ubicación del Consejo de Protección dentro
del organigrama interno o estructura orgánica de la Alcaldía, y
que ésta asuma dentro de su presupuesto los gastos necesarios
para su adecuado funcionamiento (incluidos personal, local,

herramientas de trabajo e insumos, entre otros), tal y como se
desprende del artículo 165 de la LOPNNA.
Desde esta perspectiva, el Consejo de Protección es un órgano
administrativo que sólo puede existir a nivel municipal, puesto
que por mandato legal está incorporado dentro de la estructura
orgánica de la Alcaldía. En consecuencia, desde el punto de vista
jurídico no es procedente crear Consejos de Protección nacio-
nales o estadales. En todo caso, es importante recordar que el
artículo 161 de la LOPNNA establece “la posibilidad de consti-
tuirlos en el ámbito comunal en los casos que sea necesario”, en
desarrollo del criterio de descentralización hacia el Poder Local
explicado anteriormente.
b) Es una autoridad del Poder Público
El Consejo de Protección es un órgano administrativo del Sistema
de Protección, que forma parte del Poder Público Municipal
y que, en consecuencia, ejerce autoridad. Las decisiones del
Consejo de Protección en materia de medidas de protección
son adoptadas administrando justicia, esto quiere decir que se
toman en ejercicio de la función jurisdiccional. Recordemos que
los asuntos que conoce el Consejo de Protección antes de la
vigencia de la LOPNNA eran competencia de losTribunales de
Menores, y que actualmente en el Sistema Rector Nacional de
Protección Integral de Niños,Niñas yAdolescentes,en aplicación
del criterio de la redefinición de las funciones judiciales, han sido
desjudicializados con el objeto de ser abordados y decididos
por este nuevo órgano administrativo.
La función central del Consejo de Protección es la aplicación
de las medidas de protección, por este motivo es un órgano
eminentemente deliberativo, lo que significa que su función
principal es tomar decisiones de imperativo cumplimiento dentro
del ámbito de sus atribuciones establecidas en el artículo 160
de la LOPNNA. Estas decisiones son obligatorias para todas las
personas, así como para las instituciones públicas y privadas; se
pueden ejecutar de manera forzosa (incluso empleando la fuerza
pública de ser necesario) y su incumplimiento está penado con
prisión de seis (6) meses a dos (2) años, de conformidad con

el artículo 270 de la LOPNNA. Estas medidas de protección
pueden recaer sobre cualquiera que amenace o viole los
derechos humanos y garantías de los niños, niñas y adolescentes,
esto es, que pueden estar dirigidas al Estado, a la sociedad, a las
familias, e incluso, a los propios niños, niñas y adolescentes.
c) Es un órgano administrativo que ejerce el Poder Público
por mandato de la sociedad
El Consejo de Protección forma parte de la estructura adminis-
trativa y financiera de la Alcaldía, por eso actúa bajo su perso-
nalidad jurídica y depende de su presupuesto, pero su autoridad
deriva del mandato de la sociedad. En otras palabras, ejerce el
Poder Público en representación de la comunidad local donde se
encuentra. Este mandato es consecuencia de las características
del procedimiento de selección de los Consejeros y Consejeras
de Protección, establecido en el artículo 163 de la LOPNNA,
en el cual se prevé la participación directa de la sociedad en su
escogencia.
En efecto, el procedimiento de selección se inicia a instancias
de la sociedad, que en asamblea de ciudadanos y ciudadanas
debe avalar a las personas que deseen participar en el concurso
público de oposición ante el Consejo Municipal de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes. Dicha asamblea tiene la autonomía
para decidir libremente los requisitos y procedimientos para
elegir a los candidatos y candidatas a integrar el Consejo de
Protección. Sólo el pueblo puede hacer estas postulaciones,
por lo que no son admisibles las personas que no hayan sido
avaladas por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Incluso,
si en el procedimiento de selección se obvia la participación
de la sociedad, la escogencia estaría viciada de nulidad debido
a que estaría contraviniendo el artículo 62 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 163 de la
LOPNNA.
Adicionalmente, la sociedad también participa en el procedi-
miento de selección de los Consejeros y Consejeras de Protec-
ción a través de sus voceros y voceras ante el Consejo Muni-

cipal de Derechos. Recordemos que estos representantes son
elegidos por los consejos comunales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 148 de la LOPNNA.
Como puede observarse, la comunidad local tiene una parti-
cipación protagónica en la selección y escogencia de los Con-
sejeros y Consejeras de Protección, por este motivo es que
el artículo 158 de la LOPNNA sostiene que los Consejos de
Protección actúan “por mandato de la sociedad”, esto es, que
ejercen su autoridad por delegación soberana de las personas
que habitan en el municipio donde se encuentran.
d) Es un órgano administrativo con autonomía “en el ejercicio
de las atribuciones previstas en la ley y demás normas del
ordenamiento jurídico”
El artículo 158 de la LOPNNA establece que el Consejo de
Protección es un órgano con “autonomía en el ejercicio de las
atribuciones previstas en la ley y demás normas del ordena-
miento jurídico”. Esta autonomía tiene como finalidad asegurar
que los Consejeros y Consejeras de Protección puedan ejercer
sus atribuciones apropiadamente, especialmente para asegurar-
les la libertad que requieren para tomar sus decisiones con im-
parcialidad e independencia,sin injerencias externas ni presiones
indebidas. Recordemos que el Consejo de Protección es una
autoridad deliberativa, que administra justicia y ejerce la función
jurisdiccional, por lo tanto, es muy posible que las personas o las
instituciones públicas o privadas, sobre quienes puedan recaer
sus decisiones, traten de influenciar a los Consejeros y Conseje-
ras de Protección,en ocasiones mediante amenazas,intimidacio-
nes,represalias o retaliaciones.Frente a estas situaciones,la única
forma de garantizar la idoneidad de las medidas de protección es
que sus integrantes gocen de suficiente autonomía para aplicar
las decisiones fundamentadas exclusivamente “con fundamento
en su conciencia, la justicia y la ley”. Éste es el único objetivo
perseguido al otorgar a este órgano administrativo dicha au-
tonomía. Por lo tanto, no debe interpretarse como una excusa
para justificar que los Consejeros de Protección pueden hacer
lo que quieren en cualquier asunto que les venga en gana.

Ahora bien,en qué consiste esa“autonomía en el ejercicio de las
atribuciones”, contemplada en el artículo 158 de la LOPNNA.
Precisamente, se limita a la facultad e independencia de la que
gozan los Consejeros y Consejeras de Protección para adoptar
decisiones en las áreas de su competencia, es decir, aquellas
previstas taxativamente en el artículo 160 de la ley. Por este
motivo el artículo 159 prevé a texto expreso que:
Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, forman
parte de la estructura administrativa y presupuestaria de las
respectivas alcaldías, pero adoptando con plena autonomía las
decisiones relativas al ejercicio de sus atribuciones, con fundamento
en su conciencia, la justicia y la ley.
Nótese que la norma indica textualmente que se trata de un
órgano administrativo adscrito a la Alcaldía, que forma parte
de su estructura orgánica, y que la única verdadera autonomía
o independencia que concede a los Consejeros y Consejeras
de Protección es en la toma de sus decisiones en el ámbito de
su competencia. Lo que implica una excepción al deber genéri-
co que tienen los funcionarios públicos y funcionarias públicas
de subordinación en sus funciones a sus superiores jerárquicos,
previsto en el artículo 33 de la Ley sobre Estatuto de la Fun-
ción Pública. Esta autonomía se consolida con el artículo 305 de
la LOPNNA, el cual prevé que contra las decisiones del Con-
sejo de Protección sólo procede el recurso administrativo de
reconsideración y que éste agota la vía administrativa, siendo
improcedente el recurso jerárquico ante el alcalde o alcaldesa.
Autonomía que también se pretende asegurar en la ley a través
del proceso especial de selección de los Consejeros de Protec-
ción (artículo 163 de la LOPNNA), reconociendo que ejercen
la función pública y que por tanto gozan de estabilidad absoluta
en el ejercicio de sus cargos (artículo 159 de la LOPNNA) y,
finalmente, a través de la regulación de las causas y un procedi-
miento especial para la pérdida de su condición.

Finalmente,conviene insistir en que la autonomía de los Consejos
de no debe confundirse con la autonomía funcional de la que
gozan otros entes del Poder Público como la Fiscalía General
de la República, la Contraloría General de la República o la
Defensoría del Pueblo,pues a diferencia de éstos los Consejos de
Protección están incluidos expresamente dentro de la estructura
orgánica y financiera del Poder Ejecutivo Municipal (alcaldía),
actúan bajo su personalidad jurídica y están incorporados en
su presupuesto; y no pueden autodeterminar sus condiciones
de funcionamiento, pues las mismas deben estar previstas en
las ordenanzas correspondientes (artículos 158, 159 y 166 de
la LOPNNA).
2.3. Confusiones frecuentes sobre los objetivos
y características de los Consejos de Protección de Niños,
a)LosConsejosdeProtecciónnosonprogramasdeprotección
y atención a los niños, niñas y adolescentes
Los programas de protección han sido definidos en el artículo
123 de la LOPNNA como “el plan desarrollado por personas
naturales, jurídicas o entidades de atención, con el objeto de
proteger, atender, capacitar, fortalecer los vínculos familiares,
lograr la inserción social, entre otros, dirigidos a garantizar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Así mismo, en su
artículo 124 establece que tienen por objeto desarrollar políticas
y permitir la ejecución de las medidas de protección, y se indica
una lista enunciativa de los tipos de programas. Desde esta
perspectiva, los programas de protección son las acciones de
atención directa a los niños, niñas y adolescentes y sus familias.
Sus actividades abordan los problemas individuales, familiares o
comunitarios de estas personas,a través de una variada gama de
actividades que pueden ir desde las típicamente asistenciales, en
casos de pobreza o catástrofes naturales,las de acompañamiento
y formación en valores, la atención psicológica y médica, hasta la
colocación familiar.

Por el contrario, los Consejos de Protección son órganos ad-
ministrativos que ejercen el Poder Público de naturaleza inmi-
nentemente deliberativa, es decir, son autoridades cuya función
central es la toma de decisiones de obligatorio cumplimiento.
Los Consejos de Protección no realizan actividades de atención
directa de los niños, niñas y adolescentes su verdadera misión
es aplicar las medidas de protección y asegurar su ejecución,
lo que significa que deciden qué hacer “en caso de amenaza o
violación de los derechos y garantías de uno o varios niños o
adolescentes, individualmente considerados” (artículo 158 de la
LOPNNA). Para resolver estos conflictos,pueden decidir aplicar
una medida de protección que implique incluir a una persona
en un programa de protección y atención, que por definición
es el lugar en el cual se ejecutan las medidas de protección. Es
allí donde ese niño, niña, adolescente o persona va a recibir la
atención y los servicios dirigidos a resolver su situación personal,
familiar o social.
Es importante volver a subrayar que los Consejos de Protección
no tienen naturaleza asistencial, por ese motivo no son órganos
que se responsabilizan directamente de la atención de los niños,
niñas y adolescentes a los fines de encargarse de su cuidado,
orientación, apoyo psicológico, atención médica o educación.
Este tipo de actividades sólo pueden ser desarrolladas a través
de los programas de protección previstos en los artículos 123
y siguientes de la LOPNNA. Los Consejos de Protección son
autoridades que, en ejercicio de la función jurisdiccional, admi-
nistran justicia y dictan medidas de protección que ordenan qué
y cómo hacer en un caso concreto de amenaza o violación de
los derechos y garantías de uno o varios niños, niñas o adoles-
centes.
b) Los Consejos de Protección no son órganos de policía ni
educadores de calle
Como se ha señalado, los Consejos de Protección administran
justicia en ejercicio de la función jurisdiccional en sede admin-
istrativa, por lo que tienen una naturaleza eminentemente de-
liberativa. Su función central es aplicar medidas de protección.

Entonces, su trabajo consiste fundamentalmente en substanciar
procedimientos y tomar decisiones al respecto, indicando qué
hacer frente a un caso concreto cuando se ha comprobado la
afectación de los derechos humanos y garantías de niños, niñas y
adolescentes. De allí que sus funciones se realicen generalmente
dentro de sus respectivos locales de trabajo, donde conocen y
deciden los procedimientos administrativos que son sometidos
a su consideración. En consecuencia, los Consejeros y Conseje-
ras de Protección sólo deben salir de su local de forma excep-
cional, bien cuando deben constatar un hecho con fines estric-
tamente probatorios o cuando deben ejecutar sus medidas de
protección.
Desde esta perspectiva, los Consejos de Protección no están
llamados a realizar labores de órganos de policía, y mucho,
menos de educadores y educadoras de calle, o trabajadores
y trabajadoras sociales. No son los encargados de vigilar en
las avenidas de pueblos y ciudades si las personas respetan o
no los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.
No les corresponde acompañar a las fuerzas del orden público
en allanamientos, en la ejecución de sentencias judiciales o a
presenciar desalojos.Mucho menos deben dedicarse a supervisar
si en los locales nocturnos y bares han entrado adolescentes, o
si alguno de ellos está intoxicado por alcohol o drogas.Tampoco
tienen que ir de esquina en esquina buscando a los niños y niñas
que deambulen de noche, que se dedican a la mendicidad o
que están siendo explotados sexualmente. Para encargarse de
estas actividades existen otros órganos y entes del Estado y de
la sociedad.
La verdadera responsabilidad del Consejo de Protección es estar
preparado en su local a recibir los casos de amenaza o violación
de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes,
individualmente considerados, que le sean presentados con el
objeto de substanciar un procedimiento y aplicar las medidas
de protección a que hubiere lugar. En otras palabras, su función
central es decidir qué hacer para garantizar los derechos de los
niños, niñas y adolescentes. Para ello, las personas que tienen
conocimiento directo de los casos, como los educadores y edu-

cadoras de la calle, quienes trabajan en Defensorías de Niños,
Niñas y Adolescentes o en los programas de protección y los
funcionarios y funcionarias de la policía, son los responsables de
presentar y denunciar la situación ante el Consejo de Protección
a los fines de que apliquen las medidas de protección corres-
pondientes.
c) Los Consejos de Protección no pueden ordenar a la policía
la detención de personas, ni amenazar con detenerlas
Los Consejos de Protección no tienen competencia para ordenar
a los órganos de policía la detención o arresto de personas en
ninguna circunstancia. El artículo 160 de la LOPNNA establece,
de forma expresa y taxativa, las atribuciones de este órgano del
Poder Público y, como se desprende de su texto, no les atribuye
la potestad para decidir en materia de privación de la libertad.En
caso de dictar una decisión de esta naturaleza, estaría actuando
fuera de sus competencias en violación del artículo 137 de la
CRBV, en concordancia con el artículo 160 de la LOPNNA.
Adicionalmente,estadecisiónimplicaríaunavulneraciónarbitraria
e inconstitucional del derecho humano a la libertad personal,
reconocido en el artículo 44 de la CRBV, el cual establece:
Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuen-
cia:
1.Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de
una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti…
Por este motivo, una decisión de esta naturaleza sería
absolutamente nula, acarrearía responsabilidad penal, civil y
administrativa de los funcionarios públicos y funcionarias públicas
que la dictasen, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la
Carta Magna.

Adicionalmente, debe recordarse que los Consejeros y
Consejeras de Protección sí tienen potestad para requerir a
los servicios de policía la ejecución forzosa de sus medidas de
protección, esto es, pueden solicitar que se emplee la fuerza
pública para cumplir lo ordenado. Piénsese, por ejemplo, en la
medida de separación de la persona que maltrata a un niño de
su entorno, que incluso implica sacarla por la fuerza hasta de
su propio hogar. Asimismo, en la medida de abrigo que muchas
veces implica rescatar a un niño, niña o adolescente a través de
la separación temporal de su familia, lo que ocurre usualmente
en contra de la voluntad del padre, madre o familiar. Igualmente,
en la medida de inclusión de un adolescente en un programa
de rehabilitación por consumo de drogas en régimen de
internamiento, a causa de la cual es muy factible que haya que
llevar al adolescente por la fuerza al centro de salud. En ambos
casos existe la intervención de los órganos de la policía, incluso
en uno de ellos es posible que sea necesario someter por la
fuerza al adolescente, pero ninguno constituye una detención
o arresto.
Finalmente, es necesario recordar que la persona que se niega
a cumplir una medida de protección incurre en el delito de
desacato de la autoridad, previsto y sancionado en el artículo
270 de la LOPNNA. Por lo tanto, si un órgano de policía es
llamado a ejecutar una medida de protección y encuentra que
una persona se resiste a cumplirla voluntariamente, estaría
en presencia de la comisión en flagrancia de dicho delito,
debiendo proceder a su detención inmediata a los fines penales
correspondientes. Nótese que en este caso no es el Consejo
de Protección quien ordena la detención o arresto, sino que se
trata simplemente de un caso en el cual los órganos policiales
sorprenden a una persona cometiendo un delito in fraganti.

Funciones y Atribuciones
del Consejo de Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes 3

Las atribuciones del Consejo de Protección de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes se encuentran establecidas de forma
expresa en el artículo 160 de la LOPNNA, el cual prevé:
Atribuciones.
Artículo 160.
Son atribuciones de los Consejos de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes:
a) Instar a la conciliación entre las partes involucradas en un
procedimiento administrativo,siempre que se trate de situaciones
de carácter disponible y de materias de su competencia, en
caso de que la conciliación no sea posible, aplicar la medida de
protección correspondiente.
b) Dictar las medidas de protección, excepto las de adopción y
colocación familiar o en entidad de atención, que son exclusivas
del tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes.
c) Ejecutar sus medidas de protección y decisiones administrativas,
pudiendo para ello requerir servicios públicos o el uso de la
fuerza pública, o la inclusión del niño, niña o adolescente y su
familia en uno o varios programas.
d) Llevar un registro de control y referencia de los niños, niñas
y adolescentes o su familia a quienes se les haya aplicado
medidas de protección.
e) Hacer seguimiento del cumplimiento de las medidas de
protección y decisiones.

f) Interponer las acciones dirigidas a establecer las sanciones por
desacato de sus medidas de protección y decisiones, ante el
órgano judicial competente.
g) Denunciar ante el Ministerio Público cuando conozca o reciba
denuncias de situaciones que configuren infracciones de
carácter administrativo, disciplinario, penal o civil contra niños,
niñas y adolescentes.
h) Expedir las autorizaciones para viajar de niños, niñas y ado-
lescentes dentro y fuera del territorio nacional, cuando dicho
traslado se realice sin compañía de su padre y madre,represen-
tantes o responsables, excepto cuando haya desacuerdo entre
estos últimos, en cuyo caso decidirá el juez o jueza.
i) Autorizar a los y las adolescentes para trabajar y llevar el registro
de adolescentes trabajadores y trabajadoras, enviando esta
información al ministerio del poder popular con competencia
en materia de trabajo.
j) Solicitar ante el registro del estado civil o la autoridad de iden-
tificación competente, la extensión o expedición de partidas
de nacimiento, defunción o documentos de identidad de niños,
niñas y adolescentes, que así lo requieran.
k) Solicitar la declaratoria de privación de la Patria Potestad.
l) Solicitar la fijación de la Obligación de Manutención y del
Régimen de Convivencia Familiar.
Es importante subrayar que este listado de atribuciones tiene
carácter taxativo.Es una lista cerrada de funciones,lo que significa
que el Consejo de Protección sólo tiene las competencias
previstas expresamente en el artículo 160 de la LOPNNA y
no puede asumir ninguna otra, salvo que otra ley le confiera

alguna atribución adicional. Esto es consecuencia del principio
de legalidad establecido en el artículo 137 de la Constitución de
la República Bolivariana deVenezuela, el cual prevé:
Artículo 137. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los
órganos que ejercen el Poder Público,a las cuales deben sujetarse las
actividades que realicen.
Como el Consejo de Protección es un órgano administrativo
que ejerce el Poder Público, adscrito a la Alcaldía (Poder
Ejecutivo Municipal), sus funciones o competencias sólo pueden
ser definidas por la ley. De allí que sus únicas atribuciones son
exclusivamente las previstas en el artículo 160 de la LOPNNA.
El Consejo de Protección no puede actuar fuera de estas
competencias, ya que estaría violando la Constitución y las leyes,
y sus actos y decisiones estarían viciados de nulidad absoluta,
de conformidad con lo establecido en los artículos 136 y 137
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
en concordancia con el artículo 19 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.
Ahora bien, las atribuciones del Consejo de Protección estable-
cidas en el artículo 160 de la LOPNNA se pueden agrupar, a
fines estrictamente educativos, en cuatro (4) grandes funciones:
a) Las medidas de protección: literales a), b), c), d), e), f).
b) Las autorizaciones para trabajar y el registro de adolescentes
trabajadores: literal i).
c) Las autorizaciones para viajar: literal h); y
d) Las solicitudes y pedimentos a otros órganos e instituciones
públicas: literales g), j), k), l).

3.1. Las medidas de protección
La función central del Consejo de Protección, como órgano
deliberativo que ejerce la función jurisdiccional en sede
administrativa, es asegurar la protección integral en caso de
amenaza o violación de los derechos y garantías de los niños,
niñas y adolescentes, individualmente considerados, a través de
las medidas de protección.
Las medidas de protección se encuentran definidas en el artículo
125 de la LOPNNA, el cual establece que:
Definición.
Artículo 125. Las medidas de protección son aquellas que impone
la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o
varios niños, niñas o adolescentes individualmente considerados, la
amenaza o violación de sus derechos o garantías, con el objeto de
preservarlos o restituirlos.
La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir
de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares,
el padre, la madre, representantes, responsables o de la propia
conducta del niño, niña o del adolescente.
Es importante subrayar que, tal y como se prevé en esta norma,
las medidas de protección sólo proceden cuando existe una
amenaza o violación a un derecho o garantía de uno o varios
niños, niñas y adolescentes, individualmente considerados. Por lo
tanto,fuera de estos casos,cuando no existe una lesión potencial
o efectiva a un derecho o garantía, el Consejo de Protección no
es competente para conocer la situación ni para aplicar una
medida de protección.
Ahora bien,en materia de medidas de protección,el artículo160
de la LOPNNA confiere al Consejo de Protección las siguientes
atribuciones:

a) Dictar medidas de protección
El literal b) del artículo 160 de la LOPNNA prevé que el Con-
sejo de Protección tiene competencia para decidir, con plena
autonomía, qué medidas aplicar y cómo hacerlo, ante un caso
concreto de amenaza y/o violación de los derechos y garantías
de los niños, niñas y adolescentes, individualmente considerados.
Ahora bien, en aplicación del criterio de redefinición de las fun-
ciones judiciales, la LOPNNA establece que por regla general,
esta autoridad administrativa es, en principio, el órgano com-
petente para dictar las medidas de protección, tal y como se
desprende del artículo 129 de la LOPNNA:
Órgano competente.
Artículo 129. Las medidas de protección son impuestas en sede
administrativa por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, salvo las señaladas en los literales i) y j) del artículo
126 de esta Ley, que son impuestas por el juez o jueza.
Como se observa en la norma transcrita, la LOPNNA establece
como regla general que las medidas de protección son aplicadas
en el Consejo de Protección, reservando como una excepción
para elTribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes la
decisión sobre dos medidas de protección: la colocación familiar
y la adopción. En este sentido, el artículo 129 de la LOPNNA
reafirma nuevamente que corresponde al órgano judicial co-
nocer y decidir los casos de colocación familiar. El Consejo de
Protección sólo puede dictar las medidas de protección a través
del procedimiento administrativo previsto en el artículo 294 y
siguientes de la LOPNNA.
Es importante subrayar que el Consejo de Protección no tiene
competencia para dictar medidas de protección sobre asuntos
que son de competencia ordinaria del Tribunal de Protección,
y sobre los cuales no corresponde aplicar una medida de
protección sino que procede dictar una sentencia, tales como:

• Los procedimientos para investigar y establecer la paternidad
o maternidad.
• La fijación y el cumplimiento de la obligación de manuten-
ción.
• La fijación y el cumplimiento del régimen de convivencia
familiar.
• La concesión de custodia.
• Los conflictos entre las personas que ejercen la responsabi-
lidad de crianza con ocasión de las decisiones que tomen en
su ejercicio.
• Solicitudes, peticiones y demandas patrimoniales (de dine-
ro) donde el niño, niña o adolescente es demandante o de-
mandado.
• Administración de los bienes de los hijos e hijas.
• Matrimonios, nulidad de matrimonios, divorcios, separación
de cuerpos o permisos para el abandono del hogar de los
cónyuges, cuando existen hijos e hijas niños, niñas y adoles-
centes.
• Autorizaciones requeridas para el matrimonio, cuando uno
o ambos cónyuges son adolescentes.
Finalmente, existen dos regulaciones especiales en la LOPNNA
referidas a la aplicación de las medidas de protección que
merecen ser comentadas. En primer lugar, el artículo 97 de la
LOPNNA, el cual establece que:

Protección especial.
Artículo 97. Los niños y niñas que realicen alguna actividad laboral,
serán amparados mediante medidas de protección. En ningún caso
estas medidas pueden implicar perjuicios adicionales de los derivados
del trabajo y deben garantizar al niño o niña su sustento diario.
En aplicación de esta disposición,en concordancia con el artículo
129 de la LOPNNA, el Consejo de Protección es el órgano
competente para aplicar las medidas de protección en los casos
de los niños y niñas que trabajan. Recordemos, en este sentido,
que el artículo 96 de la LOPNNA establece como edad mínima
para trabajar los catorce (14) años, permitiendo el trabajo
excepcional de los adolescentes de doce (12) y trece (13) años
de edad, así como de niños y niñas para realizar actividades
artísticas, previa autorización otorgada por el Consejo de
Protección. En los casos de contravención de la edad mínima
para trabajar,corresponde a este órgano administrativo conocer
y decidir lo conducente para amparar los derechos y garantías
de los niños y niñas que trabajan, mientras corresponde a los
órganos judiciales imponer las sanciones a que hubiere lugar.
En segundo lugar, el artículo 532 de la LOPNNA establece una
regulación especial en materia de niños y niñas en conflicto con
la ley penal:

Niños y niñas.
Artículo 532.
Cuando un niño o niña se encuentre incurso en un hecho
punible sólo se le aplicarán medidas de protección, de acuerdo a
lo previsto en esta Ley.
Parágrafo Primero. Si un niño o niña es sorprendido en flagrancia
por una autoridad policial, ésta dará aviso al o la Fiscal del Ministerio
Público quien lo pondrá, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a
la orden del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Si es un particular quien lo sorprende, debe ponerlo o ponerla de
inmediato a disposición de la autoridad policial para que ésta
proceda en la misma forma.
Parágrafo Segundo. Cuando del resultado de una investigación o
juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño o niña
en un hecho punible, se remitirá copia de lo conducente al Consejo
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Como se observa, se prevé que el Consejo de Protección es
el órgano competente para conocer y aplicar las medidas de
protección cuando un niño o niña ha participado en la comisión
de un hecho punible. Esto parecería una contradicción con
el objetivo o finalidad de las medidas de protección, que es
proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes cuyos
derechos y garantías han sido vulnerados. Es decir, amparar
a quienes son víctimas de una lesión. Podría pensarse que la
norma atribuye al Consejo de Protección la competencia para
conocer y decidir casos en los cuales no se está ante una víctima,
sino ante un victimario, un responsable de un delito o una falta
que ha vulnerado los derechos de otras personas.
Sin embargo, lo que ocurre es que para la LOPNNA los niños
y niñas no han alcanzado un grado de madurez o desarrollo
evolutivo que permita considerarlos responsables de sus actos

en materia penal, esto es, reprochárseles el daño que causan
e imponer una sanción de forma diferenciada con el régimen
de las personas mayores de edad, tal y como ocurre con
los y las adolescentes. Por el contrario, los niños y niñas son
considerados inimputables e irresponsables en materia penal.
Desde esta perspectiva, el artículo 532 de la LOPNNA lo
que está planteando es que los niños y niñas que participan
en la comisión de un hecho punible, más que victimarios son
en realidad víctimas. Víctimas de las personas que los han
incorporado a actividades ilícitas y usados para delinquir. De allí
que este artículo considere que más que responsables de no
cumplir sus deberes, en realidad lo que existe es una violación
de sus derechos y garantías.
b) Instar a la conciliación entre las partes antes de aplicar la
medida de protección
En el literal a) del artículo 160 de la LOPNNA se establece que
los Consejos de Protección deben:
Instar a la conciliación entre las partes involucradas en un
procedimiento administrativo, siempre que se trate de situaciones
de carácter disponible y de materias de su competencia; en caso de
que la conciliación no sea posible, aplicar la medida de protección
correspondiente.
Como se desprende textualmente de esta norma, antes de
dictar la medida de protección, el Consejo de Protección tiene
la obligación de promover la conciliación entre las partes. Si
después de los esfuerzos realizados durante el procedimiento
administrativo resulta imposible que los interesados e interesadas
lleguen a un acuerdo voluntario, que asegure el pleno disfrute
y ejercicio de los derechos y garantías de los niños, niñas y
adolescentes, el Consejo de Protección debe aplicar la medida
de protección a que hubiere lugar.

Es importante resaltar que esta conciliación debe realizarse en
el marco del procedimiento administrativo para dictar medidas
de protección, previsto en los artículos 294 y siguientes de la
LOPNNA,y constituye un mecanismo alternativo de solución de
conflictos a tenor del artículo 258 de la CRBV, que intenta que
las mismas partes logren un acuerdo sobre la forma de resolver
el problema planteado, antes de que la autoridad administrativa
dicte su decisión sobre el caso. En consecuencia, la conciliación
prevista en el literal a) del artículo 160 de la LOPNNA se
circunscribe única y exclusivamente a los casos, materias y
asuntos que el Consejo de Protección puede conocer mediante
el procedimiento administrativo correspondiente, y sobre los
cuales tiene competencia para aplicar medidas de protección.
Por lo tanto, este órgano administrativo no tiene atribuciones
para conciliar materias sobre las cuales no tiene facultades y
que no son medidas de protección, tales como la fijación y
el cumplimiento del régimen de convivencia familiar o de
la obligación de manutención. La competencia para decidir
estos asuntos corresponde al Tribunal de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, de conformidad con el artículo 177 de
la LOPNNA. Mientras su conciliación corresponde, por regla
general, a las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, según
lo establecido en el literal f) del artículo 202 de la LOPNNA y
en aplicación del procedimiento administrativo contemplado en
los artículos 308 y siguientes de esta ley.
c) Ejecutar las medidas de protección
El Consejo de Protección, después de dictar las medidas de
protección, debe asegurarse de que éstas sean ejecutadas; en
otras palabras,que sean cumplidas en la práctica.De lo contrario,
estas decisiones terminarían convirtiéndose en simples actos
declarativos que no asegurarían la debida protección integral a
los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el literal c) del
artículo 160 establece que estos órganos administrativos son
competentes para:

Ejecutar sus medidas de protección y decisiones administrativas,
pudiendo para ello requerir servicios públicos o el uso de la fuerza
pública, o la inclusión del niño, niña o adolescente y su familia en uno
o varios programas.
Es importante evidenciar que el Consejo de Protección tiene
atribuciones para hacer cumplir sus decisiones, para lo cual se
confiere la facultad de requerir su ejecución empleando servicios
públicos o programas de protección. De tal manera que el
Consejo de Protección no ejecuta directamente el contenido
de sus medidas de protección, sino que ordena a otros que la
ejecuten o la hagan cumplir. Este cumplimiento puede implicar
el requerimiento a un programa de protección para que brinde
atención a los niños, niñas, adolescentes o sus familias.También
puede implicar una orden de atención dirigida a un servicio
público adscrito a la República, los estados o los municipios.
Incluso, el Consejo de Protección para ejecutar sus decisiones
puede requerir los servicios públicos de la policía, es decir, los
órganos y funcionarios y funcionarias policiales, sean nacionales,
estadales o municipales. Piénsese, por ejemplo, en el caso de
una medida de separación de la persona que maltrate a una
niña, en el cual es necesario protegerla urgentemente porque
su integridad personal y vida está amenazada por la acción
violenta de su padrastro. Para ello es imprescindible ingresar
por la fuerza a su hogar, hacerles frente a sus familiares y separar
a la persona maltratadora de su entorno. Indudablemente, el
Consejo de Protección, para poder hacer cumplir su decisión
en este caso, necesita contar con el apoyo de los servicios de
policía, toda vez que resulta muy probable que sea necesario
utilizar la fuerza pública. Por este motivo, para hacer efectiva la
protección integral de los niños, niñas y adolescentes a través
de las medidas de protección, la LOPNNA le otorga al Consejo
de Protección la autoridad necesaria para ordenar o requerir
a estos órganos de policía su actuación obligatoria a los fines

de hacer cumplir esta decisión, así como cualquier otra que sea
necesaria.
Sobre este particular es importante recordar que el Consejo
de Protección es una autoridad administrativa que ejerce la
función jurisdiccional, en virtud de la aplicación del criterio
de redefinición de las funciones judiciales dentro del Sistema
Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes, por lo que ejerce atribuciones que antes de la
vigencia de la LOPNNA eran competencia de los tribunales
especializados. Luego este órgano administrativo asumió, en la
esfera de su competencia, el Poder Público que antes ejercía el
Poder Judicial.
Encasodequecualquierserviciopúblico,programadeprotección
o funcionario o funcionaria policial se niegue a cumplir con el
requerimiento del Consejo de Protección para hacer cumplir
o ejecutar sus decisiones, está penado con prisión de seis (6)
meses a dos (2) años, de conformidad con lo establecido en
el artículo 270 de la LOPNNA. Además, también incurrirán
en las sanciones derivadas por no asegurar los derechos
y garantías de los niños, niñas y adolescentes, previstas en el
Capítulo IX, “Infracciones a la Protección Debida, Sanciones
de la LOPNNA”. Finalmente, es importante resaltar que los
Consejeros y Consejeras de Protección también pueden acudir
ante los tribunales competentes en caso de incumplimiento
de sus decisiones, de conformidad con el literal f) del artículo
160. A tal efecto, pueden ejercer todas las acciones dirigidas
a establecer las responsabilidades e imponer las sanciones por
desacato de sus medidas de protección y demás decisiones ante
los tribunales competentes en materia penal.
d) Registro de control y referencia de las medidas de protec-
ción
El literal d) del artículo 160 establece que los Consejos de
Protección deben:

Llevar un registro de control y referencia de los niños, niñas y
adolescentes o su familia a quienes se les haya aplicado medidas
de protección.
Este Registro tiene varias finalidades:
• Identificar a los niños, niñas, adolescentes y familias a quienes
se les han aplicado medidas de protección a los fines de
su seguimiento, modificación y revisión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 131 de la LOPNNA, en
concordancia con el literal e) del artículo 160.
• Contar con un archivo que permita reconstruir la historia
individual y familiar de los niños, niñas y adolescentes, a los
fines de aplicar futuras medidas de protección bien sea
por parte del mismo Consejo de Protección que conoció
el caso, o por cualquier otro órgano o ente del Sistema
Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas
y Adolescentes.
• Servir de pruebas a los fines de decidir procedimientos
judiciales. Piénsese por ejemplo en los casos de privación o
extinción de patria potestad, concesión de custodia, fijación
de un régimen de convivencia o colocación familiar.
• Contar con un archivo que facilite a los programas de pro-
tección tener una visión más integral de la historia individual
y familiar de los niños, niñas y adolescentes.
• Ser fuente de datos e información estadística sobre la
situación de los derechos y garantías de los niños, niñas y
adolescentes en nuestro país.
Como ocurre con cualquier registro de información, para lograr
estas finalidades es conveniente que existan normas uniformes
y comunes acerca de cómo recolectar y procesar la información.
Así mismo, sería ideal que existiera la posibilidad de que los

Consejos de Protección tuvieran acceso a un Registro común,
que permitiera conocer si al niño, niña o adolescente se le ha
aplicado una medida de protección previamente,cuál medida en
particular, con qué resultados, así como datos sobre su historia
personal y familiar.
e) Hacer seguimiento a las medidas de protección
El literal e) del artículo 160 establece que los Consejos de
Protección deben:
Hacer seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección
y decisiones.
La solución de un caso de amenaza o violación de los derechos
y garantías de los niños, niñas y adolescentes no se agota al
dictar una decisión, bien sea una medida de protección o una
sentencia, pues muchas veces requieren por su propia naturale-
za de un abordaje y atención que se extiende en el tiempo. En
efecto, es frecuente que para resolver un conflicto sea necesaria
la atención a través de un programa de protección o de cual-
quier otro servicio público, lo que implica necesariamente una
secuencia de acciones dirigidas a resolver las causas que origi-
naron la situación de vulneración o amenaza. Precisamente por
este motivo, se le atribuye al Consejo de Protección la compe-
tencia para hacer seguimiento y, en función de ello, modificarlas
y revocarlas cuando hubiere lugar, tal y como se establece en el
artículo 131 de la LOPNNA, el cual establece:

Modificación y revisión.
Artículo 131. Las medidas de protección, excepto la adopción,
pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas, en cualquier
momento, por la autoridad que las impuso, cuando las circunstancias
que las causaron varíen o cesen.
Estas medidas deben ser revisadas, por lo menos cada seis meses
a partir del momento en que son dictadas, para evaluar si las
circunstancias que las originaron se mantienen,han variado o cesado,
con el fin de ratificarlas, sustituirlas, complementarlas o revocarlas,
según sea el caso.
3.2. Las autorizaciones para trabajar y el Registro
de Adolescentes Trabajadores y Trabajadoras
En la aplicación del criterio de la descentralización para la cons-
trucción del Sistema de Protección, el literal i) del artículo 160
de la LOPNNA otorga al Consejo de Protección la competen-
cia para “autorizar a los adolescentes para trabajar y llevar el
Registro de AdolescentesTrabajadores yTrabajadoras, enviando
esta información al Ministerio del Poder Popular con competen-
cia en materia del trabajo”.
En este sentido, según indica la Exposición de Motivos de la
LOPNNA del año 2000:
… se optó por atribuir estas competencias a un órgano municipal
,porque se consideró que tienen las condiciones necesarias para
conocer de forma directa y cercana las circunstancias específicas
de los casos sometidos a su consideración. Un órgano local tiene
mejores y mayores posibilidades para determinar la conveniencia o
no de otorgar una autorización para trabajar.

Antes de la entrada en vigencia de la LOPNNA, la competencia
para autorizar el trabajo de adolescentes era una atribución
concurrente entre el Ministerio delTrabajo y el Instituto Nacional
del Menor,lo que generó muchos problemas de solapamiento de
funciones y disputas entre los dos entes públicos. La nueva Ley
concentra en el Consejo de Protección la competencia exclusiva
en esta materia,lo que,aunado a su carácter de órgano municipal
o local, seguramente le permitirá ejercer esta atribución de una
forma más eficaz. Por lo tanto, ninguna otra autoridad del Poder
Público ni integrante del Sistema de Protección está facultado
para autorizar a los y las adolescentes para trabajar, ni para llevar
el Registro de Adolescentes trabajadores.
La competencia del Consejo de Protección para conceder
autorizaciones para trabajar se limita a los y a las adolescentes que
tienen doce (12) y trece (13) años de edad y,excepcionalmente,
para los niños y niñas que realizan actividades artísticas, de
conformidad con el artículo 96 de la LOPNNA. Mientras, el
Registro de Adolescentes Trabajadores está previsto como una
obligación para cualquier adolescente de doce (12) años hasta
menos de 18 años de edad que pretenda trabajar según lo
previsto en el artículo 99 de la LOPNNA.
3.3. Las autorizaciones para viajar
El literal h) del artículo 160 de la LOPNA establece que el
Consejo de Protección tiene la atribución de:
Expedir las autorizaciones para viajar de niños, niñas y adolescentes
dentro y fuera del territorio nacional, cuando dicho traslado se realice
sin compañía de su padre y madre, representantes o responsables,
excepto cuando haya desacuerdo entre estos últimos, en cuyo caso
decidirá el juez o jueza.

Esta atribución no es exclusiva de esta autoridad administrativa,
pues también la comparte con otros entes públicos, como las
notarías públicas, de conformidad con los artículos 391 y 392
de la LOPNNA.
Es importante hacer algunas precisiones sobre el contenido y
alcance de esta atribución:
a) El Consejo de Protección no concede la autorización, pues
sólo los padres, madres y representantes legales tienen esta
potestad. Este órgano administrativo se limita tan sólo a
dar fe pública de la manifestación de voluntad realizada por
estas personas, garantizar el cumplimiento de determinados
requisitos en protección contra el traslado y la retención ilícita
de los niños, niñas y adolescentes, y a archivar debidamente
estas autorizaciones.
b) El Consejo de Protección no puede conocer aquellos casos
en que existe desacuerdo entre las personas que deben
otorgar la autorización, o entre éstos y los y las adolescen-
tes. Sólo el Tribunal de Protección tiene competencia para
conocer y decidir estos conflictos, de conformidad con el
artículo 393 de la LOPNNA. Sin embargo, antes de acudir
a la instancia judicial es aconsejable intentar la conciliación
entre las partes ante las Defensorías de Niños, Niñas y Ado-
lescentes, de acuerdo a los servicios de fortalecimiento de
los lazos familiares contemplado en el literal f) del artículo
202 de la LOPNNA.
c) El Consejo de Protección no puede suplir la voluntad de la
persona llamada por ley a conceder la autorización, si por
algún motivo ésta no se encuentra presente en la localidad
o no puede ser ubicada. Estos casos también deben ser
remitidos ante elTribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.
d) El Consejo de Protección no tiene competencia para dar
fe pública de las autorizaciones concedidas por el padre o la
madre para que el niño, niña y adolescente viaje con el otro

fuera del país. En estos casos, el artículo 392 de la LOPNNA
prevé que la autorización debe constar en documento
debidamente autenticado ante las notarías públicas.
3.4. La solicitudes y pedimentos a otros órganos
e instituciones públicas
El artículo 160 de la LOPNNA concede al Consejo de Pro-
tección atribuciones para realizar una variedad de solicitudes
y peticiones a otros órganos y entes del Estado, a los fines de
asegurar la efectiva protección integral de los niños, niñas y ado-
lescentes. Estas competencias están dirigidas fundamentalmente
a complementar la actuación del Consejo de Protección en al-
gunas materias, cuyo conocimiento y decisión corresponde, por
ley, a otras autoridades del Poder Público.
a) Denunciar ante el Ministerio Público cuando conozca o
reciba denuncias de situaciones que configuren infracciones
de carácter administrativo, disciplinario, penal o civil contra
niños, niñas y adolescentes
Esta atribución se encuentra prevista en el literal g) del artículo
160delaLOPNNA.Elobjetivoquesepersigueconestanormaes
asegurar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes,
lo que implica, además de la aplicación de la correspondiente
medida de protección,establecer las responsabilidades derivadas
de la amenaza o violación de sus derechos humanos o garantías
y aplicar las sanciones correspondientes. Recordemos que las
sanciones cumplen una misión importante, pues sirven para
prevenir que el o la responsable vuelva a cometer el mismo
hecho y, al mismo tiempo, genera un efecto disuasivo en la
comunidad para que otras personas no violen la ley.
b) Solicitar la declaratoria de privación de la Patria Potestad
De conformidad con el literal k) del artículo 160 de la LOPNNA,
el Consejo de Protección tiene la facultad para solicitar la
privación de la patria potestad del padre o madre de un niño,
niña o adolescente. Esta solicitud debe ser consecuencia de los

hechosquehansidoprobadosensusrespectivosprocedimientos
administrativos y que dieron lugar a la aplicación de medidas de
protección. Piénsese, por ejemplo, en un caso de maltrato físico
de un niño por parte de su madre y padre, que ha causado
lesiones gravísimas y que han sido recurrentes en el tiempo.
En estos casos, la protección integral del niño puede requerir
que ese padre y madre sean privados del ejercicio de la patria
potestad, por lo que se le otorga la facultad a este órgano
administrativo para solicitar ante el órgano competente que se
proceda a solicitar esta decisión judicial.
El Consejo de Protección debe realizar la solicitud de privación
de patria potestad ante la Fiscalía General de la República,
quien es el órgano legitimado para iniciar la acción judicial
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el literal
e) del artículo 170 de esta ley.
c) Solicitar la fijación de la Obligación de Manutención y del
Régimen de Convivencia Familiar
De conformidad con el literal l) del artículo 160 de la LOPNNA,
el Consejo de Protección tiene la atribución para solicitar la
fijación de la obligación de manutención o el régimen de
convivencia familiar. Esta solicitud debe ser realizada tan pronto
como se tenga conocimiento de que el niño, niña o adolescente
requiere de asistencia material para garantizar sus derechos,
particularmente el derecho a un nivel de vida adecuado
reconocido en el artículo 30 de la LOPNNA, o al saber que no
tiene contacto personal y permanente con su padre o madre.
Igualmente, es posible que al dictar determinadas medidas de
protección, las mismas sean complementadas con alguna de
estas solicitudes, a los fines de realizar un abordaje integral de la
situación que vive el niño, niña o adolescente.
El Consejo de Protección tiene competencia para solicitar la
fijacióndelaobligacióndemanutenciónorégimendeconvivencia
de niños, niñas y adolescentes (en este sentido, ver el artículo
376 de la LOPNNA). Sin embargo, es importante subrayar que
no tiene legitimidad para continuar el procedimiento. Por este
motivo, el órgano judicial deberá decidir entre notificar al Fiscal

de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes o a la Defensa
Pública, en concordancia con los artículos 170 y 170-B de la
LOPNNA.En todo caso,es importante aclarar que la LOPNNA
prevé que el Consejo de Protección tiene discrecionalidad para
decidir si presenta la solicitud directamente ante el Tribunal,
Fiscal o Defensor Público o Defensora Pública.
d) Solicitar ante el registro del estado civil o la autoridad de
identificación competente la extensión o expedición de parti-
das de nacimiento, defunción o documentos de identidad de
niños, niñas y adolescentes, que así lo requieran
El Consejo de Protección en aquellos casos en los cuales existen
problemas con el Registro del Estado Civil que puedan afectar
los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes,
individualmente considerados, tiene la libertad para optar entre
abrir un procedimiento administrativo y aplicar una medida
de protección o realizar una petición directa al funcionario o
funcionaria competente, especialmente cuando violan la Ley
Orgánica de Registro Civil. La idea que subyace es que en
ocasiones es suficiente con una simple solicitud del órgano
administrativo para resolver un conflicto,sin necesidad de invertir
esfuerzos y tiempo en substanciar y decidir un procedimiento.
En todo caso, es importante recordar que esta solicitud prevista
en el literal j) del artículo 160 de la LOPNNA, a diferencia de
la medida de protección, no es imperativa ni tiene carácter
vinculante para las personas e instituciones públicas y privadas.
3.5. Confusiones frecuentes sobre las funciones y
atribuciones de los Consejos de Protección
a) Los Consejos de Protección no pueden dictar una medida
de protección si no existe una amenaza o violación de un
derecho o garantía del niño, niña y adolescente
Como se ha explicado, los Consejos de Protección sólo
tienen competencia para dictar medidas de protección a los
fines de asegurar a uno o varios niños, niñas y adolescentes,
individualmente considerados,el pleno disfrute y ejercicio de sus

derechos y garantías, tal y como se prevé en los artículos 158
y 160 de la LOPNNA en concordancia con su artículo 125. En
consecuencia, por expreso mandato de la ley, estas autoridades
administrativas sólo tienen competencia para conocer y decidir
los casos en los cuales se ha constatado una amenaza o una
violación a tales derechos y garantías. De no verificarse este
requisito indispensable, deben abstenerse de intervenir en
dichos asuntos, so pena de incurrir, desde el punto de vista
jurídico, en usurpación de funciones o abuso de poder. Ésta es
la consecuencia de aplicar el principio de legalidad establecido
en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana
deVenezuela.
Es importante subrayar que por más injusta que le pueda parecer
una situación o circunstancia, el Consejo de Protección sólo
está habilitado legalmente para intervenir si verifica que existe
vulneración de los derechos y/o garantías de un niño, niña o
adolescente. De lo contrario, si los Consejeros y Consejeras de
Protección deciden, a su libre antojo, cuándo deben intervenir
en los casos fundamentándose exclusivamente en su propio
juicio de valor acerca de la situación planteada y no con base en
lo previsto expresamente en la Constitución y la Ley, se estaría
reproduciendo la vieja Doctrina de la Situación Irregular, en la
cual se favorecería la actuación, ampliamente discrecional, de las
personas que ejercían el Poder Público. Discrecionalidad que,
con mucha frecuencia, se convertía con facilidad en excesos,
arbitrariedades y abusos, la mayoría de las veces cometidos con
las mejores intenciones. Recordemos que de buenas voluntades
está plagado el camino al infierno. El principio de la legalidad
precisamente implica establecer límites al ejercicio del Poder
Público, a los fines de evitar este tipo de desviaciones, con el
objeto de salvaguardar los derechos humanos de las personas
frente a las autoridades.
b) Los Consejos de Protección no pueden dictar medidas de
colocación familiar
El artículo 129 de la LOPNNA es suficientemente claro al
establecer que el Consejo de Protección no es competente

para dictar las medidas de colocación familiar, previstas en el
literal i) del artículo 126 de esta ley. En este sentido indica qué:
Órgano competente
Artículo 129. Las medidas de protección son impuestas en sede
administrativa por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, salvo las señaladas en los literales i) y j) del artículo
126 de esta Ley, que son impuestas por el juez o jueza.”
Adicionalmente, el artículo 128 de la LOPNNA reafirma la
competencia exclusiva del Tribunal de Protección para conocer
y decidir los casos de colocación familiar, a saber:“La colocación
es una medida de carácter temporal dictada por el juez o jueza y
que se ejecuta en familia sustituta o en entidad de atención.
Finalmente, la competencia judicial para dictar la medida de
colocación familiar se vuelve a establecer en el artículo 394 de
la ley, a saber:
Concepto.
Artículo 394. Se entiende por familia sustituta aquélla que, no
siendo la familia de origen, acoge, por decisión judicial, a un niño, niña
o adolescente privado permanente o temporalmente de su medio
familiar, ya sea por carecer de padre y de madre, o porque éstos se
encuentran afectados en la titularidad de la Patria Potestad o en el
ejercicio de la Responsabilidad de Crianza.
La familia sustituta puede estar conformada por una o más personas
y comprende las modalidades de:colocación familiar o en entidad de
atención, la tutela y la adopción.
El Consejo de Protección puede usurpar equivocadamente las
funciones del Poder Judicial cuando dicta expresamente una
medida de colocación familiar,con base en el literal i) del artículo

126 de la LOPNA,ordenando que el niño,niña o adolescente sea
cuidado por personas o familiares distintos a su padre y madre.
En este caso se trata de una situación que resulta abiertamente
inconstitucional e ilegal, pero también existen otras formas
menos evidentes de usurpar esta competencia del Tribunal de
Protección, entre ellas:
• Mediante la ratificación sucesiva o la duración superior a los
treinta (30) días consecutivos de una medida de abrigo, que
genera los mismos efectos jurídicos en la práctica que una
medida de colocación familiar, al mantener a un niño, niña o
adolescente bajo el cuidado temporal de personas distintas
a su familia de origen.
• A través de la aplicación de una medida de protección
“innominada” dictada con base en el último párrafo del
artículo 126 de la LOPNA, cuyo efecto práctico implica
que el niño, niña o adolescente va a vivir o ser cuidado por
personas ajenas a su familia de origen.
En ambos casos se trata de una colocación familiar encubierta e
irregular,dictadas en fraude a la ley y violación de la Constitución.
Demás está decir que ambas prácticas violan los artículos 128,
129 y 394 de la LOPNNA y el artículo 137 de la CRBV, además
de estar expresamente prohibidas con base en lo contemplado
en sus artículos 127 y 131 de la Ley.

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Este libro se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2010
en la Fundación Imprenta de la Cultura,
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