DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
- 1. UNIVERSIDAD FERMÍN TORO. VICERRECTORADO ACADEMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS ESCUELA DE DERECHO. BARQUISIMETO, MARZO 2016. ALUMNO: GIOVANNI OJEDA. ABG. Gabrielis Rodríguez SECCION: E DEMANDA CONTRA LA REPÚBLICA Y DEMANDA CONTRA EL ESTADO
- 2. DEMANDAS CONTRA LA REPÚBLICA Es importante señalar que las demandas contra la república son aquellas que frente a pretensiones de condena que tanto en responsabilidades contractuales o extracontractuales forman parte de los principios administrativos, así mismo cuando la actividad de los órganos del estado ocasiona daños a los particulares, éstos pueden instaurar acciones judiciales en contra de la República. Cabe señalar que la naturaleza jurídica del antejuicio administrativo se considera r que el mismo está concebido en beneficio del particular, a quien se le evitan procedimientos judiciales en aquellos casos en que es declarada procedente la reclamación y se dispone su cumplimiento voluntario
- 3. PROCEDIMIENTO JUDICIAL PRIMERA INSTANCIA El proceso se inicia mediante escrito, demanda que deberá cumplir con los requisitos del artículo 340 CPC DEMANDA REQUISIT OS •Cuando así lo disponga la ley. •Si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal. •Si estuviere evidentemente prescrito o exista caducidad de la acción o recurso. •Cuando se acumulen acciones o recursos que excluyan mutuamente cuyos procedimientos sean incompatibles. •Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible o no se halla cumplido el procedimiento administrativo previo o las demandas contra la república de conformidad en lo dispuesto en la ley orgánica de la procuraduría general de la república. •Que contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos o es de tal modo inteligible que resulte imposible su tramitación. •Cuando se manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya el demandante. •La existencia de la cosa juzgada. ADMISION Cuando concluye el lapso de promoción, las partes dentro de los siguientes 3 días podrán convenir u oponerse a la admisión de las pruebas de la parte contraria por manifiestamente ilegal dentro de los tres días de despacho siguientes, el juez providenciara los escritos de pruebas, admitiendo las que sean legales Al día siguiente del vencimiento del plazo de emplazamiento para la contestación de la demanda sin haberse logrado el avenimiento, el juicio quedara abierto a pruebas , siendo admisibles cualquier medio de prueba que determina el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y otras leyes de la República, se deben fomentar dentro de los primero quince días del lapso probatorio LAPSO PROBATORIO Cuando concluye el lapso de promoción, las partes dentro de los siguientes 3 días podrán convenir u oponerse a la admisión de las pruebas de la parte contraria por manifiestamente ilegal dentro de los tres días de despacho siguientes, el juez providenciara los escritos de pruebas, admitiendo las que sean legales ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS
- 4. PROCEDIMIENTO JUDICIAL PRIMERA INSTANCIA Podrá ser apelada por la parte interesada y esta será oída en el solo efecto devolutivo, si es admitida por el tribunal de alzada se fijara un plazo para su evacuación, y cuando es negada por el Superior la prueba no se apreciara en la sentencia definitiva APELACIÓN SOBRE NEGATIVA Y ADMISIÓN DE PRUEBAS Admitidas las pruebas comenzaran a contarse los treinta días designados para la evacuación, ocurre dos casos: Si las pruebas hubieren de practicarse en el lugar del juicio, se contaran primero los días transcurridos en el tribunal; Si las pruebas hubieren de evacuarse fuera del lugar del juicio, se contaran a partir del auto de la admisión EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS se presentaran en el decimoquinto (15) día siguiente al vencimiento del periodo de pruebas 1ºEntrega de la cosa sea mueble o inmueble 2ºEntrega de una cantidad 3ºUna obligación de hacer o no hacer 4ºDistributiva LOS INFORMES Se podrá presentar las observaciones 8 días después de presentado los informes LAS OBSERVACIONES Una vez presentado los informes, podrá dentro de un lapso definitivo de 15 días, dictar un auto para mejor proveer. AUTO PARA MEJOR PROVEE Dictada la sentencia, exige que se notifique y solo transcurridos 8 días hábiles corre el lapso de 5 días de despacho (art 298 CPC). SENTENCIA: EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA SE BASA EN
- 5. PROCEDIMIENTO JUDICIAL SEGUNDA INSTANCIA Dentro de los 3 días de despacho siguientes al recibo del expediente, se pronunciara sobre su admisibilidad o inadmisibilidad. Cuando este admitida la causase designa un magistrado ponente en los 3 días de despachos Se dará inicio al estudio individual del expediente por el magistrado ponente dentro de los 3 días hábiles JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN DESIGNACIÓN DEL MAGISTRADO PONENTE RELACIÓN DE LA CAUSA Dentro de los 15 días de despacho siguientes se formalizara la apelación por escrito, precisando las razones de hecho y derecho que fundamentan la apelación FORMULACIÓN DE LA APELACIÓN: Se deberá contestar la apelación en los 5 días siguientes de despacho. CONTESTACIÓN A LA APELACIÓN Se admitirá solamente las pruebas que esta establecido en el articulo 19 del LOTSJ PROMOCIÓN DE PRUEBAS
- 6. PROCEDIMIENTO JUDICIAL SEGUNDA INSTANCIA EL TSJ podrá en cualquier Estado acordar las medias cautelares que consideren permanentes para resguardar la apariencia del buen derecho y garantizar los resultados del juicio Las partes deberán presentar sus informes de forma oral, dentro de los 10 días de despacho siguientes a la hora que fije el Tribunal Supremo de Justicia. INFORMES Presentado los informes comenzaran a correr 30 días calendario prorrogable por una vez para sentenciar (60 días) (art 19, párrafo 8 y 9 LOTSJ). SENTENCIALAS MEDIDAS CAUTELARES Cumplido el acto de informes, comenzara una segunda relación de la causa, que tendrá una duración de 20 días hábiles, el cual podrá ser prorrogado por una sola vez por el mismo tiempo y por auto razonado, debido a la gravedad o complejidad del asunto. SEGUNDA RELACIÓN DE LA CAUSA Habrá 15 días de despacho para evacuar las admitidas y las ordenadas de oficio, dicho lapso es prorrogable por 15 días mas en termino de la distancia si fuere el caso EVACUACIÓN DE PRUEBAS: Corresponde al juzgado de sustanciación que tiene 3 días de despacho para decidir, se podrá apelar dentro de los tres días de despacho siguientes AUTO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS
- 7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”), somete ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) la demanda en el caso número 12.668, Leopoldo López Mendoza, en contra de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado”, “el Estado venezolano” o “Venezuela”) por su responsabilidad internacional en haber inhabilitado al señor López Mendoza (en adelante “la víctima” o “el señor López Mendoza”) del ejercicio de la función pública por vía administrativa en contravención con los estándares convencionales y haber prohibido su participación en las elecciones regionales del año 2008, así como por no haber otorgado las garantías judiciales y protección judicial pertinentes ni haber brindado una reparación adecuada. La Comisión Interamericana solicita a la Corte que establezca la responsabilidad internacional del Estado venezolano porque ha incumplido con sus obligaciones internacionales al incurrir en la violación de los artículos 23, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), en conexión con el artículo 1.1 y 2 de dicho instrumento, en perjuicio de Leopoldo López Mendoza. El presente caso ha sido tramitado de acuerdo con lo dispuesto por la Convención Americana y se presenta ante la Corte de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “el Reglamento de la Corte”). Se adjunta a esta demanda, una copia del Informe de Fondo No. 92/091. La remisión del caso al Tribunal plantea la exigencia de justicia y reparación frente a la inhabilitación política por medio de actos administrativos, contrario a los estándares internacionales. La Comisión considera importante destacar, que dada la gravedad que implica la restricción de los derechos políticos electorales es necesario que dichas restricciones sean sujetas a un análisis riguroso. Asimismo, la Comisión resalta la importancia que reviste la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas para el fortalecimiento de las democracias y la participación Informada de los individuos en la construcción de la misma. Comisión Interamericana de Derechos Humanos Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Leopoldo López Mendoza (Caso 12.668) CONTRA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
- 8. EXISTE CUANDO LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN EL ESTADO, AL EJERCER SUS FUNCIONES, CAUSAN DAÑO A LOS PARTICULARES O A COSAS DE SU PROPIEDAD Y LA SANCIÓN SERÁ DE CARÁCTER PECUNIARIO, TENDIENTE A REPARAR EL DAÑO. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Extracontractual: cuando la responsabilidad surge de la relación entre el Estado y los administrados, ya sea por la función administrativa o de los actos de tipo legislativo o judicial, ya sea por una actividad legítima o ilegítima CLASES DE RESPONSABILIDAD Precontractual: cuando la responsabilidad surge de una conducta previa a la celebración del contrato. Contractual: cuando surge de la ejecución o incumplimiento de un contrato.
- 9. •Que exista un daño cierto, a un interés particular o derecho subjetivo de un administrado, y que sea imputable al Estado. •Que exista relación de causalidad, entre ese daño y la conducta del Estado. •Que no exista deber jurídico, del administrado de soportar el daño. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Requisitos para que exista responsabilidad Dentro de la actividad legítima el daño puede ser causado por: Una función administrativa: es decir, aún prestando correctamente sus servicios, el Estado causa daño a sus administrados. Actos legislativos: cuando el daño surge del dictado de leyes o reglamentos. En este caso hasta que la ley no sea declarada inconstitucional por el sentencia judicial, el Estado no es responsable por los daños causados por dicha norma, excepto: •Que se dañen derechos o principios constitucionales. •Que el daño sea especial, por ejemplo un impuesto que afecte a un individuo en forma desigual que a los demás. •Que la propia ley reconozca el derecho a indemnizar. •Que exista enriquecimiento sin causa por parte del Estado, en este caso aunque no ocasione daño existe responsabilidad. Actos judiciales: si la sentencia no favorece, a aquel sobre quien recae, el individuo tiene la obligación de someterse a la justicia y acatar sus disposiciones. sostiene que el Estado no es responsable por actos judiciales cuando su actuación es legítima.
- 10. Un nuevo fallo contra el Estado venezolano podría registrarse en breve, cuando el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI) de a conocer su decisión en la multimillonaria demanda de la minera canadiense CRYSTALLEX por la suma de 3.800 millones de dólares. Venezuela enfrenta 32 demandas ante el CIADI, incoadas por empresas trasnacionales que fueron expropiadas por el entonces presidente, teniente coronel Hugo Chávez, quien luego las puso, principalmente, en manos de grupos rusos y chinos, y de jerarcas de su régimen. La multimillonaria demanda de CYSTALLEX . que será dada a conocer en breve, pudiese ser un nuevo revés consecuencia de la cadena de expropiaciones arbitrarias, según conoció hoy analisislibre.org. En 2011 CRYSTALLEX inició ante un tribunal arbitral el proceso formal contra el Estado Venezolano por la cancelación del contrato para operar el proyecto de oro Las Cristinas. La minera acudió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, la restitución de sus inversiones, incluyendo el contrato de operación minera. El caso, que ha dejado al descubierto una amalgama de presunta corrupción desde altas esferas y ex jerarcas del chavismo, se suma a una treintena de demandas de corporaciones que mantienen en vilo a la otrora empresas venezolanas PDVSA y CITGO, las cuales han sido amenazadas de embargo para dar cumplimiento a las compensaciones impuestas por el máximo tribunal arbitral a nivel mundial, el CIADI. A diferencia de los procesos de nacionalización del petróleo y del hierro llevados a cabo durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), donde Venezuela salió fortalecida al sumar el capital humano, experiencia e infraestructura para dar nacimiento a PDVSA y las empresas básicas de Guayana, en el caso de las expropiaciones llevadas a cabo por Hugo Chávez constituyeron actos de “asalto” dentro de su modelo “socialista”, sin cumplir con las obligaciones con las empresas “desalojadas”. No hubo compensación, y de manera arbitraria fueron puestas en manos de capital ruso y chino, y de algunos personeros del régimen, concluyendo con la destrucción de las empresas y explotación minera. En la reclamación que debe ser decidida en breve por en CIADI, CRYSTALLEX reclama al Estado venezolano el pago de la suma de US$3.417.856.000,00 más intereses y gastos legales, alegando que Venezuela incumplió con numerosas obligaciones del tratado bilateral de inversión entre Canadá y Venezuela por acciones relacionadas a su Contrato Minero con la CVG sobre el desarrollo y la exploración de la mina Las Cristinas, inclusive la denegación de un permiso ambiental, tratamiento justo y equitativo, y compensación por expropiación. CRYSTALLEX sometió la Solicitud de Arbitraje el 2 de febrero de 2011 y de acuerdo con el orden procesal, presentó su Memorial el 10 de febrero de 2012. A partir de la presentación por parte del Estado venezolano de la Objeción a la Competencia (Solicitud de Bifurcación) del 2 de abril de 2012, las Partes siguieron a presentar observaciones sobre esta Objeción y la respuesta de CRYSTALLEX. El Tribunal decidió rechazar la Solicitud de Bifurcación el 23 de mayo de 2012. La demanda de la corporación minera canadiense contra el Estado Venezolano es por Tres Mil Ochocientos millones de dólares ($3.800.000.000,oo), tras la expropiación realizada por Hugo Chávez.