Derechos de los enfermos mentales

JAVIER SALDAÑA

Licenciado en derecho por la Facultad de Dere-
cho de la UNAM; doctor en derecho por la Uni-
versidad de Navarra, Pamplona, España; inves-
tigador de tiempo completo en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Especialista en el ámbito de la filosofía del dere-
cho; ha trabajado temas sobre los derechos hu-
manos desde la perspectiva filosófica, ética y
religiosa.
Es coautor del libro Los derechos humanos, na-
turaleza y persona, 1999; coordinador del libro
Problemas actuales sobre derechos humanos.
Una propuesta filosófica, 1997.

nuestros
derechos

DERECHOS
DEL ENFERMO
MENTAL
JAVIER SALDAÑA

CÁMARA DE DIPUTADOS, LVIII LEGISLATURA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
MÉXICO, 2000

Colección Nuestros Derechos
Coordinadora: Marcia Muñoz de Alba Medrano

Coordinador editorial: Raúl Márquez Romero

Diseño de portada y coordinación
de ilustradores: Eduardo Antonio Chávez Silva
Cuidado de la edición y formación en computadora: Isidro Saucedo
Ilustraciones: Jorge Chuey Salazar

Primera edición: 2000

Primera reimpresión: octubre de 2000

DR © 2000. Universidad Nacional Autónoma de México

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n
Ciudad Universitaria, México, D. F., C. P. 04510

Impreso y hecho en México

ISBN 968-36-8229-4

CONTENIDO

PRIMERA PARTE
CONCEPTO DE DERECHOS
DEL ENFERMO MENTAL

I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Breve reseña histórica de los centros siquiátri-
cos en México . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

II. Concepto del derecho y nociones generales . 9

1. Enfermedad mental . . . . . . . . . . . . . 11
2. Clases o especies de enfermedad mental . 11
3. Conciencia y subconsciencia . . . . . . . 14

SEGUNDA PARTE
EJERCICIO DEL DERECHO

III. Derechos de los enfermos mentales en la legis-
lación positiva mexicana . . . . . . . . . . . . 19

VII

CONTENIDO

1. Derecho a la salud en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos . . 19
2. Ley General de Salud. Regulación en mate-
ria de enfermos mentales . . . . . . . . . 23
3. La salud mental . . . . . . . . . . . . . . . 24
4. Derechos de las personas en centros si-
quiátricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5. Enfermos mentales en reclusorios . . . . 37
6. ¿Cuáles son sus derechos? . . . . . . . . 47
IV. Derechos de los enfermos mentales en la legis-
lación internacional . . . . . . . . . . . . . . . 49
Principios de Ética Médica adoptados por la
Asamblea de las Naciones Unidas (resolución
37/194, 18 de diciembre de 1982) . . . . . . . 54

V. Derechos de los enfermos mentales en el de-
recho penal mexicano . . . . . . . . . . . . . 62

1. Código Penal . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2. ¿Quién es una persona inimputable? . . . 64
3. ¿Los farmacodependientes son inimputa-
bles? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4. Código de Procedimientos Penales para
el Distrito Federal . . . . . . . . . . . . . . 68

VI. Derechos de los enfermos mentales en el de-
recho civil mexicano . . . . . . . . . . . . . . 75

1. Código Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

VIII

CONTENIDO

2. Derechos reconocidos en el derecho pro-
cesal civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

IX

PRIMERA PARTE

CONCEPTO DE DERECHOS
DEL ENFERMO MENTAL

I. INTRODUCCIÓN

En fechas relativamente recientes, apareció un artículo en
algunos medios impresos de información que fue titulado
del siguiente modo: Un infierno, los hospitales siquiátri-
cos. En este trabajo se detallaba, como su nombre lo indi-
ca, las condiciones tan deplorables en las que vivían y
convivían los residentes de dichos centros siquiátricos,
llamados igualmente ‘‘granjas de recuperación’’. Lugares
que son considerados por muchos de sus internos como

encierros donde se entra pero nunca se sale, o
por lo menos, donde nadie se recupera.

Resulta significativo el calificativo de estos centros por-
que, como en el propio artículo se observa, el trato que
reciben ahí los enfermos corresponde ----como en cual-
quier granja---- al de un animal y no al de un ser humano.
Veamos sólo parte de este escrito:

a través de un espacio que permite ver hacia
dentro, se observa que los internos permane-
cen abandonados, deambulan por su pabellón,
de un lado a otro, caminan desnudos o se ba-
ñan bajo una llave que abren y cierran. Viven
así, mezclándose, hombres, mujeres y niños,
en terrible hacinamiento.

3

NUESTROS DERECHOS

Por lo que a las condiciones de higiene respecta en
estos ‘‘centros hospitalarios’’, la situación es aún más de-
soladora:

Deambulaban con toda la suciedad imaginable y que llevan
encima, porque a veces escasea el agua y no se bañan, por-
que los harapos que visten no los pueden cambiar durante
muchos meses, hasta que alguien se digna en darles una
muda limpia. Difícilmente se rescata el olor de la naturaleza
humana, éste se pierde entre el hedor a orines y enfermedad
que se impregna en la ropa y en la piel. La vista capta imáge-
nes desoladoras: desnudez de cuerpos marcados por infec-
ciones de la piel, rostros golpeados... almas herradas por la
cordura.

Los servicios de comida y alimentación se encuentran
en el mismo tenor que las condiciones de higiene.

La comida fue servida en charolas de aluminio
----muchos extrañan su bote, que hasta hace
poco usaban----; la ración de comida estaba
conformada por un pedazo de papaya, un tro-
cito de carne de cerdo, mucha salsa verde,
arroz y un vaso de agua de Jamaica servido
por un enfermo. El olor que despedía la comida
provocaba náuseas.

Los anteriores ejemplos son sólo algunas muestras de
las condiciones en la que viven muchas personas afec-
tadas en sus facultades mentales en las más de veinte
unidades siquiátricas dependientes del sector salud en
México.

4

DERECHOS DEL ENFERMO MENTAL

Como a simple vista se puede observar, para muchas
de estas personas la residencia en dichos centros hospi-
talarios más que rehabilitarlas, como la propia Ley General
de Salud señala, hace que su estancia en esos lugares
llegue a representar verdaderos infiernos donde día con
día su condición de ser humano se ve disminuida a grado
tal que preferirían la muerte antes que seguir padeciendo
el martirio de tales condiciones.
En este sentido, resulta paradójica esta situación de
oprobio, ya que mientras México había sido el primero
de los países de América Latina en establecer lugares es-
pecializados para el tratamiento de enfermos mentales
desde la época colonial, y por tanto podría esperarse un
mejoramiento tanto en las instalaciones como en los ser-
vicios de salud de dichos centros, las condiciones de insa-
lubridad y la falta de un tratamiento médico adecuado en
las ‘‘granjas de recuperación’’ del México de finales del
siglo XX, demuestran los pocos esfuerzos realizados en
este renglón de la salud y el consecuente retraso que en la
materia se ha producido en los últimos años.
Esta ineficiencia demostrada en forma palmaria por las
autoridades respectivas ha sido motivada, como muchos
males de este país pero principalmente en lo concerniente
a la asistencia humanitaria de miles de personas, al hecho
de haber quitado el cuidado de estas personas a la Iglesia.
Institución que siempre ha velado por los seres humanos
más necesitados de la sociedad y particularmente por este
tipo de enfermos mentales que la mayoría de las veces no
tienen familiares quienes se haga cargo de sus cuidados o
teniéndolos ha renegado de ellos al abandonarlos de por
vida en dichos centros.

5

NUESTROS DERECHOS

Breve reseña histórica de los centros siquiátricos
en México

Si recordamos un poco la historia, ésta nos confirmará
la atención especial con la que eran tratados los enfermos
mentales antes de que las Leyes de Reforma establecieran
el traslado a manos del Estado de las instituciones encar-
gadas de su protección. Así, se tiene memoria que alrede-
dor de 1566 se construyó el primer centro en México que
albergaba a las personas que padecían algún tipo de en-
fermedad síquica. Dicho centro fue fundado por fray Ber-
nardino Alvares, quien dedicó toda su vida al cuidado de
este tipo de personas colocando el centro a un lado de la
Iglesia de San Hipólito, en lo que ahora es el centro de
la ciudad de México. De este periodo histórico se conocie-
ron como importantes los centros hospitalarios de ‘‘La Ca-
noa’’ y el propio ‘‘San Hipólito’’.
En la primera década del siglo XX Porfirio Díaz inauguró
el Manicomio General construido en el sur de la ciudad
por el rumbo de Mixcoac, a dicho centro hospitalario se le
conoció como ‘‘La Castañeda’’, el cual tenía la particulari-
dad de concentrar en un solo lugar a toda la población con
alguna deficiencia mental. Era el centro destinado espe-
cialmente al tratamiento de enfermedades mentales que
existió, al menos en la capital de la República, hasta finales
de la década de los sesenta. A partir de aquí, se han venido
construyendo una serie de nuevos centros hospitalarios
sobre todo en las afueras de las ciudades (por ejemplo, el
centro Fernando Ocaranza, ubicado en el kilómetro 62 de
la carretera federal México-Puebla), y que en número re-
basan la cantidad de 25 en toda la República.
Sin embargo, y a pesar de que las estadísticas de la
Secretaría de Salud señalen una mejora cuantitativa de los
centros hospitalarios, por lo que al renglón de este tipo de

6


salud se refiere, la realidad en los hechos exige una mejora
cuantitativa de los servicios que en dichos centros se re-
quieren para ‘‘el bienestar físico y mental del hombre, para
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades’’, para ‘‘la
prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida hu-
mana’’, y ‘‘para la protección y el acrecentamiento de los
valores que coadyuven a la creación, conservación y dis-
frute de condiciones de salud que contribuyan al desarro-
llo social’’, empleando los mismos términos de la Ley Ge-
neral de Salud reglamentaria del artículo 4o. constitucional
y que será objeto de nuestro estudio más adelante.
Esta Ley, por más buenos principios que contenga, no
ha podido aminorar las condiciones en las que viven miles
de personas que son ingresadas a dichos centros, en los
que los propios enfermos mentales son

testigos inermes de sus propios y desgarrado-
res gritos causados por el dolor físico y la an-
gustia que les produce permanecer en sitios
tan sombríos, bajo la tutela de personajes ves-
tidos con batas, cuya vocación parece que es
la de atormentar y devastar cuerpos y almas.

Esto seres humanos ¿tienen algún derecho?, si la res-
puesta es afirmativa ¿qué tipo de derecho es el que tienen,
no sólo como personas sino también como enfermos
mentales? ¿El calificativo de derechos humanos los alcan-
za o están excluidos de éste? ¿Existe un tratamiento espe-
cial en el terreno de la legislación civil o de la penal que
recoja su particular condición de enfermo mental, para, en
su caso, atribuirle alguna responsabilidad jurídica?, en el
supuesto de que estos enfermos mentales ingresen a los

7

NUESTROS DERECHOS

referidos centros siquiátricos, ¿decidieron voluntariamen-
te, por sí o por su representante legal, su ingreso al hospi-
tal?, ¿fueron informados, ellos o sus representantes lega-
les, sobre las normas que rigen el hospital, así como su
diagnóstico y tratamiento recibidos?, ¿son tratados con
humanidad y con pleno respeto a su dignidad y a su cali-
dad de seres humanos?, ¿son atendidos dentro de las nor-
mas éticas de los profesionales del área de salud?, ¿son
protegidos de todo tipo de explotación, abuso, tratos de-
gradantes, algún posible daño o represión de cualquier
tipo?, ¿qué legislación es la que contempla todos estos
derechos?
La respuesta a todas interrogantes, nos hacen ver con
toda claridad cómo las personas que padecen de alguna
enfermedad mental han sido uno de los grupos más vul-
nerables y desprotegidos de la sociedad. Su calificación
de enfermos mentales los hace un grupo particularmente
indefenso y, lo que es más grave, no les permite estar en
capacidad de reclamar sus derechos.
La reseña hecha en párrafos anteriores puede ser la me-
jor prueba de lo que decimos. Por eso, el presente trabajo
se inscribe en esta problemática: exponer con un lenguaje
elemental los principales derechos de los que son sujetos
dichos enfermos mentales. Vale la pena recordar, sólo a
título enunciativo que la calidad de ‘‘enfermo mental’’ no
es más que una especie de los grupos discapacitados.
Nuestro objeto será sólo abordar la especie, aunque en
algunos renglones hagamos referencia al género.
Para efectos de lo anterior, la presente investigación se
ha dividido fundamentalmente en dos partes. En la prime-
ra de ellas nos proponemos tratar los temas generales del
tema ‘‘derechos de los enfermos mentales’’. En ésta abor-
daremos el concepto tanto doctrinal como legal de la voz
‘‘enfermos mentales’’ y su definición en la legislación se-

8


cundaria. La segunda parte del trabajo viene integrada por
el ejercicio del derecho a la salud como derecho principa-
lísimo; asimismo hace referencia a los medios jurídicos
que encontramos en el derecho penal y civil, además de
los medios procesales indirectos en ambos tipos de orde-
namientos así como las instancias de asesoramiento y los
instrumentos tanto nacionales como internacionales con
los que se cuenta para la protección de sus derechos ante
las comisiones de derechos humanos.

II. CONCEPTO DEL DERECHO Y NOCIONES GENERALES

Decíamos que las personas consideradas enfermos
mentales son sólo una especie del género denominado
discapacitados. De ahí que valdría la pena en primer lugar
formularse la siguiente pregunta: ¿quién es una persona
discapacitada?
La mayoría de los autores coinciden en establecer, de
manera general, como persona discapacitada a

todo ser humano que padece, temporal o per-
manentemente, una disminución de sus facul-
tades físicas, mentales o sensoriales.

Este concepto de persona con discapacidad incluye, se-
gún se puede observar, la enfermedad o deficiencia men-
tal, contemplando en esta calificación aquellas personas
de sufren el síndrome de Down. De ahí que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) distinga tres clases de discapa-
cidad:

9

NUESTROS DERECHOS

La deficiencia mental, que sería la pérdida o anormali-
dad, permanente o transitoria, de carácter sicológico, fisio-
lógico o anatómico, de alguna estructura o función.
La incapacidad propiamente dicha, que es cualquier res-
tricción o impedimento del funcionamiento de una activi-
dad, ocasionado por la deficiencia, dentro del ámbito con-
siderado normal para el ser humano.
La minusvalidez, que es una incapacidad que constituye
una desventaja para una persona, en cuanto limita o impi-
de el cumplimiento de una función que es normal para esa
persona según la edad, el sexo y los factores sociales y
culturales.
En la anterior clasificación podemos incluir, por lo que
a la enfermedad mental se refiere, aquellos trastornos
afectivos como pueden ser ciertas depresiones, el retraso
mental, el daño cerebral, la sicosis (locura) motivada por
diferentes causas como puede ser la esquizofrenia, y las
demencias, entre otras.
Así, en primer lugar hemos de entender por enfermedad
lo siguiente:

Perturbación del equilibrio físico o síquico (ho-
meostasia) y trastorno del normal funciona-
miento de los órganos y sistemas. La delimi-
tación de la enfermedad frente a la norma se
efectúa ordinariamente a través de los sínto-
mas, aunque no es posible un deslinde estric-
to. En sicología, la enfermedad es objeto de
investigación, especialmente, de la sicología
clínica. Sicopatología, trastorno (Dorsch, F.).

10


1. Enfermedad mental

Con estos lineamientos generales, y por lo que al terre-
no de los derechos humanos se refiere, podemos decir
que un

enfermo mental es aquella persona que por
una causa congénita o adquirida, ha sufrido
una alteración en sus facultades mentales o
síquicas.

2. Clases o especies de enfermedad mental

Estas capacidades y lesiones psíquicas son, principal-
mente, la afectación en su razonamiento e inteligencia, en
su voluntad y comportamiento, en su memoria y capaci-
dad de aprehensión y en su atención.
Como es lógico suponer, dichas alteraciones sufridas en
sus capacidades mentales influyen de manera directa en el
comportamiento de la persona y en su afectividad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha esta-
blecido que se reconoce como pacientes siquiátricos a
aquellas personas que sufren alguna enfermedad mental
y que reciben tratamiento médico especializado tanto en
internamiento como en externación, ya sea en forma vo-
luntaria o involuntaria, esta última regida por los principios
de supremacía de la voluntad del paciente y de la opción
menos restrictiva.
La doctrina ha establecido diferentes tipos de enferme-
dades mentales y de distintos grados. Entre las más im-
portantes podemos destacar las siguientes:
Sicosis, la cual es una forma de perturbación caracteri-
zada generalmente por los distintos cambios de excitación

11

NUESTROS DERECHOS

y depresión del ánimo, y en general de todas las activida-
des orgánicas. El siquiatra y neurólogo W. Griesinger
(1817-1868), aceptaba la sicosis como enfermedad unita-
ria, como una sola enfermedad. Posteriormente, sobre
todo por la obra de Kraepelin y Bleuler, se procedió a una
clasificación sistemática de la sicosis. Se distinguen: sico-
sis por agotamiento (delirio de colapso, delirio agudo, con-
fusión mental aguda), sicosis infecciosa y tóxica (por in-
fección, por envenenamiento), neurosicosis (epilepsia),
sicosis degenerativa (sicosis paranoide, sicosis maniaco-
depresiva), sicosis orgánica (demencia paralítica, sicosis
arteriosclerótica, demencia senil), sicosis de periodos de
transición (adolescencia, menopausia). Las dos primeras
formas constituyen el grupo de las sicosis exógenas, lla-
madas así porque predominan en la producción de la en-
fermedad las causas exteriores, mientras que las restantes
formas se califican de endógenas y están determinadas
principalmente por los factores hereditarios (Dorsch, F.).
Esquizofrenia, que son un grupo de enfermedades
mentales caracterizadas por los síntomas siguientes: tras-
tornos del pensamiento (disgregación, pérdida de la cone-
xión lógica, decadencia mental), ideas delirantes, viven-
cias de interpretación morbosa (de persecución, de
grandeza), perturbaciones del lenguaje (ensalada de pala-
bras, verbigeración, énfasis en el hablar), trastornos sen-
soriales (alucinaciones, ilusiones, especialmente supuestas
voces, y también, en muchos casos, falsas percepciones
internas), perturbaciones de los movimientos (amanera-
mientos, catatonía, flexibilidad cérea y estereotipias). Apa-
recen en primer término trastornos de la afectividad, la
voluntad y la personalidad: alteraciones diversas del esta-
do de ánimo, ideas súbitas, éxtasis, desatinos, apatía, pér-
dida de la capacidad de contacto social, autismo, trastor-
nos esenciales de la personalidad total, sensación de ser

12


ajeno a las vivencias propias, alternancia de hiperexcitabi-
lidad y de indiferencia (que puede presentarse en relación
con áreas diversas de vivencias), escisión de la personali-
dad (Dorsch, F.).
Sicosis maniacodepresiva. Ésta es una especie de sico-
sis afectiva, sicosis (o locura) cíclica (o circular), ciclotimia,
depresión endógena. Sicosis con cuadros patológicos
muy diversos, caracterizada principalmente por la presen-
cia de fases depresivas y fases maniáticas de exaltación
(Dorsch, F.).
Reacciones vivenciales o modos de elaborar anormal-
mente estímulos emocionales, como son las neurosis (en-
fermedad que refleja un trastorno del sistema nervioso, sin
que el examen anatómico descubra lesiones en dicho sis-
tema), histeria (enfermedad caracterizada por una gran va-
riedad de síntomas de carácter funcional y a veces por
ataques convulsivos, fobias, angustias, etcétera, que cons-
tituyen disturbios sicológicos de la personalidad).
Oligofrenia, comprensiva
de la ideocía, la imbecilidad
y la debilidad mental, así
como la demencia senil en
sus diversas manifestacio-
nes.
Todas estas enfermeda-
des afectan la siquis de la
persona y en consecuencia
pueden ser consideradas
enfermos mentales las per-
sonas que las padecen.

13

NUESTROS DERECHOS

3. Conciencia y subconsciencia

Según se desprende de la definición que hemos dado
anteriormente y siguiendo en este punto a la doctrina, se
afirma que en el campo de la mente existen dos grandes
esferas del conocimiento del individuo:
n la conciencia, y
n la subconsciencia.
La primera es la mente directamente conocida a través
de los procesos de intuición e introspección; en tanto la
subconsciencia es sólo conocida indirectamente mediante
el examen y análisis de los enfermos subconscientes, a
través de la influencia que éstos tienen en la subconscien-
cia o que ésta tenga en aquéllos.
En la conciencia se diferencia el Yo y el para Yo. Según
Francisco Pavón Vasconcelos, en su obra Imputabilidad,
inimputabilidad,

el Yo constituye un conjunto de hechos intrín-
secos en la misma conciencia que aparecen y
desaparecen con ella.

En tanto...

...el para Yo está dado por un conjunto de he-
chos conscientes, relacionados con el Yo, que
pueden aparecer y desaparecer de la conciencia,
sin que la conciencia aparezca o desaparezca.

El Yo posee la facultad de conocer, sentir y querer.

14


En el Yo, y por extensión en la conciencia y aún en la
mente, se han distinguido los siguientes caracteres.
La individualidad. El Yo es uno e idéntico, conserva su
identidad a través del tiempo; es siempre el mismo aunque
puede en su evolución presentar cambios que no llegan a
suplantarlo.
La subjetividad. El Yo es siempre un sujeto que realiza.
Las manifestaciones mentales aparecen como atributos de
un Yo, es el sujeto obligado a la acción mental. Todo en-
fermo mental pertenece siempre a un Yo.
La intencionalidad. Los fenómenos que ocurren en el Yo
tienen siempre un objeto. Esta referencia mental del Yo es
lo que se denominaba antiguamente intención.
La prospectividad. Todo lo que ocurre en el Yo proviene
de la iniciativa individual y tiende hacia la realización plena
de la vida del individuo. El Yo tiende a hacerse persona
mediante las distintas formas del conocer, sentir y querer.
La actividad. La mente es un ente activo, siempre en
continua acción. Es una dinámica continuo-rítmica, es de-
cir, la actividad mental en ningún momento cesa. Es una
dinámica receptiva-reactiva. El Yo es capaz de recibir y
acusar una influencia de y para el exterior. Es una dinámica
asociadora-disociadora. El yo tiende unir y a fundir funcio-
nes diferentes en un sólo acto síquico.
Estos caracteres generales que identifican la conciencia
en el hombre y por tanto lo que lo identifican como un ser
mentalmente sano son importantes para determinar el
contenido del acto voluntario. Si alguna de estas faculta-
des se viera afectada por alguna causa (congénita o acci-
dental), la persona podría llegar a ser calificada como ‘‘en-
fermo mental’’. La importancia de dichas características
anunciadas se debe precisamente a las repercusiones que
a la hora de calificar a una persona como imputable o
inimputable se tienen en el terreno jurídico, principalmente
en el derecho penal.

15

SEGUNDA PARTE

EJERCICIO DEL DERECHO

III. DERECHOS DE LOS ENFERMOS MENTALES
EN LA LEGISLACIÓN POSITIVA MEXICANA

Una vez abordada la definición teórica de lo que es un
enfermo mental, así como las características que identifi-
can la mente de las personas y sus posibles afectaciones,
estamos ahora en condiciones de abordar dicha proble-
mática a la luz de la legislación nacional, identificando
siempre en el ordenamiento jurídico mexicano, la serie de
derechos que como enfermos mentales se encuentran
identificados en dicho sistema jurídico.

1. Derecho a la salud en la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos esta-
blece en su artículo primero, el derecho de toda persona
a disfrutar de las garantías que otorga la Constitución, las
cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los
casos y condiciones reconocidas en el propio texto cons-
titucional.
En este sentido habría que entender que la palabra garan-
tía establecida en el artículo 1o. de nuestro texto fundamental
debe entenderse como los derechos que toda persona tiene
y que habite o se encuentre en el territorio nacional. De esta
forma, la Constitución reconoce el principio de igualdad de
todos los hombres y las mujeres frente a la ley. Dicho prin-
cipio sólo podrá restringirse en los casos y modalidades que
la propia Constitución señale. En el caso de los enfermos
mentales, es muy importante precisar que, para un mejor

19

NUESTROS DERECHOS

cumplimiento de la igualdad es fundamental que la leyes
otorguen un tratamiento objetivo y preciso a la sociedad;
por ello la existencia de normas que tiendan a proteger y
fomentar la vida de los discapacitados (en este caso, los
enfermos mentales) no constituyen normas que rompan
con este principio básico. Por el contrario, su existencia
pretende colocar en un plano de igualdad a quienes po-
seen una deficiencia física o mental y a quienes disfrutan
del funcionamiento cabal de su tiempo.
Así,

el derecho a la salud corresponde a todos los
hombres y mujeres mexicanos por igual.

Sin embargo, antes de pasar a identificar dicho derecho
a la salud en el texto constitucional mexicano, valdría la
pena dar alguna definición de lo que es la salud, tal como
lo hemos hecho con la enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que

la salud es el estado completo de bienestar,
físico, mental y social, y no solamente la au-
sencia de afecciones o enfermedades; y el lo-
gro del grado más alto posible de salud es un
objetivo social de la mayor importancia.

Según se desprende de lo anterior, la salud no solamen-
te es reconocerse sano físicamente, sino también moral-
mente. De ahí, como ha sido señalado por Mireille Roccatti,

la salud es un valor importante que, sumado a otros que con-
dicionan un bienestar general, se constituye como indicador

20


del logro de oportunidades para el desarrollo de los indivi-
duos en igualdad de circunstancias. Entonces la salud es un
bien vital, que además de ser un bien biológico para que el
individuo pueda desarrollarse de manera armónica física y
mentalmente, también es un bien social y cultural imprescin-
dible para la convivencia humana en sociedad (1999).

En nuestro texto constitucional, y motivado precisa-
mente por las exigencias internacionales en materia de
salud, México adicionó en el año 1983, un párrafo al ar-
tículo 4o. del texto fundamental para establecer que:

Toda persona tiene derecho a la protección de
la salud. La Ley definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y esta-
blecerá la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de salubri-

21

NUESTROS DERECHOS

dad general, conforme a lo que dispone la frac-
ción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Con esto, México se ajustaba a los lineamientos de los
organismos internacionales, principalmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud y la Organización Panamericana
de la Salud; así como para estar de acuerdo con los prin-
cipios enunciados en los convenios internacionales de de-
rechos humanos ratificados por México y, en ese sentido,
ley suprema de la Unión según el artículo 133 constitucio-
nal.
De este modo, el bien jurídico protegido por la Consti-
tución como bien supremo es la salud, dando origen al
derecho fundamental de la persona humana a la salud.
Este derecho había tenido como antecedentes la Ley del
Seguro Social de 1943 que otorgaba amplias prestaciones
y servicios sociales que permitían la atención de personas.
Lo anunciado por el párrafo cuarto de la Constitución
federal no es limitativo. Así, el último párrafo de ese mismo
artículo va a señalar el ‘‘deber de los padres a preservar el
derecho de los menores a la satisfacción de sus necesida-
des y a la salud física y mental. La ley determinará los
apoyos a la protección de los menores, a cargo de las
instituciones públicas’’. Con esto, nuestra Constitución
hará extensivo el derecho a la salud también para los me-
nores de edad, incluso para aquellos que padezcan alguna
enfermedad mental.
Como se puede ver, a nivel constitucional no existe una
definición acerca de lo que es la salud y en qué consiste
este derecho. Solamente lo deja enunciado para que la ley
reglamentaria especifique la práctica y ejercicio del mismo.

22


La ley encargada de desarrollar los principios enuncia-
dos en el artículo 4o. constitucional es la Ley General de
Salud, promulgada el 7 de febrero de 1984, modificada el
14 de julio de 1991, en la cual, ‘‘al señalarse las finalidades
del derecho de protección a la salud, se asume ésta como
un factor determinante para el desarrollo integral del ser
humano y, por tanto, de la sociedad (Mireille Roccatti,
1999)’’.

2. Ley General de Salud. Regulación en materia
de enfermos mentales

Dicha legislación a lo largo de toda su normatividad
hace referencia expresa a disposiciones sobre las incapa-
cidades mentales.
En su artículo 2o. señala que el derecho a la salud tiene
las siguientes finalidades:

n El bienestar físico y mental del hombre, para contri-
buir al ejercicio pleno de sus capacidades.
n La prolongación y el mejoramiento de la calidad de
vida humana.
n La protección y el acrecentamiento de los valores que
coadyuven a la creación, conservación y disfrute de
condiciones de salud que contribuyan al desarrollo
social.
n La extensión de actitudes solidarias y responsables
de la población en la preservación, conservación, me-
joramiento y restauración de la salud.
n El disfrute de servicios de salud y de asistencia social
que satisfagan, eficaz y oportunamente, las necesida-
des de la población.
n El conocimiento para el adecuado aprovechamiento
y utilización de los servicios de salud.

23

NUESTROS DERECHOS

n El desarrollo de la enseñanza y la investigación cien-
tífica y tecnológica para la salud.

Éstos serán los lineamientos generales de la política ge-
neral de salud que servirán de base para la reglamentación
que posteriormente trataremos. Las relativas de manera
especial a los enfermos mentales están recogidas en el
título tercero, capítulo VII, calificado precisamente como
‘‘salud mental’’.
El artículo 3o., por su parte, señala que, en los términos
de esta Ley, es materia de salubridad general:

n La organización, control y vigilancia de la prestación
de servicios y de establecimientos de salud a los que
se refiere el artículo 34, fracciones I, III y IV de esta
Ley.
n La atención médica preferentemente en beneficio de
grupos vulnerables.
n La coordinación, evaluación y seguimiento de los ser-
vicios de salud a los que se refiere el artículo 34, frac-
ción II.

3. La salud mental

Es el artículo 72 el que de manera expresa se refiere a
las enfermedades mentales. Establece el precepto referido
lo siguiente:

La prevención de las enfermedades mentales
tiene carácter prioritario.

Se basará en el conocimiento de los factores que afecten la
salud mental, las causas de alteraciones de la conducta, los

24


métodos de prevención y control de las enfermedades men-
tales, así como otros aspectos relacionados con la salud mental.

Del anterior artículo podemos desprender al menos al-
gunas características importantes. La primera de ellas es
la relativa a las políticas de prevención que tienen, en la
legislación referida, carácter de prioritarias. Con esto, nos
damos cuenta que el objetivo central es preventivo, antes
que curativo. Dicha prevención en materia de enfermeda-
des mentales se desarrollará en los niveles de detección
de causas que producen las enfermedades referidas, así
como las posibles medidas a adoptar para su prevención.
Políticas adicionales a las de prevención señaladas arri-
ba son las que se establecen en el artículo siguiente de la
misma ley reglamentaria del artículo 4o. constitucional, el
cual señala:

Artículo 73: Para la promoción de la salud mental, la Secreta-
ría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las
entidades federativas, en coordinación con las autoridades
competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

n El desarrollo de actividades educativas, sociocultura-
les y recreativas que contribuyan a la salud mental,
preferentemente de la infancia y de la juventud.
n La difusión de las orientaciones para la promoción de
la salud mental.
n La realización de programas para la prevención del
uso de sustancias sicotrópicas, estupefacientes, inha-
lantes y otras sustancias que puedan causar alteracio-
nes mentales o dependencia.
n Las demás acciones que directa o indirectamente
contribuyan al fomento de la salud mental de la po-
blación.

25

NUESTROS DERECHOS

Por lo que al primer párrafo del artículo se refiere, habría
que destacar que el sector coordinado por la Secretaría de
Salud está integrado por los siguientes organismos:
a) El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF).
b) El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
c) El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El presente artículo 73 establece como una de las medi-
das más importantes la promoción de la salud mental por
parte del gobierno federal, el desarrollo de actividades
educacionales dirigidas preferentemente a la infancia y ju-
ventud. Esto con el objeto de potencializar las facultades
sicomotrices de los infantes, así como sus aficiones a las
actividades recreativas y socioculturales.
En esta misma línea se encuentra la fracción II del artículo
referido.
Mención especial merece la fracción III del artículo co-
mentado, ya que en ésta se detalla la necesidad de elabo-
rar programas para prevenir la posibles causas de alguna
enfermedad mental no congénita. Dichas causas, son hoy
las que especialmente presentan mayores índices de adic-
ción como son: sustancias sicotrópicas, estupefacientes e
inhalantes. Es decir, la drogadicción como causa de enfer-
medad mental.
El artículo 74 hace referencia al campo que comprende
la atención de las enfermedades mentales. Establece lo
siguiente.
La atención a las enfermedades mentales comprende:

n La atención de personas con padecimientos menta-
les, la rehabilitación siquiátrica de enfermos mentales
crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y perso-

26


nas que usen habitualmente estupefacientes o sus-
tancias sicotrópicas.
n La organización, operación y supervisión de institu-
ciones dedicadas al estudio, tratamiento y rehabilita-
ción de enfermos mentales.

Por su parte, el artículo siguiente establece que los in-
ternamientos de personas con padecimientos mentales en
establecimientos destinados a tal efecto, se ajustarán a
principios éticos y sociales, además de los requisitos cien-
tíficos y legales que determine la Secretaría de Salud y
establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.
En este sentido, el artículo 76 señala:

La Secretaría de Salud establecerá las normas
técnicas para que se preste atención a los en-
fermos mentales que se encuentren en reclu-
sorios o en otras instituciones no especializa-
das en salud mental.

A estos efectos, se establecerá la coordinación necesa-
ria entre las autoridades sanitarias, judiciales, administra-
tivas y otras, según corresponda.
Los dos últimos artículos transcritos merecen un espe-
cial comentario. Sin embargo, antes de esto valdría la pena
señalar que, tal y como lo hemos visto en el artículo citado,
la mayor parte de la legislación que especialmente trata
los problemas sanitarios relacionados con los enfermos
mentales, la encontramos en las llamadas normas técni-
cas, que no son sino reglamentaciones específicas en el
tratamiento de determinadas materias, en este caso, los
pacientes siquiátricos.

27

NUESTROS DERECHOS

4. Derechos de las personas en centros siquiátricos

El artículo 75 establece la necesidad de un tratamiento
especial para los enfermos mentales que se encuentren en
establecimientos destinados para dichas personas.
A propósito de los internamientos en centros, había que
decir que de acuerdo con los principios para la protección
de los enfermos mentales de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, una persona sólo podrá ser admitida como
paciente involuntario en una institución siquiátrica...

...cuando un médico calificado y autorizado
por la ley a esos efectos determine que esa
persona padece una enfermedad mental...

...y considere que debido a ésta existe un riesgo grave
de daño inmediato o inminente para esa persona y para
terceros, o que, en el caso de una persona cuya enferme-
dad mental sea grave y cuya capacidad de juicio esté afec-
tada, el hecho de que no se le admita puede llevar a un
deterioro considerable de su condición o impedir que se
le proporcione un tratamiento adecuado que sólo puede
aplicarse si se admite al paciente en una institución siquiá-
trica de conformidad con el principio de la opción menos
restrictiva. En este último caso se debe consultar un se-
gundo profesional de salud mental independiente del pri-
mero. De realizarse esta consulta, la admisión involuntaria
no tendrá lugar a menos que el segundo profesional con-
venga en ello.
Ahora bien, en la legislación mexicana encontramos una
normatividad especializada en la atención médica en hos-
pitales especializados. Ésta es la Norma Técnica número
144, para la Prestación de Servicios de Atención Médica

28


en Hospitales Siquiátricos, publicada en el Diario Oficial de
la Federación, el 6 de julio de 1987 y que entró en vigor al
día siguiente. De esta normatividad rescatamos ahora lo
más significativo.

Norma Técnica número 144, para la Prestación de Servi-
cios de Atención Médica en Hospitales Siquiátricos

En sus primeros artículos, particularmente el 3o., se es-
tablece en primer lugar la definición de lo que es un hos-
pital siquiátrico al señalar que: Hospital siquiátrico es una
entidad de salud de segundo o tercer nivel, especializada
en la atención de enfermos con trastornos mentales, que
lleva a cabo las actividades siguientes:
n atención siquiátrica;
n enseñanza y capacitación, e
n investigación científica.

29

NUESTROS DERECHOS

La atención médica, según se desprende del artículo
4o., debe ser de alta calidad, para tal efecto se ha de contar
con los siguientes elementos:

n Instalaciones y equipo apropiado para el cumplimien-
to de sus funciones.
n Recursos humanos suficientes en número y en capa-
cidad técnica.
n Procedimientos para que en el hospital prevalezca un
ambiente cordial, técnicamente efectivo y que sea en
sí mismo terapéutico.
n Instalaciones y personal para el manejo de urgencias.
n Instalaciones y personal para la consulta externa.
n Recursos para la atención médica de otras enferme-
dades coincidentes con los padecimientos siquiátri-
cos, incluyendo el traslado oportuno de los pacientes
que lo requieran, a otras unidades de salud.

Por su parte, el artículo 5o. establece una categorización
de las enfermedades sufridas por los deficientes mentales:
agudos, subagudos y crónicos; hombres y mujeres; niños,
adolescentes y adultos, y pacientes cuya conducta requie-
ra manejo y cuidados especiales.
Refiriéndose precisamente al ingreso de estas personas
en estos centros, nos encontramos con que el artículo 6o.
señala que el ingreso puede ser: voluntario, involuntario
u obligatorio.
El ingreso voluntario requerirá la solicitud del paciente
y la indicación del médico a cargo del servicio de admisión
de la unidad, de ser posible ambas por escrito, en las que
se hará constar el motivo de la solicitud y se informará a
los familiares del enfermo o a su representante legal.
El ingreso involuntario de una persona deberá cubrir los
siguientes requisitos:

30


n que un médico calificado y autorizado por la ley de-
termine que la persona padece una enfermedad men-
tal;
n que debido a ello, existe un riesgo grave de daño
inmediato o inminente para esa persona o para terce-
ros;
n que en caso de enfermedad mental grave y que la
capacidad del juicio esté alterada, de no dar atención
se puede producir un deterioro considerable en la
condición del enfermo, o se le llegue a impedir que
se le proporcione la atención especializada de acuer-
do con el principio de la opción menos restrictiva (la
decisión del ingreso involuntario deberá ir avalada
por un profesional de la salud mental independiente
del primero);
n todo ingreso involuntario se hará por un periodo bre-
ve, determinado por la legislación de la materia, con
fines de observación y tratamiento preliminar;
n para estos casos existirá un órgano de jurisdicción
independiente, imparcial y autónomo por ley;
n esta modalidad de internamiento deberá ser solicita-
da por un familiar responsable, tutor o representante
legal del interno, en todo caso por escrito;
n cuando no sea posible la solicitud a cargo de las per-
sonas señaladas en el punto anterior, el Ministerio
Público podrá hacerla en casos de extrema urgencia
basado en las razones ya dichas;
n en todo caso el paciente tendrá derecho a que se le
preserven las garantías procesales.

En cuanto las condiciones del enfermo lo permitan, de-
berá ser informado de su situación de internamiento invo-
luntario para que por sí o por las personas que pudieron
solicitar su internamiento o su representante legal o el que

31

NUESTROS DERECHOS

se le nombre de oficio, ejerza su derecho de oponerse al
mismo y, si así lo decide, acepte el tratamiento voluntario.
En estos casos los familiares, el tutor o el representante
legal podrán oponerse al tratamiento involuntario desde
el momento mismo en que tengan conocimiento de que
esto ocurre. El ingreso obligatorio se llevará a cabo cuando
lo ordene la autoridad judicial competente; la atención in-
trahospitalaria de los pacientes siquiátricos internados por
orden judicial, no diferirá de la otorgada a la de los enfer-
mos, independientemente de su proceso judicial.
El ingreso obligatorio se lleva a cabo cuando lo ordena
la autoridad competente mediante la documentación es-
tablecida.
Por su parte, el artículo 7o. establece los programas de
atención que en los hospitales siquiátricos se dan. Éstos
son:

n tratamiento médico, sicológico y social, de acuerdo
con los principios científicos y éticos de la práctica
siquiátrica;
n dirección en el manejo de diagnóstico y de la infor-
mación confidencial;
n alimentación adecuada en calidad y cantidad;
n ambiente que promueve la participación activa del
paciente;
n relación entre el personal y los pacientes basada en
el mayor respeto a estos últimos: en su persona, sus
derechos y sus pertenencias;
n mecanismos de comunicación entre pacientes y au-
toridades del hospital para resolver las peticiones y
quejas de los primeros en lo que tengan de justas y ra-
zonables, y
n la preservación y fomento de los hábitos de cuidado
de personas y de relación social.

32


En la misma línea anterior, el artículo 11 establecerá un
listado de las actividades curativas que se llevan a cabo en
los servicios siguientes:

n consulta externa,
n urgencias,
n hospitalización, y
n hospitalización parcial: de día, de noche y de fin de
semana.

En su artículo siguiente, dicha norma directiva establece
las acciones a seguir en el proceso curativo en el servicio
de admisión o de consulta externa. Éstos son:

n apertura del expediente clínico;
n elaboración de la historia clínica;
n examen de estado mental;
n estudio sicológico;
n estudio social;
n exámenes de laboratorio y gabinete;
n establecimiento del diagnóstico;
n tratamiento a cargo del servicio de consulta externa;
n referencia, en su caso, a un servicio de hospitalización
continua o parcial o a otra unidad de salud.

Las actividades curativas en el servicio de urgencias las
establece el artículo 13. Éstas son:

n apertura de expediente clínico;
n valoración clínica del caso;
n manejo del estado clínico;
n elaboración de nota clínica inicial;
n hospitalización o envío a consulta externa; o
n referencia, en su caso, a otra unidad de salud.

33

NUESTROS DERECHOS

Resulta particularmente importante reseñar las activida-
des curativas en los servicios de hospitalización continua
y parcial son:
En el ingreso:
n examen clínico al ingreso al servicio;
n elaboración de nota de ingreso;
n elaboración de historia clínica en su caso;
n solicitud de exámenes rutinarios de laboratorios y ga-
binete;
n revisión del caso por el médico responsable;
n solicitud de exámenes complementarios, en caso ne-
cesario;
n establecimiento de los diagnósticos, el pronóstico y
un programa terapéutico en un plazo no mayor de 48
horas, y
n elaboración de nota de revisión.
Visita médica diaria:
n evaluación del estado clínico;
n interpretación de resultados de examen de laborato-
rio y gabinete;
n solicitud de interconsulta en su caso;
n revisión del tratamiento, y
n elaboración de nota de evolución.

Revaloración clínica:

n revisión del caso, por el director médico o el jefe de
servicios, por lo menos cada quince días en enfermos
agudos y cada 30 días en enfermos crónicos o antes,
a juicio del director, a solicitud del enfermo o de sus
familiares responsables;
n actualización de exámenes clínicos;

34


n elaboración de nota clínica, indicando si el paciente
amerita, o no, continuar hospitalizado.
Interconsulta:
n solicitud escrita que especifique el motivo;
n evaluación del caso por el servicio consultado;
n proposición de un plan de estudio y tratamiento;
n elaboración de nota de interconsulta.

El artículo 15 establece las condiciones en las que el
egreso del enfermo se llevará a cabo. Éstas son:

n curación;
n mejoría;
n remisión del cuadro clínico;
n por no requerir ya su permanencia en el hospital;
n traslado a otra institución;
n a solicitud del paciente;
n a solicitud de los familiares responsables;
n abandono del hospital sin consentimiento médico, o
n defunción.

Las formas de egreso de los pacientes siquiátricos de-
berán estar debidamente establecidas en el reglamento
interno de la institución. Igualmente se describirá el pro-
cedimiento administrativo de las mismas. El hospital apli-
cará los métodos y las técnicas más avanzadas de la cien-
cia para que, en la medida de lo posible, el egreso sea por
mejoría del padecimiento, a la vez que tomará las medidas
pertinentes para evitar el abandono del hospital sin con-
sentimiento médico, sin restringir en la medida de lo posi-
ble la libre deambulación de los pacientes.
En aquellos casos en que el egreso del enfermo sea a
solicitud de los familiares, en protección al derecho a la

35

NUESTROS DERECHOS

salud del paciente, el hospital deberá responsabilizar al
familiar del tratamiento y de los cuidados que éste requie-
re. Se entenderá que el paciente siempre conservará su
derecho, cuando el padecimiento lo permita, a decidir por
sí mismo su alta, lo cual estará establecido en el reglamen-
to interno (CNDH, Lineamientos para la preservación de
los derechos humanos en los hospitales siquiátricos).
Por último, otra de las tantas cosas significativas de la
norma técnica que venimos comentando es el artículo 16,
el cual señala que las actividades de rehabilitación sicoso-
cial, tienen por objeto proporcionar orientación y apoyo al
paciente y sus familiares para favorecer la reinserción del
primero en la vida familiar, laboral y social.
Quizá valdría la pena señalar que el espíritu de esta nor-
ma técnica reconoce e identifica que las personas que su-
fren de alguna discapacidad mental, deben ser tratados
dignamente, o como en el terreno de los derechos huma-
nos se trata de que estas personas deben ser tratadas de
acuerdo a su intrínseca dignidad como persona. De ahí
que además de considerar los cambios orgánicos físicos,
el siquiatra debe considerar también otro tipo de cambios
quizá mucho más profundos como pueden ser la angustia,
la soledad, la inseguridad y la desesperanza. Esta conside-
ración debe ser aún más humanitaria para tratar a la enfer-
medad como un fenómeno humano individual.
Consideremos además que la gran mayoría de enferme-
dades síquicas, sobre todo cuando éstas son agudas, ha-
cen perder al paciente su personalidad y sus facultades
cerebrales que le determinan su condición de persona, en
tal sentido, el tratamiento siquiátrico debe resguardar la
dignidad de la persona. Igualmente, todos los participan-
tes en dicho tratamiento, tanto el personal médico como
el administrativo, deben ser personas que reconozcan en el
enfermo mental a uno igual a ellos, sólo que con una en-

36


fermedad que no demerita en lo absoluto su categoría de
persona.

Las normas y principios de derechos humanos
deben formar parte de la convicción de los ser-
vidores públicos encargados de hacerlos cum-
plir, por ello, el respeto a los derechos huma-
nos también debe ser materia de supervisión
en los hospitales siquiátricos por parte de las
autoridades sanitarias. En dicha supervisión
se deben incluir invariablemente los principios
de supremacía de la autonomía de la voluntad
del paciente, consentimiento informado, op-
ción menos restrictiva, interés superior de la
salud del paciente y del derecho al mejor tra-
tamiento posible (CNDH, Lineamientos para la
preservación de los derechos humanos en los
hospitales siquiátricos).

5. Enfermos mentales en reclusorios

Otro comentario adicional es el que se contienen en el
artículo 76 de la Ley General de Salud, que ya hemos citado
anteriormente. En dicha norma se establece la obligación,
por parte de la Secretaría de Salud, de establecer normas
técnicas para aquellos enfermos mentales que se encuen-
tren en reclusorios o en otras instituciones no especializa-
das en salud mental. Veamos cuáles serían los derechos
de tales personas.
Uno de los derechos humanos más importantes, cuan-
do una persona se encuentra afectada de sus facultades
mentales y ha de estar en prisión es que, si es necesario,
lo separen de los demás presos.

37

NUESTROS DERECHOS

La separación de los enfer-
mos mentales del resto de
los internos se hace necesa-
ria debido que por la enfer-
medad que padecen, éstos
pueden sufrir agresiones o
contagios, o pueden agredir
o contagiar a otra persona.
Sin embargo, habría que de-
cir que esta separación no
implica que tengan que sufrir
incomunicación o verse dis-
minuidos en alguno de sus
derechos.
Igualmente tienen derecho a que se les brinde el trata-
miento médico, siquiátrico o sicológico necesario para evi-
tarle sufrimientos, para curarse, para controlar su enferme-
dad o para rehabilitarse.
También tiene derecho a tener comunicación con el ex-
terior y recibir visitas de sus familiares, defensores y ami-
gos.
En este sentido, las autoridades responsables de las pri-
siones han de tomar las medidas sanitarias y de seguridad
que se necesiten para que este derecho se goce sin que
produzca contagio y agresiones.
Finalmente, el enfermo mental tiene derecho a que
cuando lo separen, la nueva área a la que está destinado
tenga todos los servicios.
Estos servicios según hemos visto son el de cuidar su
higiene, comer adecuadamente, descansar, así como te-
ner actividades recreativas en la medida en que su enfer-
medad se lo permita.

38


A. Norma Técnica 195 para la Prestación de Servicios
de Salud Mental en la Atención Primaria a la Salud

Mención especial igualmente hemos de hacer de la nor-
ma técnica 195, la cual tiene por objeto uniformar la actitud
y los criterios de operación del personal del Sistema Na-
cional de Salud, en relación con la prestación de servicios
de salud mental en atención primaria a la salud.
El primer dato significativo lo encontramos en su artícu-
lo 3o., el que da una definición de salud mental. Esta ex-
presión significa

la ausencia sicopatológica y, en su sentido
más amplio, despliegue óptimo de las poten-
cialidades individuales para el bienestar, la
convivencia, el trabajo y la recreación.

39

NUESTROS DERECHOS

Pero, ¿qué es atención primaria de la salud mental?
Refiriéndose a la atención primaria de la salud metal,
señala el artículo 4o., que ésta es el conjunto de activida-
des que son llevadas a cabo por el personal de salud en el
seno de la comunidad, con la participación activa de sus
miembros, en el contexto de la atención primaria integral
y con una orientación predominante de carácter preventivo.
Esta misma idea es retomada por el artículo 6o. al reco-
nocer que dicha atención primaria comprenderá activida-
des preventivas, curativas y de rehabilitación sicosocial.
¿A qué se refieren las actividades preventivas y cuáles
son éstas?
Según dicha norma técnica estas actividades preventi-
vas de la atención primaria son:

n promoción,
n educación, detección, y
n manejo oportuno de casos.

A su vez, la promoción se refiere al fomento y manteni-
miento de actividades tales como la participación de las
personas bien dispuestas y capaces dentro del grupo so-
cial, para realizar tareas colectivas en beneficio de la salud
del grupo y de los individuos; la discusión dirigida de los
problemas de salud mental de la comunidad, para conocer
sus posibilidades y limitaciones con el objeto de contender
con ellos; apoyar a las actividades de los grupos de auto-
asistencia. Finalmente, el fomento de actividades educati-
vas, recreativas y cívicas que fortalecen y enriquecen la
vida de la colectividad (artículo 8o.).
La educación impartida en esta atención primaria de sa-
lud, será proporcionada por el personal de salud, el cual
estará capacitado en temas de salud mental. Dicha educa-
ción será dirigida en general y a grupos específicos de

40


padres, parejas, maestros, adolescentes, con el propósito
de desarrollar actitudes que promuevan la salud mental
mediante las acciones que se enumeran en el artículo 9o.,
y que son las siguientes:
Discusión en grupo, acerca de los conceptos fundamen-
tales de la salud mental en el área de desarrollo sicológico
del niño y sus desviaciones, con énfasis especial en:

n El retraso mental, en las discusiones para el aprendi-
zaje y los problemas de conducta.
n Los problemas de los adolescentes, particularmente
en relación con la violencia, el consumo de drogas, el
abuso de alcohol y tabaco, en el manejo de vehículos
y la procreación irresponsable.
n Examen de los problemas de convivencia y relación
en el seno de las familias, las consecuencias del aban-
dono, el maltrato y la explotación de los menores.
Problemas de salud mental del climaterio y la senec-
tud.

Cuando una enfermedad es detectada a tiempo, su tra-
tamiento se lleva a cabo en las unidades de salud y en el
seno mismo de la comunidad, a través de la consulta mé-
dica que incluye el examen de las funciones cognoscitivas,
afectivas y de relación; la referencia por los maestros y
otros agentes sociales; la aplicación de instrumentos sico-
lógicos especiales: cuestionarios, encuestas, entrevistas
diseñadas con fines específicos; visitas domiciliarias (ar-
tículo 10).
Una vez identificadas las enfermedades, las acciones
curativas son las siguientes: manejo y tratamiento de los
casos más comunes; atención de casos urgentes, inclu-
yendo su referencia a otras instituciones de salud que

41

NUESTROS DERECHOS

cuenten con los recursos apropiados para atenderlos; y,
seguimiento de la evolución de los pacientes (artículo 11).
El capítulo IV se refiere a las actividades de rehabilitación
sicosocial que se dividen en tres grupos principalmente:
consejo sicológico individual, familiar y en grupos, con el
fin de orientar a los usuarios para la confrontación de sus
problemas de salud mental; actividades ocupacionales y
recreativas; apoyo al paciente y sus familiares para que
lleven a cabo acciones constructivas en relación con los
problemas.
Dichas actividades de rehabilitación se llevan a cabo en
lugares como la unidad de atención primaria a la salud;
en los domicilios del paciente; y en otros locales disponi-
bles en la comunidad.

B. Norma Técnica número 196 para la Prestación de
Servicios de Siquiatría en Hospitales Generales y
de Especialidad

La presente normatividad tiene por objeto uniformar la
actitud y los criterios de operación del personal del Siste-
ma Nacional de Salud, en relación con la prestación de
servicios de siquiatría en los hospitales generales y de es-
pecialidad.
La prestación de servicios de siquiatría en hospitales
generales y de especialidad tiene por objeto proporcionar
atención médica a enfermos con trastornos siquiátricos,
como patología única o asociada a otras enfermedades
(artículo 3o.).
La prestación de los servicios de siquiatría en hospitales
generales y de especialidad forma parte de la División de
Medicina Interna y será proporcionado por el personal si-
guiente: siquiatría, sicólogo clínico, trabajador social y en-
fermera.

42


Para esta normativa el siquiatra es el responsable direc-
to de la prestación de los servicios y de la coordinación de
las actividades en siquiatría (artículo 5o.).
El artículo 7o., por su parte, reconoce uno de los dere-
chos de los enfermos mentales al señalar que

en el expediente clínico general no se consigna-
rán aspectos de la vida íntima del enfermo y su
familia, que pueda causar daño a su reputación.

Los especialistas en siquiatría en los hospitales genera-
les y de especialidad llevan a cabo actividades tales como
la atención siquiátrica, la enseñanza y la capacitación y la
investigación científica.
Finalmente, la norma técnica 196 señala que la atención
siquiátrica es el conjunto de servicios que se proporcionan
a los pacientes y a sus familiares con el fin de proteger,
promover y restaurar la salud de los primeros, y compren-
de actividades como las preventivas, curativas y de reha-
bilitación sicosocial.

C. Norma Técnica número 197 para la Prestación de
Servicios de Atención Médica a los Enfermos Alco-
hólicos y Personas con problemas Relacionados con
el abuso de bebidas alcohólicas

El enfermo alcohólico es la persona que presenta de
manera crónica o recurrente un desorden de la conducta
caracterizado por dependencia de alcohol, que le conduce
a la ingestión compulsiva de bebidas alcohólicas de modo
que interfiere con su salud, sus relaciones interpersonales
y su capacidad para el trabajo (artículo 3o.).

43

NUESTROS DERECHOS

Las personas con problemas relacionados con el abuso
de bebidas alcohólicas son aquellas que aún no siendo
dependientes, no controlan su consumo y, como conse-
cuencia, presentan ya sea problemas personales, de salud
o familiares, sociales, laborales y legales (artículo 4o.).
Las unidades de salud presentan servicios de atención
médica al enfermo alcohólico y personas con problemas
relacionados con el abuso de bebidas alcohólicas. Estable-
cerán y mantendrán los procedimientos que permiten el
manejo de los enfermos y la participación activa de los
mismos y de sus familias en el proceso terapéutico.
La atención que se proporciona al enfermo alcohólico y
las personas que abusan del alcohol se lleva a cabo en la
comunidad, en las unidades de atención primaria a la salud
y en los hospitales generales y de especialidad con los
servicios de siquiatría y de salud mental (artículo 9o.).

44


El artículo 10 establece como derecho del enfermo al-
cohólico, la educación sobre su problemática particular.
Ésta se lleva a cabo mediante la información y orientación
proporcionada a los usuarios de los servicios de salud,
particularmente a los sujetos en riesgo, a sus familiares
y a la comunidad con el objeto de modificar sus actitudes y
encauzarlos al uso responsable del alcohol.
Los problemas que serían tratados son, al menos, los
siguientes:

n Problemas relacionados con el abuso de bebidas alco-
hólicas, en la vida individual, social, familiar y legal.
n Daños causados por el abuso de alcohol: accidentes,
violencia, consumo de otras drogas, ausentismo la-
boral, etcétera.
n Participación de personas de la comunidad en la de-
tección de casos incipientes de alcoholismo para que
soliciten ayuda oportuna.

El artículo 11, por su parte, establece que cuando exista
una detección oportuna de esta enfermedad las acciones a
llevar a cabo será la atención médica general, con énfasis en:

n identificación de patrones de consumo de bebidas
alcohólicas;
n identificación de problemas familiares, sociales, labo-
rales y escolares;
n identificación precoz de alteraciones somáticas: di-
gestivas, nutricionales, del sueño, temblores, trauma-
tismos, accidentes frecuentes, etcétera;
n identificación de alteraciones siquiátricas: depresión,
ansiedad, síntomas mentales y agresividad o violen-
cia precipitada por la ingestión de bebidas alcohóli-
cas.

45

NUESTROS DERECHOS

Los procedimientos de atención curativa que se propor-
cionan a enfermos alcohólicos o personas que abusan del
alcohol son los siguientes: consulta general y especializa-
da; atención de urgencias; hospitalización si es necesaria
y seguimiento del caso.

D. Norma Técnica número 198 relativa a la Prestación
de Servicios de Atención Médica
a Farmacodependientes

Esta norma trata los problemas relacionados con los
farmacodependientes. Dentro de los principales derechos
de éstos reconocemos los siguientes.
En primer lugar la definición de las personas que son
consideradas como farmacodependientes. Según el ar-
tículo 3o.,

farmacodependiente es la persona que ha de-
sarrollado dependencia física y/o síquica a una
sustancia sicoactiva.

Se caracteriza por modificaciones del comportamiento
y un impulso irreprimible por consumirla en forma conti-
nua o periódica, a fin de experimentar sus efectos síquicos
o para evitar el malestar producido por la privación.
Para las personas con este problema, el personal médi-
co de las unidades de salud deberá identificar y prestar
atención a enfermos farmacodependientes y, en su caso,
establecerá y mantendrá los procedimientos que permitan
la participación activa del paciente y de la familia en el
proceso terapéutico (artículo 4o.).

46


La atención que se prestará al farmacodependiente se
llevará acabo en la comunidad, en las unidades de aten-
ción primaria a la salud, en hospitales siquiátricos y en los
hospitales generales y de especialidad.

6. ¿Cuáles son sus derechos?

En primer lugar, una promoción de la salud, la que con-
sistirá en el fomento y apoyo de grupos organizados de
farmacodependientes, de sus familias y de personas inte-
resadas en el problema, para desarrollar actividades socia-
les de autoayuda y técnicas de autoasistencia.
También educación. Ésta se lleva a cabo mediante la
información y orientación proporcionada a los usuarios de
los servicios de salud, particularmente a los sujetos en
riesgo, a sus familiares y a la comunidad.
Finalmente, la detección oportuna de casos, que se lleva
a cabo mediante las siguientes acciones:

n identificación de signos y síntomas que indiquen la
sospecha de consumo de drogas;
n identificación de cambio en sus relaciones familiares,
sociales, laborales, etcétera;
n identificación precoz de alteraciones respiratorias, di-
gestivas, dermatológicas, neurológicas, traumatis-
mos, etcétera;
n cuestionarios encuestas, entrevistas estructuradas,
etcétera.

El artículo 14, por su parte, señala la atención hospitala-
ria, de acuerdo con las características del caso, se llevará
a cabo en los hospitales siquiátricos, hospitales generales
y otros que cuentan con instalaciones y personal adecua-
do para el tratamiento de este tipo de enfermos, por medio

47

NUESTROS DERECHOS

de: ingreso al propio hospital, visita médica diaria, inter-
consulta, principalmente.
En el capítulo IV de la citada norma técnica se establecen
las actividades de rehabilitación sicosocial, como derecho
del farmacodependiente. Su artículo 18 determinará que
las actividades concernientes a dicha rehabilitación tienen
como principal propósito ayudar al farmacodependiente a
que mejore su calidad de vida personal, familiar, laboral y
social.
En este proceso de rehabilitación juega un papel impor-
tante la participación de la familia, la de los grupos de
autoayuda, y también hacer uso de los recursos disponi-
bles con que en la comunidad se cuentan.
Finalmente, el artículo 20 señala expresamente que el
registro y la información de las actividades en relación con
la prestación de la atención médica a farmacodependien-
tes, será de acuerdo a lo que la norma técnica en cuestión
determina, es decir, en la más estricta discrecionalidad,
tanto del personal médico de la Institución donde se atien-
de a dicho paciente como al administrativo.
Tal y como hemos visto, la mayor parte de los artículos
en los que podemos identificar derechos de las personas
que sufren alguna enfermedad mental tanto en la Ley Ge-
neral de Salud como en su Reglamento, se contienen en
las normas técnicas. Sin embargo, sus derechos no termi-
nan aquí. Estas personas cuentan igualmente con dere-
chos reconocidos a nivel internacional en materia de salud.
Veamos cuáles son éstos.

48


IV. DERECHOS DE LOS ENFERMOS MENTALES
EN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

Dentro de las Declaraciones emanadas de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas, pode-
mos destacar las siguientes: la Declaración de los Dere-
chos del Retrasado Mental; la Declaración de Derechos de
los Impedidos y los Principios de Ética Médica aplicables
a las funciones del personal de salud, especialmente los
médicos en la protección de las personas presas y deteni-
das contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes.
Por lo que a los documentos emanados del Consejo
Económico y Social de la Organización de las Naciones
Unidas, encontramos como documentos importantes los
Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
Entre los documentos de ética médica encontramos la
Declaración de Hawai, redactada por la Asociación Mun-
dial de Siquiatría entre 1977 y 1983; el Código Internacio-
nal de Ética Médica, redactada por la Asociación Médica
Mundial entre los años 1949, 1968, 1983; la Declaración de
Ginebra, redactada por la Asociación Médica Mundial en-
tre los mismos años que la anterior, la Declaración de To-
kio de la Asociación Mundial Médica, perteneciente a la
tortura y otros castigos crueles, inhumanos o degradan-
tes durante detención o encarcelamiento. Todos estos do-
cumentos no constituyen, en el sentido técnico de la ex-
presión, documentos jurídicos, son una importante fuente
doctrinaria que sirven para orientar las prácticas profesio-
nales de los siquiatras.
Entre los documentos sobre los derechos del paciente
encontramos: la Declaración de Lisboa, Derechos del pa-

49

NUESTROS DERECHOS

ciente. Adoptada por la Asamblea Médica Mundial, en Lis-
boa, en 1981; la Declaración de Derechos del Paciente,
aprobada por la Asociación Americana de Hospitales en
1973.
De todos estos documentos importantes para la aten-
ción del enfermo mental, intentaremos destacar sólo algu-
nos de los más significativos. No los detallaremos por el
espacio limitado que se tiene.

Declaración de los Derechos del Retrasado
Mental, aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas mediante la resolución
2856 (XXVI), de fecha 20 de diciembre de 1971.

Dicho documento comienza subrayando que en la De-
claración Sobre el Progreso y el Desarrollo Social se ha
proclamado la necesidad de proteger los derechos de los
física y mentalmente desfavorecidos y de asegurar su bie-
nestar y rehabilitación.
Teniendo presente la necesidad de ayudar a los retrasa-
dos mentales a desarrollar sus aptitudes en las más diversas
esferas de actividad, así como de fomentar, en la medida de
lo posible, su incorporación a la vida social normal.
Proclaman la presente Declaración de Derechos del
Retasado Mental y piden que se adopten medidas en el
plano nacional e internacional para que sirvan de base y
de referencia común para la protección de estos derechos:

1. El retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado
de viabilidad, de los mismos derechos que los demás
seres humanos.
2. El retrasado mental tiene derecho a la atención médica
y al tratamiento físico que requiera su caso, así como a

50


la educación, la capacitación, la rehabilitación y la orien-
tación que le permitan desarrollar al máximo su capaci-
dad y sus aptitudes.
3. El retrasado mental tiene derecho a la seguridad econó-
mica y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en
la medida de sus posibilidades, a desempeñar un em-
pleo productivo o alguna otra ocupación útil.
4. De ser posible, el retrasado mental debe residir con su
familia, o en un hogar que remplace al propio, y partici-
par en las distintas formas de la vida de la comunidad.
El hogar en que viva debe recibir asistencia. En caso de
que sea necesario internarlo en un establecimiento es-
pecializado, el ambiente y las condiciones de vida den-
tro de tal institución deberán asemejarse, en la medida
de lo posible, a los de la vida normal.
5. El retrasado mental debe poder contar con la atención
de un tutor calificado cuando esto resulte indispensable
para la protección de su persona y sus bienes.
6. El retrasado mental debe ser protegido contra toda ex-
plotación y todo abuso o trato degradante. En caso de
que sea objeto de una acción judicial, deberá ser some-
tido a un proceso justo en que se tenga plenamente en
cuenta su grado de responsabilidad, atendidas sus fa-
cultades mentales.
7. Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido
a la gravedad de su impedimento, de ejercer efectiva-
mente todos sus derechos, o si se hace necesario limitar
o incluso suprimir tales derechos, el procedimiento que
se emplee a los fines de esa limitación o supresión de-
berá entrañar salvaguardas jurídicas que protejan al re-
trasado mental contra todas formas de abuso. Dicho
procedimiento deberá basarse en una evaluación de su
capacidad social por expertos calificados. Asimismo, tal
limitación o supresión quedará sujeta a revisiones pe-

51

NUESTROS DERECHOS

riódicas y reconocerá el derecho de apelación a autori-
dades superiores.

Por ser esta Declaración quizá el documento más impor-
tante en lo que a la protección de los derechos del enfermo
mental se refiere, hemos decidido transcribir en su totali-
dad su articulado. Esto no lo podemos hacer con los de-
más documentos internaciones por lo que de éstos sólo
expondremos los puntos que resulten más significativos.

Declaración de los Derechos de los Impedidos,
aprobada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas mediante resolución 3447
(XXX), de fecha 9 de diciembre de 1975.

Considerando que las personas que padecen de alguna
deficiencia mental son de alguna manera impedidas men-
talmente, es posible atribuirles los derechos que se con-
tienen en la presente Declaración y de los que ahora sólo
mencionaremos algunos.

52


En su preámbulo se puede observar la necesidad de la
protección especial que han de tener estos grupos de per-
sonas al señalar:

Teniendo presente la necesidad de prevenir la
incapacidad física y mental y de ayudar a los
impedidos a desarrollar sus aptitudes en las
más diversas esferas de actividad, así como de
fomentar, en la medida de lo posible, su incor-
poración a la vida normal.

Y en su artículo primero se lee quiénes serán conside-
rados como impedidos al señalar que por éste se entiende:

a toda persona incapacitada de subvenir por
sí misma, en su totalidad o en parte, a las ne-
cesidades de una vida individual o social nor-
mal a consecuencia de una deficiencia, congé-
nita o no, de sus facultades físicas o mentales.

Por su parte,el artículo 3o. señala que el impedido tiene
esencialmente derecho a que se respete su dignidad hu-
mana. El impedido, cualquiera que sea su origen, la natu-
raleza, o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene
los mismos derechos fundamentales que sus conciudada-
nos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el
derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal
y plena que sea posible.
En su artículo 5o. establece el derecho del impedido a
las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor auto-
nomía posible.
Por lo que al renglón económico se refiere, el artículo
7o. le otorga el derecho a la seguridad económica y social
y a un nivel de vida decoroso.

53

NUESTROS DERECHOS

Tiene derecho igualmente, en la medida de sus posibi-
lidades, a obtener y conservar un empleo y a ejercer una
ocupación útil, productiva, y remunerativa, a formar parte
de organizaciones sindicales o gremiales.
El artículo once reconoce el derecho del impedido de
poder contar con el beneficio de una asistencia legal com-
petente, cuando se compruebe que esa asistencia es in-
dispensable para la protección de su persona y de sus
bienes.
Por último, el artículo 12 señala con toda claridad que
las organizaciones de impedidos podrán ser consultadas
con provecho respecto de todos los asuntos que se rela-
cionen con los derechos humanos y otros derechos de los
impedidos.

Principios de Ética Médica adoptados por la Asamblea de
las Naciones Unidas (resolución 37/194, 18 de diciem-
bre de 1982)

Dentro de estos principios, y de manera general, se es-
tablece como criterio normativo de la función del personal
de salud que,

especialmente los médicos, encargados de la atención médi-
ca de personas presas o detenidas, tienen el deber de brindar
protección a la salud física y mental de dichas personas y de
tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que brin-
dan a las personas presas o detenidas.

Quizá el documento que al lado de la Declaración de los
Derechos del Retrasado Mental resultan ser los más signi-
ficativos es el de Principios para la Protección de los En-
fermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de
la Salud Mental, aprobada por el Consejo Económico y

54


Social de la Organización de las Naciones Unidas el 17 de
diciembre de 1991.
Después de las definiciones que reconoce, establece en
su principio número uno las libertades fundamentales y
los derechos básicos de las personas que sufren alguna
enfermedad mental.
Por ser una lista extensa, mencionaremos muy sucinta-
mente algunos:

1. Derecho a la mejor atención posible en materia de salud
mental. Ésta será parte del sistema de asistencia sanita-
ria y social.
2. Un trato humanitario, con observancia y respeto pleno
a su dignidad como persona.
3. Derecho a no ser explotado económicamente y sexual-
mente.
4. Derecho a no sufrir cualquier maltrato físico o cualquier
otro que sea degradante.
5. Derecho a no ser discriminado por sufrir una enferme-
dad mental.
6. Derecho a ejercer todos los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales reconocidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Cul-
turales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos.
7. Derecho a una defensa legal para el cuidado de su per-
sona y de sus bienes.
8. Derecho a vivir y trabajar, en la medida de lo posible, en
comunidad.
9. Derecho que tienen las personas enfermas mentales
para que se respete su intimidad.

55

NUESTROS DERECHOS

10. Derecho que han de tener a que cualquier información
sobre su enfermedad sea tratada con absoluta confi-
dencialidad.
11. Derecho que todo paciente tiene a un tratamiento ade-
cuado a sus antecedentes culturales.
12. Atención especial a los derechos de los menores.
13. Toda persona que padezca alguna enfermedad mental
tendrá derecho a vivir y a trabajar, en la medida de lo
posible en la comunidad.
14. Ninguna persona será forzada a someterse a un exa-
men médico con objeto de determinar si padece o no
una enfermedad mental.
15. Derecho a la información.
16. Toda persona tendrá derecho a ser tratado en un am-
biente lo menos restrictivo posible.
17. El tratamiento médico se apegara siempre a lo dispues-
to en las normas de ética pertinentes a los profesiona-
les de salud mental, en particular normas aceptadas a
nivel internacional.
18. El enfermo mental tendrá derecho a la medicación, la
cual responderá a las necesidades fundamentales de
salud del paciente.
19. No se podrá suministrar ningún tratamiento a ningún
paciente sin su consentimiento previo e informado.
20. No se someterá a ningún paciente a restricciones físi-
cas o a reclusión involuntaria, salvo con arreglo a los
procedimientos oficialmente aprobados de la institu-
ción siquiátrica y sólo cuando sea el único medio po-
sible para impedir un daño inmediato o inminente al
paciente o a un tercero.
21. Nunca podrá aplicarse la esterilización como trata-
miento a la enfermedad mental.
22. La persona que padece una enfermedad mental podrá
ser sometida a un procedimiento médico u operación

56


quirúrgica importante únicamente cuando lo autorice
la legislación nacional, cuando se considere que ello
es lo que más conviene a las necesidades de salud del
paciente y cuando el paciente dé su consentimiento
informado, salvo que, cuando no esté en condiciones
de dar ese consentimiento, sólo se autorizará el proce-
dimiento o la operación después de practicarse un exa-
men independiente.
23. No se someterá nunca a tratamientos sicoquirúrgicos
u otros tratamientos irreversibles o que modifican la
integridad de la persona a pacientes involuntarios de
una institución siquiátrica.
24. No se someterá a ensayos clínicos ni a tratamientos
experimentales a ningún paciente sin su consentimien-
to informado, excepto cuando el paciente esté incapa-
citado para dar su consentimiento informado, en cuyo
caso podrá ser sometido a un ensayo clínico o a un
tratamiento experimental con la aprobación de un ór-
gano de revisión competente e independiente que
haya sido establecido específicamente con ese propó-
sito.
25. Toda persona recluida en una institución siquiátrica
será informada lo antes posible de los derechos que le
corresponden de conformidad con estos principios y
en virtud de la legislación nacional.
26. Mientras el paciente no esté en condiciones de com-
prender sus derechos, éstos serán comunicados a su
representante legal. De no tenerlo, a la persona o per-
sonas que estén capacitadas para hacerlo y deseen
hacerlo.
27. El principio 13 establece lo siguiente: Todo paciente de
una institución siquiátrica tendrá, en particular, el de-
recho a ser plenamente respetado por cuanto se refiere
a su:

57

NUESTROS DERECHOS

A. a) reconocimiento en todas partes como persona
ante la ley; b) a la vida privada; c) libertad de comuni-
cación, que incluye la libertad de comunicarse con
otras personas que estén dentro de la institución; liber-
tad de enviar y recibir comunicaciones privadas sin
censura; libertad de recibir, en privado, visitas de un
asesor o representante personal y, en todo momento
apropiado, de otros visitantes; y libertad de acceso a
los servicios postales y telefónicos, y a la prensa, la
radio y la televisión; igualmente toda persona tiene
derecho a la libertad religiosa.
B. En este mismo principio se establece: El medio am-
biente y las condiciones de vida en las instituciones
siquiátricas deberán aproximarse, en la mayor medida
posible, a las condiciones de la vida normal de las per-
sonas de edad similar e incluirán: a) instalaciones para
actividades de recreo y esparcimiento; b) instalaciones
educativas; c) instalaciones para adquirir o recibir ar-
tículos esenciales para la vida diaria, el esparcimiento
y la comunicación; d) instalaciones, y el estímulo co-
rrespondiente para utilizarlas, que permitan a los pa-
cientes emprender ocupaciones activas adoptadas a
sus antecedentes sociales y culturales y que permitan
aplicar medidas apropiadas de rehabilitación para pro-
mover su reintegración en la comunidad. Tales medi-
das comprenderá servicios de orientación vocacional,
capacitación vocacional y colocación laboral que per-
mitan a los pacientes obtener o mantener un empleo
en la comunidad.
28. Bajo ninguna circunstancia podrá el paciente ser so-
metido a trabajos forzados. En la medida de lo posible
el paciente tendrá derecho a elegir el trabajo.
29. El trabajo de un paciente en una institución siquiátrica
no será objeto de explotación. Todo paciente tendrá

58


derecho a recibir por un trabajo la misma remunera-
ción que por un trabajo igual, de conformidad con las
leyes o las costumbres nacionales, se pagaría a una
persona que no sea paciente. Todo paciente tendrá
derecho, en cualquier caso, a recibir una proporción
equitativa de la remuneración que la institución siquiá-
trica perciba por su trabajo.
30. Por lo que a los recursos que las instituciones siquiá-
tricas deben tener, éstas contarán con: a) personal mé-
dico y otros profesionales calificados en número sufi-
ciente y locales suficientes, para proporcionar al
paciente la intimidad necesaria y un programa de terapia
apropiada y activa; b) equipo de diagnóstico terapéu-
tico para los pacientes; c) atención profesional adecua-
da; d) tratamiento adecuado, regular y completo, in-
cluido el suministro de medicamentos.
31. Lo relativo a la admisión está regulado en el principio
15, y ahí encontramos lo siguiente: a) cuando una per-
sona necesite tratamiento en una institución siquiátri-
ca, se hará todo lo posible por evitar una admisión
involuntaria; b) todo paciente que no haya sido admi-
tido involuntariamente tendrá derecho a abandonar la
institución siquiátrica en cualquier momento como pa-
ciente involuntario.
32. En los casos de admisión voluntaria o involuntaria, y
en la revisión de los expedientes, el enfermo mental
tendrá en todo tiempo el derecho de acudir ante el
órgano de revisión cuyo funcionamiento se encuentra
establecido en el principio 17 y del que destacamos
sólo lo siguiente: a) el órgano de revisión será un ór-
gano judicial u otro órgano independiente e imparcial
establecido por la legislación nacional, que actuará de
conformidad con los procedimientos establecidos por
la legislación nacional. Al formular sus decisiones, con-

59

NUESTROS DERECHOS

tará con la asistencia de uno o más profesionales de
salud mental calificados e independientes y tendrá pre-
sente su asesoramiento; b) todo paciente involuntario
tendrá derecho a solicitar al órgano de revisión que se
le dé de alta o que se le considere como paciente vo-
luntario a intervalos razonables prescritos por la legis-
lación nacional.
33. En el sentido anterior, también el enfermo mental cuen-
ta con una serie de garantías procesales que han de ser
observadas para la salvaguarda de sus derechos. De
este modo encontramos los siguientes: a) el paciente
tendrá derecho a designar a un defensor para que lo
represente en su calidad de paciente o incluso para que
lo represente en todo procedimiento de queja o apela-
ción. Si el paciente no cuenta con este servicio, se pon-
drá a su disposición un defensor sin cargo alguno, en
la medida en la que el paciente carezca de medios su-
ficientes para pagar; b) tendrá derecho, de ser necesa-
rio, a un intérprete; c) el paciente y su defensor podrán
presentar y solicitar en cualquier audiencia un dicta-
men independiente sobre su salud mental y cuales-
quier otros informes y pruebas orales, escritas y de otra
índole que sean pertinentes y admisibles; d) se propor-
cionará al paciente y a su defensor copia del expedien-
te y de todo informe o documento que deba presen-
tarse, salvo en casos especiales en que se considere
que la revelación de determinada información perjudi-
care gravemente la salud del paciente o ponga en pe-
ligro la seguridad de terceros; e) el paciente y su
representante personal y defensor tendrá derecho a
asistir personalmente a la audiencia y a participar y ser
oídos en ella; f) si el paciente o su representante per-
sonal o defensor solicitan la presencia de una determi-
nada persona en la audiencia, se admitirá a esa perso-

60


na, a menos que se considere que su presencia perju-
dica la salud del paciente; g) en toda decisión relativa
a si la audiencia o cualquier parte de ella será pública
o privada, y si podrá informarse públicamente de ella,
se tendrá en plena consideración los deseos del pa-
ciente, la necesidad de respetar su vida privada y la de
otras personas, y la necesidad de impedir que cause
un perjuicio grave a la salud del paciente o de no poner
en peligro la seguridad de terceros; h) la decisión adop-
tada en una audiencia y las razones de ella se expresa-
rán por escrito. Se proporcionará copia al paciente y a
su representante personal y defensor.
34. Las personas que hayan cometido algún delito o que
hayan sido detenidas en el transcurso de procedimien-
tos o investigaciones penales efectuados en su contra
y que, según se ha determinado o se sospecha, pade-
cen alguna enfermedad mental, tendrán los siguientes
derechos: a) recibir la mayor atención posible de salud
mental; b) la legislación nacional podrá autorizar a un
tribunal o a una autoridad competente para que, ba-
sándose en un dictamen médico competente e inde-
pendiente, disponga que esas personas sean interna-
das en una institución siquiátrica.
35. En materia de quejas, todo paciente o ex paciente ten-
drá derecho a presentar una queja conforme a los pro-
cedimientos que especifique la legislación nacional.
Los principios hasta aquí enunciados son igualmente
aplicables a todas las personas que ingresan en una insti-
tución siquiátrica, y los Estados deberán aplicarlos y difun-
dirlos en sus respectivos países.
Como podemos ver, este es el documento que junto con
la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental con-
tiene el conjunto de prerrogativas y derechos que estas

61

NUESTROS DERECHOS

personas tienen. El resto de los documentos internaciona-
les detallan otros, pero casi todos versan sobre los antes
enunciados. Así, por ejemplo, las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos, aprobada por el Consejo
Económico y Social de la Organización de las Naciones
Unidas, establece los principios básicos que en materia de
justicia penitenciaria, se han de aplicar en las prisiones y
que informan el derecho consuetudinario internacional.
Este último documento no será objeto en este momento
de la exposición sino cuando hagamos referencia a las
cuestiones de derecho penal.

V. DERECHOS DE LOS ENFERMOS MENTALES
EN EL DERECHO PENAL MEXICANO

1. Código Penal

Para iniciar la explicación de la situación jurídica de los
enfermos mentales que realizan actos antisociales descri-
tos como delitos en las figuras típicas reconocidas en las
leyes, habría que partir primero de las garantías que a nivel
constitucional se tienen.
Para esto habría que recordar lo que señala el artículo
1o. de nuestra Constitución, que establece la igualdad en
derechos que tienen todas las personas, incluyendo las
que tengan alguna discapacidad mental. En este sentido,
y por lo que a las garantías de carácter penal se refiere,
dichas personas contarán por tanto con el contenido esta-
blecido en el artículo 13, el cual se refiere a la prohibición
de ser juzgado por leyes privativas; el artículo 14 referente
a retrotraer la ley para ser juzgado; el artículo 15 que im-
posibilita la celebración de tratados internacionales para la
extradición de reos políticos; el artículo 16 que expresa

62


la exigencia de no ser molestado en su persona, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento expreso de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal
del procedimiento; los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
De éstos, merece la pena destacar que el artículo 19
señala que:

Ninguna detención ante autoridad judicial po-
drá exceder del término de 72 horas, a partir
de que el indiciado sea puesto a su disposi-
ción, sin que se justifique con un auto de for-
mal prisión y siempre que de lo actuado apa-
rezcan datos suficientes que acrediten los
elementos del tipo penal que se impute al de-
tenido y hagan probable la responsabilidad de
éste.

Se observa en este párrafo la evolución que en la legis-
lación penal se ha tenido, al pasar de la expresión ‘‘cuerpo
del delito’’ a la de ‘‘elementos del tipo penal’’.
En tal sentido, podemos leer que la responsabilidad pe-
nal de una persona (la imputabilidad penal) sólo se dará
cuando se actualicen los elementos del tipo penal. Inter-
pretado esto en sentido opuesto, no habrá responsabili-
dad cuando no se acrediten dichos elementos.
¿Cuáles son las causas excluyentes de responsabilidad
penal que podemos encontrar en nuestra legislación?
El artículo 15 del Código Penal para el Distrito Federal
en Materia Común y para toda la República en Materia
Federal, establece en su fracción VII que ‘‘el delito se ex-
cluye cuando al momento de realizar el hecho típico, el
agente no tenga la capacidad de comprender el carácter

63

NUESTROS DERECHOS

ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa com-
prensión en virtud de padecer trastorno mental o desarro-
llo intelectual retrasado, a no ser que el agente hubiere
provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en
cuyo caso responderá por el resultado típico, siempre y
cuando lo haya previsto o le fuera previsible’’.
El artículo se refiere a la categoría jurídica que tienen las
personas cuyas capacidades mentales se encuentran dis-
minuidas: ellas, para el derecho penal, son los inimputa-
bles. Personas que presentan una disminución en sus fa-
cultades de conocimiento y razonamiento de las cosas.

2. ¿Quién es una persona inimputable?

Es toda persona quien al momento de cometer
la conducta, como resultado de un trastorno
mental o de desarrollo intelectual retardado,
carece de la capacidad de comprender su ca-
rácter ilícito o de conducirse de acuerdo con
tal compresión.

64


Esta disminución en las capacidades de razonamiento y
de conocimiento les impide discernir acerca del alcance
justo o injusto de sus actos, o sea, lo jurídico de su proce-
der; pues por una parte, no pueden conocer las normas
que les imponen respetar los valores jurídicamente tutela-
dos en los ordenamientos penales y por otra parte, se en-
cuentran impedidos para razonar sobre su proceder inten-
cional.
En este sentido, y según se desprende de este artículo
15, la conducta típica y antijurídica de los inimputables por
enfermedad mental no puede constituir delito y tampoco
puede entonces imponerse pena alguna a dichas perso-
nas. De acuerdo con la doctrina del derecho penal, la im-
posición de la responsabilidad penal ha de comprender la
capacidad síquica del individuo, que se integra por la vo-
luntabilidad y la imputabilidad. La primera es la capacidad
de conocer lo que se está cometiendo, la segunda, es la
capacidad de conocer el deber jurídico penal. Desde aquí
entonces, en el caso del inimputable, la culpabilidad no
puede configurarse.
En este sentido, la Corte se ha pronunciado al señalar que:

Para que sea procedente la medida a que se
refiere el artículo 68 del Código Penal vigente
en el Distrito Federal, se requiere que quien la
reclama esté afectado por un padecimiento de
naturaleza demencial y no acusar simplemen-
te anomalías que, en mayor o menor grado, se
aprecian en un gran número de sujetos (Prime-
ra Sala. Época Quinta. Semanario Judicial de
la Federación, parte LXXXI).

Por su parte, el artículo 24 establece que entre las penas
y medidas de seguridad para los inimputables están los

65

NUESTROS DERECHOS

internamientos o tratamientos en libertad de inimputables
y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir
estupefacientes o sicotrópicos.

3. ¿Los farmacodependientes son inimputables?

De esto podemos desprender que, a pesar de que los
farmacodependientes forman parte de la especie de per-
sonas que padecen una enfermedad relacionada con sus
facultades mentales, no son consideradas para el Código
Penal como inimputables. Esto se desprende del artículo
67 de dicho ordenamiento que establece lo siguiente: ‘‘En
el caso de los inimputables, el juzgador dispondrá la me-
dida de tratamiento aplicable en internamiento o en liber-
tad, previo el procedimiento correspondiente’’.
Si se trata de un internamiento, el sujeto inimputable
será internado en la institución correspondiente para su
tratamiento.
En caso de que el sentenciado tenga el hábito o la nece-
sidad de consumir estupefacientes o sicotrópicos, el juez
ordenará también el tratamiento que proceda, por parte de
la autoridad sanitaria competente o de otro servicio médico
bajo la supervisión de aquélla, independientemente de la
ejecución de la pena impuesta por el delito cometido.
Es importante mencionar que el farmacodependiente
no puede ser considerado inimputable, ya que a pesar de
que el sujeto sea dependiente de alguna sustancia sicotró-
pica, no ha perdido su capacidad de identificar la sanción
consignada en la normativa penal. Empleando lo señalado
anteriormente, los farmacodependientes sí conocen las
normas que les imponen respetar los valores jurídicamen-
te tutelados en los ordenamientos penales y por tanto se
encuentran posibilitados para razonar sobre su proceder
intencional.
Por su parte, el artículo 68 señala:

66


Las personas inimputables podrán ser entregadas por la au-
toridad judicial o ejecutora, en su caso, a quienes legalmente
corresponda hacerse cargo de ellos, siempre que se obliguen
a tomar las medidas adecuadas para su tratamiento y vigilan-
cia, garantizando, por cualquier medio y a satisfacción de las
mencionadas autoridades, el cumplimiento de las obligacio-
nes contraídas.
La autoridad ejecutora podrá resolver la modificación o
concusión de la medida, en forma provisional o definitiva,
considerando las necesidades del tratamiento, las que se
acreditarán mediante revisiones periódicas, con la frecuencia
y características del caso.

El artículo 69 establece que en ningún caso, la medida
de tratamiento impuesta por el juez penal excederá de la
duración que corresponda al máximo de la pena aplicable
al delito. Si concluido este tiempo, la autoridad ejecutora
considera que el sujeto continúa necesitando el tratamien-
to, lo pondrá a disposición de la autoridad sanitaria para
que procedan conforma a las leyes aplicables.
En este sentido, el artículo 69 bis. señala que:

Si la capacidad del autor, de comprender el
carácter ilícito del hecho o de determinarse de
acuerdo con su comprensión, sólo se encuen-
tra disminuida por las causas señaladas en la
fracción VII del artículo 15 de este Código a
juicio del juzgador, según proceda, se le im-
pondrá hasta dos terceras partes de la pena
que correspondería al delito cometido, o la
medida de seguridad a la que se refiere el ar-
tículo 67, o bien ambas, en caso de no ser ne-
cesario, tomando en cuenta el grado de afec-
tación de la imputabilidad del autor.

67

NUESTROS DERECHOS

Estos preceptos jurídicos relativos a los enfermos men-
tales, reconocen que estas personas no pueden ser consi-
deradas responsables y, en consecuencia, se hace nece-
sario recluirlas en centros especializados tal y como lo
confirma el Código de Procedimientos Penales para el Dis-
trito Federal.

4. Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal

El artículo 3o. bis señala:

En las averiguaciones previas en que se de-
muestre plenamente que el inculpado actuó
en circunstancias que excluyen la responsabi-
lidad penal, previo acuerdo del procurador de
Justicia del Distrito Federal, el Ministerio Pú-
blico lo pondrá en libertad y no ejercerá acción
penal.

Por su parte, el artículo 162 establece que: ‘‘Siempre que
para el examen de alguna persona o de algún objeto se
requieran conocimientos especiales, se procederá con in-
tervención de peritos’’.
En materia de suspensión del procedimiento el artículo
477 señala que:

una vez iniciado el procedimiento, en averiguación de un de-
lito, no se podrá suspender sino en... el caso de la última parte
del artículo 68 del Código Penal y en los demás en los que la
ley ordene expresamente la suspensión del procedimiento.

68


Para suspender el procedimiento, dice el artículo 418,

bastará el pedimento del Ministerio Público, hecho con fun-
damento en los artículos anteriores. El juez lo declarará de
plano sin substanciación alguna. Asimismo se podrá suspen-
der el procedimiento a petición del inculpado o su repre-
sentante, dando vista al Ministerio Público.

En materia de suspensión, la Corte Suprema de Justicia
también se ha referido:

El Ministerio Público adscrito es el único facultado para soli-
citar la suspensión del procedimiento ordinario, con vista de
los peritajes médicos y demás pruebas aportadas, a fin de que
se acuda al procedimiento a que se contraen los artículos del
495 al 498 del Código Federal de Procedimientos Penales, en
relación con los artículos 24, inciso tercero, 68 y 69 del Código
Penal (Primera Sala. Época sexta. Segunda parte. Amparo
directo 2186/50).

Por lo que al sobreseimiento se refiere, el artículo 660
es el que lo plantea en los casos siguientes:

n Cuando aparezca que la responsabilidad penal está
extinguida.
n Cuando esté plenamente comprobado que en favor
del inculpado, existe alguna causa eximente de res-
ponsabilidad.
n Cuando se trate de delitos culposos que sólo produz-
can daño en propiedad ajena y/o lesiones de las com-
prendidas en los artículos 289 o 290 del Código Penal,

si se paga la reparación del daño a la víctima o al ofendido
por delito, si el inculpado no hubiere abandonado a aqué-
lla, y no se encontrase el activo en estado de ebriedad, o

69

NUESTROS DERECHOS

bajo el influjo de estupefacientes, sicotrópicos o sustancias
que produzcan efectos similares.

Lo anterior no procederá cuando se trate de culpa cali-
ficada como grave, conforme a la parte conducente del
artículo 60 del Código Penal.
Igualmente encontramos derechos de las personas en-
fermas mentales en los Centros de Reclusión. Así, por lo
que se refiere a la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social y otras dependencias, en el artículo
674 se observa lo siguiente.
Compete a la Dirección General de Prevención y Readap-
tación Social:

n Orientar técnicamente la prevención de la delincuen-
cia y el tratamiento de adultos delincuentes alienados,
que hayan incurrido en conductas antisociales así
como crear y manejar instituciones para el interna-
miento de estos sujetos.
n Celebrar convenios con instituciones de asistencia
pública o de asistencia privada, para coadyuvar a la
protección de familiares y dependientes económica-
mente de quienes hayan sido segregados de la socie-
dad como procesados o sentenciados, o como suje-
tos de medidas de seguridad.
n Vigilar la ejecución de las sanciones impuestas por las
autoridades judiciales y determinar, previa clasifica-
ción de los sentenciados, el lugar en que deben ser
recibidos.
n Crear, organizar y manejar museos criminológicos,
laboratorios, lugares de segregación, colonias, gran-
jas y campamentos penales, reformatorios, estable-

70


cimientos médicos y demás instituciones para delin-
cuentes sanos y anormales.
n Ejercer orientación y vigilancia sobre los enfermos
mentales sometidos a medidas de seguridad por la
jurisdicción penal y los sujetos a libertad preparatoria
o condena condicional.
n Resolver, en los casos del artículo 75 del Código
Penal, sobre la modificación de las modalidades de
ejecución de la sanción impuesta, cuando haya in-
compatibilidad entre estas modalidades y la edad,
sexo, salud o constitución física del reo.

Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Pena-
les, por lo que a la suspensión del procedimiento se refiere,
establece en su artículo 468: iniciado el procedimiento judi-
cial, no podrá suspenderse sino cuando enloquezca el pro-
cesado, cualquiera que sea el estado del proceso.
La suspensión fundada en los supuestos de las fraccio-
nes I y III no impide que, a requerimiento del Ministerio
Público o del ofendido o sus representantes, adopte el
juzgador medidas precautorias patrimoniales en los térmi-
nos del artículo 149.
Pero se advierte en el artículo 471: cuando se haya de-
cretado la suspensión del procedimiento, en los casos a
que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 468, se
continuará tan pronto como desaparezcan las causas que
lo motivaron.
Sin embargo, y a pesar de que estos artículos pueden
perfectamente ser aplicados a los enfermos mentales,
existe un procedimiento relativo a estas personas, a los
menores y a los que tienen el hábito o la necesidad de
consumir estupefacientes o sicotrópicos. El relativo a los

71

NUESTROS DERECHOS

enfermos mentales lo encontramos en el capítulo I. El cual
señala en su artículo 495 que:

Tan pronto como se sospeche que el inculpado
esté loco, idiota imbécil o sufra cualquier otra
debilidad, enfermedad o anomalía mental, el
tribunal lo mandará examinar por peritos mé-
dicos, sin perjuicio de continuar el procedi-
miento en la forma ordinaria. Si existe motivo
fundado ordenará provisionalmente la reclu-
sión del inculpado en manicomio o en depar-
tamento especial.

Por su parte, el artículo 496 establece que:

Inmediatamente que se compruebe que el in-
culpado esté en algunos de los casos, a que se
refiere el artículo anterior, cesará el procedi-
miento ordinario, y se abrirá el especial, en que
la Ley deja al recto criterio y a la prudencia del
tribunal la forma de investigar la infracción pe-
nal imputada, la participación que en ella hu-
biere tenido el inculpado, y la de estimar la
personalidad de éste, sin necesidad de que el
procedimiento que se emplee sea similar al ju-
dicial.

De comprobarse la infracción a la ley penal y que en ella
tuvo participación el inculpado, previa solicitud del Minis-
terio Público, y en audiencia de éste, del defensor y del
representante legal, si los tuviere, el tribunal resolverá el
caso, ordenando la reclusión en los términos del artículo 24,

72


inciso 3, del Código Penal según lo establece el artículo
479.
La resolución que se dicte será apelable en el efecto
devolutivo.
Artículo 498. Cuando en el curso del proceso el inculpa-
do enloquezca, se suspenderá el procedimiento en los tér-
minos del artículo 468, fracción III, remitiéndose al loco, al
establecimiento adecuado para su tratamiento.
Artículo 499. La vigilancia del recluido estará a cargo de
la autoridad administrativa federal correspondiente.
Artículo 3o. La Dirección General de Prevención y
Readaptación Social, dependiente del Ejecutivo Federal,
podrá celebrar convenios de coordinación con los gobier-
nos de los estados.
En dichos convenios se determinará lo relativo a la crea-
ción y manejo de instituciones penales de toda índole, en-
tre las que figurarán las destinadas al tratamiento de adul-
tos delincuentes alienados, que hayan incurrido en
conductas antisociales y menores infractores, especificán-
dose la participación que en cada caso corresponde a los
gobiernos federales y locales.
Para todo lo anterior, es válido reconocer el derecho que
tienen los enfermos mentales para solicitar amparo, tal y
como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la
Nación:

No es obstáculo para la interposición de la demanda de am-
paro el hecho de que el quejoso padezca alguna enfermedad
mental, si ese estado no le impide comprender su situación
consistente en estar privado de la libertad en un estableci-
miento para enfermos de la especialidad, por no estar en
contravención con lo expuesto por el artículo 4o. de la Ley de
Amparo (Primera Sala. Época séptima. Parte II. Amparo direc-
to 418/67).

73

NUESTROS DERECHOS

Como habíamos señalado en párrafos más arriba, a ni-
vel internacional existen lo que se conoce como Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobada por
el Consejo Económico y Social de la ONU. En estas reglas
existe una parte específica relativa a los enfermos mentales
establecida en su inciso B y que literalmente señala:

Los alienados no deberán ser recluidos en pri-
siones. En sus traslados se tomarán disposi-
ciones para trasladarlos lo antes posible a es-
tablecimientos para enfermos mentales.
Los reclusos que sufran otras enfermedades
o anormalidades mentales deberán ser obser-
vados y trasladados a instituciones especiali-
zadas dirigidas por médicos.

Durante el tiempo que dure su permanencia en prisión
dichos reclusos estarán bajo la vigilancia de un médico.

74


En su número 4 señala:

El servicio médico o siquiátrico de los estable-
cimientos penitenciarios deberá asegurar el
tratamiento siquiátrico de todos los demás re-
clusos que necesiten dicho tratamiento.

Finalmente,

convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los
organismos competentes, para que, en caso necesario, se
continúe el tratamiento siquiátrico después de la liberación y
se asegure una asistencia social pospenitenciaria de carácter
siquiátrico.

VI. DERECHOS DE LOS ENFERMOS MENTALES
EN EL DERECHO CIVIL MEXICANO

1. Código Civil

Los principales derechos que en el terreno civil tienen
los enfermos mentales los encontramos en el Código Civil
para el Distrito Federal en materia común, y para toda la
República en Materia Federal.
El ejercicio de cualquier derecho en el terreno civil, parte
precisamente del reconocimiento de la personalidad jurí-
dica de las personas. Ésta se establece en los artículos 22
y 23 del propio Código Civil, que señala:

75

NUESTROS DERECHOS

La capacidad jurídica de las personas físicas se
adquiere por el nacimiento y se pierde por la
muerte; pero desde el momento en que un in-
dividuo es concebido, entra bajo la protección
de la ley y se le tiene por nacido para los efec-
tos declarados en el presente Código.

Las restricciones a la personalidad jurídica enunciada en
el texto anterior se establecen en el artículo 23:

La minoría de edad, el estado de interdicción y demás inca-
pacidades establecidas por la Ley, son restricciones a la per-
sonalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de
la persona ni atentar contra la integridad de la familia; pero
los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obli-
gaciones por medio se sus representantes.

Como se ve, las personas que sufran alguna enferme-
dad mental pueden ser consideradas incapaces. Éstas se-
rían: las personas privadas o disminuidas, aunque tengan
intervalos lúcidos; los individuos que padezcan alguna
afección originada por enfermedad o deficiencia persistente
de carácter físico, sicológico, o los estupefacientes, siem-
pre que debido a la limitación, o la alteración en la inteli-
gencia que esto les provoque no puedan gobernarse y
obligarse por sí mismas, o manifestar su voluntad por al-
gún medio (artículo 450).
Para esta situación se ha credo en el derecho civil una
figura jurídica llamada ‘‘tutela’’, que tiene por objeto la
guarda de la persona incapaz y sus bienes. Igualmente
la tutela puede tener por objeto la representación interina
del incapaz según lo dispone el artículo 449. El tutor será
nombrado por el juez de lo familiar y para ello se ha de

76


seguir un procedimiento jurídico. En este ínter se nombra-
rá un tutor interino.
Según este mismo artículo, en la tutela se cuidará pre-
ferentemente de la persona de los incapacitados.
Por su parte, el artículo 452 señala que:

la tutela es un cargo de interés público, del que
nadie puede eximirse, sino por causa legítima.

El que rehúse sin causa legal a desempeñar el cargo de
tutor será responsable de los daños y perjuicios que de su
negativa resulten al incapacitado según lo establece el ar-
tículo 453 del propio Código Civil.
A la vez, ningún incapaz podrá tener en un mismo tiem-
po más de un tutor y de un curador definitivos.
En los casos de representación de quienes son mayores
de edad y que son jurídicamente incapaces, el tutor hará
las veces de representante, según lo establecen los artícu-
los 414, 418 y 449 del Código Civil.
En este mismo tenor, el deber de ser tutor de un mayor
de edad incapacitado jurídicamente será: el marido lo
será de la esposa cuando sea declarada jurídicamente
incapaz; la esposa lo será del marido cuando sea decla-
rado jurídicamente incapaz; los hijos mayores de edad
lo serán de su madre o padre viudos y los padres lo serán
de los hijos.
A falta o incapacidad de los anteriores, lo serán: los
abuelos, los hermanos, los parientes colaterales hasta el
cuarto grado.
En ausencia o incapacidad de los anteriores, el juez de
lo familiar nombrará un tutor de entre las personas que
figuren en la lista formada cada año por el Consejo Local

77

NUESTROS DERECHOS

de Tutelas (artículos 475, 476, 486 al 490 y 495 del Código
Civil).
Las obligaciones que el tutor tiene se encuentran en el
artículo 537 y éstas son:
n Alimentar y educar al incapacitado.
n A destinar, de preferencia, los recursos del incapaci-
tado a la curación de sus enfermedades o a su rege-
neración si es un ebrio consuetudinario o abusa ha-
bitualmente de las drogas enervantes.
n A formar inventario solemne y circunstanciado de
cuánto constituye el patrimonio del incapacitado,
dentro del término que el juez designe, con interven-
ción del curador y del mismo incapacitado, si goza de
discernimiento y ha cumplido dieciséis años de edad.
El término para formar el inventario no podrá ser ma-
yor de seis meses.
n A administrar el caudal de los incapacitados. El pupilo
será consultado para los actos importantes de la ad-
ministración cuando es capaz de discernimiento y
mayor de dieciséis años.
La administración de los bienes que el pupilo ha ad-
quirido con su trabajo le corresponde a él y no al tutor.
n A representar al incapacitado en juicio y fuera de él
en todos los actos civiles, con excepción del matri-
monio, del reconocimiento de hijos, del testamento y
de otros estrictamente personales, y
n A solicitar oportunamente la autorización judicial para
todos los que legalmente no pueda hacer sin ella.

Para la estricta observancia del trabajo del tutor, se con-
tará, según lo dispone el artículo 618 de un curador, el cual
tendrá las funciones de: defender los derechos del pupilo
en juicio o fuera de él, cuando estén en oposición con los

78


del tutor; vigilar la conducta del tutor y poner en conoci-
miento del juez todo lo que considere que pueda dañar al
pupilo; y cuando el tutor falte o abandone la tutela deberá
dar aviso al juez, para que haga el nombramiento del tutor
(artículo 626, Código Civil).
Por lo que a la capacidad de testar se refiere, las personas
con alguna enfermedad mental cuentan con este derecho
siempre y cuando lo elabore en un intervalo de lucidez,
para lo cual el tutor y en defecto de éste la familia, presen-
ten una solicitud al juez que corresponda.
El juez nombrará dos médicos de preferencia especia-
listas en la materia para que examinen a la persona y dic-
tamine acerca de su estado mental. Es obligación del juez
asistir al examen y podrá hacerle a la persona con deficien-
cia mental cuantas preguntas estime convenientes, a fin
de cerciorarse de su capacidad para testar.
En materia de adopción, los mayores de edad jurídica-
mente incapaces pueden ser adoptados pero no tendrán
derecho a contraer matrimonio.

2. Derechos reconocidos en el derecho procesal civil

Según el artículo 321 del Código de Procedimientos Ci-
viles para el Distrito Federal,

en caso de enfermedad legalmente comproba-
da del que deba declarar, el tribunal se trasla-
dará al domicilio de aquél, donde se efectuará
la diligencia a presencia de la otra parte, si
asistiere.

79

NUESTROS DERECHOS

En este mismo sentido, el artículo 358 del mismo Código
señala: ‘‘A los testigos de más de setenta años y a los
enfermos podrá el juez, según las circunstancias, recibirles
la declaración en sus casas en presencia de la otra parte,
si asistiere’’. Esta misma idea es señalada en el artículo 171
del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Por lo que a la tutela se refiere, el mismo Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal señala en
su artículo 902 que no se podrá conferir ninguna tutela sin
que previamente se declare el estado de incapacidad de
la persona que va a quedar sujeta a ella.
La declaración de estado de incapacidad por las causas
de la fracción II del Código Civil, puede pedirse por:

n su cónyuge,
n por sus presuntos herederos legítimos,
n por su albacea, y
n por el Ministerio Público.

Por sus parte, el artículo 904 establece que la declara-
ción de incapacidad por causa de demencia (interdicción),
se acreditará en juicio ordinario que se sugerirá ante el
peticionario y un tutor interino que para el objeto designe
el juez. Las diligencias prejudiciales serán las siguientes:

----Recibida la demanda de interdicción, el juez ordenará
las medidas tutelares conducentes al aseguramiento
de la persona y bienes del señalado como incapaci-
tado; ordenará que la persona que auxilia a aquel de
cuya interdicción se trata, lo ponga a disposición de
los médicos alienistas o de la especialidad correspon-
diente o bien, informe fidedigno de las personas que
lo auxilie u otro medio de convicción que justifique la
necesidad de estas medidas.

80


----Los médicos que practi-
quen el examen debe-
rán ser designados por
el juez y serán de prefe-
rencia alienistas o de la
especialidad correspon-
diente. Dicho examen
se hará en presencia del
juez previa citación de la
persona que hubiere pe-
dido la interdicción y del
Ministerio Público.
----Si del dictamen pericial
resultare comprobada la
incapacidad, o por lo me-
nos hubiere duda fundada acerca de la capacidad de
la persona cuya interdicción se pide, el juez proveerá
las siguientes medidas:
a) Nombrar tutor o curador interino.
b) Poner los bienes del presunto incapacitado bajo la
administración del tutor. La sociedad conyugal, si la hu-
biere, quedará bajo la administración del otro cónyuge.
c) Prever legalmente la patria potestad o tutela a las
personas que tuviere bajo su guarda el presunto inca-
pacitado.
----Dictadas las providencias que establecen las fraccio-
nes anteriores, se procederá a un segundo reconoci-
miento médico del presunto incapacitado, con peri-
tos diferentes. En caso de discrepancia con los peritos
que rindieron el primer dictamen se practicará una
junta de avenencia a la mayor brevedad posible y si
no lo hubiere el juez designará peritos terceros en
discordia, y

81

NUESTROS DERECHOS

----Hecho lo anterior el juez citará a una audiencia, en la
cual, si estuvieren conformes el tutor y el Ministerio
Público con el solicitante de la interdicción, dictará
resolución declarando o no ésta.

En este sentido han declarado los tribunales colegiados
de circuito al referirse a la naturaleza de la interdicción:

La sentencia que declara la interdicción es de-
clarativa y constitutiva, en tanto que, aparte de
que declara el estado de incapacidad, crea una
relación jurídica y da nacimiento a un nuevo
estado, motivo por el que, precisamente por
su carácter constitutiva, como generalmente
sucede con este tipo de fallos, sus efectos em-
piezan cuando ha alcanzado la autoridad de
cosa juzgada (Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Tercer Circuito. Época octava.
Segunda parte-1. Amparo en revisión 214/88).

En el caso de que se quieran vender los bienes de los
incapacitados, será necesaria una licencia judicial para la
venta de dichos bienes, según lo dispone el artículo 915
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fe-
deral.

82

BIBLIOGRAFÍA

DÍAZ PADRÓN, José A., Responsabilidad criminal ante los
tribunales, México, América Nueva, 1953.
DORSCH, Friedrich, Diccionario de sicología, Barcelona,
Herder, 1991.
GUZMÁN, Alejandro, Dos estudios en torno a la tutela ro-
mana, Pamplona, Eunsa, 1976.
HENRI, Pièron, Psicología, Buenos Aires, Kapelusz, 1964.
LÓPEZ BOLADO, Jorge, Los médicos y el Código Penal, Bue-
nos Aires, Universidad, 1981.
VELA TREVIÑO, Sergio, Culpabilidad e inculpabilidad. Teo-
ría del delito, México, Trillas, 1991.

83

Derechos del enfermo mental, editado
por el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, se terminó de imprimir
el 14 de julio de 2000 en los talleres de
Formación Gráfica, S. A. de C. V. En la
edición se empleó papel cultural 57 x 87
de 37 kg. para las páginas interiores y car-
tulina couché de 162 kg. para los forros.
Consta de 2000 ejemplares.

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