Se presenta una denuncia constitucional contra varios altos funcionarios peruanos, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte, por presunta omisión en la comisión de delitos graves contra la vida, la salud y graves violaciones de derechos humanos relacionados con homicidios y lesiones graves. Los denunciados incluyen también a ministros de defensa e interior, acusados de responsabilidad en las muertes y lesiones de varios individuos durante eventos de violación de derechos humanos. La denuncia se fundamenta en delitos previstos en el Código Penal, marcando una importante impugnación legal en el contexto político actual del país.