Derecho civil I

Derecho Civil I

DERECHO CIVIL I

TEORIA DEL ACTO JURIDICO

Generalidades.

El C. C. no ha sistematizado la doctrina del Acto Jurídico, ni en un título, ni en un párrafo especifico. Esta teoría
es una elaboración de la doctrina y la jurisprudencia. Sin embargo, existen ciertas disposiciones del Código que
han permitido configurar esta teoría, como es el caso de las normas que consagran la teoría de los contratos, en
donde se regulan las modalidades; la nulidad, etc.

En el mundo físico ocurren permanentemente hechos; y estos pueden tener su origen

a.- en la naturaleza o
b.- en el hombre;

Los hechos de la naturaleza:

.- pueden o no producir consecuencias jurídicas, si no las producen, se llaman simplemente hechos o bien
hechos materiales. (Como una puesta de sol, la brisa que mese acompasadamente las copas de los árboles).

.- También es posible, que los hechos de la naturaleza produzcan consecuencias jurídicas, en este caso reciben el
nombre de hechos jurídicos. Estas consecuencias jurídicas pueden consistir en la adquisición, modificación o
pérdida de un derecho subjetivo, o sea, afectas sólo algunas de las etapas del ciclo de los derechos subjetivos.
Como por ej. el mero transcurso del tiempo; el nacimiento, la muerte.

Por otro lado, los hechos del hombre:

.- también puede que produzcan o no consecuencias jurídicas, si no las produce, estos se denominan hechos
materiales del hombre, como por ej. Caminar, conversar, sonreír. Y no tienen mayores consecuencias jurídicas

.- De la misma manera, también pueden ocurrir hechos que produzcan consecuencias jurídicas en los que
intervengan el hombre y la naturaleza en forma conjunta, en estos casos, estos hechos reciben el nombre de
hechos mixtos. Por ej. la procreación.

.- Asimismo, y dentro de esta categoría de los hechos del hombre, es posible que haya hechos en que intervenga
la voluntad humana y que produzca consecuencias jurídicas. Estas consecuencias se pueden producir con la
intención de materializarlas o sin esa intención.

En efecto, puede ocurrir que se realice un acto que produzca consecuencias jurídicas, pero no se tenía la
intención de producirlas, estas consecuencias pueden ser lícitas o ilícitas. En el primer caso, nos encontramos
con los:
Cuasi contratos: que son hechos voluntarios lícitos y no convencionales que generan obligaciones. Por ej. la
comunidad. En este segundo caso nos encontramos con los hechos ilícitos, constitutivos de los delitos y cuasi
delitos civiles.

Finalmente, existen hechos producidos por la voluntad del hombre que generan consecuencias jurídicas, y que
justamente se realizan con la intención de producirlas, aquí nos encontramos con los Actos Jurídicos.

Los Actos Jurídicos.

Hechos del hombre que producen consecuencias jurídicas y que han sido realizados con dicha intención.

Se les puede definir como: “una manifestación de voluntad realizada con la intención de producir
consecuencias jurídicas queridas por su autor y reconocidas por el Ordenamiento Jurídico”.

Las consecuencias jurídicas que el acto jurídico puede producir, pueden consistir en la creación, modificación o
extinción de un derecho subjetivo.

Elementos de la definición:

1.- El acto jurídico es una manifestación de voluntad que puede provenir de una o más personas.
2.- Esta manifestación de voluntad se exterioriza con la intención de producir efectos jurídicos.

Teoría del Negocio Jurídico. En la doctrina alemana se ha elaborado esta doctrina que consiste, en que cuando
se celebra un acto jurídico se van a producir muchas consecuencias jurídicas y es muy posible que algunos de
estos efectos jurídicos no hayan sido previstos por las partes que concurrieron a celebrar el acto. En otras
palabras, en el acto jurídico se van a producir no sólo los efectos que las partes quieren que se produzcan, sino
que todos los que el ordenamiento jurídico prevé en tales situaciones.

1
Gustavo Aguirre Solis

Derecho Civil I

Es por esta circunstancia que los autores alemanes hacen una diferencia, señalando que el acto jurídico sería
aquel en que se van a producir todos los efectos que prevé el ordenamiento jurídico; siendo el negocio jurídico,
aquel en que sólo se van a producir las consecuencias jurídicas queridas por las partes. Por ej. El reconocimiento
de un hijo como natural, constituye un acto jurídico unilateral, que produce enormes consecuencias jurídicas.
Puede ser, que el único efecto perseguido por el padre sea el de reconocer al hijo; sin embargo, por disposición
de la ley se producen otras consecuencias, tales como el derecho de alimentos a que tendrá derecho el menor; los
derechos hereditarios que nacerán para él, etc.

En nuestro país y en Francia, legislación madre de la nuestra, se estima que el acto jurídico y el negocio jurídico
son lo mismo, porque participan de una misma característica fundamental, que es el rol creador de la voluntad
del hombre.

La circunstancia de que en una caso se produzcan más efectos que en otro, no justifica hacer una diferencia,
porque el ordenamiento jurídico, en virtud “del principio de la autonomía de la voluntad” permite que las partes
limiten los efectos del acto jurídico, sin que sea necesario darle una denominación diferente. Por ej. en la compra
venta.

La Corte Suprema ha definido el acto jurídico señalando que es “toda declaración de voluntad destinada a
producir un efecto jurídico que puede consistir en la creación, conservación, modificación, o extinción de
un derecho”.

Por este motivo, los hechos ilícitos no son actos jurídicos, porque si bien producen consecuencias jurídicas, ellas
no son el resultado de la voluntad del hombre, sino de un acto doloso o culposo.

Al tenor de la definición antes aludida, el acto jurídico puede producir algunos de los siguientes efectos, a saber:

1.- Crear derechos, como por ejemplo la celebración de cualquier contrato.

2.- El acto jurídico puede modificar o extinguir derechos; en este caso, como precisa de un acuerdo de
voluntades se denomina convención. En otras palabras, la convención es un acto jurídico que puede crear,
modificar o extinguir derechos, de manera que todo contrato es una convención, pero no toda convención es
contrato; hay entre ellos una relación entre género a especie, en donde el genero es la convención y la especie el
contrato. Por ej. el contrato es una
convención porque crea derechos y deberes jurídicos; el pago también es una convención, porque extingue
derechos; sin embargo, la ley confundió conceptos (convención y contrato) haciéndolos conceptos sinónimos.
(art. 1438).

En los actos jurídicos, el ordenamiento jurídico juega un rol supletorio de la voluntad de las partes, porque
resulta imposible que éstas o el autor de un acto puedan prever y regular todos sus efectos, y es por esta razón,
que la ley ha regulado todas las hipótesis jurídicas que puedan producirse, dándoles una solución lógica, que
sería la que presumiblemente le habrían dado las partes de haberla previsto.

Estructura del Acto Jurídico. En lo relativo a la estructura del acto jurídico es tradicional la distinción entre
elementos de la esencia (o esenciales ), elementos de la naturaleza (o naturales ) y elementos accidentales.

Elementos del Acto Jurídico. Están consagrados en el artículo 1444, y son los siguientes:

a) Elementos esenciales o de la esencia. Son aquellos sin los cuales el acto o no produce efecto alguno o
degenera en otro distinto.
Los elementos de la esencia se clasifican en comunes o generales y especiales o específicos.

.- Comunes: son aquellos que no pueden faltar en ningún acto jurídico, sea cual fuere su especie. Por ejemplo:
La voluntad

.- Especiales: son aquellos requeridos para cada acto jurídico en especial, constituyendo los elementos de la
esencia propios y característicos del acto jurídico determinado. Por ejemplo: en la compraventa la cosa o el
precio.

En definitiva, estos elementos nunca pueden faltar, porque si llegan a estar ausentes, se entiende que el acto o no
existe o se convierte en un acto distinto.

Que el acto no produzca efecto alguno, tiene una enorme importancia practica, porque quiere decir, que se
entenderá que el acto no ha nacido a la vida del derecho, en otras palabras, que el acto es inexistente.

La ley no dice que el acto sea nulo, porque si así fuese, se entendería que el acto habría nacido a la vida del
derecho y producido los mismos efectos que el acto válido, hasta que, por cierto, la nulidad fuese declarada
judicialmente; y si llega a pasar cierto espacio de tiempo sin que eso ocurra, el acto nulo pasa a convertirse en
válido. Esta circunstancia no ocurre cuando falta un requisito de la esencia del acto jurídico, porque en estos
casos, el acto es inexistente y por lo tanto, no ha nacido a la vida del derecho y consecuentemente, no produce
efecto alguno.
2

Derecho Civil I

Para muchos autores esta es una demostración que don Andrés Bello acogió la Teoría de la Inexistencia. En
nuestra doctrina existe una gran controversia para determinar cual es la sanción civil máxima que consagra
nuestra legislación. La mayoría de los autores considera que es la nulidad absoluta, y otros piensan que es la
inexistencia. Estos se fundan justamente en las palabras del artículo 1444.

Objetivamente la inexistencia es distinta a la nulidad y de ahí el interés en determinar cual es la sanción que
aplica la ley frente a una determinada infracción. Porque si es la nulidad, el acto, como se dijo, va a producir
todos sus efectos hasta que la nulidad no sea decretada por sentencia judicial, pudiendo, incluso, sanearse por el
transcurso del tiempo. En cambio si la sanción es la inexistencia, el acto inexistente no va a producir jamás
ningún efecto, porque se entiende que no ha nacido a la vida del derecho.

b) Elementos de la naturaleza. Son aquellos que no siendo esenciales, se entienden pertenecer al acto sin
necesidad de una cláusula especial; de manera que las partes no necesitan hacer ninguna declaración para que se
entienda que estos elementos formen parte del acto.

En otras palabras, estos elementos forman parte del Acto y se convierten en ley particular para el autor o partes,
sin que sea necesario que hagan una declaración expresa en ese sentido.
Con todo, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes al celebrar el Acto, expresamente
pueden excluir estos elementos y en ese caso excluyen a estos de sus efectos propios.
Un ejemplo de estos elementos, en el caso de la compra venta, hay dos obligaciones que son de la naturaleza, a
saber:

1) El saneamiento de la evicción; que consiste en que si un tercero le disputa el dominio al comprador, el
tiene el derecho para citar al juicio al vendedor, a fin de concurra a defenderlo. Las partes, tal como se dijo,
pueden por medio de una cláusula expresa, excluir esta obligación.

2) El saneamiento de los vicios ocultos o redhibitorios. Estos consisten en que el vendedor deberá
responder ante el comprador por los vicios o defectos que pueda tener la cosa vendida. Otro ejemplo que
podemos consignar en esta materia, es aquel del artículo 1489 (la condición resolutoria tácita), esta consiste, en
que el legislador supone que en todo contrato bilateral, ante el incumplimiento de una de las partes con
cualquiera de las obligaciones que le impone el contrato, la ley le da a su contraparte, la diligente, la que ha
cumplido o que a lo menos se haya llana a cumplir, la posibilidad de poder pedir la ejecución forzada de la
obligación o la resolución de la misma y en ambos casos con indemnización de perjuicios.

Este es uno de los pocos casos en que la ley presume una condición.

En definitiva, estos elementos se diferencian de los de la esencia, porque estos últimos jamás pueden faltar; en
cambio los de la naturaleza si lo pueden hacer, si las partes expresamente así lo convienen y ellas están
plenamente habilitadas para hacerlo, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad.

c) Elementos accidentales. Son aquellos que ni esencial, ni naturalmente le pertenecen al acto y se le agregan
por medio de cláusulas especiales, para su existencia estos elementos necesitan que las partes expresamente los
incorporen al acto jurídico y al hacerlo van a alterar los efectos normales del acto.

Estos elementos se pueden definir como aquellos que la ley no subentienden, ni son necesario para la existencia
del acto, pero que las partes pueden agregar por medio de una estipulación expresa, estos elementos no
constituyen una consecuencia lógica del acto y así como para eliminar los elementos de la naturaleza, las partes
debían hacer una declaración especial, porque en el silencio de ellas, la ley lo subentendía. Así también, para
incluir estos elementos, las partes deben hacer una declaración especial, porque en el silencio de ellas, la ley no
lo subentiende.

Los elementos esenciales, así como los de la naturaleza, tienen en común el hecho de ser exigidos por la ley , en
cambio, los elementos accidentales son el producto de la autonomía de la voluntad. Ej.: Los elementos
accidentales más comunes son la condición, el plazo y el modo, pero hay otros como por ejemplo la
representación.

Los elementos accidentales se introducen para alterar los efectos normales del acto y también se le llaman
modalidades.
Requisitos de los Actos Jurídicos.

Hemos mencionado que todo acto jurídico debe contener ciertos elementos esenciales para adquirir existencia
jurídica.

Por otra parte, el acto que nace a la vida del derecho debe cumplir con ciertas condiciones para tener una
existencia sana y producir sus efectos en forma estable.

De lo anterior fluye una distinción tradicional en doctrina: requisitos de existencia y requisitos de validez de
los actos jurídicos.

.- Requisitos o condiciones de existencia de del Acto Jurídico.
3

Derecho Civil I

Son aquellos indispensables para que el Acto Judicial pueda nacer a la vida del Derecho, de manera que sin ellos
el Acto Jurídico no nace, ni viciado, ni de ninguna otra forma.
Estos requisitos son los mismos de la esencia generales; a saber :

1) La voluntad,
2) El objeto,
3) La causa; y,
4) Las solemnidades, en aquellas casos en que la ley las exige en consideración a la naturaleza del acto o
contrato.

Si alguno de estos requisitos no esta presente o llega a faltar, en teoría la sanción debería ser la INEXISTENCIA.
Sin embargo, como se dijo, existe una gran discusión en nuestra legislación para determinar cual es la máxima
sanción civil que consagra nuestro Código y la doctrina se encuentra dividida.
Para los autores que piensan que la máxima sanción es la inexistencia, la sanción que se debería aplicar, si falta
alguno de estos requisitos, seria precisamente esta; En cambio, para quienes piensan que la máxima sanción es la
nulidad absoluta, la sanción que debería aplicarse, estaría representada por esta misma.
.- Requisitos, condiciones o elementos de validez del Acto Jurídico.

Son aquellos indispensables para que el acto jurídico pueda subsistir eficazmente en la vida del Derecho, en otras
palabras, para que aquél tenga una vida sana y produzca sus efectos en forma estable.
Cuando falta uno de estos elementos el Acto Jurídico nace, pero adoleciendo de un vicio de nulidad, y mientras
su nulidad no sea declarada por sentencia judicial, el Acto Jurídico va a producir los mismos efectos que el acto
válido y aún más, incluso pasado cierto tiempo, sin que se declare dicha nulidad, se produce la conversión del
acto nulo; en otras palabras, significa que el acto se va a entender válido para todos los efectos legales.
Son requerimiento de validez del Acto Jurídico:
1) La voluntad exenta de vicios,
2) El objeto lícito,
3) La causa lícita; y,
4) La capacidad de las partes.
Si existe objeto ilícito, causa ilícita o falta de capacidad de las partes, tratándose de los absolutamente incapaces,
la sanción es la nulidad absoluta y si por el contrario falta la voluntad exenta de vicios o la capacidad de las
partes, tratándose de los relativamente incapaces, la sanción es la nulidad relativa.
Clasificación de los Actos Jurídicos.
I.- PUBLICOS o PRIVADOS
Actos Jurídicos Públicos; son aquellos que se encuentran regulados por el Derecho Público y tienen esta
categoría, todos los actos de gestión o administración de las autoridades públicas, y a estos actos jurídicos se les
llama simplemente, actos administrativos. Como por ejemplo, un decreto Supremo promulgatorio de una ley
(Asimismo, este es un acto jurídico unilateral, porque es una manifestación de voluntad).
Actos Jurídicos privados; Son aquellos que realizan los particulares entre sí, o bien que éstos celebran con
órganos del Estado, cuando éste actúa sin imperio, como Fisco. Por ej.: cualquier contrato que se celebre con un
Ministerio.
II.- Según si está regulado o no por la ley, se distingue entre:
a) Acto Jurídico nominado o típico: Es aquel que tiene una regulación legal, no vasta que la ley lo
mencione, para que el acto se considere nominado, es necesario que se encuentre reglamentado o regulado por la
ley. Por ej.: todos los contratos regulados por el Código Civil.

b) Acto Jurídico inominado o atípico: Es aquel que no tiene una regulación legal; estos actos jurídicos
son producto de la autonomía de la voluntad. Por ej.: el contrato de corretaje no tiene regulación legal.

III.- Según las voluntades necesarias para el acto pueda nacer. El acto jurídico se clasifica en:
a) Unilateral: Es aquel que nace por la voluntad de una sola parte, es decir, precisa sólo de una sola
voluntad para producir las consecuencias jurídicas deseadas. Por ejemplo. El testamento, en él sólo interviene la
voluntad del testador, también es un Acto jurídico unilateral, el reconocimiento de un hijo natural, ahí sólo
interviene la voluntad del padre. Asimismo, la renuncia de un derecho hecho en los términos del artículo 12 del
Código Civil, constituye un Acto jurídico unilateral.

Actos Juridicos unilaterales colectivos
Es posible que en los actos jurídicos unilaterales intervenga la voluntad de varias personas, pero se manifiesta la
voluntad de todas éstas en un mismo sentido, en ese caso el Acto sigue siendo unilateral, y se denominan Actos
Jurídicos unilaterales colectivos. Por ej.: la renuncia de varios usufructuarios al derecho de usufructo, en dicho
acto hay una sola parte, aunque ella está constituida por más de una persona.

Para determinar si un acto jurídico es unilateral o no, se debe analizar el momento en que nace el acto jurídico.
En efecto, si en su nacimiento intervienen una sola voluntad, sea de una persona o de varias como los
unilaterales colectivos, en ese caso el acto jurídico será unilateral.

4

Derecho Civil I

Si un acto jurídico nace como unilateral se va a desarrollar y se va a extinguir con esta naturaleza. Es decir, si
durante el desarrollo del acto llegaren a concurrir voluntades posteriores, complementándolo, el acto no se
convierte en bilateral, siempre conservará su naturaleza unilateral.

Como en los actos jurídicos unilaterales interviene una sola voluntad, que por si sola es capaz de producir
consecuencias jurídicas, el legislador se ha preocupado de proteger esa voluntad, porque es una voluntad única
que crea derechos y obligaciones y la ley desea que esa voluntad se exprese en la forma adecuada, que no haya
dudas acerca de ella. Por este motivo es que la mayoría de los actos jurídicos unilaterales son solemnes. Por ej.:
el reconocimiento de un hijo natural; el testamento, etc.

En los actos jurídicos unilaterales no cabe hablar de partes, sino que se habla de autor, porque interviene una sola
voluntad; el término partes se reserva para aquellas personas que teniendo intereses antagónicos o contrapuestos,
se ponen de acuerdo para dar nacimiento a un acto jurídico bilateral.

b) Bilateral. Se caracterizan por que son creados por el concurso o concierto de voluntades de dos partes.

Aquí cabe hablar de las partes, ya que esta expresión evoca la idea de que debe haber un interés contrapuesto,
situación que justamente se da en este tipo de actos, porque en ellos resulta indispensable la presencia de a lo
menos dos partes quienes expresan sus voluntades.

Las voluntades de las partes son confrontacionales, se manifiesta en sentidos distintos (contrarios). Ej.: El
comprador quiere adquirir y el vendedor quiere desprenderse de la cosa y con ello obtener una ventaja
patrimonial.

El acto Jurídico bilateral va a nacer cuando estas voluntades confrontacionales se encuentren y se logre el
consentimiento; y éste, es el acuerdo, concurso o concierto de voluntades.

La doctrina designa al acto jurídico bilateral con el nombre de convención, y la define como el acuerdo de
voluntades de dos partes, con un propósito definido y característico que produce como efectos la
adquisición, modificación o extinción de derechos subjetivos.

En los actos jurídicos bilaterales la regla general es que las partes se encuentren en un pie de igualdad y por este
motivo el legislador no se ha preocupado de regular, en forma estricta, estos actos, y consecuencia de eso, es que
la mayoría de los actos jurídicos bilaterales son consensuales, es decir, se perfeccionan por el simple consenso de
las voluntades. A diferencia de los actos jurídicos unilaterales, que como dijimos, en su mayoría son solemnes.

Ahora bien, todo contrato, sea unilateral o sea bilateral, siempre es un acto jurídico bilateral, porque por su
definición, el contrato, cualquiera que sea, requiere de un acuerdo de voluntades.

Esto conviene tenerlo presente y no confundirse, toda vez que nuestro Código Civil, en el art. 1439 clasifica, por
su parte, a los contratos en: unilateral y bilateral. Pero no perdamos de vista que ambos, como dijimos, son actos
jurídicos bilaterales.

El Contrato Unilateral. Es aquel que se presenta cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae
obligación alguna. Ej.: El comodato o préstamo de uso. Este contrato sólo genera obligaciones para el
comodatario (el que recibe la cosa dada en comodato, obligándose a conservarla, cuidarla y restituirla al primer
requerimiento)

Con todo, puede suceder que después de celebrado el contrato de comodato nazcan obligaciones para el
comodante, pero en ese caso el contrato sigue siendo unilateral, no se convierte en bilateral.

En el derecho romano a estos contratos que al momento de su nacimiento generaban obligaciones sólo por una
parte, pero que después con ocasión de ellos generaban obligaciones para la otra parte, se les llamaba
sinalagmáticos imperfectos.

En definitiva, lo que el legislador mira para calificar a un acto jurídico en unilateral o bilateral es que el número
de voluntades que interviene en el acto, si interviene una sola será unilateral, si intervienen por lo menos dos,
será bilateral. En cambio lo que el legislador mira para calificar a un contrato en unilateral o bilateral será
cuantas de las partes se obligan. si se obliga sólo una, es unilateral; y si se obligan ambas, el contrata será
bilateral. Por ej.: La compraventa; El arrendamiento; El mandato.

IV.- Según si los Actos jurídicos son susceptibles de avaluación pecuniaria; se distingue entre:

a) Patrimoniales. Es aquel que tiene un contenido preferentemente económico o pecuniario Ej.: una
compraventa ó arrendamiento.

En este tipo de actos opera con toda su fuerza el principio de la “autonomía de la voluntad”, por lo tanto, las
partes son libres para alterar las reglas dadas por el ordenamiento jurídico en esta materia.

b) Extrapatrimonial o de familia:.- Es aquel que mira preferentemente los intereses del derecho de familia; y su
contenido económico o no existe o no tiene la menor relevancia Ej.: el reconocimiento de un hijo como natural
5

Derecho Civil I

(es un acto jurídico unilateral y extrapatrimonial); El matrimonio es un contrato bilateral extrapatrimonial (los
contrayentes no pueden alterar este contrato).

En los actos extrapatrimonial no rige el “principio de la autonomía de la voluntad” porque sus normas son de
orden público y por lo tanto, las partes no pueden alterar las reglas dadas para ellos. Consecuencia de lo referido
precedentemente, es que los actos jurídicos extrapatrimoniales sean todos nominados, todos tiene una especifica
regulación legal.
V.- Según si las partes están en igualdad para determinar las cláusulas del Acto Jurídico que celebran, estos
se clasifican en:.

a) Acto Jurídico de Libre Discusión: Constituyen la regla general, y son aquellos en que las partes se encuentran
un pie de igualdad, pudiendo discutir libremente todas las condiciones y cláusulas del acto. A estos actos
jurídicos también se les llama actos jurídicos abiertos Ej.: arrendamiento, mandato y comodato.

b) Acto Jurídico Dirigido.- Son aquellos cuyas condiciones básicas se encuentran reguladas por la ley, con la
finalidad de proteger a una de las partes por encontrarse en una posición de subordinación; en estos Actos
Jurídicos las partes no están en un pie de igualdad y por este motivo el legislador regula las condiciones mínimas
del acto, otorgándole libertad a las partes para que regulen el resto de las cláusulas y condiciones del mismo.
Con el objeto de velar por que se respeten las condiciones mínimas establecidas por el legislador, es que la ley
establece que estas disposiciones son irrenunciables por ej.: el contrato de trabajo (las partes no están en un pie
de igualdad).

c) Actos Jurídicos Forzosos.- Son aquellos que el legislador obliga a celebrar para ejercer un determinar
acto jurídico; por ej.: el contrato de seguro automotriz obligatorio; también el caso de los funcionarios públicos
que manejan dinero, los cuales tienen que rendir una finanza.

d) Actos Jurídicos de Adhesión (estandarizados). Son aquellos en que una de las partes tiene la facultad de
imponer todas las condiciones del acto y la otra es libre para celebrar ese acto o no, pero si se decide a hacerlo,
estará obligada a respetar las condiciones impuestas por la otra parte. Por ej.: el contrato de seguro, el contrato de
transporte.

En estos actos jurídicos de adhesión, generalmente, la parte que impone las condiciones lo hace por tener el
monopolio de la actividad a que se dedica.
VI Clasificación del acto Jurídico según la utilidad que le reporta a las partes: Al tenor de lo que señala el
artículo 1440 se distingue entre:

a) Acto jurídico gratuito o de beneficencia.
b) Acto jurídico oneroso.-

Esta clasificación la hace el Código en relación con los contratos, sin embargo toda la doctrina considera que
debe extenderse a todos los actos jurídicos.

a) Acto jurídico gratuito o de beneficencia.- Se presenta cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las
partes sufriendo la otra el gravamen, es decir, en estos actos la parte que sufre el gravamen no reporta ninguna
utilidad, ni compensación. Por ej.: la donación; el comodato, el mutuo sin interés).

b) Acto jurídico oneroso.- Es aquel que tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes gravándose cada uno
en beneficio del otro.

En estos actos jurídicos el beneficio que obtiene una parte, tiene como causa el gravamen de la otra. Por ej.: La
compraventa, el beneficio del vendedor es el precio que es el gravamen del comprador.

La utilidad que se reporta en estos actos es subjetiva, porque ambas partes creen que van a obtener un beneficio.
De cualquier manera, cuando el derecho habla de beneficio, se refiere siempre a un beneficio de tipo patrimonial.

Victorio Pescio, sostenía que el acto oneroso supone una ventaja que se concede a cambio de otra que se recibe.

Este tipo de Actos Jurídicos admite una subclasificación, a saber:

1.- Acto Jurídico oneroso conmutativo.
2.- Acto Jurídico oneroso aleatorio. (art. 1441)

1) Acto Jurídico Oneroso Conmutativo.- Se presenta cuando una de las partes se obliga a dar, o hacer o no hacer
una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte deba dar, hacer o no a su vez.

Lo esencial en este contrato es que las prestaciones de las partes se miran o consideran como equivalentes, esta
apreciación que hacen las partes es subjetiva, porque no existe nada que objetivamente sea equivalente a otra.

Por lo tanto, es una estimación subjetiva que hacen las partes al momento de celebrar el acto o contrato, por eso
es que la ley dice que las prestaciones se miran como equivalentes.

6

Derecho Civil I

2) Acto Jurídico Oneroso Aleatorio: Este acto jurídico se presenta cuando el equivalente consiste en una
contingencia incierta de ganancias o pérdidas.

Planiol sostenía, que en el acto aleatorio las partes no saben cual va a ser el resultado del acto; así como en el
conmutativo las partes están convencidas de que las prestaciones son equivalentes, aquí eso lo ignoran, no saben
quien va obtener una utilidad y quien un perjuicio. Ej.: el contrato de seguro (las partes no saben quien va a
ganar). El contrato de juego también es aleatorio, y es aquel que se presenta cuando dos partes convienen en
competir, de modo que la que resulte perdedora deberá pagar a la otra cierta cantidad de dinero, o una especie o
cuerpo cierto. Es aleatorio, porque las partes no saben quien gana. También la apuesta es un contrato en que dos
o más partes que discuten acerca de la ejecución de un hecho dudoso convienen, que la que resulte no tener
razón, deberá pagar a la otra cierta cantidad de dinero o una o más especies o cuerpo cierto. Otro ej.: la renta
vitalicia, es un contrato aleatorio en que una persona se obliga a pagar a otra cierta cantidad de dinero a cambio
de una indemnización, durante toda la vida de quién recibe el dinero de un tercero. Es parecido al seguro. Otro
ej.: es la cesión de derechos hereditarios, el heredero una vez que ha fallecido el causante puede ceder sus
derechos a un tercero a cambio de un determinado precio, y este acto es aleatorio, porque como aún no se ha
hecho la partición el heredero ignora cuanto es lo que va a recibir (tiene la idea pero no la certeza).

Otro caso es la caso es la compraventa de cosas futuras que puede revestir dos formas de acuerdo al art. 1813
Código Civil. Este art. regula dos formas diferentes que puede tener la compraventa cuando es de cosas futuras:
En primer lugar, la regla general, es que la compraventa de cosas futuras sea conmutativa y condicional. Es
conmutativa, porque las prestaciones de las partes se miran como equivalentes; y es condicional, porque para que
se entienda perfecta la compraventa debe cumplirse una condición, cual es, que las cosas futuras lleguen a
existir. Ej.: comprar un departamento aún no terminado. Segunda forma: La compraventa de cosas futuras puede
ser: Aleatoria, pura y simple. Estas situaciones se presentarán cuando la compraventa se entienda perfecta,
aunque las cosas futuras no lleguen a existir. En ese caso el contrato es aleatorio, porque el equivalente consiste
en una contingencia incierta de ganancia o pérdida.

Será pura y simple porque no existe ninguna modalidad que afecte la existencia del acto. 1° ejemplo: de esta
segunda forma de compraventa, según Planiol, hay compraventa aleatoria cuando una persona le dice a un
pescador que le comprara todo lo que pueda pescar en dos horas por tal precio. Esa compraventa es aleatoria, la
persona que encargó la pesca no sabe si va a perder o ganar. Y al mismo tiempo, pura y simple, porque no
depende de una condición.
VII.- Clasificación del Acto Jurídico, según la forma de perfeccionarse y al tenor del art. 1443, se distingue
entre:

a) Consensual.
b) Real.
c) Solemne.

a.- Acto Jurídico Consensual : Se perfecciona por el sólo consentimiento de las partes y es la regla general.
Ejemplos: Compraventa de bienes muebles, mandato arrendamiento.

En estos actos el consentimiento se puede manifestar en forma expresa o tácita, e incluso, en oportunidades, el
silencio, si se encuentra rodeado de ciertas circunstancias, también se puede considerar como manifestación del
consentimiento.

b.- Acto Jurídico Real: Es aquel en que además del consentimiento para que se entienda perfecto es necesaria la
entrega o tradición de la cosa objeto del acto.

El Código Civil cuando se refirió al acto jurídico real, dio una definición incompleta de él, porque señala que es
aquel que se entiende perfecto por la tradición de la cosa y si bien ciertos actos jurídicos reales se entienden
perfectos por la tradición, como por ejemplo: el mutuo; otros se entienden perfectos por la simple entrega
material de la cosa, como por ej.: el depósito, el comodato , la prenda.

En los actos jurídicos reales, la entrega o tradición de la cosa resulta indispensable para que el acto pueda nacer a
la vida del derecho, y esta es la principal diferencia que estos actos tienen con los actos consensuales. Porque en
muchos actos consensuales, también debe hacerse una entrega o tradición, pero esta es una obligación que nace
después de que se ha celebrado el contrato, es decir, esta obligación surge después de que el acto ha nacido a la
vida del derecho.

c.- Acto Jurídico Solemne: Es aquel que para nacer a la vida jurídica, además del consentimiento, requiere que
se cumpla con ciertas formalidades reguladas por la ley. De manera que si no se cumplen con ellas, el acto no
nace a la vida jurídica.

Por ejemplo: la compraventa de bienes raíces es solemne, y la solemnidad está representada por el otorgamiento
de escritura pública. (art. 1801, inc. 2°).

El consentimiento se manifiesta con el cumplimiento de la correspondiente formalidad.

Funciones.
7

Derecho Civil I

1° en primer lugar, la solemnidad cumple un rol creador del Acto Jurídico, porque para que este pueda nacer y
existir a la vida del derecho debe cumplirse con la solemnidad correspondiente.

2° Es la única forma que tienen las partes para expresar su voluntad en estos actos; la ley ha restringido la
autonomía de la voluntad. Y la única forma que tienen las partes para expresarla, es justamente, a través del
cumplimiento de la solemnidad. Es una ley imperativa la que obliga a cumplir la solemnidad.

3° La solemnidad va a ser la única forma que las partes tienen para probar el acto, de manera que sino se cumple
con la solemnidad, el acto no se podrá probar por ningún otro medio .

VIII. Clasificación del Acto Jurídico.

a) Entre vivos.
b) Por causa de muerte.

a.- Acto Jurídico entre vivos.- Produce sus efectos en vida de las partes o de su autor y constituye la regla
general, como por ej. la compraventa, arrendamiento, comodato.

b.- Por causa de muerte: Nace en vida de las partes o de su autor, pero sus efectos patrimoniales los produce a
contar de la muerte de ellos. Estos actos tienen una particularidad, que consiste en que, como sus efectos se
producen a la muerte de su autor, se pueden revocar cuantas veces se deseen. Ejemplo: el testamento, este se
hace en vida del testador y mientras viva pude revocarlo o modificarlo.
IX. Clasificación de los Actos Jurídicos. Según como produce sus efectos, se distingue entre:

a) Actos Jurídicos Instantáneos.
b) Actos Jurídicos sucesivos continuados o de tracto sucesivo.

a.- Actos Jurídicos Instantáneos.- Constituye la regla general, son aquellos que por su naturaleza misma,
permiten que sus efectos se produzcan de inmediato y en un solo instante. En ellos las obligaciones se cumplen
en el momento mismo de contraerse. Por ejemplo: La compraventa.

b.- Actos Jurídicos sucesivos continuados o de tracto sucesivo.- Es aquel que por naturaleza sus efectos no se
pueden cumplir inmediatamente, no se agotan de una sola vez, sino que se van produciendo paulatinamente en el
tiempo. Por ejemplo: el arrendamiento, el seguro, el matrimonio, la sociedad.

Esta clasificación es importante, porque si en un acto de tracto sucesivo opera alguna causal como para pedir la
resolución, ésta pasa a llamarse terminación, y sólo produce efectos hacia el futuro, deja intacto lo ya devengado,
y se diferencia de la resolución, porque ésta opera con efecto retroactivo.

X. clasificación del acto jurídico, según si esta afecto o no a alguna modalidad, se distingue entre:

puro y simple
Sujeto a modalidad.

a.- Acto Jurídico puro y simple.- Es aquel que produce sus efectos en forma normal y definitiva. Constituyen la
regla general en la materia.

b.- Acto Jurídico sujeto a modalidad.- Son aquellos en que las partes, en virtud del “principio de la autonomía
de la voluntad” le han incorporado elementos accidentales para alterar sus efectos normales. Ejemplo: Una
compraventa donde se establece un plazo o una condición.
XI.- Clasificación de los actos jurídicos, según si subsisten por si mismos, y al tenor de lo que regla el art.
1442, se distingue entre:

A acto jurídico principal.
B acto jurídico accesorio.

a.- Acto Jurídico principal: Es aquel que subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención, y constituye
la regla general. Ejemplo Compraventa.
El contrato principal, por tanto, es el que tiene una vida propia e independiente, como la compraventa, el
arrendamiento.

b.- Acto Jurídico Accesorio: Se presenta cuando tiene por objeto asegurara el cumplimiento de una obligación
principal, de manera que no pueda subsistir sin ella.
Estos actos se denominan en general cauciones, en los términos del art. 46.

El interés de esta clasificación deriva de la aplicación del principio “de que lo accesorio sigue la suerte de lo
principal”. El contrato accesorio no puede subsistir sin una obligación principal: Por consiguiente, las causas
que extinguen la obligación principal, extinguen igualmente las que provienen del contrato accesorio. Por esto,
8

Derecho Civil I

“la nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal”. (art. 1536); la fianza se extingue total o
parcialmente “por la extinción de la obligación principal en todo o parte” (art. 2381 N°3); se extingue la hipoteca
“junto con la obligación principal” (art. 2434, inc. 1)

El contrato accesorio no puede subsistir sin una obligación principal, pero puede existir sin ella. en otros
términos, se concibe el contrato accesorio sin que exista aún la obligación principal; es inconcebible que
sobreviva a la extinción de la obligación principal.

La caución puede constituirse para garantizar una obligación futura y, en tal caso, existirá la obligación accesoria
antes que la principal. (arts. 2339 y 2413)

Requisitos de existencia y validez del acto jurídico.
Los requisitos de validez, están consagrados en el art. 1445 C. C.

Esta redacción ha sido muy criticada, porque de ella se desprende que estos requisitos sólo serían aplicables a los
actos jurídicos bilaterales, y ello, porque este art. dice: “Para una persona se obligue a otra” y además porque la
disposición habla de consentimiento.
Sin embargo, toda la doctrina está de acuerdo en estimar que este, fue sólo un error de redacción, pero que los
requisitos de validez son aplicables tanto los actos jurídicos bilaterales como unilaterales.

1. La Voluntad

La jurisprudencia ha señalado que la voluntad: “es la intensión, ánimo o resolución para hacer una cosa”.

La voluntad se puede definir: “Aptitud o facultad humana, manifestada con discernimiento, intención y
libertad, para hacer algo u obrar en un sentido determinado”.

Requisitos de la voluntad; se clasifican en:

1. Requisitos Internos.

a) Discernimiento: consiste en que la persona debe juzgar y apreciar el valor de las diferentes acciones.

b) Intención: consiste en la decisión que adopta la persona, para actuar de una determinada forma.

c) Libertad: consiste en que la persona debe actuar, sin encontrarse amenazada, presionada o manipulada.

2. Requisitos Externos: este únicamente esta constituido por el hecho de que la voluntad debe
exteriorizarse y puede ir dirigida a personas ya sea determinada o indeterminada.

Cuando el acto jurídico es bilateral, al exteriorizarse las voluntades de las partes, nace el consentimiento, que es
el concurso real de voluntades coincidentes.

Etimológicamente la palabra consentimiento significa “sentir juntos”.

En el derecho clásico, como en el nuestro, la regla general es que: nadie puede obligarse contra su voluntad, sin
embargo, excepcionalmente, es posible que la voluntad de la persona que se obliga este ausente:
Como por ej.

1- la compraventa de cosa ajena. Con todo, esta no constituye propiamente una excepción a la regla general,
porque el dueño de la cosa vendida no resulta obligado, precisamente porque no ha intervenido su voluntad, y
por este motivo es que esta compraventa le es inoponible, no le afecta. Otro caso, se presenta cuando el
legislador permite que se obliguen personas sin que hayan expresado su voluntad, porque a juicio de la ley, estas
personas o no tienen voluntad jurídica o la que tienen es incompleta. En el primer caso, hablamos de los
absolutamente incapaces, y en el segundo, de los relativamente incapaces. La voluntad también se encuentra
ausente, cuando se ha empleado la fuerza física, en estos casos no existe voluntad, por esta razón, la fuerza física
no es un vicio de la voluntad, porque la excluye absolutamente; como veremos, la única fuerza que resulta ser
vicio de la voluntad, es la fuerza moral, y en estos casos, la persona que resulta obligada podrá alegar la
inexistencia del acto, porque faltará un elemento de existencia, la voluntad misma. Finalmente, también se
considera ausente la voluntad, cuando el acto jurídico es solemne y no se ha cumplido con la solemnidad.

Condiciones jurídicas de la voluntad.
Para que la voluntad produzca efectos jurídicos, deben cumplirse los siguientes requisitos copulativamente.

1.- La voluntad se debe exteriorizar, mientras esta permanezca en el fuero interno del individuo, es irrelevante
para el derecho.

2.- La voluntad debe ser seria, se debe expresar con la intención de producir efectos jurídicos, y para que se
sienta cumplido este requisito, es necesario que la voluntad haya sido expresada por una persona plenamente
capaz, que pueda actuar a nombre propio o a nombre de otro estando debidamente autorizada.

9

Derecho Civil I

3.- La voluntad debe ser sana, es decir, no debe estar viciada; y los vicios de la voluntad son: El error; la fuerza
y el dolo.

4.- La voluntad debe tener una causa lícita, es decir, el motivo que induce al acto o contrato debe estar ajustado
a derecho. Y,

5.- Debe tener un objeto lícito, es decir, la o las obligaciones que genera el acto jurídico, asimismo, también
deben ajustarse a derecho.

Formas en que se puede expresar la voluntad
La voluntad se puede expresar de la siguientes maneras: expresa; tácita; presunta y a través del silencio
circunstancial.

1).- Voluntad expresa. Es aquella que se formula en términos formales y explícitos; habla por si mismo y no le
crea a la persona a quien va dirigida ningún problema de interpretación. Esta voluntad es la más precisa de todas.
Ej. de voluntad expresa:

a) Art. 1241, señala que la aceptación de una herencia, puede ser expresa o tácita y dice que es expresa cuando
se toma el título de heredero.
b)Art. 1242 aclarando esta idea, señala cuando se entiende que se ha tomado el título de heredero.

Existen ciertos casos en que el legislador le exige a las personas este tipo de manifestación de voluntad; y estos
casos son:

a)- Cuando las partes, en virtud del principio de la “autonomía de la voluntad” lo han convenido.

b)- En la solidaridad; para que se entienda que hay solidaridad, debe pactarse expresamente. La solidaridad no se
presume.

2).- Voluntad Tácita. Es aquella que se deduce de ciertos comportamientos exteriores de la persona que
inequívocamente manifiesta su intención. En este caso el comportamiento necesita de una interpretación, pero
esta debe conducir, de un modo indubitado, a sólo una conclusión, es decir, el comportamiento o la actitud de la
persona deben ser claros, de manera que sólo se pueda extraer una única conclusión. Por ej.

a) art. 1241, señala que la aceptación de una herencia es tácita, cuando el heredero ejecuta un acto, que
supone necesariamente su intención de aceptar, por ej. si pago una deuda que tenía el causante.
b) Art. 1654, señala los casos en que hay remisión tácita. La remisión es un modo de extinguir cuando el
acreedor perdona la deuda.
c) Art. 1135, inc. 2°, señala que la enajenación de las especies legadas, implica la revocación del legado y esa
revocación es tácita.

Alessandri dice que la voluntades es tácita, cuando el contenido de nuestro propósito no es revelado explícita y
directamente, sino que se deduce de ciertas circunstancias concurrentes en la conducta o comportamiento de una
persona, pero este debe conducir a una sola interpretación.
Puede acontecer que la persona no desee que su comportamiento sea considerado como voluntad tácita y en
estos casos la persona debe protestar.

La protesta, es un acto jurídico unilateral, a través del cual, una persona expresa su decisión de no querer ser
interpretado de una determinada manera. Ejemplo Art. 1244 C.C.

La protesta es diferente de la reserva, porque en ésta, se entiende que una persona hace uso de un derecho, sin
renunciar a los otros derechos que pueda tener, y se presenta, cuando existen derechos alternativos, por ejemplo:
en el caso de la condición resulta tácita del art. 1489. (si una parte no ha cumplido con su obligación, la otra
tiene un derecho alternativo, porque puede pedir o la ejecución forzada o la resolución y en ambos casos con
indemnización de perjuicios) y en virtud de la reserva, la parte señala que el optar por un camino no implica
renunciar al otro.

3).- Voluntad Presunta Es aquella que la deduce la ley de ciertos hechos; en la voluntad presunta, la ley
presume la voluntad cuando se dan ciertas circunstancias que la propia ley determina. En este caso, el
comportamiento de la persona puede conducir a varias interpretaciones, pero es la ley que le da valor a una de
ellas. Ejemplo caso de las presunciones legales que hace el legislador.

4).- El silencio circunstanciado. El silencio considerando en si mismo no puede estimarse como expresión de
voluntad.
En el silencio, a diferencia con lo que ocurre con la voluntad tácita y presunta, existe una pasividad absoluta.

Los autores en general consideran que el silencio es equivoco y neutro.

10

Derecho Civil I

Nuestro Código Civil no reglamenta el silencio, pero la regla general es que el silencio no tenga ningún valor.
Sin embargo, existen ciertos casos excepcionales, en que la ley le da valor al silencio y ese silencio se llama
circunstanciado, al cual la ley, justamente, le ha asignado valor.

Casos de silencio circunstanciados consagrados en el código:

Art. 1956 inc. 3° este art. consagra la tácita reconducción, ubicada en el arrendamiento; La tácita reconducción,
consiste en que si llega el día fijado para el término del contrato, y la cosa arrendada es un bien raíz; y el
arrendatario, con el acuerdo del arrendador, hubiere pagado la renta o se hubiese manifestado de otro modo, su
intención de continuar con el contrato, se va entender renovado éste, bajo las mismas condiciones que antes.
En el caso de la tácita reconducción, la doctrina se encuentra dividida en cuanto a determinar su naturaleza
jurídica; y así, para Planiol, Ripert, Colin y Capitant. Se trata de un caso de silencio circunstanciado, porque
existe una pasividad, tanto por parte del arrendador como por parte del arrendatario. Pese a esto, la ley le da
valor a esa pasividad.
En cambio, para Alessandri, este es un caso de voluntad tácita, porque si bien las partes nada dicen, asumen una
actitud que inequívocamente conduce a una sola interpretación.

Art. 2125:
Otro caso de silencio circunstancial y en donde no se discute su naturaleza jurídica, lo encontramos en el
Mandato (art. 2125). Este art. señala que aquellas personas que se dedican a gestionar negocios ajenos están
obligadas a señalar si aceptan o no el encargo que se les ha dado, de lo contrario su silencio se mira como
aceptación.

Art. 1232, inc 1° y 1233
Otro caso lo encontramos en las aceptaciones de las herencias (art. 1232, inc 1° y 1233). La regla general, es
que el heredero es libre para aceptar o repudiar la herencia, sin embargo, como el no puede permanecer en la
indecisión en forma indefinida, la ley permite que los acreedores del causante recurran al juez para que este le
fije un plazo al heredero, y ese plazo es de cuarenta días (esta fijado en la ley) y si transcurre dicho plazo, sin que
el heredero repudie o acepte la herencia, la ley señala que el heredero está constituido en mora, y como
consecuencia de ello, se presume que repudia.

Fundamentos que existen para darle valor al silencio circunstanciado. A este respecto existen dos posiciones;
a saber:

a) Doctrina Alemana, considera que el silencio circunstanciado debe tener valor basándose en los principios de
la buena fe y de la honorabilidad comercial. De manera que si la persona debe, por buena fe y por honorabilidad
comercial contestar y no lo hace, permaneciendo en silencio, ese silencio debe tener valor.

b).Doctrina francesa: apoya a la alemana, pero además considera que se le debe dar valor al silencio fundándolo
en el “principio de la responsabilidad Civil” y especialmente en la “teoría del abuso del derecho”, ya que es
posible, que el guardar silencio cause a quién hace la posición un daño, y de esta forma se incurre en
responsabilidad civil.

Casos en que el silencio jamás puede tener valor. A este respecto podemos señalar los siguientes:

a). En los actos jurídicos solemnes, en estos, si no se cumple con la solemnidad prescrita por la ley, el silencio
de las partes no puede estimarse como expresión de voluntad. Porque la única manera de expresar dicha voluntad
en estos actos, es a través del cumplimiento de la solemnidad.

b). En la donación entre vivos, aquí estamos en presencia de un contrato, de acuerdo a los términos de la ley; la
donación nunca se presume, de manera que exige una declaración de voluntad, por parte del donante, expresando
su deseo de querer donar; y al mismo tiempo exige también, una declaración de voluntad del donatario, quien
por su parte debe expresar su voluntad de querer aceptar la donación. (art. 1393). Justamente porque la donación
no se presume, es que
la ley señala que el que da lo que no debe, no se presume que lo dona, a menos que se pruebe que tuvo perfecto
conocimiento, tanto de los hechos como del derecho (art. 2299).

El silencio no debe causar daño, porque si causa perjuicio existirá un ilícito civil y por lo tanto, se deberá
responder de él.

c) Finalmente, el silencio jamás puede tener valor en los casos de solidaridad.

La intención negocial.- Se encuentra vinculada con uno de los requisitos de la voluntad, cual es el de la
seriedad.

En este sentido, podemos definir la intención negocial como la voluntad o ánimo que debe tener la persona que
hace una oferta de querer celebrar efectivamente el acto jurídico que propone.

La regla general, es que la voluntad sea seria, y por lo tanto, se presuma la intervención negocial, a menos que se
pruebe lo contrario. vinculado con esto, y a modo de ejemplo, podemos citar la condición meramente
protestativa; que es aquella que desprende exclusivamente de la voluntad del deudor o del acreedor. Y la ley
11

Derecho Civil I

agrega, que si esta condición depende exclusivamente de la voluntad del deudor, es nula, porque falta uno de los
requerimientos de la voluntad, que es la seriedad o intención negocia. Art. 1478 inc. 1° C. C.

Voluntad real o voluntad declarada.- La regla general es que haya coincidencia entre la voluntad real (la que
uno realmente tiene ) y la voluntad declarada (esto es, la que se expresa ). Pero puede ocurrir que no se produzca
esta conformidad y en estos casos surge el problema de determinar que voluntad debe prevalecer y existen
fundamentalmente dos teorías:

1). Teoría de la voluntad real, clásica , francesa; y,

El inspirador de esta teoría es Savigny y considera que si no existe concordancia entre las voluntades, debe
prevalecer la voluntad real, porque cualquiera que sea el medio usado para expresar la voluntad, siempre debe
considerarse la voluntad verdadera de la persona, esto es, lo que quiso decir la persona, por sobre lo declarado.

Para los partidarios de esta teoría, la declaración no es más que el medio de revelar o exteriorizar la voluntad, de
manera que ésta –la voluntad interna- es la que nos interesa.
Savigny dice, no siendo la voluntad más que el medio de expresar el pensamiento, en fin, debe evidentemente
estarse a ese pensamiento y conforme a él la voluntad expresada.

Esta teoría se ha criticado porque deja en la indefensión a la contraparte y a los terceros, ya que ellos confían en
que la voluntad declarada coincida con la verdadera y no tienen como saber cual es la voluntad interna.

Además se critica esta teoría, porque afecta al principio de la seguridad jurídica, ya que las partes creen que lo
que reza o lo que expresa el acto o contrato corresponde al querer de ellas

2). De la declaración de voluntad moderna o alemana.

Su principal exponente es Saleyes. Para está teoría, la declaración no es más que la objetivación del querer, es la
forma de materializar el querer de una persona. Y, por lo tanto, en homenaje a los terceros y por razones de
seguridad jurídica, la voluntad declarada debe prevalece.

Los partidarios de esta escuela, sostienen que no importa si esta voluntad coincide o no con la interna, porque
para que el negocio jurídico sea creado, basta con que la declaración sea querida, sin importar si refleja o no la
voluntad real de la persona. El medio que los hombres tienen para comunicarse y entenderse es la palabra, y el
que recibe una declaración tiene derecho a creer que ella corresponde a la voluntad efectiva, de otro modo,
cualquier contratación seria incierta, la seguridad jurídica desaparecería y el comercio no sería posible. En
consecuencia, no puede impugnarse un acto bajo el pretexto de que la voluntad declarada no corresponde a la
real.

Teoría de nuestro Código.-

Nuestro Código, expresamente no adhiere a ninguna teoría; sin embargo, de diferentes artículos se concluye que
don Andrés Bello siguió la teoría de la voluntad real o francesa; así: el art. 1560.- consagra la primera regla de
interpretación de los contratos, estableciéndose un criterio completamente distinto que el que se establece en
materia de interpretación de la ley. Esto es, porque la ley entiende que las partes pueden no conocer las palabras
legales y por lo tanto incurrir en errores; en cambio, se entiende que el legislador conoce las palabras legales. La
interpretación es distinta a la de los contratos.

Asimismo, el art. 1437.- que consagra las fuentes de las obligaciones, al regular el contrato habla del concurso
real de las voluntades.

El art. 1546.- que regula la forma de cumplir los contratos, permite concluir de su redacción, que es la voluntad
verdadera lo que debe prevalecer.

El art. 1707.- al regular las contra escrituras, que son aquellas que se presentan, cuando las partes para alterar o
modificar lo señalado en una escritura pública, suscriben otra escritura, que puede ser pública o privada a su vez.
Pero si de esta última (contra escritura) no se ha tomado razón de su contenido, sólo tendrá valor entre las partes,
pero le será inoponible a terceros.

El art. 677.- Establece que si hay error en el título, se vicia la tradición. Esto es así, porque la voluntad
verdadera de las partes no se encuentra registrada y por lo mismo, no se puede formar el consentimiento.

El art. 1069.- Señala que la voluntad del testador es la que debe prevalecer cuando se interprete un testamento.
De este modo, en materia de testamento se aplica el mismo criterio que en materia de interpretación de los
contratos, es decir, hay que estarse más a la intención del testador que a lo que expresen las palabras, ya que el
legislador entiende que el testador, al igual que las partes en un contrato, pueden incurrir en errores por no
conocer las palabras únicas de la ley.
La voluntad real debe ser probada en la práctica.

Formación del Consentimiento

12

Derecho Civil I

La palabra consentimiento viene del latín y significa sentir junto o tener un mismo sentir, y jurídicamente se
puede definir como: el concurso real de voluntades o acuerdo de voluntades de dos o más partes. Es propio de
los actos jurídicos bilaterales, porque es en ellos donde intervienen dos o más partes.

El consentimiento esta formados por dos actos jurídicos unilaterales y sucesivos que son “la oferta y la
aceptación”.

Nuestro Código no se refiere al proceso de formación del consentimiento, existe un vacío legal, pero como en el
derecho no puede haber vacíos, hay que recurrir a otro cuerpo legal que sí lo regula y es el Código del Comercio
el que llena dicho abismo. En este mismo vacío incurrió el Código Civil Francés.

El Código de Comercio de 1865 contiene las normas relativas a la formación del consentimiento entre los arts.
97 al 108 ambos inclusive.

En un comienzo, nuestros Tribunales señalaban que estas normas, las del Código de Comercio, no podrían
aplicarse en materia civil por ser normas especiales, sin embargo, posteriormente, cambio el criterio de la
jurisprudencia y señaló que las normas sobre formación de consentimiento, pese a estar ubicadas en una ley
especial, eran normas generales. Y así a través de un proceso de integración, estas normas se aplican en materia
civiles.

En nuestro sistema la regla general es que los actos jurídicos sean consensuales, y por lo tanto, con el sólo
consentimiento se entienden perfeccionados. Los actos jurídicos reales y solemnes son excepcionales, y, como
ya señalamos, en ellos también se necesita el consentimiento, lo que ocurre es que para que se entiendan
perfectos; además, es necesario la entrega o tradición de la cosa o el cumplimiento de una solemnidad. Es decir,
sea cual fuere el acto jurídico, el consentimiento debe estar siempre presente.

En la formación del consentimiento se pueden distinguir tres períodos:

a) De las tratativas o conversaciones preliminares. Aquí las partes se limitan a conversar, se produce un
acercamiento, pero no existe una voluntad vinculante. Se inicia con las primeras conversaciones de las partes y
termina con la oferta.
Este periodo puede no existir, y no existirá en aquellos casos en que una de las partes formule directamente la
oferta.

c) Periodo pre- contractual.- Se inicia con la oferta y termina con la aceptación. Dentro de este período se
produce todo el proceso de formación del consentimiento.

c) Período contractual.- Se inicia con la aceptación y es indefinido. Se va a entender que se inició la fase
contractual cuando se produce el consentimiento, y como consecuencia, el contrato habrá nacido quedando las
partes obligadas por él. Esto procederá cuando el acto jurídico sea consensual. Si el acto jurídico es real, para
que se inicie el período y nazca el contrato, se requerirá, además del consentimiento, la entrega de la cosa; y,
finalmente, si es solemne se requerirá el cumplimiento de la respectiva solemnidad.

El periodo pre contractual, que como dijimos, nace con la oferta y termina con la aceptación, está integrado por
los pre contratantes, que son el oferente, que es quién formula la oferta, éste también se llama proponente o
solicitante; y el destinatario que es quién recibe la oferta y pasará a llamar Aceptante, justamente cuando acepte
la oferta.

Este período esta formado por dos actos jurídicos unilaterales, los que permiten que pueda nacer el
consentimiento; a saber, la oferta y la aceptación.

La Oferta.

También se llama propuesta o policitación, es la proposición o declaración unilateral de celebrar un contrato,
dirigida por una persona a otra (s) determinada, y destinada a celebrar el contrato propuesto, si fuere aceptado en
tiempo y forma útiles.
En otras palabras, la oferta es un acto jurídico unilateral, en virtud del cual, una persona propone a otra la
celebración de un contrato, en términos tales que, para que éste quede perfecto, basta con que el destinatario de
ésta simplemente acepte.

Elementos de la oferta.-

a) .-Intención: Animo de querer celebrar el acto jurídico propuesto.
El determinar si hubo o no intensión corresponde a los tribunales de justicia. Pero en general, la jurisprudencia
ha considerado que no hay intención cuando la oferta es vaga, o si en ella se excluye el ánimo de obligarse para
el evento de que ésta sea aceptada.

b).- Manifestación. Es la exteriorización de la oferta, y puede ser expresa o tácita.
Expresa, es aquella que se hace en términos formales y explícitos; Tácita, es aquella que se deduce,
inequívocamente, del comportamiento o actitud que demuestra el oferente.
También la oferta puede clasificarse en verbal y escrita.
13

Derecho Civil I

El silencio nunca puede significar oferta, porque no se concibe una oferta con total pasividad del oferente,

Requisitos:
a) Debe ser seria. Debe existir el ánimo de obligarse por el acto jurídico propuesto.
b) Debe ser completa. Si se trata de un proyecto de contrato, debe contener todos los elementos esenciales
del acto, de manera que al destinatario no le quede ninguna duda acerca de lo que se le está proponiendo, y sólo
debe faltar para que exista el contrato, la aceptación del destinatario.
c) Debe estar dirigida a un destinatario. A este respecto, es el Código de Comercio es el que se encarga
de distinguir las situaciones que se pueden plantear, diferenciando entre

1.- oferta determinada hecha a persona determinada;
2.- oferta indeterminada hecha a persona determinada; y
3.- oferta indeterminada hecha a persona indeterminada.

La oferta no debe confundirse con las promesas que se hacen al público; estas consisten en que una persona
promete algo a cambio de una determinada prestación, y si esta prestación se cumple, se debe, asimismo,
cumplir con lo prometido. El ejemplo más típico, es la promesa de recompensa.

La situación de la promesa, jurídicamente hablando, es bastante peculiar, ya que se trata de una situación
excepcional de obligarse, en virtud de la cual, quien formula la promesa queda obligado por ella, en virtud de
una fuente distinta de las consagradas en el art. 1437. En efecto, la fuente de esta obligación es la declaración
unilateral de voluntad.

Otro caso excepcional, en que la declaración unilateral de voluntad vincula, y por lo tanto es fuente de
obligaciones, lo encontramos dentro de la oferta. Y es el caso en que el oferente se obliga a no retractarse.

Con todo, nuestra Corte Suprema en fallos reiterados, ha sostenido que las únicas fuentes de las obligaciones son
las consagradas en el art. 1437 rechazando a la declaración unilateral de voluntad como fuente.

.- Causales de caducidad de la oferta.
La oferta puede caducar por diferentes razones; a saber;

a) por la retractación del oferente;
b) por la muerte del oferente;
c) por la incapacidad legal sobreviniente del oferente;
d) por la quiebra; y, e) por la llegada del plazo.

a) Por la retractación del oferente.

La retractación de la oferta es la revocación de la misma, no necesita ninguna solemnidad especial, pero debe
manifestarse en forma inequívoca.

El oferente, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, tiene plena libertad para retractarse, pero
tiene una limitación, y ésta consiste en que para que la retractación valga debe ser tempestiva, es decir, debe
darse en tiempo útil, y se entiende que se da de esta manera, cuando la oferta aún no ha sido aceptada. Esto,
porque una vez que se produce la aceptación, se forma el consentimiento, y como la regla general es que los
contratados sean consensuales, se va a entender perfeccionado el contrato, por lo tanto el oferente ya no podrá
retractarse, porque actúa obligado por el contrato que ya nació.

La ley también permite, que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, el oferente voluntariamente
se autolimita en su facultad de retractación, es decir, formule una declaración unilateral de voluntad, de carácter
excepcional, a través de la cual se obliga o no a retractarse.

Con todo, esta declaración debe siempre ser expresa no presume. Esta declaración unilateral de voluntad que
formula el oferente se te llama oferta irrevocable (no se puede arrepentir).

Esta oferta irrevocable puede ser de dos maneras diferentes:

1) En que el oferente se compromete a esperar respuesta.
En estos casos, el oferente no puede retractarse de su oferta mientras no se le conceda la respuesta esperada. Por
ejemplo: yo vendo el código en $30.000 y digo contéstame.

2) La Segunda de las ofertas irrevocables consiste en que el oferente se compromete a no disponer de la
cosa o a esperar por un plazo determinado la respuesta del destinatario.
En estas dos ofertas irrevocable la fuente de la obligación del oferente es la declaración unilateral de voluntad.

Efectos de la revocación ¿Que sucede si el oferente se retracta?.- Si el oferente se retracta antes de la
aceptación en forma tempestiva, no podrá jamás formarse el contrato, porque aún cuando el destinatario acepte,
su aceptación no ha de ser ex temporánea (fuera de tiempo) y por lo tanto, no nacerá el consentimiento, y,
lógicamente, sin este no puede haber contrato.

14

Derecho Civil I

Pese a que la propia ley permite la retractación tempestiva del oferente (en tiempo útil) éste tiene una obligación,
que consiste en indemnizar al destinatario los gastos, daños y perjuicios que el haya sufrido y la única manera de
que el oferente se libere de esta obligación es cumpliendo con el contrato prometido.

En la doctrina se ha discutido la fuente de esta obligación del oferente, la de indemnizar, y para analizar en que
responsabilidad incurre, hay que distinguir; Tradicionalmente los autores señalan que existen dos grandes grupos
de responsabilidad

1° Responsabilidad Contractual: Es aquella que emana de los contratos y de los cuasicontratos;

2° Responsabilidad extra contractual: Que se presenta cuando se causa daño como consecuencia de un hecho
ilícito, delito o cuasidelito Civil.

Estos están divididos en torno a determinar en que responsabilidad incurre al oferente.

Pothier señala que este sería un caso de responsabilidad extra contractual, porque habrá culpa y por lo tanto un
cuasidelito civil, y ello porque el destinatario confía en la seriedad de la oferta y el oferente al retractarse actuaría
con imprudencia.

Ramón Domínguez; también señala que aquí habría un caso de responsabilidad extra contractual, pero sostiene
que la fuente de esta responsabilidad no sería el cuasidelito civil, sino que la ley, porque es ella la que obliga a
indemnizar.
Sin embargo, la mayoría de los autores, considera que este no sería un caso de responsabilidad extra contractual,
porque no es posible hablar de delito o cuasidelito civil cundo la propia ley autoriza el oferente a retractarse.

Ihering; señala que este es un caso de responsabilidad contractual, sin embargo la mayoría de los autores no
comparte este criterio, porque en este caso no hay contrato, ni tampoco cuasi contrato, ya que no ha nacido la
aceptación.
La mayoría de los autores considera que esta responsabilidad que no sería contractual, ni extra contractual, sino
que se trataría de una responsabilidad pre- contractual; y así se dice que el Código de Comercio tiene un gran
acierto al consagrar una nueva forma de responsabilidad, la pre contractual, y ésta se presentará, cuando se
incumplen algunas de las obligaciones que están presentes en la formación del consentimiento.

Alessandri y Planiol consideran que aquí habrá una responsabilidad legal, que obligaría a indemnizar en virtud
de la “teoría del abuso del derecho”, porque en este caso, el oferente estaría abusando de su derecho y causando
un daño con su conducta al destinatario.

b) Por muerte del oferente.

La oferta caduca por la muerte del oferente, cuando ésta acontece antes de producirse la aceptación por parte del
destinatario, ya que de lo contrario, si el oferente muere después de la aceptación, ya se habrá formado el
consentimiento, y por lo tanto, habrá nacido el contrato.

Los herederos del oferente no están obligados a respetar las ofertas formuladas por éste (causante), y así, la Corte
Suprema ha señalado que en estos casos, cuando la muerte se produce antes de la aceptación, los herederos no se
obligan por la oferta, porque no se alcanzó a formar el consentimiento y, consecuentemente, no nació el contrato.

En otras palabras, esto se justifica, ya que los Códigos modernos, como el nuestro, tanto la oferta como la
aceptación son actos jurídicos personalísimos y por lo tanto, no pasan a los herederos.

Sobre el particular la Corte Suprema ha señalado que, siendo la muerte del oferente causal de caducidad de la
oferta, la aceptación del destinatario, hecha con posterioridad a su muerte, importa una aceptación ex
temporánea, y por lo tanto, no se entiende formado al contrato.

La mayoría de los autores considera, que es perfectamente posible incluir en la oferta, el pacto de
transmisibilidad, es decir, que se convenga que la oferta será transmisible; pero este pacto debe ser expreso, y en
tales circunstancias, los herederos se verán obligados por la oferta.

Lo anterior ha sido posible concluirlo de la aplicación que la ley ha hecho, aceptando convertir en transmisible
actos jurídicos que en principio no lo eran, por ej. La solidaridad (art. 1523), la sociedad (art. 2103, inc. 1°).

Por la incapacidad legal sobreviniente del oferente.
Si el oferente cae en una incapacidad antes de que el destinatario acepte, se produce la caducidad de la oferta.
(art. 101 Código de Comercio).

d) Por la quiebra del oferente.
Si bien no hay texto expreso que señale que la declaratoria de quiebra es causal de caducidad, es un hecho
irredarguible que así ocurre, porque la declaratoria de quiebra paraliza el patrimonio del afectado, y por lo tanto,
éste ya no podrá disponer de sus bienes, perderá su administración, la cual quedará a cargo del Sindico.

Si el deudor es declarado en quiebra antes de la aceptación, se caduca la oferta.
15

Derecho Civil I

e) La llegada del plazo.
En este evento hay que distinguir entre los plazos voluntarios y legales:

1.- Plazos voluntarios. Son aquellos que fija libremente el oferente, de manera que llegado el plazo fijado por él,
sin que se produzca la aceptación, la oferta va a caducar.

2.- Plazos legales. A ellos se refieren los arts. 97 y 98 del Código de Comercio. Son plazos de caducidad, porque
se extinguen por el sólo transcurso del plazo, sin que sea necesaria una declaración judicial, de manera que en
estos casos, llegado el día del plazo, este caducará de pleno derecho.

Para analizar los plazos legales, es menester sub. distinguir:

1ª situación. Si la oferta se formula verbalmente, estas se denominan, ofertas entre presentes, y existen cuando
las partes se comunican por la palabra y el destinatario queda en condiciones de contestar inmediatamente.

Estas ofertas se pueden formular estando el oferente frente al destinatario, o estando uno lejos del otro, por ej.
Por teléfono.

Lo relevante de estas ofertas verbales, es que el destinatario se encuentra en condiciones de contestar de
inmediato.

Cuando la oferta es verbal, la ley señala que el destinatario debe contestar de inmediato porque de lo contrario se
entiende que habrá caducado la oferta quedando libre de todo compromiso u obligación el oferente.

Esto lo señala el art. 97 del Código de Comercio que dice: “Para que la propuesta verbal de un negocio
imponga al proponente la respectiva obligación se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la
persona a quien se dirigiere y no mediando tal aceptación queda el proponente libre de todo compromiso”;

2ª situación: Si la oferta se formula por escrito, en este caso hay que volver a distinguir, si el oferente y el
destinatario están en el mismo lugar o en lugares diferentes.

a)..Si el oferente y destinatario están en el mismo lugar: En este caso la propuesta u oferta debe ser aceptada o
rechazada en el plazo de 24 horas. Esto lo dice el art. 98 inc 1 ° Código de Comercio.

Esto es un plazo de horas, y por lo tanto se cuenta según la marcha del reloj, no es un plazo de un día, porque el
día es una unidad de tiempo que termina a la medianoche del día del vencimiento.

Se ha planteado el problema a propósito de determinar, desde cuanto se cuenta este plazo, a este respecto existen
dos teorías;

1- Teoría Restrictiva: Considera que el plazo se cuenta desde la recepción de la carta que contiene la oferta, la
sepa o no el destinatario;

2- Teoría amplia: Considera que el plazo se cuenta desde que el destinatario toma conocimiento de la oferta.
La teoría más aceptada es la restrictiva, porque se dice que ella interpreta la voluntad del oferente, quien supone
que una vez llegada la oferta al domicilio del destinatario de inmediato éste toma con el de ella.

Otro asunto que ha originado dudas es, ¿qué debe entenderse por el mismo lugar? Se ha señalado que esta es una
cuestión de hecho y que deben resolverlo los Tribunales. Con todo, la mayoría de la jurisprudencia coincide en
señalar que esta expresión “mismo lugar” debe entenderse como sinónimo de radio urbano o ciudad.

b..Si el oferente y el destinatario residen en lugares diferentes. El Código de Comercio señala en el art. 98 que
el destinatario debe contestar a vuelta de correo. Según la Corte Suprema esta afirmación, es una expresión de
hecho, y no tiene un contenido jurídico.

La expresión a “a vuelta de correos” tiene una razón histórica, porque cuando se dictó el Código de Comercio, el
medio empleado para enviar las correspondencias eran las diligencias. El destinatario tenía que contestar cuando
la diligencia volviera.

La jurisprudencia interpretado esta expresión y ha establecido que significa que el destinatario, para enviar su
contestación, debe emplear un medio que sea, a lo menos igual, que el que empleó el oferente para hacerle llegar
la respuesta. Así entonces, puede emplear un medio más rápido pero no uno más lento.

Aceptación ex temporánea.
Cuando la aceptación se otorga fuera de los plazos legales o convencionales, esa aceptación es ex temporánea y
no revive la oferta, por lo tanto no se forma el consentimiento y no nace el contrato. (Art. 98 Código de
Comercio)

Sin embargo, es posible que el destinatario piense, de buena fe, que su aceptación fue útil y por lo tanto que se
formó, el consentimiento. Para proteger al destinatario de esta situación, la ley le impone al oferente una
16

Derecho Civil I

obligación, que consiste en que el debe dar al destinatario pronto aviso de que su aceptación ha sido ex
temporánea. Art. 98 inc. Final Código de Comercio.

En caso de aceptación ex temporánea, el proponente será obligado bajo la responsabilidad de daños y perjuicios
a dar pronto aviso de retractación.

Esta obligación el oferente la tiene, siempre que se de una aceptación ex temporánea; es decir, la tiene cada vez
que haya caducado la oferta por cualquiera de las consensúales que se estudiaron y se produzca antes de la
aceptación.

Los autores han señalado que esta obligación del oferente, de dar pronto aviso al destinatario de que su
aceptación ha sido ex temporánea, se fundamenta en razones de equidad, y se justifica, porque la aceptación ex
temporánea es considerada una nueva oferta, y por lo tanto, el oferente debe informar al destinatario que no
acepta esta nueva oferta.

Por la expresión “pronto aviso”, la jurisprudencia ha entendido que esta consiste, en que el oferente debe
emplear el mismo medio que se regula para que el destinatario conteste.

La Aceptación.
Es el acto jurídico unilateral por el cual la persona a quien se le ha hecho una oferta, manifiesta pura y
simplemente su voluntad de adherir a ella, dentro del plazo en que se encuentra vigente.

Una vez que se da la aceptación en forma pura, simple y en tiempo útil, se producen los siguientes efectos
jurídicos.

1.- El destinatario pasa a llamarse aceptante.
2.- Se forma el consentimiento.
3.- Simultáneamente se perfecciona el contrato, si es consensual.

La doctrina señala que el consentimiento es el alma del contrato y lo define: como encuentro de dos
declaraciones de voluntad que partiendo de dos sujetos diferentes, se dirigen a un mismo fin, y se unen en virtud
del principio de “la unanimidad de las voluntades”.

La aceptación permite que se forme el consentimiento, es la repuesta afirmativa que da el destinatario al
oferente, y sin ella no hay consentimiento y por lo tanto no habrá contrato, ni vínculo alguno.

Requisitos de aceptación

1.- La aceptación debe darse un tiempo útil, debe ser oportuna, se debe juntar con una oferta vigente.
La Corte Suprema ha señalado que salvo prueba en contrario, la aceptación siempre se estima oportuna, y por lo
tanto, el oferente deberá probar que ella ha sido ex temporánea, esto en virtud del principio de “la consecuencia
del contrato” que consiste, que el derecho quiere que los contratos se celebren (por ello se presume que la
aceptación debe hacerse en tiempo útil).

2.- La aceptación debe ser pura y simple, en otras palabras, debe ser incondicional.
En efecto, la aceptación no debe tener ninguna condición, porque si se le agrega cualquier modalidad se
convierte en una nueva oferta; invirtiéndose los papeles, el destinatario para ser oferente y el oferente
destinatario. Y si este acepta con modalidad, vuelve a nacer una nueva oferta, y así sucesivamente, hasta que se
forme el consentimiento.

Es el Código de Comercio, en su art. 102, el que da la regla en esta materia “La aceptación condicional será
considerada como una propuesta”.

La aceptación no es necesario que se otorgue en los mismos términos que la oferta, a menos que el oferente, en
virtud del principio de “la autonomía de la voluntad” haya establecido condiciones especiales para la aceptación.

En los autores ha surgido una discusión sobre la incondicionalidad de la aceptación, porque algunos señalan,
que si existe una disconformidad entre la oferta y la aceptación, pero que comprenda sólo un aspecto secundario,
deberá entenderse que esa aceptación vale y por lo tanto que se forma el consentimiento.

Otros autores, en cambio, señalan que en esos casos la aceptación sólo vale como una nueva oferta, pero no se
puede formar el consentimiento y por ello en virtud del “principio de la conformidad o coincidencia de la oferta
o de la aceptación” debe existir una concordancia perfecta (si el destinatario cambio cualquier cosa es una nueva
oferta).

3.- Como la aceptación es un acto jurídico unilateral, debe tener todos los requerimientos de existencia y validez
comunes a todos los actos jurídicos.

Clasificación de la Aceptación

I.- EXPRESA O TACITA
17

Derecho Civil I

Puede ser expresa: cuando se plantea en términos formales y explícitos; y,
Tácita: cuando se deduce del comportamiento o conducta del destinatario en forma inequívoca.
Ambas tienen el mismo valor y producen los mismos efectos, a menos que el oferente haya exigido, aceptación
expresa, caso en donde la tácita no tendrá valor alguno.

II.-PURA Y SIMPLE Ó CONDICIONAL

Aceptación Pura y Simple. Se presenta cuando el destinatario adhiere a la oferta en los mismos términos en que
ésta se ha formulado.

Aceptación Condicional: Es aquella que contiene reservas o modificaciones que alteran los términos de la
oferta. Esta aceptación se considera como una nueva oferta.

Por el principio “de la autonomía de la voluntad” el oferente puede exigir que la aceptación se manifieste
revestida de alguna solemnidad especial, en esos casos la aceptación no tendrá valor, sino se cumple con esa
solemnidad.

Sin embargo, en estos casos, si el destinatario acepta sin la solemnidad y el oferente acoge esta aceptación, se
entiende que ha renunciado a la solemnidad exigida. Esto se concluye, porque la ley permite que las partes
eleven a la categoría de solemnes, actos que por su naturaleza son consensúales, como por ejemplo la
compraventa de los muebles. (Art. 1802); También sucede lo mismo con el arrendamiento.

El silencio no obliga al destinatario, salvo en aquellos casos en que la ley le da valor, situación que se denomina
silencio circunstanciado.

Teorías en que se entiende perfeccionado el consentimiento.
Estas sólo se plantean en determinadas circunstancias; a saber: entre las personas que se encuentran en lugares
diferentes; o en el mismo lugar, pero cuando la oferta es por escrito. Parar determinar cuando ha surgido el
consentimiento se han planteado diferentes teorías, a saber:

1.- Teoría de la declaración de voluntad o de la aceptación.- Para esta teoría el consentimiento se entiende
formado en el preciso momento en que el destinatario acepta la oferta, independientemente del hecho de que si el
oferente tiene conocimiento (sabe que su oferta fue aceptada o no), de manera que una vez que el destinatario
acepta en forma incondicional y en tiempo útil, se entenderá formado el consentimiento.
Para los partidarios de esta teoría, lo anterior se debe a que el consentimiento no se produce por la aceptación
reciproca de las voluntades, sino que por el simple acuerdo de ellas, de manera que en el mismo momento en que
se produce este acuerdo de voluntades se forma el consentimiento (este acuerdo se produce cuando el
destinatario acepta).

2.- Teoría del conocimiento o información.- Esta teoría estima que el consentimiento se forma cuando el
oferente toma conocimiento de la aceptación que ha dado el destinatario.
La primera teoría se critica, porque se dice que deja al arbitrio del destinatario o aceptante, determinar el
momento en que se formará el consentimiento, por lo tanto produce inseguridad.

Esta teoría también se critica, porque se dice que así como el oferente debe conocer la conformidad del
aceptante, éste, a su vez, también debería conocer la aprobación, que el oferente da a su aceptación, y así
sucesivamente. También se le formula a esta teoría otra crítica, fundada en el hecho que no explica, cuando se
forma el consentimiento en el caso de la aceptación tácita.

Finalmente se le critica, asimismo, porque se pueden producir fraudes, ya que bastaría que el oferente no quisiera
tomar conocimiento de la aceptación, para que no se entendiera formado el consentimiento.

De cualquier manera, de esta teoría han surgido dos nuevas posiciones al respecto; a saber:

3.- Teoría de la expedición. Esta señala que el consentimiento se forma cuando el aceptante expide o envía su
aceptación, sin que pueda retractarse o arrepentirse.
Se critica esta teoría, porque también va a depender de la voluntad del aceptante determinar cuando se forma el
consentimiento.

4.- Teoría de la recepción. Esta señala que el consentimiento se forma cuando la aceptación llega a su destino,
es decir, cuando llega al conocimiento del oferente, porque en ese momento se presume que éste toma
conocimiento de la aceptación.

Importancia que tiene el momento cuando se forma el consentimiento.
Esta se puede ponderar en diversas materias, a saber:

a).- Es importante para la revocación de la oferta, porque si se aplica la teoría de la aceptación, el oferente
puede retractar su oferta, hasta antes de que el destinatario acepte.
En cambio, aplicando la teoría del conocimiento, el oferente podría retractarse hasta antes de tomar
conocimiento de la aceptación, en la practica tiene un plazo mayor.
18

Derecho Civil I

b).- Tiene importancia para la retractación del aceptante, porque aplicando la teoría de la aceptación, el
aceptante no podría retractarse una vez aceptada la oferta, porque acepta y se forma el consentimiento.
Aplicando la teoría del conocimiento, podría retractarse hasta antes que el oferente conozca la aceptación.

c).- Es importante en lo que se refiere a las causales de caducidad de la oferta. Porque aplicando la teoría de la
aceptación, estas causales deben operar antes que el destinatario acepte; en cambio, aplicando la teoría del
conocimiento, las causales pueden operar, hasta antes que el oferente conozca la aceptación.

d).- Tiene importancia en relación a la teoría de los riesgos. En virtud del cual, el riesgo de la especie o cuerpo
cierto es de cargo del acreedor, y por lo tanto, resulta necesario que el contrato se encuentre perfecto para saber
quien tiene el rol de acreedor y quien el de deudor.
Como ya sabemos, la regla general es que el contrato sea consensual, de tal suerte que formado el
consentimiento, este queda perfecto.
La teoría de los riesgos esta reconocida en nuestro derecho en el art. 1550.

e).- Es importante para determinar la ley que rige el contrato. Porque de acuerdo al art. 22, de la Ley sobre
efecto retroactivo de las leyes “en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su
celebración”.

f).- Tiene importancia para los efectos de la prescripción extintiva, que es un modo de extinguir los derechos y
acciones ajenos, y de acuerdo a lo que regula el art. 2514, esta empieza a correr desde que la obligación se ha
hecho exigible.
Cuando el contrato es consensual la obligación se hace exigible cuando se forma el consentimiento.

g).- Tiene importancia también, porque todos los requisitos de existencia y validez del acto jurídico deben
estar presentes en el momento en que nace el contrato y cuando el contrato es consensual, estos deben estar
presentes al momento en que se forma el consentimiento.

h).- Finalmente, también tiene importancia, porque todos los efectos del acto se producen desde el momento de
su perfeccionamiento.

Teoría a la que adhiere nuestro código.
El Código de Comercio, en sus distintos articulados adhiere de una manera categórica a la teoría de la
declaración de voluntad o de la aceptación, que es la más jurídica de todas, porque el consentimiento es el
concurso de voluntades, es la unión de la aceptación a una oferta vigente, y por lo tanto, desde el momento en
que el destinatario acepta en forma incondicional y en tiempo útil, se entiende formado el consentimiento. De
manera que el oferente cuando conoce de la aceptación, toma conocimiento de un consentimiento ya formado.
(Art. 101 Código de Comercio).

Los autores franceses han elogiado nuestro Código de Comercio, porque en Francia no existe un texto expreso
que señale el momento en que se entiende formado el consentimiento.

El Código Civil adhiere, como es lógico, también a la teoría de la aceptación, salvas dos situaciones, a saber:

1.- En la donación entre vivos, que es un contrato, en que el consentimiento se entiende formado cuando el
donante, que es el oferente, toma conocimiento de la aceptación del donatario, que será el aceptante. Art. 1412).

2.- En la remisión, que es un modo de extinguir las obligaciones, y consiste en el perdón del crédito que hace el
acreedor al deudor. De acuerdo a la ley, la remisión se rige por las mismas reglas que la donación entre vivos;
por lo tanto, se va a entender formado, cuando el acreedor toma conocimiento de la aceptación del deudor.

Lugar en que se entiende perfeccionado el consentimiento.- Este problema se plantea cuando el oferente y el
destinatario residen en lugares diferentes y siguiendo la teoría de la aceptación, nuestro C. de Comercio señala
que el consentimiento se entiende formado en el domicilio del aceptante, esto lo dice el art. 104 del Código de
Comercio.

“Residiendo los interesados en distintos lugares, se entenderá celebrado el contrato, para todos sus efectos
legales, en el de la residencia del que hubiera aceptado la propuesta primitiva o la propuesta modificada” (en el
domicilio del aceptante), pero tratándose de la donación y de la remisión, el consentimiento se entiende formado
en el domicilio del oferente (se sigue la teoría del conocimiento) es decir, en el dominio del donante y del
acreedor, ellos son los oferentes.

19

Derecho Civil I

Importancia de determinar el lugar en que se entiende perfeccionado el consentimiento.- Estos se pueden
sintetizar de la siguiente manera:

1°. Porque en todo contrato se entienden incorporadas las costumbres del lugar lex locus regit actum .

2°- Porque en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración; de tal
suerte que, la determinación del lugar en que se celebra el contrato, es relevante para conocer las normas que lo
van a regir.

3°- También es importante, porque si el contrato es solemne, se va entender perfeccionado en el lugar donde se
cumple con las solemnidades. Si el contrato es real, estará perfecto en el lugar donde se hace la entrega o
tradición de la cosa, y si es consensual, en el lugar donde se perfecciona el consentimiento.

4° Finalmente es importante determinar el lugar para precisar la competencia de los tribunales. En este punto la
regla general indica que las obligaciones deben cumplirse en el lugar del domicilio del aceptante.

20

Derecho Civil I

Los Vicios de la Voluntad.

El legislador se ha preocupado que la voluntad que se exprese sea sana, y es por ello que, uno de los requisitos
de validez del acto jurídico, es que justamente la voluntad este exenta de vicios.

El art. 1445 en el Nº 2°, de su inc. 2° se refiere a este requisito. En este art. se habla “que su consentimiento no
adolezca de vicios”. Lo que ha sido ampliamente criticado por la doctrina, puesto que se a sostenido que es más
propio hablar de voluntad exenta de vicios; ya que este es un requisito de validez del acto jurídico, aplicables a
todos los actos sean estos unilaterales o bilaterales.

Asimismo, se critica el término consentimiento, porque da la idea que ambas voluntades deben estar viciadas y
lógicamente esto no es así.
En el art. 1451, el legislador incurre en el mismo error, reiterando la expresión consentimiento.

Cuando se expresa la voluntad, como dijimos, es necesario que ésta sea sana, se debe expresar en forma correcta;
y en este evento podemos distinguir tres situaciones que alteran la voluntad que se expresa.

En primer Lugar, puede ser que la voluntad se haya generado basada en un falso concepto de la realidad, o en
la ignorancia del mismo; en ese caso existe error y consecuentemente se vicia la voluntad.

En segundo lugar, puede ocurrir que la voluntad se haya expresado por efecto de una amenaza o presión
psicológica, en ese caso existe fuerza, y también se vicia la voluntad.

Con todo, cabe aclarar que únicamente la fuerza psicológica o moral, que es aquella que justamente consiste en
amenazas, puede ser vicio de la voluntad; ya que la fuerza física, que es aquella en donde hay violencia de facto,
en el hecho no vicia la voluntad, sino que la excluye en forma absoluta.

En tercer lugar, puede ser que la voluntad se exprese basándose en un engaño, en un fraude o en un artificio; de
manera que si no hubiese mediado estos engaños la persona o no habría celebrado el acto, o lo habría hecho en
términos diferentes. En este caso existe dolo y también constituye un vicio de la voluntad.

En los tres casos analizados, la voluntad no es pura, no es sana, se encuentra distorsionada puesto que el error, la
fuerza y el dolo, son elementos que alteran la voluntad, viciándola.
En los vicios de la voluntad se encuentran en pugna dos principios:

1) es el que la voluntad sea sana; y,
2).- El otro es el de la conservación del acto jurídico.

En razón de esta pugna, es que el juez sólo va a declarar la nulidad de un acto cuando el vicio que afecta a la
voluntad sea trascendente; y se entiende que es tal, cuando de no mediar el vicio, o no se habría contratado, o se
hubiere contratado en términos muy distintos. Estas son cuestiones que el juez deberá evaluar caso a caso.

Por otro lado, el vicio puede afectar el acto de dos maneras distintas:

1) excluyendo completamente la voluntad, como en el caso de la fuerza física y en el error esencial. En
estos casos no hay vicio propiamente tal, porque la voluntad ha desaparecido, no hay voluntad; y,

2) el vicio puede afectar el acto distorsionando la voluntad, aquí propiamente si hay un vicio de la voluntad.

Finalmente, puede ocurrir que no haya voluntad, pero no por el hecho que exista un vicio que la esté afectando,
sino que por otros motivos distintos. Y esto puede acontecer en los siguientes casos:

a) no hay voluntad cuando en el acto interviene un absolutamente incapaz, puesto que el legislador considera que
éstos carecen de voluntad jurídica.

b) No hay voluntad en la simulación. En ella las partes de un acto jurídico expresan una voluntad distinta de la
verdadera; y esta puede ser absoluta o relativa. Es absoluta, cuando las partes celebran un acto jurídico sin querer
hacerlo, como por ejemplo, cuando un deudor simula una compraventa. Es relativa, cuando las partes celebran
un acto, pero en realidad quieren celebrar un acto distinto, como por ejemplo, el padre que quiere regalarle a un
hijo una casa y simula una compraventa.

c) Otro caso tiene lugar cuando el acto jurídico es solemne y no se ha cumplido con la solemnidad.

En definitiva, es el artículo 1451 el que concluye que los vicios de la voluntad son el error, la fuerza y el dolo.

I.-ERROR
II.-FUERZA
III.-DOLO

21

Derecho Civil I

I.- EL ERROR.

Es la ignorancia o concepto equivocado que se tiene de la realidad.

En efecto, consiste en tener una representación intelectual de la realidad que hace que el querer se exprese en un
sentido diverso de aquél en el cual se habría manifestado si se hubiese tenido el conocimiento adecuado.

Pothier dice que el error consiste en tomar por verdadero lo falso, o por falso lo verdadero. Asimismo, agrega
que el error es una disconformidad entre las ideas de nuestra mente y el orden de las cosas.

En todas las definiciones de error, existe un denominador común que consiste en que debe haber una falsa
interpretación de la realidad, una disconformidad entre el pensamiento y la realidad.

De cualquier manera, a nivel doctrinario, se entiende que el error es diferente de la ignorancia, porque el que está
en error cree saber, pero está equivocado; en cambio, el que está en ignorancia nada sabe.

Sin embargo, en la práctica esta diferencia no tiene importancia, porque para nuestra legislación la ignorancia es
una especie o forma de error.

Clasificación del error.

En nuestro ordenamiento jurídico el error se clasifica en dos grandes grupos; a saber: el error de derecho y el
error de hecho.

Error de Derecho. Es la ignorancia o concepto equivocado que se tiene de la norma jurídica, ya sea en cuanto a
su alcance, inteligencia, interpretación o permanencia.

De acuerdo a lo que establece el artículo 1452 “el error sobre un punto de derecho, no vicia el consentimiento”.
En efecto, y esto es así porque de lo contrario se atentaría contra el principio de conocimiento de la Ley a que se
refiere el artículo 8º del CC.

Asimismo, conculcaría el principio de la seguridad jurídica puesto que si se permitiere alegar el error de derecho
como vicio de la voluntad, se afectaría la estabilidad de las relaciones jurídicas.

Que el error de derecho no vicie la voluntad significa que el que ha contratado teniendo un concepto equivocado
de la Ley o ignorándola del todo, no puede con posterioridad argumentar este error para excusarse del
cumplimiento de sus obligaciones, o para pedir la nulidad del contrato.

En relación a lo anteriormente expuesto, podemos hacer mención al artículo 706 inciso 4º que señala que el error
en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario. En otras
palabras, basta que una persona alegue un error sobre cualquier punto de derecho, para que se presuma, sin
posibilidad de réplica, su mala fe. Este es uno de los pocos casos en que el legislador presume de derecho la
mala fe.

La norma en comento se encuentra ubicada en el Título de la posesión, y se ha discutido si sólo se aplica en esta
materia, o en su defecto, es de aplicación general; y ello porque, en oportunidades, el legislador consagra normas
de aplicación general dentro de una determinada institución, como ocurre por ejemplo en la presunción de buena
fe del artículo 707, ubicado, asimismo en la posesión, y en que no obsta esto para que sea de aplicación general.
Es justamente esta argumentación la que ha dado origen a la discusión relativa a determinar, si la presunción de
derecho que se hace de la mala fe cuando se argumenta un error de derecho, es o no de aplicación general.

El problema se complica aún más, porque el mismo artículo 706 en su inciso 3º señala que si alega en un error
en materia de hecho no se opone a la buena fe. Y este criterio es aceptado como de aplicación general. Lo lógico
sería que la norma o principio del inciso cuarto, materia de esta discusión también lo fuera.

Sin embargo, la mayoría de los autores ha concluido que esta norma, sólo es aplicable en la posesión. Se sostiene
que por el sólo hecho de que una persona argumente un error sobre la Ley se presuma su mala fe, sin que pueda
probar lo contrario, resulta inconcebible, porque el conocimiento de la Ley es una irrealidad, es imposible
conocer todas las leyes y por lo tanto, es muy probable que una persona, estando de buena fe, incurra en un error
de derecho.

Los autores han señalado que la norma del artículo 706 inciso 4º se estableció para evitar que las personas
aleguen la ignorancia de la ley, y así excusar su incumplimiento; sin embargo, es perfectamente posible alegar
un error de derecho, cuando no se quiera excusar el incumplimiento de la Ley; como por ejemplo lo que ocurre
con el pago de lo no debido. En efecto, el artículo 2297 permite alegar el error de derecho, cuando una persona
ha efectuado un pago que no debía. Aquí no se presume la mala fe del que alega el error, en este caso la finalidad
no es excusar el incumplimiento de la ley, sino que evitar un enriquecimiento indebido; y por eso se permite
alegar el error de derecho. Igual situación es admitida en el Derecho Tributario.

22

Derecho Civil I

En definitiva, el error de derecho no vicia la voluntad, porque se entiende que las leyes son conocidas desde que
entran en vigencia y por este motivo si se alega un error de derecho, se presumirá la mala fe, sin que pueda
probarse lo contrario.

Este principio opera siempre en materia posesoria y en las demás instituciones va a operar cuando se alegue para
excusarse del incumplimiento de una ley. Por lo tanto, en las materias que no son posesorias se puede alegar el
error de derecho, sin que se presuma la mala fe cuando su finalidad no sea justamente el excusarse del
cumplimiento de la Ley.

El Error de Hecho.- Es aquel que recae sobre una persona, una cosa o una circunstancia; este error de hecho,
por regla general, si vicia la voluntad.

El error de hecho se clasifica en seis categorías; a saber:
1).Error Esencial;
2). Error Sustancial;
3).Error Accidental;
4) Error en la Persona;
5) Error en los Motivos; y,
6) Error Común.

1) Error esencial, error obstáculo u optativo: Es aquel que consagra el art. 1453 C.C.
Este error esencial puede revertir dos formas diferente

a) Error in negocio; que es aquel que recae en la especie del acto o contrato que se ejecuta o celebra. Ejemplo:
una parte entendió donación y la otra un préstamo.

En este caso no existe consentimiento, porque las voluntades de las partes nunca se van a encontrar y ambas
voluntades se encuentran viciadas.

Sin embargo, la mayoría de los autores considera que en este caso no existe voluntad, porque ambas partes se
encuentran en error; existe ausencia de intencionalidad y las voluntades de las partes no serán jurídicas, porque
esas voluntades no permitirán formar el consentimiento, y por lo tanto, no producirán efectos jurídicos.

Este error in negocio, la ley también lo regula en la tradición y, asimismo, se entiende viciada, cuando hay un
error en el título, (que se toma como sinónimo de acto o contrato), esto de acuerdo al art. 677 C.C.

b) Error incorpore: este error esencial, es aquel que recae en la identidad de la casa especifica de que se trata.
Ejemplo, una parte cree comprara una cosa y la otra parte vender otra cosa distinta.

En esta forma de error, las partes coinciden en el contrato o acto que se celebra, pero el error recae en el objeto
del contrato. Ejemplo: Un fallo de la Corte Suprema en que en un remate una persona subastó una gran cantidad
de tarros en conserva, creyendo que eran mariscos y en realidad eran legumbres.

Este error también esta regulado en la tradición, y también la vicia de acuerdo de acuerdo al art. 676 C.C.

En este error tampoco existe voluntad jurídica, porque la voluntad que emana de las partes no podrá producir
efectos jurídicos, y por lo tanto, no se podrá formar el consentimiento, ya que no se produce el acuerdo en la
prestación debida. Este error también se regula en la transacción, art. 2457 C.C.

Sanción del error esencial.- La doctrina se encuentra dividida al respecto, y se distinguen tres posiciones.

Primero, algunos autores consideran que la sanción a este error debería ser la inexistencia jurídica, porque hay
tal divergencia entre las voluntades de las partes, que jamás podría formarse el consentimiento, y por lo tanto, la
voluntad de ellas no será una voluntad jurídica. Y como la voluntad es un requerimiento de existencia del acto
jurídico, su ausencia debe producir la inexistencia.

Segundo, otros autores consideran que la sanción debería ser la nulidad absoluta, y esto por dos motivos

1)- Porque ellos dicen que la nulidad absoluta es la máxima sanción civil que consagra nuestro Código; y,

2)- Además afirman que la voluntad exenta de vicios, es un requerimiento de validez exigido en atención a la
naturaleza del acto o contrato, y en estos casos la sanción es la nulidad absoluta.

Tercero, Finalmente hay autores que postulan que la sanción en este caso es la nulidad relativa. Y dan tres
razones para sostener esto.

a) Dicen que el art. 1682 C.C. establece taxativamente las causales de nulidad absoluta, y en ellas no se
consagra el error esencial, por lo tanto debe ser la nulidad relativa.-

b) dicen que el mismo art. 1862 C.C. señala que la regla general en la materia es la nulidad relativa, y
esa es la sensación que tienen por regla general los vicios de la voluntad.-
23

Derecho Civil I

c) Por último, dan una razón de texto, señalan que el art. 1454 C.C. emplea una expresión que es significativa
para determinar que el error esencial tiene como sanción la nulidad relativa.
Este art. 1454 C.C. consagra el error sustancial respecto del cual nadie duda y que tiene como consecuencia la
nulidad relativa.

Este art. dice que este error “vicia asimismo el consentimiento”. Con la expresión “asimismo” los autores dicen
que se esta refiriendo al art. anterior, que consagra el error esencial y por lo tanto, si vicia de la misma manera la
voluntad, para ambas formas de error debería ser la nulidad relativa.

Las opiniones más aceptadas son las dos primeras, porque en el error esencial no hay voluntad jurídica.

2) Error sustancial; Consagrado en el art. 1454, inc. 1° C. C. es aquel que recae en la sustancia o calidad
esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato.

En la época en que se dictó el código, se discutía si procedía distinguir entre la sustancia de una cosa y su calidad
o cualidad esencial, y existían dos criterios al respecto: el primero era un criterio objetivo, que señala que en el
error sustancial lo que importaba era la sustancia de la cosa, su composición química, su estructura.

Otro criterio era el subjetivo, que consideraba que el error sustancial, también podría recaer en la calidad o
cualidad de la cosa.

El Código Civil Francés siguió el criterio objetivo, pero Bello guiado en este punto por Pothier, que eras
partidario del criterio subjetivo, y por eso el art. 1454 C.C dice que este error puede recaer o en la sustancia o en
la calidad esencial del objeto.

En el error sustancial, a diferencia del esencial, no se requiere bilateralidad en el error, es decir, es posible que
sólo una parte este en error y no las dos, por lo tanto, el error sustancial puede recaer primero en la sustancia de
la cosa, que es la materia de que se compone el objeto; y, en segundo lugar, puede recaer en la calidad esencial
del objeto, que son las cualidades de la cosa que la hacen diferentes de las demás.

Sanción al error sustancial.
Todos los autores están de acuerdo en que la sanción es la nulidad relativa.

3) Error accidental.- También este error está consagrado en el art. 1454, pero en su inc. final. y es aquel
que recae sobre una calidad subalterna de la cosa, y la regla general es que no vicia el consentimiento, en virtud
del principio “de la consecuencia del acto jurídico”

Excepcionalmente este error si se puede viciar la voluntad, y esto se produce cuando la calidad accidental es el
principal motivo que induce a una de las partes a contratar y además esta circunstancia es conocida por la otra
parte.

Para que el error accidental vicie la voluntad deben darse dos requisitos, a saber: a) Una de las partes debe elevar
un elemento accidental a la categoría de esencial; y, b) Esa circunstancia debe ser conocida de la otra parte

Las calidades accidentales de la cosa, son aquellas que ordinariamente son indiferentes para determinar la
voluntad de las personas; Son calidades secundarias.

Sanción del error accidental es, en general, la nulidad relativa en aquellos casos que vicia la voluntad.

4) Error en la persona. La regla general es que las personas contraten para satisfacer necesidades, y por
este motivo no tiene importancia la persona con quien se contrata.

El art. 1455 C.C. señala que el error en la persona, por regla general, no vicia la voluntad; excepcionalmente va
a viciar la voluntad cuando la consideración de ésta sea la causa principal que induce a contratar; esta situación
se presenta en los llamados contratos intuito personae, como por ejemplo: el mandato; el comodato, el
matrimonio, la transacción.

La identidad de las personas se puede establecer por circunstancias físicas, sociales y civiles.

La identidad Física se refiere a las características anatómicas de las personas;

La identidad civil; se refiere al Estado Civil de las personas; y,

La identidad social; se refiere a las cualidades de las personas Ej.: egoísta, etc.

En la doctrina ha surgido la duda en determinar en cual de estas identidades debe recaer el error para que vicie la
voluntad.

La mayoría de los autores considera que el error en la identidad física de las personas es muy difícil que se de; y
por lo tanto, la duda se plantearía entre la identidad social y la identidad civil.
24

Derecho Civil I

Finalmente se ha señalado que son los Tribunales de Justicia los que en cada caso deberán determinarlo.

Para saber cuando el error en la persona vicia la voluntad hay que distinguir el tipo de acto de que se trate; a
saber:

1° Los actos Jurídicos onerosos. En ellos la regla general es que el error en la persona no vicia la voluntad. Son
muy pocos los actos jurídicos onerosos intuito personae. En éstos, por regla general no importa la persona.

Con todo, es posible reconocer excepciones; a saber: El que consagra el art. 676, a propósito de la tradición, que
como se verá es un modo de adquirir el dominio de las cosas.

2° Los actos Jurídicos gratuito. La regla general en éstos es la que contraria; este tipo de error sí vicia la
voluntad, y esto porque las liberalidades o gratuidades no se hacen a cualquier individuo. Por ejemplo, yo no le
hago una donación a cualquiera

3° Los actos de familia. Aquí, la regla general es que también se vicie la voluntad. Ejemplo, en el testamento,
reconocimiento de un hijo como natural.

En el matrimonio, la nueva ley de matrimonio civil (ley 19.947) consagra una regla especial, porque en su art. 8°
N°1°, señala que si ha habido error en la identidad del otro contrayente se vicia la voluntad.

Sin embargo, La Corte Suprema interpretó la antigua norma de la ley de matrimonio civil (art. 33 de la misma)
haciéndola inaplicable, al argumentar que en este caso, el error debe recaer en la identidad física del otro
contrayente y esto es imposible que se de.

La ley señala que en aquellos casos en que el error en la persona vicia la voluntad se debe indemnizar de
perjuicios a la persona con la que erróneamente se contrato siempre que ésta haya concurrido de buena fe.

La sanción al error en las personas en aquellos casos en que se vicia la voluntad es la nulidad relativa.

5) Error en los motivos. Este recae en las razones que se tienen para contratar.
La doctrina ha discutido si este error vicia o no la voluntad, y se ha concluido que, por regla general, no la vicia,
a menos que el error recaiga en la causa principal que induce al contrato.

Algunos autores dicen que este error sería una especie de error esencial, porque excluye la voluntad y por lo
tanto su sanción debería ser la nulidad absoluta; sin embargo, otros autores señalan, que este error implica la
ausencia de causa y como la causa es un requerimiento de existencia del acto, la sanción debería ser la
inexistencia.

En materia sucesoria se reconoce este tipo de vicios, así lo declara expresamente el art. 1058 C.C.

6) El error común. Éste ya era reconocido en Roma y consiste en aquel compartido por una gran cantidad
de personas en una determinada localidad.

Este error en ves de viciar el acto, por una ficción del legislador, se entiende que el acto es válido.
Con posterioridad dio origen a la “teoría de la apariencia”, que consiste en darle valor a actuaciones, que si bien
son nulas, tienen la apariencia de validez.

Requisitos para que pueda existir el error común y se le pueda dar valor al acto, es necesario:

a).- El error debe ser común, es decir, el falso concepto de la realidad debe ser compartido por una gran cantidad
de personas.

b).- Debe haber una justa causa de error, un motivo plausible, el error debe ser verosímil, lógico de creer; y,

c).- Las personas que están en error común, deben encontrarse de buena fe.
La legislación le da valor al error común para evitar la inestabilidad de las relaciones jurídicas.

En esta materia existe un aforismo jurídico que dice que “el error común constituye derecho”.

La Corte Suprema ha señalado que el error común no represente una norma jurídica, sólo permite convalidar el
acto, por la apariencia de normalidad que presenta una situación o realidad jurídica, que en el fondo es irregular.

Nuestro Código no regula en forma sistemática el error común, pero si lo trata en ciertos artículos donde lo
acoge, como por ejemplo: El art. 1013 C. C. que consagra la habilidad putativa de los testigos de un testamento;
el art. 704 N°4 C.C. Este artículo consagra el heredero putativo, que en realidad no es heredero, pero parece serlo
y sus actos van a ser validos; en el Código de Comercio, se reconoce el caso de las sociedades de hecho, que son
aquellas que no se han constituido legalmente, pero actúan como sociedades. En virtud del error común sus actos
van a ser válidos; entre otros.

25

Derecho Civil I

Prueba del error.- Debe probarlo el que lo alega, y el juez determinará si el error tiene la trascendencia como
para declarar la nulidad.
La regla general es que el error no da derecho a la indemnización de perjuicios, con excepción del error en la
persona, porque en este caso, si la persona con la que erróneamente se contrato esta buena fe, tendrá derecho a
ser indemnizada.

Si el acto Jurídico es bilateral, no es necesario que ambas partes estén en error, esto lo ha dicho la jurisprudencia
basándose en el art. 1454 C.C. que dice: “alguna de las partes”; de ser así, si ambas están en error, estaríamos en
presencia de un error esencial.

El error para que vicie la voluntad debe ser un error justificable, verosímil, porque si es inexcusable o se debe a
la propia negligencia del que lo sufre, no va a viciar la voluntad.

Ramón Domínguez dice: “Nadie puede alegar en su beneficio daños o efectos perjudiciales cuando estos son
debidos a la propia falta de cuidado del que hace la alegación.

26

Derecho Civil I

II.- LA FUERZA

Constituye el 2° vicio de la voluntad y en general consiste en la coacción física o moral que se ejerce sobre la
voluntad de una persona para obligarla a consentir en un acto jurídico determinado.

También se la puede definir como la coacción de naturaleza física o moral que se ejerce sobre una persona para
inducirla a tomar la determinación de celebrara un negocio jurídico.

Para los Romanos, lo que constituiría un vicio de la voluntad era el miedo, el temor, pero no la violencia, porque
decían que la violencia era el medio que se empleaba para infundir el temor, así la violencia era el medio y el
temor el efecto que se producía.

Nuestro Código siguió el mismo criterio, de manera que el acto violento, en si mismo, no vicia la voluntad; lo
que representa un vicio propiamente tal es el temor y es por ello que nuestro código habla de justo temor,
incorporando, de esta manera, un criterio subjetivo, porque es posible que lo que a una persona le provoque
temor a otra no se lo provoque.

Por esto el legislador señala que en la operación de la fuerza se debe tener presente la edad, el sexo y la
condición.

Esto es importante para la prueba de la fuerza, porque al mencionarse la edad, el sexo y la condición se le dan los
criterios al juez para que él pueda determinar cuando hay un justo temor y esta será una cuestión de hecho que
variará en cada caso.

Clasificación de la fuerza. Esta puede ser:

a) Física; y,
b) Moral o psicológica

a) Fuerza Física: Consiste en el empleo de procedimientos materiales de violencia, reduce a la víctima a
un estado puramente pasivo y no vicia la voluntad, porque la excluye en forma absoluta.

Planiol dice “Cuando hay fuerza física es imposible que el acto produzca efectos jurídicos y su sanción es la
inexistencia o nulidad absoluta.

Como la voluntad es un requisito de inexistencia del acto jurídico su ausencia produce la inexistencia o nulidad
absoluta, y por lo tanto en la fuerza física se aplica esta sanción.

b) Fuerza Moral o psicológica: Consiste en el empleo de amenazas, en esta fuerza se le hace saber a la
víctima que si no consiente sufrirá un mal mayor; esta fuerza es la que vicia la voluntad, porque la persona que
es la víctima de la fuerza moral tiene la posibilidad de optar o por enfrentar la fuerza o rendirse ante ella, y en
este último caso, expresará una voluntad distorsionada, pero que existe.

Será el legislador el que irá en auxilio de esta persona para protegerlo de las consecuencias perjudiciales del
acto.

La fuerza esta regulada en el art. 1456 y 1457 C. C. Estas normas regulan la fuerza en las convenciones, pero
tiene una aplicación general y también, por lo tanto, rigen en materia extramatrimonial. De esta manera, la fuerza
puede estar presente en los actos jurídicos unilaterales o bilaterales, patrimoniales o extrapatrimoniales.

Requisitos de la fuerza. Tradicionalmente se señalan cuatro requerimientos:
a).- Que sea grave;
b).- Que sea actual,
c).- Que sea determinante;
d).- ilegitima o injusta. Con todo, la doctrina agrega:
e).- que sea obra del hombre.

a).- Que sea grave.- Esto quiere decir que debe presentar cierta intensidad, y la ley en el art. 1456 C.C. primera
parte define cuando se entiende que la fuerza es grave, señalando que lo es “cuando es capaz de una impresión
fuerte en una persona de sano juicio tomando en cuenta su edad, sexo o condición”.

De esta manera, nuestro Código siguió un criterio subjetivo para determinar la gravedad de la fuerza, al igual que
el C. C. francés, de manera que el juez, para determinar si la fuerza es grave o no, necesariamente, debe
considerar las circunstancias particulares de cada caso.

El legislador, en el mismo art. 1456 inc. 1° consagra un caso que para la mayoría de la doctrina es una
presunción de derecho. En otras palabras, cuando se da la situación consagrada en este artículo, no es necesario
probar la gravedad de la fuerza, porque en ese caso se presume de derecho que la fuerza es grave.

27

Derecho Civil I

Este caso se presenta cuando una persona sufre un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de
sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave.

Algunos autores señalan que la enumeración de personas que hace la ley en esta presunción, es simplemente
ejemplar y por lo tanto se podría aplicar la presunción cuando la amenaza del mal afecte a otras personas, como
por ejemplo a los amigos.

Sin embargo, la mayoría de la doctrina ha estimado que si la amenaza del mal afecta a otras personas diferentes
de las enumeradas, no opera la presunción de derecho y por lo tanto se deberá probar la gravedad de la fuerza.

Para que la fuerza sea grave es necesario que sea verosímil, es decir, que sea posible su realización. Esta es una
cuestión de hecho que se debe determinar en cada caso por el tribunal.

b).- debe ser actual, es decir, debe estar presente en el momento en que se expresa la voluntad, aunque el mal
haya de realizarse en el futuro.

c).- que sea determinante: esto quiere decir, que debe ser trascendente, es indispensable que exista una relación
de casualidad entre amenaza o presión y la conducta que observa el sujeto.

Asimismo, para que la fuerza vicie la voluntad, es necesaria que sea de tal magnitud que sin ella la persona o no
habría contratado o habría contratado en términos muy diferentes.

d).- que sea ilegítima, injusta o contraría a derecho. La fuerza es injusta, cuando el procedimiento empleado no
está autorizado por el ordenamiento jurídico.

Hay fuerzas que son legítimas y por lo tanto no vician la voluntad.; por ejemplo: Si yo presto plata, y no me la
pagan y yo amenazo con demandar a la persona; también cuando el receptor amenaza para desalojar.

e).- Que sea obra del hombre.- En el caso de la fuerza, esta amenaza puede provenir de cualquier persona, es
decir, si el acto jurídico es bilateral, para que se entienda viciada la voluntad no es necesario que la fuerza
provenga de la contraparte, puede provenir de cualquier persona. Esto lo confirma expresamente el art. 1457
C.C.

El temor reverencial.- El inciso 2° del art. 1456 define el temor reverencial como “el solo temor de desagradar
a las personas a quienes se debe sumisión y respeto”, y determina que no vicia el consentimiento.
En consecuencia, la persona que ha celebrado un acto jurídico para no desagradar a otra a quien debe sumisión y
respeto, no puede, basado en esa sola circunstancia, alegar que se ha visto forzado a prestar su consentimiento, ni
pretender, por lo mismo, que éste se encuentre viciado.

28

Derecho Civil I

Sanción. En el caso de la fuerza moral, que es la que vicia la voluntad, la sanción es la de nulidad relativa.

Con todo, esta sanción tiene una diferencia en relación con el error y el dolo; si bien es cierto, los tres vicios
tienen como sanción, por regla general, la nulidad relativa, y esta prescribe en cuatro años, la diferencia radica en
determinar desde cuando se cuenta el plazo. Por que si el vicio es el error o el dolo, el plazo de cuatro años se
cuenta desde que se celebró el acto o contrato; en cambio, si el vicio es la fuerza, del plazo que se cuenta desde
que cesó la fuerza. En efecto, puede ser que la amenaza cese en un mes, justamente desde ahí se comenzará a
contar el plazo.

Por otro lado, tratándose de la fuerza física, la sanción es diferente, porque como ella excluye la voluntad, tiene
como sanción la inexistencia o la nulidad absoluta. (Según los autores).

29

Derecho Civil I

III.- EL DOLO

Constituye el tercer vicio de la voluntad y se encuentra definido en el art. 44, inciso final de Código Civil.

La Corte Suprema Ha dicho que la expresión “injuria” que emplea la ley debe entenderse como sinónimo de
daño o perjuicio.

En efecto, el que actúa con dolo pretende dañar a la contraparte, causarle un perjuicio.

Puede ser que pese a este ánimo y a la actuación dolosa, el daño no se produzca, y en este caso, igualmente, se
entiende viciada la voluntad, porque lo importante es que exista la intención de dañar.

El dolo lo encontramos en tres áreas diferentes del Derecho Civil, de acuerdo a los seguidores de la “Teoría
Unitaria del dolo”, que es aceptada por la mayoría de loa autores; consiste, en que si bien el dolo se encuentra
presente en diferentes áreas del Derecho Civil, en su naturaleza es el mismo, que se aplica a diferentes
instituciones.

Área del Derecho Civil en que esta presente el dolo.

En primer lugar, Lo encontramos en la celebración de los actos y contratos como un vicio de la voluntad, y es
justamente en esta área donde esta siendo analizado.

En general, el dolo no es vicio del consentimiento, para que lo sea debe ser principal, es decir, determinante, y
obra de la contra parte.

El dolo se puede definir en esta primera área como “una maquinación fraudulenta destinada a inducir a una
persona a contratar”.

Como vicio de la voluntad, el dolo consiste en el empleo fraudes o engaños destinados a inducir a una persona a
contratar, haciéndola caer en error; por esto muchos autores señalan que los vicios de la voluntad deberían ser
tres, incorporando a la lesión y excluyendo al dolo, porque éste sería una forma de error.

En Segundo lugar lo encontramos en el área De la Teoría General de las Obligaciones, concretamente, en el
incumplimiento de éstas.

Una obligación se puede no cumplir por culpa o por dolo, y cuando la causal del incumplimiento es el dolo, se
agrava la responsabilidad del deudor, porque deberá responder de los perjuicios directos previstos (los que las
partes pudieron prever) y también de los imprevistos. En cambio, el deudor culposo sólo responde de los
perjuicios directos previstos. En general, jamás se responde de los imprevistos.

En Tercer lugar lo encontramos en el área de los hechos ilícitos, particularmente a propósito del delito civil.

En este caso, el dolo tiene una particularidad que no la tiene en los otros casos, y esta consiste, en que para que
exista el dolo y el delito civil, resulta indispensable que se cause un daño.

La doctrina ha definido el dolo de diferentes maneras, por un lado se ha dicho que es todo artificio o toda
maniobra hecha para engañar a una persona provocando en ella un error a fin de inducirla a celebrar un acto o
contrato.

Ramón Domínguez dice: “El dolo es la intensión positiva de inferir perjuicio, sea incitando a una persona
a contratar, sea incumpliendo una obligación o sea causándole un daño”.

Pothier, por otro lado, lo define como “toda especie de artificio de que una persona se vale para engañar a otra”

En definitiva, el dolo implica el empleo de maniobrar fraudulentas para hacer caer a la contraparte en error. El
dolo conduce al error, y por esto la Corte Suprema ha dicho que el error es el presupuesto del dolo, porque el
dolo conduce a error.

Clasificación del dolo

I.- DOLO BUENO, DOLO MALO

a) Dolo bueno.- Es un engaño menor, producto de las exageraciones que son normales en el comercio, a
través de las cuales el comerciante pondera su producto. No es otra cosa que la jactancia o exageración de las
cualidades o del valor de la cosa ofrecida.
Este dolo novicia la voluntad.

b) Dolo Malo.- Supone un comportamiento ilícito, destinado a engañar a otra persona y que la induce a una
manifestación de voluntad que, sin el dolo, no habría realizado, o habría realizado en condiciones menos
onerosas.
30

Derecho Civil I

El dolo malo es un engaño que excede de la simple exageración de un contratante hábil, y por ello el derecho lo
considera reprensible.

II.- DOLO POSITIVO, DOLO NEGATIVO

a) Dolo Positivo.- Es aquel en que el engaño se realiza a través de razonamientos o actos tendientes a
representar como verdaderas circunstancias falsas o a suprimir o alterar las verdaderas.

b) Dolo negativo.- Es aquel en que el engaño consiste en ocultar sagazmente hechos verdaderos. El autor
del dolo “se escuda en una omisión de actividad como es el silencio o reticencia”. La reticencia se advierte “ya al
no desengañar a la parte contraria sobre un error reconocible en que incurre, ya al no suministrarle las
aclaraciones debidas cuando se está en deber de hacerlo”.

III. DOLO PRINCIPAL, DOLO INCIDENTAL

a).- Dolo principal.- Es aquel que es trascendente, determinante, es decir, de no mediar este dolo la persona o no
habría contratado.
Este dolo principal vicia la voluntad.

b).- Dolo incidental.- Es aquel que no determina la voluntad de la persona, de no mediar este dolo la persona
igual habría contratado, pero lo habría hecho en condiciones menos onerosas. Recae en aspectos secundarios y
no vicia la voluntad.
La sanción de este dolo es la indemnización de perjuicios

Elementos constitutivos del Dolo.

1.- Elemento sociológico o intencional, consiste en que debe existir ánimo de engañar.
Este elemento esta consagrado en el art. 44 del Código Civil cuando dice: “El dolo es la intensión positiva”.

La Jurisprudencia ha señalado que para que haya dolo es necesario que la voluntad del agente aparezca
manifestada y determinada en actos que demuestren el propósito de dañar a otra persona.

2.- Elemento material. - Consiste en que el autor del dolo debe materializar su ánimo malicioso en
comportamientos o actitudes externas.

Esto es importante, porque el Juez para determinar si el dolo vicia o no la voluntad, deberá considerar la
naturaleza de los subterfugios usados, porque al igual que en el error, y en la fuerza, el dolo debe ser
determinante, o sea, las maquinaciones empleadas deben ser de trascendencia.
Maniobras dolosas: mentiras, engaño, fraude, etc.

Dolo de los Incapaces.
Consagrado en el art. 1685 del Código Civil.

Este es un dolo especial, que se encuentra expresamente definido por la ley, y consiste, en que un incapaz
emplee maniobras fraudulentas con la finalidad de ocultar su incapacidad y así poder celebrar un acto o contrato
determinado.

Lo que el incapaz persigue cuando actúa con este dolo, es convencer a la persona que contrata con él de que no
sufre ninguna incapacidad.

La ley señala que la mera aseveración que hace el incapaz de que no lo es, no constituye dolo.

Para que exista dolo del incapaz es necesario que se utilicen maquinaciones fraudulentas. Esto, porque si existe
duda acerca de la capacidad la persona, que contrata con el debe actuar en forma diligente y por esto no basta la
simple aserción o aseveración que hace el incapaz.

Cuando el incapaz comete este dolo, la sanción que se le aplica consiste en que ni él, ni sus herederos, ni sus
cesionarios, podrán alegar la nulidad relativa.

Victorio Pesco, señala que tampoco existe dolo del incapaz, cuando este guarda silencio acerca de su
inhabilidad. Y la mayoría de los autores esta de acuerdo con este criterio, ya que si la mera aserción de capacidad
no implica dolo, con mayor razón, el silencio del incapaz no puede implicarlo.

La doctrina ha discutido si el dolo negativo puede o no viciar la voluntad. Es decir, si el silencio en que pueda
incurrir una de las partes puede o no constituir dolo.

Hay casos en que la propia ley da una solución; por ejemplo: en el contrato de seguros, la ley señala que este
contrato se puede rescindir por el silencio del asegurado acerca de ciertas circunstancias, que de ser conocidas
por el asegurador, lo habrían llevado a no contratar. Otro caso es la compraventa, Si la cosa vendida tiene vicios
ocultos no señalados por el vendedor, este será obligado a responde por ellos (al saneamientos de ellos).
31

Derecho Civil I

La deuda se presenta cuando la ley nada dice, y la mayoría de los autores considera que el silencio puede
implicar dolo por el “principio de la buena fe contractual” consagrado en el art. 1546 del

Código Civil, en virtud del cual los contratos deben cumplirse de buena fe.

El juez en cada caso debe determinar si la naturaleza de la omisión constituye dolo.

El dolo como vicio de la voluntad no es necesario que cause daño, basta con que se tenga la intención de dañar.

El único caso donde es indispensable el perjuicio, tiene lugar cuando el dolo es elemento de delito civil.

La jurisprudencia ha señalado que el dolo como vicio de la voluntad no precisa necesariamente de un perjuicio,
basta que existan actos que exterioricen la intensión positiva de engañar a fin de lograr la celebración de un acto
jurídico, pero no es necesario que se consume el perjuicio o daño buscando por el agente.

Requisitos del dolo para que vicien la voluntad consagrados en el art. 1458 del Código Civil.

Primer requisito.- El dolo debe ser principal o inductivo. Esto significa que debe ser determinante, es decir, de
no mediar la maniobra dolosa, la persona, o no habría contratado o lo habría hecho en términos diferentes.

Cuando el dolo no es principal se denomina accidental o incidental. Éste esta regulado en el inciso 2° del art.
1458 del Código Civil; y como se dijo no vicia la voluntad, sin él igual se hubiere contratado; y La sanción que
se aplica no consiste en la nulidad del acto, sino en la de indemnizar los perjuicios.

Tanto el que cometió el dolo, como el que se aprovechó de él deben indemnizar; el primero, por el total del valor
de los perjuicios causados; y los segundos hasta concurrencia del provecho o beneficio que han obtenido.

Segundo requisito.- El dolo debe ser obra de la contraparte para que vicie la voluntad.

Los autores, en general, critican esta exigencia, y señalan que sería más lógico aplicar el mismo criterio que se
emplea en la fuerza.

En tal sentido, la mayoría de los códigos modernos permiten que la maniobra dolosa provenga de cualquier
persona, a diferencia de nuestro Código, que exige que provenga de la contra parte.

Este requisito ha dado origen a determinar que ocurre cuando el acto jurídico es unilateral. Por que si se habla
“de la contraparte” se refiere al acto jurídico bilateral.

Todos los autores están de acuerdo en concluir, que le dolo también se vicia la voluntad en los actos jurídicos
unilaterales, pero en ellos, la maniobra dolosa puede provenir de cualquier persona, sea de quien se quiere
beneficiar con el dolo o de un tercero.

Existen muchos arts. que confirman que el dolo vicia la voluntad en los actos jurídicos unilaterales; por ejemplo:
en el art. 1234, que señala que la aceptación de una herencia no puede rescindirse, a menos que haya habido
dolo; y como sabemos la aceptación es un acto jurídico unilateral. Otro caso es el del art. 1237, que consagra la
misma regla anterior respecto de la repudiación de una herencia, la cual no puede rescindirse a menos que haya
dolo. Otra situación la encontramos en el art. 1782, inc. 2°, que señala que la renuncia de los gananciales no
puede ser dejada sin efecto a menos que haya habido dolo. Ciertamente que esta renuncia constituye un acto
jurídico unilateral.

Tercer requisito.- No lo establece la ley, sino que lo ha agregado la doctrina y la jurisprudencia; y consiste, en
que el dolo debe ser anterior o simultáneo al acto jurídico.
La Corte Suprema, ha señalado que no se puede anular un contrato por el dolo ejecutado con posterioridad a su
celebración.

32

Derecho Civil I

Situaciones especiales del dolo.

La primera es el dolo del representante o del mandatario. El art. 1448 C.C. regula la representación en virtud
de la cual, una persona actúa a nombre de otra radicándose todos los efectos en el representado, pese a que quien
actúo fue el representante.

La doctrina moderna considera que la representación es una modalidad del Acto Jurídico, porque altera sus
efectos normales.

En la representación la voluntad que actúa es la del representante, pero los efectos se radican en el representado.

¿Qué pasa cuando el representante actúa con dolo?

Se discute si este dolo afecta o no al representado y la conclusión es que el dolo del representante, vicia de
nulidad relativa el acto.

Pero como el representado no ha intervenido en las maniobras dolosas, tendrá derecho a ser indemnizado de
perjuicios por el representante.

Segunda situación; Es el dolo bilateral o dolo compartido.- Se presentan cuando las dos partes se quieren
engañar y actúan con dolo.

La Corte Suprema ha señalado que se produce una compensación, que priva a ambas partes de la acción de
nulidad, y por lo tanto, ninguna de ellas podrá alegar la nulidad del acto.

Campo de aplicación del dolo
Tiene un amplio campo de aplicación, opera tanto en los actos jurídicos unilaterales como bilaterales; en los
patrimoniales y en los extrapatrimoniales, sólo reconoce una excepción en que el dolo no vicia la voluntad, y ese
caso es el matrimonio, de acuerdo a la ley de matrimonio civil los vicios de la voluntad en el matrimonio son el
error y la fuerza. La norma considera el rapto dentro de la fuerza y definitivamente no regula el dolo.

El dolo no se presume, lo dice expresamente el art. 1459 C.C. y esto porque la ley siempre presume lo normal, y
lo normal es que no haya dolo. Si alguien alega el dolo, debe probarlo, sólo excepcionalmente hay casos en que
si se presume el dolo, Ejemplo: el art. 94 N°6° de la muerte presunta.

Por otro lado, el dolo no puede perdonarse anticipadamente el art. 1465 C. C. señala que en estos casos hay
objeto ilícito y por lo tanto, nulidad absoluta; solo es posible perdonar el dolo una vez cometido pero jamás en
forma anticipada.

Castigo o sanción que recibe el dolo.
Las sanciones al dolo se justifican por razones de orden público, ya que no puede regir en forma absoluta el
principio, “de la autonomía de la voluntad”. Por ello la ley expresamente prohíbe que se perdonen las futuras
maniobras dolosas.

Si se establece una sanción esta seria la nulidad absoluta, porque existe objeto ilícito (art. 1465 C. C.)

Como se dijo, el dolo pasado, el que ya se cometió, sí se puede perdonar, pero debe hacerse en forma expresa.

Para muchos autores, en este caso no se esta perdonando el dolo pasado, sino que se esta renunciando a la acción
de la nulidad o de indemnización de perjuicios.

Cuando el dolo es principal, vicia la voluntad y recibe como sanción la nulidad relativa. En cambio, cuando es
incidental tiene como sanción la indemnización de perjuicios.

El art. 44 C.C., inc. 1°, parte final, señala que la culpa grave equivale al dolo en materia civil. Nuestro Código
no da una definición general de culpa, pero doctrinariamente se puede decir, que la culpa es la falta de cuidado o
de diligencia en que se incurre al celebrar un acto o ejecutar un hecho.

Puede estar presente la culpa tanto con el campo contractual, como en el campo extracontractual (la culpa es un
elemento del cuasi delito civil).
Nuestro Código clasifica la culpa tres clases o categorías.

a).- Culpa grave o lata;
b).- Culpa leve; y,
c).- Culpa levísima. (art. 1547).

Para determinar de que culpa responde el deudor, la ley distingue a quien le reporta utilidad el acto o contrato.
Así:

1° Si el acto o contrato beneficia solamente al acreedor, el deudor responde de la culpa grave.

33

Derecho Civil I

2° Si el acto o contrato beneficia a ambas partes, el deudor responde de la culpa leve.

3° Si el acto o contrato sólo beneficia al deudor, el responde de la culpa levísima.

Todo lo anterior se entiende siempre que las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, no hayan
estipulado algo diferente.

Culpa grave o lata

Esta culpa es la menos exigente de todas, y el código la define en el art. 44 inc. 2°.

Diciendo que: “culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos
con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios
propios”.

De esta culpa responde el deudor, cuando el acto o contra beneficia al acreedor.

Por ejemplo: el contrato de depósito (no da derecho a usar lo que se mando a guardar).
Esta culpa la ley la asemeja al dolo en los asuntos civiles, es decir, el legislador entiende que el que incurre en
esta clase de culpa, esta actuando con dolo, porque se ha incurrido en una negligencia de tal magnitud que viene
a ser lo mismo que el actuar dolosamente.

Como consecuencia de esta equiparación o similitud, la culpa grave, al igual que el dolo, no podrá perdonarse
anticipadamente; sin embargo, esta culpa si bien se asemeja al dolo es diferente a él. Y

La principal diferencia consiste en que la culpa grave se presume en ciertos casos, en el dolo nunca se presume,
salvo en las excepciones legales.

La culpa leve

Constituye la regla general en materia de responsabilidad y consecuentemente de culpa. En efecto, cuando la ley
sólo habla de culpa, se entiende que se esta refiriendo a la culpa leve.

Esta culpa esta regulada en el art. 44 inc. 3° y 4° que reza: “es la falta de aquella diligencia y cuidado que los
hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve.

La disposición agrega: “el que administra un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta
especie de culpa”.

El deudor responde de este tipo de culpa, cuando el acto o contrato beneficia a ambas partes. Por ejemplo: todos
los contratos bilaterales

La culpa levísima

Se encuentra regulada en art. 44, inc. 5° y es la más exigente de todas.

El texto legal reza: “culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso
emplea en la administración de sus negocios importantes

De esta culpa responde el deudor, cuando el acto o contrato sólo lo beneficia a él por ejemplo, el comodato.

34

Derecho Civil I

LA LESION

Lo primero que hay que tener presente es que la lesión no es un vicio del consentimiento. Y nuestro código
sólo le dio valor en muy pocos casos; y siempre la consideró como un vicio del acto o contrato, pero no como un
vicio de la voluntad.

En el proyecto de Código Civil, la lesión era considerada como un vicio de la voluntad; pero después fue
suprimida.

En términos generales, cuando las partes contratan siempre existe un riesgo de que uno obtenga una ganancia a
costa de la perdida del otro, esto es algo natural e irrelevante para el legislador; sin embargo, cuando se produce
un desequilibrio desproporcionado, puede haber lesión.

La lesión la podemos definir como: “el perjuicio que una parte sufre con motivo de la celebración de un acto
jurídico, oneroso, conmutativo, a consecuencia de la desproporción económica de las prestaciones que el acto
impone”.

Si el acto jurídico es gratuito, no cabe la lesión, porque en ellos la desproporción es de la naturaleza del acto.

En los actos jurídicos onerosos aleatorios, tampoco opera la lesión, porque en ellos el equivalente, consiste,
justamente, en una contingencia incierta de ganancia o perdida.

Finalmente, en aquellos casos en que el legislador admite la lesión como vicio del contrato, la sanción que recibe
es la de nulidad relativa.

Teorías sobre la lesión.

Teoría o Escuela Objetiva. Su creador fue Portalis, y considera que la lesión produce un enriquecimiento
injusto que atenta contra el orden público, ya que el interés de la comunidad es que la prestación en los contratos
establezcan condiciones justas; de lo contrario, se afectaría el acto o contrato mismo, pero no la voluntad de las
partes.
Justamente esta es la teoría que sigue nuestro código.

Teoría Subjetiva. Considera que la lesión implica un engaño, lo que determina que la voluntad de las parte se
exprese de manera distorsionada, es decir, considera a la lesión como un vicio de la voluntad.

Los códigos modernos adhieren a esta teoría, ya que, generalmente, la lesión no permite que la voluntad de las
partes se exprese en forma espontánea y libre.

A pesar de que nuestro código adhirió a la teoría objetiva, no le dio un tratamiento orgánico a la lesión, sólo se
remitió a ella en casos aislados y la pondera utilizando un criterio matemático, de manera que no se deja a la
consideración del juez la determinación de si hubo o no lesión, encargándose la ley de hacer tal ponderación. Por
lo tanto, el juez para declarar la nulidad relativa por lesión, necesita un texto expreso de la ley que lo autorice.

Casos en que opera la lesión en nuestra legislación. Los casos en que nuestro derecho civil admite la lesión
son taxativos, por lo tanto, no se pueden interpretar de manera extensiva o análoga, ni hay más casos de los que
la propia ley se encargó de admitir.

1°.- En la compraventa de bienes raíces (arts. 1888 y 1889).
Aquí se aprecia con claridad el criterio matemático que emplea el legislador en esta materia, denominándola en
este caso “lesión enorme”.
En este caso, se establece que el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad
del justo precio de la cosa que se vende.

Por otro lado, el comprador sufre de lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra, es inferior a la
mitad del precio que paga por ella.

La ley agrega, que el justo precio se pondera al tiempo del contrato.

La acción rescisoria o acción para pedir la nulidad relativa prescribe en el plazo de 4 años contados desde la
fecha de celebración del contrato.

2°.- También opera la lesión en la permuta. Éste es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar
una especie o cuerpo cierto por otro (antiguo trueque).

De acuerdo al art. 1900 la permuta se rige por las reglas de la compraventa, por lo tanto, la permuta de bienes
raíces puede ser objeto de lesión enorme en los mismos casos que la compraventa.

3°.- En la aceptación de una asignación hereditaria. (art. 1234). En este caso el código la llama “lesión
grave” y se presenta cuando se disminuye el valor total de la asignación en más de la mitad (1234, inc. final).

35

Derecho Civil I

4°.- Otro caso se presenta en la partición de bienes. Aquí el legislador sólo habla de lesión y se presenta
cuando uno de los coasignatarios, que son los comuneros, es perjudicado en más de la mitad de su cuota. (art.
1348, inc. 2°).

5°.- En el mutuo de dinero. La ley 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero regula esta figura del mutuo de
dinero; y la misma ley reconoce la existencia de dos tipos de intereses; a saber:

a).- Los corrientes; que son aquellos que fija la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras todos los
meses, y que se calcula sobre la base del interés promedio que cobran los bancos y las instituciones financieras
situadas en el territorio de la República.

Este interés es el que constituye la regla general en la materia, por lo tanto, si nada se dice al particular, es éste el
interés el que opera.

b).- El máximo convencional; que es aquel que las partes pueden estipular; y que tiene un limite, que consiste en
que éste no puede exceder del 50% del corriente.

Si se infringe este límite, y las partes establecen un interés superior a este tope, la sanción no se traduce en la
nulidad del acto, sino en que el interés se va a rebajar al corriente, ya que en ese caso hubo lesión.

6°.- En la cláusula penal. Aquí el Código habla de cláusula penal enorme; con esto hace referencia a la lesión.

La cláusula penal es una garantía en que una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación principal
se somete a una pena en caso de que no se ejecute o se retarde el cumplimiento de la obligación principal.

Cuando la pena consiste en dar dinero y el contrato del que emana la obligación principal es conmutativo, es
posible que haya lesión y a este respecto la ley señala, que la lesión se prestará cuando la pena que se conviniere
excede al doble de la obligación principal, incluyendo la obligación principal en ese duplo.

Esto lo dice el art. 1544 C.C.

Fuera de estos casos no hay más que aludan a la lesión, y en todos ellos, como se dijo, el legislador emplea un
criterio matemático y objetivo.

En todos los casos, la lesión debe estar presente al momento de celebrarse el acto contrato y tiene como sanción
la nulidad relativa o rescisión.

2° Requerimiento de validez: La Capacidad De Las Partes.

Todo acto jurídico, sea unilateral o bilateral supone una manifestación de voluntad y para que esa manifestación
sea válida, debe emanar de una persona capaz, es decir, de una persona que tenga la facultad de comprender los
alcances del acto que esta celebrando o ejecutando.

En general la capacidad es “la aptitud o suficiencia para hacer alguna cosa.

Ramón Domínguez dice que es la aptitud de las personas parta adquirir, gozar y hacer valer por si mismo un
derecho en la vida jurídica.

El Código Civil da una definición incompleta al respecto, y dice que la capacidad legal de una persona consiste
en poder obligarse por si mismo y sin el ministerio o autorización de otro (art. 1445, inc. 2° C. Civil).

Esta definición se ha criticado por dos motivos:

1.- La definición es incompleta puesto que sólo regula el punto de vista pasivo, la situación del deudor, pero
nada se dice respecto del acreedor; y por esta razón se ha dicho, que la capacidad legal consiste en que una
persona se pueda obligar por si misma sin el ministerio o autorización de otra y pueda adquirir derecho por si
misma y ejercerlos sin dicho ministerio o autorización, (aquí se consagra el punto de vista pasivo y activo).

2.- Esta definición se refiere a la capacidad de ejercicio pero no a la goce. La capacidad se asemeja a la
personalidad, pero se deferencia en que la personalidad es un concepto absoluto, se es o no persona, no hay
sistema intermedio; en cambio la capacidad admite graduación.

36

Derecho Civil I

Clasificación de la Capacidad.

Aquí podemos distinguir entre capacidad de goce o de ejercicio.

La de goce, es la que tienen todas las personas por el sólo hecho de existir y consiste en poder adquirir derecho y
contraer obligación, aún cuando estos derechos y estas obligaciones no se puedan cumplir por si mismas.

A esta capacidad de goce se le llama también capacidad adquisitiva, porque habilita para adquirir derechos.

La de ejercicio, es aquella que se encuentra definida por el Código en el art. 1445, inc. 2° y consiste en poder
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer dichos derechos y cumplir tales obligaciones personalmente,
sin la autorización o representación de otra persona.

Esta capacidad sólo la tiene las personas plenamente capaces. Y la regla general es que toda persona sea capaz,
salvo aquellos que la ley declara incapaces, esto lo dice el art. 1446.

37

Derecho Civil I

LAS INCAPACIDADES
A ella se refiere el art. 1447 y existen tres grupos de incapacidades.

1.- Absolutamente incapaces.

2.- Relativamente incapaces.

3.- Las incapacidades especiales o prohibiciones. Y estas se presentan cuando una persona pese a ser plenamente
capaz, no puede celebrar un determinado acto o contrato.

En el derecho procesal a estas incapacidades especiales se les llama falta de legitimación para actuar y se
presentan cuando una persona no se encuentra legitimada para ejercer una acción o celebrar un acto
determinado.
Ejemplo
.- el art. 412 inc. 2° C.C. que prohibe al tutor o curador comprar los bienes raíces del pupilo o tomarlos en
arriendo.

.- El art. 1796 C.C. que prohíbe la compraventa entre cónyuges no divorciados a perpetuidad.

En estas incapacidades especiales existen ciertos actos, en que por las circunstancias en que se encuentran las
partes entre si o por el objeto sobre que versa, la ley prohíbe que sean celebradas entre ciertas y determinadas
personas, a diferencia de lo que ocurre con las incapacidades absolutas y relativas, porque ellas se refieren a una
generalidad de actos.

Normas generales en torno a la capacidad.

1) cada vez que la ley habla de incapacidad se esta refiriendo a la de ejercicio.

2) Sólo la ley puede crear incapacidades, las partes convencionalmente no pueden establecer nuevas
incapacidades.

3) Las normas sobre incapacidad son de derecho estricto, y por lo tanto, no se pueden aplicar por analogía,
porque son excepcionales.

4) La incapacidad constituye una excepción a la regla general que es la capacidad.

5) Las incapacidades pueden ser de tres tipos a) absolutas, b) relativas, c) especiales.

Incapacidad Absoluta.

La incapacidad absoluta es aquella de que padecen ciertas personas que en concepto del legislador carecen de
voluntad jurídica o en el evento de tenerla no la pueden expresar sea por un defecto físico o mental.

A los absolutamente incapaces les faltan dos elementos esenciales del proceso volitivo que son: el
discernimiento para comprender los alcances del acto y la intención.

En otras palabras, los absolutamente incapaces carecen de voluntad jurídica. Sin embargo, estos, por el hecho de
tener la capacidad de goce, pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, pero no pueden actuar
personalmente; para hacerlo deberán actuar por medio de sus representantes legales.

Por lo tanto, en la vida jurídica el absolutamente incapaz sólo puede actuar representando por su representante
legal.

Son absolutamente incapaces: Los dementes, los impúberes y el sordo mudo que no pueda darse a entender
claramente.

Fuera de estos, no hay más absolutamente incapaces. Esto es taxativo.

A).- El Demente.
La demencia es una de las tantas enfermedades mentales que existen, sin embargo, esta palabra el legislador la
tomo en su sentido natural y obvio, como sinónimo de cualquier enfermedad mental que implique privación de
razón.

El demente debe someterse a un procedimiento judicial especial, que consiste en la interdicción, en virtud de
este procedimiento el juez dicta un decreto (de interdicción), en el cual se declara inhabilitado al demente para
actuar y este decreto debe inscribirse en el Reg. de interdicciones y prohibiciones del Conservador de Bienes
Raíces (se trata de un procedimiento no contencioso).

El representante legal del demente, si es menor de edad, se llama tutor, si es mayor de edad se llama curador.
38

Derecho Civil I

El decreto de interdicción tiene importancia para efectos de prueba, porque mientras no se dicte este decreto, los
actos del demente se presumen válidos, a menos que se pruebe la demencia; en cambio, una vez dictado e
inscrito el decreto, se presume de derecho la demencia y no se podrá alegar la validez del acto, ni aún
argumentando que el demente actúo durante un intervalo lúcido.

En la época en que el dictó el C.C. existía una gran discusión acerca de la posibilidad que el demente actuara
durante un intervalo lúcido. Sin embargo, Bello, adelantándose a su época, estimó que los dementes no tenían
realmente tales intervalos y que estos no eran más que características propias de la enfermedad.

Si un demente actúa en la vida jurídica por sí sólo, sin estar representado por su representante legal, el acto es
nulo de nulidad absoluta.

Ahora bien, si un demente se recupera, puede ser rehabilitado, pero para esto se requiere de una resolución
judicial que ordene cancelar las inscripciones, y el tutor o curador, en su caso, deberá rendir cuentas al demente
de su administración.

B).- Los Impúberes.

Son los hombres menores de 14 años y las mujeres menores de 12.

La ley hace una sub. distinción al respecto, puesto que los menores de 7 años, de cualquier sexo, reciben el
nombre de infantes o niños. (art. 26).

Bello, al tenor de los conocimientos científicos que en la época del código existían, determino, arbitrariamente,
estos límites de edad y que está determinada por la capacidad reproductiva de las personas.

Esta posición de Bello se ha criticado, porque se sostiene que no hay una relación directa entre la madurez y la
pubertad; asimismo se dice, que esta última no siempre llega a la misma edad.

El legislador considera, que los impúberes son personas que carecen de voluntad jurídica; se afirma que no se
han desarrollado aún y, por lo tanto, no pueden comprender los alcances de los actos jurídicos.

Los impúberes sólo pueden actuar representados por su representante legal, que será, si es un hijo familiar, el
padre o la madre que ejerza la patria potestad; y si es un hijo no familiar por su tutor.

Si en la práctica un impúber actúa sin estar representado, su acto es nulo, de nulidad absoluta.
A este respecto conviene advertir, que la ley consagra dos reglas especiales que se aplican al infante y al
demente; a saber:

a).- Ambos son incapaces, además, desde el punto de vista extra contractual, o sea, no responden por sus ilícitos
civiles (delitos y cuasidelitos civiles). Art. 2319.

b).- Asimismo, no son capaces de iniciar posesión de las cosas que no pertenecen a alguien. 723, inc. 2°.

C).- Sordomudos que no pueden darse a entender claramente.

Lo que hace que el sordomudo sea absolutamente incapaz, es su incapacidad para manifestar claramente su
voluntad, lo que a demás de crear una situación de ambigüedad, expone a éste a una situación de absoluta
indefensión.

La ley aquí cambio de criterio, en cuanto a la circunstancia que hacía al sordomudo incapaz. Antiguamente, esa
circunstancia estaba dada por el hecho de haber sido el sordomudo analfabeto, de manera que, si el aprendía a
leer y escribir cesaba su incapacidad, con mayor razón hoy no lo será, ya que la escritura es una de las formas en
que expresamente una persona puede manifestar cualquier voluntad.

Regularmente el sordomudo es una persona inteligente, de manera que tiene voluntad jurídica (es una diferencia
con el impúber y el demandante), pero el problema radica en que no puede expresarla claramente, y por ello es
considerado como absolutamente incapaz.

Por lo tanto, para que el sordomudo deje de ser absolutamente incapaz es necesario que aprenda a manifestar de
manera indubitada su voluntad.

Finalmente, cabe concluir, que todos los actos del sordo mudo que realice sin la autorización de su representante
legal, al igual que los otros absolutamente incapaces, tendrá como sanción la nulidad absoluta

39

Derecho Civil I

Relativamente Incapaces.

Son personas que tienen un cierto grado de madurez, pero aún no han logrado el suficiente juicio como para
desprotegerlos legalmente.

El relativamente incapaz tiene voluntad jurídica, pero inmadura, en otras palabras, se trata de una voluntad
incompleta.

Al tenor de lo enunciado precedentemente, los relativamente incapaces, en la vida jurídica pueden actuar de dos
formas diferentes; a saber:

1.- Representados por un representante legal, al igual que los absolutamente incapaces; y,

2.- Puede actuar autorizados por su representante legal. En este segundo caso, la autorización que se le da se
denomina “formalidad habilitante”, porque habilita, faculta o permite al incapaz para actuar en la vida jurídica
(completa la incapacidad del incapaz para actuar).

El representante legal del relativamente incapaz será su padre o madre o bien el curador que se le designe.

Además existen casos excepcionales, en que es la propia ley la que autoriza al relativamente incapaz para actuar
por sí solo, sin encontrarse ni autorizado, ni representado por su representante legal. Estos casos se refieren, en
general, a situaciones que benefician al incapaz, o bien a circunstancias muy personales en las que no puede
intervenir su representante.

Si el relativamente incapaz actúa en la vida jurídica sin encontrarse autorizado, ni representado y el acto no se
encuentra dentro de aquellos en que la ley lo autoriza a actuar sólo, la sanción será la nulidad relativa.

Son relativamente incapaces: El menor adulto; y, el disipador declarado en interdicción de administrar lo suyo
(El dilapidador). Fuera de estos, no hay más relativamente incapaces.

Hasta antes del año 89, la mujer casada en Régimen de Sociedad Conyugal también era relativamente incapaz,
sin embargo, por la ley 18.802 se derogó esa disposición.

El menor adulto.

Es la mujer mayor de 12 años y el varón mayor de 14 y menores de 18 años.

El paso de la absoluta incapacidad deriva del hecho que el legislador consideró que en los 14 años varones y a
los 12 años las mujeres llegaban a la pubertad y se quiso seguir el mismo criterio dado por el derecho canónico.

Este criterio no es compartido por todas las legislaciones, y muchos autores consideran, que en aquellos
Ordenamientos Jurídicos donde se considera que la pubertad llega a una edad muy temprana, los jóvenes no
tienen el suficiente discernimiento como para ejecutar ciertos actos que la ley autoriza a celebrar a estos
relativamente incapaces por si solos, y por ello consideran que el paso a la relativa incapacidad debería ser una
edad mayor.

El disipador interdicto.

El disipador, dilapidador o pródigo, son aquellas personas que, en forma reiterada y habitual, gastan de manera
desproporcionada a sus haberes y sin finalidad lógica.

El dilapidador por si solo, es plenamente capaz, lo que lo convierte en relativamente incapaz es el hecho de
encontrarse en interdicción, es decir, es necesario que se le haya solicitado al juez la dictación del decreto de
interdicción, a través del cual, se priva al dilapidador de la administración de sus bienes y se le nombra, en
calidad de representante legal, a un curador. Este decreto de interdicción debe inscribirse en el registro de
interdicciones y sólo una vez que el decreto se encuentre inscrito, el disipador pasa a ser relativamente incapaz.

La ley establece que la dilapidación debe probarse ante el juez a través de una serie de hechos repetidos que
demuestren la falta total de prudencia, (art. 445 C.C.).

Si el disipador que se encuentra bajo interdicción actúa en la vida jurídica sin encontrarse autorizado, ni
representado, la sanción será la Nulidad Relativa.

40

Derecho Civil I

Su representante Legal es el curador que el juez le designa, y al igual que el demente, el disipador puede ser
rehabilitado, en este caso, deberá cancelarse la inscripción y el curador le deberá rendir cuentas de su
administración.

El disipador no es un demente, porque el no tiene una desviación de la razón, lo que ocurre es que tiene una falta
de prudencia y no sabe medir los gastos que realiza o ejecuta.

Existen casos en que el legislador autoriza al juez para dar la autorización a un relativamente incapaz. Esta
autorización se le llama, autorización judicial supletoria y también es una formalidad habilitante, porque le va a
permitir al incapaz actuar válidamente en la vida jurídica.

Esta autorización sólo procede cuando la ley lo permite. Además va a proceder cuando el representante legal se
la haya negado o éste este impedido para dar la autorización.

Característica de la autorización judicial Supletoria.-

1.- En esta autorización el juez sólo puede intervenir cuando la propia ley lo autoriza, de manera que su
actuación no opera siempre, sino sólo en aquellos casos expresamente señalados por el legislador.

2.- Esta autorización es supletoria, porque el relativamente incapaz debe dirigirse primero a su representante
legal, y si se niega injustificadamente, o se encuentra impedido para actuar, el relativamente incapaz deberá
analizar si el legislador lo autoriza o no a recurrir ante el juez.

3.- Esta autorización es especial, y el juez para autorizar debe proceder con conocimiento de causa. Es decir, se
le deberá probar al juez, que el representante legal esta incapacitado o bien, que su negativa es injustificada.

4.- Esta autorización es una formalidad habilitante, porque tiene por objeto habilitar al incapaz para actuar.

La omisión de esta formalidad tiene como sanción la nulidad relativa, porque es una formalidad exigida en
atención al estado o capacidad de las personas.

Finalmente, cabe señalar, que esta autorización no convierte al juez en representante legal, porque los únicos
representantes legales son los señalados en la ley, y en ella no se menciona al juez (art. 43)

Actos Domésticos

Son aquellos que habitualmente celebran los absoluta y relativamente incapaces sin encontrarse ni autorizados,
ni representados, pese a esto tienen validez.

Por ejemplo, un incapaz paga un pasaje de micro o bus.

En general, en la doctrina se ha discutido el motivo del porque estos actos son válidos; y se ha concluido, que su
valor deriva de la circunstancia de que en ellos la posibilidad de que el incapaz sufra un perjuicio es muy
reducida; También se dice, que en estos casos habría un mandato tácito
del representante legal que autorizaría al incapaz a actuar.

Sin embargo, este argumento sólo es válido respecto del relativamente incapaz, pero no podría alegarse respecto
del absolutamente incapaz, ya que éste sólo puede actuar representado.

Incapacidades especiales o Prohibiciones consagradas en el inc. final del art. 1447.

Las personas afectadas por estas incapacidades son personas plenamente capaces, pero que por una prohibición
del legislador no se encuentran autorizadas para celebrar ciertos y determinados actos jurídicos con ciertas y
determinas personas, es decir, no tienen poder negocial; no se encuentran “legitimadas” para actuar.

Y a modo de ej. podemos citar:

Art. 1796.- Este art. prohíbe la compraventa entre cónyuges no divorciados y entre el padre o madre e hijo de
familia.

Art. 1798.- prohíbe a los jueces, abogados, procuradores, y notarios compara los bienes que se venden como
consecuencia del juicio en el que ellos han intervenido

41

Derecho Civil I

EL OBJETO

Conceptos Generales.

Todo acto jurídico debe tener un objeto, pues éste es un requisito de existencia esencial, sea cual fuere la especie
de acto jurídico de que se trate.

El concepto de objeto es controvertido en doctrina. Para quienes definen el acto jurídico como la manifestación
de voluntad hecha con la intención de crear, modificar o extinguir derechos subjetivos, el objeto estaría
constituido, precisamente, por los derechos y obligaciones que el acto crea, modifica o extingue. Dicho de otro
modo, el objeto es lo querido por el autor o por las partes del acto jurídico.

Para otros, el objeto del acto jurídico sería la prestación, es decir, la cosa que debe darse o el hecho que debe
ejecutarse o no ejecutarse. Quienes dan este concepto de objeto piensan que son una misma cosa el objeto del
contrato y el objeto de la obligación.

Nuestro Código no lo definió, sino que se limitó a decir, en el artículo 1445 para que una persona se obligue a
otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: ...”3° que recaiga sobre un objeto lícito”, y en el artículo
1460 agrega que “toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o
no hacer”, concluyendo que “el mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración”.

De esta manera, podemos concluir que para la legislación chilena, según se desprende del artículo 1460, el
objeto del acto jurídico es la prestación, esto es, la cosa que debe darse o entregarse o el hecho que debe
ejecutarse o no ejecutarse.

Y ello porque la persona que realiza un acto jurídico, como lo hemos dicho reiteradamente, lo hace para
satisfacer una necesidad, y dicha necesidad, en términos amplios, se satisface con una cosa que debe darse o
entregarse o con un hecho que debe o no ejecutarse.

Requisitos del Objeto.

En doctrina el objeto debe reunir ciertos requisitos o cualidades, a saber:
La determinación, posibilidad y licitud.

a).- Determinación del objeto. El objeto debe determinarse al momento de la conclusión del acto jurídico o, a lo
menos, debe ser determinable, lo que presupone y exige que se haya establecido desde dicho momento un medio
objetivo de determinación, o sea, que exista la posibilidad de una determinación no dejada a la voluntad del
declarante o de los declarantes.

b).- Posibilidad del objeto. El objeto debe ser posible, tanto en el hecho como en el derecho. Se opone a este
requisito o cualidad la imposibilidad, que, asimismo, puede ser de hecho o jurídica.
La imposibilidad de hecho, material o física se tiene, por ejemplo, en la venta de cosas inexistentes o en la
promesa de un inalcanzable, por ej. un viaje al sol.

Lo que se requiere es que el objeto sea posible objetivamente al momento de celebrar el acto jurídico.

La imposibilidad jurídica se debe a razones o causas de derecho. Por ej., hay imposibilidad jurídica en el
contrato de venta que se hace al extranjero de mercaderías para las cuales está prohibida la exportación. También
hay imposibilidad jurídica en el contrato de prenda sobre bienes raíces, o el de hipoteca sobre un mueble, que no
sea nave o aeronave.

Desde el punto de vista de la posibilidad jurídica, no es obstáculo la no existencia actual de las cosas; puede, en
efecto, ser objeto del contrato las cosa futuras; salvo disposiciones excepcionales que contengan prohibiciones,
como la que prohíbe los pactos relativos a sucesiones todavía no abiertas”.

c).- Licitud del objeto. Finalmente, el objeto debe ser lícito, es decir, no debe ser contrario a la ley, al orden
público o a las buenas costumbres, Se dice que el objeto que contraviene a la ley o al orden público es ilegal; y
que el que contraviene las buenas costumbres es inmoral. Por ejemplo, sería ilegal el objeto en la renuncia de la
acción rescisoria por lesión enorme en la compraventa; o en los pactos para disponer en forma distinta que la
legal de la cosa dada en prenda.

En términos generales, son ilícitos los contratos o negocios que tienen por objeto la realización de una acción
delictuosa; por ejemplo los contratos de prostitución; los contratos dirigidos a hacer desaparecer a otra persona,
etc.

El objeto para el Código Civil.

Requisitos que debe reunir el objeto. Hemos mencionado que para nuestro Código Civil el objeto de todo acto o
declaración de voluntad es una cosa que debe darse o entregarse o un hecho que debe o no ejecutarse.
Consecuente con lo anterior, el Código, al establecer los requisitos del objeto, distingue si éste consiste en una
cosa que debe darse o entregarse o en un hecho que debe o no ejecutarse.
42

Derecho Civil I

Si el objeto de la declaración de voluntad es una cosa que debe darse o entregarse, la cosa debe ser real,
comerciable y determinada.
Si el objeto de la declaración de voluntad es un hecho, éste debe ser determinado y física moralmente posible.

I.- Requisitos que debe reunir la cosa objeto de la declaración de voluntad.

a).- Cosa Real. La cosa que debe darse o entregarse debe ser real, es decir, tiene que existir al momento de la
declaración de voluntad o, a lo menos, debe esperarse que exista. Así se desprende del inciso primero del
artículo 1461 que dice que “no sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino
las que se espera que existan”.

Supongamos, por ej., un contrato de compraventa en virtud del cual A vende a B un caballo en un precio
determinado. El caballo que debe dar A a B tiene que existir al tiempo del contrato, o esperarse que exista.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1813, la venta de una cosa que no existe, pero se espera que
exista, se entiende hecha bajo la condición de que la cosa llegue a existir, a menos que se exprese lo contrario, o
que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte.

b).- Cosa comerciable. La cosa que debe darse o entregarse debe ser comerciable, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 1461, inc. 1°, que dice: “... pero es menester que las unas y las otras sean
comerciables,...”.

Se dice que la cosa es comerciable cuando es susceptible de dominio o posesión por los particulares. O bien,
cuando se encuentra en el comercio humano y no excluida de él por su naturaleza, por su destinación o por la
ley, como salvaguardia del orden público.

c).- Cosa determinada. La cosa que debe darse o entregarse debe estar determinada a lo menos en cuanto a su
género. Así lo establece el artículo 1461, inc. 1°.

La cosa puede determinarse en especie o género. La determinación es específica cuando se individualiza
determinadamente un individuo de un género también determinado. Por ej., el caballo fina sangré Torbellino,
ganador del Derby de Kentucky. La determinación es genérica cuando se indica indeterminadamente un
individuo de un género determinado, Por ejemplo, un automóvil; dos caballos.

Cuando la cosa se ha determinado sólo genéricamente, es preciso indicar, además, la cantidad. El artículo 1461,
en su inc. 2°, permite que la cantidad sea incierta, osea, que no se indique con precisión en el acto contrato, con
tal de que este contenga datos o fije reglas que sirvan para determinarla. Se dice, en este caso, que la cantidad es
determinable.

II.- Requisitos que debe reunir el hecho objeto de la declaración de voluntad.

a).- Hecho Determinado. El hecho objeto de la declaración de voluntad debe estar determinado, en el sentido de
que la persona que se obliga tiene que saber qué hecho debe ejecutar o de qué debe abstenerse. Del mismo modo,
el acreedor debe saber qué es lo que puede exigir al deudor.

b).- Hecho física moralmente posible. El hecho objeto de la declaración de voluntad debe ser física y
moralmente posible.

De acuerdo con lo establecido por el inciso final del artículo 1461, es físicamente imposible el hecho cuando es
contrario a la naturaleza, y moralmente imposible, el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres
o al orden público.

Sanción por falta de objeto.
Falta el objeto cuando no reúne uno o más de los requisitos o cualidades exigidos por la ley.

Doctrinariamente el acto que carece de objeto es inexistente, pues falta un requisito esencial para la existencia
jurídica.

Sin embargo, el Código en el art. 1682, establece como sanción por falta de objeto la nulidad absoluta, pues se
habría omitido un requisito establecido por la ley para el valor del acto, en consideración a su naturaleza o
especie.

43

Derecho Civil I

EL OBJETO LICITO.

Concepto Generales.

Hemos visto que para la existencia del acto jurídico se requiere que éste tenga un objeto. Si falta el objeto, el
acto es jurídicamente inexistente.

Para la validez del acto jurídico se requiere que el objeto sea lícito. Si el acto jurídico tiene objeto, pero este es
ilícito, el acto existe, pues se han dado los requisitos esenciales para que nazca a la vida del derecho;

Sin embargo el acto jurídico nace con un vicio que lo hace susceptible de ser invalidado.

Como dicen algunos, comparando con la vida de los seres humanos la situación que se produce como
consecuencia de la omisión de un requisito de validez, el caso es muy similar de una criatura que nace con una
enfermedad grave. Pudo ésta nacer, pero como consecuencia de la enfermedad, bien puede morir.

La omisión del requisito de validez representa para el acto jurídico una grave enfermedad, que puede producir su
muerte, como consecuencia de la declaración de nulidad.

El Código Civil en el artículo 1445 exige que el objeto sea lícito, sin definir qué se entiende por tal. Tampoco
dice cuándo el objeto es ilícito, limitándose a señalar algunos casos de ilicitud en el objeto.

La noción del objeto ilícito ha sido controvertida en la doctrina nacional.

Según Claro Solar, “para la validez de la declaración de voluntad no basta que su objeto sea posible,
cierto, determinado y comerciable; se requiere además que sea lícito. Objeto lícito significa que es
reconocido por la ley, que lo protege y ampara”. A contrario sensu, objeto ilícito sería aquel que no se
conforma con la ley; o bien, sería aquel que infringe la ley o contraviene el orden público o las buenas
costumbres. Este concepto de objeto ilícito se obtendría del artículo 1461 inciso final, que se refiere al objeto
moralmente imposible, y aplicando por analogía el artículo 1467, referido a la causa ilícita.

Para otros autores – como Eugenio Velasco Letelier – objeto ilícito sería aquel que carece de cualquiera de los
requisitos que la ley señala al objeto, tanto cuanto éste consiste en una cosa o un hecho.

Para Avelino León, es aquel que versa sobre las cosas incomerciables o sobre hechos o contratos prohibidos por
las leyes, o sobre hechos contrarios a las buenas costumbres o al orden público.

Si bien el Código, como hemos dicho, no define el objeto ilícito, señala entre los artículos 1462 a 1466 algunos
casos en que se presenta con especial relevancia la ilicitud del objeto, dichos casos son los siguientes:

a) Actos que contravienen el derecho público chileno;

b) Pactos sobre sucesiones futuras;

c) Enajenación de las cosas enumeradas en el artículo 1464;

d) Actos contrarios a la Ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.
Analizaremos cada uno de estos casos en los números siguientes:

a) Actos que contravienen el Derecho Público chileno.

Dispone el artículo 1462 que “hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho publico chileno”,
señalando como ejemplo la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes
chilenas.

El objeto ilícito existe en todo acto o contrato que vulnere o infrinja el derecho público chileno.

b) Pactos sobre sucesiones futuras.

1.- Dice el artículo 1463: “El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de
una donación o contrato, aún cuando intervenga el consentimiento de la misma persona.

Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario, relativa a la misma legítima o a
mejoras, están sujetas a las reglas especiales contenidas en el Título de las Asignaciones Forzosas”.
44

Derecho Civil I

El artículo transcrito permite formular los siguientes comentarios:

1.- El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de contrato alguno, sea
gratuito u oneroso. Tal es el alcance de los términos “donación o contrato” que emplea el Código incurriendo en
un error, pues la donación es también un contrato.

2.- El inciso segundo del artículo 1463 induce a pensar que pueden existir convenciones entre el que debe una
legítima y el legitimario relativas a la misma legítima o mejoras, convenciones que reglamentaria el Código en el
Título de las Asignaciones Forzosas.

Se afirma que no puede celebrarse validamente ninguna convención entre la persona que debe una legítima y el
legitimario que tenga por objeto la legítima y que sólo por excepción las normas contenidas en el Titulo de las
Asignaciones Forzosas permiten una convención, relativa a la cuarta de mejoras, a saber: el pacto de no disponer
de la cuarta de mejoras. (art. 1204).

Del artículo a que se hace referencia se desprende que, no puede celebrarse válidamente convención alguna entre
el que debe una legítima y el legitimario relativa a la misma legítima. En lo que respecta a la cuarta de mejoras,
la única convención permitida es la de no disponer de dicha cuarta.

3.- Cabe tener presente, finalmente, que la ley prohibe las convenciones que tengan por objeto el derecho de
suceder por causa de muerte a una persona viva, siendo perfectamente válidas las convenciones relativas a
derechos sucesorios ya existentes, por haber muerto el causante. Tanto es así, que la ley reglamenta
expresamente la cesión de derechos hereditarios en los artículos 1909 y sgtes.

c) Enajenación de las cosas enumeradas en el artículo 1464.

Dice el artículo 1464: “hay un objeto ilícito en la enajenación : 1° de las cosas que no están en el comercio; 2° de
los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona; 3° de las cosas embargadas por decreto
judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello; 4° de las especies cuya propiedad se
litiga, sin permiso del juez que conoce el litigio”.

Antes de entrara al estudio de las enajenaciones enumeradas por el artículo 1464, es menester precisar el sentido
y alcance de algunos conceptos.

Que se entiende por enajenación.

En un sentido restringido, la enajenación se designa exclusivamente a la transferencia del derecho real de
dominio.

Sin embargo, se discute en doctrina el alcance que debe darse al término enajenación en el artículo 1464.

Para algunos, la expresión enajenación designa únicamente a la transferencia del dominio, lo que estaría
demostrado por el hecho de que el Código, en varias disposiciones, distingue entre la enajenación y la
constitución de otro derecho real que no sea el dominio, diciendo, por ejemplo, “enajenar e hipotecar” o
“enajenar y gravar con hipotecas, censos o servidumbres”.

Con todo, la doctrina mayoritaria estima que la palabra enajenación empleada por el artículo 1464 debe tomarse
en un sentido amplio, comprensivo no sólo de la transferencia del dominio, sino que también de la constitución
de cualquier otro derecho real.

En consecuencia, adolece de objeto ilícito la transferencia del dominio o la constitución de cualquier otro
derecho real sobre las cosas enumeradas por el artículo 1464.

¿Se pueden vender las cosas a que se refiere el artículo 1464?

Veíamos que adolece de ilicitud en el objeto la enajenación de cualquiera de las cosas enumeradas por el artículo
1464. Pero ¿será válida la venta de dichas cosas?

En nuestra legislación, la compraventa es un contrato en que una de las partes – el vendedor- se obliga a dar una
cosa y la otra – el comprador.-. se obliga a pagar el precio. El solo contrato de compraventa no transfiere el
dominio de la cosa vendida; constituye un título translaticio de dominio en virtud del cual las partes se obligan,
recíprocamente, una a hacer tradición de la cosa y la otra a pagar el precio estipulado.

La venta es el antecedente que justifica la adquisición del dominio por el modo de adquirir, que es la tradición.
Por lo tanto, la sola venta no constituye enajenación.
45

Derecho Civil I

Las consideraciones precedentes llevarían a la conclusión de que sería válida la venta de las cosas enumeradas
en el artículo 1464, pues lo que la ley prohíbe es la enajenación, y no su venta.

Sin embargo, esta conclusión sería precipitada si no se tiene en cuenta lo dispuesto por el artículo 1810, ubicado
en la compraventa, que establece que “pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya
enajenación no esta prohibida por la ley”. Por consiguiente, prohibiendo el artículo 1464 la enajenación de las
cosas que enumera, la venta de las cosas sería nula, aplicándose los artículos 1810 y 1466.
Esta es la interpretación mayoritaria que cuenta, asimismo, con el apoyo de la jurisprudencia.

Estudio particular de los casos enumerados por el artículo 1464.

1.- Enajenación de las cosas que no están en el comercio.

Hemos dicho que las cosas que no están en el comercio son aquellas que no son susceptibles de dominio o
posesión por los particulares, como por ejemplo, las cosas comunes a todos los hombres y los bienes nacionales
de uso público.

El Código al señalar en el artículo 1461 los requisitos del objeto cuando éste recae sobre una cosa que debe darse
o entregarse, menciona expresamente que la cosa tiene que ser comerciable, lo que permite inferir, que si la cosa
no está en el comercio, el acto que tuvo por objeto tal cosa no existe, pues falta un requisito o calidad esencial
del objeto.

Sin embargo, de acuerdo con el N°1 del artículo 1464, la enajenación de cosa incomerciable adolece de objeto
ilícito, lo que supone que aunque la cosa esté fuera del comercio, puede constituir objeto de la enajenación. De
esta suerte, la enajenación de cosa incomerciable no sería inexistente, sino que se sancionaría con la nulidad
absoluta, por aplicación del artículo 1682.

Claro Solar considera que el N°1° del artículo 1464 revela una confusión de ideas del legislador, consecuencia
de la no distinción entre requisitos de existencia y de validez, opinión a la que nosotros adherimos.

2.- Enajenación de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otras personas.

El Código se refiere en el N°2° del artículo 1464 a los derechos personalísimos, que son aquellos que no pueden
transferirse a otras personas, como por ejemplo los derechos de uso y habitación (art. 819) y el derecho de pedir
alimentos (art. 334).

3.- Enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial.

La Ley no define el embargo. Una sentencia de la Corte Suprema dice que el embargo opera dentro del juicio
ejecutivo y consiste en “la aprehensión compulsiva que el juez de la causa hace de determinado bien del deudor,
y desde el momento en que se verifica, tales bienes quedan sujetos a la autoridad del referido juez”.

Cuando debe existir el embargo o prohibición para que la enajenación adolezca de objeto ilícito. El embargo o
prohibición debe existir al momento de la enajenación parar que ésta adolezca de objeto ilícito.

¿De qué manera se podría enajenar válidamente una cosa embargada.? El artículo 1464 N° 3° establece dos
maneras para enajenar válidamente una cosa embargada: la autorización judicial y el consentimiento del
acreedor.

Cabe tener presente que tanto la autorización judicial como el consentimiento del acreedor, deben ser previos a
la enajenación.

4.- Enajenación de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del Juez que conoce del litigio.

Especies cuya propiedad se litigia son aquellos cuerpos ciertos, muebles o inmuebles, cuyo dominio o propiedad
se discute en juicio. Por ejemplo A pretende ser dueño de un determinado bien y demanda a B, que lo tienen en
su poder, para que lo restituya a quien es el legítimo propietario. B, al contestar la demanda señala que no
procede la restitución, pues es él dueño del bien y no A. En este ejemplo se ha trabado un litigio en el cual se
discute el dominio de una cosa.

No hay que confundir la enajenación de una especie cuya propiedad se litigia con la enajenación de un derecho
litigioso; esta última es válida y se encuentra reglamentada por los artículo 1911 y sgtes.

En otras palabras, y haciendo una interpretación a contrario sensu de éste númeral, la enajenación de la especie
cuya propiedad se litiga será válida si ha sido autorizada por él Juez que conoce del litigio.

d).- Actos contrarios a la Ley, a la moral o a las buenas costumbres.

Por esta denominación agrupamos los casos de actos que adolecen de objeto ilícito contemplados en los artículos
1465 y 1466. A saber:
46

Derecho Civil I

1. Condonación del dolo futuro.
2. Deudas contraídas en juegos de azar.
3. Venta de libros prohibidos o de objetos considerados inmorales; y,
4. Actos prohibidos por la Ley.

Sanción para la falta de objeto lícito.

El acto jurídico que adolece de objeto lícito, el Código lo sanciona expresamente con la nulidad absoluta. Art.
1682.

LA CAUSA

Conceptos Generales.- La doctrina tradicional considera que el acto jurídico, además de la voluntad y el objeto,
requiere como supuesto esencial para su existencia que tenga una causa.

Para que el acto sea válido, la causa debe ser lícita. Esta es la posición de los llamados “causalistas”; refutada por
quienes consideran que, para la existencia del acto jurídico, bastan la manifestación de voluntad y el objeto sobre
el cual ésta recae, constituyendo la causa un requisito artificial y prescindible (anticausalistas).

Con todo, nuestro código en los art. 1445, 1467 y 1468 hacen referencia a la causa, y es más, el propio legislador
en el inciso 2° del art. 1467 se encarga de definirla.

De cualquier manera, la principal dificultad que presenta la causa por los intérpretes y tratadistas, está
constituida por el hecho de ser un término que admite diversas y variadas acepciones. Las más importantes son
las siguientes:

a) Causa eficiente

Se llama causa eficiente al elemento generador del efecto, al elemento que da vida a lo que antes no existía. En
este sentido puede afirmarse que las fuentes de las obligaciones, esto es, los hechos jurídicos que les dan origen.
Por ej., en el contrato de compraventa, la obligación que asume el vendedor de entregar la cosa

Se dice que el de la causa eficiente era el sentido que los romanos daban a la causa; agregándose, a mayor
abundamiento, que éstos no pretendieron erigir la causa como requisito de los actos y contratos.

b) Causa final.

Como dice el autor, la causa final es el fin inmediato o invariable de un acto, o sea, el fin próximo que determina
la voluntad de obrar y que siempre es posible encontrar en la estructura misma del contrato y que es siempre
idéntica para todos los actos pertenecientes a la misma especie.

En este sentido, la causa o fin del comprador, en todos los contratos de compraventa, es incorporar a su
patrimonio una cosa; y la causa o fin del vendedor, asimismo en todas las compraventas, es procurarse dinero, a
cambio de las cosas que entrega.

c) Causa ocasional

Está constituida por el fin lejano y variable de un acto y es de carácter estrictamente personal y psicológico. Es
diferente para cada individuo, ya que es el móvil, la razón que lo impulsa a celebrar un acto o contrato en
determinadas circunstancia. De ahí que una misma especie de acto pueda tener infinitas causas, según sean los
fines que hayan perseguido las partes.

Así, la causa ocasional para el vendedor puede ser la necesidad de cumplir una obligación, para lo cual necesita
dinero; y causa ocasional para el comprador puede ser la necesidad de hacer un regalo de matrimonio con la cosa
comprada.

Criterios o Doctrinas Elaborados en Relación con la causa.

Doctrina Tradicional o Clásica de la Causa.- Al pensamiento de Domat y sus seguidores, se da la
denominación de doctrina clásica o tradicional en materia de causa. Dicha doctrina centra el estudio de la causa
en las obligaciones que emanan de los contratos, y se pregunta por qué el contratante asumió la obligación. La
respuesta a esa pregunta constituye, precisamente, la causa de la obligación

No interesa, en consecuencia, a esta doctrina la causa del contrato. Sólo presenta relevancia la causa de la
obligación.

47

Derecho Civil I

Doctrina Italiana. Esta posición, a diferencia de la clásica, centra el análisis de la causa en el acto o contrato, en
el negocio, y no en la obligación que surge de él. Y postulas como causa del acto o contrato la función
económico social que caracteriza al tipo de negocio.

Doctrina del móvil o motivo determinante. Esta doctrina difiere sustancialmente de las anteriores, pues
estructura un concepto de causa con un criterio eminentemente subjetivo.
En este sentido, causa del acto o contrato es el móvil o motivo determinante que impulsó al autor o a las partes a
celebrar un acto jurídico.

Doctrina anticausalista. Planiol, en su critica a la teoría clásica, argumenta que la falsedad de la causa abstracta
de la obligación se advierte en cada una de las especies o categorías de contratos que distingue Domat. Este autor
concluye que la doctrina tradicional es inútil.

Requisitos de la causa: Causa real y lícita.

La ley señala que no es necesario que el autor de un acto jurídico o las partes de una convención expresen la
causa, esto es, el motivo que los induce al acto o contrato. Y ello porque, la ley presume que todo acto o contrato
tiene una causa, constituida por los motivos que normal y ordinariamente inducen a celebrar las diversas
especies o tipos de actos jurídicos.

Asimismo, la ley presume que el motivo que induce a la celebración del acto jurídico es lícito, en el sentido de
que no se opone ni contraviene a la ley, al orden público o las buenas costumbres.

La prueba de la falta de causa corresponde al que la alega.

Podemos concluir que falta la causa en dos casos; a saber: en los actos jurídicos simulados o aparentes, aquellos
que ocultan o encubren lo que las partes realmente quieren (simulación); y, los actos que tienen como único
motivo la creencia errada de que existe una obligación, como en el caso del pago de lo que no se debe.

Sanción para la falta de causa y para la causa ilícita.

El acto jurídico en que falta la causa es, inexistente, pues se ha omitido un requisito esencial para su existencia
jurídica.

Para los autores nacionales que niegan cabida a la inexistencia jurídica como máxima sanción dentro del Código,
el acto en que falta la causa se sanciona con la nulidad absoluta.

En lo que respecta a la causa ilícita, el Código la sanciona expresamente con la nulidad absoluta. (art. 1682).

48

Derecho Civil I

LAS FORMALIDADES

Generalidades.

Las formalidades son ciertos requisitos que dicen relación con la forma o aspecto externo del acto jurídico,
requeridos por la ley con objetivos diversos y cuya omisión se sanciona en la forma prevista por el legislador.

Atendido a los objetivos perseguidos con ella, las formalidades se clasifican en cuatro grupos:

1.- Formalidades propiamente tales o solemnidades;

2.- Formalidades habilitantes;

3.- Formalidades por vía de prueba o ad probationem; y,

4.- Formas o medidas de publicidad.

1.- Formalidades propiamente tales o solemnidades.

Se definen como los requisitos externos que exige la ley para la celebración de ciertos actos jurídicos, pasando a
ser la solemnidad el único medio a través del cual el autor o las partes que celebran el acto pueden manifestar su
voluntad.

Estas solemnidades constituyen un requisito esencial para la existencia del acto jurídico, al igual que lo es la
voluntad, el objeto o la causa, y en tal carácter las mencionan la mayoría de los autores.

En el derecho primitivo casi todos los actos eran solemnes, exigiéndose, a su respecto, el cumplimiento de una
serie de formalidades o ritos que debía rodear a su celebración y que, junto con evidenciar la trascendencia del
acto, servía como medio de prueba de su existencia.

En el derecho moderno de la tenencia general es diametralmente opuesta, ya que se considera que la voluntad,
manifestada de cualquier manera que permita conocerla, es apta, por sí sola, para engendrar un acto jurídico.

Lo normal, por lo tanto, es que los actos jurídicos sean consensuales, es decir que se perfeccionen por el solo
consentimiento.

Por excepción, subsisten algunos actos solemnes, constituyendo la solemnidad un requisito de existencia de los
mismos. Si falta solemnidad, el acto no existe, no produce efecto alguno.

Las solemnidades no se presumen: sólo existen en virtud de un texto expreso de la ley. Sin embargo, los
particulares, ejerciendo la autonomía privada, pueden hacer solemne un acto meramente consensual.

2.- Formalidades Habilitantes.

Se definen como los requisitos exigidos por la Ley para completar la voluntad de un incapaz, o para protegerlo.

Como lo señala el profesor Alessandri Besa, “Precisamente la capacidad reducida de que adolecen los
relativamente incapaces constituye el estado o calidad que la Ley toma en cuenta para exigir, como requisito de
validez, una formalidad especial o “habilitante”, que consiste, por lo general, en la autorización de una persona
determinada”.

A modo de ejemplo podemos citar la formalidad de los artículos 253 en virtud del cual la Ley exige la
autorización del padre o madre o del curador adjunto para ciertos actos del hijo de familia. La del artículo 255 en
virtud del cual se consagra una formalidad habilitante de protección que consiste en la autorización judicial con
conocimiento de causa para enajenar o hipotecar los bienes raíces del hijo de familia, etc.

3.- Formalidad por vía de prueba.

Son aquellas en que la Ley, para los fines de acreditar un acto no solemne, requiere un documento, de modo que
sin él aún cuando el acto es plenamente válido, no pueda probarse por testigos. Por ejemplo artículo 1709.

4.- Formas o medidas de publicidad.

Son aquellas que tienen por objeto proteger a los terceros que puedan verse alcanzados por los efectos del acto
jurídico. Con este propósito la Ley exige la inscripción del acto en un Registro Público, su publicación en un
periódico, etc.

Sanción por la omisión de una formalidad.
49

Derecho Civil I

En el caso de una solemnidad. La omisión de una solemnidad impide que el acto exista, pues faltando la
solemnidad no hay voluntad, y como ya que como se dijo, dicha formalidad es precisamente el medio
establecido por la ley para que la voluntad se manifieste. Tal cosa ocurre, por ejemplo, si se omite la escritura
pública en la compraventa de un bien raíz.

En el caso de una formalidad habilitante. Por regla general, la omisión acarrea la nulidad relativa del acto o
contrato.

En el caso de una formalidad ad probationem. No afecta ni a la existencia, ni a la validez del acto jurídico.
Simplemente, no se podrá probar el acto por testigos, lo que no obsta a que dicha prueba se produzca por los
medios legales, como sería, por ejemplo, la confesión.

En el caso de una medida de publicidad. En este caso hay que distinguir; si se trata de una medida de publicidad
de simple noticia, da derecho a la persona que ha sufrido un perjuicio como consecuencia de ella, a demandar la
correspondiente indemnización. Ello, porque el responsable es autor de un hecho ilícito.

En cambio, la sanción por la omisión de la forma o medida de publicidad sustancial es la inoponibilidad, esto es,
la ineficacia con respecto de terceros del derecho que ha nacido como consecuencia de la celebración del acto
jurídico.

50

Derecho Civil I

INEFICACIA DE LOS ACTOS JURIDICOS

Generalidades.

La falta de uno cualquiera de los elementos constitutivos del negocio o de los requisitos legales del mismo o
también de los requisitos objetivos o subjetivos podría determinar, respectivamente, la inexistencia o la invalidez
del negocio. Sin embargo, en la practica, el ordenamiento procede con mucha cautela, en unos casos,
reconociendo implícitamente la inexistencia del negocio; en otros sancionando la invalidez; en otros ordenando,
como consecuencia, la mera ineficacia; en otros, finalmente, limitándose a conminar con una pena a los autores
del negocio irregular.

De lo expuesto podemos desprender que la reacción del ordenamiento jurídico contra el acto que no cumple los
requisitos que aquél establece, puede consistir en una sanción que, ora afecte a los sujetos que celebraron el acto
que no se conforma con la Ley, ora afecte el acto en sí mismo.

La ineficacia por inexistencia en el Código Civil Chileno.

Conceptos generales.

Tradicional en la doctrina nacional ha sido la controversia sobre si el Código sanciona o no con la inexistencia
los actos o contratos en que se ha omitido un requisito de existencia, perfilándose dos opiniones encontradas y
que encabezan, respectivamente don Luis Claro Solar y don Arturo Alessandri R.

Para el primero, la inexistencia tiene aplicación en el Código Civil Chileno. Para el segundo, la teoría de la
inexistencia sería aceptable sólo en doctrina, ya que el Código no la reconoce como sanción.

Posición de don Arturo Alessandri R. Para este autor, la teoría de la inexistencia no encuentra acogida en
nuestro Código, el cual establece como máxima sanción la nulidad absoluta; y en la práctica si a un acto le falta
algún requisito de aquellos llamados de existencia, dicha omisión autoriza para la declaración de nulidad
absoluta del referido acto.

Sus principales argumentos se fundan:

1.- Nuestro Código no contempla la inexistencia como sanción, ni menos reglamenta sus consecuencias. En
cambio, en el Título XX, del Libro IV denominada “De la Nulidad y Rescisión” el texto legal el texto legal
determina los efectos que produce la omisión exigida por la Ley, tanto para la existencia como para la validez de
los actos.
2.- El artículo 1682 del Código Civil sanciona con nulidad absoluta la omisión de los requisitos o formalidades
que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a su naturaleza.

3.- Lo anterior se corrobora por el hecho de que el mismo artículo sanciona con la nulidad absoluta los actos de
los absolutamente incapaces.

Posición de don Luis Claro Solar. Este autor afirma categóricamente que “si falta una de las cosas esenciales a
su existencia, el acto jurídico no puede existir, no puede producir efecto alguno; es la nada”.

Agrega “la nada y la nulidad son dos conceptos diferentes. La nada es la no existencia; y su sanción es la misma
inexistencia que ha hecho imposible el perfeccionamiento del acto y la producción de algún efecto. En cambio,
la nulidad es la invalidez; es la sanción del vicio de que el acto adolece”.

Y haciéndose cargo de los argumentos antes expuestos, sostiene:

1.- El Código Civil reglamenta la nulidad y la rescisión como un modo de extinguir las obligaciones. Mal podría
haberse referido a la inexistencia, al no producir efecto alguno, no engendra obligaciones.

2.- Al disponer el Código en el artículo 1681 que es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos
que la Ley prescribe para el valor del mismo no está significando que es nulo el acto en que se ha omitido un
requisito de existencia, toda vez que la disposición se refiere a la omisión de requisitos exigidos para el valor del
acto, debiendo entenderse la disposición “valor” como sinónimo de validez.

3.- La incapacidad absoluta o natural, proviene de la falta de discernimiento e imposibilidad de tener y
manifestar una voluntad consciente. En el hecho, estas clases de personas no consienten en el acto o contrato que
ejecutan, o a lo menos, no pueden dar a conocer su verdadera voluntad, y podría decirse que falta en el acto o
contrato el consentimiento y no puede perfeccionarse; pero como pueden aparentemente consentir, la Ley
expresamente declara que adolece de nulidad absoluta el acto o contrato de las personas absolutamente
incapaces.

51

Derecho Civil I

Principales diferencias entre el acto inexistente y el acto nulo.

1.- El acto inexistente, por no estar constituido, no da origen a ningún efecto que sea necesario destruir mediante
la adecuada acción. En cambio, el acto que adolece de un vicio de nulidad nace a la vida del derecho y produce
los efectos propios del tipo a que pertenece, como si fuera válido.

2.- Para que un acto sea inexistente no se requiere una sentencia judicial que así lo declare. La inexistencia se
produce de pleno derecho; opera ipso jure. En cambio, la anulación de un acto jurídico no puede hacerse sino en
virtud de una sentencia judicial.

3.- El acto inexistente no puede sanearse, esto es, adquirir existencia. En cambio el acto que adolece de un vicio
de nulidad puede sanearse o validarse del modo y circunstancias que la propia Ley señala.

La ineficacia por nulidad en el Código Civil Chileno.
Conceptos generales.

La nulidad es la sanción para todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la Ley prescribe para
el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad y estado de la partes. (artículo 1681 inciso 1º).

Clases de nulidad. Al tenor del inciso 2º de la disposición antes enunciada, la nulidad puede ser absoluta o
relativa.

Principios aplicables para ambas clases de nulidad.

1.- La nulidad es una sanción de derecho estricto, lo que implica que no puede ser aplicada por analogía. No hay
otros casos de nulidad que los expresamente establecidos por el legislador.

2.- La nulidad no puede renunciarse anticipadamente, porque con ella se protegen los intereses superiores de la
colectividad, es decir son normas de orden público.

3.- Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no
aprovechará a las otras. Así lo señala el artículo 1690.

4.- La nulidad puede hacerse valer en juicio como acción o como excepción.

LA NULIDAD ABSOLUTA.

Concepto. De lo dispuesto en el art. 1681 se desprende que la nulidad absoluta es la sanción legal a todo acto o
contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su
especie.

Causales. De acuerdo a lo que señala el art. 1682, las causales de nulidad absoluta son las siguientes; a saber:

1° la falta de voluntad;

2° el error esencial;

3° Los actos de los absolutamente incapaces,

4° la falta de objeto,

5° el objeto ilícito;

6° la falta de causa;

7° la causa ilícita;

8° la omisión de algún requisito o formalidad que la leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en
consideración a la naturaleza de ellos; y,

9° la falta de solemnidades requeridas para la existencia de los actos jurídicos.

La declaración de nulidad absoluta.

Para que un acto sea nulo y para que se produzcan los efectos de la nulidad, es menester que una sentencia
judicial previa haya declarado la nulidad absoluta o relativa. Antes de dicha declaración el cato no es nulo, sino
que es anulable.
52

Derecho Civil I

El art. 1683 establece por cuales vías se puede llegar a la declaración de nulidad absoluta de un acto o contrato.
El precepto dice “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando
aparece de manifiesto en el acto o contrato, puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que
ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede
asimismo pedirse su declaración por el ministerio público en el interés de la moral o de la ley, y no puede
sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de diez años”.
Del art. transcrito se desprende que es posible llegar a la declaración de nulidad absoluta de un acto o contrato
por alguna de las siguientes vías:

1° Declaración de oficio por el juez. En el ámbito procesal civil es principio general que el juez sólo actúe a
petición de parte, siendo muy calificadas las excepciones que lo facultan para actuar de oficio, una de éstas la
constituye, precisamente, el art. in comento.

Se dice que el vicio de nulidad aparece de manifiesto cuando está descubierto; patente; claro; cuando de la
simple lectura del instrumento en que consta el acto - que ha sido acompañado en juicio por alguna de las partes
litigantes- el juez advierte su existencia, sin necesidad de relacionarlo con ninguna otra prueba o antecedente.

2° Declaración a petición de una persona que tiene interés en ello. Lo normal es que el juez declare la nulidad
de un acto o contrato porque se lo ha pedido la persona que tiene interés en dicha declaración.

El interés al que el legislador hace referencia, es un interés pecuniario, esto es, susceptible de ser apreciado en
dinero y debe existir al momento de solicitar la declaración de nulidad.

¿Qué personas tienen interés en esta declaración? En primer lugar el autor o partes del acto o contrato.
Asimismo, los terceros que no intervinieron en su celebración.

Con todo, esta regla general tiene una excepción, establecida por el mismo art. 1683, en el sentido que no puede
pedir la nulidad absoluta el que ejecutó el acto o celebró el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo
invalidaba.

Con esta expresión “sabiendo”, la ley se refiere a un conocimiento personal, real y efectivo del vicio de nulidad
absoluta; y con la expresión “debiendo saber”, no se refiere el código al conocimiento presunto de la ley, sino a
aquel que debía tener el autor del acto o la parte de un contrato, en atención a que las circunstancias del mismo o
la condición de quienes intervienen en él no permiten considerar como lógica o razonable la ignorancia del vicio.

3° Declaración a petición del ministerio público. El interés que faculta al ministerio público para solicitar dicha
declaración no es de tipo pecuniario, sino no que es de orden público y mira el interés general de la sociedad.

Saneamiento de la nulidad absoluta. La ley impide que la voluntad de las partes valide un acto que adolece de
un vicio de nulidad absoluta. Y ello es natural, pues ésta nulidad está establecida en el interés general, hay un
interés moral y social que prima sobre la voluntad de las partes.

La nulidad absoluta sólo se puede sanearse por el transcurso del tiempo. El lapso requerido por la ley es de 10
años, que se cuentan desde la celebración del acto o contrato.

LA NULIDAD RELATIVA

Concepto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1681, la nulidad relativa es la sanción a todo acto o
contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según la
calidad o estado de las partes.

Causales. De acuerdo a la aplicación de las reglas generales en esta materia, se puede concluir que las causales
de nulidad relativa son las siguientes, a saber:

1° El error sustancial;
2° El error accidental, según ciertas circunstancias;
3° El error personal, en los casos previstos;
4° La fuerza, cuando se dan sus requisitos;
5° el dolo, en los casos previstos;
6° Los actos de los relativamente incapaces;
7° La omisión de algún requisito o formalidad que la ley prescribe para el valor del acto en consideración a la
calidad o estado de las personas que lo ejecutan o acuerdan, y,
8° La lesión en los casos previstos por la ley.

Quiénes pueden pedir la declaración de nulidad relativa.

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 1684, la nulidad relativa pueden alegarla solamente aquellos en cuyo
beneficio la ha establecido la ley, o sus herederos o cesionarios. No puede ser declarada de oficio por el juez,
aunque aparezca de manifiesto en el acto o contrato, ni puede solicitar su declaración el ministerio público o
cualquier persona que tenga interés, a diferencia de lo que ocurre con la nulidad absoluta.
53

Derecho Civil I

¿situación excepcional del incapaz que no podría demandar la rescisión del acto o contrato?

El art. 1685 contempla una norma excepcional, que priva al incapaz relativo del derecho de solicitar la nulidad
relativa de un acto alegando su incapacidad para obligarse.

“Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios
podrán alegar nulidad. Sin embargo, la aserción de mayor edad, o de no existir la interdicción u otra causa de
incapacidad, no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad”.

Esta disposición supone que la parte que contrató con el relativamente incapaz, lo hizo en la creencia de que éste
no estaba afectado por ninguna incapacidad legal, provocado, justamente, por maniobras dolosas del incapaz.

En este evento, la ley sanciona al incapaz privándolo del derecho a alegar la rescisión por su propia incapacidad;
aquí se aplica el aforismo “que nadie puede beneficiarse de su propio dolo”.

Con todo, la simple aserción de mayor edad o de no existir interdicción u otra causa de incapacidad, la ley no la
considera como constitutiva de dolo. Aquí el legislador sanciona la negligencia de quien no realizó las mínimas
gestiones tendientes a verificar tales aserciones.

Saneamiento de la nulidad relativa.

Otra diferencia que distingue ésta nulidad de la absoluta, esta constituida por la circunstancia que la nulidad
relativa puede sanearse.

En efecto, al tenor de lo que dispone la parte final del art. 1684, la nulidad relativa puede sanearse ya sea por el
lapso de tiempo; o por la ratificación de las partes.

1° Saneamiento de la nulidad relativa por el transcurso del tiempo.

El art. 1691 senta la regla en esta materia, a saber: “El plazo para pedir la rescisión durará cuatro años. Este
cuadrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado; en el caso de error o de
dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato. Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se
contará el cuadrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad. Todo lo cual se entiende en los casos en
que leyes especiales no hubieren designado otro plazo”.

En otras palabras, en el caso de violencia o fuerza, el cuadrienio se cuenta desde el día en que hubiere cesado; en
el caso de error o de dolo, el cuadrienio se cuenta desde la celebración del acto o contrato, Y, en caso de
incapacidad legal, el cuadrienio se empieza a contar desde el día en que haya cesado la incapacidad.

Situación que se produce cuando la persona que puede demandar la rescisión muere.

Esta hipótesis la resuelve el art. 1692.

DISTINGUIR ENTRE

1.- HEREDEROS MAYOR DE EDAD
2.- HEREDEROS MENOR DE EDAD

1.- Los herederos mayores de edad gozarán del cuadrienio entero si no hubiere principiado a correr; y gozarán
del residuo en caso contrario.

A los herederos menores empieza a correr el cuadrienio o su residuo, desde que hubieren llegado a edad mayor.
Pero en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad pasado 10 años desde la celebración del acto o
contrato”. LEY ESPECIAL

En otras palabras, si los herederos son mayores de edad y el cuadrienio no ha empezado a correr, tendrán cuatro
años para pedir la rescisión del acto o contrato celebrado por el causante, que se cuentan desde la muerte de éste.

Por otro lado, ante los mismos herederos, si el cuadrienio ha empezado a correr, podrán pedir la rescisión en el
tiempo que falte para cumplir los cuatro años.

2.- Herederos son menores de edad, al igual que los casos anteriores, se hace necesario distinguir si el
cuadrienio había empezado o no a correr, gozando los herederos menores de edad, del cuadrienio completo, o su
residuo a contar del día que lleguen a edad mayor.

54

Derecho Civil I

Cabe destacar, que la ley establece este beneficio a favor de los herederos incapaces por minoría de edad. Dicha
suspención no beneficia a los herederos incapaces por otra causal que no sea la minoría de edad, a saber:
demencia, prodigalidad, etc.

El inciso final de la norma contenida en el art. 1692 establece una excepción al limitar el lapso de tiempo que
tienen los herederos menores para demandar la rescisión del acto o contrato al señalar que “no se podrá pedir la
declaración de nulidad pasados diez años de la celebración del contrato”.

2° Saneamiento de la nulidad por la ratificación o confirmación del acto rescindible.

Ante todo, es preciso señalar que la expresión confirmación es ajena a nuestro código, que utiliza, en cambio, el
término ratificación.

La confirmación

CONCEPTO: Es un acto jurídico unilateral por el cual la parte que tenía el derecho de alegar la nulidad relativa,
renuncia a esta facultad, saneando el vicio de que adolecía el acto o contrato.

Por otro lado, en doctrina, la palabra ratificación se reserva para los casos en que el mandante aprueba lo obrado
por el mandatario que actúo sin poder suficiente o excediéndose de los limites de éste.

Clasificación de la confirmación. Ésta puede ser de dos clases; a saber:

1° Expresa que es aquella que se formula en términos formales y explícitos; y,

2° Tácita, en la cual se aplica la definición que el código da a propósito de la ratificación tácita del art. 1695, a
saber, es la ejecución voluntaria de la obligación contratada.

Diferencias entre la nulidad absoluta y la relativa.

1.- En relación con las personas que pueden pedir la declaración judicial de la nulidad.

La absoluta puede ser pedida por todo el que tenga un interés pecuniario en ella, con la sola excepción de aquél
que ejecutó el acto o celebró el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.

Puede, asimismo, ser pedida por el ministerio público, en el sólo interés de la moral o de la ley.

La relativa, en cambio, sólo puede ser pedida por la persona en cuyo beneficio la ha establecido la ley, o por sus
herederos o cesionarios.

2.- En relación con la declaración de nulidad de oficio por el juez.

La absoluta, debe ser declarada de oficio por el juez cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato.

La relativa, en cambio, no puede ser declarada de oficio por el juez, ni aun cuando apareciere de manifiesto en el
acto o contrato.

3.- En relación con el saneamiento por el transcurso del tiempo.

La absoluta, se sanea transcurrido diez años desde la fecha de celebración del acto o contrato.

La relativa, en cambio, en cambio se sanea transcurridos cuatro años, que se cuentan, en la forma ya vista.

4.- En relación con el saneamiento por confirmación o ratificación.

La absoluta, no puede sanearse por voluntad del autor o partes.

La relativa, en cambio, puede sanearse a través de la ratificación o confirmación del acto rescindible.

Nulidad Total y Nulidad Parcial.

El vicio de nulidad absoluta o relativa puede afectar al acto jurídico en su totalidad o en una parte, razón por la
cual se clasifica la nulidad en total o parcial.

La primera existe cuando el vicio afecta a todas las partes y cláusulas del acto jurídico; por ejemplo, el
testamento otorgado por un demente.

55

Derecho Civil I

Por otra lado la nulidad será parcial, cuando el vicio afecte sólo a una parte o a un elemento de una cláusula, por
ejemplo en materia testamentaria el artículo 966 declara nula la disposición a favor de un incapaz y no el
testamento en su integridad;

el artículo 1058 señala que la asignación que pareciere motivada en un error de hecho se tendrá por no escrita;

el artículo 1409 establece que si la donación a título universal comprendiere bienes futuros del donante, será nulo
sólo en lo que respecta a dichos bienes;

el artículo 2344 inciso 1º, señala que cuando el fiador se obliga en términos más onerosos que el deudor
principal la fianza será nula en el exceso;

el artículo 770 inciso final dispone que el usufructo constituido a favor de una Corporación o Fundación por más
de 30 años, es nulo en el exceso.
EFECTOS DE LA NULIDAD.

Conceptos generales. Se ha dejado en claro que tanto la nulidad absoluta como la relativa no producen sus
efectos ipso jure, de pleno derecho, esto es, por la sola existencia del vicio de nulidad.

Para que se produzcan los efectos propios de la nulidad es menester la existencia de una sentencia judicial firme
o ejecutoriada, que declare la nulidad del acto o contrato.

Con anterioridad a la dictación de la sentencia, el acto o contrato, que es anulable o rescindible por el vicio que
lleva consigo, produce, no obstante, todos sus efectos, como si fuera válido. La existencia del vicio de nulidad no
impide que el contrato produzca la plenitud de sus efectos, y que engendre obligaciones, a cuyo cumplimiento
están obligadas las partes.

Pero, dichos efectos van a ser efímeros. La acción o excepción de nulidad tiene, precisamente, por objeto
advertir o llamar la atención del juez sobre la existencia de un vicio, a fin de que aquel declare la ineficacia del
acto, el cual, desde ese momento, no produce más efectos, entendiéndose, a mayor abundamiento, que jamás
existió.

La nulidad judicialmente declarada produce efectos con respecto a las partes que celebraron el acto o contrato
nulo y efectos con respecto de terceros.

Los efectos son los mismos, sea que se declare la nulidad absoluta de un acto o contrato, sea que se declare la
rescisión.

No existen, pues, diferencias entre la nulidad absoluta y la relativa en lo que atañe a los efectos de la nulidad
judicialmente declarada.

I.- Efectos que produce la nulidad para las personas que celebraron el acto o contrato nulo.

La regla general en este punto está dada por el inciso 1° del art. 1687 “la nulidad pronunciada en sentencia que
tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si
no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita”.

De la simple lectura del art. antes descrito se puede concluir:

1° la nulidad opera con efecto retroactivo, se entiende que el acto nulo nunca existió, que jamás produjo efecto
alguno.

2° la declaración de nulidad extingue las obligaciones, y en tal calidad la considera el Código Civil,
enumerándola como uno de los modos de extinguir las obligaciones (art. 1567 N°8).

3° en ciertos casos, el efecto retroactivo de la nulidad sólo puede conseguirse a través de determinadas
prestaciones, tendientes, en líneas generales, a que la persona que recibió algo en virtud del acto o contrato nulo,
lo restituya a quien se lo dio o entregó.

Por este motivo, en este punto, hay que hacer una distinción, a saber: si el acto engendraba o no obligaciones, y
sub distinguir en el primer caso, si estas se habían cumplido por una o por ambas partes, concluyéndose que si el
acto engendraba obligaciones y estás no se habían cumplido, la nulidad opera su extinción de acuerdo con el art.
1567 N°8, y que en los demás casos opera el inciso 1° del art. que se analiza (1687), que obliga a una o a ambas
partes efectuar determinadas prestaciones.

Siguiendo con el análisis del art. 1687, su inc. 2° declara que “en las restituciones mutuas que hayan de hacerse
los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la perdida de las especies o de
su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles y voluptuarias, tomándose en
consideración los casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de las partes; todo ello según las reglas
generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo”.

56

Derecho Civil I

Cuando la disposición hace referencia a las “reglas generales”, según las cuales deben efectuarse las
restituciones mutuas, se refiere a las que el código da en el Título XII, del Libro II “De la reivindicación” (art.
889 y sgtes.).

En definitiva, lo primero que debe restituirse es la cosa que se recibió en virtud del acto o contrato nulo.
Asimismo, procede la restitución de los frutos naturales o civiles de la cosa, aplicándose para dicha restitución el
art. 907 (de las prestaciones mutuas), que distingue entre el poseedor de buena y mala fe.

Excepciones a la regla general establecida por el artículo 1687.

a).- Situación particular que se da, cuando la nulidad es declarada en virtud de adolecer el acto o contrato de
objeto o causa ilícita,

que contempla la parte final del inciso 1° del art. 1687. La referencia debe entenderse hecha al art. 1468, que
dice que no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas.

En consecuencia, declarada la nulidad absoluta de un acto o contrato por objeto o causa ilícita, quien lo celebró,
a sabiendas de que adolecía de uno de los vicios mencionados, no podrá exigir la restitución de lo que dio o pagó
en virtud del contrato, pese a que él puede estar obligado a restituir lo que recibió, a su vez.

De esta manera, la ley sanciona la inmoralidad que revela la persona que ejecuta un acto jurídico en estas
condiciones.

b).- Situación del poseedor de buena fe. La regla general de que, junto con la restitución de la cosa, procede la
restitución de los frutos, tiene una excepción, establecida en el art. 907, en virtud de la cual el poseedor de buena
fe no está obligado a restituir los frutos naturales y civiles que hubiere percibido antes de la contestación de la
demanda.

c).- Situación en que se encuentran las partes como consecuencia de la declaración de nulidad de un contrato
por la incapacidad de una de ellas.

Esta situación está prevista en el art. 1688 “si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz sin
los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o
pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz. Se
entenderá haberse hecho más rica, en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas, le hubieren
sido necesarias; o en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas, que no le hubieren sido
necesarias, subsistan y se quisiere retenerlas”.

Con la disposición en estudio la ley protege a los incapaces, pues teme que estos, cuando actúan sin los
requisitos que la ley exige, no den una adecuada inversión a lo que obtengan en virtud de un contrato del cual
han sido partes.

d).- Situación de la persona que debiendo restituir la cosa adquiere su dominio por prescripción. La
declaración de nulidad, sea de la tradición, sea de la compraventa, no impide que la tradición efectuada opere un
efecto importante: hace nacer posesión en el adquirente, pues constituye, para estos efectos, un título posesorio.

Y cabe destacar que el poseedor puede adquirir el dominio por prescripción; pero por prescripción adquisitiva
extraordinaria, pues su posesión va a ser irregular como consecuencia de que el título en que se funda no es justo
(art. 704 N°3).

II.- Efectos de la nulidad judicialmente declarada en relación a terceros.

La nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores. Así lo dispone el art.
1689 del Código.

Surge del precepto antes citado la inevitable pregunta ¿afectará la nulidad del contrato de compraventa al tercero
que deriva su derecho de una de las partes? O dicho en otros términos,

¿Podrá el vendedor de una cosa obtener la restitución de la cosa de manos del tercero que la posee?

La respuesta afirmativa se impone, al tenor de la norma antes citada. Y es lógico, pues si el comprador no
adquirió derecho alguno sobre la cosa, la enajenación que de la misma hizo a un tercero no transfiere el dominio.

Excepciones a la regla del art. 1689.

a).- Caso del poseedor que ha adquirido el dominio por prescripción adquisitiva. El tercero que no adquiere el
dominio, en el caso previsto, se hará a lo menos poseedor de la cosa, lo que le permitirá ganar el dominio por el
modo de adquirir prescripción adquisitiva o usucapión.

57

Derecho Civil I

b).- Caso del heredero indigno que enajena bienes de la herencia. De acuerdo con lo que señala el art. 974, inc.
2°, declarada judicialmente la indignidad del heredero o legatario, éste es obligado a la restitución de la herencia
o legado con sus accesorios y frutos.

Sin embargo, si el indigno ha enajenado los bienes que adquirió, los herederos a quienes beneficia la indignidad,
tendrán acción, pero sólo contra los terceros de mala fe. No procede, en esta hipótesis, la acción reivindicatoria
contra terceros de buena fe.

c).- Caso del comprador que es condenado a restituir la cosa cuando se ha declarado la rescisión de la
compraventa por lesión enorme. Las enajenaciones o gravámenes que hubiera hecho el comprador sobre la cosa
adquirida antes de que se pronuncie en su contra la rescisión por lesión enorme, no quedan sin efecto como
consecuencia de ésta. Por ello el art. 1895 obliga al comprador que se haya en el caso de restituir la cosa, a
“purificarla” previamente de las hipotecas u otros derechos reales que hubiere constituido sobre ellas

58

Derecho civil I

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (20)

Destacado (18)

Similar a Derecho civil I (20)

Más de Gustavo A. (10)

Último (20)

Derecho civil I