Decreto Supremo Nro 056-modificaciones al reglamento ley 30225

5NORMAS LEGALESDomingo 19 de marzo de 2017El Peruano /
ECONOMIA Y FINANZAS
Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N° 350-2015-EF
DECRETO SUPREMO
N° 056-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 30506, el Congreso de la
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia de reactivación económica y
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la
corrupción, agua y saneamiento y reorganización de
Petroperú S.Apor el plazo de noventa (90) días calendario;
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1341 se
modificó la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, en el marco de la delegación de facultades para
legislar otorgada por el Congreso de la República al Poder
Ejecutivo mediante Ley N° 30506;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo N° 1341 dispone que, mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía
y Finanzas se modificará el reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado en un plazo
no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la
publicación del Decreto Legislativo N° 1341;
De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto
Legislativo N° 1341;
DECRETA:
Artículo 1.- Modificación de los artículos 1, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,
48, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 67, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91,
92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106,
107, 108, 111, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 126, 128,
135, 138, 139, 142, 143, 145, 149, 151, 152, 153, 154,
159, 160, 163, 164, 166, 170, 171, 175, 176, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 212,
213, 215, 216, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242,
243, 244, 245, 246, 248, 249; Octava, Novena, Décima
Cuarta, Décima Sexta y Décima Séptima Disposiciones
Complementarias Finales; Primera y Décima Tercera
Disposiciones Complementarias Transitorias; y, la
definición de Metrado y Requerimiento del Anexo
Único de Definiciones del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF.
Modifícase los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 53, 54,
55, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111,
114, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 126, 128, 135, 138, 139,
142, 143, 145, 149, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 163,
164, 166, 170, 171, 175, 176, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 212, 213, 215, 216,
218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 243, 244, 245,
246, 248, 249; Octava, Novena, Décima Cuarta, Décima
Sexta y Décima Séptima Disposiciones Complementarias
Finales; Primera y Décima Tercera Disposiciones
SEMINARIO
IMPACTO DE LAS
MODIFICACIONES A LA
NORMATIVA DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO
D.LEG. 1341 Y SU REGLAMENTO
ORGANIZAN:
A L P P A
Academia Latinoamericana de
Políticas Públicas y Arbitraje
04/05
abril
6:30 a 9:30 pm
sala sipán - Hotel MeliÁ
Incluye:
coffee break, materiales
y certiﬁcado
330
S/.
Incluido IGV
INVERSIÓN
INFORMES:
T. 01 711-9655
Sra. Ana Luis Andrade
aluis@ﬁrmavalleriestra.pe
AUSPICIAN:
EXPOSITORES:
SANDRO HERNÁNDEZ DIEZ
Ex. Director Técnico Normativo - OSCE
CARLOS IREIJO MITSUTA
Especialista en Contrataciones
ROBERTO REYNOSO PEÑAHERRERA
Ex. Jefe de Perú Compras

6 NORMAS LEGALES Domingo 19 de marzo de 2017 / El Peruano
Complementarias Transitorias; y, la definición de Metrado
y Requerimiento del Anexo Único de Definiciones del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en los
siguientes términos:
“Artículo 1.- Referencias
Cuando en el presente Reglamento se mencione la
palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia
a la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
«OSCE» al Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado, «la Entidad» a las Entidades señaladas
en el artículo 3 de la Ley, «el Tribunal» al Tribunal de
Contrataciones del Estado, «PERÚ COMPRAS» a la
Central de Compras Públicas, «SEACE» al Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado, «RNP» al
Registro Nacional de Proveedores y «UIT» a las Unidades
Impositivas Tributarias. Asimismo, la mención a oferta se
entiende que alude a propuesta y cuando se mencione un
artículo sin hacer referencia a norma alguna, está referido
al presente Reglamento.”
“Artículo 3.- De las otras organizaciones
Pueden realizar contrataciones en el marco de la Ley
y el Reglamento, las organizaciones creadas conforme
al ordenamiento jurídico nacional, así como los órganos
desconcentrados de las Entidades siempre que cuenten
con capacidad para gestionar sus contrataciones,
conforme a sus normas autoritativas.
Artículo 4.- Organización de la Entidad para las
contrataciones
4.1. Cada Entidad identifica en su Reglamento
de Organización y Funciones u otros documentos de
organización y/o gestión al órgano encargado de las
contrataciones, de acuerdo con lo que establece el
presente Reglamento.
4.2. El órgano encargado de las contrataciones tiene
como función la gestión administrativa del contrato, que
involucra el trámite de perfeccionamiento, la aplicación
de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo
que corresponda, entre otras actividades de índole
administrativo. La supervisión de la ejecución del contrato
compete al área usuaria o al órgano al que se le haya
asignado tal función.
4.3. Los servidores del órgano encargado de las
contrataciones de la Entidad que, en razón de sus
funciones intervienen directamente en alguna de las fases
de la contratación, deben ser profesionales y/o técnicos
certificados.
4.4. El OSCE establece las estrategias, los
procedimientos y requisitos para la certificación,
incluyendo niveles y perfiles, entre otros.
4.5. Las Entidades deben implementar, de manera
gradual, medidas dirigidas a delimitar las funciones y las
competencias de los distintos servidores que participan
en las diferentes fases de los procesos de contratación,
a fin de promover que, en lo posible, las mismas sean
conducidas por funcionarios o equipos de trabajo distintos.
Artículo 5.- Formulación del Plan Anual de
Contrataciones
5.1. En el primer semestre de cada año fiscal, durante
la fase de programación y formulación presupuestaria,
las áreas usuarias de las Entidades deben programar,
en el Cuadro de Necesidades, sus requerimientos de
bienes, servicios en general, consultorías y obras cuya
contratación se convocará en el año fiscal siguiente,
para cumplir los objetivos y resultados que se buscan
alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo
Institucional respectivo, adjuntando, para tal efecto, las
especificaciones técnicas de bienes y los términos de
referencia de servicios en general y consultorías y, en el
caso de obras, la descripción general de los proyectos a
ejecutarse, los mismos que deben ser remitidos por las
áreas usuarias.
5.2. Para elaborar el Cuadro Consolidado de
Necesidades, el órgano encargado de las contrataciones,
en coordinación con el área usuaria, consolida y valoriza
las contrataciones de bienes, servicios en general,
consultorías y obras.
5.3.Antesdelaaprobacióndelproyectodepresupuesto
de la Entidad, las áreas usuarias deben efectuar los
ajustes necesarios a sus requerimientos programados
en el Cuadro Consolidado de Necesidades en armonía
con las prioridades institucionales, actividades y metas
presupuestarias previstas, remitiendo sus requerimientos
priorizados al órgano encargado de las contrataciones,
con base a lo cual se elabora el proyecto del Plan Anual
de Contrataciones.
5.4. Para elaborar el proyecto del Plan Anual
de Contrataciones, el órgano encargado de las
contrataciones, en coordinación con el área usuaria, debe
determinar el monto estimado de las contrataciones de la
Entidad.
5.5. Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de
Apertura, el órgano encargado de las contrataciones, en
coordinación con las áreas usuarias de la Entidad, ajusta
el proyecto del Plan Anual de Contrataciones.
5.6. El Plan Anual de Contrataciones debe contemplar
las contrataciones de bienes y servicios a ser efectuadas
mediante Compras Corporativas, así como las
contrataciones por Acuerdo Marco. Las contrataciones
iguales o menores a ocho (8) UIT a ser efectuadas
mediante Compras Corporativas deben estar incluidas en
el Plan Anual de Contrataciones.
5.7. El OSCE establece las disposiciones relativas
al contenido, registro de información y otros aspectos
referidos al Plan Anual de Contrataciones.
Artículo 6.- Aprobación y modificación del Plan
Anual de Contrataciones
6.1. El Plan Anual de Contrataciones es aprobado
por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se
hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto
Institucional de Apertura.
6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de
Contrataciones, puede ser modificado en cualquier
momento durante el año fiscal para incluir o excluir
contrataciones y cuando se modifique el tipo de
procedimiento de selección, conforme a los lineamientos
establecidos por el OSCE.
6.3. La Entidad debe publicar su Plan Anual de
Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE
y, cuando lo tuviere, en su portal de internet. Dicha
publicación debe realizarse dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de
Contrataciones o de sus modificaciones e incluir la
publicación del correspondiente documento aprobatorio o
modificatorio, de ser el caso.
6.4. Es requisito para la convocatoria de los
procedimientos de selección, salvo para la comparación
de precios, que estén incluidos en el Plan Anual de
Contrataciones, bajo sanción de nulidad.”
“Artículo 8.- Requerimiento
8.1. Las Especificaciones Técnicas, los Términos
de Referencia o el Expediente Técnico, que integran
el requerimiento, contienen la descripción objetiva
y precisa de las características y/o requisitos
funcionales relevantes para cumplir la finalidad
pública de la contratación, y las condiciones en las que
debe ejecutarse la contratación. El requerimiento debe
incluir, además, los requisitos de calificación que se
consideren necesarios.
8.2. Para la contratación de obras, la planificación debe
incluir la identificación y asignación de riesgos previsibles
de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones
y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos,
conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El análisis
de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a:
(i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en la
ejecución de la obra.
8.3. Al definir el requerimiento no debe incluirse
exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación,
irrazonables e innecesarias referidas a la calificación
de los potenciales postores que limiten o impidan la

concurrencia de los mismos u orienten la contratación
hacia uno de ellos.
8.4. En la definición del requerimiento no se hace
referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de
fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción
determinados, ni descripción que oriente la contratación
hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el
correspondiente proceso de estandarización debidamente
autorizado por su Titular, en cuyo caso deben agregarse
las palabras “o equivalente” a continuación de dicha
referencia.
El requerimiento puede incluir las referencias antes
mencionadas tratándose de material bibliográfico
existente en el mercado, cuya adquisición obedezca a
planes curriculares y/o pedagógicos, por su contenido
temático, nivel de especialización u otras especificaciones
debidamente justificadas por el área usuaria, debiendo
establecerse el título, autor y edición que corresponda a
las características requeridas.
8.5. Adicionalmente, el requerimiento debe incluir
las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos,
normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás
normas que regulan el objeto de la contratación con
carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones
previstas en normas técnicas de carácter voluntario,
siempre que: (i) sirvan para asegurar el cumplimiento
de los requisitos funcionales o técnicos; (ii) se verifique
que existe en el mercado algún organismo que pueda
acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica; y,
(iii) no contravengan las normas de carácter obligatorio
mencionadas.
8.6. El requerimiento de bienes o servicios en general
de carácter permanente, cuya provisión se requiera de
manera continua o periódica se realiza por periodos no
menores a un (1) año.
8.7. El área usuaria es responsable de la adecuada
formulación del requerimiento, debiendo asegurar la
calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación
por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el
proceso de contratación.
8.8. En la definición del requerimiento la Entidad
debe analizar la necesidad de contar con prestaciones
accesorias a fin de garantizar el mantenimiento preventivo
y correctivo en función de la naturaleza del requerimiento.
8.9. Las especificaciones técnicas, los términos
de referencia, así como los requisitos de calificación
pueden ser formulados por el órgano encargado de las
contrataciones, a solicitud del área usuaria, cuando por
la naturaleza del objeto de la contratación dicho órgano
tenga conocimiento para ello, debiendo tal formulación
ser aprobada por el área usuaria.
8.10. El requerimiento puede ser modificado para
mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones
técnicas, los términos de referencia y el expediente
técnico, así como los requisitos de calificación hasta antes
de la aprobación del expediente de contratación, previa
justificación que debe formar parte de dicho expediente,
bajo responsabilidad. Las modificaciones deben contar
con la aprobación del área usuaria.
Artículo 9.- Homologación
9.1. Mediante la homologación las Entidades del
Poder Ejecutivo que formulan políticas nacionales y/o
sectoriales, establecen las características técnicas de
los requerimientos y/o los requisitos de calificación en
general relacionados con el ámbito de su competencia,
priorizando aquellos que sean de contratación
recurrente, de uso masivo por las Entidades y/o
aquellos identificados como estratégicos para el
sector, conforme a los lineamientos establecidos por
PERÚ COMPRAS.
9.2. El uso de la ficha de homologación es obligatorio
a partir del día siguiente de la publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”, siempre que no se haya convocado
el procedimiento de selección correspondiente.
9.3. Las fichas de homologación aprobadas son
de uso obligatorio para todas las contrataciones que
realizan las Entidades, con independencia del monto de
la contratación, incluyendo aquellas que no se encuentran

bajo el ámbito de la Ley o que se sujeten a otro régimen
legal de contratación.
9.4. La contratación de los requerimientos que
cuenten con ficha de Homologación aprobada se realiza
mediante el procedimiento de selección de Adjudicación
Simplificada.
9.5. En el caso de las Entidades bajo el ámbito de la
Ley, si el bien o servicio es incluido en el Listado de Bienes
y Servicios Comunes corresponderá que se contrate
mediante Subasta Inversa Electrónica. Asimismo, en el
caso que el bien o servicio esté incluido en un Catálogo
Electrónico de Acuerdo Marco, se utiliza este método
especial para su contratación.
Artículo 10.- Del proceso de homologación
10.1. La aprobación, la modificación y la exclusión de
la ficha de homologación se efectúa mediante resolución
del Titular de la Entidad que realiza la homologación,
conforme al procedimiento y plazos que establezca PERÚ
COMPRAS. Dichos actos deben contar con la opinión
favorable de PERÚ COMPRAS y publicarse en el Diario
Oficial “El Peruano”. La facultad del Titular a que se refiere
este numeral es indelegable.
10.2. El proyecto de ficha de homologación debe
prepublicarse en el portal institucional de la Entidad
que realiza la homologación, de PERÚ COMPRAS
y en el del SEACE a fin de recibir comentarios,
recomendaciones y observaciones sobre su contenido,
por un periodo mínimo de diez (10) días hábiles. La
Entidad tiene un plazo de diez (10) días hábiles para
evaluar y, de ser el caso, modificar el proyecto de ficha
de homologación.
10.3. PERÚ COMPRAS debe publicar en su portal
institucional la relación y las fichas de homologación
vigentes.
Artículo 11.- Estudios de Mercado
11.1. El órgano encargado de las contrataciones
realiza un estudio de mercado para determinar el valor
referencial, sobre la base del requerimiento, tomando
en cuenta las especificaciones técnicas o términos
de referencia, así como los requisitos de calificación
definidos por el área usuaria. El estudio de mercado
debe contener como mínimo la siguiente información: a)
Existencia de pluralidad de marcas o postores; y b) Si
existe o no la posibilidad de distribuir la buena pro.
11.2. El estudio de mercado debe indicar los criterios y la
metodología utilizados, a partir de las fuentes previamente
identificadas para lo cual se recurre a cotizaciones,
presupuestos, portales o páginas web, catálogos, precios
históricos, estructuras de costos entre otros, según
corresponda al objeto de la contratación. Las cotizaciones
deben provenir de proveedores cuyas actividades estén
directamente relacionadas con el objeto de la contratación.
11.3. En la elaboración del estudio de mercado
se encuentra proscrita toda práctica que oriente la
contratación hacia un proveedor o que incida de manera
negativa o distorsione la competencia en el proceso de
contratación o la aplicación del procedimiento de selección
que le corresponda.
Artículo 12.- Valor referencial
12.1. El valor referencial es público. Excepcionalmente,
en el caso de bienes y servicios, por la naturaleza de la
contratación o por las condiciones del mercado, el valor
referencial puede ser reservado, en cuyo caso el órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad debe emitir
un informe fundamentado, el cual debe ser aprobado
por el Titular de la Entidad y adjuntarse al expediente de
contratación.
12.2. La reserva del valor referencial cesa cuando
el comité de selección lo hace de conocimiento de los
postores, en el acto público de apertura de los sobres que
contienen la oferta económica o en el acto de la buena
pro, según corresponda.
12.3. En los procedimientos de selección con valor
referencial reservado no se aplican los límites mínimos y
máximos para admitir la oferta económica, previstos en la
Ley y el Reglamento.
12.4. En cualquiera de los supuestos, es obligatorio
registrar el valor referencial en el SEACE, debiendo
garantizarse los mecanismos de confidencialidad en el
caso de ser reservado.
12.5. Tratándose de bienes y servicios, la antigüedad
del valor referencial no puede ser mayor a tres (3)
meses contados a partir de la aprobación del expediente
de contratación, pudiendo actualizarse antes de la
convocatoria.
12.6. En el caso de ejecución y consultoría de obras,
el valor referencial para convocar el procedimiento de
selección no puede tener una antigüedad mayor a los seis
(6) meses, contados a partir de la fecha de determinación
del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría
de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes
de la convocatoria.
12.7. El valor referencial se determina conforme a lo
siguiente:
a) En la contratación de bienes y servicios, el valor
referencial se determina conforme a lo previsto en el
artículo 11 y para su cálculo debe incluirse todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que
le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los
bienes y servicios a contratar.
b) En la contratación para la ejecución de obras,
corresponde al monto del presupuesto de obra
establecido en el Expediente Técnico de Obra aprobado
por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia
de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo
la elaboración del expediente técnico debe realizar las
indagaciones de mercado necesarias que le permitan
contar con el análisis de precios unitarios actualizado
por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los
insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas;
además de los gastos generales variables y fijos así
como la utilidad.
El presupuesto de obra debe estar suscrito por
los consultores de obra y/o servidores públicos que
participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación,
según corresponda.
c) En el caso de consultoría de obras, el área usuaria
debe proporcionar los componentes o rubros, a través
de una estructura que permita al órgano encargado de
las contrataciones determinar, de manera previa a la
convocatoria, el presupuesto de la consultoría luego de la
interacción con el mercado.
El presupuesto de consultoría de obra debe detallar
los costos directos, los gastos generales, fijos y variables,
y la utilidad, de acuerdo a las características, plazos y
demás condiciones definidas en el requerimiento.
d) El presupuesto de obra o de la consultoría de obra
debe incluir, con suficiente detalle, todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad
en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme
a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el
presupuesto.
12.8. En el caso de los procedimientos de selección
según relación de ítems, el valor referencial del conjunto
sirve para determinar el tipo de procedimiento de
selección, el cual se determina en función a la sumatoria
de los valores referenciales de cada uno de los ítems
considerados.
está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las
dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que
están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.
12.10. Cuando el valor referencial es observado por
los participantes, el órgano a cargo del procedimiento
de selección debe hacerlo de conocimiento del órgano
encargado de las contrataciones o de la dependencia
encargada de la determinación del valor referencial para
su opinión y, si fuera el caso, para que apruebe un nuevo
valor referencial.

Artículo 13.- Valor referencial de los servicios
relacionados a los seguros patrimoniales
13.1. En el caso de la contratación de seguros
patrimoniales, la Entidad puede contratar los servicios
de asesoramiento de un corredor de seguros, a fin de
estructurar su programa de seguros y reaseguros, cuando
lo considere pertinente, así como obtener la información
necesaria sobre el mercado asegurador nacional o
internacional para determinar el valor referencial de la
prima comercial.
13.2. El corredor de seguros debe encontrarse
inscrito en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de
Seguros de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
cumplir con los demás requisitos que establezca dicha
entidad.
13.3. La Entidad puede solicitar que la cotización de
las aseguradoras nacionales contenga una estructura
de costos que incluya la comisión del corredor de
seguros, o convenir dicha comisión con el corredor
de seguros nombrado, según carta de nombramiento
correspondiente, para incorporarla como parte del valor
referencial antes referido.
13.4. La Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones puede
emitir las disposiciones que sean necesarias para una
adecuada participación de los corredores de seguros en
dichos procesos.
Artículo 14.- Sistema de Contratación
Las contrataciones pueden contemplar alguno de los
siguientes sistemas de contratación:
1. A suma alzada, aplicable cuando las cantidades,
magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en
las especificaciones técnicas, en los términos de referencia
o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones
técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra,
respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo
integral y por un determinado plazo de ejecución, para
cumplir con el requerimiento.
Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta
considerando los trabajos que resulten necesarios para
el cumplimiento de la prestación requerida según los
planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva,
presupuesto de obra que forman parte del expediente
técnico, en ese orden de prelación; debiendo presentar
para la suscripción del contrato el desagregado de
partidas que da origen a la oferta. El mismo orden de
prelación se aplica durante la ejecución de la obra.
Tratándose de consultoría de obras, el postor formula
su oferta considerando los trabajos necesarios para
el cumplimiento de la prestación requerida, según los
términos de referencia y el valor referencial, en ese orden
de prelación.
No puede emplearse el sistema de contratación a
suma alzada en obras de saneamiento y viales.
2. A precios unitarios, aplicable en las contrataciones
de bienes, servicios en general, consultorías y obras,
cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las
cantidades o magnitudes requeridas.
En el caso de bienes, servicios en general y
consultorías, el postor formula su oferta proponiendo
precios unitarios en función de las cantidades referenciales
contenidas en los documentos del procedimiento de
selección y que se valorizan en relación a su ejecución
real, durante un determinado plazo de ejecución.
En el caso de obras, el postor formula su oferta
proponiendo precios unitarios considerando las partidas
contenidas en los documentos del procedimiento, las
condiciones previstas en los planos y especificaciones
técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan
en relación a su ejecución real y por un determinado plazo
de ejecución.
3. Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios,
aplicable para la contratación de servicios en general y
obras.
Tratándose de servicios, cuando las prestaciones
comprendan magnitudes o cantidades que pueden
conocerse con exactitud y precisión, se contratan bajo el
sistema de suma alzada; los elementos cuyas magnitudes
o cantidades no puedan conocerse, se contratan bajo el
sistema de precios unitarios.
En el caso de obras, cuando en el expediente técnico
uno o varios componentes técnicos corresponden a
magnitudes y cantidades no definidas con precisión, se
contratan bajo el sistema de precios unitarios, en tanto
los componentes, cuyas cantidades y magnitudes estén
definidas en el expediente técnico, se contratan bajo el
sistema de suma alzada.
4. Tarifas, aplicable para las contrataciones de
consultoría en general y de supervisión de obra,
cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de
prestación de servicio. En este caso, el postor formula su
oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o
referencial para la ejecución de la prestación contenido
en los documentos del procedimiento y que se valoriza
en relación a su ejecución real. Los pagos se basan
en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas
sociales, tributos, gastos generales y utilidades.
5. En base a porcentajes, aplicable en la contratación
de servicios de cobranzas, recuperaciones o prestaciones
de naturaleza similar. Dicho porcentaje incluye todos los
conceptos que comprende la contraprestación que le
corresponde al contratista.
6. En base a un honorario fijo y una comisión de
éxito, aplicable en las contrataciones de servicios. En
ese caso el postor formula su oferta contemplando un
monto fijo y un monto adicional como incentivo que debe
pagarse al alcanzarse el resultado esperado. El honorario
fijo y la comisión de éxito pueden calcularse en base a
porcentajes.
Artículo 15.- Modalidad de ejecución llave en mano
El procedimiento de selección se convoca bajo la
modalidad de ejecución llave en mano cuando el postor
debe ofertar en conjunto la construcción, equipamiento y
montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra
y, de ser el caso, la operación asistida de la obra. En el
caso de contratación de bienes el postor oferta, además
de estos, su instalación y puesta en funcionamiento.”
“Artículo 17.- Fórmulas de reajuste
17.1. En los casos de contratos de ejecución periódica
o continuada de bienes servicios en general, consultorías
en general, pactados en moneda nacional, los documentos
del procedimiento de selección pueden considerar
fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden
al contratista, así como la oportunidad en la cual se
debe hacer efectivo el pago, conforme a la variación
del Índice de Precios al Consumidor que establece el
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI,
correspondiente al mes en que debe efectuarse el pago.
Cuando se trate de bienes sujetos a cotización
internacional o cuyo precio esté influido por esta, no se
aplica la limitación del Índice de Precios al Consumidor a
que se refiere el párrafo precedente.
17.2. En el caso de contratos de obra pactados en
moneda nacional, los documentos del procedimiento
de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las
valorizaciones que se efectúen a precios originales del
contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se
obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas,
los Índices Unificados de Precios de la Construcción
que publica el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe
ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices
correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago,
se realizan las regularizaciones necesarias.
Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas
polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias
y complementarias.
17.3. En el caso de contratos de consultoría de obras
pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan
a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o
polinómicas, según corresponda, las cuales deben

estar previstas en los documentos del procedimiento de
selección. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna
en sus facturas el monto resultante de la aplicación de
dichas fórmulas, cuyas variaciones son mensuales,
hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo,
utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices
correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago,
se realizan las regularizaciones necesarias.
17.4. No son de aplicación las fórmulas de reajuste
cuando los documentos del procedimiento de selección
establezcan que las ofertas se expresen en moneda
extranjera, salvo el caso de los bienes sujetos a cotización
internacional o cuyo precio esté influido por esta.
17.5. En el caso de contratos bajo modalidad mixta,
pactados en moneda nacional, los documentos del
procedimiento de selección podrán considerar más de
una fórmula de reajuste de los pagos que corresponden
al contratista, así como la oportunidad en la cual debe
hacerse efectivo el pago.
Las disposiciones para regular la elaboración de las
fórmulas de reajuste se aprueban mediante Decreto
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas.”
“Artículo 19.- Prohibición de fraccionamiento
19.1. El área usuaria, el órgano encargado de las
contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad cuya
función esté relacionada con la correcta planificación de
los recursos, son responsables por el incumplimiento
de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse
en cada caso el deslinde de responsabilidad, cuando
corresponda.
19.2. No se incurre en prohibición de fraccionamiento
cuando:
a) Se contraten bienes o servicios idénticos a los
contratados anteriormente durante el mismo ejercicio
fiscal, cuando la contratación completa no se pudo
realizar en su oportunidad, debido a que no se contaba
con los recursos disponibles suficientes para realizar
dicha contratación completa, o surge una necesidad
imprevisible adicional a la programada.
b) La contratación se efectúe a través de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco, salvo en los casos que
determine el OSCE.
Artículo 20.- Requisitos para convocar
20.1. Para convocar un procedimiento de selección, se
debe contar con el expediente de contratación aprobado,
estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, haber
designado al comité de selección cuando corresponda,
y contar con los documentos del procedimiento de
selección aprobados que se publican con la convocatoria,
de acuerdo a lo que establece el Reglamento.
20.2. Tratándose de procedimientos de selección para
la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente
con el expediente técnico y la disponibilidad física del
terreno, salvo que, por las características de la obra, se
permita entregas parciales del terreno. En este caso,
la Entidad debe adoptar las medidas necesarias para
asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto
de no generar mayores gastos por demoras en la entrega,
bajo responsabilidad.
Artículo 21.- Contenido del expediente de
contratación
debe llevar un expediente del proceso de contratación,
en el que debe ordenarse, archivarse y preservarse la
documentación que respalda las actuaciones realizadas
desde la formulación del requerimiento del área usuaria
hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas
del contrato, incluidas las incidencias del recurso de
apelación y los medios de solución de controversias de la
ejecución contractual, según corresponda.
21.2. Las demás dependencias de la Entidad deben
facilitar copia de las actuaciones relevantes para mantener
el expediente completo, tales como comprobantes de
pago, resultados de los mecanismos de solución de
controversias, entre otros.
21.3. El órgano encargado de las contrataciones es
el responsable de remitir el expediente de contratación
al funcionario competente para su aprobación, en forma
previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de
organización interna. Para su aprobación, el expediente
de contratación debe contener:
a) El requerimiento, indicando si cuenta con ficha de
homologación aprobada, se encuentra en el listado de
bienes y servicios comunes o en Catálogo Electrónico de
Acuerdo Marco;
b) El documento que aprueba el proceso de
estandarización, cuando corresponda;
c) El informe técnico de evaluación de software,
conforme a la normativa de la materia, cuando
corresponda;
d) El sustento del número máximo de consorciados,
de corresponder;
e) El estudio de mercado realizado, y su actualización
cuando corresponda;
f) El Resumen ejecutivo;
g) El valor referencial;
h) La certificación de crédito presupuestario y/o la
previsión presupuestal, de acuerdo a la normatividad
vigente;
i) La opción de realizar la contratación por paquete,
lote y tramo, cuando corresponda;
j) La determinación del procedimiento de selección,
el sistema de contratación y, cuando corresponda,
la modalidad de contratación con el sustento
correspondiente;
k) La fórmula de reajuste, de ser el caso;
l) La declaratoria de viabilidad y verificación de
viabilidad, cuando esta última exista, en el caso de
contrataciones que forman parte de un proyecto de
inversión pública.
m) En el caso de modalidad mixta debe cumplir
con las disposiciones del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en
caso corresponda.
n) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad
llave en mano que cuenten con componente equipamiento,
las especificaciones técnicas de los equipos requeridos;
o) En el caso de ejecución de obras, el sustento de
que procede efectuar la entrega parcial del terreno, de ser
el caso; y,
p) Otra documentación necesaria conforme a la
normativa que regula el objeto de la contratación.
21.4. Cuando un procedimiento de selección sea
declarado desierto, la nueva convocatoria requiere contar
con una nueva aprobación del expediente de contratación,
solo cuando así lo disponga el informe de evaluación de
las razones que motivaron la declaratoria de desierto,
elaborado por el órgano a cargo del procedimiento de
selección.
21.5. El órgano encargado de las contrataciones tiene
a su cargo la custodia del expediente de contratación,
salvo en el período en el que dicha custodia esté a cargo
del comité de selección.”
“Artículo 23.- Designación, suplencia, remoción y
renuncia de los integrantes del comité de selección
23.1. El comité de selección está integrado por tres
(3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y
por lo menos uno (1) debe tener conocimiento técnico en
el objeto de la contratación.
23.2. Tratándose de los procedimientos de selección
para la contratación de ejecución de obras, consultoría
en general, consultoría de obras y modalidad mixta,
de los tres (3) miembros que forman parte del comité
de selección, por lo menos, dos (2) deben contar con
conocimiento técnico en el objeto de la contratación.

23.3. Cuando la Entidad no cuente con especialistas
con conocimiento técnico en el objeto de la contratación,
puede contratar expertos independientes o gestionar
el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que
integren el comité de selección.
23.4. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien
se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito
a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes,
indicando los nombres y apellidos completos, la
designación del presidente y su suplente; atendiendo a
las reglas de conformación señaladas en los numerales
precedentes para cada miembro titular y su suplente. La
designación es notificada por la Entidad a cada uno de
los miembros.
El órgano encargado de las contrataciones entrega
al presidente del comité de selección el expediente de
contratación aprobado, para que dicho comité se instale y
elabore los documentos del procedimiento de selección y
realice la convocatoria.
23.5. Los integrantes suplentes solo actúan ante la
ausencia del titular. En dicho caso, la Entidad evalúa el
motivo de la ausencia del titular a efectos de determinar
su responsabilidad, si la hubiere, sin que ello impida la
participación del suplente.
23.6. Los integrantes del comité de selección solo
pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor,
por cese en el servicio, conflicto de intereses u otra
situación justificada, mediante documento debidamente
motivado. En el mismo documento puede designarse al
nuevo integrante.
23.7. Los integrantes del comité de selección no
pueden renunciar al cargo encomendado, salvo conflicto
de intereses. En este caso, la renuncia se presenta por
escrito detallando las razones que sustentan el conflicto
de intereses. Incurre en responsabilidad el servidor que
temeraria o maliciosamente alega un conflicto de intereses
inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento
de sus obligaciones.”
“Artículo 25.- Quórum, acuerdo y responsabilidad
25.1. El comité de selección actúa en forma colegiada
y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren
ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los
miembros del comité de selección gozan de las mismas
facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus
integrantes son solidariamente responsables por su
actuación, salvo en relación a los actos por los cuales
aquellos hayan señalado en el acta correspondiente su
voto discrepante.
25.2. Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el
comité de selección se sujeta a las siguientes reglas:
a) El quórum para el funcionamiento del comité
de selección se da con la presencia del número total
de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los
titulares, se procede a su reemplazo con el respectivo
suplente.
b) Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por
mayoría. No cabe la abstención por parte de ninguno de
los integrantes.
25.3. Los acuerdos que adopte el comité de selección y
los votos discrepantes, con su respectiva fundamentación,
constan en actas que deben ser suscritas por estos, que
se incorporan al expediente de contratación. A solicitud
del miembro respectivo, si en la fundamentación de
su voto este ha hecho uso de material documental, el
mismo deberá quedar incorporado en el expediente de
contratación.
25.4. Durante el desempeño de su encargo, el comité
de selección está facultado para solicitar el apoyo que
requiera de las dependencias o áreas pertinentes de
la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo
responsabilidad.
25.5. Los integrantes del comité de selección se
encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus
funciones, debiendo informar con oportunidad sobre
la existencia de cualquier conflicto de intereses y de
comunicar a la autoridad competente sobre cualquier
acto de corrupción de la función pública del que tuvieran
conocimiento durante el desempeño de su encargo, bajo
responsabilidad.”
“Artículo 27.- Contenido mínimo de los documentos
del procedimiento
27.1. Las bases de la licitación pública, el concurso
público, la adjudicación simplificada y la subasta inversa
electrónica deben contener:
a) La denominación del objeto de la contratación;
b) Las Especificaciones Técnicas, los Términos de
Referencia, la Ficha de Homologación, la Ficha Técnica o
el Expediente Técnico de Obra, según corresponda;
c) El valor referencial. Para el caso de obras y
consultoría de obras se debe indicar el límite superior
que señala el artículo 28 de la Ley. Este límite se calcula
considerando dos decimales y sin efectuar el redondeo en
el segundo decimal;
d) La moneda en que se expresa la oferta económica;
e) La modalidad de ejecución de llave en mano,
cuando corresponda;
f) El sistema de contratación;
g) Las fórmulas de reajuste, cuando correspondan;
h) El costo de reproducción;
i) Los requisitos de precalificación, cuando
corresponda;
j) Los requisitos de calificación;
k) Los factores de evaluación;
l) Las instrucciones para formular ofertas;
m) Las garantías aplicables;
n) En el caso de ejecución de obras, cuando se
hubiese previsto las entregas parciales del terreno, la
precisión de que cualquier demora justificada en dicha
entrega, no genera mayores pagos;
o) Los mecanismos para asegurar la terminación
de la obra, en caso de nulidad o resolución del contrato
por causas imputables al contratista, siempre que exista
necesidad urgente de continuar con las prestaciones
no ejecutadas, atendiendo los fines públicos de la
contratación;
p) Las demás condiciones contractuales; y,
q) La proforma del contrato, cuando corresponda.
27.2. Las solicitudes de expresión de interés del
procedimiento de selección de consultores individuales
deben contener:
a) La denominación del objeto de la contratación;
b) Los Términos de Referencia;
c) El valor referencial, que constituye el precio de la
contratación;
d) El formato de hoja de vida;
e) Los requisitos de calificación, los factores de
evaluación y el procedimiento de calificación y evaluación;
y,
f) Las instrucciones para formular expresión de interés.
27.3. En caso se opte por elaborar una solicitud
de cotización en el caso de la comparación de precios
debe contener como mínimo lo dispuesto en el literal b)
del numeral 27.1 del artículo 27. Cuando no se elabore
una solicitud de cotización y la información se obtenga
de manera telefónica, presencial o mediante portales
electrónicos la Entidad debe elaborar un informe que
contenga los detalles de dicha indagación.
Artículo 28.- Requisitos de calificación
28.1. La Entidad verifica la calificación de los
postores conforme a los requisitos que se indiquen en
los documentos del procedimiento de selección, a fin
de determinar que estos cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los
documentos del procedimiento de selección se deben
establecer de manera clara y precisa los requisitos
que deben cumplir los postores a fin de acreditar su
calificación.

28.2. Los requisitos de calificación que pueden
adoptarse son los siguientes:
a) Capacidad legal: aquella documentación que
acredite la representación y habilitación para llevar a cabo
la actividad económica materia de contratación.
b) Capacidad técnica y profesional: aquella que
acredita el equipamiento estratégico, infraestructura
estratégica, así como la experiencia del personal clave
requerido. Las calificaciones del personal pueden ser
requeridas para servicios en general, obras, consultoría
en general y consultoría de obras.
c) Experiencia del postor.
La capacidad legal es un requisito de precalificación
en aquellas licitaciones públicas que se convoquen con
esta modalidad.
28.3. La Entidad no puede imponer requisitos
distintos a los señalados en el presente artículo y en los
documentos estándar aprobados por el OSCE.
28.4. En el caso de consorcios, solo se considera
la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato conforme a lo
previsto en el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley.
28.5. El área usuaria puede establecer un número
máximo de consorciados en función a la naturaleza de la
prestación, debiendo dicha decisión encontrarse debidamente
sustentada. Asimismo, puede establecer un porcentaje
mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia.
Artículo 29.- Procedimiento de evaluación
29.1. Los documentos del procedimiento deben
contemplar lo siguiente:
a) La indicación de todos los factores de evaluación,
los cuales deben guardar vinculación, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratación.
b) La ponderación de cada factor en relación con los
demás, los puntajes máximos relativos para cada factor
y la forma de asignación del puntaje en cada uno de
estos. En las contrataciones de consultoría en general y
consultoría de obras, el puntaje técnico mínimo se define
en las Bases estándar.
c) En las contrataciones de bienes, servicios en
general y obras, la evaluación se realiza sobre la base
de cien (100) puntos. En la evaluación se debe observar
la ponderación que establecen los documentos del
procedimiento estándar aprobados por el OSCE.
d) En las contrataciones de consultoría en general y
consultoría de obras, la evaluación técnica y económica
se realiza sobre cien (100) puntos en cada caso.
e) La documentación que sirve para acreditar los
factores de evaluación.
f) Tratándose de la contratación de servicios en general,
consultorías y obras que se presten o ejecuten fuera de
la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no
supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000,00) para
la contratación de servicios en general y consultorías y
no superen los novecientos mil Soles (S/ 900 000,00)
en el caso de obras, a solicitud del postor se asigna una
bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la
provincia donde presta el servicio o se ejecuta la obra, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado
en la constancia de inscripción ante el RNP.
29.2. Para evaluar las ofertas, la Entidad utiliza
únicamente los factores de evaluación y el procedimiento
que haya enunciado en los documentos del procedimiento.
29.3. Lo dispuesto en el presente artículo no es
aplicable para la subasta inversa electrónica.
Artículo 30.- Factores de evaluación
30.1. La Entidad evalúa las ofertas conforme a los
factores de evaluación previstos en las Bases, a fin de
determinar la mejor oferta.
30.2. En el caso de bienes, servicios en general,
modalidad mixta y obras, el precio debe ser un factor de
evaluación y, adicionalmente, pueden establecerse los
siguientes factores:
a) El plazo para la entrega de los bienes o la prestación
de los servicios;
b) Las características particulares que se ofrecen
para el objeto de contratación, como pueden ser las
relacionadas a la sostenibilidad ambiental o social,
mejoras para bienes y servicios, entre otras;
c) Garantía comercial y/o de fábrica; y,
d) Otros factores que se prevean en los documentos
estándar que aprueba el OSCE.
Los factores de evaluación señalados deben ser
objetivos.
30.3. En el caso de consultoría en general o
consultoría de obra, debe establecerse al menos uno de
los siguientes factores de evaluación:
a) La metodología propuesta;
b) Calificaciones y/o experiencia del personal clave
con formación, conocimiento, competencia y/o experiencia
similar al campo o especialidad que se propone, así como
en administración de riesgos en obra, de ser el caso;
c) Referidos al objeto de la convocatoria, tales como
equipamiento, infraestructura, entre otros;
d) Otros que se prevean en los documentos estándar
que aprueba el OSCE.
Adicionalmente, debe considerarse el precio como un
factor de evaluación.
30.4. En el caso de selección de consultores
individuales, los factores de evaluación deben ser:
a) Experiencia en la especialidad;
b) Calificaciones; y,
c) Entrevista.
Artículo 31.- Contenido mínimo de las ofertas
Los documentos del procedimiento establecen el
contenido de las ofertas. El contenido mínimo es el
siguiente:
1. Declaración jurada declarando que:
a) No tiene impedimento para postular en el
procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley;
b) Conoce, acepta y se somete a los documentos
del procedimiento de selección, condiciones y reglas del
procedimiento de selección;
c) Es responsable de la veracidad de los documentos
e información que presenta en el procedimiento;
d) No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de
corrupción, así como a respetar el principio de integridad;
e) Se compromete a mantener su oferta durante el
procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato
en caso de resultar favorecido con la buena pro; y,
f) Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su
Reglamento, así como las disposiciones aplicables de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
2. Declaración jurada y/o documentación que acredite
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos
de referencia o expediente técnico, según corresponda.
3. Carta de compromiso del personal clave con
firma legalizada, de ser el caso. Tratándose de obras y
consultorías este constituye un requisito obligatorio.
4. Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso,
en la que se consigne los integrantes, el representante
común, el domicilio común y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
El representante común del consorcio se encuentra
facultado para actuar en nombre y representación del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento

de selección, suscripción y ejecución del contrato, con
amplias y suficientes facultades. La promesa de consorcio
constituye un requisito de calificación.
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar
ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en
un procedimiento de selección, o en un determinado ítem
cuando se trate de procedimientos de selección según
relación de ítems.
5. El monto de la oferta y el detalle de precios unitarios,
tarifas, porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito,
cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los
documentos del procedimiento de selección.
Las ofertas deben incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los
costos laborales conforme la legislación vigente, así como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
el costo del bien, servicio en general, consultoría u obra
a adquirir o contratar. Aquellos postores que gocen de
alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta los
tributos respectivos.
El monto total de la oferta y los subtotales que lo
componen deben ser expresados con dos decimales. Los
precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más
de dos decimales.
Artículo 32.-Procedimientos de selección
32.1. Para la contratación de bienes, servicios en
general, consultorías u obras, la Entidad debe utilizar,
según corresponda, los siguientes procedimientos de
selección:
a) Licitación Pública.
b) Concurso Público.
c) Adjudicación Simplificada.
d) Subasta Inversa Electrónica.
e) Selección de Consultores Individuales.
f) Comparación de Precios.
g) Contratación Directa.
La determinación del procedimiento de selección se
realiza en atención al objeto de la contratación, la cuantía
del valor referencial, y las demás condiciones para su
empleo previstos en la Ley y el Reglamento.
32.2. En el caso de contrataciones que involucren un
conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el objeto
se determina en función a la prestación que represente la
mayor incidencia porcentual en el valor referencial de la
contratación.
Artículo 33.- Convocatoria
33.1. La convocatoria de los procedimientos de
selección, con excepción de la comparación de precios,
se realiza a través de la publicación en el SEACE, y debe
incluir la siguiente información:
a) La identificación, domicilio y RUC de la Entidad que
convoca;
b) La identificación del procedimiento de selección;
c) La descripción básica del objeto del procedimiento;
d) El valor referencial a que se refiere el artículo 18
de la Ley, salvo en el caso de que este sea reservado
conforme a lo previsto en el artículo 12 del Reglamento;
e) El costo de reproducción de los documentos del
procedimiento de selección que se registren con la
convocatoria;
f) El calendario del procedimiento de selección;
g) El plazo para el cumplimiento de las prestaciones; y,
h) La indicación de los instrumentos internacionales
bajo cuyos alcances se encuentra cubierto el
procedimiento de selección, información que es incluida
por el SEACE.
33.2. En aquellos procedimientos de selección que se
encuentren bajo la cobertura de uno o más instrumentos
internacionales, el OSCE se encarga de elaborar y
publicar una versión en idioma inglés de la convocatoria.
33.3. Las Entidades pueden utilizar, adicionalmente,
otros medios a fin de que los proveedores puedan tener
conocimiento de la convocatoria del procedimiento de
selección.”
“Artículo 36.- Prórrogas o postergaciones
La prórroga o postergación de las etapas de un
procedimiento de selección deben registrarse en el
SEACE modificando el calendario original. El comité de
selección o el órgano encargado de las contrataciones,
según corresponda, comunica dicha decisión a través del
SEACE y, opcionalmente, a los correos electrónicos de
los participantes.
Artículo 37.- Régimen de notificaciones
37.1. Todos los actos que se realicen a través
del SEACE durante los procedimientos de selección,
incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus
funciones, se entienden notificados el mismo día de su
publicación.
37.2. El postor debe consignar en su oferta una
dirección de correo electrónico para ser notificado
adicionalmente, a través de ese medio, de todos los actos
a los que se refiere el numeral precedente.
37.3. La notificación a través del SEACE
prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado
adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes
intervienen en el procedimiento el permanente
seguimiento de este a través del SEACE.
Artículo 38.- Idioma de la documentación y otras
formalidades
38.1. Los documentos que acompañan a las solicitudes
de precalificación, las expresiones de interés, las ofertas y
cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma
castellano o, en su defecto, acompañados de traducción
simple con la indicación y suscripción de quien oficie
de traductor debidamente identificado, salvo el caso de
la información técnica complementaria contenida en
folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El postor es responsable
de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
38.2. Las solicitudes de precalificación, expresiones de
interés, ofertas y cotizaciones deben ser suscritas por el
postor o su representante legal, apoderado o mandatario
designado para dicho fin.”
“Artículo 40.- Acceso a la información
40.1. Después de la apertura de los sobres que
contienen las ofertas no debe darse a conocer información
alguna acerca del análisis, subsanación y evaluación de
las ofertas hasta que se haya publicado la adjudicación
de la buena pro.
40.2. Una vez otorgada la buena pro, el comité de
selección o el órgano encargado de las contrataciones,
según corresponda, está en la obligación de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de
contratación, salvo la información calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a
más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado
por escrito. Asimismo, también puede solicitarse dicho
acceso en el acto público de otorgamiento de buena pro,
mediante la anotación de su solicitud en el acta.
40.3. En el caso de procedimientos convocados
para la contratación de bienes, servicios en general,
consultorías y obras, luego de otorgada la buena pro
no debe darse a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificación no fueron analizados y revisados por el comité
de selección o el órgano encargado de las contrataciones,
según corresponda.
Artículo 41.- Distribución de la buena pro
41.1. En el caso que, del estudio de mercado se
hubiese establecido que el requerimiento de la Entidad
no puede ser cubierto por un solo proveedor, las Bases
deben prever la posibilidad de distribuir la buena pro. Lo
señalado en el presente numeral no es aplicable para la
subasta inversa electrónica.

41.2. El comité de selección o el órgano encargado de
las contrataciones, según corresponda, otorga la buena
pro al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje, en
los términos de su oferta y por la cantidad que hubiese
ofertado. El saldo del requerimiento no atendido por el
postor ganador es otorgado a los postores que le sigan,
respetando el orden de prelación, siempre que cumplan
con los requisitos de calificación y los precios ofertados
no sean superiores al cinco por ciento (5%) del precio del
postor ganador.
41.3. En caso que los precios ofertados superen
dicho límite, para efectos de otorgarse la buena pro,
los postores tienen la opción de reducir su oferta para
adecuarse a la condición establecida en el numeral
anterior.
Artículo 42.- Notificación del otorgamiento de la
buena pro
42.1. El otorgamiento de la buena pro en acto público
se presume notificado a todos los postores en la fecha
del acto, oportunidad en la que se entrega a los postores
copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro
comparativo, detallando los resultados de la calificación
y evaluación. Dicha presunción no admite prueba en
contrario. Esta información se publica el mismo día en el
SEACE.
42.2. El otorgamiento de la buena pro en acto privado
se publica y se entiende notificado a través del SEACE,
el mismo día de su realización, bajo responsabilidad
del comité de selección u órgano encargado de las
contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento
de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los
resultados de la calificación y evaluación. Adicionalmente,
se puede notificar a los correos electrónicos de los
postores, de ser el caso.
Artículo 43.- Consentimiento del otorgamiento de
la buena pro
43.1. Cuando se hayan presentado dos (2) o más
ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a
los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de
su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el
derecho de interponer el recurso de apelación. En el caso
de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores
individuales y comparación de precios, el plazo es de
cinco (5) días hábiles.
43.2. En el caso de subasta inversa electrónica, el
consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5)
días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo
que su valor referencial corresponda al de una licitación
pública o concurso público, en cuyo caso se produce
a los ocho (8) días hábiles de la notificación de dicho
otorgamiento.
43.3. En caso que se haya presentado una sola oferta,
el consentimiento de la buena pro se produce el mismo
día de la notificación de su otorgamiento.
43.4. El consentimiento del otorgamiento de la buena
pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de
producido.
43.5. Una vez consentido el otorgamiento de la buena
pro, el comité de selección remite el expediente de
contratación al órgano encargado de las contrataciones
de la Entidad, el que se encarga de ejecutar los actos
destinados a la formalización del contrato.
43.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la
buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación
de la propuesta presentada por el postor ganador
de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud
o falsedad en las declaraciones, información o
documentación presentada, la Entidad declara la
nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato,
dependiendo de la oportunidad en que se hizo la
comprobación, de conformidad con lo establecido en
la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad
comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador
y al Ministerio Público para que interponga la acción
penal correspondiente.
Artículo 44.- Declaración de Desierto
44.1. El procedimiento queda desierto cuando no
se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta
válida, salvo en el caso de la subasta inversa electrónica
en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos
ofertas válidas.
44.2. Cuando un procedimiento de selección es
declarado desierto total o parcialmente, el órgano
encargado de las contrataciones o el comité de
selección, según corresponda, debe emitir un informe
al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya
delegado la facultad de aprobación del expediente de
contratación en el que justifique y evalúe las causas
que no permitieron la conclusión del procedimiento,
debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de
convocar nuevamente.
44.3. Cuando los procedimientos de selección se
declaran desiertos, la siguiente convocatoria debe
efectuarse siguiendo el mismo procedimiento de
selección. En el caso de licitación pública sin modalidad
o concurso público, la siguiente convocatoria debe
efectuarse siguiendo el procedimiento de adjudicación
simplificada.
44.4. En el supuesto que en una licitación pública
con precalificación no existieran dos o más participantes
precalificados, debe declararse desierta, correspondiendo
a la Entidad definir si resulta necesario convocar un nuevo
procedimiento con precalificación o uno sin modalidad.
44.5. Si una subasta inversa electrónica es declarada
desierta por segunda vez, la siguiente convocatoria se
realiza bajo el procedimiento de adjudicación simplificada.
44.6. En el supuesto que se haya excluido la ficha
técnica objeto del procedimiento antes de la segunda
convocatoria, esta debe efectuarse siguiendo el
procedimiento de adjudicación simplificada.
44.7. La publicación de la declaratoria de desierto
de un procedimiento de selección debe registrarse en el
SEACE, el mismo día de producida.”
“Artículo 46.- Cancelación del procedimiento de
selección
46.1. Cuando la Entidad decida cancelar total o
parcialmente un procedimiento de selección, por causal
debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 30 de la Ley, debe comunicar su decisión
dentro del día siguiente y por escrito al comité de
selección o al órgano encargado de las contrataciones,
según corresponda, debiendo registrarse en el SEACE
la resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de
esta comunicación y, de ser el caso, al correo electrónico
señalado por los participantes. Esta cancelación implica
la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual
durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal de la
cancelación sea la falta de presupuesto.
46.2. La resolución o acuerdo que formaliza la
cancelación debe estar debidamente motivada y ser
emitida por el funcionario que aprobó el expediente de
contratación u otro de igual o superior nivel.
46.3. El alcance del numeral 30.2 de la Ley se
determina, cuando menos, en función del análisis de la
motivación de la resolución o acuerdo que formaliza la
cancelación.
Artículo 47.- Rechazo de ofertas
47.1. En el supuesto contemplado en el numeral 28.1
del artículo 28 de la Ley, respecto al rechazo de ofertas por
debajo del valor referencial, en el caso de la contratación
de bienes, servicios en general y consultoría en general,
el comité de selección o el órgano encargado de las
contrataciones, debe solicitar al postor la descripción a
detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta,
así como contar con la información adicional que resulte
pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de
dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud. Para tal
efecto, se consideran razones objetivas, entre otras: (i)
cuando la oferta se encuentra sustancialmente por debajo
del valor referencial; o (ii) cuando no se incorpore alguna

de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren
suficientemente presupuestadas.
Una vez cumplido con lo indicado en el párrafo
precedente, el comité de selección o el órgano encargado
de las contrataciones, según corresponda, determina si
rechaza la oferta en la etapa de evaluación, decisión que
debe ser fundamentada.
47.2. En el caso de consultoría de obras, ejecución
de obras y modalidad mixta, se rechaza la oferta que
supere el valor referencial en más del 10%. Las ofertas
que excedan el valor referencial en menos del 10% serán
rechazadas en tanto no se haya obtenido el incremento de
la disponibilidad presupuestal correspondiente. Asimismo,
la Entidad rechaza las ofertas que se encuentren por
debajo en un veinte por ciento (20%) del promedio de
todas las ofertas admitidas, incluido el valor referencial.
47.3. De no estar conformes, los postores pueden
solicitar que se anote tal circunstancia en el acta,
debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia
la oferta económica hasta el consentimiento de la buena
pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en
fecha posterior el postor solicite su devolución.
47.4. Lo dispuesto en los numerales precedentes no
es aplicable para la subasta inversa electrónica.
Artículo 48.- Culminación de los procedimientos
de selección
Los procedimientos de selección culminan cuando se
produce alguno de los siguientes eventos:
1. Se perfecciona el contrato.
2. Se cancela el procedimiento.
3. Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro
por causa imputable a la Entidad.
4. No se suscriba el contrato por las causales
establecidas en el artículo 114.”
“Artículo 51.- Consultas y observaciones
51.1. Todo participante puede formular consultas y
observaciones respecto de las Bases. Las consultas son
solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier
extremo de las Bases. Se presentan en un plazo no menor
a diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente
de la convocatoria.
51.2. En el mismo plazo, el participante puede formular
observaciones a las bases, de manera fundamentada, por
supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones
u otra normativa que tenga relación con el objeto de
contratación.
51.3. Si como resultado de una consulta u observación
debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la
autorización del área usuaria y remitir dicha autorización a
la dependencia que aprobó el expediente de contratación
para su aprobación.
51.4. El plazo para la absolución simultánea de
las consultas y observaciones por parte del comité de
selección y su respectiva notificación a través del SEACE
no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados
desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y
observaciones señaladas en las bases.
51.5. La absolución se realiza de manera motivada
mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones
que se elabora conforme a lo que establece el OSCE; en
el caso de las observaciones se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.
51.6. En el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a
la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE,
los participantes pueden solicitar la elevación de los
cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y
observaciones conforme a lo establecido por el OSCE, a
fin de que este emita el pronunciamiento correspondiente,
debiendo la Entidad remitirle el expediente completo al
día hábil siguiente de recibida la solicitud de elevación. El
OSCE no puede solicitar a la Entidad la información que
se encuentre registrada en el SEACE.
51.7. El pronunciamiento que emite el OSCE debe
estar motivado e incluye la revisión de oficio sobre
cualquier aspecto de las bases. El plazo para emitir y
notificar el pronunciamiento a través del SEACE es de
siete (7) días hábiles, es improrrogable y se computa
desde el día siguiente de la recepción del expediente
completo por el OSCE.
51.8. Contra el pronunciamiento emitido por el OSCE
no cabe interposición de recurso administrativo alguno,
siendo de obligatorio cumplimiento para la Entidad y
los proveedores que participan en el procedimiento de
selección.”
“Artículo 53.- Presentación de ofertas
53.1. La presentación de ofertas se realiza en acto
público en presencia de notario o juez de paz en el lugar
indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en
la convocatoria, salvo que estos se posterguen de acuerdo
a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.
53.2. El acto público se inicia cuando el comité de
selección empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron en el procedimiento, para
que entreguen sus ofertas. Si al momento de ser llamado
el participante no se encuentra presente, se le tiene por
desistido.
53.3. Las ofertas se presentan por escrito, rubricadas,
foliadas y en un (1) sobre cerrado. La presentación puede
realizarse por el mismo participante o a través de un
tercero, sin que se exija formalidad alguna para ello.
53.4. En la apertura del sobre que contiene la oferta,
el comité de selección debe anunciar el nombre de cada
participante y el precio de la misma; asimismo, verifica
la presentación de los documentos requeridos en los
numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo 31. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida. Esta
información debe consignarse en el acta, con lo cual se da
por finalizado el acto público. Después de abierto el sobre
que contiene la oferta, el notario o juez de paz procederá
a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta.
53.5. El comité de selección devuelve las ofertas que
no se encuentren dentro de los límites del valor referencial,
teniéndose estas por no admitidas.
53.6. En caso el comité de selección no admita la oferta,
el postor puede solicitar que se anote tal circunstancia en
el acta, debiendo el notario o juez de paz mantenerla en
custodia hasta el consentimiento de la buena pro, salvo
que en el acto de presentación de ofertas o en fecha
posterior el postor solicite su devolución.
53.7. En el acto de presentación de ofertas se puede
contar con un representante del Sistema Nacional de
Control, quien participa como veedor y debe suscribir el
acta correspondiente.
Artículo 54.- Evaluación de las ofertas
54.1. Previo a la evaluación, el comité de selección
debe determinar si las ofertas responden a las
características y/o requisitos funcionales y condiciones de
las Especificaciones Técnicas especificadas en las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.
Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo
señalado en el párrafo anterior. La evaluación tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el
orden de prelación de las ofertas, según los factores de
evaluación enunciados en las bases.
54.2. El comité de selección evalúa la oferta económica
de conformidad con lo establecido en el artículo 47, de ser
el caso.
54.3. En el caso de bienes, en el supuesto de ofertas
que superen el valor referencial de la convocatoria, para
efectos que el comité de selección considere válida
la oferta económica debe contar con la certificación de
crédito presupuestario correspondiente y la aprobación
del Titular de la Entidad, que no puede exceder de cinco
(5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el
calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo
responsabilidad, salvo que el postor acepte reducir su
oferta económica.
54.4. Tratándose de obras para que el comité de
selección considere válida la oferta económica que
supere el valor referencial, hasta el límite máximo previsto
el artículo 28 de la Ley, se debe contar con la certificación

de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del
Titular de la Entidad, previa opinión favorable del área
usuaria, en el mismo plazo establecido en el numeral
precedente, salvo que el postor acepte reducir su oferta
económica.
En caso no se cuente con la certificación de crédito
presupuestario se rechaza la oferta.
54.5. Tratándose de bienes, para determinar la oferta
con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:
a) Cuando la evaluación del precio sea el único factor,
se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más
bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, según la
siguiente fórmula:

Pi
=
Om x PMP
Oi
Donde:
i = Oferta.
Pi
= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi
= Precio i.
Om
= Precio de la oferta más baja.
PMP = Puntaje máximo del precio.
b) Cuando existan otros factores de evaluación
además del precio, aquella que resulte con el mejor
puntaje, en función de los criterios y procedimientos de
evaluación enunciados en las bases. La evaluación del
precio se sujeta a lo dispuesto en el literal anterior.
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten,
la determinación del orden de prelación de las ofertas
empatadas se realiza a través de sorteo.
54.6. En el caso de obras, para determinar la oferta
con mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:
a) Cuando la evaluación del precio sea el único
factor, el comité de selección evalúa las ofertas
económicas, asignando un puntaje de cien (100)
a la oferta más próxima al promedio de las ofertas
admitidas que quedan en competencia, incluyendo el
valor referencial, y otorga a las demás ofertas puntajes,
según la siguiente fórmula:
Pi =
Om
Om + |Om − Oi|
x PMP
Donde:
i = Oferta.
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi = Precio i.
Om = Precio de la oferta más próximo al
promedio de ofertas válidas incluido el valor
referencial.
En el supuesto de que dos o más ofertas obtengan
el mismo puntaje, obtiene el mejor orden de prelación
aquella oferta más cercana por debajo del promedio.
En caso de empate en puntaje y en oferta económica,
el orden de prelación se determina por sorteo.
b) Cuando existan otros factores de evaluación
además del precio, aquella que resulte con el mejor
puntaje, en función de los criterios y procedimientos de
evaluación enunciados en las bases. La evaluación del
precio se sujeta a la aplicación de la fórmula prevista en
el literal anterior.
Si dos (2) o más ofertas empatan, la determinación del
orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a
través de sorteo.
54.7. Para la aplicación del sorteo se requiere la
participación de notario o juez de paz y la citación
oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo
participar en calidad de veedor un representante del
Sistema Nacional de Control.
Artículo 55.- Calificación
Luego de culminada la evaluación, el comité de
selección debe determinar si los postores que obtuvieron
el primer y segundo lugar, según el orden de prelación,
cumplen con los requisitos de calificación especificados
en las bases. La oferta del postor que no cumpla con
los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si
ninguno de los dos postores cumple con los requisitos
de calificación, el comité de selección debe verificar los
requisitos de calificación de los postores admitidos, según
el orden de prelación obtenido en la evaluación.”
“Artículo 57.- Licitación con precalificación
57.1. La Entidad puede optar por convocar la licitación
pública con precalificación para la ejecución de obras
cuando el valor referencial de la contratación es igual o
superior a veinte millones de Soles (S/ 20 000 000,00),
con la finalidad de preseleccionar a proveedores con
calificaciones suficientes para ejecutar el contrato, e
invitarlos a presentar su oferta. Esta modalidad exige
la existencia de, por lo menos, dos participantes
precalificados.
Para estos efectos, el expediente de contratación que
se apruebe en forma previa a la convocatoria debe contar
con los informes que sustentan la propuesta de su uso,
elaborados por el área usuaria y el órgano encargado de
las contrataciones.
57.2. Luego de la integración de Bases, se contemplan
lasetapasdepresentacióndesolicitudesdeprecalificación,
evaluación de documentos de precalificación y publicación
de precalificados, continuándose con las demás etapas
desde la presentación de ofertas donde únicamente los
proveedores precalificados presentan su oferta.
57.3. Los participantes registrados deben presentar
su solicitud de precalificación en acto público dentro
del plazo de diez (10) días hábiles, computados desde
el día siguiente de la integración de Bases. Dicho plazo
puede ser ampliado con la finalidad de incentivar mayor
competencia.
57.4. El comité de selección debe determinar si los
proveedores que presentaron solicitud de precalificación
cumplen los siguientes requisitos:
a) Capacidad legal.
b) Solvencia económica, que se puede medir con
líneas de crédito o el récord crediticio, entre otros.
c) Relación de las principales obras ejecutadas.
d)Capacidaddegestión,queserefiereainfraestructura
estratégica, equipos estratégicos, organización, entre
otros.
57.5. El comité de selección debe publicar la relación
de los proveedores precalificados en el SEACE dentro
del plazo previsto en la convocatoria, el que no puede
exceder de diez (10) días hábiles, contados desde el día
siguiente de vencido el plazo para presentar solicitudes de
precalificación. Entre la publicación de los precalificados
y la presentación de ofertas no puede mediar menos de
siete (7) días hábiles computados a partir del día siguiente
de la publicación de los precalificados.
Artículo 58.- Condiciones para el uso del concurso
público
La Entidad debe utilizar el concurso público para
contratar servicios en general, consultorías en general,
consultoría de obras y modalidad mixta.
SUBCAPÍTULO I
CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL Y
MODALIDAD MIXTA
Artículo 59.- Concurso público para contratar
servicios en general y modalidad mixta
El concurso público para contratar servicios en general
y modalidad mixta se rige por las disposiciones aplicables

a la licitación pública contempladas en los artículos 49 al
56.
En el caso de servicios en general, para determinar
la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo
establecido en el numeral 54.5 del artículo 54. Tratándose
de modalidad mixta, se aplica el numeral 54.6 del artículo
54.”
“Artículo 62.- Presentación de ofertas
62.1. La presentación de ofertas se realiza en
acto público en presencia de notario o juez de paz
en el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora
establecidas en la convocatoria, salvo que estos se
posterguen de acuerdo a lo establecido en la Ley y el
Reglamento.
62.2. Las ofertas se presentan por escrito, rubricadas,
foliadas, y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
contiene la oferta técnica y, el otro, la económica. La
presentación puede realizarse por el mismo participante o
a través de un tercero, sin que se exija formalidad alguna
para ello.
62.3. El acto público se inicia cuando el comité de
selección empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron en el procedimiento, para
que entreguen sus ofertas. Si al momento de ser llamado
el participante no se encuentra presente, se le tiene por
desistido.
62.4. El comité de selección solo abre los sobres
que contienen las ofertas técnicas, debiendo anunciar
el nombre de cada uno de los proveedores; asimismo,
verifica la presentación de los documentos requeridos en
los numerales 1, 2, y 3 del artículo 31. De no presentar
lo requerido, la oferta se considera no admitida. Esta
información debe consignarse en acta, con lo cual se
da por finalizado el acto público. Después de abierto
cada sobre que contiene la oferta técnica, el notario o
juez de paz procederá a sellar y firmar cada hoja de los
documentos de la oferta técnica.
62.5. En caso el comité de selección no admita la oferta,
el postor puede solicitar que se anote tal circunstancia en
el acta debiendo el notario o juez de paz mantenerla en
custodia hasta el consentimiento de la buena pro, salvo
que en el acto de presentación de ofertas o en fecha
posterior el postor solicite su devolución.
62.6. Las ofertas económicas deben permanecer
cerradas y quedar en poder de un notario público o juez
de paz hasta el acto público de otorgamiento de la buena
pro.
62.7. En los actos de presentación de ofertas y
de otorgamiento de la buena pro, se puede contar con
un representante del Sistema Nacional de Control,
quien participa como veedor y debe suscribir el acta
correspondiente.”
“Artículo 64.- Apertura y evaluación de ofertas
económicas
64.1. Las ofertas económicas se abren en acto público
en la fecha, hora y lugar especificado en las bases y
con la presencia del notario público o juez de paz que
las custodió. Solo se abren las ofertas económicas de
los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo.
En dicho acto se anuncia el nombre de los postores, el
puntaje de evaluación técnico obtenido y el precio total de
las ofertas. Después de abierto cada sobre que contiene
la oferta económica el notario público o juez de paz
procederá a sellar y firmar dicha oferta.
64.2. El comité de selección evalúa las ofertas
económicas de conformidad con lo establecido en el
artículo 47, de ser el caso.
64.3. Tratándose de consultorías en general, el comité
de selección evalúa las ofertas económicas, asignando
un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo
y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, según la
siguiente fórmula:
Pi
=
Om x PMP
Oi
Donde:
i = Oferta.
Pi
= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi
= Precio i.
Om
= Precio de la oferta más baja.
64.4. En el caso de consultoría de obras, el comité
de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un
puntaje de cien (100) a la oferta más próxima al promedio
de las ofertas válidas que quedan en competencia,
incluyendo el valor referencial, y otorga a las demás
ofertas puntajes según la siguiente fórmula:
𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂 + |𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂|
𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
Donde:
i = Oferta.
Pi
= Puntaje de la oferta económica i.
Oi
= Oferta económica i.
Om
= Oferta económica de monto o precio más
próximo al promedio de las ofertas válidas
incluido el valor referencial.
PMOE = Puntaje máximo de la oferta económica.
64.5. En el mismo acto público se procede a
determinar el puntaje total de las ofertas, que es el
promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido
de la aplicación de la siguiente fórmula:
PTPi = c1
PTi
+ c2
Pei
Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
Pti = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluación económica del
postor i
c1
= Coeficiente de ponderación para la
evaluación Técnica
c2
= Coeficiente de ponderación para la
evaluación Económica
Los coeficientes de ponderación deben cumplir las
siguientes condiciones:
0.80 < c1
< 0.90; y
0.10 < c2
< 0.20
La suma de ambos coeficientes debe ser igual a la
unidad (1.00).
La oferta evaluada como la mejor es la que obtiene el
mayor puntaje total.
Artículo 65.- Otorgamiento de la buena pro
65.1. La buena pro se otorga en el acto público de
apertura de sobres económicos luego de la evaluación
correspondiente.
65.2. En el supuesto de que dos (2) o más ofertas
empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa
siguiendo estrictamente el siguiente orden:
a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje
técnico; o
b) A través de sorteo.
El último criterio de desempate se realiza en el acto
público de apertura de sobres económicos.
65.3. En el caso previsto en el artículo 28 de la Ley,
para que el comité de selección otorgue la buena pro
a las ofertas que superen el valor referencial conforme
a lo establecido en dicho artículo, se debe contar con
la certificación de crédito presupuestario suficiente y
la aprobación del Titular de la Entidad, previa opinión

favorable del área usuaria, salvo que el postor que
hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su
oferta económica.
65.4. El plazo para otorgar la buena pro no excede de
cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista
en el calendario para el otorgamiento de la buena pro,
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
65.5. En caso no se pueda otorgar la buena pro,
luego de seguirse el procedimiento previsto en los
párrafos anteriores, el comité de selección sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar.
En caso no se otorgue la buena pro, debe continuar con
los demás postores, respetando el orden de prelación.”
“Artículo 67.- Procedimiento de la adjudicación
simplificada
La adjudicación simplificada para la contratación de
bienes, servicios en general y obras se realiza conforme a las
reglas previstas en los artículos 49 al 56; en la contratación
de consultoría en general y consultoría de obra, se aplican
las disposiciones previstas en los artículos 60 al 65; en
ambos casos debe observarse lo siguiente:
1. El plazo mínimo para formular consultas y
observaciones es de dos (2) días hábiles y el plazo
máximo para su absolución es de dos (2) días hábiles.
Para el caso de ejecución de obras, el plazo mínimo para
formularlas es de tres (3) días hábiles y el plazo máximo
para su absolución es de tres (3) días hábiles. No puede
solicitarse la elevación de los cuestionamientos al pliego
de absolución de consultas y observaciones.
2. La integración se realiza al día hábil siguiente
de vencido el plazo para la absolución de consultas y
observaciones.
3. La presentación de ofertas se efectúa en un plazo
mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde la
integración de las bases.
4. En el caso de bienes, servicios en general y obras,
la presentación de ofertas y apertura de sobres puede
realizarse en acto privado o en acto público.
5. En el caso de consultorías de obras o consultorías
en general, la presentación de ofertas, apertura de sobres
económicos y el otorgamiento de la buena pro puede
realizarse en acto privado o en acto público.”
“Artículo 71.- Etapas de la selección de consultores
individuales
La selección de consultores individuales contempla
las siguientes etapas:
1. Convocatoria.
2. Registro de participantes.
3. Recepción de expresiones de interés.
4. Calificación y evaluación.
5. Otorgamiento de la buena pro.
Artículo 72.- Convocatoria
El comité de selección realiza una convocatoria
pública a través del SEACE solicitando la presentación
de expresiones de interés, para lo cual establece un plazo
máximo de presentación. Dicha convocatoria contiene los
términos de referencia del servicio requerido, que incluye
el perfil del consultor.
Artículo 73.- Recepción de expresiones de interés
Los participantes deben presentar sus expresiones de
interés dentro del plazo previsto en la solicitud de expresión
de interés, el cual no puede ser menor de cinco (5) días
hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria,
mediante la presentación, en la Unidad de Trámite
Documentario de la Entidad, de un (1) sobre que contiene los
formatos requeridos en la solicitud de expresión de interés,
adjuntando la documentación que sustente los requisitos de
calificación y los factores de evaluación. La presentación de
expresiones de interés implica la aceptación del precio fijado
en los documentos del procedimiento.
Artículo 74.- Calificación y evaluación
74.1. El comité de selección califica las expresiones
de interés, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles
de vencido el plazo para su recepción, consignando
el resultado en acta debidamente motivada, la que se
publica en el SEACE, conjuntamente con el cronograma
de entrevistas personales para la evaluación.
74.2. El comité evalúa a los postores calificados
asignando puntajes conforme a los siguientes factores:
a) Experiencia en la especialidad: sesenta (60) puntos.
b) Calificaciones: treinta (30) puntos.
c) Entrevista: diez (10) puntos.
74.3. Los criterios de la entrevista son considerados
en los documentos estándar que elabore el OSCE.
Artículo 75.- Otorgamiento de la buena pro
75.1. La buena pro se otorga mediante su publicación
en el SEACE, al postor que obtuvo el mejor puntaje, a más
tardar al día hábil siguiente de realizadas las entrevistas.
En el supuesto que dos o más ofertas empaten el
otorgamiento de la buena pro se efectúa a través de
sorteo. Para la aplicación de este criterio de desempate
se requiere la citación oportuna a los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un
representante del Sistema Nacional de Control, notario
público o juez de paz.
75.2. Una vez otorgada la conformidad de la prestación,
el producto de la consultoría debe ser publicado en
el portal institucional de la Entidad contratante, salvo
la información calificada como secreta, confidencial o
reservada por la normativa de la materia.
Artículo 76.- Condiciones para el empleo de la
comparación de precios
76.1. Para aplicar el procedimiento de selección de
comparación de precios, la Entidad debe verificar que los
bienes y/o servicios en general objeto de la contratación
sean de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en
el mercado, se comercialicen bajo una oferta estándar
establecida por el mercado y que no se fabrican, producen,
suministran o prestan siguiendo la descripción particular o
instrucciones dadas por la Entidad contratante.
76.2. Una vez definido el requerimiento de la Entidad,
el órgano encargado de las contrataciones elabora
un informe en el que debe constar el cumplimiento de
las condiciones para el empleo del procedimiento de
selección de comparación de precios.
76.3. El valor referencial de las contrataciones que se
realicen aplicando este procedimiento de selección debe
ser igual o menor a quince (15) UIT.
Artículo 77.- Procedimiento
77.1. Emitido el informe favorable, el órgano encargado
de las contrataciones debe solicitar y obtener, de forma
física o electrónica, un mínimo de tres (3) cotizaciones que
cumplan con lo previsto en la solicitud de cotización, las
que deben acompañarse con declaraciones juradas de los
proveedores de no encontrarse impedidos para contratar
con el Estado. La Entidad otorga la buena pro a la cotización
de menor precio, debiendo verificar previamente que el
proveedor cuente con inscripción vigente en el RNP.
77.2. El otorgamiento de la buena pro lo realiza el
órgano encargado de las contrataciones mediante su
publicación en el SEACE, debiendo registrar la solicitud
de cotización cuando corresponda, las cotizaciones
obtenidas y el acta respectiva de buena pro.
77.3. En el supuesto que dos o más ofertas empaten,
el otorgamiento de la buena pro se efectúa a través de
sorteo.
Artículo 78.- Definición
78.1. Mediante Subasta Inversa Electrónica se
contratan bienes y servicios comunes. El postor ganador
es aquel que oferte el menor precio por los bienes
y/o servicios objeto de dicha Subasta. El acceso al
procedimiento de Subasta Inversa Electrónica se realiza
a través del SEACE.

78.2. PERÚ COMPRAS genera y aprueba las fichas
técnicas de los bienes y servicios transables, las que son
incluidas en un Listado de Bienes y Servicios Comunes al
que se accede a través del SEACE, pudiendo ser objeto
de modificación o exclusión, previo sustento técnico.
78.3. Para aprobar una ficha técnica, PERÚ
COMPRAS puede solicitar información u opinión
técnica a Entidades del Estado, las que deben brindar
dicha información de manera idónea y oportuna, bajo
responsabilidad. Así también, puede solicitar información
a gremios, organismos u otras que se estime pertinente.
Artículo 79.- Obligatoriedad
79.1. La contratación a través de la Subasta Inversa
Electrónica es obligatoria a partir del día calendario
siguiente de publicadas las fichas técnicas en el SEACE,
siempre que dicho bien y/o servicio no se encuentre
incluido en los Catálogos Electrónicos de los Acuerdo
Marco. En caso el bien o servicio a contratar también
se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos de
los Acuerdos Marco, la Entidad evalúa y determina la
alternativa que resulte más eficiente para el cumplimiento
sus objetivos.
79.2. Las Entidades pueden emplear otro
procedimiento de selección, para lo cual deben obtener
previamente la autorización de PERÚ COMPRAS, antes
de efectuar la contratación, debiendo adjuntar un informe
técnico que justifique su necesidad, conforme a los
requisitos que emita dicha Entidad.
79.3. En caso que, con anterioridad a la publicación
de las fichas técnicas, una Entidad haya convocado un
procedimiento de selección sobre los mismos bienes y
servicios, debe continuar con dicho procedimiento.
Artículo 80.- Etapas de la Subasta Inversa
Electrónica
80.1. El procedimiento de subasta inversa electrónica
tiene las siguientes etapas:
1. Convocatoria.
2. Registro de participantes, registro y presentación de
ofertas.
3. Apertura de ofertas y periodo de lances.
4. Otorgamiento de la buena pro.
80.2. La habilitación del postor se verifica en la etapa
de otorgamiento de la Buena Pro.
80.3. El desarrollo del procedimiento de selección, a
cargo de las Entidades, se sujeta a los lineamientos y en
la documentación de orientación que emita el OSCE.
Artículo 81.- Definición
De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de
la Ley, la contratación a través de Catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco se realiza sin mediar procedimiento
de selección, siempre y cuando los bienes y/o servicios
formen parte de dichos catálogos. El acceso a los
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco se realiza en
forma electrónica, a través del SEACE.”
“Artículo 83.- Desarrollo de Catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco
83.1. La implementación o extensión de la vigencia de
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, a cargo de
PERÚ COMPRAS, se sujeta a lo siguiente:
a) La selección de proveedores se inicia mediante
una convocatoria que contempla reglas especiales del
procedimiento, así como las consideraciones necesarias
para tal fin.
b) Las reglas especiales del procedimiento
establecen las condiciones que deben cumplirse
para la realización de las actuaciones preparatorias,
las reglas del procedimiento, las condiciones a ser
aplicadas durante la ejecución contractual, entre otros
aspectos a ser considerados para cada acuerdo marco.
Asimismo, las reglas especiales del procedimiento
deben requerir al proveedor el cumplimiento de las
exigencias previstas en normas especiales, tales
como las normas tributarias y laborales, entre otras
que resulten aplicables.
c) El proveedor que participe en el procedimiento
debe estar inscrito en el RNP, no encontrarse impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
d) Atendiendo a la naturaleza de cada Catálogo
Electrónico de Acuerdos Marco, según corresponda, se
puede exigir al proveedor la acreditación de experiencia,
capacidad financiera, el compromiso de constituir una
garantía de fiel cumplimiento durante la vigencia del
Catálogo Electrónico, el compromiso de mantener
determinado stock mínimo, entre otras condiciones que
se detallen en los documentos del procedimiento.
e) Los Acuerdos Marco deben incluir la cláusula
anticorrupción prevista en el numeral 116.4 del artículo
116. El incumplimiento de lo establecido en la cláusula
anticorrupción constituye causal de exclusión del total
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
f) La formalización de un Acuerdo Marco entre PERÚ
COMPRAS y los proveedores adjudicatarios, supone para
estos últimos la aceptación de los términos y condiciones
establecidas como parte de la convocatoria respecto a
la implementación o mantenimiento para formar parte
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, entre
las cuales pueden establecerse causales de suspensión,
penalidades, u otros.
g) PERÚ COMPRAS puede efectuar la revisión de
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco durante su
vigencia, estando facultada para solicitar a los proveedores
adjudicatarios y a las Entidades, la información que
considere necesaria o actuar de oficio para gestionar su
contenido. Los proveedores adjudicatarios y las Entidades
deben brindar dicha información de manera idónea y
oportuna bajo responsabilidad.
h) Las Entidades que contraten a través de
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco son
responsables de aplicar las reglas establecidas en el
respectivo Acuerdo Marco.
i) Un proveedor adjudicatario puede rechazar la
contratación cuando la Entidad tenga retraso en el pago
de deudas derivadas de cualquier tipo de obligación con
dicho proveedor, retraso en el pago de las obligaciones
asumidas frente a otro proveedor adjudicatario, u otros
casos que se determinen en los documentos de la
convocatoria.
j) El plazo de vigencia de los Catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco es especificado en los documentos de
la convocatoria, tanto para su implementación como para
su gestión y mantenimiento, siendo que dicha vigencia
puede ser extendida sucesivamente, previa aprobación
de PERÚ COMPRAS.
k) Las Entidades pueden exceptuarse de la
obligación de contratar los bienes y/o servicios
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco,
en caso verifiquen en el mercado la existencia de
condiciones más ventajosas, las cuales deben ser
objetivas y demostrables, para lo cual deberán obtener
previamente la autorización de PERÚ COMPRAS,
bajo sanción de nulidad.
83.2. PERÚ COMPRAS aprueba los lineamientos
complementarios para la implementación o extensión
de la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco.
Artículo 84.- Causales de exclusión de proveedores
adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, en los
siguientes casos:
1. Cuando esté impedido para contratar con el Estado,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley.
2. Cuando esté suspendido, inhabilitado temporal o
definitivamente para contratar con el Estado. Su exclusión
es permanente durante la vigencia de la suspensión o
inhabilitación.

3. Cuando no cuente con inscripción vigente en el
RNP. En este caso su exclusión es aplicable durante el
tiempo que no cuente con dicha inscripción.
4. Cuando se incumpla las condiciones expresamente
contempladas en el Acuerdo Marco, en cuyo caso la
exclusión se efectúa conforme a las consideraciones
establecidas en dicho acuerdo.
Artículo 85.- Condiciones para el empleo de la
contratación directa
La Entidad puede contratar directamente con un
proveedor solo cuando se configure alguno de los
supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las condiciones
que a continuación se indican:
1. Contratación entre Entidades
La Entidad que actúe como proveedor no debe ser
empresa del Estado o realizar actividad empresarial de
manera habitual. Se considera por habitual la suscripción
de más de dos (2) contratos en el objeto de la contratación
en los últimos doce (12) meses.
2. Situación de Emergencia
La situación de emergencia se configura por alguno de
los siguientes supuestos:
a) Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de
carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o
por la acción u omisión del obrar humano que generan
daños afectando a una determinada comunidad.
b) Situaciones que afectan la defensa o seguridad
nacional dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno
o externo que menoscaben la consecución de los fines
del Estado.
c) Situaciones que supongan grave peligro, que son
aquellas en las que exista la posibilidad debidamente
comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o
situaciones anteriores ocurra de manera inminente.
d) Emergencias sanitarias, que son aquellas
declaradas por el ente rector del sistema nacional de
salud conforme a la ley de la materia.
En dichas situaciones, la Entidad debe contratar
de manera inmediata los bienes, servicios en general,
consultorías u obras estrictamente necesarios,
tanto para prevenir los efectos del evento próximo
a producirse, como para atender los requerimientos
generados como consecuencia directa del evento
producido, sin sujetarse a los requisitos formales de
la presente norma. Como máximo, dentro del plazo
de diez (10) días hábiles siguientes de efectuada la
entrega del bien, o la primera entrega en el caso de
suministros o del inicio de la prestación del servicio, o
del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad debe
regularizar aquella documentación referida a las
actuaciones preparatorias, el informe o los informes que
contienen el sustento técnico legal de la contratación
directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así
como el contrato y sus requisitos, que a la fecha de
la contratación no haya sido elaborada, aprobada o
suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo
plazo registrar y publicar en el SEACE los informes y la
resolución o acuerdos antes mencionados.
Realizada la contratación directa, la Entidad debe
contratar lo demás que requiera para la realización de
las actividades de prevención y atención derivadas
de la situación de emergencia y que no calificaron
como estrictamente necesarias de acuerdo al párrafo
precedente. Cuando no corresponda realizar un
procedimiento de selección posterior, debe justificarse en
el informe o informes que contienen el sustento técnico
legal de la contratación directa.
3. Situación de desabastecimiento
La situación de desabastecimiento se configura ante
la ausencia inminente de determinado bien, servicio en
general o consultoría, debido a la ocurrencia de una
situación extraordinaria e imprevisible, que compromete
la continuidad de las funciones, servicios, actividades u
operaciones que la Entidad tiene a su cargo.
Dicha situación faculta a la Entidad a contratar bienes
y servicios solo por el tiempo y/o cantidad necesario para
resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento de
selección que corresponda.
No puede invocarse la existencia de una situación de
desabastecimiento en las siguientes contrataciones:
a) Contrataciones cuyo monto de contratación se
encuentre bajo la cobertura de un tratado o compromiso
internacional que incluya disposiciones sobre
contrataciones públicas, cuando el desabastecimiento
se hubiese originado por negligencia, dolo o culpa
inexcusable del funcionario o servidor de la Entidad.
b) Por períodos consecutivos que excedan el lapso
del tiempo requerido para superar la situación, salvo
que ocurra una situación diferente a la que motivó la
contratación directa.
c) Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha
de aprobación de la contratación directa.
d) Por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario
para atender el desabastecimiento.
e) En vía de regularización.
La aprobación de la contratación directa en virtud de
la causal de situación de desabastecimiento no constituye
dispensa, exención o liberación de las responsabilidades
de los funcionarios o servidores de la Entidad, en caso su
conducta hubiese originado la presencia o configuración
de dicha causal. Constituye agravante de responsabilidad
si la situación fue generada por dolo o culpa inexcusable
del funcionario o servidor de la Entidad. En estos casos,
la autoridad competente para autorizar la contratación
directa debe ordenar, en el acto aprobatorio de la misma,
el inicio del análisis para determinar las responsabilidades
que correspondan.
4. Contrataciones con carácter secreto, secreto
militar o por razones de orden interno
Son aquellas cuyo objeto contractual se encuentra
incluido en la lista que, mediante decreto supremo, haya
aprobadoelConsejodeMinistros,debidamenterefrendado
por el sector correspondiente. La presente causal no es
aplicable a la contratación de bienes, servicios en general,
consultorías u obras de carácter administrativo u operativo
necesarios para el normal funcionamiento de las Fuerzas
Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos
que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional.
La opinión favorable de la Contraloría General de la
República debe sustentarse en la comprobación de la
inclusión del objeto de la contratación en la lista a que se
refiere el párrafo anterior y debe emitirse dentro del plazo
de siete (7) días hábiles a partir de presentada la solicitud.
5. Proveedor único
En este supuesto, la verificación de que los bienes,
servicios en general y consultorías solo pueden obtenerse
de un determinado proveedor debe realizarse en el
mercado peruano.
6. Servicios personalísimos
En este supuesto pueden contratarse servicios
especializados profesionales, artísticos, científicos o
tecnológicos brindado por personas naturales, siempre
que se sustente objetivamente lo siguiente:
a) Especialidad del proveedor, relacionada con sus
conocimientos profesionales, artísticos, científicos o
tecnológicos que permitan sustentar de modo razonable e
indiscutible su adecuación para satisfacer la complejidad
del objeto contractual.
b) Experiencia reconocida en la prestación objeto de
la contratación.
Las prestaciones que se deriven de los contratos
celebrados al amparo del presente numeral no son
materia de subcontratación.
7. Servicios de publicidad para el Estado
En este supuesto la contratación de los mencionados
servicios corresponde a aquellos que prestan directamente

los medios de comunicación para difundir un contenido
determinado al público objetivo al que se quiere llegar.
8. Servicios de consultoría distintos a las
consultorías de obra que son continuación y/o
actualización de un trabajo previo ejecutado por un
consultor individual
En este supuesto debe sustentarse que la contratación
resulta necesaria a efectos de mantener el enfoque técnico
de la consultoría original, y el monto de la contratación no
debe exceder los márgenes señalados en el artículo 24 de
la Ley. Esta contratación se puede efectuar por única vez.
9. Contratación de bienes o servicios con fines
de investigación, experimentación o desarrollo de
carácter científico o tecnológico
Pueden contratarse directamente bienes, servicios
en general o consultorías en general con fines de
investigación, experimentación o desarrollo de carácter
científico o tecnológico vinculadas con las funciones u
objeto propios, que por Ley le corresponde a la Entidad,
siempre que los resultados pertenezcan exclusivamente
a esta.
10. Contrataciones derivadas de un contrato
resuelto o declarado nulo cuya continuidad de
ejecución resulta urgente
Este supuesto se aplica siempre que se haya agotado
lo dispuesto en el artículo 138.
11. Contrataciones de servicios de capacitación de
interés institucional
La contratación de los servicios de capacitación debe
realizarse con instituciones acreditadas: (i) conforme
a las normas del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, o (ii)
por organismos internacionales especializados, conforme
a los lineamientos establecidos por el Sector Educación.
En el supuesto que la capacitación sea prestada
por un organismo internacional, debe tener entre su
finalidad u objeto, la prestación de servicios de formación,
capacitación o asistencia técnica.
Artículo 86.- Aprobación de contrataciones
directas
86.1. La potestad de aprobar contrataciones directas
es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los
literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27 de la Ley.
86.2. La resolución del Titular de la Entidad o acuerdo
de Consejo Regional, Concejo Municipal o Acuerdo
de Directorio en caso de empresas del Estado, que
apruebe la contratación directa requiere obligatoriamente
del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o
informes previos, que contengan la justificación de la
necesidad y procedencia de la contratación directa.
Las resoluciones o acuerdos mencionados en el
párrafo precedente y los informes que los sustentan, salvo
la causal prevista en el inciso d) del artículo 27 de la Ley,
se publican a través del SEACE dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su emisión o adopción, según
corresponda.
86.3. Se encuentra prohibida la aprobación de
contrataciones directas en vía de regularización, a
excepción de la causal de situación de emergencia. En las
contrataciones directas no se aplican las contrataciones
complementarias.
86.4. En las contrataciones directas por
desabastecimiento y emergencia, de ser necesario
prestaciones adicionales, se requiere previamente la
emisión de un nuevo acuerdo o resolución que las
apruebe.
Artículo 87.- Procedimiento para las contrataciones
directas
87.1. Una vez aprobada la contratación directa,
la Entidad la efectúa mediante acciones inmediatas,
requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta
cumpla con las características y condiciones establecidas
en las Bases, las cuales deben contener como mínimo lo
indicado en los literales a), b), e), f), m) y q) del numeral
27.1 del artículo 27. La oferta puede ser obtenida por
cualquier medio de comunicación.
87.2. Las actuaciones preparatorias y contratos que
se celebren como consecuencia de las contrataciones
directas deben cumplir con los requisitos, condiciones,
formalidades, exigencias y garantías establecidos en la
Ley y el Reglamento.
87.3. El cumplimiento de los requisitos previstos para
las contrataciones directas, en la Ley y el Reglamento,
es responsabilidad del Titular de la Entidad y de los
funcionarios que intervengan en la decisión y ejecución.
87.4. Cuando no llegue a concretarse la suscripción
del contrato, se dejará sin efecto la adjudicación efectuada
debiendo la Entidad continuar con las acciones que
correspondan.
Artículo 88.- Características del proceso de
Compra Corporativa
88.1. Las Entidades pueden contratar bienes y
servicios en general en forma conjunta, a través de un
procedimiento de selección único, aprovechando los
beneficios de las economías de escala, en las mejores y
más ventajosas condiciones para el Estado.
También pueden incorporarse en las compras
corporativas los requerimientos de las Entidades cuyos
valores referenciales no superen las ocho (8) UIT. Para
tal efecto, dichas contrataciones deberán estar incluidas
en el Plan Anual de Contrataciones de cada Entidad
participante.
88.2. Las Compras Corporativas pueden ser
facultativas, para lo cual las Entidades celebran un
convenio interinstitucional, u obligatorias, cuando se
establezca mediante decreto supremo emitido por el
Ministerio de Economía y Finanzas, con el voto aprobatorio
del Consejo de Ministros. Las Compras Corporativas
Obligatorias están a cargo de PERÚ COMPRAS.
88.3. Los bienes y servicios en general que pueden ser
objeto de Compras Corporativas deben ser susceptibles
de ser homogeneizados.
88.4. Para la agregación de la demanda de las
Entidades se puede utilizar criterios tales como el
geográfico, el sectorial, el temporal o la combinación de
estos, entre otros.
88.5. El procedimiento de selección se realiza
conforme a las reglas establecidas en la Ley y el presente
Reglamento.”
“Artículo 91.- Entidades participantes
91.1. Se consideran Entidades participantes a aquellas
que están obligadas a contratar los bienes y servicios en
general contenidos en el decreto supremo que aprueba
las Compras Corporativas Obligatorias.
91.2. Designadas las Entidades participantes,
estas tienen la obligación de remitir los requerimientos
respectivos, con la certificación y/o previsión presupuestal,
y la información complementaria a PERÚ COMPRAS,
conforme a los lineamientos, plazos y procedimiento
establecidos, bajo responsabilidad.
91.3. Las Entidades participantes se encuentran
obligadas a contratar directa y exclusivamente con los
proveedores seleccionados, los bienes y/o servicios
en general cuyo requerimiento haya sido materia del
proceso de Compra Corporativa Obligatoria. Asimismo,
se encuentran obligadas a suscribir todos los documentos
que resulten necesarios para la formalización del o
los contratos que se deriven del o los procedimientos
de selección, pagar al proveedor o proveedores
seleccionados la contraprestación acordada, previa
conformidad con la prestación ejecutada, así como los
demás actos relacionados con la ejecución del contrato.
91.4. PERÚ COMPRAS puede designar un Comité
Técnico especializado para determinar las características
homogenizadas de los bienes y servicios en general
requeridos por las Entidades participantes, para lo cual
estas u otras entidades especializadas, a solicitud de
PERÚ COMPRAS, asignan los especialistas requeridos.

Artículo 92.- Compras Corporativas Facultativas
92.1. Para las Compras Corporativas que se realicen
de manera facultativa, se debe elaborar uno o varios
convenios que deben ser suscritos por los funcionarios
competentes de las Entidades participantes. El
convenio debe establecer el objeto y alcances, las
obligaciones y responsabilidades de las partes, así
como la designación de la Entidad encargada de la
compra corporativa.
92.2. La Entidad encargada de la Compra Corporativa
tiene a su cargo las siguientes tareas:
a) Recibir los requerimientos de las Entidades
participantes.
b) Consolidar y homogeneizar las características de
los bienes y servicios en general, así como determinar el
valor referencial para cada procedimiento de selección a
convocarse en forma conjunta.
c) Efectuar todas las actuaciones preparatorias
necesarias para elaborar y aprobar el expediente de
contratación.
d) Designar al o a los comités de selección que tienen
a su cargo los procedimientos de selección para las
compras corporativas.
e) Aprobar los documentos del procedimiento de
selección que correspondan.
f) Resolver los recursos de apelación, en los casos
que corresponda.
92.3. El funcionamiento, competencia, obligaciones
y demás atribuciones del comité de selección son los
previstos en la Ley y el Reglamento, siendo responsable
de:
a) Elaborar las Bases, conforme al contenido del
expediente de contratación. En las Bases debe distinguirse
claramente el requerimiento de cada Entidad participante
del convenio, para los efectos de la suscripción y ejecución
del contrato respectivo.
b) Una vez que quede consentido el otorgamiento de
la buena pro, elevar el expediente al Titular de la Entidad
encargada de la Compra Corporativa para su remisión a
las Entidades participantes.
92.4. Las Entidades participantes se encuentran
obligadas a contratar directa y exclusivamente con los
proveedores seleccionados los bienes y/o servicios en
general cuyo requerimiento haya sido materia del proceso
de Compra Corporativa, conforme al procedimiento
establecido en el Reglamento. Asimismo, se encuentran
obligadas a suscribir todos los documentos que resulten
necesarios para la formalización del o los contratos que
se deriven del o los procedimientos de selección, así
como a pagar al proveedor o proveedores seleccionados
la contraprestación acordada, previa conformidad con la
prestación ejecutada.
92.5. Las Compras Corporativas no requieren de la
modificación del Plan Anual de Contrataciones de las
Entidades participantes, aunque debe indicarse que
se procede a contratar mediante Compra Corporativa
Facultativa, con expresa mención de la Entidad encargada
de la Compra Corporativa.
92.6. La Entidad encargada de la Compra Corporativa
y el o los comités de selección que se designen para tal
fin, deben observar lo dispuesto en la Ley, el Reglamento
y demás disposiciones complementarias.
92.7. En caso que se desee complementar o incorporar
requerimientos adicionales a los previstos en el convenio,
las Entidades participantes pueden hacerlo mediante la
suscripción de cláusulas adicionales.
92.8. El convenio permite la adhesión de cualquier
otra Entidad siempre y cuando ésta se efectúe antes de
la convocatoria.
92.9. Los contratos derivados de la Compra
Corporativa, así como la información referida a su
ejecución deben ser ingresados al SEACE, por cada una
de las Entidades participantes, en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento,
ocurrencia o aprobación, según corresponda.”
“Artículo 94.- Condiciones para el encargo
94.1. Encargo a otra Entidad
Una Entidad puede encargar a otra Entidad pública,
mediante convenio interinstitucional, la realización de
las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de
selección que aquella requiera para la contratación
de bienes, servicios en general, consultorías y obras,
previo informe técnico legal que sustente la necesidad y
viabilidad del encargo, el mismo que es aprobado por el
Titular de la Entidad.
La competencia para la aprobación del expediente de
contratación y de los documentos del procedimiento de
selección es precisada en el convenio respectivo. Una vez
consentido o administrativamente firme el otorgamiento
de la buena pro, debe remitirse el expediente a la Entidad
encargante para el perfeccionamiento y ejecución del
contrato respectivo.
94.2. Encargo a Organismos Internacionales
a) De conformidad con lo dispuesto en el numeral
6.3 del artículo 6 de la Ley, de manera excepcional,
tratándose de contrataciones altamente especializadas
o muy complejas, las Entidades pueden encargar
determinados procedimientos de selección a organismos
internacionales debidamente acreditados. El Ministerio de
Economía y Finanzas, mediante Resolución Ministerial,
establece los lineamientos y criterios para la utilización
del encargo. Dicho encargo debe ser aprobado: (i) para
el Poder Ejecutivo mediante Resolución del Titular de
la Entidad, (ii) para los Poderes Legislativo y Judicial y
los Organismos Constitucionalmente Autónomos, por
el Titular de dichas Entidades, (iii) para los Gobiernos
Regionales y Locales por acuerdo de Consejo Regional
o Concejo Municipal, según corresponda y (iv) para las
empresas del Estado por Acuerdo de Directorio. Esta
facultad es indelegable.
b) El expediente que sustenta la necesidad de
efectuar este encargo debe contener la justificación de
la imposibilidad de que el proceso sea efectuado por la
Entidad, por razones de especialidad o complejidad,
precisando la conveniencia y ventajas de efectuarlo.
Asimismo, debe contar con el informe favorable de la
Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces, sobre la
disponibilidad de los recursos para el financiamiento de la
contratación del organismo encargado.
c) Constituye requisito indispensable que el organismo
internacional tenga dentro de sus fines el desarrollo
de actividades objeto del encargo, conforme a los
instrumentos que lo rigen y cuente con procedimientos
formales de carácter general, previamente establecidos,
para ejecutar dicho objeto.
d) El encargo debe constar en un convenio específico
y concreto para cada procedimiento de selección,
detallando las obligaciones y responsabilidades de cada
una de las partes.
e) En el convenio debe quedar expresamente
señalado, bajo sanción de nulidad, que el organismo
internacional se somete a la supervisión del OSCE para
efectos de verificar que se cumplen las condiciones
para efectuar el encargo y a las acciones de control que
efectúe la Contraloría General de la República respecto
del encargo, comprometiéndose a proporcionar toda la
información y documentación que le sea requerida por
dichas instituciones.
f) La competencia para la aprobación de los
documentos del procedimiento de selección es de la
Entidad. Una vez consentido o administrativamente
firme el otorgamiento de la buena pro, debe remitirse
el expediente a la Entidad para el perfeccionamiento y
ejecución del contrato respectivo.
94.3. La Entidad es responsable de registrar en
el SEACE toda la información referida al encargo y al
procedimiento encargado según lo dispuesto por el OSCE.
94.4. En caso de presentarse recurso de apelación, el
mismo es resuelto por el Titular de la Entidad encargada
o por el Tribunal, según corresponda. Tratándose de los

encargos a Organismos Internacionales se aplican las
reglas de sus respectivos procedimientos.
Artículo 95.- Competencia
95.1. En procedimientos de selección cuyo valor
referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT,
el recurso de apelación se presenta ante la Entidad
convocante, y es conocido y resuelto por su Titular.
Cuando el valor referencial del procedimiento de selección
sea mayor a dicho monto o se trate de procedimientos
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco, el recurso de apelación se presenta ante
y es resuelto por el Tribunal.
95.2. En los procedimientos de selección según
relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el
valor referencial total del procedimiento original determina
ante quién se presenta el recurso de apelación.
95.3. Con independencia del valor referencial del
procedimiento de selección, según corresponda, la
declaración de nulidad de oficio o la cancelación del
procedimiento se impugnan ante el Tribunal.
95.4.Losparticipantesquenohayansidoprecalificados
y deseen impugnar, deben presentar su oferta en la etapa
correspondiente, la cual queda en custodia del notario
público o juez de paz hasta que se resuelva el recurso
correspondiente.
Artículo 96.- Actos no impugnables
No son impugnables:
1. Las actuaciones materiales relativas a la
planificación de las contrataciones.
2. Las actuaciones preparatorias de la Entidad
convocante, destinadas a organizar la realización de
procedimientos de selección.
3. Los documentos del procedimiento de selección y/o
su integración.
4. Las actuaciones materiales referidas al registro de
participantes.
5. Las contrataciones directas.
Artículo 97.- Plazo de interposición
97.1. La apelación contra el otorgamiento de la buena
pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles
siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la
buena pro. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas,
Selección de Consultores Individuales y Comparación
de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro. En el caso de Subasta
Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del
recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor
referencial corresponda al de una licitación pública o
concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8)
días hábiles.
En caso del procedimiento de implementación o
extensión de vigencia de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco, el plazo para la interposición del recurso
es de ocho (8) días hábiles.
97.2. La apelación contra los actos dictados con
posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de
desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de
los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar. En el
caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de
Consultores Individuales y Comparación de Precios, el
plazo es de cinco (5) días hábiles. En el caso de Subasta
Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del
recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor
referencial corresponda al de una licitación pública o
concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8)
días hábiles.
97.3. El plazo para interponer el recurso de apelación
en el caso de un procedimiento derivado de uno
declarado desierto se rige por las disposiciones del nuevo
procedimiento que se convoque.
97.4. Los plazos indicados resultan aplicables a todo
recurso de apelación, sea que se interponga ante la
Entidad o ante el Tribunal, según corresponda.
Artículo 98.- Efectos de la Interposición
98.1. La interposición del recurso de apelación
suspende el procedimiento de selección. Si el
procedimiento de selección fue convocado según relación
de ítems, la suspensión afecta únicamente al ítem
impugnado.
Son nulos los actos expedidos con infracción de lo
establecido en el párrafo precedente.
98.2. La interposición del recurso de apelación no
suspende el procedimiento para la incorporación de
proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco ni el procedimiento de extensión de vigencia de
dichos catálogos.
98.3. Tanto la Entidad como el Tribunal, según
corresponda, deben informar de la interposición del
recurso de apelación a través de su registro en la ficha
del procedimiento de selección obrante en el SEACE, el
mismo día de su interposición.
Artículo 99.- Requisitos de admisibilidad
El recurso de apelación debe cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Ser presentado ante la Unidad de Trámite
Documentario de la Entidad o Mesa de Partes del
Tribunal, según corresponda. El recurso de apelación
dirigido al Tribunal puede presentarse ante las oficinas
desconcentradas del OSCE, las que lo derivan a la Mesa
de Partes del Tribunal al día siguiente de su recepción.
2. Identificación del impugnante, debiendo consignar
su nombre y número de documento oficial de identidad,
o su denominación o razón social y número de Registro
Único de Contribuyentes, según corresponda. En caso
de actuación mediante representante, se acompaña
la documentación que acredite tal representación.
Tratándose de consorcios, el representante común debe
interponer el recurso de apelación a nombre de todos los
consorciados.
3. Identificar la nomenclatura del procedimiento de
selección del cual deriva el recurso.
4. El petitorio, que comprende la determinación clara y
concreta de lo que se solicita, y sus fundamentos.
5. Las pruebas instrumentales pertinentes.
6. La garantía por interposición del recurso.
7. Copia simple de la promesa formal de consorcio
cuando corresponda.
8. La firma del impugnante o de su representante. En
el caso de consorcios basta la firma del representante
común señalado como tal en la promesa formal de
consorcio.
9. Copias simples del escrito y sus recaudos para la
otra parte, si la hubiera.
Artículo 100.- Trámite de admisibilidad
Independientemente que sea interpuesto ante la
Entidad o ante el Tribunal, el trámite de admisibilidad del
recurso de apelación es el siguiente:
1. El análisis referido a la conformidad de los requisitos
de admisibilidad se realiza en un solo acto, al momento de
la presentación del recurso de apelación, por la Unidad
de Trámite Documentario de la Entidad, por la Mesa de
Partes del Tribunal o por las Oficinas Desconcentradas
del OSCE, según corresponda. La Mesa de Partes del
Tribunal y las Oficinas Desconcentradas del OSCE
notifican en el acto de recepción, las observaciones y el
plazo de subsanación, las que deben ser publicadas en el
SEACE al momento de registrar el recurso de apelación.
2. Los requisitos de admisibilidad indicados en
los incisos 3) y 8) del artículo precedente deben ser
consignados obligatoriamente en el primer escrito que
se presente; de lo contrario, el recurso es rechazado
por la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad,
por la Mesa de Partes del Tribunal o por las Oficinas
Desconcentradas del OSCE.

3. La omisión de los requisitos señalados en los
incisos 2), 4), 5), 6) 7) y 9) del artículo precedente debe
ser subsanada por el apelante dentro del plazo máximo
de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente
de la presentación del recurso de apelación. Este plazo
es único y suspende todos los plazos del procedimiento
de impugnación.
4. Transcurrido el plazo indicado en el numeral anterior
sin que se verifique el cumplimiento de los requisitos
previstos en el mismo, el recurso de apelación se considera
como no presentado, publicándose esta condición en el
SEACE, sin necesidad de pronunciamiento alguno y los
recaudos se ponen a disposición del apelante para que
los recabe en la Unidad de Trámite Documentario de
la Entidad, en la Mesa de Partes del Tribunal, o en las
Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda.
Si la Entidad o el Tribunal, según sea el caso, advierte
que el recurso de apelación no contiene alguno de los
requisitos de admisibilidad y que esta omisión no fue
advertida en el momento de la presentación del recurso,
la autoridad competente para resolver en la Entidad o el
Presidente del Tribunal, concede un plazo máximo de
dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de
la notificación de las observaciones para la subsanación
respectiva. Transcurrido el plazo sin que se realice la
subsanación, el recurso se tiene por no presentado.
5. El recurso de apelación contra el otorgamiento de
la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a esta que se presente antes de haberse efectuado el
otorgamiento de la buena pro, es rechazado de plano
por la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad,
por la Mesa de Partes del Tribunal o por las Oficinas
Desconcentradas del OSCE, según corresponda, con la
simple verificación en el SEACE de la fecha programada
para el otorgamiento de la buena pro, sin perjuicio de que
el recurso se presente cuando corresponda.
Artículo 101.- Improcedencia del recurso
El recurso de apelación presentado ante la Entidad o
ante el Tribunal es declarado improcedente cuando:
1. La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca
de competencia para resolverlo. No es de aplicación en
estos casos lo establecido en el artículo 130 de la Ley
N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
2. Sea interpuesto contra alguno de los actos que no
son impugnables.
3. Sea interpuesto fuera del plazo.
4. El que suscriba el recurso no sea el impugnante o
su representante.
5. El impugnante se encuentre impedido para
participar en los procedimientos de selección y/o contratar
con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley.
6.El impugnante se encuentre incapacitado legalmente
para ejercer actos civiles.
7. El impugnante carezca de interés para obrar o
de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de
cuestionamiento.
8. Sea interpuesto por el postor ganador de la buena
pro.
9. No exista conexión lógica entre los hechos
expuestos en el recurso y el petitorio del mismo.
El recurso de apelación será declarado improcedente
por falta de interés para obrar, entre otros casos, si el postor
cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada,
según corresponda, impugna la adjudicación de la buena
pro, sin cuestionar la no admisión o descalificación de su
oferta.
Artículo 102.- Garantía por la interposición
102.1. La garantía que respalda la interposición del
recurso de apelación, de conformidad con el artículo
41 de la Ley, debe otorgarse a favor de la Entidad o del
OSCE, según corresponda, por una suma equivalente al
tres por ciento (3%) del valor referencial del procedimiento
de selección impugnado. En los procedimientos de
selección según relación de ítems, el monto de la garantía
es equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial
del respectivo ítem.
102.2. En ningún caso la garantía es mayor a
doscientas (200) UIT vigentes al interponerse el recurso.
102.3. La garantía debe cumplir los requisitos
previstos en el artículo 33 de la Ley. Asimismo, la garantía
puede consistir en un depósito en la cuenta bancaria de la
Entidad o del OSCE, según corresponda.
102.4. En caso el recurso de apelación se presente
ante la Entidad, la garantía debe tener un plazo mínimo
de vigencia de treinta (30) días calendario, contados
desde el día siguiente de su emisión; de presentarse
ante el Tribunal, la garantía debe tener un plazo mínimo
de vigencia de sesenta (60) días calendario, contados
desde el día siguiente de su emisión; debiendo ser
renovada, en cualquiera de los casos, hasta el momento
en que se agote la vía administrativa, siendo obligación
del impugnante realizar dichas renovaciones en forma
oportuna. En el supuesto que la garantía no fuese
renovada hasta la fecha consignada como vencimiento
de la misma, es ejecutada para constituir un depósito
en la cuenta bancaria de la Entidad o del OSCE, según
corresponda, el cual se mantiene hasta el agotamiento de
la vía administrativa.
Artículo 103.- Procedimiento ante la Entidad
103.1. El Titular de la Entidad puede delegar,
mediante resolución, la facultad de resolver los recursos
de apelación, sin que en ningún caso dicha delegación
pueda recaer en los miembros del comité de selección,
en el órgano encargado de las contrataciones de la
Entidad o en algún otro servidor que se encuentre en una
situación de conflicto de intereses que pueda perjudicar la
imparcialidad de la decisión.
103.2. La tramitación del recurso de apelación se
sujeta al siguiente procedimiento:
a) La presentación de los recursos de apelación debe
registrarse en el SEACE el mismo día de haber sido
interpuestos, bajo responsabilidad.
b) De haberse interpuesto dos (2) o más recursos
de apelación respecto de un mismo procedimiento de
selección o ítem, la Entidad debe acumularlos a fin
de resolverlos de manera conjunta, siempre que los
mismos guarden conexión. La acumulación se efectúa al
procedimiento de impugnación más antiguo. Producida la
acumulación, el plazo para emitir resolución se contabiliza
a partir del último recurso interpuesto o subsanado.
c) La Entidad corre traslado de la apelación a los
postores que tengan interés directo en la resolución del
recurso, dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados
desde la presentación del recurso o desde la subsanación
de las omisiones advertidas en la presentación del mismo,
según corresponda. Esta notificación se efectúa a través
de la publicación del recurso de apelación y sus anexos
en el SEACE.
d) El postor o postores emplazados pueden absolver
el traslado del recurso interpuesto en un plazo no mayor a
tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de
notificado a través del SEACE. La Entidad debe resolver
con la absolución del traslado o sin ella.
Las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer
los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso
de apelación y en el escrito de absolución de traslado del
recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal.
La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo
expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio
de la presentación de pruebas y documentos adicionales
que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento,
presentados dentro del plazo legal.
Al interponer el recurso o al absolverlo, el impugnante
o los postores pueden solicitar el uso de la palabra, lo
cual debe efectuarse dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes de culminado el plazo para la absolución del
traslado del recurso de apelación.
e) La Entidad resuelve la apelación y notifica su
decisión a través del SEACE, en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente
de la presentación del recurso o la subsanación de las

omisiones y/o defectos advertidos en la presentación del
mismo.
103.3. A efectos de resolver el recurso de apelación,
el Titular de la Entidad o quien haya sido delegado con
dicha facultad, debe contar con la opinión previa de las
áreas técnica y legal, cautelando que en la decisión
de la impugnación no intervengan los servidores que
participaron en el procedimiento de selección.
Artículo 104.- Procedimiento ante el Tribunal
El Tribunal tramita el recurso de apelación conforme a
las siguientes reglas:
1. De haberse interpuesto dos (2) o más recursos
de apelación respecto de un mismo procedimiento de
selección o ítem, el Tribunal debe acumularlos a fin
de resolverlos de manera conjunta, siempre que los
mismos guarden conexión. La acumulación se efectúa al
procedimiento de impugnación más antiguo.
2. Admitido el recurso, el Tribunal notifica a la Entidad y
a los postores distintos al impugnante que pudieran verse
afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso
de apelación y sus anexos, mediante su publicación en
el SEACE, otorgando a la Entidad un plazo no mayor
de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente
de la notificación, para que le remita el expediente de
contratación completo, bajo responsabilidad. En este
caso no resulta de aplicación lo establecido en el numeral
37.2 del artículo 37.
3. Las partes deben formular sus pretensiones y
ofrecer los medios probatorios en el escrito que contiene
el recurso de apelación y en el escrito de absolución de
traslado del recurso de apelación, presentados dentro del
plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos,
sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho
procedimiento.
4. La Entidad está obligada a remitir al Tribunal,
además de los requisitos fijados en el TUPA del OSCE,
el expediente de contratación correspondiente al
procedimiento de selección, el que debe incluir la oferta
del impugnante y todas las ofertas cuestionadas en su
recurso, y un informe técnico legal en el cual se indique
expresamente la posición de la Entidad respecto de los
fundamentos del recurso interpuesto.
El incumplimiento de dichas obligaciones por parte
de la Entidad es comunicado al Órgano de Control
Institucional de esta y/o a la Contraloría General de la
República y genera responsabilidad funcional en el Titular
de la Entidad.
El postor o postores emplazados deben absolver
el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco
(5) días hábiles, contados a partir del día siguiente
de notificados a través del SEACE. La absolución del
traslado es presentada a la Mesa de Partes del Tribunal
o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según
corresponda.
5. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes
a la recepción de la información que se indica en el
numeral precedente, o vencido dicho plazo sin haberse
recibido tal información, el expediente de apelación es
remitido a la Sala correspondiente, para que dentro de
un plazo de cinco (5) días hábiles de recibido evalúe la
documentación obrante en el expediente. En caso de
acumulación de expedientes, el plazo para evaluar se
contabiliza a partir de la recepción del último expediente
por la Sala.
6. La Sala puede solicitar información adicional a la
Entidad, al impugnante y a terceros a fin de recabar la
documentación necesaria para mejor resolver, antes y/o,
luego de realizada la respectiva audiencia pública.
El pedido de información adicional y/o la programación
de audiencia pública prorroga el plazo total de evaluación
por el término necesario, el que no debe exceder de diez
(10) días hábiles contados desde que el expediente es
recibido en Sala.
La oposición, omisión o demora en el cumplimiento
de dicho mandato supone, sin excepción alguna, una
infracción al deber de colaboración con la Administración
que, en el caso de las Entidades, se pone en conocimiento
de su Órgano de Control Institucional para la adopción de
las medidas a que hubiere lugar. Tratándose de personas
naturales o jurídicas, o del postor adjudicatario de la
buena pro, el incumplimiento en el envío de la información
requerida es valorado por el Tribunal al momento de
resolver, conjuntamente con los demás actuados que
obren en el expediente.
7. El Tribunal concede a las partes el uso de la
palabra a efectos de sustentar su derecho, siempre
que haya sido solicitado por aquellas, al interponer el
recurso o en la respectiva absolución, sin perjuicio de
que sea requerido de oficio a consideración del Tribunal.
En tal caso, la audiencia pública debe realizarse dentro
del período mencionado en el penúltimo párrafo del
numeral anterior.
8. Al día siguiente de recibida la información adicional,
de realizada la audiencia pública o de vencido el plazo
indicado en el penúltimo párrafo del inciso 6), se declara
el expediente listo para resolver a través del decreto
correspondiente, quedando a consideración de la Sala
la valoración de los escritos que se presenten con
posterioridad.
9. El Tribunal resuelve dentro del plazo de cinco
(5) días hábiles, contados desde el día siguiente
de la fecha de emisión del decreto que declara que
el expediente está listo para resolver. La resolución
debe ser notificada a través del SEACE y del Sistema
Informático del Tribunal, a más tardar al día siguiente
hábil de emitida.
10. Todos los actos que emita el Tribunal en el
trámite del recurso de apelación se notifican a las
partes través del SEACE o del sistema informático del
Tribunal.”
“Artículo 106.- Alcances de la resolución
106.1 Al ejercer su potestad resolutiva, el Tribunal o la
Entidad debe resolver de una de las siguientes formas:
a) Cuando el acto impugnado se ajusta a la Ley, al
Reglamento, a los documentos del procedimiento de
selección y demás normas conexas o complementarias,
declara infundado el recurso de apelación y confirma el
acto objeto del mismo.
b) Cuando en el acto impugnado se advierta la
aplicación indebida o interpretación errónea de la Ley,
del Reglamento, de los documentos del procedimiento de
selección o demás normas conexas o complementarias,
declara fundado el recurso de apelación y revoca el acto
impugnado.
c) Cuando el impugnante ha cuestionado actos
directamente vinculados a la evaluación, calificación de
las ofertas y/u otorgamiento de la buena pro, evalúa si
cuenta con la información suficiente para efectuar el
análisis sobre el fondo del asunto. De contar con dicha
información, otorga la buena pro a quien corresponda,
siendo improcedente cualquier impugnación administrativa
contra dicha decisión.
d) Cuando el recurso de apelación incurra en alguna
de las causales establecidas en el artículo 101 lo declara
improcedente.
e) Cuando verifique alguno de los supuestos previstos
en el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, en virtud del
recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los
actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta
la que se retrotrae el procedimiento de selección, en cuyo
caso puede declarar que carece de objeto pronunciarse
sobre el fondo del asunto.
106.2. Cuando el Tribunal advierta de oficio posibles
vicios de nulidad del procedimiento de selección,
correrá traslado a las partes y a la Entidad, para que se
pronuncien en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.
En este caso se extiende el plazo previsto en el numeral
6) del artículo 104. En los procedimientos que contengan
audiencia pública, en dicho acto se dará por notificadas
a las partes sobre los posibles vicios de nulidad del
procedimiento de selección.

Artículo 107.- Cumplimiento de la resolución
dictada por el Tribunal
107.1. La resolución dictada por el Tribunal debe ser
cumplida por las partes sin calificarla y bajo sus propios
términos.
107.2. Cuando la Entidad no cumpla con lo dispuesto
en una resolución del Tribunal se comunica tal hecho a
la Contraloría General de la República, sin perjuicio de
la responsabilidad que pueda corresponder al Titular de
la Entidad. De ser el caso, se denuncia a los infractores
según lo tipificado en el Código Penal.
Artículo 108.- Precedentes de observancia
obligatoria
Mediante acuerdos adoptados en sesión de Sala
Plena, el Tribunal interpreta de modo expreso y con
alcance general las normas establecidas en la Ley
y el presente Reglamento, los cuales constituyen
precedentes de observancia obligatoria que permiten
al Tribunal mantener la coherencia de sus decisiones
en casos análogos. Dichos acuerdos deben ser
publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el portal
institucional del OSCE debidamente sistematizados.
Los precedentes de observancia obligatoria deben ser
aplicados por las Entidades y las Salas del Tribunal,
conservando su vigencia mientras no sean modificados
por posteriores acuerdos de Sala Plena del Tribunal o
por norma legal.”
“Artículo 111.- Denegatoria ficta
111.1. Vencido el plazo para que el Tribunal o la Entidad
resuelva y notifique la resolución que se pronuncia sobre
el recurso de apelación, el impugnante debe asumir que
el mismo fue desestimado, operando la denegatoria ficta,
a efectos de la interposición de la demanda contencioso
administrativa.
111.2. La omisión de resolver y notificar el recurso
de apelación dentro del plazo establecido genera
responsabilidad funcional, debiendo procederse al
deslinde respectivo al interior del Tribunal o de la Entidad,
según corresponda.”
“Artículo 114.- Obligación de contratar
114.1. Una vez que la buena pro ha quedado
consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad
como el o los postores ganadores, están obligados a
contratar.
114.2. La Entidad no puede negarse a contratar, salvo
por razones de recorte presupuestal correspondiente
al objeto materia del procedimiento de selección, por
norma expresa o porque desaparezca la necesidad,
debidamente acreditada. La negativa a hacerlo basada
en otros motivos, genera responsabilidad funcional en el
Titular de la Entidad y el servidor al que se le hubieran
delegado las facultades para perfeccionar el contrato,
según corresponda. Esta situación implica la imposibilidad
de convocar el mismo objeto contractual durante el
ejercicio presupuestal, salvo que la causal sea la falta de
presupuesto.
114.3. En caso que el o los postores ganadores
de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son
pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica
sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le
sea atribuible, declarada por el Tribunal.
Artículo 115.- Perfeccionamiento del contrato
115.1. El contrato se perfecciona con la suscripción
del documento que lo contiene, salvo en los contratos
derivados de procedimientos de subasta inversa
electrónica y adjudicación simplificada para bienes y
servicios en general, en los que el contrato se puede
perfeccionar con la recepción de la orden de compra o
de servicios, conforme a lo previsto en los documentos
del procedimiento de selección, siempre que el monto
del valor referencial no supere los cien mil Soles (S/ 100
000,00).
115.2. En el caso de procedimientos de selección por
relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con
la suscripción del documento o con la recepción de una
orden de compra o de servicios, cuando el monto del valor
referencial del ítem se encuentre dentro del parámetro
establecido en el párrafo anterior.
115.3. Tratándose de Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco y comparación de precios, el contrato
siempre se perfecciona mediante la recepción de la
orden de compra o de servicios. En el caso de Catálogos
Electrónicos se debe tener en cuenta las consideraciones
establecidas en el Acuerdo Marco respectivo.
115.4. Es nulo el contrato en cuyo procedimiento
de selección se ha incurrido en prácticas corruptas,
fraudulentas, colusorias o ilícitas, en concordancia con lo
previsto en el numeral 40.5 del artículo 40 de la Ley.
Artículo 116.- Contenido del Contrato
116.1. El contrato está conformado por el documento
que lo contiene, los documentos del procedimiento de
selección que establezcan reglas definitivas y la oferta
ganadora, así como los documentos derivados del
procedimiento de selección que establezcan obligaciones
para las partes.
116.2. El contrato debe incluir, bajo responsabilidad,
cláusulas referidas a: (i) Garantías, (ii) Anticorrupción,
(iii) Solución de controversias y (iv) Resolución por
incumplimiento.
116.3. Tratándose de los contratos de obra deben
incluirse, además, las cláusulas que identifiquen los
riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la
obra y la determinación de la parte del contrato que debe
asumirlos durante la ejecución contractual.
116.4. Cláusulas Anticorrupción
Conforme a lo establecido en los artículos 32 y 40 de
la Ley, todos los contratos deben incorporar cláusulas
anticorrupción, bajo sanción de nulidad. Dichas cláusulas
deben tener el siguiente contenido mínimo:
a) La declaración y garantía del contratista de no
haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los
órganos de administración, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a
las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
b) La obligación del contratista de conducirse en
todo momento, durante la ejecución del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de
no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que
se refiere el artículo 248-A.
c) El compromiso del contratista de: (i) comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y (ii) adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o prácticas.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas
en estas cláusulas, durante la ejecución contractual,
da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver
automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando
para tal efecto que la Entidad remita una comunicación
informando que se ha producido dicha resolución, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas
a que hubiera lugar.
Artículo 117.- Requisitos para perfeccionar el
Contrato
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la
buena pro debe presentar, además de los documentos
previstos en los documentos del procedimiento de
selección, lo siguiente:

1. Garantías, salvo casos de excepción.
2. Contrato de consorcio, de ser el caso.
3. Código de cuenta interbancaria (CCI).
4. Documento que acredite que cuenta con facultades
para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
Estos requisitos no son exigibles cuando el contratista
sea otra Entidad, cualquiera sea el procedimiento de
selección, con excepción de las Empresas del Estado.”
“Artículo 120.- Plazo de ejecución contractual
120.1. El plazo de ejecución contractual se inicia el
día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la
fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en
que se cumplan las condiciones previstas en el contrato,
según sea el caso.
120.2. Los documentos del procedimiento de selección
pueden establecer que el plazo de ejecución contractual
sea hasta un máximo de tres (3) años, salvo que por leyes
especiales o por la naturaleza de la prestación se requiera
plazos mayores, siempre y cuando se adopten las
previsiones presupuestarias necesarias para garantizar
el pago de las obligaciones, según las reglas previstas
en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto
Público.
120.3. El plazo de ejecución contractual de los
contratos de supervisión de obra debe estar vinculado a
la duración de la obra supervisada.
120.4 Cuando se haya previsto en el contrato de
supervisión que las actividades comprenden la liquidación
del contrato de obra: (i) el contrato de supervisión culmina
en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el pago
por las labores hasta el momento en que se efectúa la
recepción de la obra, debe ser realizado bajo el sistema
de tarifas mientras que la participación del supervisor en el
procedimiento de liquidación debe ser pagada empleando
el sistema a suma alzada.
120.5. Tratándose de contratos de supervisión de
servicios, el plazo de ejecución debe estar vinculado a la
duración del servicio.
120.6. Cuando se trate del arrendamiento de bienes
inmuebles, el plazo puede ser hasta por un máximo de tres
(3) años prorrogables en forma sucesiva por igual o menor
plazo; reservándose la Entidad el derecho de resolver
unilateralmente el contrato antes del vencimiento previsto,
sin reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente,
sujetándose los reajustes que pudieran acordarse al
Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto
Nacional de Estadística e Informática - INEI.
120.7. Cuando se trate de modalidad mixta, el plazo
de ejecución contractual se inicia al día siguiente de
cumplidas las siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista la designación
del inspector o del supervisor, según corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial de
la infraestructura, terreno o lugar en donde se ejecutará el
contrato, según corresponda;
c) Que la Entidad haya otorgado al contratista el
adelanto directo, de ser el caso.”
“Artículo 122.- Nulidad del Contrato
122.1. Cuando la Entidad decida declarar la nulidad
de oficio del contrato por alguna de las causales previstas
en el artículo 44 de la Ley, debe cursar carta notarial al
contratista adjuntando copia fedateada del documento que
declara la nulidad. Dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes el contratista que no esté de acuerdo con esta
decisión, puede someter la controversia a arbitraje.
122.2. Cuando la nulidad se sustente en las causales
previstas en los literales a) y b) del numeral 44.2 del artículo
44 de la Ley, la Entidad puede realizar el procedimiento
previsto en el artículo 138.
122.3. La acreditación a la que hace referencia el literal
f) del numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley se efectúa
mediante sentencia judicial consentida o ejecutoriada o
cuando se hubiera admitido y/o reconocido expresamente
cualquiera de las circunstancias referidas en dicho literal.”
“Artículo 124.- Subcontratación
124.1. Se puede subcontratar por un máximo del
cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original,
salvo prohibición expresa contenida en los documentos
del procedimiento de selección o cuando se trate de
prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los
aspectos que determinaron la selección del contratista.
124.2. La Entidad debe aprobar la subcontratación
por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5)
días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho
plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera
que el pedido ha sido rechazado.
124.3. No cabe subcontratación en la selección de
consultores individuales.”
“Artículo 126.- Garantía de fiel cumplimiento
126.1. Como requisito indispensable para perfeccionar
el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad
la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del
contratista, en el caso de bienes, servicios en general y
consultorías en general, o hasta el consentimiento de la
liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de
obras.
126.2. En caso se haya practicado la liquidación final
y se determine un saldo a favor del contratista y este
someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor, la
Entidad debe devolverle la garantía de fiel cumplimiento.
126.3. En los contratos periódicos de suministro de
bienes o de prestación de servicios en general, así como
en los contratos de consultoría en general, de ejecución
y consultoría de obras que celebren las Entidades con
las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden
otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje
que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos
para la ejecución de obras, tal beneficio solo procede
cuando:
a) El procedimiento de selección original del cual
derive el contrato a suscribirse sea una adjudicación
simplificada;
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor
a sesenta (60) días calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos,
dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance
de obra.
La retención se efectúa durante la primera mitad del
número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización
del mismo.”
“Artículo 128.- Excepciones
No se otorga garantía de fiel cumplimiento del
contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias en los siguientes casos:
1. En los contratos de bienes y servicios, distintos
a la consultoría de obras, cuyos montos sean iguales
o menores a cien mil Soles (S/ 100 000,00). Dicha
excepción también aplica a: (i) los contratos derivados de
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando
el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos
de los ítems adjudicados no supere el monto señalado;
y, (ii) a los contratos derivados de procedimientos de
selección realizados para compras corporativas, cuando
el monto del contrato a suscribir por la Entidad participante
no supere el monto indicado.
2. Adquisición de bienes inmuebles.
3. Contratos de arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles.
4. Las contrataciones complementarias celebradas
bajo los alcances del artículo 150, cuyos montos se
encuentren dentro del supuesto contemplado en el
numeral 1.”

“Artículo 135.- Causales de resolución
135.1. La Entidad puede resolver el contrato, de
conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en
que el contratista:
1. Incumpla injustificadamente obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
a haber sido requerido para ello;
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de
la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución
de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir
tal situación.
135.2. El contratista puede solicitar la resolución
del contrato en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones
esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida
conforme al procedimiento establecido en el artículo136.
135.3. Cualquiera de las partes puede resolver el
contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no
sea imputable a las partes y que imposibilite de manera
definitiva la continuación de la ejecución del contrato.”
“Artículo 138.- Prestaciones pendientes en caso de
resolución de contrato
138.1. Cuando se resuelva un contrato y exista la
necesidad urgente de culminar con la ejecución de las
prestaciones derivadas de este, sin perjuicio de que
dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los
medios de solución de controversias, la Entidad puede
contratar a alguno de los postores que participaron en
el procedimiento de selección. Para estos efectos, la
Entidad debe determinar el precio de dichas prestaciones,
incluyendo todos los costos necesarios para su ejecución,
debidamente sustentados.
138.2. Una vez determinado el precio y las condiciones
de ejecución, y de existir disponibilidad presupuestal,
la Entidad invita a los postores que participaron en el
procedimiento de selección para que, en un plazo máximo
de cinco (5) días, manifiesten su intención de ejecutar
las prestaciones pendientes de ejecución por el precio y
condiciones señalados en el documento de invitación.
138.3. De presentarse más de una aceptación a
la invitación, la Entidad contrata con aquel postor que
ocupó una mejor posición en el orden de prelación
en el procedimiento de selección correspondiente. En
las contrataciones de bienes, servicios en general y
obras, salvo aquellas derivadas del procedimiento de
comparación de precios, el órgano encargado de las
contrataciones debe realizar la calificación del proveedor
con el que se va a contratar. Para el perfeccionamiento
del contrato debe observarse lo establecido en el numeral
87.2 del artículo 87, en lo que sea aplicable.
Artículo 139.- Adicionales y Reducciones
139.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la
Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones
adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original, siempre que estas
sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato,
para lo cual debe contar con la asignación presupuestal
necesaria. El costo de los adicionales se determina
sobre la base de las especificaciones técnicas del bien
o términos de referencia del servicio en general o de
consultoría y de las condiciones y precios pactados en el
contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo
entre las partes.
139.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de
las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original.
139.3. En caso de adicionales, el contratista debe
aumentar de forma proporcional las garantías que
hubiese otorgado. En caso de reducciones puede solicitar
la disminución en la misma proporción.
139.4. Tratándose de adicionales de supervisión de
obra, para el cálculo del límite establecido en el primer
párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley solo
debe tomarse en consideración todas las prestaciones
adicionales de supervisión que se produzcan por
variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo
de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra.
139.5. Los adicionales o reducciones que se dispongan
durante la ejecución de proyectos de inversión pública
deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad
competente del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
139.6. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones
adicionales en los contratos de modalidad mixta con
carácter de emergencia, cuya falta de ejecución ponga
en peligro a las personas o afecte la integridad de la
infraestructura pública o la continuidad del servicio público,
se puede autorizar la ejecución de dichas prestaciones
mediante comunicación escrita al contratista, sin perjuicio
delaverificaciónquedebeefectuarlaEntidad,previamente
a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual
no puede efectuarse pago alguno, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad.”
“Artículo 142.- Modificaciones convencionales al
contrato
Para que operen las modificaciones previstas en el
artículo 34-A de la Ley, debe cumplirse con los siguientes
requisitos y formalidades:
1. Informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad
de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato
de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian
los elementos esenciales del objeto de la contratación y
(iii) que sustente que la modificación deriva de hechos
sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no
son imputables a las partes.
2. En el caso de contratos sujetos a supervisión de
terceros, se deberá contar con la opinión favorable del
supervisor.
3. Informe del área de presupuesto con la certificación
correspondiente, en caso la modificación implique la
variación del precio.
4. La aprobación por resolución del Titular de la
Entidad. Dicha facultad es indelegable.
5. El registro en el SEACE de la adenda
correspondiente, conforme a lo establecido por el OSCE.
Artículo 143.- Recepción y conformidad
143.1. La recepción y conformidad es responsabilidad
del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es
responsabilidad del área de almacén y la conformidad es
responsabilidad de quien se indique en los documentos
del procedimiento de selección.
143.2. La conformidad requiere del informe del
funcionario responsable del área usuaria, quien debe
verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación,
la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran
necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de
servicio, la conformidad puede consignarse en dicho
documento.
143.3. La conformidad se emite en un plazo máximo
de diez (10) días de producida la recepción, salvo en el
caso de consultorías, donde la conformidad se emite en
un plazo máximo de veinte (20) días.
143.4. De existir observaciones, la Entidad debe
comunicarlas al contratista, indicando claramente
el sentido de estas, otorgándole un plazo para
subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10)
días, dependiendo de la complejidad. Tratándose de
consultorías y de contratos bajo modalidad mixta el
plazo para subsanar no puede ser menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la
complejidad. Si pese al plazo otorgado, el contratista no
cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan, desde el vencimiento
del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando
los bienes, servicios en general y/o consultorías
manifiestamente no cumplan con las características
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad
no efectúa la recepción o no otorga la conformidad,
según corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades
respectivas.
143.5. En el caso de las contrataciones bajo
modalidad mixta, una vez subsanadas las observaciones
por el contratista, se suscribe el Acta de Recepción de
la infraestructura o áreas de terreno entregadas al inicio
de la ejecución contractual y, dentro de los sesenta (60)
días siguientes, este debe presentar un informe final a
la Entidad. El contrato concluye con la conformidad del
informe final, la misma que se emite en un plazo máximo
de veinte (20) días.
143.6. Las discrepancias en relación a la recepción
y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o
arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de
ocurrida la recepción, la negativa de esta o de vencido el
plazo para otorgar la conformidad, según corresponda.”
“Artículo 145.- Constancia de prestación
145.1. Otorgada la conformidad de la prestación,
el órgano de administración o el funcionario designado
expresamente por la Entidad es el único autorizado
para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte,
una constancia que debe precisar, como mínimo, la
identificación del contrato, objeto del contrato, el monto
del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades
en que hubiera incurrido el contratista.
145.2. Las constancias de prestación de ejecución y
consultoría de obra deben contener, adicionalmente, los
datos señalados en los formatos correspondientes que
emita el OSCE y son entregadas conjuntamente con la
liquidación de obra o consultoría de obra, según el caso.
145.3. Solo se puede diferir la entrega de la constancia
en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.”
“Artículo 149.- Del pago
149.1. La Entidad debe pagar las contraprestaciones
pactadas a favor del contratista dentro de los quince
(15) días calendario siguientes a la conformidad de los
bienes, servicios en general y consultorías, siempre que
se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.
En caso de retraso en el pago, el contratista tiene
derecho al pago de intereses legales, los que se computan
desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.
149.2. Las controversias en relación a los pagos a
cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación
y/o arbitraje.
149.3. De conformidad con lo establecido en el
numeral 39.1 del artículo 39 de la Ley, excepcionalmente
el pago puede realizarse en su integridad por adelantado
cuando este sea condición de mercado para la entrega
de los bienes o la prestación de los servicios, previo
otorgamiento de la correspondiente garantía por el mismo
monto del pago.
149.4. Conforme a lo establecido en el numeral 45.13
del artículo 45 de la Ley, el pago reconocido al proveedor
o contratista como resultado de un proceso arbitral se
realiza en la oportunidad que establezca el respectivo
laudo y como máximo junto con la liquidación o conclusión
del contrato, salvo que el proceso arbitral concluya con
posterioridad.”
“Artículo 151.- Requisitos adicionales para la
suscripción del contrato de obra
Para la suscripción del contrato de ejecución de obra,
adicionalmente a lo previsto en el artículo 117 el postor
ganador debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Presentar la constancia de Capacidad Libre de
Contratación expedida por el RNP, salvo en los contratos
derivados de procedimientos de contrataciones directas
por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por
razones de orden interno
2. Entregar el calendario de avance de obra valorizado
sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM),
el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos
claves de la obra.
3. Entregar el calendario de adquisición de materiales
o insumos necesarios para la ejecución de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado vigente.
4. Entrega de calendario de utilización de equipo, en
caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
5. Entregar el desagregado de partidas que da origen
a la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de suma
alzada.
Artículo 152.- Inicio del plazo de ejecución de obra
152.1. El inicio del plazo de ejecución de obra
comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan
las siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el
inspector o el supervisor, según corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial
del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según
corresponda;
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de
los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases,
hubiera asumido como obligación;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente
Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasión de la absolución de consultas y
observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el
adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el artículo 156.
Las condiciones a que se refieren los literales
precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) días contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demás condiciones.
Si la Entidad no cumple con las condiciones
señaladas en los literales precedentes, el contratista
puede iniciar el procedimiento de resolución del contrato
dentro del plazo de quince (15) días de vencido el plazo
previsto en el párrafo anterior. Asimismo, en el mismo
plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de daños y
perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto
equivalente al cinco por diez mil (5/10 000) del monto del
contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco
por diez mil (75/10 000). La Entidad debe pronunciarse
sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles
de presentada. Respecto al derecho de resarcimiento,
el contratista puede iniciar un procedimiento de
conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días
hábiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad
para pronunciarse sobre la solicitud.
152.2. La Entidad puede acordar con el contratista
diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra
en los siguientes supuestos:
a) Cuando la estacionalidad climática no permite el
inicio de la ejecución de la obra, hasta la culminación de
dicho evento.
b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada
de cumplir con las condiciones previstas en los literales
a) o b) del numeral 152.1 del presente artículo, hasta el
cumplimiento de las mismas.
En ambos supuestos, no resulta aplicable el
resarcimiento indicado en el último párrafo del numeral
152.1 del artículo 152, y se suspende el trámite de
la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo
reiniciarse quince (15) días antes de la nueva fecha de
inicio del plazo de ejecución.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las
circunstancias invocadas se sustentan en un informe
técnico que forma parte del expediente de contratación,
debiéndose suscribir la adenda correspondiente.
Artículo 153.- Suspensión del plazo de ejecución
153.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a
las partes que originen la paralización de la obra, estas
pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de la
misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales
y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para
viabilizar la suspensión.
Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde
a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las
fechas de ejecución de la obra, respetando los términos
en los que se acordó la suspensión.
153.2. Asimismo, el contratista puede suspender la
ejecución de la prestación en caso la Entidad no cumpla
con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas;
para tal efecto, el contratista debe requerir mediante
comunicación escrita que la Entidad pague por lo
menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un
plazo no mayor de diez (10) días. Si vencido el plazo
el incumplimiento continúa el residente debe anotar en
el cuaderno de obra la decisión de suspensión, que se
produce al día siguiente de la referida anotación.
La suspensión del plazo da lugar al pago de
mayores gastos generales variables, directamente
vinculados, debidamente acreditados. En este caso
también corresponde la suspensión del contrato de
supervisión, aplicándose la regla contenida en el
presente párrafo.
153.3. Cuando se produzca la suspensión del contrato
de obra según lo previsto en el numeral 153.1 precedente,
corresponde también la suspensión del contrato de
supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de
mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que
resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Esta
disposición también se aplica en caso la suspensión de
la ejecución de la obra se produzca como consecuencia
del sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo
dispuesto en este numeral resulta aplicable a los contratos
de supervisión de servicios.
Artículo 154.- Residente de Obra
154.1. Durante la ejecución de la obra debe contarse,
de modo permanente y directo, con un profesional
colegiado, habilitado y especializado designado por
el contratista, previa conformidad de la Entidad, como
residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o
arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los
trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en
la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura
y complejidad de la obra.
154.2. Por su sola designación, el residente representa
al contratista como responsable técnico de la obra, no
estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
154.3. El residente de obra no podrá prestar servicios
en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en el
siguiente numeral.
154.4. En el caso de obras convocadas por paquete, la
participación permanente, directa y exclusiva del residente
son definidos en los documentos del procedimiento de
selección por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo
en consideración la complejidad y magnitud de las obras
a ejecutar.”
“Artículo 159.- Inspector o Supervisor de Obras
159.1. Durante la ejecución de la obra, debe contarse,
de modo permanente y directo, con un inspector o con
un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la
existencia de ambos en una misma obra. El inspector
es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad,
expresamente designado por esta, mientras que el
supervisor es una persona natural o jurídica especialmente
contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona
jurídica, esta designa a una persona natural como
supervisor permanente en la obra.
159.2. El inspector o supervisor, según corresponda,
debe cumplir con la misma experiencia y calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Es
obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la
obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido
en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal respectivo.
159.3. El supervisor de obra, cuando es persona
natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor sea
persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una
obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente numeral.
159.4. En el caso de obras convocadas por paquete,
la participación permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en los documentos
del procedimiento de selección por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad
y magnitud de las obras a ejecutar.
Artículo 160.- Funciones del Inspector o Supervisor
160.1. La Entidad controla los trabajos efectuados
por el contratista a través del inspector o supervisor,
según corresponda, quien es el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecución
técnica, económica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, además de la debida y
oportuna administración de riesgos durante todo el plazo
de la obra, debiendo absolver las consultas que formule
el contratista según lo previsto en los artículos siguientes.
En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni
integrante de su plantel técnico.
160.2. El inspector o el supervisor, según
corresponda, está facultado para ordenar el retiro de
cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad
o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena
marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro
de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para
disponer cualquier medida generada por una emergencia.
No obstante lo señalado, su actuación debe ajustarse al
contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.
160.3. El contratista debe brindar al inspector o
supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento
de su función, las cuales están estrictamente relacionadas
con esta.”
“Artículo 163.- Cuaderno de Obra
163.1. En la fecha de entrega del terreno, el contratista
entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe
encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas
por el inspector o supervisor, según corresponda, y
por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos
profesionales son los únicos autorizados para hacer
anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos
de ausencias excepcionales debidamente autorizadas
por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del
cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejercerá esta
labor de forma exclusiva e indelegable.
163.2. El cuaderno de obra consta de una hoja original
con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una
de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al
inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe
permanecer en la obra, bajo custodia del residente no
pudiendo impedirse el acceso al mismo.
163.3. Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal
de aplicación de una penalidad equivalente al cinco por
mil (5/1 000) del monto de la valorización del periodo por
cada día de dicho impedimento.
163.4. Concluida la ejecución y recibida la obra, el
original queda en poder de la Entidad.
Artículo 164.- Anotación de ocurrencias
164.1. En el cuaderno de obra se anotan, en asientos
correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante

la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación
el inspector o supervisor o el residente, según sea el que
efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran
como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad
o al inspector o supervisor, según corresponda, por el
contratista o su representante, por medio de comunicación
escrita.
164.2. Los profesionales autorizados para anotar en
el cuaderno de obra deben evaluar permanentemente
el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo
anotar los resultados, cuando menos, con periodicidad
semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o
no cumplidos de ser el caso.
164.3. El cuaderno de obra es cerrado por el
inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.”
“Artículo 166.- Valorizaciones y metrados
166.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos
a cuenta y son elaboradas el último día de cada período
previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el
contratista.
166.2. En el caso de las obras contratadas bajo el
sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la
obra, las valorizaciones se formulan en función de los
metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados,
agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales y utilidad ofertados por el contratista;
a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
166.3. En el caso de las obras contratadas bajo el
sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra,
las valorizaciones se formulan en función de los metrados
ejecutados contratados con los precios unitarios del
valor referencial, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad del valor
referencial. El subtotal así obtenido se multiplica por el
factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal;
a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
166.4. En las obras contratadas bajo el sistema a
precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados
realmente ejecutados, mientras que en el caso de las
obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el
total de los metrados del presupuesto de obra.
166.5. Los metrados de obra ejecutados se formulan
y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector
o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de
los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o
supervisor no se presenta para la valorización conjunta
con el contratista, este la efectúa. El inspector o
supervisor debe revisar los metrados durante el periodo
de aprobación de la valorización.
166.6. El plazo máximo de aprobación por el inspector
o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la
Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días,
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al
de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad
en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando
las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los
previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el
tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto
en el presente artículo.
166.7. A partir del vencimiento del plazo establecido
para el pago de estas valorizaciones, por razones
imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al
reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del
Código Civil.”
“Artículo 170.- Procedimiento de ampliación de
plazo
170.1. Para que proceda una ampliación de plazo de
conformidad con lo establecido en el artículo precedente,
el contratista, por intermedio de su residente debe
anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliación de
plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto,
señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos.
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la
circunstancia invocada, el contratista o su representante
legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de
ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica
del programa de ejecución de obra vigente.
170.2. El inspector o supervisor emite un informe que
sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de
ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados
desde el día siguiente de presentada la solicitud. La
Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su
decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10)
días hábiles, contados desde el día siguiente de la
recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo,
bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento
alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado
lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.
170.3. Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles
de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y
no existe opinión del supervisor o inspector, se considera
ampliado el plazo solicitado por el contratista.
170.4. Cuando las ampliaciones se sustenten en
causales que no correspondan a un mismo periodo
de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de
ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse
independientemente.
170.5. En tanto se trate de circunstancias que no
tengan fecha prevista de conclusión, hecho que debe ser
debidamente acreditado y sustentado por el contratista
de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución
contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad
otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir
que el contratista valorice los gastos generales por
dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el
procedimiento antes señalado.
170.6. La ampliación de plazo obliga al contratista,
como condición para el pago de los mayores gastos
generales, a presentar al inspector o supervisor un
calendario de avance de obra valorizado actualizado y la
programación CPM correspondiente, la lista de hitos no
cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación
así como su impacto considerando para ello solo las
partidas que se han visto afectadas y en armonía con
la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no
puede exceder de siete (7) días contados a partir del
día siguiente de la fecha de notificación al contratista de
la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o
supervisor debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes
que puedan concordarse con el contratista, en un plazo
máximo de siete (7) días, contados a partir del día
siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado
por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7)
días, contados a partir del día siguiente de la recepción
del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe
pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una
vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior.
De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se
tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector
o supervisor.
170.7. Cualquier controversia relacionada con las
solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida
al respectivo medio de solución de controversias dentro
de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha
en que la Entidad debió notificar su decisión o de la
notificación de la denegatoria, total o parcial, de la
solicitud formulada.
170.8. Las ampliaciones de plazo que se aprueben
durante la ejecución de proyectos de inversión pública
deben ser comunicadas por la Entidad a la autoridad
competente del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
Artículo 171.- Efectos de la modificación del plazo
contractual
171.1. Las ampliaciones de plazo en los contratos
de obra dan lugar al pago de mayores costos directos

y los gastos generales variables, ambos directamente
vinculados con dichas ampliaciones.
Los costos directos deben encontrase debidamente
acreditados y formar parte de aquellos conceptos que
integren la estructura de costos de la oferta económica
del contratista o del valor referencial, según el caso.
Los gastos generales variables se determinan en
función al número de días correspondientes a la ampliación
multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en
los casos de prestaciones adicionales de obra.
Solo cuando la ampliación de plazo sea generada
por la paralización total de la obra por causas ajenas a
la voluntad del contratista, dará lugar al pago de mayores
gastos generales variables debidamente acreditados, de
aquellos conceptos que forman parte de la estructura de
gastos generales variables de la oferta económica del
contratista o del valor referencial, según el caso.
Como parte de los sustentos se requiere detallar los
riesgos que dieron lugar a la ampliación de plazo.
171.2. En el supuesto que la reducción de prestaciones
genere la reducción del plazo de ejecución contractual, los
menores gastos generales se deducen de la liquidación
final del contrato.
171.3. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad
debe ampliar el plazo de los otros contratos que hubiera
celebrado que se encuentren vinculados directamente al
contrato principal.”
“Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras
menores o iguales al quince por ciento (15%)
175.1. Solo procede la ejecución de prestaciones
adicionales de obra cuando previamente se cuente con
la certificación de crédito presupuestario o previsión
presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad
del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con
la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del
siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado
esta atribución y en los casos en que sus montos,
restándole los presupuestos deductivos vinculados, no
excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original.
175.2. La necesidad de ejecutar una prestación
adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de
obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por
el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo
máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente
de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según
corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotación
realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su
posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación
adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la
deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya
generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional.
175.3. En el caso de obras convocadas por paquete
que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o
supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere
el numeral anterior se computa a partir del primer día
posterior a la fecha de la anotación, en que, según la
programación, corresponda al inspector o supervisor
estar en la obra.
175.4. La Entidad debe definir si la elaboración del
expediente técnico de la prestación adicional de obra está
a su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo
del inspector o supervisor, este último en calidad de
prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento
previsto en el artículo 139. Para dicha definición, la
Entidad debe tener en consideración la naturaleza,
magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes
de la obra principal, así como la capacidad técnica y/o
especialización del inspector o supervisor, cuando
considere encargarle a este la elaboración del expediente
técnico.
175.5. Concluida la elaboración del expediente
técnico, el inspector o supervisor lo eleva a la Entidad.
En caso que el expediente técnico lo elabore la Entidad
o un consultor externo, el inspector o supervisor cuenta
con un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir
del día siguiente de la recepción del expediente técnico,
para remitir a la Entidad el informe en el que se pronuncie
sobre la viabilidad de la solución técnica planteada
en el expediente técnico. En ambos casos, de existir
partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el
presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el
documento del precio unitario pactado con el contratista
ejecutor de la obra.
175.6. Recibida la comunicación del inspector o
supervisor, la Entidad cuenta con doce (12) días hábiles
para emitir y notificar al contratista la resolución mediante
la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución
de la prestación adicional de obra. La demora de la
Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser
causal de ampliación de plazo.
175.7. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones
adicionales de obra de carácter de emergencia, cuya falta
de ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro
a la población, a los trabajadores o a la integridad de la
misma obra, la autorización previa de la Entidad se realiza
mediante comunicación escrita al inspector o supervisor
a fin de que pueda autorizar la ejecución de tales
prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación
que debe efectuar la Entidad, previamente a la emisión
de la resolución correspondiente, sin la cual no puede
efectuarse pago alguno.
175.8. La aprobación de prestaciones adicionales de
obra por causas no previsibles en el expediente técnico,
no enerva la responsabilidad del contratista de revisar la
información que la Entidad pone a su disposición y de
formular las consultas y observaciones correspondientes,
de modo que se complete, de ser el caso, la información
necesaria para cumplir con la finalidad pública de la
contratación; en consecuencia, la ejecución de las
actividades que comprende la prestación adicional de obra
procede respecto de aquello que no pudo ser advertido de
la revisión diligente del expediente técnico.
175.9. En los contratos de obra a precios unitarios,
los presupuestos adicionales de obra se formulan con
los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos
generalesfijosyvariablespropiosdelaprestaciónadicional
para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente
teniendo como base o referencia el análisis de los gastos
generales del presupuesto original contratado. Asimismo,
debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el
Impuesto General a las Ventas correspondiente.
175.10. Cuando en los contratos previstos en el
párrafo anterior se requiera ejecutar mayores metrados
no se requiere autorización previa para su ejecución, pero
sí para su pago; el encargado de autorizar el pago es el
Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función.
Para la aplicación de lo establecido en el presente
párrafo el monto acumulado de los mayores metrados
y las prestaciones adicionales de obras, restándole los
presupuestos deductivos vinculados, no puede superar el
quince por ciento (15%) del monto del contrato original.
El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores
metrados se computa para el cálculo del límite para la
aprobación de adicionales, previsto en el segundo párrafo
del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley.
175.11. En los contratos de obra a suma alzada,
los presupuestos adicionales de obra se formulan con
los precios del presupuesto referencial ajustados por
el factor de relación y/o los precios pactados, con los
gastos generales fijos y variables propios de la prestación
adicional para lo cual debe realizarse el análisis
correspondiente teniendo como base o referencia los
montos asignados en el valor referencial multiplicado por
el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad
del valor referencial multiplicado por el factor de relación y
el Impuesto General a las Ventas correspondiente.
175.12. De no existir precios unitarios de una
determinada partida requerida en la prestación adicional,
se pactarán nuevos precios unitarios, considerando los
precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto
de obra y, de no existir, se sustenta en precios del mercado
debidamente sustentados.
175.13. El pago de los presupuestos adicionales
aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales.
175.14. Cuando se apruebe la prestación adicional
de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto
de la garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando

se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista
puede reducir el monto de dicha garantía.
175.15. Los adicionales, reducciones y los mayores o
menores metrados que se produzcan durante la ejecución
de proyectos de inversión pública deben ser comunicados
por la Entidad a la autoridad competente del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
Artículo 176.- Prestaciones adicionales de obras
mayores al quince por ciento (15%)
176.1. Las prestaciones adicionales de obras
cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos
vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto
del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular
de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución
y pago, la autorización expresa de la Contraloría General
de la República. La determinación del referido porcentaje
incluye los montos acumulados de los mayores metrados
que no provengan de una variación del expediente
técnico, en contratos a precios unitarios.
En el caso de adicionales con carácter de emergencia
la autorización de la Contraloría General de la República
se emite previa al pago.
176.2. La Contraloría General de la República cuenta
con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual
debe ser motivado en todos los casos. El referido plazo se
computa a partir del día siguiente que la Entidad presenta
la documentación sustentatoria correspondiente.
Transcurridoesteplazo,sinquemediepronunciamiento
de la Contraloría General de la República, la Entidad
está autorizada para disponer la ejecución y/o pago de
prestaciones adicionales de obra por los montos que
hubiere solicitado, sin perjuicio del control posterior.
De requerirse información complementaria, la
Contraloría General de la República comunica a la
Entidad este requerimiento, en una sola oportunidad,
a más tardar al quinto día hábil contado desde el inicio
del plazo a que se refiere el párrafo precedente, más el
término de la distancia.
La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para
cumplir con el requerimiento.
En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia
al día siguiente de la fecha de presentación de la
documentación complementaria por parte de la Entidad a
la Contraloría General de la República.
176.3. El pago de los presupuestos adicionales
aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales.
176.4. Cuando se apruebe la prestación adicional de
obras, el contratista está obligado a ampliar el monto de la
garantía de fiel cumplimiento.
176.5. Las prestaciones adicionales de obra y los
mayores metrados que no provengan de una variación del
expediente técnico, en contratos a precios unitarios, en
conjunto, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%)
del monto del contrato original. En caso que superen este
límite, se procede a la resolución del contrato, no siendo
aplicable el artículo 138; para continuar con la ejecución
de la obra debe convocarse a un nuevo procedimiento
por el saldo de obra por ejecutar, sin perjuicio de
las responsabilidades que pudieran corresponder al
proyectista.
176.6. Los adicionales, reducciones y los menores o
mayores metrados que se produzcan durante la ejecución
de proyectos de inversión pública deben ser comunicados
por la Entidad a la autoridad competente del Sistema
Inversiones.”
“CAPÍTULO I
MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Artículo 182.- Disposiciones generales
182.1. Las controversias que surjan entre las partes
sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia,
ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante
conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje
institucional, según el acuerdo de las partes. De manera
excepcional, las partes podrán resolver sus controversias
mediante arbitraje ad hoc solo en los supuestos previstos
en el presente Reglamento.
182.2. Las controversias referidas al incumplimiento
del pago final también son resueltas mediante conciliación
y/o arbitraje.
Artículo 183.- Conciliación
183.1. Las partes pueden pactar la conciliación como
mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La conciliación
deberá solicitarse ante un centro de conciliación
acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente
y deberá ser llevada a cabo por un conciliador certificado
por dicho Ministerio.
183.2. Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad
o el servidor en quien este haya delegado tal función
evalúa la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta
de acuerdo conciliatorio considerando criterios de costo-
beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos
del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el
arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia a
través de la conciliación. Asimismo, se podrán considerar
los riesgos que representa la controversia en el normal
desarrollo de la ejecución contractual, incluyendo el de no
poder alcanzar la finalidad del contrato al no adoptarse
un acuerdo conciliatorio. Dicha evaluación debe estar
contenida en un informe técnico legal previo debidamente
sustentado.
183.3. De ser necesario contar con una Resolución
Autoritativa para arribar a un acuerdo conciliatorio, el
procedimiento conciliatorio se puede suspender hasta por
un plazo de treinta (30) días hábiles. Si ambas partes lo
acuerdan, dicho plazo puede ser ampliado por treinta (30)
días hábiles adicionales. Si vencidos los plazos señalados
la Entidad no presenta la Resolución Autoritativa ante
el Centro de Conciliación, se entenderá que no existe
acuerdo y se concluirá el procedimiento conciliatorio.
183.4. Las Entidades deberán registrar las actas de
conciliación con acuerdo total o parcial en el SEACE,
dentro del plazo de diez (10) días hábiles de suscritas,
183.5. En caso el procedimiento conciliatorio concluya
por acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán
resolver la controversia en la vía arbitral. En caso de
acuerdo parcial, el arbitraje solo podrá versar sobre la
parte controvertida.
Artículo 184.- Arbitraje
184.1 Cualquiera de las partes tiene el derecho
a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidad
correspondiente. El arbitraje es nacional y de derecho.
184.2. La responsabilidad funcional prevista en el
tercer párrafo del numeral 45.5. del artículo 45 de la Ley,
se aplica a la decisión de: (i) no impulsar o proseguir
con la vía arbitral cuando en el informe técnico legal
se recomienda acudir a dicha sede; o, (ii) impulsar o
proseguir la vía arbitral cuando el informe técnico legal
determine que la posición de la Entidad no será acogida
en el arbitraje.
184.3. Las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc
solo cuando las controversias deriven de contratos de
bienes, servicios y consultoría en general, cuyo monto
contractual original sea menor o igual a veinticinco (25)
UIT.
184.4. De haberse pactado en el convenio arbitral
la realización de un arbitraje institucional, la institución
arbitral debe encontrarse debidamente acreditada ante el
OSCE, correspondiendo a la parte interesada recurrir a
la institución arbitral elegida en aplicación del respectivo
Reglamento arbitral institucional. De haberse pactado el
arbitraje ad hoc, la parte interesada debe remitir a la otra
la solicitud de inicio de arbitraje por escrito.
184.5. En caso haberse seguido previamente
un procedimiento de conciliación, sin acuerdo o con
acuerdo parcial, el arbitraje respecto de las materias no
conciliadas deberá iniciarse dentro del plazo de caducidad

contemplado en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley.
184.6. Si las partes han convenido que las
controversias se sometan previamente a una Junta de
Resolución de Disputas (JRD), el inicio del arbitraje y su
plazo se rige por lo dispuesto en el artículo 213.
Artículo 185.- Convenio arbitral
185.1. Cuando corresponda el arbitraje institucional,
en el convenio arbitral las partes deben encomendar
la organización y administración del arbitraje a una
institución arbitral debidamente acreditada ante el OSCE,
a cuyo efecto el correspondiente convenio arbitral tipo
puede ser incorporado en el contrato. La acreditación de
la institución arbitral debe ser verificada por el funcionario
que suscribe el contrato.
Las partes pueden establecer estipulaciones
adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en
la medida que no contravengan las disposiciones de la
normativa de contrataciones del Estado.
185.2. Solo cuando se cumplan las condiciones
establecidas en el numeral 184.3 del artículo 184,
la Entidad incorpora en la cláusula de solución de
controversias de la proforma de contrato contenida
en los documentos del procedimiento de selección, la
propuesta sobre si el arbitraje será institucional o ad
hoc. La propuesta del arbitraje institucional se sujeta a lo
establecido en el numeral 185.3 del artículo 185.El postor
podrá elegir entre el arbitraje institucional o el ad hoc con
la presentación de su oferta. Si el postor no cumple con
realizar la elección, el arbitraje es institucional.
185.3. En caso corresponda que el arbitraje sea
institucional, la Entidad incorpora en la cláusula de
solución de controversias de la proforma de contrato
contenida en los documentos del procedimiento de
selección, una lista de dos (2) instituciones arbitrales
registradas y acreditadas ante el OSCE, como mínimo,
las mismas que preferentemente deberán encontrarse
ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.
El postor elegirá a una de esas instituciones, señalando
un orden de prelación con relación a las demás, de ser
el caso, al momento de la presentación de su oferta.
Si el postor no cumple con ello, la Entidad elegirá a la
institución arbitral correspondiente y fijará el orden de
prelación, de ser el caso. Dicho orden de prelación será
respetado por las partes en caso se identifique que la
institución arbitral elegida inicialmente no se encuentra
registrada y acreditada ante el OSCE al momento del
perfeccionamiento del contrato o haya perdido su registro
y acreditación con posterioridad.
185.4. En los siguientes supuestos, el arbitraje deberá
ser iniciado ante cualquier institución arbitral registrada
y acreditada ante el OSCE ubicada en el lugar del
perfeccionamiento del contrato o, en caso no exista una
en dicho lugar, ante cualquier otra ubicada en un lugar
distinto:
a) Cuando no se ha incorporado un convenio arbitral
expreso en el contrato.
b) Cuando a pesar de haberse precisado en el
convenio arbitral que el arbitraje es institucional no se ha
designado a una institución arbitral determinada.
c) En caso la institución arbitral elegida pierda su
acreditación con posterioridad al perfeccionamiento del
contrato y antes del inicio del proceso arbitral.
d) Cuando a pesar de haberse precisado en el
convenio arbitral que el arbitraje es institucional se ha
designado a una institución arbitral no acreditada.
e) Cuando, a pesar de no cumplirse con las
condiciones establecidas en el numeral 184.3 del artículo
184, en el convenio arbitral se señala expresamente que
el arbitraje es ad hoc.
f) Cuando en el convenio arbitral no se haya precisado
el tipo de arbitraje.
g) Cuando en el convenio arbitral se encargó el
arbitraje al SNA-OSCE en contravención a lo establecido
en el presente Reglamento y en el Reglamento del SNA-
OSCE.
h) Cuando se trate de controversias que se desprenden
de órdenes de compra o de servicios derivadas del
Acuerdo Marco, siempre que no se haya incorporado un
convenio arbitral en las mismas.
185.5. El registro y acreditación de la institución
arbitral elegida debe ser verificada por el funcionario
que perfecciona el contrato, bajo responsabilidad. El
OSCE publica en su portal institucional la relación de
instituciones arbitrales registradas y acreditadas, así
como los convenios arbitrales tipo.
Artículo 186.- Solicitud de Arbitraje Ad Hoc
186.1. El arbitraje ad hoc se inicia con la solicitud de
arbitraje dirigida a la otra parte por escrito, con indicación
del convenio arbitral, un resumen de la o las controversias
a ser sometidas a arbitraje y su cuantía, incluyendo la
designación del árbitro, cuando corresponda.
186.2. La solicitud a la Entidad o al contratista debe
ser dirigida al último domicilio válidamente señalado para
efectos de la ejecución contractual.
Artículo 187.- Respuesta de Arbitraje Ad Hoc
187.1. La parte que reciba una solicitud de arbitraje
ad hoc de conformidad con el artículo precedente, debe
responderla por escrito dentro del plazo de diez (10) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción
de la respectiva solicitud, con indicación de la designación
del árbitro, cuando corresponda y su posición o resumen
referencial respecto de la controversia y su cuantía.
187.2. La falta de respuesta o toda oposición formulada
en contra del arbitraje, no interrumpe el desarrollo del
mismo ni de los respectivos procedimientos para que se
lleve a cabo la conformación del tribunal arbitral o árbitro
único y la tramitación del arbitraje.”
“Artículo 189.- Árbitros
189.1. El arbitraje es resuelto por árbitro único o
por un tribunal arbitral conformado por tres (3) árbitros,
según el acuerdo de las partes, salvo lo señalado en el
artículo 195. La Entidad formula una propuesta sobre el
número de árbitros que resuelven las controversias en la
cláusula de solución de controversias de la proforma de
contrato contenida en los documentos del procedimiento
de selección. El postor puede consentir o no la propuesta
de la Entidad al momento de la presentación de su oferta.
Si el postor no está de acuerdo con la propuesta de la
Entidad o no se pronuncia al respecto en su oferta o
si la Entidad no cumple con proponer la fórmula en la
proforma del contrato, el arbitraje es resuelto por árbitro
único tratándose de un arbitraje ad hoc o se determina
el número de árbitros correspondiente conforme a las
disposiciones del reglamento respectivo en el caso del
arbitraje institucional.
189.2. La designación del árbitro por parte de la
Entidad debe ser aprobada por su Titular o por el servidor
en quien este haya delegado tal función, tanto en el
arbitraje institucional como en el ad hoc.
189.3. En los arbitrajes institucionales, la institución
arbitral debe verificar que los árbitros cumplan con los
requisitos establecidos en el numeral 45.6 del artículo 45
de la Ley.
189.4. Para desempeñarse como árbitro en los
arbitrajes ad hoc, se requiere estar inscrito en el Registro
Nacional de Árbitros (RNA) y cumplir con los demás
requisitos establecidos en el numeral 45.6 del artículo 45
de la Ley.
Artículo 190.- Impedimentos para ser árbitro
Se encuentran impedidos para ejercer la función de
árbitro:
1. El Presidente y los Vicepresidentes de la
República, los Congresistas, los Ministros de Estado, los
Viceministros, los Titulares miembros del órgano colegiado
de los organismos constitucionalmente autónomos.
2. Los Magistrados, con excepción de los Jueces de
Paz.
3. Los Fiscales y los Ejecutores Coactivos.

4. Los Procuradores Públicos y el personal que trabaje
en las procuradurías, o de las unidades orgánicas que
hagan sus veces, cualquiera sea el vínculo laboral.
5. El Contralor General de la República y el Vice
Contralor.
6. Los Titulares de instituciones o de organismos
públicos del poder ejecutivo.
7. Los gobernadores regionales y los alcaldes.
8. Los directores de las empresas del Estado.
9. El personal militar y policial en situación de actividad.
10. Los funcionarios y servidores públicos en los
casos que tengan relación directa con la Entidad o Sector
en que laboren y dentro de los márgenes establecidos por
las normas de incompatibilidad vigentes.
11. Los funcionarios y servidores del OSCE hasta seis
(06) meses después de haber dejado la institución.
12. Los sometidos a proceso concursal.
13. Los sancionados con inhabilitación o con
suspensión de la función arbitral establecidas por
el Consejo de Ética, en tanto estén vigentes dichas
sanciones, sin perjuicio de la culminación de los casos en
los que haya aceptado su designación previamente a la
fecha de imposición de la sanción.
14. Los sancionados por los respectivos colegios
profesionales o entes administrativos, en tanto estén
vigentes dichas sanciones.
15. Los sancionados con condena que lleve aparejada
la inhabilitación para ejercer la profesión, en tanto esté
vigente dicha sanción.
16. Los sancionados por delito doloso, en tanto esté
vigente dicha sanción.
17. Los que tengan sanción o suspensión vigente
impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
18. Las personas inscritas en el Registro de Deudores
de Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre
propio o a través de persona jurídica en la que sea
accionista u otro similar, con excepción de las empresas
que cotizan acciones en bolsa, así como en el Registro
Nacional de Abogados Sancionados por mala práctica
profesional, en el Registro de funcionarios y servidores
sancionados con destitución por el tiempo que establezca
la Ley de la materia y en todos los otros registros creados
por Ley que impidan contratar con el Estado.
19. Las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM).
20. Las personas sancionadas por el Consejo de Ética
según lo dispuesto en este Reglamento.
21. Las personas a las que se refiere el literal m) del
numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.
En los casos a que se refieren los numerales 8 y 10,
el impedimento se restringe al ámbito sectorial al que
pertenecen esas personas.
Artículo 191.- Designación Residual de Árbitros
191.1. En aquellos procesos arbitrales ad hoc en los
cuales las partes no hayan pactado la forma en la que se
designa a los árbitros o no se hayan puesto de acuerdo
respecto a la designación del árbitro único o algún
árbitro que integre el Tribunal Arbitral, o los árbitros no
se hayan puesto de acuerdo sobre la designación del
presidente del Tribunal Arbitral, cuando corresponda,
cualquiera de las partes puede solicitar al OSCE la
designación residual, la que se efectuará a través de una
asignación aleatoria por medios electrónicos, de acuerdo
a los plazos y procedimiento previstos en la Directiva
correspondiente.
191.2. Las designaciones residuales efectuadas por
el OSCE se realizan de su Nómina de Profesionales
Aptos para Designación Residual, y son definitivas e
inimpugnables. Los procedimientos de inscripción y
renovación de profesionales en dicha nómina se realizan
conforme a lo establecido en la respectiva Directiva.
Artículo 192.- Independencia, imparcialidad y
deber de información
192.1. Los árbitros deben ser y permanecer durante
el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales,
sin mantener con las partes relaciones personales,
profesionales o comerciales.
192.2. Todo árbitro, al momento de aceptar el
cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia
acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su
nombramiento, que pudiera generar dudas justificadas
sobre su imparcialidad e independencia. Este deber
de información comprende, además, la obligación
de dar a conocer a las partes la ocurrencia de
cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación
que pudiera generar dudas sobre su imparcialidad e
independencia.
192.3. El árbitro designado debe presentar una
declaración jurada expresa sobre su idoneidad para
ejercer el cargo, señalando que cumple con los requisitos
establecidos en el numeral 45.6 del artículo 45 de
la Ley, así como que cuenta con la disponibilidad de
tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma
satisfactoria.
192.4. En el caso del arbitraje ad hoc, el árbitro
designado debe declarar, además, al momento de su
aceptación, que se encuentra inscrito en el Registro
Nacional de Árbitros (RNA).
Artículo 193.- Recusación
193.1. Los árbitros pueden ser recusados por las
siguientes causas:
a) Cuando se encuentren impedidos conforme el
artículo 190 o no cumplan con lo dispuesto por el artículo
192.
b) Cuando no reúnan las calificaciones y exigencias
para asumir el encargo establecidas en la legislación y el
convenio arbitral.
c) Cuando existan circunstancias que generen dudas
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia,
siempre que dichas circunstancias no hayan sido
excusadas por las partes en forma oportuna.
193.2. En los arbitrajes ad hoc y en los administrados
por el SNA-OSCE, la recusación es resuelta por el
OSCE, en forma definitiva e inimpugnable, conforme al
procedimiento establecido en la Directiva correspondiente,
salvo que las partes hayan acordado que la recusación
sea resuelta por una institución arbitral acreditada.
El trámite de recusación no suspende el arbitraje, salvo
cuando se trate de árbitro único o hayan sido recusados
dos (2) o tres (3) árbitros, o cuando lo disponga el Tribunal
Arbitral. Esta norma es aplicable a los arbitrajes ad hoc y a
los arbitrajes institucionales cuando no se haya regulado
al respecto.”
“Artículo 195.- De la organización y Administración
de Arbitrajes a cargo del SNA - OSCE
195.1. El OSCE organiza y administra un régimen
institucional de arbitraje en Contrataciones del Estado, en
armonía con el principio de subsidiariedad, denominado
Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE), sujetándose
a las reglas establecidas en el presente artículo y en el
Reglamento del SNA-OSCE.
195.2. Pueden someterse a arbitraje institucional a
cargo del SNA-OSCE las controversias que deriven de la
ejecución de contratos de bienes y servicios en general,
cuyos montos originales sean menores a diez (10) UIT,
siempre que no existan instituciones arbitrales registradas
y acreditadas en el lugar del perfeccionamiento
del contrato o cuando, de existir, estas se nieguen
expresamente a administrar el arbitraje o sus gastos
arbitrales resulten desproporcionados con relación a la
cuantía controvertida, de conformidad con los parámetros
El arbitraje ante el SNA-OSCE deberá ser iniciado
dentro del plazo de caducidad previsto en el artículo 45
de la Ley, no suspendiéndose en ningún momento por el
tiempo que demore verificar las condiciones habilitantes
del sistema.
195.3 Dichos arbitrajes están a cargo de Tribunales
Arbitrales Permanentes.

Artículo 196.- Gastos Arbitrales
196.1. En el arbitraje ad hoc, los árbitros deben fijar
sus honorarios profesionales y de la secretaría arbitral
o gastos administrativos aplicando la tabla de gastos
arbitrales de cualquier institución arbitral acreditada.
196.2. En caso de renuncia, recusación de árbitro
declarada fundada, anuencia de la contraparte en la
recusación, remoción de árbitro y los demás supuestos
regulados por el OSCE para tal efecto, y cuando no se
trate de un arbitraje institucional, cualquier discrepancia
que surja entre las partes y los árbitros, respecto de la
devolución de honorarios, debe ser resuelta, a pedido
de parte, por el OSCE. La decisión que tome el OSCE al
respecto es definitiva e inimpugnable.
Cualquier pacto respecto de la no devolución de
honorarios se tiene por no puesto, no pudiéndose acordar
en contrario.
Artículo 197.- Laudo
197.1. El laudo, así como sus integraciones,
exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, debe
ser notificado personalmente a las partes y a través
del SEACE. El laudo vincula a las partes del Arbitraje,
no pudiendo afectar derechos ni facultades legales de
personas ni autoridades ajenas al proceso. El laudo debe
ser motivado, no pudiéndose pactar en contrario.
197.2. Es responsabilidad del árbitro único o del
presidente del Tribunal Arbitral registrar correctamente
el laudo en el SEACE, así como sus integraciones,
exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, conforme
a lo dispuesto número 1) del numeral 216.3 del artículo
216. Asimismo, es responsable de la remisión que se
requiera efectuar a la respectiva secretaría arbitral para
efectos de su notificación personal.
197.3. El OSCE implementa, administra y opera el
Banco de Laudos Arbitrales que contiene información
relevante del laudo que los árbitros hayan registrado en
el SEACE.
197.4. Dicha información se publica en el portal
institucional del OSCE y es actualizada trimestralmente,
Artículo 198.- Información que debe remitirse al
OSCE
Las instituciones arbitrales y los centros que
administren Juntas de Resolución de Disputas deben
remitir al OSCE, en las condiciones, forma y oportunidad
establecidas en la Directiva correspondiente, la siguiente
información:
1. Copia de las resoluciones emitidas por sus
respectivos órganos mediante las cuales se resuelven
recusaciones planteadas contra los árbitros y miembros
de las Juntas de Resolución de Disputas.
2. Laudos, rectificaciones, interpretaciones,
integraciones y exclusiones de laudos, decisiones que
ponen fin a los arbitrajes y decisiones emitidas por las
Juntas de Resolución de Disputas.
3. Copia de los documentos en los que consten las
decisiones o resoluciones que imponen sanciones a
árbitros y miembros de las Juntas de Resolución de
Disputas por infracción al Código de Ética de la institución
arbitral respectiva.
4. Relación trimestral de solicitudes de arbitraje
ingresadas y procesos arbitrales en trámite y concluidos,
con indicación de la materia, nombre de las partes,
representantes legales, asesores o abogados, así como
el de los árbitros y del secretario a cargo del caso.
5. Nómina de Árbitros de la institución arbitral
actualizada.
Artículo 199.- Custodia de expedientes
El presidente del Tribunal Arbitral o árbitro único,
así como la respectiva institución arbitral, cuando
corresponda, pueden encargar al OSCE, o a otra institución
que esta autorice, la custodia del expediente luego de
transcurrido el plazo mínimo de tres (3) años desde la
fecha de culminación de las actuaciones arbitrales. Para
estos efectos, el expediente debe ser micrograbado, con
valor legal, bajo las condiciones previstas en el Decreto
Legislativo Nº 681, sus normas complementarias, normas
que la modifiquen o la sustituyan, y lo dispuesto en la
Directiva correspondiente.
Artículo 200.- Estudios a cargo del OSCE
El OSCE elabora estudios de laudos, actas de
conciliación y sentencias que resuelvan recursos de
anulación con la finalidad de evaluar y analizar la
eficiencia de los medios de solución de controversias
en contratación pública y, de ser el caso, proponer
lineamientos de transparencia, estrategias y mejores
prácticas que contribuyan al desarrollo eficiente del
mercado de compras públicas, conforme a lo dispuesto
por el literal s) del artículo 52 de la Ley.
CAPÍTULO II
REGISTRO NACIONAL DE ÁRBITROS
Artículo 201.- Finalidad del Registro Nacional de
Árbitros
201.1. El Registro Nacional de Árbitros (RNA) tiene
por objeto transparentar la información que consignen
los profesionales que, a nivel nacional, se consideren
aptos para desempeñarse como árbitros en materia de
contrataciones del Estado, de conformidad con la Directiva
respectiva. Dicho registro es administrado por el OSCE y
su información publicada en su portal institucional.
201.2. La información consignada en el RNA
tiene carácter de declaración jurada ante la autoridad
administrativa, debiendo ser acreditada en la oportunidad,
plazo y forma que establezca la Directiva.
201.3. La información declarada en el RNA no exime a
los profesionales de cumplir con el deber de información en
los respectivos procesos arbitrales en los que participen,
debiendo, de ser el caso, acreditar ante las partes o ante
el ente competente el cumplimiento de las calificaciones
y exigencias legales para asumir el encargo. Asimismo, la
inscripción en el RNA no impide el ejercicio de la facultad
de las partes en un arbitraje de cuestionar, en las vías
pertinentes, el incumplimiento de tales calificaciones y
exigencias cuando así lo adviertan.
201.4. La existencia del RNA no exime a las
instituciones arbitrales de la obligación de elaborar sus
propias nóminas de árbitros para arbitrajes en contratación
pública, ni limita la facultad del OSCE de contar con una
nómina de árbitros para realizar la designación residual.
Para efectos de la configuración de estas nóminas, las
instituciones arbitrales y el OSCE deben asegurarse que
los profesionales cumplan las calificaciones y exigencias
establecidas en la legislación vigente. La información
de cada uno de los árbitros que integran estas nóminas
debe ser publicada, de acuerdo con las disposiciones que
apruebe el OSCE.
201.5. Los procedimientos de inscripción en el RNA
son de aprobación automática y se regulan por el OSCE.
201.6. La pérdida de la vigencia del registro de un
profesional inscrito en el RNA que se desempeña como
árbitro en un proceso en curso no conlleva el cese de su
función como tal.
Artículo 202.- Requisitos para desempeñarse
como Árbitro Ad hoc
202.1. Para aceptar una designación y
desempeñarse como árbitro en los arbitrajes Ad hoc, se
debe contar con inscripción vigente en el RNA, además
de cumplir con los demás requisitos establecidos por la
legislación vigente.
202.2. El profesional a quien se curse una designación
sin que cuente con inscripción vigente en el RNA, debe
previamente a su aceptación registrarse en el RNA,
conforme al procedimiento previsto en la Directiva
correspondiente.
202.3. Para desempeñarse como secretario arbitral, se
debe tener como mínimo el grado académico de bachiller
en Derecho al momento de la aceptación del cargo.

Artículo 203.- Nulidad de la inscripción en el
registro como resultado de la fiscalización posterior.
203.1. Cuando se verifique que existe falsedad,
inexactitud, incongruencia o inconsistencia en la
información consignada en el RNA como resultado de una
acción de fiscalización posterior se declarará la nulidad de
la inscripción en el RNA.
203.2. Los profesionales cuya inscripción en el
RNA haya sido declarada nula como resultado de una
acción de fiscalización posterior, solo pueden solicitar
su reinscripción luego de transcurridos cinco (5) años,
en caso de falsedad de la información consignada, o
de dos (2) años, en los demás casos, desde que quedó
administrativamente firme la resolución que declaró la
nulidad.
203.3. La declaración de nulidad de la inscripción
de un profesional inscrito en el RNA que se desempeña
como árbitro en dicho momento, no impide la atención de
los procesos arbitrales en trámite a su cargo.
CAPÍTULO III
REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE
INSTITUCIONES ARBITRALES
Artículo 204.- De las Instituciones Arbitrales
204.1. El OSCE establece los lineamientos y
procedimientos para obtener y mantener el registro y
acreditación de las instituciones arbitrales en materia de
contrataciones del Estado, así como sus facultades para
efectuar las acciones de supervisión y monitoreo.
204.2. El OSCE publica el listado de las instituciones
arbitrales registradas y acreditadas.
204.3. Para efectos del registro y acreditación, las
instituciones arbitrales deberán contar con un Reglamento
de Arbitraje, un Código de Ética, una Tabla de honorarios
y gastos arbitrales, una nómina de árbitros, un portal
web institucional, entre otros aspectos conforme a lo que
disponga el OSCE.
204.4. La Institución Arbitral puede perder su registro
y acreditación, temporal o definitivamente, como producto
de la supervisión y monitoreo realizados por el OSCE. Los
supuestos y procedimiento de pérdida de acreditación son
CAPÍTULO IV
JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Artículo 205.- La Junta de Resolución de Disputas
205.1. La finalidad de la Junta de Resolución de
Disputas es que las partes logren prevenir y/o resolver
eficientemente las controversias que surjan desde el inicio
del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total
de la misma.
205.2. En caso de resolución del contrato, la Junta de
Resolución de Disputas es competente para conocer y
decidir las controversias que surjan hasta que la Entidad
reciba la obra.
205.3. No pueden someterse a Junta de Resolución
de Disputas pretensiones de carácter indemnizatorio por
conceptos no previstos en la normativa de contratación
pública.
205.4. Las partes pueden pactar hasta antes del inicio
de la ejecución de la obra, una cláusula de solución de
disputas a cargo de una Junta de Resolución de Disputas
en aquellos contratos de ejecución de obra cuyos
montos sean superiores a cinco millones de Soles (S/ 5
000 000,00), siendo sus decisiones vinculantes para las
partes.
205.5. La Junta de Resolución de Disputas puede
estar integrada por uno o por tres miembros, según
acuerden las partes. A falta de acuerdo entre las partes o
en caso de duda, la Junta de Resolución de Disputas se
integra por un (1) miembro cuando el monto del respectivo
contrato de obra tenga un valor igual o superior a cinco
millones de Soles (S/ 5 000 000,00) y menor a cuarenta
millones de Soles (S/ 40 000 000,00); y, por tres (3)
miembros, cuando el respectivo contrato de obra tenga
un valor igual o superior a cuarenta millones de Soles (S/
40 000 000,00).”
“Artículo 207.- Designación de miembros
207.1. Cuando la Junta de Resolución de Disputas
esté integrada por un (1) solo miembro, este debe ser un
ingeniero o arquitecto con conocimiento de la normativa
nacional aplicable al contrato, así como en contrataciones
del Estado. En caso esté integrada por tres (3) miembros,
el Presidente debe contar con las mismas calificaciones
que se exigen para el miembro único de la Junta de
Resolución de Disputas, los demás miembros deben ser
expertos en la ejecución de obras.
207.2. Los miembros de la Junta de Resolución
de Disputas deben cumplir con los mismos requisitos
contemplados para los árbitros en el artículo 202, en lo
que corresponda.
207.3. Los impedimentos para actuar como miembro
de la Junta de Resolución de Disputas son los mismos
que se establecen en el artículo 190, para actuar como
árbitro.”
“Artículo 212.- Las decisiones y su obligatoriedad
212.1. La decisión que emita la Junta de Resolución
de Disputas es vinculante y de inmediato y obligatorio
cumplimiento para las partes desde su notificación, desde
el vencimiento del plazo para su corrección o aclaración, o
una vez corregida o aclarada la decisión, de ser pertinente.
212.2. Ninguna autoridad administrativa, arbitral o
judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones
que emita la Junta de Resolución de Disputas.
212.3. Las partes están obligadas a cumplir la
decisión sin demora, aun cuando cualquiera de ellas
haya manifestado su desacuerdo con la misma y/o desee
someter la controversia a arbitraje. Cuando la decisión de
la Junta de Resolución de Disputas implique el surgimiento
de obligaciones de pago a cargo de la Entidad, estas se
sujetan a los plazos y procedimientos establecidos en el
contrato y/o normativa pertinente, según corresponda.
212.4. El cumplimiento de la decisión de la Junta de
Resolución de Disputas es una obligación esencial. Su
incumplimiento otorga a la parte afectada la potestad de
resolver el contrato.
212.5. Cualquiera de las partes que se encuentre en
desacuerdo total o parcial con una decisión emitida por
la Junta de Resolución de Disputas debe, dentro de un
plazo de siete (7) días de notificada, enviar a la otra parte
y a la Junta de Resolución de Disputas una comunicación
escrita manifestando las razones de su desacuerdo y su
reserva a someter la controversia a arbitraje.
212.6. Si ninguna de las partes comunica por
escrito a la otra y a la Junta de Resolución de Disputas
su desacuerdo total o parcial con la decisión en el
plazo indicado en el párrafo anterior o si, habiéndolo
comunicado, no se inicia el respectivo arbitraje dentro
del plazo indicado en el artículo 45 de la Ley, la decisión
adquiere el carácter de definitiva e inimpugnable.
Artículo 213.- Sometimiento a arbitraje de una
decisión de la Junta de Resolución de Disputas
213.1. El agotamiento del procedimiento ante la Junta
de Resolución de Disputas, cuando este mecanismo haya
sido pactado, es un presupuesto de arbitrabilidad, para
los temas sometidos a su competencia. En el arbitraje
correspondiente la Junta de Resolución de Disputas no
es parte del proceso.
Sin embargo, las partes quedan habilitadas para el
inicio de un arbitraje, en caso la Junta de Resolución de
Disputas no haya podido ser conformada; o si no emite
y notifica a las partes su decisión en el plazo previsto en
las reglas de procedimiento respectivas; o si la Junta de
Resolución de Disputas se disuelve antes de la emisión
de una decisión; o si se ha producido la recepción total
de la obra, salvo el supuesto de excepción previsto en
el artículo 211. En dichas circunstancias, el medio de

resolución de controversias disponible para resolver la
controversia es el arbitraje.
213.2. Los plazos de caducidad previstos en la Ley
para someter la controversia a arbitraje se computan
desde que: (i) venció el plazo para que la Junta de
Resolución de Disputas emita y notifique a las partes su
decisión o (ii) se comunique a las partes la disolución de la
Junta de Resolución de Disputas o (iii) se ha producido la
recepción total de la obra, según corresponda.
213.3. Todas las materias comprendidas en las
decisiones de la Junta de Resolución de Disputas
pueden ser sometidas a arbitraje siempre que la parte
que se encuentre en desacuerdo haya manifestado
oportunamente su disconformidad, debiendo interponerse
el arbitraje respectivo dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la recepción de la obra. En estos casos
deberá plantearse un único arbitraje, con independencia
del número de decisiones de la Junta de Resolución de
Disputas que se sometan a controversia. El sometimiento
a arbitraje de las decisiones de la Junta de Resolución
de Disputas no suspende el trámite de liquidación del
contrato, siendo que en caso de plantearse controversia
respecto de la liquidación final, ésta deberá acumularse
necesariamente con el proceso arbitral a cargo de resolver
las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas.
213.4. Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad o
el servidor en quien este haya delegado tal función evalúa
la conveniencia o no de someter a arbitraje las decisiones
de la Junta de Resolución de Disputas considerando
criterios de costo-beneficio y ponderando los costos en
tiempo y recursos de recurrir a la vía arbitral, así como
la expectativa de éxito en dicha vía y los riesgos de no
adoptar la decisión. Dicha evaluación debe estar contenida
en un informe técnico legal debidamente fundamentado.”
“Artículo 215.- Código de Ética para el arbitraje en
contrataciones con el Estado
215.1. El Código de Ética para el arbitraje en
Contrataciones del Estado desarrolla los principios
rectores que deben observar todos aquellos que
participan en arbitrajes en contrataciones con el Estado.
Asimismo, recoge los deberes éticos que deben observar
los árbitros, los supuestos de infracción aplicables a los
mismos y, de ser el caso, las sanciones respectivas, de
conformidad con lo establecido en el numeral 45.9 del
artículo 45 de la Ley.
215.2. El conjunto de disposiciones contenidas en la
Ley, el presente Reglamento y el Código de Ética para
el arbitraje en contrataciones del Estado, conforman el
régimen ético general aplicable a los arbitrajes en materia
de contrataciones del Estado.
215.3. Toda institución arbitral que organice y
administre arbitrajes en contrataciones con el Estado
deberá contar con un Código de Ética, cuyo contenido
debe observar los principios del régimen ético desarrollado
en el presente Reglamento. Este instrumento institucional
debe desarrollar, según su alcance y ámbito de aplicación,
los supuestos de infracción ética y sus respectivas
sanciones, así como el procedimiento de denuncia y el
órgano competente para su resolución.
215.4. Las denuncias o investigaciones iniciadas de
oficio declaradas fundadas, tanto por las instituciones
arbitrales como por el Consejo de Ética, son registradas en
el Registro de Infractores y en la base de datos del RNA,
para su correspondiente publicación. Las instituciones
arbitrales deben remitir dicha información al OSCE dentro
de los quince (15) días hábiles posteriores a su emisión,
a fin de proceder con su respectivo registro y publicación.
215.5. Los contratistas y entidades deben observar
la información contenida y publicada en el Registro
de Infractores al momento de designar a los árbitros.
Es responsabilidad del funcionario público evitar la
designación de personas suspendidas o inhabilitadas para
el ejercicio de la función arbitral, bajo responsabilidad.
215.6. Las sanciones impuestas por el Consejo de
Ética contra profesionales que se desempeñen como
árbitros al momento de expedirse la referida sanción, no
impiden la atención de los procesos arbitrales en trámite
a su cargo.
Artículo 216.- Supuestos de Infracción Ética
sancionable por el Consejo de Ética para el arbitraje
en contrataciones del Estado
Los supuestos de infracción sancionable por el
Consejo de Ética son:
216.1. Respecto al Principio de Independencia:
1) Incurrir en los supuestos de conflicto de intereses
que se señalan a continuación:
a. Que exista identidad entre el árbitro y una de las
partes.
b. La representación legal asumida por el árbitro
respecto de una de las partes.
c. El árbitro es o ha sido gerente, administrador,
directivo o funcionario o ejerce un control similar sobre una
de las partes en el arbitraje o sobre su filial, dependencia
o similar y en general, cualquier otro cargo similar que
denote un control y poder de decisión significativo dentro
de la estructura de la persona jurídica, del árbitro sobre
una de las partes, en los cinco (5) años previos a la
aceptación de su designación como árbitro.
d. El asesoramiento regular del árbitro o su empresa
o despacho a una de las partes, sus abogados, asesores
o representantes, percibiendo de esta actividad ingresos
significativos.
e. El árbitro o su empresa o despacho mantuvo
o mantiene una relación personal, comercial, de
dependencia o profesional significativa con una de las
partes, sus abogados, asesores, representantes o con
los otros árbitros que puede afectar su desempeño en el
arbitraje, en los cinco (5) años previos a la aceptación de
su designación como árbitro.
f. El árbitro con el abogado, asesor o representante
de una de las partes forman parte del mismo despacho o
estudio de abogados, o mantienen, de hecho o de derecho,
colaboración empresarial o alianzas estratégicas.
2) Fuera de los supuestos señalados en el numeral
1) precedente, mantener o haber mantenido cualquier
otro tipo de relación directa o indirecta con las partes, los
árbitros y con cualquier persona vinculada al arbitraje,
que por su relevancia puede afectar su desempeño
independiente en el proceso.
3) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso o
inoportuno del deber de revelación al momento de su
aceptación al cargo por circunstancias acaecidas con
cinco (5) años de anterioridad a su nombramiento o
aquellas ocurridas de modo sobreviniente, respecto de
a. El árbitro o su empresa o despacho, con anterioridad
a su designación o en la actualidad, representa, asesora
o, mantiene algún tipo de vínculo relevante con alguna de
las partes, sus abogados, asesores o representantes, o
con los otros árbitros.
b. El árbitro fue designado como tal por una de las
partes, sus filiales o empresas vinculadas.
c. La empresa o despacho del árbitro con anterioridad
a su designación o en la actualidad presta servicios
profesionales a una de las partes, sin la intervención del
árbitro.
d. Los árbitros son o han sido abogados del mismo
despacho.
e. El árbitro es o ha sido socio o asociado con otro
árbitro o abogado de una parte, que interviene en el
mismo arbitraje.
f. Un abogado del despacho del árbitro, ejerce esa
función en otro arbitraje donde participa una de las partes.
g. Un pariente del árbitro, hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, es socio, asociado
o empleado del despacho de abogados que representa a
una de las partes, sin que intervenga en el arbitraje.
h. El árbitro, en su condición pasada de juez,
funcionario u otro cargo, conoció y resolvió, sobre una
disputa importante, pero no relacionada a la controversia
actual, en la que intervino una parte.
i. El árbitro tiene o ha tenido un cargo de dirección,
gerencia, vigilancia, y en general cualquier otro similar,

que denote un control y poder de decisión significativo, en
una empresa filial o vinculada a una de las partes.
j. El árbitro tiene una relación de carácter personal
o social estrecho con una de las partes, sus abogados,
asesores o representantes, que se manifiesta en el hecho
de que el árbitro y las citadas personas suelen compartir
bastante tiempo en actividades que no están relacionadas
ni con su trabajo ni con asociaciones profesionales o
sociales.
k. El árbitro mantuvo o mantiene otros procesos
arbitrales donde también ejerce el cargo de árbitro y
donde participa alguna de las partes.
4) Fuera de los supuestos indicados en el numeral
3) precedente, haber incumplido o cumplido defectuosa
o inoportunamente con su deber de revelación
respecto de cualquier otro tipo de circunstancias
que podían haber generado dudas razonables de su
independencia, al momento de aceptar el cargo por
hechos acaecidos con cinco (5) años de anterioridad
a su nombramiento o aquellos ocurridos de modo
sobreviniente.
216.2. Respecto al Principio de Imparcialidad:
1) Incurrir en los supuestos de conflicto de intereses
que se señalan a continuación:
a. El interés económico significativo del árbitro o sus
parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, respecto de una de las partes.
b. El árbitro o su empresa o despacho emitió informe,
opinión, dictamen o recomendación, o asesoró a una de
las partes, acerca de la controversia objeto del arbitraje.
c. El árbitro o su empresa o despacho patrocina o
mantiene controversias relevantes con alguna de las
partes, sus abogados, asesores o representantes.
2) Fuera de los supuestos señalados en el
numeral 1) precedente, haber asumido o generado
cualquier tipo de situación o actuación que, en base a
elementos razonables y probados, permitan evidenciar
un tratamiento diferenciado, posición, interés,
predisposición, hostilidad y cualquier actitud subjetiva
del árbitro hacia las partes, el desarrollo del proceso
o la materia de la controversia, que puede afectar su
desempeño imparcial en el proceso.
3) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso o
inoportuno del deber de revelación al momento de su
aceptación al cargo por circunstancias acaecidas con
cinco (5) años de anterioridad a su nombramiento o
aquellas ocurridas de modo sobreviniente, respecto de
a. El árbitro ha manifestado previamente y de forma
pública su posición respecto de algún tema relacionado
directamente y que forma parte de la materia controvertida
en el arbitraje donde va a participar, a través de una
publicación, ponencia u otro medio.
b. El árbitro o su empresa o despacho ha mantenido
controversias relevantes con alguna de las partes, sus
abogados, asesores o representantes.
c. El árbitro y alguna de las partes, sus abogados,
asesores o representantes, u otro árbitro, desempeñaron
o desempeñan conjuntamente funciones de árbitros, en
asuntos que no guarden relación con la controversia.
4) Fuera de los supuestos indicados en el numeral
3) precedente, haber incumplido o cumplido defectuosa
o inoportunamente con su deber de revelación respecto
de cualquier otro tipo de circunstancias que podían
haber generado dudas razonables de su imparcialidad,
al momento de aceptar el cargo por hechos acaecidos
con cinco (5) años de anterioridad a su nombramiento o
aquellos ocurridos de modo sobreviniente.
216.3. Infracciones al Principio de Transparencia:
Son supuestos de infracción a este principio, el
incumplimiento o inobservancia de los siguientes deberes
éticos:
1) Cumplir con registrar el laudo en el SEACE de
forma íntegra y fidedigna, así como sus integraciones,
exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, en los
casos que corresponda.
2) Remitir la información y/o documentación que el
OSCE le requiera, sobre los arbitrajes en contrataciones
del Estado en que se desempeñan como árbitros a partir
de la entrada en vigencia de la Ley.
3) Custodiar los expedientes arbitrales y garantizar su
integridad conforme las normas aplicables.
216.4 Respecto al Principio de Debida Conducta
Procedimental:
Son supuestos de infracción a este principio el
incumplimiento o inobservancia de los siguientes deberes
éticos:
1) Evitar utilizar, en beneficio propio o de un tercero,
la información que, en el ejercicio de sus funciones, haya
obtenido de un arbitraje, salvo para fines académicos.
2) Abstenerse de agredir física o verbalmente a las
partes, abogados, secretarios arbitrales, representantes
y/o asesores y demás personal administrativo involucrados
en el proceso arbitral.
3) Abstenerse de sostener reuniones o comunicación,
con una sola parte, sus abogados, representantes y/o
asesores. Reviste especial gravedad que la reunión o
comunicación sea utilizada para informar, de manera
anticipada, sobre las deliberaciones o las decisiones que
puedan emitirse o hayan sido emitidas en el ejercicio de
la función arbitral.
4) Incurrir, sin que exista causa justificada, en una
paralización irrazonable del proceso arbitral.
5) Participar en arbitrajes en instituciones arbitrales no
registradas y acreditadas.
6) Participar en arbitrajes estando en cualquiera de los
supuestos de impedimento previstos en el artículo 190 del
Reglamento.
Lo expuesto no desconoce la potestad de las
instituciones arbitrales de sancionar otras conductas no
descritas en el presente artículo que a su juicio y conforme
a sus instrumentos normativos constituyan conductas no
éticas.”
“Artículo 218.- Consejo de Ética
218.1. El Consejo de Ética es el ente colegiado
encargado de determinar la comisión de infracciones
al Código de Ética para el arbitraje en contrataciones
del Estado; así como de la imposición de las sanciones
respectivas.
218.2. El Consejo de Ética está conformado por tres
miembros independientes de reconocida solvencia ética y
profesional, uno de los cuales debe ser abogado. El cargo
de miembro del Consejo de Ética tiene una duración de
dos (2) años, renovable por un periodo adicional.
218.3. Se requiere la asistencia de dos (2) miembros
del Consejo de Ética para exista quórum. Las decisiones
se adoptan por mayoría simple de los votos de los
asistentes a la sesión. En caso de empate, el miembro
del Consejo que ejerce la Presidencia tiene voto dirimente
218.4. Los miembros del Consejo de Ética son
designados por los Titulares de Pliego de las siguientes
instituciones:
- Un (1) Titular y un (1) suplente, en representación de
la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Un (1) Titular y un (1) suplente, en representación del
Ministerio de Economía y Finanzas.
- Un (1) Titular y un (1) suplente, en representación del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Consejo de Ética es presidido por el representante
del Ministerio de Economía y Finanzas.
218.5. Sus integrantes deben tener una experiencia
no menor a diez (10) años en el ejercicio profesional y
deben contar con experiencia en materia arbitral o en
la atención de otros medios alternativos de solución de

controversias. No pueden ser nombrados quienes se
hayan desempeñado como procuradores públicos, hasta
cinco (5) años posteriores al cese en dicha función.
218.6. El OSCE ejerce las funciones de Secretaría
Técnica del Consejo de Ética, siendo el órgano encargado
del registro de la información de las denuncias declaradas
fundadas en el Registro Nacional de Árbitros (RNA) y en
el Registro de Infractores.
218.7. Las funciones, atribuciones y
responsabilidades del Consejo de Ética, así como
los supuestos de abstención y sustitución de sus
miembros y el procedimiento sancionador, al igual que
las funciones y competencia de su Secretaría Técnica,
se desarrollan en el Código de Ética para el arbitraje
en contrataciones del Estado.
218.8. El Consejo de Ética tiene como facultades y
atribuciones:
a) Disponer investigaciones de oficio ante la presunta
comisión de infracciones.
b) Determinar la comisión de infracciones.
c) Imponer las sanciones de amonestación,
suspensión temporal e inhabilitación permanente.
d) Proponer al Consejo Directivo del OSCE las
modificaciones al Código de Ética.
e) Las demás que resulten necesarias para la correcta
y debida aplicación del Código de Ética.
Artículo 219.- Potestad sancionadora del Tribunal
219.1. La facultad de imponer las sanciones a
que se refiere el artículo 50 de la Ley a proveedores,
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas,
según corresponda, así como a las Entidades cuando
actúen como tales, por infracción a las disposiciones
contenidas en la Ley y el presente Reglamento, reside
exclusivamente en el Tribunal.
219.2. El OSCE aprueba el Reglamento del Tribunal de
Contrataciones del Estado que contiene las disposiciones
procedimentales que desarrollan o complementan lo
previsto en el presente Reglamento.
Artículo 220.- Sanciones a Consorcios
220.1. Las infracciones cometidas por un consorcio
durante el procedimiento de selección y la ejecución
del contrato, se imputan a todos los integrantes del
mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción
que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o
cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y
origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad.
La carga de la prueba de la individualización corresponde
al presunto infractor.
220.2. A efectos de la individualización de la
responsabilidad y conforme a lo establecido en el artículo
13 de la Ley, deberán considerarse los siguientes criterios:
a) Naturaleza de la Infracción.
Este criterio solo podrá invocarse ante el
incumplimiento de una obligación de carácter personal
por cada uno de los integrantes del consorcio, en el caso
de las infracciones previstas en los literales c), i) y k) del
artículo 50 de la Ley.
b) Promesa formal de consorcio.
Este criterio será de aplicación siempre que dicho
documento sea veraz y su literalidad permita identificar
indubitablemente al responsable de la comisión de la
infracción.
c) Contrato de consorcio.
Este criterio será de aplicación siempre que dicho
documento sea veraz, no modifique las obligaciones
estipuladas en la promesa formal de consorcio y
su literalidad permita identificar indubitablemente al
responsable de la comisión de la infracción.
d) Otros medios de prueba documental de fecha y
origen cierto.
Se entiende como otro medio de prueba documental
de fecha y origen cierto al documento otorgado por una
entidad pública en el ejercicio de sus funciones, a la
escritura pública y demás documentos otorgados ante o
por notario público, según la Ley de la materia.
Para la aplicación de este criterio la fecha cierta
consignada en el documento debe ser anterior a la fecha
de comisión de la infracción.”
“Artículo 222.- Procedimiento sancionador
El Tribunal tramita los procedimientos sancionadores
bajo las siguientes reglas:
1. Interpuesta la denuncia o petición motivada o una
vez abierto el expediente sancionador, el órgano instructor
del Tribunal tiene un plazo de diez (10) días hábiles para
realizar la evaluación correspondiente.
En el mismo plazo, el órgano instructor del Tribunal
puede solicitar a la Entidad, información relevante
adicional o un informe técnico legal complementario.
Tratándose de procedimientos de oficio, por petición
motivada o denuncia de tercero, se requiere a la
Entidad que remita un informe técnico legal así como
la información que lo sustente y demás información que
pueda considerarse relevante.
2. Las Entidades están obligadas a remitir la
información adicional que se indica en el numeral
precedente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles
de notificada, bajo responsabilidad y apercibimiento de
comunicarse el incumplimiento a los órganos del Sistema
Nacional de Control.
3. Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin
ella y siempre que se determine que existen indicios
suficientes de la comisión de infracción, el órgano
instructor del Tribunal dispone el inicio del procedimiento
administrativo sancionador dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes.
4. Cuando el órgano instructor del Tribunal advierta que
no existen indicios suficientes, o la denuncia esté dirigida
contra una persona natural o jurídica con inhabilitación
definitiva, dispone no iniciar el procedimiento sancionador,
sin perjuicio de comunicar al Ministerio Público y/o a
los órganos del Sistema Nacional de Control, cuando
corresponda.
Esta decisión no impide el inicio de un posterior
procedimiento sancionador, cuando se cuente con indicios
suficientes para tal efecto.
5. Iniciado el procedimiento sancionador, se notifica al
proveedor, para que ejerza su derecho de defensa dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes de la notificación,
bajo apercibimiento de resolverse con la documentación
contenida en el expediente. En este acto, el emplazado
puede solicitar el uso de la palabra en audiencia pública,
la cual puede ser concedida por la Sala respectiva antes
de emitirse el acto resolutivo.
6. Vencido el indicado plazo, y con el respectivo
descargo o sin este, el órgano instructor del Tribunal
realizará, dentro los noventa (90) días hábiles siguientes,
todas las actuaciones necesarias para el examen de los
hechos, recabando la información que sea relevante para,
de ser el caso, determinar la existencia de responsabilidad
susceptible de sanción.
Este plazo podrá extenderse a treinta (30) días hábiles
adicionales, en caso que se amplíen los cargos.
7. Dentro de los 10 días hábiles siguientes de
concluido el plazo señalado en el numeral anterior, el
órgano instructor del Tribunal remite a la Sala respectiva
su informe final de instrucción, determinando la existencia
de infracción y, por ende, la imposición de una sanción, o
la no existencia de infracción.
8. La Sala, dentro de los sesenta (60) días hábiles
siguientes, puede realizar de oficio todas las actuaciones
complementarias que considere indispensables para
resolver el procedimiento. Dentro de dicho plazo, a
requerimiento de la Sala, deberá registrarse el informe de
instrucción en el sistema informático del Tribunal, con lo
cual se entiende notificado el administrado.
El administrado cuenta con un plazo de cinco (5)
días hábiles siguientes, para formular los alegatos que
considere pertinentes.

9. La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir
su resolución, determinando la existencia o no de
responsabilidad administrativa, dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes.
10. De no emitirse la resolución dentro del plazo
establecido en el numeral precedente, la Sala
mantiene la obligación de pronunciarse, sin perjuicio
de las responsabilidades que se determinen, de ser
el caso.
11. En caso de reorganización societaria, el Tribunal
inicia o prosigue el procedimiento sancionador contra la
persona jurídica que haya surgido como consecuencia
de dicha reorganización, la que debe asumir las
consecuencias de la responsabilidad administrativa, en
caso se concluya en su existencia.
Artículo 223- Suspensión del procedimiento
administrativo sancionador.
223.1. El Tribunal suspende el procedimiento
administrativo sancionador siempre que:
a) Exista mandato judicial vigente y debidamente
notificado al OSCE.
b) A solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal
considere que, para la determinación de responsabilidad,
es necesario contar, previamente con decisión arbitral o
judicial.
La Entidad, bajo responsabilidad, debe comunicar al
Tribunal la conclusión del arbitraje o del proceso judicial,
remitiendo el documento correspondiente en un plazo no
mayor a cinco (5) días hábiles de notificado con el acto
que declara la conclusión del proceso.
223.2. El plazo de suspensión del procedimiento dará
lugar a la suspensión del plazo de prescripción.
Artículo 224.- Prescripción
El plazo de prescripción es el previsto en el numeral
50.4 del artículo 50 de la Ley y se sujeta a las reglas
generales contenidas en la Ley del Procedimiento
Administrativo General, salvo lo relativo a la suspensión
del plazo de prescripción.
El plazo de prescripción se suspende:
1. Con la interposición de la denuncia y hasta el
vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir
la resolución. Si el Tribunal no se pronuncia dentro
del plazo indicado, la prescripción reanuda su curso,
adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad
a la suspensión.
2. En los casos establecidos en el numeral 223.1
del artículo 223, durante el periodo de suspensión del
procedimiento administrativo sancionador.
Artículo 225.- Sanción de multa
225.1. La sanción de multa es expresada en Soles. La
resolución que impone la sanción de multa debe contener
la medida cautelar prevista en el literal a) del numeral 50.2
del artículo 50 de la Ley, en tanto no se verifique el pago
respectivo.
225.2. El periodo de suspensión no se toma en cuenta
para el cómputo de plazos de inhabilitación a que se
refiere el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la
Ley.
225.3. El proveedor sancionado debe pagar el monto
íntegro de la multa y remitir al OSCE el comprobante
respectivo, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes
de haber quedado firme la resolución sancionadora; de lo
contrario, la suspensión decretada como medida cautelar
opera automáticamente. Una vez comunicado el pago
efectuado, el OSCE tiene un plazo máximo de tres (3)
días hábiles para verificar la realización del depósito en
la cuenta respectiva.
225.4. La obligación de pagar la multa se extingue al
día hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al
OSCE.
225.5. El procedimiento de pago de la multa es
regulado por el OSCE.
Artículo 226.- Determinación gradual de la sanción
226.1. Son criterios de gradualidad de las sanciones
de multa o de inhabilitación temporal los siguientes:
a) Naturaleza de la infracción.
b) Ausencia de intencionalidad del infractor.
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado
a la Entidad.
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de
que sea detectada.
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas
por el Tribunal.
f) Conducta procesal.
g) La adopción e implementación del modelo de
prevención a que se refiere el numeral 50.7 del artículo
50 de la Ley. Dicho modelo debe contar con los siguientes
elementos mínimos: (i) Un encargado de prevención,
designado por el máximo órgano de administración
de la persona jurídica o quien haga sus veces, según
corresponda, que debe ejercer su función con autonomía.
Tratándose de las micro, pequeñas y medianas
empresas, el rol de encargado de prevención puede ser
asumido directamente por el órgano de administración,
(ii) la identificación, evaluación y mitigación de riesgos
para prevenir actos indebidos, actos de corrupción y
conflictos de intereses en la contratación estatal, (iii) la
implementación de procedimientos de denuncia de actos
indebidos, actos de corrupción o situaciones de conflicto
de intereses que garanticen el anonimato y la protección
del denunciante, (iv) la difusión y capacitación periódica
del modelo de prevención, (v) la evaluación y monitoreo
continuo del modelo de prevención.
226.2. En el caso de los literales c), d), j), l), n) y o) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la graduación no
podrá dar lugar a sanciones por debajo del mínimo legal.
226.3. En los procedimientos sancionadores de
competencia del Tribunal no se aplican los supuestos
eximentes establecidos en el artículo 236-A de la
Ley N° 27444, dada la determinación objetiva de la
responsabilidad prevista en el numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley.
Artículo 227.- Inhabilitación definitiva
La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en
el literal c) del numeral 50.2. del artículo 50 de la Ley se
aplica:
1. Al proveedor a quien en los últimos cuatro (4) años
se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de
inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de
treinta y seis (36) meses. Las sanciones pueden ser por
distintos tipos de infracciones.
2. Por la reincidencia en la infracción prevista en el
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, para
cuyo caso se requiere que la nueva infracción se produzca
cuando el proveedor haya sido previamente sancionado
por el Tribunal con inhabilitación temporal.
Artículo 228.- Concurso de infracciones
En caso de incurrir en más de una infracción en un
mismo procedimiento de selección y/o en la ejecución de
un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor.
En el caso que concurran infracciones sancionadas con
multa e inhabilitación, se aplica la sanción de inhabilitación.
Artículo 229.- Notificación y vigencia de las
sanciones
299.1 La notificación del decreto que da inicio al
procedimiento sancionador y que otorga plazo para
formular los descargos se efectúa en forma personal al
proveedor o proveedores emplazados, en el domicilio que
se haya consignado ante el RNP en el horario de atención
del OSCE. La notificación personal realizada fuera de
dicho horario, se entiende realizada el día hábil siguiente.
Cuando la inscripción haya caducado, el emplazamiento
a personas naturales, se realiza en el domicilio que se
consigna en el Documento Nacional de Identidad y

en el caso de personas jurídicas, en el último domicilio
consignado en el Registro Único de Contribuyentes de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria.
229.2EncasoqueelOSCEdispongaelestablecimiento
de casillas electrónicas, la notificación se lleva a cabo
conforme a las disposiciones que se aprueben para estos
efectos.
229.3. Los actos que emita el Tribunal durante el
procedimiento administrativo sancionador, se notifican
a través del mecanismo electrónico implementado en
el portal institucional del OSCE, siendo responsabilidad
del presunto infractor el permanente seguimiento del
procedimiento sancionador a través de dicho medio
electrónico, de conformidad con lo dispuesto en artículo
49 de la Ley.
La notificación se entiende efectuada el día de la
publicación en el referido mecanismo electrónico.
229.4. La sanción es efectiva desde el sexto día
hábil siguiente de la notificación. En caso no se conozca
domicilio cierto del infractor, el decreto de inicio de
procedimiento sancionador y la resolución de sanción que
emita el Tribunal, son publicadas en el Diario Oficial El
Peruano. La sanción impuesta por el Tribunal, es efectiva
desde el sexto día hábil siguiente de su publicación.
229.5. En caso que, además de las infracciones
administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un
ilícito penal, el Tribunal comunica al Ministerio Público
para que interponga la acción penal correspondiente,
indicando las piezas procesales que se remitirán para tal
efecto.”
“Artículo 233.- Finalidad y organización
233.1. El Registro Nacional de Proveedores – RNP,
mediante mecanismos de revisión, análisis y control
soportados en el uso de tecnologías de información,
administra y actualiza la base de datos de los proveedores
para la provisión de bienes, servicios, consultoría de obras
y ejecución de obras, a las entidades del Estado
233.2. El RNP está organizado por procesos de
inscripción, actualización de información legal, financiera
y técnica de las personas naturales y jurídicas, nacionales
y extranjeras, interesadas en contratar con el Estado, así
como por procesos de publicidad de esta información,
promoción de acceso y fidelización de permanencia,
incluyendo procesos de monitoreo y control para asegurar
la veracidad y la calidad de la información.
233.3. El RNP opera los siguientes registros:
proveedores de bienes, de servicios, ejecutores de obras
y consultores de obras.
Artículo 234.- Inscripción en el RNP y vigencia de
la inscripción
234.1. El RNP, a efectos de verificar la información
declarada por los proveedores, podrá hacer uso de
la información que figure registrada ante el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC,
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - SUNAT, la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones - SBS; así como de los
Colegios Profesionales y otras entidades públicas, según
corresponda. El proveedor es responsable de mantener
su información actualizada en dichas instituciones.
234.2. Los proveedores acceden al RNP de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento, el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA del OSCE y la
234.3. La inscripción en el RNP tiene vigencia
indeterminada y está sujeta a las reglas de actualización
de información previstas en el Reglamento, el TUPA del
OSCE y la Directiva correspondiente. Dicha vigencia
está sujeta a suspensión de acuerdo a lo previsto en el
Reglamento. El proveedor es responsable de mantener
su información actualizada.
234.4. Los proveedores son responsables de no
estar inhabilitados o suspendidos, al registrarse como
participantes, en la presentación de ofertas, en el
otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato. Las Entidades son responsables de verificar la
vigencia de la inscripción en el RNP en dichos momentos.
234.5. El proveedor, a partir del día siguiente de la
aprobación de su inscripción o reactivación de vigencia en
el RNP, podrá acceder electrónicamente a su constancia
de inscripción a través del portal institucional, con la que
podrá intervenir como participante, postor y/o contratista.
234.6. La información declarada por los proveedores,
así como la documentación o información presentada
en los procedimientos seguidos ante el RNP, tienen
carácter de declaración jurada, sujetándose al principio
de presunción de veracidad. El proveedor, su apoderado
y representante legal, al utilizar el usuario y clave del
RNP asignados, son responsables de su uso adecuado,
así como de la información y de la documentación
presentada.
Artículo 235.- Excepciones
No requieren inscribirse como proveedores en el RNP:
1. Las entidades del Estado comprendidas en el
numeral del 3.1. del artículo 3 de la Ley.
2. Las sociedades conyugales y las sucesiones
indivisas para celebrar contratos sobre bienes y servicios.
3. Aquellos proveedores cuyas contrataciones sean
por montos iguales o menores a una (1) UIT.
Artículo 236.- Limitaciones a la inscripción en el
RNP
Las personas naturales o jurídicas con sanción vigente
de inhabilitación o que tengan suspendido su derecho a
participar en procedimientos de selección, procedimientos
para implementar o extender la vigencia de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar con el Estado,
no pueden acceder a la inscripción en ninguno de los
registros del RNP ni a la reactivación de su vigencia como
proveedor en el RNP.
Artículo 237.- Actualización de información en el
RNP
237.1. Los proveedores están obligados a mantener
actualizada su información legal, financiera y técnica,
conforme a lo establecido en el Reglamento, el TUPA del
OSCE y la Directiva correspondiente, sujetándose a las
consecuencias que se deriven de su incumplimiento.
237.2. El procedimiento para la actualización de la
información legal, financiera y técnica de los proveedores
de bienes, de servicios, consultores de obras y ejecutores
de obras es de evaluación previa.
237.3. La actualización de la información legal,
financiera y técnica se realiza bajo las siguientes pautas:
a) Actualización de información legal
Los proveedores están obligados, bajo su
responsabilidad, a comunicar y acreditar ante el RNP la
variación de la siguiente información: domicilio, nombre,
denominación o razón social, transformación societaria,
objeto social, la condición de domiciliado o no domiciliado
del proveedor extranjero, fecha de designación del
representante legal de la sucursal y apoderados de
personas jurídicas extranjeras no domiciliadas, fecha
de la adquisición de la condición de socios, accionistas,
participacionistas o titular, fecha de la designación
de los miembros de los órganos de administración, el
capital social suscrito y pagado, patrimonio, participación
accionaria, de participaciones y aportes, los que deberán
comunicarse conforme a los requisitos establecidos
en el artículo 238. La actualización de la información
debe realizarse dentro del mes siguiente de ocurrida la
variación.
b) Actualización de información financiera.
b.1) Las personas naturales y jurídicas nacionales
deben actualizar su información financiera para determinar
la solvencia económica hasta el mes de junio de cada

año, de conformidad con lo establecido en el Reglamento,
el TUPA del OSCE y la Directiva correspondiente.
b.2) Las personas naturales y jurídicas extranjeras
deben actualizar su información financiera para determinar
la solvencia económica hasta el mes de setiembre de cada
año, de conformidad con lo establecido en el Reglamento,
el TUPA del OSCE y la Directiva correspondiente.
b.3) Las personas naturales y jurídicas nacionales
deben actualizar su información financiera, cuando se
realice una declaración rectificatoria ante la SUNAT,
posterior a la presentada al RNP, siempre que influya en
la determinación de solvencia económica, de conformidad
con lo establecido en el Reglamento, el TUPA del OSCE y
la Directiva correspondiente.
b.4) Las personas naturales nacionales y extranjeras
que modifiquen su capital contable, deberán actualizar
su información financiera mediante la presentación de
estados financieros situacionales de conformidad con lo
establecido en el Reglamento, el TUPA del OSCE y la
b.5) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras
que realicen un aumento o reducción de su capital social
deberán actualizar su información financiera mediante
la presentación de estados financieros situacionales de
conformidad con lo establecido en el Reglamento, el
TUPA del OSCE y la Directiva correspondiente.
c) Actualización de información técnica
c.1) La actualización de información técnica está
referida a la presentación de los trabajos de ejecución de
obra y consultoría de obra, que al ser acreditados quedan
registrados en el módulo de experiencia, el cual puede ser
consultado por las Entidades.
c.2) La antigüedad de la experiencia que puede
presentarse mediante la actualización de información
técnica, es la misma que se establece para los requisitos
de calificación en los procedimientos de selección de
licitación pública en el caso de ejecución de obras y
concurso público, en el caso de consultoría de obras.
c.3) La actualización de información de los trabajos de
ejecución de obras y consultoría de obras es obligatoria
y se realiza dentro del mes siguiente de obtenida
la constancia de prestación para aquellos trabajos
ejecutados dentro del marco de la Ley; asimismo, para
el caso de los trabajos privados y los trabajos públicos
ejecutados fuera del marco de la Ley, la actualización
de información técnica debe realizarse dentro del mes
siguiente de obtenida la conformidad por parte de su
contratante.
c.4) Los trabajos acreditados ante el RNP, a partir
de la entrada en vigencia del Reglamento, quedan
registrados en el módulo de experiencia. Los requisitos
son establecidos en el TUPA del OSCE y el procedimiento
es regulado en la Directiva correspondiente.
Artículo 238.- Requisitos generales para la
inscripción en el RNP
238.1. En el RNP se inscriben todas las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que deseen
participar en procedimientos de selección y/o contratar
con el Estado, sea que se presenten de manera individual
o en consorcio, para la provisión de bienes, servicios,
consultoría de obras y la ejecución de obras.
238.2. La persona natural nacional y extranjera
domiciliada, la persona jurídica nacional y las sucursales
de personas jurídicas extranjeras deben estar inscritas con
la condición de activo y domicilio habido, en el Registro
Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. Los
nombres, denominación o razón social y el domicilio fiscal
son los que figuran actualizados en SUNAT.
238.3. Para los proveedores extranjeros los
requisitos son los equivalentes a los solicitados para los
proveedores nacionales. En este caso los documentos
deben ser expedidos por autoridad, institución o persona
competente en su lugar de constitución.
238.4. Los documentos provenientes del extranjero
deben contar con las legalizaciones del Consulado
Peruano, refrendado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores en el Perú o contar con Apostilla en el caso
de países integrantes del Convenio de la Haya. Las
legalizaciones y refrendos así como la Apostilla deben
constar en el documento en idioma original y no en la
traducción.
238.5. Cuando los documentos no figuren en idioma
español, se debe presentar la respectiva traducción
simple con los nombres y apellidos del traductor.
238.6. Las personas jurídicas extranjeras pueden
inscribirse en el RNP como:
a) Domiciliada (Sucursal): Persona jurídica extranjera
que ha constituido una sucursal en el Perú, inscrita en
SUNARP. La sucursal debe contar con representante
legal inscrito ante SUNARP.
b) No Domiciliada (Matriz): Persona jurídica extranjera
que no ha constituido sucursal en el Perú y cuenta con
apoderado debidamente inscrito ante SUNARP. Para la
persona jurídica extranjera no domiciliada se considera
como domicilio el declarado en el formulario.
238.7. El apoderado y/o representante legal del
proveedor extranjero, según corresponda, debe contar
con la facultad de representarlo en procedimientos
administrativos ante entidades públicas, debidamente
inscrita en SUNARP.
238.8. Proveedores de Bienes y Servicios
El procedimiento de inscripción para los proveedores
de bienes y servicios es de aprobación automática y debe
cumplir además con los siguientes requisitos:
a) La persona natural debe encontrarse en pleno
ejercicio de sus derechos civiles.
b) En el caso de la persona jurídica nacional:
b.1) Estar constituida conforme a la Ley aplicable.
b.2) El objeto social, los fines y/o actividades deben
corresponder a la provisión de bienes y/o servicios, según
sea el caso, y estar inscritos en la SUNARP.
b.3) Contar con información actualizada inscrita en la
SUNARP de acuerdo a la forma societaria o modalidad
empresarial adoptada por la persona jurídica.
b.4) El representante legal inscrito en la SUNARP,
debe contar con facultades de representación en
procedimientos administrativos ante entidades públicas.
c) En el caso de la persona jurídica extranjera
domiciliada y no domiciliada:
c.1) Deben estar constituidas conforme a la Ley de su
país de origen.
c.2) El objeto social, los fines y/o actividades deben
corresponder a la provisión de bienes y/o servicios, según
el caso, y estar inscritos ante autoridad competente en su
lugar de constitución. Las personas jurídicas extranjeras
domiciliadas deben presentar información de la matriz.
c.3) Debe contar con información actualizada de la
matriz, inscrita en la autoridad competente en su lugar de
constitución, respecto de la fecha de constitución, capital
social suscrito y pagado, patrimonio, número total de
acciones o participaciones, valor nominal, objeto social,
fecha de designación de los miembros de los órganos
de administración y del representante legal, y fecha de
adquisición de la condición de socio, participacionista o
titular, según corresponda.
238.9. Ejecutores de obras y consultores de obras
Los procedimientos de inscripción para los ejecutores
de obras y consultores de obras son de evaluación previa.
Estos deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Capacidad legal
a.1) La persona natural debe encontrarse en pleno
ejercicio de sus derechos civiles.
a.2) En el caso de la persona jurídica nacional:
a.2.1) Debe ser persona jurídica con fines de lucro
constituida como sociedad al amparo de la Ley General de

Sociedades y normas complementarias, o como empresa
individual de responsabilidad limitada.
a.2.2) El objeto social debe corresponder a la ejecución
de obras y/o consultoría de obras y estar inscrito en la
SUNARP.
a.2.3) Debe contar con información actualizada
inscrita en la SUNARP de acuerdo a la forma societaria o
modalidad empresarial adoptada por la persona jurídica.
Cuando no se pueda verificar la distribución accionaria y/o
la fecha de ingreso de los accionistas en la documentación
presentada por el proveedor, debe acreditar dicha
información con copia del libro de matrícula de acciones.
a.3) En el caso de la persona jurídica extranjera con
fines de lucro:
a.3.1) Deben estar constituidas conforme a la Ley de
su país de origen.
a.3.2) El objeto social debe corresponder a la
ejecución de obras y/o consultoría de obras, según el
caso, y estar inscrito ante autoridad competente en su
lugar de constitución.
a.3.3) La persona jurídica extranjera debe acreditar
la información de la matriz respecto de la fecha de
constitución, capital social suscrito y pagado, número
total de acciones o participaciones, valor nominal, objeto
social, fecha de designación de los miembros de los
órganos de administración, representante legal y fecha
de adquisición de la condición de socio, participacionista
o titular, con copia del documento oficial emitido por la
autoridad competente en su lugar de constitución. Cuando
no se pueda verificar la distribución accionaria y/o la
fecha de ingreso de los accionistas en la documentación
presentada por el proveedor, se debe acreditar dicha
información con copia de documento similar al libro de
matrícula de acciones y/o escritura pública y/o acta de la
Junta General de Accionistas.
b) Solvencia económica
b.1) Para determinar el estado de solvencia
económica de los ejecutores de obras y consultores de
obras, se tomará en cuenta lo siguiente, conforme a lo
que establece el OSCE:
b.1.1) La calificación del proveedor, persona natural o
jurídica nacional, según el último reporte de la Central de
Riesgos de la SBS.
b.1.2) Resultado de los ratios de medición de solvencia
económica para las personas naturales o jurídicas
nacionales y extranjeras, de acuerdo a la información
financiera consignada en el campo de la solvencia
económica de la solicitud respectiva.
b.2) En los casos de insolvencia patrimonial a causa
de pérdidas acumuladas, el proveedor debe restaurar su
solvencia patrimonial restableciendo el equilibrio entre el
capital y el patrimonio neto, el cual debe ser acreditado
de conformidad con lo establecido en el Reglamento, el
TUPA del OSCE y la Directiva correspondiente.
c) Capacidad técnica
Se acredita con la experiencia como consultor de
obras o ejecutor de obras, según corresponda. No son
considerados como experiencia aquellos contratos
suscritos contraviniendo la Ley y el Reglamento, bajo
responsabilidad del proveedor.
Las personas naturales que se inscriban como
ejecutores de obras o consultores de obras, deben tener
alguna de las profesiones previstas en la Directiva que
emita el OSCE.”
“Artículo 240.- Asignación de especialidades y
categorías a los Consultores de obras
La especialidad y categoría de los consultores de
obras se asigna conforme a lo siguiente:
1. A las personas jurídicas se les puede otorgar
todas las especialidades y a las personas naturales
las especialidades que correspondan de acuerdo a su
profesión.
2. Para cada una de las especialidades referidas en el
numeral 1 del presente artículo, se asignan categorías de
acuerdo al objeto de la consultoría de obra que acredita como
experiencia y al monto del presupuesto del expediente técnico
de la obra en el que realizó la referida consultoría, afectado por
su porcentaje de consorcio de ser el caso. Dichas categorías
se otorgan según la experiencia acreditada.
Solo se considera la experiencia obtenida
directamente, sea como persona natural o persona
jurídica, en la realización de elaboración de expedientes
técnicos y/o supervisión de obras, o términos equivalentes,
cuando corresponda. No se considera como tales
aquellas actividades ejecutadas como dependientes, bajo
la dirección de otro consultor de obras, a través de una
subcontratación.
La antigüedad requerida respecto de los trabajos de
consultoría de obras, será la misma que se establece
para los factores de evaluación en los procedimientos
de selección de concurso público considerados hasta la
fecha de presentación de su solicitud.”
“Artículo 242.- Declaración de récord de ejecución
o consultoría de obras
242.1. Los ejecutores y consultores de obras registran
electrónicamente los contratos suscritos, a través del
módulo correspondiente en la sección del RNP del Portal
Institucional del OSCE.
242.2. Los ejecutores de obras registran las
valorizaciones periódicas aprobadas por el inspector o
supervisor, adicionales y/o deductivos aprobados por la
Entidad si los hubiera, hasta el mes de realizada la última
valorización en la que advierta la culminación de la obra,
según lo señalado en el contrato; asimismo, el proveedor
adjuntará como sustento, en el módulo electrónico, el
resumen de la valorización del mes registrado, visado
y aprobado por el inspector o supervisor de la obra,
donde conste la valorización periódica que debe estar
comprendida por el costo directo, gastos generales,
utilidad e impuesto general a las ventas, tomando como
referencia los costos considerados en el monto de la obra.
242.3. La declaración del récord de ejecución o
consultoría de obras debe realizarse, por única vez,
dentro del mes siguiente de haber suscrito el contrato
y/o de haber realizado las valorizaciones de la obra.
Los requisitos se establecen en el TUPA del OSCE y el
procedimiento en la Directiva correspondiente.
242.4. La declaración extemporánea del récord de
consultoría de obras puede regularizarse, siempre que no
haya contratado por especialidades y categorías distintas
a las otorgadas por el RNP.
242.5. La declaración extemporánea del récord de
ejecución de obras puede regularizarse siempre que la
omisión no haya beneficiado al ejecutor en la suscripción
de contratos por montos superiores a su capacidad
libre de contratación y/o en su participación en otros
procedimientos de selección.
Artículo 243.- Capacidad máxima de contratación
243.1. El RNP asigna una capacidad máxima de
contratación a los ejecutores de obra. La capacidad
máxima de contratación es el monto hasta por el cual un
ejecutor de obras está autorizado a contratar la ejecución
de obras públicas simultáneamente, y está determinada
por la ponderación del capital y las obras registradas en el
módulo de experiencia cuya antigüedad requerida será la
misma que se establece para los factores de evaluación
en los procedimientos de selección de licitación pública,
de la siguiente manera:
CMC = 10 C + 2∑ Obras
Donde:
CMC = Capacidad máxima de contratación
C = Capital

∑ Obras = Sumatoria de los montos de las obras
registradas en el módulo de experiencia
En el caso de personas naturales nacionales, se
considera el capital contable declarado en los libros y/o
documentación contable solicitada en el TUPA del OSCE;
y, para las personas naturales extranjeras, se acredita
mediante documentos equivalentes que correspondan al
domicilio del solicitante.
Para las personas jurídicas nacionales, el capital está
representado por su capital social suscrito y pagado,
inscrito en Registros Públicos.
Para las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas
(matrices), y domiciliadas (sucursales), el capital se refiere
al capital social o equivalente, inscrito ante la autoridad
competente, conforme a las formalidades exigidas en su
país de origen.
Tratándose de capitales o contratos de obras
celebrados en moneda extranjera, se determina su
equivalente en la moneda de curso legal vigente en el
país, utilizando el factor de conversión del promedio
ponderado venta de la SBS u otros medios en los que
se informe el tipo de conversión oficial, a la fecha de la
presentación de la solicitud.
243.2. Sólo se considerará aquellas obras que no
hayan superado la antigüedad permitida, pudiendo
aumentar o reducir su capacidad máxima de contratación.
243.3. En el caso de ejecutores que no acrediten
experiencia, se les otorga una capacidad máxima de
contratación hasta por un total equivalente al monto de
quinientos mil Soles (S/ 500 000,00).
243.4. Los requisitos son establecidos en el TUPA
del OSCE y el procedimiento se establece en la Directiva
correspondiente.
Artículo 244.- Publicación de los proveedores
sancionados por el Tribunal
244.1. La información de los proveedores sancionados
se publica mensualmente en el portal institucional del
OSCE, al quedar consentida o firme la sanción impuesta
por el Tribunal. Dicha publicación se realiza dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes al término de cada
mes.
244.2. La información a ser publicada incluye
información de los socios o titulares y de los integrantes
de los órganos de administración que figuran a la fecha
de imposición de la sanción y se publica de acuerdo a
la base de datos del RNP, conforme a lo declarado por
los proveedores, bajo su responsabilidad. Se considera
como órganos de administración los siguientes: gerente
general, directorio, administradores, junta directiva, junta
de administración, consejo de administración, consejo
universitario o consejo directivo, o el órgano equivalente
inscrito ante autoridad competente en el país de origen,
en el caso de personas jurídicas extranjeras.
244.3. La información de los proveedores sancionados
contendrá el récord de sanciones de los últimos cuatro (4)
años desde la fecha de imposición de la sanción.
Artículo 245.- Constancia de capacidad de libre
contratación
245.1. La constancia de capacidad libre de contratación
es el documento expedido por el OSCE que acredita
el monto no comprometido de la capacidad máxima de
contratación hasta por el cual puede contratar un ejecutor
de obras. Asimismo, de ser el caso, recoge información de
los actos judiciales que suspenden la sanción impuesta
por el Tribunal.
245.2. La constancia de capacidad libre de
contratación es solicitada al RNP a partir del registro en el
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta
haya quedado administrativamente firme, siempre que no
se encuentre en aquellos casos establecidos en el literal
q) del artículo 52 de la Ley.
245.3. No procede la emisión de la constancia de
capacidad libre de contratación, cuando el procedimiento
de selección se encuentre bloqueado como consecuencia
del procesamiento de una acción de supervisión.
Asimismo, en el caso de consorcios, no procede cuando
el consorciado no cuente con la capacidad libre de
contratación suficiente de acuerdo al porcentaje de
obligación que figura en la promesa formal de consorcio.
245.4. A solicitud del proveedor, el RNP cancela la
constancia emitida y restituye el monto de la capacidad
libre de contratación afectado, cuando se susciten
circunstancias sobrevinientes a la emisión, tales como
declaratoria de desierto, cancelación, nulidad del
procedimiento de selección, entre otras.
Artículo 246.- Notificación de actos administrativos
del RNP
Los actos administrativos que emita el RNP en
los procedimientos de su competencia, incluidas las
resoluciones expedidas sobre recursos de reconsideración
y apelación, nulidad, suspensión de vigencia, se notifican
a través de la bandeja de mensajes del RNP, siendo
responsabilidad del proveedor el permanente seguimiento
de dicha bandeja a partir de su inscripción.
La notificación se entiende efectuada el día del envío
a la bandeja de mensajes.”
“Artículo 248.- Impedimentos
248.1. El impedimento establecido para el cónyuge, el
conviviente y los parientes a los que se refiere el literal h)
del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley se configura de
la siguiente manera:
a) Cuando la relación existe con las personas
comprendidas en el literal b) del numeral 11.1 del artículo
11 de la Ley, el impedimento se configura en el ámbito
regional mientras estas personas ejerzan el cargo y hasta
doce meses después;
b) Cuando la relación existe con las personas
comprendidas en el literal d) del numeral 11.1 del artículo
11 de la Ley, el impedimento se configura en el ámbito
de competencia territorial de estas personas mientras
ejerzan el cargo y hasta doce meses después;
c) Cuando la relación existe con los titulares de
instituciones o de organismos públicos del Poder
Ejecutivo, con los funcionarios públicos, empleados
de confianza y los gerentes y directores de empresas
públicas a los que se refiere el literal e) del numeral 11.1
del artículo 11 de la Ley, el impedimento se configura
en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen estas
personas y hasta doce meses después de que dejen
el cargo;
d) Cuando la relación existe con los servidores
públicos y trabajadores de las empresas del Estado a
dedicación exclusiva a los que se refiere el literal e) del
numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento se
configura en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen
estas personas y hasta doce meses después de que
dejen el cargo, siempre que, por la función desempeñada,
dichas personas tengan influencia, poder de decisión,
o información privilegiada sobre los procesos de
contratación de la Entidad, en concordancia con el literal
f) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.
248.2. Para efectos del impedimento establecido en
los literales i), j) y k) del numeral 11.1 del artículo 11 de la
Ley, aplicable al cónyuge, al conviviente y los parientes a
los que se refiere el literal h) de dicho numeral, se aplican
los mismos criterios previstos en el numeral 248.1 del
presente artículo.
248.3. Para los efectos del impedimento previsto en
el literal p) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley se
aplica la definición de grupo económico a la que hace
referencia este Reglamento.
Artículo 249.- Obligatoriedad
249.1. Las entidades están obligadas a registrar,
dentro de los plazos establecidos, información sobre
su Plan Anual de Contrataciones, las actuaciones
preparatorias, los procedimientos de selección, los
contratos y su ejecución, así como todos los actos que
requieran ser publicados, conforme se establece en

la Ley, en el Reglamento y en la Directiva que emita el
OSCE.
249.2. La Entidad debe registrar en el SEACE
las contrataciones correspondientes a los supuestos
excluidos del ámbito de aplicación de la Ley sujetos a
supervisión del OSCE y las demás contrataciones que
no se sujeten a su ámbito de aplicación conforme a la
Directiva que emita el OSCE.”
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
“Octava.- El Presidente del Tribunal de Contrataciones
del Estado es elegido por el pleno de los Vocales en
funciones, por el periodo de un (1) año. Los resultados de
la elección son comunicados por el Presidente al Consejo
Directivo con la propuesta de conformación de las Salas.
Antes del vencimiento de su mandato, es obligación del
Presidente convocar a Sala Plena para efectuar la nueva
elección.”
“Novena.- El Consejo Multisectorial de Monitoreo de
las Contrataciones Públicas, está conformado por:
a) Un (1) representante del Ministerio de Economía y
Finanzas, quien lo preside.
b) Un (1) representante del OSCE, quien actúa como
Secretario Ejecutivo.
c) Un (1) representante de INDECOPI, con
especialidad en libre competencia.
d) Un (1) representante de la Dirección contra la
Corrupción de la Policía Nacional del Perú, con experiencia
en investigaciones de actos de corrupción.
Puede invitarse a participar en este Consejo a
representantes de otras Entidades públicas.
Son funciones del Consejo:
1. Proponer los lineamientos para el desarrollo de
acciones que permitan conocer casos de fraude, colusión
y corrupción en las contrataciones del Estado por parte de
funcionarios y servidores públicos y/o particulares.
2. Acceder a la información relacionada a las
contrataciones del Estado que poseen las Entidades
sujetas a la Ley.
3.Acceder a la información referida a las contrataciones
del Estado que poseen los proveedores del Estado o
terceros.
4. Decidir discrecionalmente los casos que dada
la envergadura, carácter sistemático, emblemático o
significación económica, amerita realizar el análisis del
caso o, en su defecto, de manera confidencial corresponde
que sea derivado a otros organismos competentes.
Los gastos que demande el funcionamiento del
Consejo son a cargo del presupuesto institucional del
OSCE. El Consejo presenta un informe anual al Consejo
de Ministros sobre los resultados alcanzados, el cual
puede contener los indicadores usuales de fraude y
corrupción en contrataciones con el Estado, propuestas
de mejora normativa, entre otros.”
“Décima Cuarta.- Mediante Resolución del Titular,
las Entidades del Poder Ejecutivo pueden aprobar la
ejecución de obras bajo la modalidad de concurso oferta.
Esta facultad es indelegable.
Mediante la modalidad de ejecución contractual de
concurso oferta el postor debe ofertar la elaboración
del expediente técnico y la ejecución de la obra. Esta
modalidad solo puede aplicarse en la ejecución de obras
de edificaciones, que por su naturaleza correspondan
utilizar el sistema a suma alzada y siempre que el valor
referencial de la obra sea superior a los diez millones de
Soles (S/ 10 000 000,00).
En la contratación de obras bajo esta modalidad
debe anexarse al expediente de contratación el estudio
de preinversión y el informe técnico que sustentó
la declaratoria de viabilidad, conforme al Sistema
Inversiones.
Para el inicio de la ejecución de la obra es requisito
previo la presentación y aprobación del expediente
técnico por el íntegro de la obra. Se encuentra prohibida
la aprobación de adicionales por errores o deficiencias en
el expediente técnico.”
“Décima Sexta.-El Fondo Nacional de Financiamiento
de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, la
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y la Central
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, el Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud - CENARES pueden realizar Compras Corporativas
con administración delegada que comprende las
acciones necesarias que permitan a estas Entidades
realizar la homogeneización y/o estandarización de los
bienes o servicios en general, los actos preparatorios,
el procedimiento de selección para obtener una oferta
por el conjunto de los requerimientos de las Entidades
participantes, incluyendo la suscripción de los contratos
correspondientes con el proveedor o proveedores
seleccionados, así como la administración del contrato
durante su vigencia, es decir, hasta su finalización con la
emisión de la última conformidad.
Para ello, las Entidades participantes suscriben,
previamente, convenios institucionales con una de las
Entidades indicadas en el párrafo anterior, a las que se
denomina Entidad encargada para demandar la provisión
de los bienes y/o servicios en general susceptibles
de homogeneizar y estandarizar, a fin que esta última
sea quien efectúe todos los actos necesarios para su
contratación. Asimismo, las Entidades participantes,
asumen en virtud de los convenios suscritos, las
obligaciones que correspondan al pago por los servicios
en general o bienes que les brindará el proveedor
seleccionado por la entidad encargada. Para el caso de
los procesos que convoque la Agencia de Compras de
las Fuerzas Armadas, CENARES y PERÚ COMPRAS,
el contrato será suscrito por dichas entidades, según
corresponda, por las Entidades que solicitaron la compra
corporativa y por el proveedor seleccionado.
La suscripción del contrato se ajusta a los plazos
y condiciones previstas en el presente Reglamento,
debiendo la Entidad encargada comunicar a las entidades
participantes los resultados del procedimiento, dentro de
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de suscrito
el contrato, con la finalidad de informar las condiciones
obtenidas para la prestación de los bienes y/o servicios
en general.
La Entidad encargada, al suscribir el contrato, asume
la calidad de Entidad contratante y, por ende, todas las
obligaciones y derechos que le asisten como tal; siendo
la responsable de otorgar la conformidad por el íntegro
de las prestaciones efectuadas, previa validación con
las entidades que reciben el bien o servicio en general,
así como de disponer la cesión de pago a favor de las
entidades destinatarias del bien o servicio provisto, en las
proporciones que les correspondan, sin que ello implique
la cesión de su posición de sujeto contractual frente al
contratista.
Décima Séptima.- Dentro del supuesto de hecho
de la infracción establecida en el literal i) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación
de información inexacta, se encuentra comprendida la
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por
las empresas indicadas en el segundo párrafo del artículo
33 de la Ley.”
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
“Primera.- Lo dispuesto por el literal i) del numeral
83.1 del artículo 83 es de aplicación a todos los Catálogos
Electrónicos vigentes y a aquellos Catálogos Electrónicos
de Acuerdos Marco que hayan sido convocados y se
encuentren en trámite a la fecha de la entrada de vigencia
del Reglamento.”
“Décima Tercera.- El OSCE implementará el
Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE) como

principal herramienta virtual para la sistematización de la
información arbitral a su cargo, conforme a lo establecido
en la Directiva que aprobará para tal fin.”
ANEXO ÚNICO
ANEXO DE DEFINICIONES
“Metrado: Es el cálculo o la cuantificación por partidas
de la cantidad de obra a ejecutar, según la unidad de
medida establecida.
Requerimiento: Solicitud del bien, servicio en general,
consultoría u obra formulada por el área usuaria de la
Entidad que comprende las Especificaciones Técnicas, los
Términos de Referencia o el Expediente Técnico de Obra,
respectivamente, así como los requisitos de calificación
que corresponda según el objeto de la contratación.”
Artículo 2.- Incorporación de los artículos 3-A, 58-
A, 171-A, 197-A, 237-A, 237-B, 237-C, 246-A, 246-B, 246-
C, 248-A; Décima Octava Disposición Complementaria
Final; Décima Sexta Disposición Complementaria
Transitoria; y, la definición de Acto de corrupción,
Conflicto de intereses, Control, Cronograma de
Avance de Obra Valorizado, Grupo Económico,
Homogeneización y Programa de Ejecución de Obra
del Anexo Único de Definiciones del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF.
Incorpórase los artículos 3-A, 58-A, 171-A, 197-A, 237-
A, 237-B, 237-C, 246-A, 246-B, 246-C, 248-A; Décima
Octava Disposición Complementaria Final; Décima Sexta
Disposición Complementaria Transitoria; y, la definición
de Acto de corrupción, Conflicto de intereses, Control,
Cronograma de Avance de Obra Valorizado, Grupo
Económico, Homogeneización y Programa de Ejecución
de Obra del Anexo Único de Definiciones del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en los siguientes
términos:
“Artículo 3-A.- Supuestos excluidos del ámbito de
aplicación sujetos a supervisión
3-A.1. Para las contrataciones que se realicen bajo el
supuesto del literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la
Ley, el proveedor debe contar con inscripción vigente en
el RNP, en el registro que corresponda, salvo en aquellas
contrataciones por montos iguales o menores a una (1)
UIT.
3-A.2. Los convenios a los que se refiere el literal c)
del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, en ningún caso
se utilizan para encargar la realización de las actuaciones
preparatorias o del procedimiento de selección.
3-A.3. En el caso de las contrataciones del literal e) del
numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, se considera organismos
y dependencias a aquellas entidades que pertenezcan a la
administración pública del Estado con el que se contrata, y
empresas de propiedad estatal a aquellas que se encuentren
bajo el control de dicho Estado.
3-A.4. Para las contrataciones que se realicen bajo el
supuesto del literal g) del numeral 5.1 del artículo 5 de la
Ley, la Entidad debe verificar que la empresa de seguros
a contratar cumpla con los siguientes requisitos:
a) Encontrarse legalmente constituida en un Estado
que cuente con una clasificación de riesgo con grado de
inversión.
b) Encontrarse bajo la supervisión de autoridad
competente en el país de su constitución.
c) Contar con autorización de la autoridad competente
en el país de su constitución para asegurar riesgos
contratados desde el extranjero, incluyendo la cobertura
del riesgo que contrata con la Entidad.
d) No tener impedimento legal para pagar, en moneda
de libre convertibilidad, las obligaciones que resulten del
contrato de seguro que suscribe con la Entidad, lo que
debe ser acreditado por la autoridad competente en el
país de su constitución.
e) Acreditar que en su país de origen no existen
restricciones gubernamentales o legales para la libre
transferencia de recursos para fines del pago de las
obligaciones que resulten del contrato de seguro.
f) Contar con una clasificación de riesgo vigente
otorgada por una empresa clasificadora de riesgo
debidamente autorizada por la autoridad competente en
el país de su constitución. La clasificación no debe tener
una antigüedad mayor a doce (12) meses a la fecha en la
que se realiza la contratación y la categoría resultante de
la misma debe asegurar la fortaleza financiera necesaria
para garantizar el pago de las obligaciones que resulten
del contrato de seguro.
3-A.5. Las contrataciones a los que se refieren los
literales c), e), f) y g) del numeral 5.1 del artículo 5 de
la Ley requieren de informe técnico e informe legal que
sustenten la configuración del supuesto de inaplicación.
En el caso del literal g), el sustento debe justificar que la
contratación resulta más ventajosa para la satisfacción de
las necesidades de la Entidad considerando, entre otros
aspectos, el detalle de las coberturas, las exclusiones y
los costos.”
“Artículo 58-A.- Concepto de Modalidad Mixta
58-A.1. Conforme a lo previsto en el numeral
22.4 del artículo 22 de la Ley, se entiende como
modalidad mixta a las contrataciones que impliquen
la prestación de servicios y obras de manera conjunta
sobre infraestructura preexistente cuya finalidad es
la obtención de resultados, de manera permanente o
continuada en un período, a través de indicadores de
niveles de servicio.
58-A.2. Las prestaciones que involucren la modalidad
mixta deben encontrarse directamente vinculadas entre
sí y mantener una relación de complementariedad que
determine su tratamiento como una unidad funcional
dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad
de la Entidad. El contratista es responsable de ejecutar
correctamente la totalidad de las prestaciones del contrato
y tiene la obligación de subsanar oportunamente todas las
observaciones que se le formulen.
58-A.3. En la modalidad mixta, se aplican las normas
del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, en lo que corresponda.
58-A.4. En la modalidad mixta las prestaciones
de servicio deben representar una mayor incidencia
porcentual con relación al componente de obra en el valor
referencial de la contratación.
58-A.5. En los términos de referencia se incluye la
descripción de las características técnicas y condiciones
de la contratación, atendiendo a las normas aplicables a
las diferentes prestaciones comprendidas en el objeto de
la contratación. El mismo criterio se aplica para la etapa
de ejecución contractual, salvo las reglas específicas
previstas expresamente en el Reglamento.”
“Artículo 171-A.- Cálculo del Gasto General Diario
En los contratos de obra a precios unitarios, el gasto
general diario se calcula dividiendo los gastos generales
variables ofertados entre el número de días del plazo
contractual, ajustado por el coeficiente “Ip/Io”, en donde
“Ip” es el Índice General de Precios al Consumidor (Código
39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática-INEI correspondiente al mes calendario en
que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual,
e “Io” es el mismo índice de precios correspondiente al
mes del valor referencial.
En los contratos de obra a suma alzada, el gasto
general diario se calcula dividiendo los gastos generales
variables del presupuesto que sustenta el valor referencial
entre el número de días del plazo contractual, ajustado por
el factor de relación y por el coeficiente “Ip/Io”, en donde
“Ip” es el Índice General de Precios al Consumidor (Código
39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI correspondiente al mes calendario en
que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual,
e “Io” es el mismo índice de precios correspondiente al
mes del valor referencial.

En el caso de obras adicionales y prestaciones
adicionales de servicios de supervisión de obras,
los gastos generales se determinan considerando lo
necesario para su ejecución.”
“Artículo 197-A.- Recurso de Anulación
197-A.1. Conforme a lo previsto en el numeral 45.8 del
artículo 45 de la Ley, para la interposición del recurso de
anulación del laudo, el contratista debe presentar una carta
fianza bancaria, solidaria, incondicionada, irrevocable
y de realización automática a primer requerimiento, con
una vigencia no menor de seis (6) meses, debiendo
ser renovada por todo el tiempo que dure el trámite del
recurso.
Dicha carta fianza debe otorgarse a favor de la
Entidad, por una cantidad equivalente al veinticinco por
ciento (25%) del valor de la suma que ordene pagar el
laudo.
197-A.2. Si el laudo, en todo o en parte, es puramente
declarativo o no es valorizable en dinero o si requiere de
liquidación o determinación que no sea únicamente una
operación matemática, el valor de la carta fianza será
equivalente al tres por ciento (3%) del monto del contrato
original.
197-A.3. Si el recurso de anulación es desestimado, la
carta fianza se entrega a la Entidad para que la ejecute.
En caso contrario se le devuelve al contratista, bajo
responsabilidad.
197-A.4. Las sentencias que resuelvan de
manera definitiva el recurso de anulación deben ser
remitidas por el procurador público o la Entidad, según
corresponda, al OSCE en el plazo de diez (10) días
hábiles de notificadas para su registro y publicación,
bajo responsabilidad del procurador público o del
Titular de la Entidad o del servidor en quien este haya
delegado dicha función.
197-A.5. La autorización a que se refiere el punto 2 del
numeral 45.8. del artículo 45 de la Ley debe ser expedida
por el Titular del sector que corresponda conforme a la
naturaleza del proyecto, salvo tratándose de Ministerios
en cuyo caso la referida autorización debe ser emitida por
Consejo de Ministros.”
“Artículo 237-A.- Suspensión de la vigencia
La vigencia de la inscripción del proveedor en el RNP
se suspende en los siguientes casos:
a) Cuando incumple su obligación de actualizar su
información legal, financiera o técnica.
b) Cuando de la evaluación de su información
financiera resulte insolvente.
c) A solicitud del proveedor.
Artículo 237-B.- Reactivación de la vigencia
237-B.1. Los proveedores que no cuenten con
inscripción vigente, pueden reactivarla mediante la
presentación y acreditación ante el RNP de la información
legal, financiera y técnica, según corresponda.
237-B.2. La reactivación de la vigencia para los
consultores de obras y ejecutores de obras es de
evaluación previa, debiendo acreditar su información
legal, financiera y técnica, según corresponda, conforme
a los requisitos señalados en el artículo 238.
237-B.3. La reactivación de la vigencia para los
proveedores de bienes y servicios es de aprobación
automática, debiendo presentar su información legal,
conforme a los requisitos señalados en el artículo 238.
Artículo 237-C.- Cancelación de la inscripción
La cancelación extingue la inscripción del proveedor
en el RNP y puede ser a solicitud del proveedor, de un
tercero o de oficio cuando el OSCE advierta alguna de las
siguientes causales:
a) Muerte o extinción del proveedor.
b) Por haber sido sancionado con inhabilitación
definitiva, conforme al numeral 50.2 del artículo 50 de la
Ley, mediante resolución firme.”
“Artículo 246-A.- Monitoreo y medición del
desempeño
246-A.1. El monitoreo es el proceso sistemático
mediante el cual el RNP revisa y analiza la información
legal, financiera y técnica del proveedor que se encuentre
con inscripción vigente, a través de la interoperabilidad con
RENIEC, SUNARP, SUNAT, SBS, Colegios Profesionales
y otras entidades que se vayan incorporando a dicha
interoperabilidad, según corresponda, para supervisar y
controlar el cumplimiento de la obligación de mantener
actualizada su información en el RNP.
246-A.2. Cuando del monitoreo de la información o
ante la denuncia de tercero, se advierta el incumplimiento
de la obligación del proveedor de actualizar su información,
el OSCE suspende la vigencia del registro.
246-A.3. El RNP medirá y publicitará el desempeño
de los proveedores que contraten con el Estado,
sobre la base de la información del proveedor y la que
proporcione el Tribunal y las Entidades, bajo mecanismos
de interoperabilidad.
Artículo 246-B.- Fiscalización posterior de la
información registral
246-B.1. Por la fiscalización posterior el RNP está
obligado a verificar, mediante el sistema de muestreo,
la autenticidad de las declaraciones, documentos,
informaciones y traducciones, tanto en medios físicos,
electrónicos, digitales u otros de naturaleza análoga,
proporcionados por los proveedores o sus representantes,
en los procedimientos de aprobación automática o
evaluación previa. Dicha fiscalización se sujeta a los
principios de presunción de veracidad y de privilegio de
controles posteriores.
246-B.2.Elprocesodefiscalizaciónposterioresdecarácter
inspectivo, de comprobación administrativa y se desarrolla
de forma reservada por lo que el inicio del procedimiento de
fiscalización no es notificado a los proveedores, conforme
a lo previsto en el numeral 104.2 del artículo 104 de la Ley
N° 27444 del Procedimiento Administrativo General, salvo
en los casos que se requiera verificar alguna información
directamente con el proveedor investigado.
246-B.3. Las acciones de fiscalización posterior
son desarrolladas en forma permanente y en razón del
número e incidencia de los procedimientos así como por
el impacto sustancial que estos generan sobre el interés
general. Dichas acciones se realizan sobre una muestra
aleatoria en razón de la gestión del riesgo de fraude o de
la falsedad en la información registral.
Artículo 246-C.- Acciones y consecuencias de la
fiscalización posterior
246-C.1. El RNP revisará los trámites seleccionados,
comprobará y verificará la autenticidad de las
declaraciones, documentos, informaciones y traducciones,
tanto en medios físicos, electrónicos, digitales u otros de
naturaleza análoga, proporcionados por los proveedores
o sus representantes, realizando el cruce de información
con aquellas personas, entidades e instituciones que
figuren en su contenido, y empleará cualquier otro medio
probatorio que coadyuve a realizar sus funciones.
246-C.2. La presentación de documentación falsa y/o
información inexacta ante el RNP habilita la declaración de
nulidad del acto administrativo correspondiente. En este
caso los hechos se ponen en conocimiento del Tribunal de
Contrataciones del Estado y de la Procuraduría Pública
del OSCE a fin de que, de acuerdo a sus atribuciones,
adopten las acciones legales correspondientes.
246-C.3. La declaración de nulidad del acto
administrativo tendrá efecto declarativo y retroactivo a
la fecha de su aprobación, conservándose como válida
la información correspondiente al acto anterior, de ser el
caso.”
“248-A. Impedimento por Prácticas Corruptas
248-A.1. El impedimento previsto en el literal n) del
numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley se aplica a:

a) Las personas jurídicas, cuyos representantes
legales o personas vinculadas han sido condenados en
el país o en el extranjero, mediante sentencia consentida
o ejecutoriada, por delitos de concusión, peculado,
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito,
tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o
procedimientos de selección o delitos equivalentes en
otros países.
b) Las personas jurídicas o sus vinculadas que,
directamente o a través de sus representantes legales,
hubiesen admitido o reconocido la comisión de cualquiera
de los delitos señalados en el literal precedente, ante
alguna autoridad nacional o extranjera competente.
c) Los consorciados cuyos representantes legales
o personas vinculadas han sido condenados en el país
o en el extranjero, mediante sentencia consentida o
ejecutoriada, por los delitos previstos en el literal a) del
presente artículo, o han admitido o reconocido la comisión
de cualquiera de dichos delitos, ante alguna autoridad
nacional o extranjera competente.
248-A.2. Se entiende como persona vinculada a una
persona natural o jurídica a:
a) Cualquier persona jurídica que sea propietaria
directa de más del treinta por ciento (30%) de las acciones
representativas del capital o tenedora de participaciones
sociales en dicho porcentaje en la propiedad de esta.
b) Cualquier persona natural o jurídica que ejerce un
control sobre esta y las otras personas sobre las cuales
aquella ejerce también un control.
248-A.3. Los impedimentos previstos en los literales
m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley se
mantienen vigentes por el plazo de la condena o, en el
caso de admisión o reconocimiento de la comisión del
delito, por el plazo máximo previsto como pena para este.
“Décima Octava.- En caso las Entidades decidan
contar con un corredor de seguros, su designación
debe tener en consideración los principios que rigen las
contrataciones, contemplados en el artículo 2 de la Ley.
La designación no es remunerada y el período del mismo
no podrá exceder de dos (2) años, renovables previo
informe sustentatorio.
El corredor de seguros debe encontrarse inscrito en el
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, cumplir con los demás
requisitos y sujetarse a las disposiciones que establezca
dicha entidad. El corredor de seguros debe presentar
informes periódicos de seguimiento de las actividades
propias de la administración de la póliza.”
TRANSITORIAS
“Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del
Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir
elTribunal para tramitar los procedimientos sancionadores,
es aplicable a los expedientes de imposición de sanción
que se generen una vez transcurrido el plazo a que se
refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo N° 1341.
Antes de ello, son de aplicación a los expedientes
administrativos sancionadores las siguientes reglas:
1. Interpuesta la denuncia o petición motivada o una
vez abierto el expediente sancionador, el Tribunal tiene un
plazo de diez (10) días hábiles para realizar la evaluación
correspondiente. De encontrar indicios suficientes de
la comisión de la infracción, la Presidencia del Tribunal
emite el decreto de inicio de procedimiento administrativo
sancionador.
En el mismo plazo, el Tribunal puede solicitar
a la Entidad, información relevante adicional o un
informe técnico legal complementario. Tratándose de
procedimientos de oficio, por petición motivada o denuncia
de tercero, se requiere a la Entidad que corresponda
un informe técnico legal así como la información que lo
sustente y demás información que pueda considerarse
relevante.
2. Las Entidades están obligadas a remitir la
información adicional que se indica en el numeral
precedente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles
de notificada, bajo responsabilidad y apercibimiento de
comunicarse el incumplimiento a los órganos del Sistema
Nacional de Control.
3. Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin
ella y siempre que se determine que existen indicios
suficientes de la comisión de infracción, la Presidencia del
Tribunal dispone el inicio del procedimiento administrativo
sancionador dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
4. Cuando la Presidencia del Tribunal advierta
que no existen indicios suficientes para el inicio de un
procedimiento administrativo sancionador, o la denuncia
esté dirigida contra una persona natural o jurídica con
inhabilitación definitiva, dispone el archivo del expediente,
sin perjuicio de comunicar al Ministerio Público y/o a
los órganos del Sistema Nacional de Control, cuando
corresponda.
5. Iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal
notifica al proveedor, para que ejerza su derecho de
defensa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
de la notificación, bajo apercibimiento de resolverse con
la documentación contenida en el expediente. En este
acto, el emplazado puede solicitar el uso de la palabra en
audiencia pública.
6. Vencido el indicado plazo, y con el respectivo
descargo o sin este, el expediente se remite a la Sala
correspondiente del Tribunal, en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles. La Sala puede realizar de oficio
todas las actuaciones necesarias para el examen de los
hechos, recabando la información que sea relevante para,
de ser el caso, determinar la existencia de responsabilidad
susceptible de sanción.
7. La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir
su resolución, determinando la existencia o no de
responsabilidad administrativa, dentro de los tres (3)
meses de recibido el expediente.
8. De no emitirse la resolución dentro del plazo
establecido en el numeral precedente, la Sala mantiene
la obligación de pronunciarse, sin perjuicio de las
responsabilidades que le corresponda, de ser el caso.
Asimismo, en caso de reorganización societaria, el
Tribunal inicia o prosigue el procedimiento sancionador
contra la persona jurídica que haya surgido como
consecuencia de dicha reorganización.”
ANEXO ÚNICO
ANEXO DEFINICIONES
“Acto de corrupción: Es el requerimiento o
aceptación por, o el ofrecimiento u otorgamiento a, ya sea
directa o indirectamente, un servidor público o persona
que ejerce funciones públicas, de cualquier objeto de
valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores,
promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o
entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier
acto en el ejercicio de sus funciones públicas.
Conflicto de intereses: Situación o relación en la
que los intereses personales, laborales, económicos o
financieros del servidor pudieran estar en conflicto con
el interés público o el cumplimiento de las funciones y
deberes a su cargo.
Control: Es la capacidad de dirigir o de determinar las
decisiones del directorio, la junta de accionistas o socios,
u otros órganos de decisión de una persona jurídica.
Cronograma de avance de obra valorizado:
Expresión en términos económicos de los avances
ejecutadosenlaobra,deacuerdoalperíododevalorización
previsto; la cual se obtiene a partir del programa de
ejecución de obra, de las partidas y metrados contratados

y la aplicación de los montos correspondientes según el
sistema de contratación empleado.
Grupo Económico: Tiene el significado que se le
asigna en el artículo 7 del Reglamento de propiedad
indirecta, vinculación y grupo económico, aprobado
mediante Resolución de Superintendencia No. 019 - 2015
- SMV - 01, y las normas que la modifiquen, con excepción
de los entes jurídicos definidos en dicho reglamento.
Homogeneización: Es el proceso mediante el cual, al
interior de las entidades, se definen las características o
prestaciones de los bienes o servicios a contratar, sobre la
base del análisis de sus propias necesidades y, los bienes
y servicios ofertados en el mercado.
Programa de ejecución de obra: Es la secuencia
lógica de actividades constructivas que deben realizarse
en un determinado plazo de ejecución; la cual debe
comprender todas las actividades aun cuando no tengan
una partida específica de pago, así como todas las
vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse.
El Programa de ejecución de obra debe elaborarse
aplicando el método CPM.”
Artículo 3.- Derogación de la Segunda, Sexta,
Duodécima y Décima Tercera Disposiciones
Complementarias Finales; Segunda, Tercera, Quinta,
SéptimayDuodécimaDisposicionesComplementarias
Transitorias; y, la definición de Costo Programado
del Anexo Único de Definiciones del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF.
Derógase la Segunda, Sexta, Duodécima y Décima
Tercera Disposiciones Complementarias Finales;
Segunda, Tercera, Quinta, Séptima y Duodécima
Disposiciones Complementarias Transitorias; y, la
definición de Costo Programado del Anexo Único de
Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-
EF.
Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
PRIMERA.- El presente Decreto Supremo entrará
en vigencia a los quince (15) días contados a partir de
su publicación en el Diario Oficial El Peruano, excepto
la incorporación del artículo 248-A en el Reglamento
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
que entra en vigencia a partir del día siguiente de dicha
publicación.
SEGUNDA.- Mediante Decreto Supremo refrendado
por el Presidente del Consejo de Ministros y por los
Ministros de Economía y Finanzas y, de Vivienda,
Construcción y Saneamiento se podrá aprobar plazos
diferentes a los establecidos para los procesos de
contratación para el caso de ejecución de obras de
saneamiento, siempre que se trate de procedimientos
estandarizados previamente aprobados por el sector, con
sujeción al marco legal vigente.
TRANSITORIAS
PRIMERA.- Los procedimientos de selección iniciados
antes de la entrada en vigencia de las modificaciones al
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobadas mediante el presente Decreto
Supremo, se rigen por las normas vigentes al momento
de su convocatoria. Igual regla se aplica para el
perfeccionamiento de los contratos que deriven de los
mencionados procedimientos de selección.
SEGUNDA.- Las modificaciones incorporadas por
el Decreto Legislativo N° 1341 al artículo 45 de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, referido a
los medios de solución de controversias de la ejecución
contractual, y sus normas reglamentarias aprobadas
mediante el presente Decreto Supremo, se aplican a las
controversias que surjan de los contratos derivados de
los procedimientos de selección convocados a partir de la
entrada en vigencia de dichas modificaciones.
Las controversias que surjan de las órdenes de
compra o de servicio derivadas de Acuerdos o Convenios
Marco, se resuelven mediante conciliación y/o arbitraje
de acuerdo con las disposiciones vigentes en la fecha de
perfeccionamiento de la orden respectiva.
Las modificaciones al Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, referidas
a las infracciones éticas de los árbitros y su régimen
sancionador, aprobadas mediante el presente Decreto
Supremo, se aplican a las infracciones cometidas desde
la entrada en vigencia de las mismas, a pesar de que las
controversias se refieran a un contrato derivado de un
procedimiento de selección convocado con anterioridad.
TERCERA.- El OSCE otorgará vigencia indeterminada
a la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores
– RNP de: (i) los proveedores que se encuentren con
inscripción vigente a la fecha de entrada en vigencia de
las modificaciones al Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobadas mediante
el presente Decreto Supremo; (ii) los proveedores cuyo
trámite fue admitido antes de la entrada en vigencia de las
modificaciones al Reglamento de la Ley 30225 – Ley de
Contrataciones del Estado, aprobadas mediante el presente
Decreto Supremo, una vez aprobado dicho trámite.
Los proveedores de bienes, servicios, consultores
de obras y ejecutores de obras inscritos en el RNP, que
no cuenten con inscripción vigente en dicho registro a la
fecha de entrada en vigencia de las modificaciones al
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobadas mediante el presente Decreto
Supremo, deberán realizar su procedimiento de
reactivación de vigencia conforme a lo establecido en el
referido Reglamento, en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA del OSCE y en la Directiva
correspondiente que apruebe el OSCE, oportunidad en
la que dicha entidad revaluará a los ejecutores de obras
para asignarles la capacidad máxima de contratación que
corresponda.
A efectos de asignarles la capacidad máxima de
contratación que corresponda, el OSCE revaluará, en la
primera actualización de información técnica que realicen,
a los ejecutores de obras, persona jurídica y persona
natural, inscritos en el RNP que cuenten con inscripción
vigente en dicho registro a la fecha de entrada en vigencia
de las modificaciones al Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobadas mediante el
presente Decreto Supremo.
CUARTA.- Para los procedimientos de selección
con valor reservado así como para la modalidad mixta,
el OSCE desarrolla las funcionalidades respectivas en
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –
SEACE, poniendo en conocimiento de los usuarios, a
través de un comunicado, el momento en que estarán
disponibles.
QUINTA.- El OSCE, mediante comunicado, informa
la oportunidad de entrada en funcionamiento de la
notificación electrónica de los recursos de apelación,
establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificados mediante el presente Decreto Supremo.
Mientras no se implemente dicha funcionalidad, la
Entidad y el Tribunal deberán efectuar la notificación del
recurso de apelación, a que se refieren los artículos 103 y
104 del referido Reglamento, de manera personal.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete
días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas
1498863-1

Decreto Supremo Nro 056-modificaciones al reglamento ley 30225

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(18)

Similar a Decreto Supremo Nro 056-modificaciones al reglamento ley 30225(20)

Último(20)

Decreto Supremo Nro 056-modificaciones al reglamento ley 30225