El documento describe cómo después del fracaso del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España, se establecieron varios "cortafuegos" institucionales para proteger a los involucrados y evitar que salieran a la luz las verdaderas complicidades y responsabilidades. Se protegió especialmente a altos cargos de los servicios de inteligencia como José Luis Cortina y Javier Calderón. Más tarde, varios de los implicados recibirían ascensos y cargos importantes a pesar de sus roles en el golpe fallido.