El proyecto minero Mandé Norte, ubicado en Colombia, ha generado un grave conflicto ambiental y social, afectando a comunidades indígenas y afrodescendientes debido a la falta de consulta previa y estudios de impacto ambiental. La compañía Muriel Mining Corporation, apoyada por el ejército, ha sido acusada de violaciones a derechos humanos y corrupción, lo que ha resultado en daños ambientales significativos y tensiones sociales. La Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia T-769/09, protegiendo los derechos de las comunidades y ordenando la suspensión de actividades hasta que se realicen consultas adecuadas y estudios sobre el impacto ambiental.