Constitución de la república del ecuador art. 112 222

Art. 112
Los partidos y movimientos
políticos o sus alianzas
podrán presentar a
militantes, simpatizantes o
personas no afiliadas como
candidatas de elección
popular. Los movimientos
políticos requerirán el
respaldo de personas
inscritas en el registro
electoral. Al solicitar la
inscripción quienes postulen
su candidatura presentarán
su programa de gobierno o
sus propuestas.

Art. 113
No podrán ser candidatas o
candidatos de elección popular:
1. Quienes al inscribir su
candidatura tengan contrato
con el Estado, como personas
naturales o como
representantes o apoderados
de personas jurídicas, siempre
que el contrato se haya
celebrado para la ejecución de
obra pública, prestación de
servicio público o explotación
de recursos naturales.
2. Quienes hayan recibido
sentencia condenatoria
ejecutoriada por delitos
sancionados con reclusión, o
por cohecho, enriquecimiento
ilícito o peculado.
3. Quienes adeuden pensiones
alimenticias.

4. Las juezas y jueces de la Función
Judicial, del Tribunal Contencioso
Electoral, y los miembros de la Corte
Constitucional y del Consejo Nacional
Electoral, salvo que hayan renunciado
a sus funciones seis meses antes de
la fecha señalada para la elección.
5. Los miembros del servicio exterior que
cumplan funciones fuera del país no
podrán ser candidatas ni candidatos
en representación de las ecuatorianas
y ecuatorianos en el exterior, salvo que
hayan renunciado a sus funciones seis
meses antes de la fecha señalada
para la elección.
6. Las servidoras y servidores públicos
de libre nombramiento y remoción, y
los de periodo fijo, salvo que hayan
renunciado con anterioridad a la fecha
de la inscripción de su candidatura.
Las demás servidoras o servidores
públicos y los docentes, podrán
candidatearse y gozarán de licencia
sin sueldo desde la fecha de
inscripción de sus candidaturas hasta
el día siguiente de las elecciones.
7. Los miembros de las Fuerzas Armadas

Art. 114
Las autoridades de elección
popular podrán reelegirse
por una sola vez,
consecutiva o no, para el
mismo cargo. Las
autoridades de elección
popular que se postulen
para un cargo diferente
deberán renunciar al que
desempeñan.

Art. 115
El Estado, a través de los
medios de comunicación,
garantizará de forma
equitativa e igualitaria la
promoción electoral que
propicie el debate y la
difusión de las propuestas
programáticas de todas las
candidaturas. Los sujetos
políticos no podrán contratar
publicidad en los medios de
comunicación y vallas
publicitarias.

Art. 116
Para las elecciones
pluripersonales, la ley
establecerá un sistema
electoral conforme a los
principios de
proporcionalidad, igualdad
del voto, equidad, paridad y
alternabilidad entre mujeres
y hombres; y determinará
las circunscripciones
electorales dentro y fuera
del país.

Art. 117
Se prohíbe realizar reformas
legales en materia electoral
durante el año anterior a la
celebración de elecciones.

Capítulo segundo
Función Legislativa

Sección primera
Asamblea nacional

Art. 118
La Función Legislativa se
ejerce por la Asamblea
Nacional, que se Integrará
por asambleístas elegidos
para un periodo de cuatro
años. La Asamblea
Nacional es unicameral y
tendrá su sede en Quito.
Excepcionalmente podrá
reunirse en cualquier parte
del territorio nacional.

La Asamblea Nacional se Integrará por:
1. Quince asambleístas
elegidos en circunscripción
nacional.
2. Dos asambleístas elegidos
por cada provincia, y uno
más por cada doscientos
mil habitantes o fracción
que supere los ciento
cincuenta mil, de acuerdo
al último censo nacional de
la población.
3. La ley determinará la
elección de asambleístas
de reglones, de distritos
metropolitanos, y de la
circunscripción del exterior.

Art. 119
Para ser asambleísta se
requerirá tener nacionalidad
ecuatoriana, haber cumplido
dieciocho años de edad al
momento de la Inscripción
de la candidatura y estar en
goce de los derechos
políticos.

Art. 120
La Asamblea Nacional tendrá
las siguientes atribuciones y
deberes, además de las que
determine la ley:
1. Posesionar a la Presidenta
o Presidente y a la
Vicepresidente o
Vicepresidente de la
República proclamados
electos por el Consejo
Nacional Electoral. La
posesión tendrá lugar el
veinticuatro de mayo del
año de su elección.
2. Declarar la incapacidad
física o mental inhabilitante
para ejercer el cargo de
Presidenta o Presidente de
la República y resolver el
cese de sus funciones de
acuerdo con lo previsto en

3. Elegir a la Vicepresidente o
Vicepresidente, en caso de
su falta definitiva, de una
terna propuesta por la
la República.
4. Conocer los informes
anuales que debe
presentar la Presidenta o
Presidente de la República
y pronunciarse al respecto.
5. Participar en el proceso de
reforma constitucional.
6. Expedir, codificar, reformar
y derogar las leyes, e
interpretarlas con carácter
generalmente obligatorio.
7. Crear, modificar o suprimir
tributos mediante ley, sin
menoscabo de las
atribuciones conferidas a
los gobiernos autónomos
descentralizados.

8. Aprobar o improbar los tratados
internacionales en los casos
que corresponda.
9. Posesionar a la máxima
autoridad de la Procuraduría
General del Estado, Contraloría
General del Estado, Fiscalía
General del Estado, Defensoría
del Pueblo, Defensoría Pública,
superintendencias, y a los
miembros del Consejo Nacional
Electoral, del Consejo de la
Judicatura y del Consejo de
Participación Ciudadana y
Control Social.
10. Aprobar el Presupuesto
General del Estado, en el que
constará el límite del
endeudamiento público, y
vigilar su ejecución.
11. Conceder amnistías por delitos
políticos e indultos por motivos
humanitarios, con el voto
favorable de las dos terceras
partes de sus integrantes. No
se concederán por delitos
cometidos contra la
administración pública ni por
genocidio, tortura, desaparición
forzada de personas, secuestro
y homicidio por razones

Art. 121
La Asamblea Nacional
elegirá a una Presidenta o
Presidente y a dos
Vicepresidentes o
Vicepresidentes de entre
sus miembros, para un
periodo de dos años, y
podrán ser reelegidos.
Las Vicepresidentes o
Vicepresidentes ocuparán,
en su orden, la Presidencia
en caso de ausencia
temporal o definitiva, o de
renuncia del cargo.

Art. 122
El máximo órgano de la
administración legislativa se
integrará por quienes
ocupen la Presidencia y las
dos Vicepresidencias, y por
cuatro vocales elegidos por
la Asamblea Nacional de
entre asambleístas
pertenecientes a diferentes
bancadas legislativas.

Art. 123
La Asamblea Nacional se
instalará en Quito, sin
necesidad de convocatoria,
el catorce de mayo del año
de su elección. El pleno
sesionará de forma
ordinaria y permanente, con
dos recesos al año de
quince días cada uno. Las
sesiones de la Asamblea
Nacional serán públicas,
salvo las excepciones
establecidas en la ley.

Art. 124
Los partidos o movimientos
políticos que cuenten con un
número de asambleístas
que represente al menos el
diez por ciento de los
miembros de la Asamblea
Nacional podrán formar una
bancada legislativa. Los
partidos o movimientos que
no lleguen a tal porcentaje
podrán unirse con otros
para formarla.

Art. 125
Para el cumplimiento de sus
atribuciones, la Asamblea
Nacional integrará
comisiones especializadas
permanentes, en las que
participarán todos sus
miembros. La ley
determinará el número,
conformación y
competencias de cada una
de ellas.

Art. 126
Para el cumplimiento de sus
labores la Asamblea
Nacional se regirá por la ley
correspondiente y su
reglamento interno. Para la
reforma o codificación de
esta ley se requerirá la
mayoría absoluta de los
miembros de la Asamblea.

Art. 127
Las asambleístas y los
asambleístas ejercerán una
función pública al servicio
del país, actuarán con
sentido nacional, serán
responsables políticamente
ante la sociedad de sus
acciones u omisiones en el
cumplimiento de sus
deberes y atribuciones, y
estarán obligados a rendir
cuentas a sus mandantes.

Las asambleístas y los asambleístas no
podrán:
1. Desempeñar ninguna otra función pública
o privada, ni dedicarse a sus actividades
profesionales si fueran incompatibles con
su cargo, excepto la docencia
universitaria siempre que su horario lo
permita.
2. Ofrecer, tramitar, recibir o administrar
recursos del Presupuesto General del
Estado, salvo los destinados al
funcionamiento administrativo de la
Asamblea Nacional.
3. Gestionar nombramientos de cargos
públicos.
4. Percibir dietas u otros ingresos de fondos
públicos que no sean los
correspondientes a su función de
asambleístas.
5. Aceptar nombramientos, delegaciones,
comisiones o representaciones
remuneradas de otras funciones del
Estado.
6. Integrar directorios de otros cuerpos
colegiados de instituciones o empresas en
las que tenga participación el Estado.
7. Celebrar contratos con entidades del

Art. 128
Las asambleístas y los
asambleístas gozarán de
fuero de Corte Nacional de
Justicia durante el ejercicio
de sus funciones; no serán
civil ni penalmente
responsables por las
opiniones que emitan, ni
por las decisiones o actos
que realicen en el ejercicio
de sus funciones, dentro y
fuera de la Asamblea
Nacional.

Sección segunda
Control de la acción del gobierno

Art. 129
La Asamblea Nacional podrá
proceder al enjuiciamiento político
de la Presidenta o Presidente, o de
la Vicepresidenta o Vicepresidente
de la República, a solicitud de al
menos una tercera parte de sus
miembros, en los siguientes casos:
1. Por delitos contra la seguridad
del Estado.
2. Por delitos de concusión,
cohecho, peculado o
enriquecimiento ilícito.
3. Por delitos de genocidio, tortura,
desaparición forzada de
personas, secuestro u homicidio
por razones políticas o de
conciencia.
Para Iniciar el juicio político se

Art. 130
La Asamblea Nacional podrá
destituir a la Presidenta o
Presidente de la República en
los siguientes casos:
1. Por arrogarse funciones que
no le competan
constitucionalmente, previo
dictamen favorable de la
Corte Constitucional.
2. Por grave crisis política y
conmoción interna.
En un plazo de setenta y dos
horas, concluido el
procedimiento establecido en la
ley, la Asamblea Nacional
resolverá motivadamente con
base en las pruebas de
descargo presentadas por la
Presidenta o Presidente de la

Art. 131
La Asamblea Nacional podrá proceder al
enjuiciamiento político, a solicitud de al
menos una cuarta parte de sus miembros y
por incumplimiento de las funciones que les
asignan la Constitución y la ley, de las
ministras o ministros de Estado, o de la
máxima autoridad de la Procuraduría
General del Estado, Contraloría General
del Estado, Fiscalía General del Estado,
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública
General, superintendencias, y de los
miembros del Consejo Nacional Electoral,
Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de
la Judicatura y Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, y de las demás
autoridades que la Constitución determine,
durante el ejercicio de su cargo y hasta un
año después de terminado.
Para proceder a su censura y destitución
se requerirá el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de la Asamblea
Nacional, con excepción de las ministras o
ministros de Estado y los miembros de la
Función Electoral y del Consejo de la
Judicatura, en cuyo caso se requerirá las
dos terceras partes.

Sección tercera
Procedimiento legislativo

Art. 132
La Asamblea Nacional aprobará como
leyes las normas generales de interés
común. Se requerirá de ley en los
siguientes casos:
1. Regular el ejercicio de los derechos
y garantías constitucionales.
2. Tipificar infracciones y establecer las
sanciones correspondientes.
3. Crear, modificar o suprimir tributos,
sin menoscabo de las atribuciones
que la Constitución confiere a los
gobiernos autónomos
descentralizados.
4. Atribuir deberes, responsabilidades
y competencias a los gobiernos
autónomos descentralizados.
5. Modificar la división político-
administrativa del país, excepto en
lo relativo a las parroquias.
6. Otorgar a los organismos públicos
de control y regulación la facultad de
expedir normas de carácter general
en las materias propias de su

Art. 133
Las leyes serán orgánicas y
ordinarias. Serán leyes orgánicas:
1. Las que regulen la
organización y funcionamiento
de las instituciones creadas
por la Constitución.
2. Las que regulen el ejercicio de
los derechos y garantías
constitucionales.
3. Las que regulen la
organización, competencias,
facultades y funcionamiento
de los gobiernos autónomos
descentralizados.
4. Las relativas al régimen de
partidos políticos y al sistema
electoral.
Las demás serán leyes ordinarias,
que no podrán modificar ni
prevalecer sobre una ley orgánica.

Art. 134
La iniciativa para presentar proyectos de
ley corresponde:
1. A las asambleístas y los
asambleístas, con el apoyo de una
bancada legislativa o de al menos el
cinco por ciento de los miembros de
la Asamblea Nacional.
2. A la Presidenta o Presidente de la
República.
3. A las otras funciones del Estado en
los ámbitos de su competencia.
4. A la Corte Constitucional,
Procuraduría General del Estado,
Fiscalía General del Estado,
Defensoría del Pueblo y Defensoría
Pública en las materias que les
corresponda de acuerdo con sus
atribuciones.
5. A las ciudadanas y los ciudadanos
que estén en goce de los derechos
políticos y a las organizaciones
sociales que cuenten con el
respaldo de por lo menos el cero
punto veinticinco por ciento de las
ciudadanas y ciudadanos Inscritos

Art. 135
Sólo la Presidenta o
podrá presentar proyectos
de ley que creen,
modifiquen o supriman
impuestos, aumenten el
gasto público o modifiquen
la división político
administrativa del país.

Art. 136
Los proyectos de ley
deberán referirse a una sola
materia y serán
presentados a la Presidenta
o Presidente de la
Asamblea Nacional con la
suficiente exposición de
motivos, el articulado que
se proponga y la expresión
clara de los artículos que
con la nueva ley se
derogarían o se
reformarían.

Art. 137
El proyecto de ley será sometido a dos debates. La Presidenta o Presidente de la
Asamblea Nacional, dentro de los plazos que establezca la ley, ordenará que se
distribuya el proyecto a los miembros de la Asamblea y se difunda públicamente su
extracto, y enviará el proyecto a la comisión que corresponda, que iniciará su
respectivo conocimiento y trámite.
Las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto
de ley, o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición,
podrán acudir ante la comisión y exponer sus argumentos.
Aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará a la Presidenta o Presidente de
la República para que lo sancione u objete de forma fundamentada, dentro del plazo
de 30 días.

Art. 138
Si la Presidenta o
objeta totalmente el
proyecto de ley, la
Asamblea podrá volver a
considerarlo solamente
después de un año contado
a partir de la fecha de la
objeción. Transcurrido este
plazo, la Asamblea podrá
ratificarlo en un solo
debate, con el voto
favorable de las dos
terceras partes de sus
miembros, y lo enviará
inmediatamente al Registro
Oficial para su publicación.

Art. 139
Si la objeción de la Presidenta o Presidente de la
República se fundamenta en la
inconstitucionalidad total o parcial del proyecto,
requerirá dictamen de la Corte Constitucional, que
lo emitirá dentro del plazo de treinta días.
Si el dictamen confirmara la inconstitucionalidad
total del proyecto, éste será archivado. Si la Corte
Constitucional dictamina que no hay
inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo
promulgará y ordenará su publicación.

Art. 140
La Presidenta o Presidente
de la República podrá
enviar a la Asamblea
Nacional proyectos de ley
calificados de urgencia en
materia económica. La
Asamblea deberá
aprobarlos, modificarlos o
negarlos dentro de un plazo
máximo de treinta días a
partir de su recepción.

Capítulo tercero
Función ejecutiva

Sección primera
Organización y funciones

Art. 141
La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función
Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de
la administración pública.
La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y
Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los
demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en
el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría,
planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas
nacionales y planes que se creen para ejecutarlas.

Art. 142
de la República debe ser
ecuatoriano por nacimiento,
haber cumplido treinta y
cinco años de edad a la
fecha de inscripción de su
candidatura, estar en goce
de los derechos políticos y
no encontrarse incurso en
ninguna de las inhabilidades
o prohibiciones establecidas
en la Constitución.

Art. 143
Las candidaturas a la
Presidencia y a la
Vicepresidencia de la
República constarán en la
misma papeleta. La Presidenta
o Presidente y la
Vicepresidenta o
Vicepresidente serán elegidos
por mayoría absoluta de votos
válidos emitidos.
Si en la primera votación
ningún binomio hubiera logrado
mayoría absoluta, se realizará
una segunda vuelta electoral
dentro de los siguientes
cuarenta y cinco días, y en ella
participarán los dos binomios
más votados en la primera
vuelta.

Art. 144
El periodo de gobierno de la
República se iniciará dentro de
los diez días posteriores a la
Instalación de la Asamblea
Nacional, ante la cual prestará
juramento. En caso de que la
Asamblea Nacional se
encuentre Instalada, el periodo
de gobierno se iniciará dentro
de los cuarenta y cinco días
posteriores a la proclamación
de los resultados electorales.
La Presidenta o Presidente de
la República permanecerá
cuatro años en sus funciones y
podrá ser reelecto por una sola
vez.

Art. 145
La Presidenta o Presidente de la
República cesará en sus funciones y
dejará vacante el cargo en los casos
siguientes:
1. Por terminación del periodo
presidencial.
2. Por renuncia voluntaria aceptada
por la Asamblea Nacional.
3. Por destitución, de acuerdo a lo
dispuesto en la Constitución.
4. Por incapacidad física o mental
permanente que le impida ejercer
el cargo, certificada de acuerdo
con la ley por un comité de
médicos especializados, y
declarada por la Asamblea
Nacional con los votos de las dos
terceras partes de sus
integrantes.
5. Por abandono del cargo,
comprobado por la Corte
Constitucional y declarado por la
Asamblea Nacional con los votos
de las dos terceras partes de sus
integrantes.
6. Por revocatoria del mandato, de

Art. 146
En caso de ausencia temporal en la
Presidencia de la República, lo
reemplazará quien ejerza la
Vicepresidencia. Se considerará
ausencia temporal la enfermedad u
otra circunstancia de fuerza mayor
que le impida ejercer su función
durante un periodo máximo de tres
meses, o la licencia concedida por
la Asamblea Nacional.
En caso de falta definitiva de la
Presidenta o Presidente la
República, lo reemplazará quien
ejerza la Vicepresidencia por el
tiempo que reste para completar el
correspondiente periodo
presidencial.
Ante falta simultánea y definitiva en
la Presidencia y en la
Vicepresidencia, el Consejo
Nacional Electoral convocará a
elección para dichos cargos.

Art. 147
Son atribuciones y deberes de la
Presidenta o Presidente de la República,
además de los que determine la ley:
1. Cumplir y hacer cumplir la
Constitución, las leyes, los tratados
internacionales y las demás normas
jurídicas dentro del ámbito de su
competencia.
2. Presentar al momento de su posesión
ante la Asamblea Nacional los
lineamientos fundamentales de las
políticas y acciones que desarrollará
durante su ejercicio.
3. Definir y dirigir las políticas públicas de
la Función Ejecutiva.
4. Presentar al Consejo Nacional de
Planificación la propuesta del Plan
Nacional de Desarrollo para su
aprobación.
5. Dirigir la administración pública en
forma desconcentrada y expedir los
decretos necesarios para su
integración, organización, regulación y
control.

7. Presentar anualmente a la
Asamblea Nacional, el informe
sobre el cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo y los
objetivos que el gobierno se
propone alcanzar durante el año
siguiente.
8. Enviar la proforma del
Presupuesto General del Estado
a la Asamblea Nacional, para su
aprobación.
9. Nombrar y remover a las
ministras y ministros de Estado
y a las demás servidoras y
servidores públicos cuya
nominación le corresponda.
10. Definir la política exterior,
suscribir y ratificar los tratados
internacionales, nombrar y
remover a embajadores y jefes
de misión.
11. Participar con iniciativa
legislativa en el proceso de
formación de las leyes.
12. Sancionar los proyectos de ley
aprobados por la Asamblea

13. Expedir los reglamentos
necesarios para la aplicación de
las leyes, sin contravenirlas ni
alterarlas, así como los que
convengan a la buena marcha
de la administración.
14. Convocar a consulta popular en
los casos y con los requisitos
previstos en la Constitución.
15. Convocar a la Asamblea
Nacional a periodos
extraordinarios de sesiones, con
determinación de los asuntos
específicos que se conocerán.
16. Ejercer la máxima autoridad de
las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional y designar a los
integrantes del alto mando
militar y policial.
17. Velar por el mantenimiento de la
soberanía, de la independencia
del Estado, del orden interno y
de la seguridad pública, y
ejercer la dirección política de la
defensa nacional.
18. Indultar, rebajar o conmutar las

Art. 148
La Presidenta o Presidente de la
República podrá disolver la Asamblea
Nacional cuando, a su juicio, ésta se
hubiera arrogado funciones que no le
competan constitucionalmente, previo
dictamen favorable de la Corte
Constitucional; o si de forma reiterada e
injustificada obstruye la ejecución del
Plan Nacional de Desarrollo, o por grave
crisis política y conmoción interna.
Esta facultad podrá ser ejercida por una
sola vez en los tres primeros años de su
mandato.
Hasta la instalación de la Asamblea
Nacional, la Presidenta o Presidente de la
República podrá, previo dictamen
favorable de la Corte Constitucional,
expedir decretos-leyes de urgencia
económica, que podrán ser aprobados o
derogados por el órgano legislativo.

Art. 149 La Vicepresidenta o
Vicepresidente de la
República, cuando no
reemplace a la Presidenta o
Presidente de la República,
ejercerá las funciones que
ésta o éste le asigne.

Art. 150
En caso de ausencia temporal
de quien ejerza la
República, corresponderá el
reemplazo a la ministra o
ministro de Estado que sea
designado por la Presidencia
de la República.
Serán causas de ausencia
temporal de quien ejerza la
República las mismas
determinadas para la
Presidencia de la República.

Art. 151 Las ministras y los ministros de
Estado serán de libre
nombramiento y remoción por la
República, y lo representarán en
los asuntos propios del ministerio
a su cargo. Serán responsables
política, civil y penalmente por
los actos y contratos que realicen
en el ejercicio de sus funciones,
con independencia de la
responsabilidad civil subsidiaria
del Estado.
Para ser titular de un ministerio
de Estado se requerirá tener la
nacionalidad ecuatoriana, estar
en goce de los derechos políticos
y no encontrarse en ninguno de
los casos de Inhabilidad o
incompatibilidad previstos en la
Constitución.

Art. 152
No podrán ser ministras o ministros de
Estado:
1. Los parientes hasta el cuarto grado
de consanguinidad y segundo de
afinidad de quienes ejerzan la
Presidencia o la Vicepresidencia de
la República.
2. Las personas naturales,
propietarias, miembros del
directorio, representantes o
apoderadas de personas jurídicas
privadas, nacionales o extranjeras,
que mantengan contrato con el
Estado para la ejecución de obras
públicas, prestación de servicios
públicos o explotación de recursos
naturales, mediante concesión,
asociación o cualquier otra
modalidad contractual.

Art. 153 Quienes hayan ejercido la
titularidad de los ministerios de
Estado y las servidoras y
servidores públicos de nivel
jerárquico superior definidos por
la ley, una vez hayan cesado en
su cargo y durante los
siguientes dos años, no podrán
formar parte del directorio o del
equipo de dirección, o ser
representantes legales o ejercer
la procuración de personas
jurídicas privadas, nacionales o
extranjeras, que celebren
contrato con el Estado, bien sea
para la ejecución de obras
públicas, prestación de
servicios públicos o explotación
de recursos naturales, mediante
concesión, asociación o
cualquier otra modalidad
contractual, ni ser funcionarías
o funcionarios de instituciones
financieras internacionales
acreedoras del país.

Art. 154
A las ministras y ministros de
Estado, además de las
atribuciones establecidas en la
ley, les corresponde:
1. Ejercer la rectoría de las
políticas públicas del área a
su cargo y expedir los
acuerdos y resoluciones
administrativas que requiera
su gestión.
2. Presentar ante la Asamblea
Nacional los informes que
les sean requeridos y que
estén relacionados con las
áreas bajo su
responsabilidad, y
comparecer cuando sean
convocados o sometidos a
enjuiciamiento político.

Art.155
En cada territorio, la
la República podrá tener un
representante que
controlará el cumplimiento
de las políticas del
Ejecutivo, y dirigirá y
coordinará las actividades
de sus servidoras y
servidores públicos.

Sección segunda
Consejos nacional de igualdad

Art. 156
Los consejos nacionales
para la igualdad son
órganos responsables de
asegurar la plena vigencia y
el ejercicio de los derechos
consagrados en la
Constitución y en los
instrumentos
internacionales de derechos
humanos. Para el
cumplimiento de sus fines
se coordinarán con las
entidades rectoras y
ejecutoras y con los
organismos especializados

Art. 157
Los consejos nacionales de
igualdad se integrarán de
forma paritaria, por
representantes de la
sociedad civil y del Estado,
y estarán presididos por
quien represente a la
Función Ejecutiva. La
estructura, funcionamiento y
forma de integración de sus
miembros se regulará de
acuerdo con los principios
de alternabilidad,
participación democrática,
Inclusión y pluralismo.

Sección tercera
Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Art. 158
Las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional son instituciones de
protección de los derechos, libertades
y garantías de los ciudadanos.
Las Fuerzas Armadas tienen como
misión fundamental la defensa de la
soberanía y la integridad territorial.
La protección interna y el
mantenimiento del orden público son
funciones privativas del Estado y
responsabilidad de la Policía Nacional.
Las servidoras y servidores de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
se formarán bajo los fundamentos de
la democracia y de los derechos
humanos, y respetarán la dignidad y
los derechos de las personas sin
discriminación alguna y con apego
irrestricto al ordenamiento jurídico.

Art. 159
Las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional serán
obedientes y no
deliberantes, y cumplirán su
misión con estricta sujeción
al poder civil y a la
Constitución.
Las autoridades de las
Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional serán
responsables por las
órdenes que impartan.

Art. 160
Las personas aspirantes a
la carrera militar y policial
no serán discriminadas para
su ingreso. La ley
establecerá los requisitos
específicos para los casos
en los que se requiera de
habilidades, conocimientos
o capacidades especiales.

Art. 161 El servicio cívico-militar es
voluntario. Este servicio se
realizará en el marco del
respeto a la diversidad y a los
derechos, y estará
acompañado de una
capacitación alternativa en
diversos campos
ocupacionales que
coadyuven al desarrollo
individual y al bienestar de la
sociedad. Quienes participen
en este servicio no serán
destinados a áreas de alto
riesgo militar.
Se prohíbe toda forma de
reclutamiento forzoso

Art. 162
Las Fuerzas Armadas sólo
podrán participar en
actividades económicas
relacionadas con la defensa
nacional, y podrán aportar
su contingente para apoyar
el desarrollo nacional, de
acuerdo con la ley.
El Estado asignará los
recursos necesarios para su
equipamiento,
entrenamiento y formación.

Art. 163 La Policía Nacional es una
institución estatal de carácter
civil, armada, técnica,
jerarquizada, disciplinada,
profesional y altamente
especializada, cuya misión es
atender la segundad ciudadana
y el orden público, y proteger el
libre ejercicio de los derechos y
la seguridad de las personas
dentro del territorio nacional.
Los miembros de la Policía
Nacional tendrán una formación
basada en derechos humanos,
investigación especializada,
prevención, control y
prevención del delito y
utilización de medios de
disuasión y conciliación como
alternativas al uso de la fuerza.

Sección cuarta
Estados de excepción

Art. 164
de la República podrá
decretar el estado de
excepción en todo el
territorio nacional o en parte
de él en caso de agresión,
conflicto armado
internacional o Interno,
grave conmoción interna,
calamidad pública o
desastre natural. La
declaración del estado de
excepción no interrumpirá
las actividades de las
funciones del Estado.

Art. 165
Durante el estado de excepción
la Presidenta o Presidente de la
República únicamente podrá
suspender o limitar el ejercicio
del derecho a la inviolabilidad de
domicilio, inviolabilidad de
correspondencia, libertad de
tránsito, libertad de asociación y
reunión, y libertad de
información, en los términos que
señala la Constitución.
Declarado el estado de
excepción, la Presidenta o
podrá:

1. Decretar la recaudación anticipada
de tributos.
2. Utilizar los fondos públicos
destinados a otros fines, excepto los
correspondientes a salud y
educación.
3. Trasladar la sede del gobierno a
cualquier lugar del territorio nacional.
4. Disponer censura previa en la
información de los medios de
comunicación social con estricta
relación a los motivos del estado de
excepción y a la seguridad del
Estado.
5. Establecer como zona de segundad
todo o parte del territorio nacional.
6. Disponer el empleo de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional y
llamar a servicio activo a toda la
reserva o a una parte de ella, así
como al personal de otras
instituciones.
7. Disponer el cierre o la habilitación de
puertos, aeropuertos y pasos
fronterizos.
8. Disponer la movilización y las
requisiciones que sean necesarias, y
decretar la desmovilización nacional,

Art. 166
de la República notificará la
declaración del estado de
excepción a la Asamblea
Nacional, a la Corte
Constitucional y a los
organismos internacionales
que corresponda dentro de
las cuarenta y ocho horas
siguientes a la firma del
decreto correspondiente.

Capítulo cuarto
Función Judicial y justicia indígena

Sección primera
Principios de la administración de justicia

Art. 167
La potestad de administrar
justicia emana del pueblo y
se ejerce por los órganos de
la Función Judicial y por los
demás órganos y funciones
establecidos en la
Constitución.

Art. 168
La administración de justicia, en el
cumplimiento de sus deberes y en el
ejercicio de sus atribuciones, aplicará los
siguientes principios:
1. Los órganos de la Función Judicial
gozarán de independencia interna y
externa. Toda violación a este
principio conllevará responsabilidad
administrativa, civil y penal de
acuerdo con la ley.
2. La Función Judicial gozará de
autonomía administrativa, económica
y financiera.
3. En virtud de la unidad jurisdiccional,
ninguna autoridad de las demás
funciones del Estado podrá
desempeñar funciones de
administración de justicia ordinaria,
sin perjuicio de las potestades
jurisdiccionales reconocidas por la
Constitución.
4. El acceso a la administración de
justicia será gratuito. La ley
establecerá el régimen de costas
procesales.

Art. 169
El sistema procesal es un
medio para la realización de
la justicia. Las normas
procesales consagrarán los
principios de simplificación,
uniformidad, eficacia,
inmediación, celeridad y
economía procesal, y harán
efectivas las garantías del
debido proceso.

Art. 170
Para el ingreso a la Función
Judicial se observarán los
criterios de igualdad,
equidad, probidad,
oposición, méritos,
publicidad, impugnación y
participación ciudadana.

Sección segunda
Justicia indígena

Art. 171
Las autoridades de las
comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas
ejercerán funciones
jurisdiccionales, con base en
sus tradiciones ancestrales y su
derecho propio, dentro de su
ámbito territorial, con garantía
de participación y decisión de
las mujeres. Las autoridades
aplicarán normas y
procedimientos propios para la
solución de sus conflictos
internos, y que no sean
contrarios a la Constitución y a
los derechos humanos
reconocidos en instrumentos

Sección tercera
Principios de la Función Judicial

Art. 172
Las juezas y jueces
administrarán justicia con
sujeción a la Constitución, a
los instrumentos
internacionales de derechos
humanos y a la ley.
Los operadores de justicia,
aplicarán el principio de la
debida diligencia en los
procesos de administración
de justicia.

Art. 173
Los actos administrativos de
cualquier autoridad del
Estado podrán ser
impugnados, tanto en la vía
administrativa como ante los
correspondientes órganos
de la Función Judicial.

Art. 174
Las servidoras y servidores
judiciales no podrán ejercer
la abogacía ni desempeñar
otro empleo público o
privado, excepto la
docencia universitaria fuera
de horario de trabajo.
La mala fe procesal, el litigio
malicioso o temerario, la
generación de obstáculos o
dilación procesal, serán
sancionados de acuerdo
con la ley.

Art. 175
Las niñas, niños y
adolescentes estarán
sujetos a una legislación y a
una administración de
justicia especializada, así
como a operadores de
justicia debidamente
capacitados, que aplicarán
los principios de la doctrina
de protección Integral.

Art. 176
Los requisitos y
procedimientos para
designar servidoras y
servidores judiciales
deberán contemplar un
concurso de oposición y
méritos, impugnación y
control social; se
propenderá a la paridad
entre mujeres y hombres.

Sección cuarta
Organización y funcionamiento

Art. 177
La Función Judicial se compone de órganos
jurisdiccionales, órganos administrativos,
órganos auxiliares y órganos autónomos. La
ley determinará su estructura, funciones,
atribuciones, competencias y todo lo
necesario para la adecuada administración
de justicia.

Art. 178
Los órganos jurisdiccionales, sin
perjuicio de otros órganos con ¡guales
potestades reconocidos en la
Constitución, son los encargados de
administrar justicia, y serán los
siguientes:
1. La Corte Nacional de Justicia.
2. Las cortes provinciales de justicia.
3. Los tribunales y juzgados que
establezca la ley.
4. Los juzgados de paz.
El Consejo de la Judicatura es el
órgano de gobierno, administración,
vigilancia y disciplina de la Función
Judicial.
La Función Judicial tendrá como
órganos auxiliares el servicio notarial,
los martilladores judiciales, los
depositarlos judiciales y los demás que
determine la ley.
La Defensoría Pública y la Fiscalía

Sección quinta
Consejos de la judicatura

Art. 179
El Consejo de la Judicatura
se Integrará por nueve
vocales con sus respectivos
suplentes, que durarán en el
ejercicio de sus funciones
seis años y no podrán ser
reelegidos; para su
conformación se propenderá
a la paridad entre hombres y
mujeres.

Art. 180
Las vocales y los vocales
cumplirán los siguientes
requisitos:
1. Ser ecuatoriana o
ecuatoriano y estar en goce
de los derechos políticos.
2. Tener título de tercer nivel
en Derecho legalmente
reconocido en el país o en
las ramas académicas
afines a las funciones
propias del Consejo,
legalmente acreditado.
3. Haber ejercido con probidad
e idoneidad notorias la
profesión o la docencia
universitaria en Derecho o
en las materias afines a las
funciones propias del
Consejo, por un lapso

Art. 181
Serán funciones del Consejo de la
Judicatura, además de las que
determine la ley:
1. Definir y ejecutar las políticas para
el mejoramiento y modernización
del sistema judicial.
2. Conocer y aprobar la proforma
presupuestaria de la Función
Judicial, con excepción de los
órganos autónomos.
3. Dirigir los procesos de selección de
jueces y demás servidores de la
Función Judicial, así como su
evaluación, ascensos y sanción.
Todos los procesos serán públicos y
las decisiones motivadas.
4. Administrar la carrera y la
profesionalización judicial, y
organizar y gestionar escuelas de
formación y capacitación judicial.
5. Velar por la transparencia y
eficiencia de la Función Judicial.
Las decisiones del Consejo de la
Judicatura se tomarán con el voto
conforme de cinco de sus vocales, salvo
las suspensiones y destituciones que
requerirán el voto favorable de siete de

Sección sexta
Justicia ordinaria

Art. 182
La Corte Nacional de Justicia
estará integrada por juezas y
jueces en el número de veinte y
uno, quienes se organizarán en
salas especializadas, y serán
designados para un periodo de
nueve años; no podrán ser
reelectos y se renovarán por
tercios cada tres años. Cesarán
en sus cargos conforme a la ley.
Existirán conjuezas y conjueces
que formarán parte de la Función
Judicial, quienes serán
seleccionados con los mismos
procesos y tendrán las mismas
responsabilidades y el mismo
régimen de incompatibilidades

Art. 183 Para ser jueza o juez de la Corte
Nacional de Justicia, además de los
requisitos de idoneidad que
determine la ley, se requerirá:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y
hallarse en goce de los
derechos políticos.
2. Tener título de tercer nivel en
Derecho legalmente reconocido
en el país.
3. Haber ejercido con probidad
notoria la profesión de abogada
o abogado, la judicatura o la
docencia universitaria en
ciencias jurídicas, por un lapso
mínimo de diez años.
Las juezas y jueces de la Corte
Nacional de Justicia serán elegidos
por el Consejo de la Judicatura
conforme a un procedimiento con
concurso de oposición y méritos,
impugnación y control social. Se
propenderá a la paridad entre mujer
y hombre.

Art. 184
Serán funciones de la Corte
Nacional de Justicia, además de
las determinadas en la ley, las
siguientes:
1. Conocer los recursos de
casación, de revisión y los
demás que establezca la ley.
2. Desarrollar el sistema de
precedentes jurisprudenciales
fundamentado en los fallos de
triple reiteración.
3. Conoce r las causas que se
inicien contra las servidoras y
servidores públicos que gocen
de fuero.
4. Presentar proyectos de ley
relacionados con el sistema de
administración de justicia

Art. 185
Las sentencias emitidas por
las salas especializadas de
la Corte Nacional de Justicia
que reiteren por tres
ocasiones la misma opinión
sobre un mismo punto,
obligarán a remitir el fallo al
pleno de la Corte a fin de
que ésta delibere y decida
en el plazo de hasta sesenta
días sobre su conformidad.
Si en dicho plazo no se
pronuncia, o si ratifica el
criterio, esta opinión
constituirá jurisprudencia

Art. 186
En cada provincia
funcionará una corte
provincial de justicia
integrada por el número de
juezas y jueces necesarios
para atender las causas,
que provendrán de la
carrera judicial, el libre
ejercicio profesional y la
docencia universitaria. Las
juezas y jueces se
organizarán en salas
especializadas en las
materias que se
correspondan con las de la

Art. 187
Las servidoras y servidores
judiciales tienen derecho a
permanecer en el
desempeño de sus cargos
mientras no exista una
causa legal para separarlos;
estarán sometidos a una
evaluación individual y
periódica de su rendimiento,
de acuerdo a parámetros
técnicos que elabore el
Consejo de la Judicatura y
con presencia de control
social. Aquellos que no
alcancen los mínimos

Art. 188
En aplicación del principio
de unidad jurisdiccional, los
miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía
Nacional serán juzgados
por la justicia ordinaria. Las
faltas de carácter
disciplinario o
administrativo serán
sometidas a sus propias
normas de procedimiento.

Sección séptima
Jueces de Paz

Art. 189 Las juezas y jueces de paz
resolverán en equidad y tendrán
competencia exclusiva y
obligatoria para conocer aquellos
conflictos individuales,
comunitarios, vecinales y
contravenciones, que sean
sometidos a su jurisdicción, de
conformidad con la ley. En ningún
caso podrá disponer la privación
de la libertad ni prevalecerá sobre
la justicia indígena.
Las juezas y jueces de paz
utilizarán mecanismos de
conciliación, diálogo, acuerdo
amistoso y otros practicados por la
comunidad para adoptar sus
resoluciones, que garantizarán y
respetarán los derechos
reconocidos por la Constitución.

Sección octava
Medios alternativos de solución de conflictos

Art. 190
Se reconoce el arbitraje, la
mediación y otros
procedimientos alternativos
para la solución de
conflictos. Estos
procedimientos se aplicarán
con sujeción a la ley, en
materias en las que por su
naturaleza se pueda
transigir.

Sección novena
Defensoría Pública

Art. 191
La Defensoría Pública es un
órgano autónomo de la
Función Judicial cuyo fin es
garantizar el pleno e igual
acceso a la justicia de las
personas que, por su estado de
Indefensión o condición
económica, social o cultural, no
puedan contratar los servicios
de defensa legal para la
protección de sus derechos.
La Defensoría Pública prestará
un servicio legal, técnico,
oportuno, eficiente, eficaz y
gratuito, en el patrocinio y
asesoría jurídica de los
derechos de las personas, en
todas las materias e instancias.

Art. 192
La Defensora Pública o Defensor
Público General reunirá los
siguientes requisitos:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano
y estar en goce de los
derechos políticos.
Derecho, legalmente
reconocido en el país, y
conocimientos en gestión
administrativa.
3. Haber ejercido con idoneidad
y probidad notorias la
profesión de abogada o
abogado, la judicatura o la
docencia universitaria por un
lapso mínimo de diez años.

Art. 193
Las facultades de
Jurisprudencia, Derecho o
Ciencias Jurídicas de las
universidades, organizarán
y mantendrán servicios de
defensa y asesoría jurídica
a personas de escasos
recursos económicos y
grupos que requieran
atención prioritaria.

Sección décima
Fiscalía General del Estado

Art. 194
La Fiscalía General del
Estado es un órgano
autónomo de la Función
Judicial, único e indivisible,
funcionará de forma
desconcentrada y tendrá
autonomía administrativa,
económica y financiera. La
Fiscal o el Fiscal General es
su máxima autoridad y
representante legal y
actuará con sujeción a los
principios constitucionales,
derechos y garantías del
debido proceso.

Art. 195
La Fiscalía dirigirá, la
investigación preprocesal y
procesal penal; durante el
proceso ejercerá la acción
pública con sujeción a los
principios de oportunidad y
mínima intervención penal,
con especial atención al
interés público y a los
derechos de las víctimas.
De hallar mérito acusará a
los presuntos infractores
ante el juez competente, e
impulsará la acusación en la
sustanciación del juicio
penal.

Art. 196
La Fiscal o el Fiscal General del
Estado reunirá los siguientes
requisitos:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y
estar en goce de los derechos
políticos.
Derecho legalmente reconocido
en el país y conocimientos en
gestión administrativa.
3. Haber ejercido con idoneidad y
probidad notorias la profesión de
abogada o abogado, la
judicatura o la docencia
universitaria en materia penal
por un lapso mínimo de diez
años.
La Fiscal o el Fiscal General del
Estado desempeñará sus funciones
durante seis años y no podrá ser

Sección undécima
Sistema de protección de víctimas y testigos

Art. 198
La Fiscalía General del
Estado dirigirá el sistema
nacional de protección y
asistencia a víctimas,
testigos y otros
participantes en el proceso
penal, para lo cual
coordinará la obligatoria
participación de las
entidades públicas afines a
los intereses y objetivos del
sistema y articulará la
participación de
organizaciones de la
sociedad civil.

Sección duodécima
Servicio notarial

Art. 199
Los servicios notariales son
públicos. En cada cantón o
distrito metropolitano habrá
el número de notarías y
notarios que determine el
Consejo de la Judicatura.

Art. 200
Las notarías y notarios son
depositarios de la fe
pública; serán nombrados
por el Consejo de la
Judicatura previo concurso
público de oposición y
méritos, sometido a
impugnación y control
social. Para ser notaría o
notario se requerirá tener
título de tercer nivel en
Derecho legalmente
reconocido en el país, y
haber ejercido con probidad
notoria la profesión de
abogada o abogado por un
lapso no menor de tres

Sección decimotercera
Rehabilitación social

Art. 201
El sistema de rehabilitación
social tendrá como finalidad la
rehabilitación integral de las
personas sentenciadas
penalmente para reinsertarlas
en la sociedad, así como la
protección de las personas
privadas de libertad y la
garantía de sus derechos.
El sistema tendrá como
prioridad el desarrollo de las
capacidades de las personas
sentenciadas penalmente para
ejercer sus derechos y cumplir
sus responsabilidades al
recuperar la libertad.

Art. 202
El sistema garantizará sus
finalidades mediante un
organismo técnico
encargado de evaluar la
eficacia de sus políticas,
administrar los centros de
privación de libertad y fijar
los estándares de
cumplimiento de los fines
del sistema.

Art. 203 El sistema se regirá por las siguientes
directrices:
1. Únicamente las personas
sancionadas con penas de privación
de libertad, mediante sentencia
condenatoria ejecutoriada,
permanecerán internas en los
centros de rehabilitación social.
Sólo los centros de rehabilitación
social y los de detención provisional
formarán parte del sistema de
rehabilitación social y estarán
autorizados para mantener a
personas privadas de la libertad. Los
cuarteles militares, policiales, o de
cualquier otro tipo, no son sitios
autorizados para la privación de la
libertad de la población civil.
2. En los centros de rehabilitación
social y en los de detención
provisional se promoverán y
ejecutarán planes educativos, de
capacitación laboral, de producción
agrícola, artesanal, industrial o
cualquier otra forma ocupacional, de
salud mental y física, y de cultura y
recreación.

3. Las juezas y jueces de
garantías penitenciarias
asegurarán los derechos de
las personas internas en el
cumplimiento de la pena y
decidirán sobre sus
modificaciones.
4. En los centros de privación de
libertad se tomarán medidas
de acción afirmativa para
proteger los derechos de las
personas pertenecientes a los
grupos de atención prioritaria.
5. El Estado establecerá
condiciones de inserción
social y económica real de las
personas después de haber
estado privadas de la libertad.

Capítulo quinto
Función de Transparencia y Control Social

Sección primera
Naturaleza y funciones

Art. 204
El pueblo es el mandante y
primer fiscalizador del poder
público, en ejercicio de su
derecho a la participación.
La Función de Transparencia y
Control Social promoverá e
impulsará el control de las
entidades y organismos del
sector público, y de las
personas naturales o jurídicas
del sector privado que presten
servicios o desarrollen
actividades de interés público,
para que los realicen con
responsabilidad, transparencia
y equidad.

Art. 205
Los representantes de las
entidades que forman parte de
la Función de Transparencia y
Control Social ejercerán sus
funciones durante un periodo
de cinco años, tendrán fuero de
Corte Nacional y estarán
sujetos al enjuiciamiento
político de la Asamblea
Nacional.
Sus máximas autoridades
deberán ser ecuatorianas o
ecuatorianos en goce de los
derechos políticos y serán
seleccionadas mediante
concurso público.

Art. 206
Los titulares de las entidades de la Función
de Transparencia y Control Social
conformarán una instancia de coordinación,
y elegirán de entre ellos, cada año, a la
Presidenta o Presidente de la Función.
Serán atribuciones y deberes de la
instancia de coordinación, además de los
que establezca la ley:
1. Formular políticas públicas de
transparencia, control, rendición de
cuentas, promoción de la participación
ciudadana y prevención y lucha contra
la corrupción.
2. Coordinar el plan de acción de las
entidades de la Función, sin afectar su
autonomía.
3. Articular la formulación del plan
nacional de lucha contra la corrupción.
4. Presentar a la Asamblea Nacional
propuestas de reformas legales en el
ámbito de sus competencias.
5. Informar anualmente a la Asamblea
Nacional de las actividades relativas al
cumplimiento de sus funciones, o
cuando ésta lo requiera.

Sección segunda
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Art. 207
El Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social
promoverá e incentivará el
ejercicio de los derechos
relativos a la participación
ciudadana, impulsará y
establecerá mecanismos
de control social en los
asuntos de interés público,
y designará a las
autoridades que le
corresponda de acuerdo
con la Constitución y la ley.

Art. 208 Serán deberes y atribuciones del Consejo
de Participación Ciudadana y Control
Social, además de los previstos en la ley:
1. Promover la participación ciudadana,
estimular procesos de deliberación
pública y propiciar la formación en
ciudadanía, valores, transparencia y
lucha contra la corrupción.
2. Establecer mecanismos de rendición
de cuentas de las instituciones y
entidades del sector público, y
coadyuvar procesos de veeduría
ciudadana y control social.
3. Instar a las demás entidades de la
Función para que actúen de forma
obligatoria sobre los asuntos que
ameriten intervención a criterio del
Consejo.
4. Investigar denuncias sobre actos u
omisiones que afecten a la
participación ciudadana o generen
corrupción.

5. Emitir Informes que determinen la
existencia de indicios de
responsabilidad, formular las
recomendaciones necesarias e
impulsar las acciones legales que
correspondan.
6. Actuar como parte procesal en las
causas que se instauren como
consecuencia de sus
investigaciones. Cuando en
sentencia se determine que en la
comisión del delito existió
apropiación indebida de recursos, la
autoridad competente procederá al
decomiso de los bienes del
patrimonio personal del sentenciado.
7. Coadyuvar a la protección de las
personas que denuncien actos de
corrupción.
8. Solicitar a cualquier entidad o
funcionario de las instituciones del
Estado la información que considere
necesaria para sus investigaciones o
procesos. Las personas e
Instituciones colaborarán con el
Consejo y quienes se nieguen a

9. Organizar el proceso y vigilar la
transparencia en la ejecución de
los actos de las comisiones
ciudadanas de selección de
autoridades estatales.
10. Designar a la primera autoridad de
la Procuraduría General del Estado
y de las superintendencias de entre
las ternas propuestas por la
República, luego del proceso de
impugnación y veeduría ciudadana
correspondiente.
11. Designar a la primera autoridad de
la Defensoría del Pueblo,
Defensoría Pública, Fiscalía
General del Estado y Contraloría
General del Estado, luego de
agotar el proceso de selección
correspondiente.
12. Designar a los miembros del
Consejo Nacional Electoral,
Tribunal Contencioso Electoral y
Consejo de la Judicatura, luego de

Art. 209
Para cumplir sus funciones
de designación el Consejo
de Participación Ciudadana
y Control Social organizará
comisiones ciudadanas de
selección, que serán las
encargadas de llevar a
cabo, en los casos que
corresponda, el concurso
público de oposición y
méritos con postulación,
veeduría y derecho a
impugnación ciudadana.

Art. 210
En los casos de selección por concurso de oposición y
méritos de una autoridad, el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social escogerá a quien obtenga la
mejor puntuación en el respectivo concurso e informará a la
Asamblea Nacional para la posesión respectiva.

Sección tercera
Contrataría General del Estado

Art. 211
La Contraloría General del
Estado es un organismo
técnico encargado del
control de la utilización de
los recursos estatales, y la
consecución de los
objetivos de las
instituciones del Estado y
de las personas jurídicas de
derecho privado que
dispongan de recursos
públicos.

Art. 212 Serán funciones de la Contraloría
General del Estado, además de las
que determine la ley:
1. Dirigir el sistema de control
administrativo que se compone
de auditoría interna, auditoría
externa y del control interno de
las entidades del sector público
y de las entidades privadas que
dispongan de recursos públicos.
2. Determinar responsabilidades
administrativas y civiles
culposas e indicios de
responsabilidad penal,
relacionadas con los aspectos y
gestiones sujetas a su control,
sin perjuicio de las funciones
que en esta materia sean
propias de la Fiscalía General
del Estado.
3. Expedir la normativa para el
cumplimiento de sus funciones.
4. Asesorar a los órganos y
entidades del Estado cuando se

Sección cuarta
Superintendencias

Art. 213
Las superintendencias son
organismos técnicos de
vigilancia, auditoría, intervención
y control de las actividades
económicas, sociales y
ambientales, y de los servicios
que prestan las entidades
públicas y privadas, con el
propósito de que estas
actividades y servicios se
sujeten al ordenamiento jurídico
y atiendan al interés general.
Las superintendencias actuarán
de oficio o por requerimiento
ciudadano. Las facultades
específicas de las
superintendencias y las áreas
que requieran del control,
auditoría y vigilancia de cada
una de ellas se determinarán de

Sección quinta
Defensoría del Pueblo

Art. 214
La Defensoría del Pueblo
será un órgano de derecho
público con jurisdicción
nacional, personalidad
jurídica y autonomía
administrativa y financiera.
Su estructura será
desconcentrada y tendrá
delegados en cada provincia
y en el exterior.

Art. 215
La Defensoría del Pueblo tendrá como
funciones la protección y tutela de los derechos
de los habitantes del Ecuador y la defensa de
los derechos de las ecuatorianas y
ecuatorianos que estén fuera del país. Serán
sus atribuciones, además de las establecidas
en la ley, las siguientes:
1. El patrocinio, de oficio o a petición de
parte, de las acciones de protección,
hábeas corpus, acceso a la información
pública, hábeas data, incumplimiento,
acción ciudadana y los reclamos por mala
calidad o indebida prestación de los
servicios públicos o privados.
2. Emitir medidas de cumplimiento
obligatorio e inmediato en materia de
protección de los derechos, y solicitar
juzgamiento y sanción ante la autoridad
competente, por sus incumplimientos.
3. Investigar y resolver, en el marco de sus
atribuciones, sobre acciones u omisiones
de personas naturales o jurídicas que
presten servicios públicos.
4. Ejercer y promover la vigilancia del
debido proceso, y prevenir, e impedir de
inmediato la tortura, el trato cruel,

Art. 216
Para ser designado
Defensora o Defensor del
Pueblo será necesario
cumplir con los mismos
requisitos exigidos para las
juezas y jueces de la Corte
Nacional de Justicia y
acreditar amplia trayectoria
en la defensa de los
derechos humanos.

Capítulo sexto
Función Electoral

Art. 217
La Función Electoral
garantizará el ejercicio de los
derechos políticos que se
expresan a través del sufragio,
así como los referentes a la
organización política de la
ciudadanía.
La Función Electoral estará
conformada por el Consejo
Nacional Electoral y el Tribunal
Contencioso Electoral. Ambos
órganos tendrán sede en Quito,
jurisdicción nacional,
autonomías administrativa,
financiera y organizativa, y
personalidad jurídica propia.

Sección primera
Consejo Nacional Electoral

Art. 218
El Consejo Nacional
Electoral se integrará por
cinco consejeras o
consejeros principales, que
ejercerán sus funciones por
seis años, y se renovará
parcialmente cada tres
años, dos miembros en la
primera ocasión, tres en la
segunda, y así
sucesivamente. Existirán
cinco consejeras o
consejeros suplentes que
se renovarán de igual forma
que los principales.

Art. 219 El Consejo Nacional Electoral
tendrá, además de las funciones
que determine la ley, las siguientes:
1. Organizar, dirigir, vigilar y
garantizar, de manera
transparente, los procesos
electorales, convocar a
elecciones, realizar los
cómputos electorales,
proclamar los resultados, y
posesionar a los ganadores de
las elecciones.
2. Designar los integrantes de los
organismos electorales
desconcentrados.
3. Controlar la propaganda y el
gasto electoral, conocer y
resolver sobre las cuentas que
presenten las organizaciones
políticas y los candidatos.

4. Garantizar la transparencia y
legalidad de los procesos
electorales internos de las
organizaciones políticas y las
demás que señale la ley.
5. Presentar propuestas de iniciativa
legislativa sobre el ámbito de
competencia de la Función
Electoral, con atención a lo
sugerido por el Tribunal
Contencioso Electoral.
6. Reglamentar la normativa legal
sobre los asuntos de su
competencia.
7. Determinar su organización y
formular y ejecutar su
presupuesto.
8. Mantener el registro permanente
de las organizaciones políticas y

9. Vigilar que las organizaciones
políticas cumplan con la ley, sus
reglamentos y sus estatutos.
10. Ejecutar, administrar y controlar el
financiamiento estatal de las
campañas electorales y de las
organizaciones políticas.
11. Conocer y resolver las
impugnaciones y reclamos
administrativos sobre las
resoluciones de los organismos
desconcentrados durante los
procesos electorales, e imponer las
sanciones que correspondan.
12. Organizar y elaborar el registro
electoral del país y en el exterior en
coordinación con el Registro Civil.
13. Organizar el funcionamiento de un
instituto de investigación,
capacitación y promoción político
electoral.

Sección segunda
Tribunal Contencioso Electoral

Art. 220
El Tribunal Contencioso
Electoral se conformará por
cinco miembros principales,
que ejercerán sus funciones
por seis años. El Tribunal
Contencioso Electoral se
renovará parcialmente cada
tres años, dos miembros en
la primera ocasión, tres en
la segunda, y así
sucesivamente.

Art. 221
El Tribunal Contencioso Electoral tendrá,
además de las funciones que determine
la ley, las siguientes:
1. Conocer y resolver los recursos
electorales contra los actos del
Consejo Nacional Electoral y de los
organismos desconcentrados, y los
asuntos litigiosos de las
organizaciones políticas.
2. Sancionar por incumplimiento de las
normas sobre financiamiento,
propaganda, gasto electoral y en
general por vulneraciones de normas
electorales.
3. Determinar su organización, y
formular y ejecutar su presupuesto.
4. Sus fallos y resoluciones constituirán
jurisprudencia electoral, y serán de
última instancia e inmediato
cumplimiento.

Los integrantes del Consejo
Nacional Electoral y el
Tribunal Contencioso
Electoral serán sujetos de
enjuiciamiento político por el
incumplimiento de sus
funciones y
responsabilidades
establecidas en la
Constitución y la ley. La
Función Legislativa no
podrá designar a los
reemplazos de las personas
destituidas.
Art. 222

Constitución de la república del ecuador art. 112 222

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