El documento se centra en la responsabilidad administrativa del Estado y sus servidores públicos, enfatizando la necesidad de responder por daños ocasionados a particulares debido a la acción administrativa. Se mencionan diversas leyes y principios, como la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley contra la corrupción, que establecen el marco legal para la responsabilidad administrativa y las sanciones aplicables. Además, se define la responsabilidad en sus distintas formas: civil, penal, administrativa y disciplinaria, describiendo el contexto de actuación de los funcionarios públicos.