La reforma constitucional reconoce y protege ampliamente los derechos humanos establecidos en la constitución y tratados internacionales. Introduce principios como la interpretación conforme y pro persona para garantizar la máxima protección de los derechos. Además, otorga mayores facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar violaciones y representar acciones de inconstitucionalidad.