Discurso sobre per saltum

Discurso sobre Per Saltum
Período 130º - Reunión 19º - 16º Sesión ordinaria (Especial)
14 de noviembre de 2012
Extraído de Versión Taquigráfica disponible en:
http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/provisorias/130-19.htm

Sra. Alonso (L.).- Señor presidente: para su no sorpresa voy a adelantar el voto negativo
del bloque del PRO al tema en tratamiento, y voy a hablar poco del per saltum y mucho del
sistema político institucional argentino.

No voy a hablar del hiper presidencialismo porque creo que en esta última década hablar
de ese tema es demodé. Voy a hablar del gobierno de excepción, del gobierno de la
excepcionalidad o del gobierno del vale todo. El debate que se plantea hoy es muy útil para
revisar qué viene sucediendo con el sistema republicano, representativo y federal de
gobierno que establece nuestra Constitución Nacional y lo que ha sucedido con él en las
dos últimas décadas.

También quiero hablar de la baja calidad de la democracia argentina, porque la calidad de
nuestra democracia es baja y lo es porque la Constitución no se cumple. La Constitución se
estira, se burla y cada tanto, cuando se puede, la salteamos para sacar alguna medida que
nos convenga a la coyuntura, sea cual sea el gobierno.

Por eso voy a hablar de las dos últimas décadas para que nadie se sienta aludido
directamente, aunque si quieren sentirse aludidos directamente pueden hacerlo. Creo que
ni la que habla en este momento ni muchos de los colegas diputados ni muchos millones de
ciudadanos nos resignamos a vivir en una democracia de baja intensidad o en una
democracia delegativa como le gustaba calificar a un maestro de muchos politólogos,
Guillermo O’Donnell.

El sistema político argentino vive, como mínimo desde hace dos décadas, con o sin crisis
económica, con recesión o con crecimiento a tasas chinas, con más o menos pobreza, con
más o menos empleo, en el margen y al margen de la Constitución Nacional.

Entonces me pregunto -y si quieren pueden hacerlo también conmigo y cada uno
encontrará una respuesta- por qué nos cuesta tanto respetar los límites que impone la
Constitución, por qué le ha costado tanto a la presidenta de la Nación, que es una gran
conocedora de los límites que establece nuestra Carta Magna, porque nadie puede negar
que si hay alguien que en el sistema político argentino conoce los límites que marca la
Constitución es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué le ha costado y le cuesta tanto a
la presidenta respetar los límites, y los traspasa y burla directa, indirecta o perversamente
cada vez que puede?

Señor presidente: yo decía hace dos años -en esa época usted no presidía el cuerpo-,
cuando discutimos un proyecto de ley para controlar los decretos de necesidad y urgencia,
que esto es un simulacro de debate. Hoy hay un simulacro de deliberación parlamentaria y
lo que tenemos en la Argentina es una parodia democrática porque la Constitución no
opera a pleno. Hoy la Constitución no está funcionando a pleno, y en la Argentina no hay
efectividad en el control republicano y tampoco en el judicial y en el administrativo, y ni
siquiera en el ciudadano. Porque al Poder Ejecutivo no le importa –ni este ni otros
anteriores- no le importa la Constitución ni los límites legales. Este es un problema grave y
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quiero plantearlo en este tono, sin que nadie se sienta ofendido, porque me parece que
condena y sigue condenando a la Argentina a un camino de fracaso, que es no entender
que hoy esté como esté el marco institucional que le permitió a la Argentina ser una de las
potencias del mundo y una de las mayores economías del mundo.

Hablando de la democracia, la presidenta da una pobre definición que muchos aquí
repiten. Es una fórmula muy simple, bastante básica: “Se vota cada dos años, si no le gusta
el gobierno haga un partido y gane las elecciones”. En esa concepción de la democracia,
muy limitada, no hay deliberación ni negociación política; lo único que hay es
sometimiento.

Esa concepción tan pobre –con todo respeto-, ya entrado el tercer milenio, se parece más a
un autoritarismo competitivo que a una democracia plena, con república y con sistema
federal.

Detrás de la consigna “Vamos por todo” y “A no aflojar nunca jamás” se esconde un
palpable riesgo autoritario para nuestro sistema político. Este riesgo autoritario ya fue
advertido por O’Donnell en 2010, cuando decía: “Hay un riesgo autoritario en la Argentina.
No tanto cuando se comete el despropósito de caer en los insultos, sobre todo en estos
comentarios muy negativos hacia el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Son muy
amenazantes. Porque si lo dijeran en serio, tuvieran razón y pudieran, la conclusión es que
hay que eliminar o sojuzgar por completo a esos poderes”.

Eso lo decía en 2010 O’Donnell, que sabía mucho de democracias delegativas y de líderes
delegativos que desprecian a las instituciones y al control republicano.

Entonces, me pregunto cómo le fue en estos veinte años al sistema republicano y federal en
la Argentina. El primer capítulo de esta historia trágica o de decadencia institucional es el
de los decretos de necesidad y urgencia.

Pongamos en dimensión el problema de los decretos de necesidad y urgencia, porque su
uso indiscriminado, cuando no hay necesidad ni urgencia, en realidad lo que demuestra es
que no hay respeto ni interés por el debate y la deliberación parlamentaria. Y cuando no
hay debate ni deliberación parlamentaria, ni el pueblo ni las provincias se pueden expresar
a través de sus representantes, o sea, nosotros, los que estamos acá, que representamos al
pueblo, y nuestros vecinos de consorcio, los senadores, que representan a las provincias.

El decreto de necesidad y urgencia se transformó en un procedimiento para fortalecer los
rasgos de estilo autoritario de una presidencia, con o sin crisis, e inclusive con mayoría
parlamentaria propia.

Yo me hago varias preguntas cuando leo qué decretos de necesidad y urgencia se han
firmado en los últimos veinte años. ¿Alguien me puede explicar la necesidad y urgencia de
un decreto que fija feriados nacionales? ¿Alguien me puede explicar la necesidad y
urgencia de un decreto que le cambia el nombre a un ministerio? Les pido que me
contesten con la mano en el corazón y en la Constitución: ¿hay necesidad y urgencia de
firmar un decreto que le cambia el nombre a un ministerio?

Lo que demuestran estos tristes decretos de necesidad y urgencia es el desdén, el desprecio
a la deliberación democrática y al control republicano.

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Ustedes saben que me gusta citar a Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez, con esta cita
del año 2000 respecto de los decretos de necesidad y urgencia que me da una vez más la
razón. Decía la entonces diputada de la Nación Cristina Fernández que la práctica
establecida durante el último decenio de sortear las dificultades para la aprobación de las
leyes mediante el uso de los DNU y que hoy goza de buena salud, ha desnaturalizado el rol
del Poder Legislativo y violentado la letra constitucional.

Entonces, el primer capítulo de la violación de la Constitución Nacional es el de los
decretos de necesidad y urgencia.

Quiero pasar al segundo capítulo: los superpoderes presupuestarios y la reforma de la ley
de Administración Financiera.

La verdad es que, en este caso, no le puedo echar la culpa a la administración de la época
menemista, que si bien fue la que incorporó los superpoderes y la delegación de facultades
presupuestarias al Ejecutivo, es cierto que la permanencia de esos superpoderes fue votada
por este Congreso allá por 2006.

Entonces, a los DNU se les acoplaron los superpoderes presupuestarios que ya venían del
menemismo y que una vez en el gobierno el kirchnerismo abrazó con un amor y una
ternura estratégicos. Mientras tanto, cuando no eran gobierno, algunos se llenaban la boca
votando en contra de los superpoderes, pero cuando fueron gobierno y se dieron cuenta,
fueron un poco más allá y los transformaron en permanentes, despreciando nuevamente al
Congreso de la Nación y eliminando la deliberación y las voces del pueblo representado
aquí, y las de las provincias, en la discusión del presupuesto.

Hoy hablamos del per saltum, pero yo quiero hacer historia para darnos cuenta,
definitivamente, de a dónde estamos llegando.

Gracias a los superpoderes que buscaron hacer al Poder Ejecutivo superpoderoso, tenemos
como contracara la superdebilidad del Congreso y la destrucción del federalismo.

¿Por qué el federalismo se ha destruido? Porque la Casa Rosada tiene la chequera. Hace
veinte años los senadores peleaban en el recinto por el presupuesto de sus provincias. Hoy
los gobernadores, gracias a la consagración permanente de los superpoderes promovida
por el kirchnerismo, bajan la cabeza y aceptan lo que la Casa Rosada les da, como
mendigos, a pesar de ser gobernadores electos por el voto popular. Y los que no bajan la
cabeza sufren las consecuencias, y también las sufren sus provincias.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la
Honorable Cámara, profesora Norma Amanda
Abdala de Matarazzo.

Sra. Alonso.- Entonces, sumado a los DNUs, la excepcionalidad de la Constitución
impuesta por los superpoderes sigue profundizando el camino equivocado del desprecio a
las instituciones republicanas, a la representación del pueblo y de las provincias.

En un estudio reciente, una ONG llamada Chequeado.com –fíjense ustedes cómo opera la
cuestión de los superpoderes en una cuestión concreta como es el manejo de los recursos-
reveló que, a través de los superpoderes, se han modificado miles de millones de pesos del
presupuesto por DNU por decisiones administrativas del jefe de Gabinete.

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La trampa ni siquiera radica en cuánto es el volumen de lo que se modifica de la ley de
presupuesto aprobada por el Congreso todos los años, si no en la mentira de la
subestimación de ingresos. Ahí es cuando el Ejecutivo miente respecto del cálculo de
ingresos.

Lo que crea es la caja de los superpoderes, es decir, la caja que va a administrar con DNU y
con disposiciones administrativas del jefe de Gabinete.

Entonces, para que todos tengamos una idea, el año pasado esa caja fue de 89.000
millones de pesos, de los cuales 45.000 millones se redistribuyeron a través de DNUs de la
Presidencia. 34.000 millones se los regalamos a Abal Medina, jefe de Gabinete de
Ministros –sin que medie siquiera un DNU-, quien con una mísera disposición
administrativa puede manejarlos en un año electoral.

Esta es la realidad de la decadencia institucional de la Argentina y de la democracia con
riesgo autoritario. Se trata de una democracia parcial, cada vez más débil, que se hiper
concentra en el Ejecutivo y borra del mapa al Congreso. Efectivamente, lo utiliza de
escribanía cuando la mayoría parlamentaria se sienta en este recinto una vez cada tanto
porque no se puede firmar un DNU. Y vota lo que la presidenta ordena y manda.

Existe un capítulo más después de los DNU y los superpoderes. Me refiero a los entes
reguladores y los órganos de control.

Este es el siguiente capítulo de la debacle institucional de la Argentina. Yo sé que a muchos
no les importa pero a mí sí, al igual que a muchos de los que me han votado.

Hace poco tiempo advertimos un intento por descabezar la Auditoría General de la Nación,
pero tuvimos la suerte de que no se pudiera ir más allá en función de que la Constitución es
muy clara en su articulado.

Entonces, no hubo posibilidad de hacer interpretaciones alocadas o análisis perversos que
son bastante corrientes últimamente en algunos sectores y actores de la política
argentina. Pero analicemos el estado de situación de los órganos de protección de
derechos, de control y de rendición de cuentas. Tomo como fuente un estudio de cuatro
ONG: ACIJ, ADC, Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, y voy a leer la lista -porque
son órganos de control y entes reguladores de servicios públicos- para que entendamos
cuál es la conexión entre la baja o nula calidad institucional y la vida concreta y cotidiana
de las personas.

Comisión Nacional de Regulación del Transporte: intervenida; Comisión Nacional de
Comunicaciones: intervenida; ENARGAS: intervenido; ENRE: incompleto; Comisión
Nacional de Ética Pública: nunca fue creada; Defensoría del Pueblo: vacante desde la
renuncia de Mondino en el año 2009; Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas: acéfala; INADI: intervenido; Procuración Penitenciaria: designación
provisional precaria; Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: vacante,
nunca hubo una designación.

Entonces, vamos de los DNU a los superpoderes presupuestarios, a los entes reguladores, a
los órganos de control y a los órganos de protección de derechos humanos, porque no estoy
hablando de los derechos de los animales.

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Entonces, no quedan dudas de que vivimos en el gobierno de la excepcionalidad, y que ya
ni siquiera le cabe la categoría de democracia delegativa, que alguna vez estableció
Guillermo O’Donnell. Este es el gobierno del vale todo, y en el vale todo no hay límites.

Entonces, esto es un simulacro; la Constitución es letra muerta, y si no empezamos a
darnos cuenta de que estamos llevando a la Argentina a una encerrona, muchos de los que
sientan acá y levantan la mano o ponen el dedo automáticamente van a ser responsables de
la crisis política que se avecina sobre nuestro sistema democrático.

Hoy quieren discutir el per saltum, y yo vengo diciendo que el per saltum es a la Justicia lo
que los decretos de necesidad y urgencia y los superpoderes han sido al Congreso de la
Nación. Busca eliminar todas las garantías del debido proceso que están establecidas en la
Constitución Nacional y en los tratados internacionales.

Yo estoy harta de las excepcionalidades y de las interpretaciones locas de la necesidad y
urgencia cuando no existe ni necesidad ni urgencia, o del uso de la cadena nacional -como
está sucediendo en este mismo momento- cuando no hay ni trascendencia institucional, ni
gravedad, ni excepcionalidad.

En el gobierno del vale todo nos proponen ahora discutir el per saltum. Si los DNU
dibujaron al Congreso y se sumaron los superpoderes, en realidad lo que tenemos acá es un
intento claro de poner en riesgo al único poder del Estado que funciona, con ineficiencia,
con déficit, pero todavía funciona.

Nosotros no vamos a acompañar el último apriete, el apriete sobre la Corte; no vamos a
acompañar una historia de demolición institucional de la República Argentina, que
empezó antes del kirchnerismo, pero que éste, evidentemente, ha profundizado con el uso
indiscriminado de decretos de necesidad y urgencia, sin necesidad ni urgencia, y con la
consagración permanente de los superpoderes.

Para el PRO y para millones de argentinos que leemos y entendemos la Constitución, la
democracia no es votar cada dos años, como algunos creen. La democracia plena para
nosotros -porque lo dice la Constitución- es limitar el poder y poner en marcha todos los
mecanismos de control, políticos, judiciales, administrativos y participativos, para evitar
desbordes y riesgos autoritarios.

Hace un año Liliana de Riz, que es socióloga, decía en un artículo: “Cuando no se avizora la
posibilidad de alternancia, ni se ejercen los controles al ejercicio del poder que impidan la
corrupción en el seno del Estado, la democracia degenera en autoritarismo”.

El sistema institucional argentino se resquebraja y se cae a pedazos. Se viven momentos de
zozobra porque hay riesgo autoritario. Además, quien gobierna con decretos de necesidad
y urgencia, superpoderes y per saltum, gobierna mal y al margen de la Constitución
Nacional. Pero el problema no es ese presidente o esa presidenta. El problema son los
costos que la crisis y el hundimiento de un gobierno van a traer a la Nación y al pueblo, a
esa Nación y a ese pueblo que algunos dicen encarnar.

La democracia puede parecer tal, pero también puede haber muerto por medidas poco
espectaculares pero acumulativamente letales.

Estemos atentos para que la reacción no llegue tarde. Yo creo que la reacción de la
sociedad ya empezó. (Aplausos.)
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