El documento establece el procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional para servidores y funcionarios públicos que cometen infracciones graves, en el contexto del control gubernamental en Perú. A través de esta directiva, se busca optimizar y simplificar el proceso de sanción, asegurando el cumplimiento de las normativas existentes y la implementación efectiva de las sanciones. Se delega a la Contraloría General de la República la responsabilidad de aplicar y regular este procedimiento, incluyendo las etapas y disposiciones específicas que deben seguirse.