Ejecuciones extrajudiciales de jóvenes: un delito de ayer y hoy

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
DE JÓVENES
UN DELITO DE AYER Y HOY

Ejecuciones Extrajudiciales de Jóvenes
Un delito de ayer y hoy
Elaborado por:
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH
Autores:
Gabriela Flores
Jorge Joaquín
Revisión:
Abner Paredes
Impreso en SERVINSA
Primera Edición 2,000 ejemplares Junio 2013
Diseño y Diagramación:
La Otra Mitad
ISBN 978-9929-8079-6-9
Se permite la reproducción total o parcial de este documento, una vez se cite la fuente.
El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión de los cooperantes.
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Con el apoyo de:

i. Presentación
ii. Introducción
Capítulo I: Guatemala del Siglo XX
1. El etiquetamiento de personas
2. El conflicto armado interno
2.1 Las muertes selectivas y las operaciones de inteligencia
2.2 Características de las muertes selectivas durante el conflicto armado interno
a. Modus operandi
Muertes selectivas
Muertes colectivas
b. Las víctimas
En el área urbana
En el área rural
c. Los victimarios
El Ejército
Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)
Los Comisionados Militares
La Policía Nacional (PN)
d. Respuesta del Estado
3. Violencia post-conflicto
Capítulo II: El Estado de Guatemala y los crímenes de lesa
humanidad
1. Los crímenes de lesa humanidad
1.1 El deber y obligación de cuidado del Estado de Guatemala
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1.2 La construcción de un nuevo enemigo, las potenciales víctimas de
crímenes de lesa humanidad
2. Crimen de Odio (hate crimen)
3. Desaparición Forzada
3.1 La desaparición forzada de personas en el derecho internacional de los
Derechos Humanos
3.2 La desaparición forzada de personas en el derecho penal guatemalteco
3.3 Vinculación del delito de desaparición forzada con el delito de ejecución
extrajudicial
Capítulo III: Ejecución extrajudicial
Ejecución extrajudicial arbitraria
Ejecución extrajudicial sumaria
1. La ejecución extrajudicial en el derecho internacional de los Derechos Humanos
1.1 La ejecución extrajudicial, un crimen de lesa humanidad
a. Ataque generalizado o sistemático
b. Responsabilidad estatal (el Estado que mata)
c. Imprescriptibilidad
d. Jurisdicción Universal para perseguir la ejecución extrajudicial
1.2 ViolacionesalosDerechosHumanosdelasvíctimasdeejecuciónextrajudicial
a. Derecho a la vida
b. Derecho a la integridad personal
c. Derecho a la libertad personal
d. Violación de las garantías judiciales y de protección judicial
e. Derecho a la verdad
f. Obligación de respetar y garantizar los derechos
2. La ejecución extrajudicial en el derecho penal guatemalteco
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3. La estigmatización de las víctimas de ejecución extrajudicial (construcción del
imaginario social)
4. Caracterización de los autores de ejecución extrajudicial
4.1 El Estado como autor directo del delito de ejecución extrajudicial (autoría por
acción)
a. El Ejército
b. La Policía Nacional Civil (PNC)
c. Personal penitenciario y de los centros de privación de libertad
para adolescentes en conflicto con la ley penal
4.2 El Estado como autor indirecto del delito de ejecución extrajudicial (autoría
por omisión)
a. Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad
4.3 Los nuevos autores del delito de ejecución extrajudicial, otra forma de autoría
indirecta para el Estado de Guatemala (dejar hacer, dejar pasar)
a. Juntas, Comisiones y/o Comités de seguridad ciudadana
b. Empresas de seguridad privada
5. Caracterización de las víctimas del crimen de ejecución extrajudicial
5.1 Víctimas enero 2009 – junio 2012
a. Ejecución extrajudicial de personas con orientación e identidad
sexual diferente
b. Personas privadas de libertad
6. Factores que favorecen la ejecución extrajudicial en Guatemala
6.1 Culpar a la víctima por los hechos
6.2 Justificar las muertes violentas
6.3 Inoperancia del sistema de administración de justicia
6.4 Involucramiento de la sociedad civil en las tareas de seguridad ciudadana
6.5 Militarización de la seguridad pública
6.6Lacontinuidaddelasoperacionesdecuerposilegalesyaparatosclandestinos
de seguridad
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6.7 La muerte en las calles
6.8 La criminalización de la protesta pública
7. Características de las ejecuciones extrajudiciales
7.1 Muertes sospechosas de ejecución extrajudicial
a. Las mujeres
b. La lista negra
Capítulo IV: Responsabilidad del Estado guatemalteco en
los crímenes de ejecución extrajudicial
1. Respuestas del sistema a los delitos de ejecución extrajudicial (tramitación y
tratamiento de casos)
2. La efectividad del sistema de administración de justicia en casos de ejecución
extrajudicial
2.1 Efectividad en la gestión
2.2 Efectividad en la averiguación de la verdad
3. Proceso de investigación en casos de ejecución extrajudicial de 2009 a 2012
3.1 Manejo de la escena del crimen
a. Asegurar la escena del crimen
b. Documentar la escena del crimen
c. Tratamiento adecuado del o los cadáveres
3.2 Examen médico forense (necropsia)
a. Orientación del personal del Ministerio Público
b. Aplicación del Protocolo de Minnesota
3.3 Balística como prueba científica
3.4 Calificación legal del delito de ejecución extrajudicial
4. Responsabilidad del Estado en los delitos de ejecución extrajudicial
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4.1 Obligación de prevenir la ejecución extrajudicial
1. Prohibición legal
2. Controles efectivos
3. Prohibición de girar órdenes que autoricen o inciten a llevar a cabo
ejecuciones extrajudiciales
4. Protección eficaz a particulares y grupos que están en peligro de
ejecución extrajudicial
5. Nadie está obligado a regresar ni será extraditado a un país en donde
haya motivos fundados para creer que puede ser víctima de una
6. La privación de libertad debe realizarse en centros de reclusión
públicamente reconocidos
7. Inspecciones periódicas de los lugares de detención o prisión
8. ObligacióndelEstadodeprevenirlasejecucionesextrajudiciales,facilitar
el acceso de los demandantes al sistema internacional de protección,
cooperar en la investigación derivada de estos procesos, e impulsar
procesos de investigación a nivel nacional para el esclarecimiento de
los hechos
4.2 La lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a obtener
reparación
a. El derecho a la justicia
b. El derecho a la verdad
c. El derecho a la reparación
d. La garantía de no repetición
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Conclusiones
Recomendaciones
Anexo - Metodología
Bibliografía
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EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE JÓVENES 13
Sin duda alguna el fenómeno de la violencia en Guatemala ha sido sobre-diagnosticado, son múltiples los
estudios e investigación que dan cuenta de ello, así como diversas las propuestas para su abordaje, en la
mayoría de los casos desarrolladas por centros de investigación u organizaciones de la sociedad civil.
Contrario a ello, se suele escuchar en los medios de comunicación las irresponsables declaraciones de
funcionarios públicos en relación a que la situación de violencia es generada por “jóvenes pandilleros”, “líos
de maras”, “ajustes de cuentas”, “pelea por territorios”, denotando la falta de voluntad política por abordar
dicho fenómeno o en el peor de los casos la falta de entendimiento para comprenderlo y la incapacidad para
abordarlo integralmente.
Si bien se avanzó en la aprobación de la Política Nacional de la Juventud 2012-2020, incluyendo un área
estratégica de Prevención de Violencia que contiene 10 líneas de acción1
, hace falta la construcción y
aprobación de una política de prevención de la violencia que incluya estrategias para contrarrestar la misma
desdelasinstitucionesresponsablesdesuimplementación,yaqueenlocotidiano,sonlasmismasautoridades
las responsables de implementar acciones y políticas de represión y criminalización hacia la juventud y en el
peor de los casos son señalados y responsables de cometer el delito de ejecución extrajudicial, ya sea por
acción u omisión, siendo limitados los avances en los procesos de investigación y persecución penal para
deducir las responsabilidades correspondientes.
Para contribuir a comprender el fenómeno y aportar al debate público sobre el mismo, durante el año 2012,
CALDH en alianza con la Asociación Caja Lúdica, inició la implementación de una estrategia de denuncia
sobre la estigmatización y represión que desde el Estado se ejerce contra la juventud, misma que incluyó
la implementación de la campaña “No por ser diferentes tienen que matarnos” así como la Obra Musical “La
Danza de la Vida” cuyo contenido se orientó a promover el respeto al derecho a la vida de las y los jóvenes y
contribuir a posicionar un imaginario social positivo sobre la juventud.
La presente publicación hace parte de dicha estrategia, con la que pretendemos denunciar la situación
de violencia que agrede la vida de la juventud, particularmente la estigmatización, represión, asesinatos y
ejecuciones extrajudiciales que se ejercen desde el Estado, así como establecer una relación pasado presente
sobre el continuum de violencia contra la juventud.
1. Acuerdo Gubernativo 173-2012 con fecha 9 de agosto de 2012

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE JÓVENES14
INTRODUCCIÓN

Guatemala cuenta con una historia plagada de hechos violentos cuyas raíces se remontan desde la época de la
invasión española hasta nuestros días; y cuyos efectos se tradujeron en violencia estructural, política y social.
En este devenir histórico, el Estado y los diferentes Gobiernos que se han sucedido en el mando, han priorizado
el mantenimiento de las estructuras de poder y dominación que determinan la exclusión y la desigualdad de la
mayoría, especialmente de los pobres, las mujeres, la población indígena y la juventud.
Atendiendo a estas circunstancias y por su natural estado de indefensión, la niñez, adolescencia y juventud han sido
víctimas de múltiples violaciones a sus derechos, principalmente en la segunda mitad del siglo XX, durante la cual,
Guatemala atravesó un conflicto armado interno que cobró la vida de más de doscientas mil víctimas1
.
La ausencia de políticas sociales y la inseguridad ciudadana pone en evidencia que el Estado guatemalteco ha
orientado su actuación en beneficio de la minoría de la población, que ha determinado su escasa legitimidad,
situación que no ha variado durante el presente siglo, llevándole a implementar medidas violentas para mantener
el orden social.
Sumado a ello, el racismo y discriminación imperante en Guatemala, que más allá de ser elementos culturales y
reflejarse en las políticas Estatales, ha servido para justificar los regímenes de explotación, aislamiento y exterminio
de los pueblos indígenas por considerárseles inferiores; así como la eliminación de quienes exigían su igualdad y el
respeto a sus derechos; constituyendo la base que brinda justificación para la eliminación física de los que ahora
son calificados como “indeseables”. La violencia desde siempre ha sido el método utilizado para someter a esos
indeseables, lo que a la vista de la población es justificable.
Los distintos Gobiernos han aplicado el modelo de Estado-Nación, entendiéndose a la Nación como un solo pueblo,
con una sola cultura, un solo idioma, una sola religión y un solo sistema jurídico; invisibilizando la diversidad
cultural, lingüística y étnica que convive en el país, así como las necesidades diferenciadas, dejándoles al margen
del desarrollo social.
Estas concepciones han sido reproducidas de generación en generación durante siglos, instalando una cultura
violenta y racista, de forma consciente o inconsciente, propiciando la indiferencia social y la inexistencia de una
condena moral ante los hechos de grave violencia y su impunidad, lo cual de alguna manera explica por qué actos
de extremo sadismo y crueldad, no son juzgados ni sancionados, como la Ejecución Extrajudicial.
1. Se calcula que, del 38% de las víctimas registradas de quienes se pudo determinar la edad, 18% eran niños, 79% adultos y 3% ancianos. Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Guatemala: Memoria del Silencio. Primera edición. Guatemala, Guatemala. UNOPS Junio 1999. Capítulo I. Párrafo107.

Pero no únicamente los pueblos indígenas han sido víctimas de actos de discriminación, también la población
empobrecida ha sido tratada como ciudadanos de segunda clase. Pobres e indígenas han sufrido la marginación
de modelos sociales construidos desde la matriz de la exclusión y la discriminación. La violencia política producida
durante el enfrentamiento armado, ha tendido a reproducir y retroalimentar dichos modelos2
.
De esta forma, la exclusión se extiende a otros sectores de la población, quienes históricamente han sido
discriminados y vulnerados: jóvenes miembros de“maras y pandillas”, niñez y juventud en procesos de callejización,
personas vinculadas a hechos delictivos, personas con orientación sexual distinta a la heterosexual, mujeres y
hombres sexoservidores, a quienes también se les considera“indeseables”.
En síntesis, el carácter antidemocrático de la tradición política guatemalteca es resultado de una concentración de
relaciones sociales violentas, los efectos de la estructura económica de la hacienda -base de exclusiones múltiples-,
la persistencia de valores que giran en torno al racismo y la falta de espacios de participación social y política. A ello
se suma la existencia de un sistema judicial débil y parcial, que no garantiza el cumplimiento de la ley ni el respeto
de los derechos ciudadanos, lo que propicia los conflictos3
.
En este orden de ideas, el estudio que se presenta a continuación se planteó como objetivo clarificar el vínculo que
existe entre los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno y las ejecuciones extrajudiciales ocurridas
en el presente, evidenciando la continuidad de las prácticas y la reproducción de los patrones y estrategias para la
comisión de este delito.
A través del estudio ha sido posible establecer, que la práctica de la ejecución extrajudicial de personas continua
siendo una constante en Guatemala, atendiendo a que el Estado carece de una política eficaz y efectiva de
prevención, detección, investigación, persecución penal, responsabilización y reparación de los daños en casos de
ejecución extrajudicial, manteniéndose en la impunidad los hechos cometidos.
La ejecución extrajudicial en Guatemala afecta principalmente a personas adolescentes y jóvenes, habiéndose
ampliado el perfil de las víctimas, incluyendo ahora a grupos cuya existencia se convierte en“indeseable”, debido a
que sus formas de ser, pensar y/o actuar no se ajustan a lo“socialmente aceptado”.
Asimismo, los autores del delito han variado, ampliándose la responsabilidad del Estado, atendiendo a su
inactividad y a lo que puede ser interpretado como la política de dejar hacer y dejar pasar, poniendo de relieve
el mantenimiento de las condiciones estructurales que favorecen la eliminación física de personas; además del
inadecuado tratamiento y tramitación de los casos de ejecución extrajudicial, todo ello propiciando que este crimen
de lesa humanidad continúe oculto y en la impunidad.
2. Ibíd. Párrafo 37.
3. Supra. Párrafo 48.

GUATEMALA DEL SIGLO XX
CAPÍTULO 1

1. El etiquetamiento de personas
El“etiquetamiento o labelling approach”, es la teoría social que explica la forma en la cual quienes ostentan el
poder definen lo que debe ser considerado “antisocial”, y por lo tanto cuales son los mecanismos a utilizarse
para controlar la conducta y acciones de los“antisociales”.
Esta postura ha facilitado la comisión de graves hechos de violencia y violaciones a derechos humanos,
justificando la intervención y violencia estatal para la represión, persecución, castigo y neutralización de
aquellos etiquetados como antisociales, teniendo como base construcciones sociales elaboradas al amparo
de posturas excluyentes y racistas.
En tal sentido, una conducta considerada“desviada y/o antisocial”se concretiza cuando son aplicables reglas
de conducta que definen que comportamiento es aceptado y cuál debe ser evitado y/o eliminado; teniendo
como consecuencia el surgimiento e identificación del “desviado y/o antisocial”, siendo aquella persona que
se ajusta a la conducta definida como inaceptable, aplicándole exitosamente de esta forma la“etiqueta”social.
A lo largo de la historia de la humanidad es posible identificar diferentes “etiquetas”, diseñadas y aplicadas
hacia grupos que atentan contra el mantenimiento del poder, o la forma de vida de los“poderosos”.
La etiqueta no siempre es aplicada de igual forma para todos los grupos, debido a que una conducta calificada
como “desviada y/o antisocial” puede ser reprimida, perseguida y/o castigada dependiendo del autor de la
misma, por ejemplo el estigma que conlleva el uso de tatuajes dependiendo del estatus social o económico
de la persona.
El etiquetamiento de conductas desviadas y/o antisociales como objetivo de persecución del Estado, ha
generado en la práctica una serie de acciones de acoso y eliminación física de aquellas personas que son
consideradas como “enemigos”, debido a que sus conductas atentan contra el estado natural de las cosas
(status quo).
Uno de los casos que mejor ejemplifica este tipo de acciones, es el actuar de los Nazis durante la segunda
guerra mundial, quienes implementaron la eliminación de judíos, gitanos, homosexuales, mujeres
prostituidas, minusválidos y otros grupos sociales por considerar que sus conductas desviadas, antisociales
y contranaturales, afectaban y atentaban contra la forma de vida de los“ciudadanos alemanes de raza pura”.
Para el caso latinoamericano, la represión a gran escala fue implementada como respuesta a los intentos de
reformar regímenes militares que favorecían a pequeños sectores sociales (constituidos regularmente por quienes
ostentabanelpodereconómico)afectandogravementealapoblacióncivil,calificándoseestasaccionesreformistas
como conductas desviadas y/o antisociales, haciéndose“necesaria”su represión, persecución y eliminación.

Este tipo de iniciativas o movimientos fueron etiquetados de “comunistas” por lo cual era necesaria su
neutralización ya que atentaban contra la democracia pero principalmente, contra el sistema mismo y los
intereses de los sectores poderosos.
A la represión y etiquetamiento de estas iniciativas y movimientos, se le adjudicó como objetivo primordial“la
eliminacióndelaamenazacomunista”existenteenLatinoamérica,definiéndoseparaelloloquehoyseconoce
como la Doctrina de Seguridad Nacional, que fue adoptada por la mayoría de Estados latinoamericanos,
siendo implementada en Guatemala a partir de la contra-revolución (1954); como estrategia para combatir el
comunismo y controlar a la población.
La misma surge de la transformación de la Política de Seguridad Nacional estadounidense durante lo que
ahora se conoce como “guerra fría”1
, e implicó la ampliación de la política de Seguridad Nacional de Estados
Unidos para combatir amenazas externas hacia la forma de vida estadounidense, que para el período de la
guerra fría se materializó en la idea de “comunismo” y en la necesidad de combatirlo como una amenaza
global.
De tal forma, el enemigo a combatir podía y puede encontrarse en cualquier país del mundo, siendo un
“enemigo externo”, considerándose como tales a los grupos, ideologías, movimientos y organizaciones que
atenten contra el régimen estadounidense, mismo que se autodenomina “la democracia perfecta” y se auto
considera el modelo a seguir por otros países.
Esta noción de Seguridad Nacional fue trasladada a los países de América Latina a través de la política
exterior de Estados Unidos, introduciendo la idea de que, para lograr la seguridad del Estado y la sociedad,
era necesario que las fuerzas militares asumieran el control total de las estructuras estatales y de esta forma
vigilar, controlar y manipular a la población. A través de ella se explica y justifica la importancia de militarizar
e intervenir cualquier actividad estatal2
.
Entalsentido,sevaríalanocióndeenemigoexternoaplicableparalasaccionesestadounidenses,creándosela
noción de“enemigo interno”, aplicable para los Estados latinoamericanos que asumen la posición de combate
alcomunismo,entendiéndosequeelenemigointerno,ademásdelasguerrillas,[puede]sercualquierpersona,
grupo, movimiento o institución nacional que tuviera ideas opuestas a (las de) los gobiernos militares3
.
1 Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento ideológico que tuvo lugar durante el siglo XX, entre Estados Unidos y el bloque Oriental-Comunista liderado por la Unión Soviética que abarca
desde 1945 (fin de la Segunda Guerra Mundial) hasta la desintegración de la Unión de República Socialistas Soviéticas (URSS), entre 1989 y la caída del muro de Berlín en 1991. Este en-
frentamiento tuvo lugar a nivel político, ideológico, económico, social, tecnológico, militar, informativo e incluso deportivo. Durante este período nunca se emprendieron acciones bélicas,
razón por la que se denominó al conflicto“guerra fría”. Estas dos potencias se limitaron a actuar como «ejes» influyentes de poder en el contexto internacional y a la cooperación económica
y militar con los países aliados o satélites de uno de los bloques contra los del otro.
2 Seguridad que se traduce en el mantenimiento de las condiciones de marginalización, pobreza y exclusión de la gran mayoría de la población.
3 Leal Buitriago, Francisco. La doctrina de seguridad nacional: Materialización de la guerra fría en América del Sur. Páginas: 74-87. Revista de Estudios Sociales. No.15 (Junio 2003).

Su aplicación, conllevó la consideración y el etiquetamiento de cualquier manifestación y/o exigencia social,
como un problema subversivo y de seguridad nacional que debía [y debe] ser “disuadido y resuelto”mediante
el uso de la fuerza, con el objetivo de mantener el status quo.
La DSN fue desarrollada mediante la implementación de acciones puntualizadas por la política exterior
estadounidense; estas acciones se orientaban a combatir la noción de“enemigo interno”a través de las fuerzas
armadas en países latinoamericanos, con el fin de garantizar el orden y erradicar ideologías, organizaciones y
movimientos que pudiesen llegar a favorecer el comunismo, sin importar la violación sistemática a derechos
humanos.
En ese orden de ideas, se establece que son enemigos todas aquella personas u organizaciones que siendo
comunistas o no, traten de romper el orden interno. De tal suerte que cualquier lucha reivindicativa o
movimiento social en torno a lograr mejores condiciones de vida, tenencia de la tierra, mejoras salariales, etc.,
convertían inmediatamente a quienes participaran en ellas en“enemigo interno”4
.
Durante el conflicto armado interno, la DSN se operativizó a través de diferentes estrategias, entre las cuales
se destaca la institucionalización de la contrainsurgencia mediante la creación de estructuras estatales
con facultades para la investigación de “casos” y el arresto de personas, incorporando figuras legales que
justificaran su actuación5
.
Estas estrategias facilitaron y fortalecieron la cultura racista manteniendo las estructuras excluyentes y
favoreciendo a un sector minoritario de la población, enraizándose en las políticas de seguridad del Estado;
transgrediendo el hecho de la firma de los acuerdos de paz.
Las estrategias principales, de acuerdo a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), se materializaron
en el papel que jugó el Sistema de Inteligencia durante el enfrentamiento; la participación de otras Fuerzas
de Seguridad del Estado como la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, y el involucramiento de civiles
en el enfrentamiento armado, como los comisionados militares, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y los
escuadrones de la muerte.
El combate al enemigo interno incluyó la persecución a sectores sociales: organizaciones religiosas, políticas,
estudiantiles, o gremiales; basándose en la sospecha de su participación en actividades ilegales, es decir,
actividades que atentaban contra el orden establecido, o bien, que cuestionaban, se opusieran o discutieran
las disposiciones de los gobiernos liderados por militares.
4 Rímola Molina, Francisco Roberto y López Herrera, Rubén. La verdad detrás del diario militar. Desapariciones forzadas en Guatemala 1982.1985. Página 82; Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). Caso de la masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Noviembre 2009. Párrafo 70.
5 Domingo Cabrera, José Mariano. Políticas y prácticas contrainsurgentes contra la organización estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala 1970-1985. Página 4.

La organización social para la participación ciudadana, desde cualquier ámbito social, constituyó una
actividad ilegal desde la visión del Estado; estableciéndose en el imaginario social el miedo a participar o
relacionarse con personas cuyas actividades eran consideradas ilegales, por el temor a ser considerado un
“enemigo interno”.
La caracterización de la inteligencia construida alrededor de este modelo de Estado, dio como resultado el
surgimiento de fuerzas represivas dirigidas por las estructuras de inteligencia para la aplicación del control
social6
desarrollado a través del miedo7
, lo que hoy conocemos como la Estrategia del Terror, orientada a
mantener a la población en un permanente estado de miedo y terror.
En este contexto, la violencia, en especial la de tipo sexual se constituyó en una práctica para infundir terror en
la población, por su carácter público, indiscriminado y masivo. Estos ataques eran ejecutados con saña contra
las víctimas, quienes en muchos casos fueron mutiladas y empaladas. La violación masiva de mujeres y niñas y
la exposición de sus cuerpos son muestra de ensañamiento extremo, que revela la voluntad de sembrar terror
en la población para aniquilar toda expresión de oposición, rebelión y resistencia8
.
La CEH comprobó que, las secuelas sociales del terror todavía se hacen sentir en diversos ámbitos de la
sociedad, especialmente, por el trastrocamiento de los valores comunitarios que fundamentan la convivencia
social. Por esta razón, el terror no desaparece automáticamente cuando los niveles de violencia descienden,
sino que tiene efectos acumulativos y perdurables, los que exigen tiempo, esfuerzo y experiencias de nuevo
tipo para superarlos.
En la actualidad se continúa etiquetando personas, movimientos e ideologías, bajo la necesidad creada de
combatir a los “enemigos” que atentan contra la democracia, aunque bajo nuevas formas de organización y
nuevas doctrinas, ejemplo de ello es la“lucha globalizada contra el terrorismo”, que utiliza como herramienta
el Derecho Penal del Enemigo.
En esta “lucha” ha sido afectada la población civil; se ha perseguido y etiquetado negativamente a personas,
religiones, países, formas de ser, de actuar y de pensar justificando la intervención y el ejercicio del control
social en la esfera de lo privado, sin que haya sido legítimamente demostrada la necesidad de estas acciones.
6 El control social implica conocer y regular cualquier actividad desarrollada en una sociedad determinada, asegurando que la misma no se oponga, cuestione o atente con el mantenimiento
del orden establecido, es decir, se controla a la población para que nada cambie.
7 Domingo Cabrera. Ob. Cit. Página 23.
8 Fulchirone, Amandine y otros. Tejidos que lleva el alma. Memorias de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado interno. Página 178.

2. El conflicto armado interno
Como ya se mencionó, el conflicto armado interno es una de las etapas más violentas de la historia reciente
del país, en este momento histórico se cometieron graves violaciones a derechos humanos en Guatemala.
Durante su desarrollo, se constituyeron como fuerzas de seguridad del Estado responsables de implementar
estrategias y acciones orientadas a combatir al “enemigo/antisocial” de la época: el Ejército y sus unidades
(Tropas, Policía Militar Ambulante y Kaibiles), la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, las Patrullas de
Autodefensa Civil9
y los Comisionados Militares.
Adicionalmente, también fueron creados y puestos en funcionamiento otros grupos armados denominados
escuadrones de la muerte, cuya aparición se documenta en el año 1966 y entre los cuales puede mencionarse:
El Ejército Secreto Anticomunista, la Nueva Organización Anticomunista, La Mano Blanca, Ojo por Ojo,
Organización CERO, La Panel Blanca y a principios de la década de 1980, El Jaguar Justiciero.
Las fuerzas de seguridad del Estado recibieron entrenamiento para la ejecución de las operaciones diseñadas
para desarticular y eliminar al enemigo (contrainsurgencia); el entrenamiento consistente en la preparación
física y psicológica, mediante la cual se cometieron actos de extrema crueldad y graves violaciones a derechos
humanos (genocidio, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, entre las más graves)10
.
A través del entrenamiento, se estimuló el uso de la violencia como un sistema de formación, se inculcó un
esquema para la justificación de las acciones, se controló la obediencia a las órdenes a través de la práctica
de castigos físicos, se forzó la complicidad involucrando individualmente a los miembros de las fuerzas de
seguridad en las acciones contrainsurgentes, y se obtuvo su insensibilización frente al sufrimiento, lo cual
constituyó el primer paso del entrenamiento para la ejecución de las acciones violentas11
.
El repudio contra la vida entró a formar parte no sólo del modo en que se desarrollaron las acciones militares,
sino también del propio entrenamiento militar, en los que se manifestó el desprecio permanente contra la
dignidad y la vida de los soldados. Esta insensibilización también comprendió la celebración y la normalización
del horror como una ceremonia festiva. Las atrocidades cometidas fueron muy generalizadas y formaron parte
también del sistema de entrenamiento en esos años12
.
9 Se presume que se entrenó alrededor de un millón de patrulleros civiles. Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua). Linchamientos: un flagelo que persiste.
Párrafo 21.
10 Durante el período de entrenamiento, el nuevo soldado era sometido a rutinas que poco tienen que ver con la preparación militar propiamente dicha, pues consistían en prácticas inhu-
manas y aberrantes orientadas a generar una paulatina degradación de los valores, asegurando con ello la posterior utilización del soldado como un instrumento de actos absolutamente
reñidos con las normas elementales de respeto al ser humano. CEH, Ob. Cit. Capítulo II. Párrafo 878.
11 Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI).Guatemala Nunca Más. La Educación en la Violencia.
12 Ibíd.

Algunos de los casos registrados por el informe del Proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la
Memoria Histórica (REMHI), Guatemala: Nunca Más, y el informe de la CEH, Guatemala, Memoria del Silencio,
se refieren a actos de canibalismo, violaciones sexuales, desmembramientos, linchamientos, asesinatos con
extrema crueldad y tortura previa; crímenes con los cuales guardan un gran parecido algunos de los asesinatos
ocurridos en Guatemala durante los últimos cinco años.
La masacre cometida por fuerzas de seguridad del Estado en la comunidad de Las Dos Erres, se encuentra
entre los casos que ejemplifican, de manera trágica y lamentable las graves violaciones a Derechos Humanos
perpetradas a través de la actuación del Ejército durante la ejecución de operaciones contrainsurgentes;
hecho confirmado a través de la sentencia dictada por el Sistema de Administración de Justicia guatemalteco
contra cuatro de sus perpetradores en agosto de 2011 y confirmada en abril 2012, en la que se tiene como
probado el asesinato de 201 personas por miembros del Ejército de Guatemala.
Durante esta operación, fueron violadas en repetidas ocasiones mujeres y niñas a quienes con posterioridad
se les privó de la vida, se dio muerte a golpes a los niños, cuyos cuerpos fueron arrojados a un pozo, y la
mayoría de hombres fueron asesinados con armas de fuego de grueso calibre.
El entrenamiento militar y los conocimientos utilizados en el desarrollo de operaciones contrainsurgentes, y
las técnicas de inteligencia, fueron transmitidos por oficiales del Ejército a miembros de la Policía Nacional,
la Guardia de Hacienda, las Patrullas de Autodefensa Civil y a los Comisionados Militares, como herramientas
para el desempeño de sus funciones13
.
2.1 Las muertes selectivas y las operaciones de inteligencia
La definición de enemigo interno convirtió a miles de guatemaltecos y guatemaltecas, con o sin vinculación a
movimientos sociales, en“enemigos”y por lo tanto en objetivo de las acciones impulsadas por las fuerzas de
seguridad del Estado; de tal forma que el promover cualquier clase de cambio en el sistema, era considerado
una actividad subversiva y debía ser reprimida, la consigna … fue mantener el orden establecido (producto
de la explotación, la marginación, el sistema político democrático, etc.) a toda costa14
.
EntrelasaccionesplanificadasyejecutadascontralosenemigosdelEstado,sedestacaronlasmuertesselectivas,
tipificadas en la actualidad como ejecución extrajudicial. Las muertes selectivas fueron implementadas en su
mayoría en el municipio de Guatemala.
13 Las patrullas de autodefensa civil fueron entrenadas en combate individual, patrullas, inteligencia, captura e interrogación de prisioneros, uso de armamento y guerra ideológica. Minugua.
Ob. Cit. Los linchamientos: un flagelo que persiste. Párrafo 21
14 Rímola Molina. Ob. Cit. Página 82

Las víctimas, quienes propugnaban un cambio de un gobierno militar a uno civil y democrático y el cese de
la represión contra la población civil, pertenecían a organizaciones y movimientos estudiantiles, sindicales y
populares o se vinculaban con activistas sociales.
En las operaciones de inteligencia, la actuación policial resultó esencial en la producción sistemática de
información, tarea para la cual contó con una estructura administrativa y funcional amparada legalmente
bajo diferentes figuras, entre ellas Cuerpo de Detectives, el Departamento de Seguridad e Inteligencia, el
Departamento de Investigaciones Técnicas, Departamento de Investigaciones Criminológicas, la Sección de
Inteligencia, la Sección de Investigación Criminal (SIC) (entre otras), las cuales se vincularon directamente con
estructuras militares para la ejecución de sus funciones15
.
Para el desarrollo de operaciones en la ciudad, se utilizaron personas involucradas en redes delincuenciales y
con antecedentes penales, así como informantes civiles y operaciones que infiltraron estructuras organizativas
sociales y de la guerrilla, que conformaron los denominados “escuadrones de la muerte”, a través de su
actuación se elaboraron listados de potenciales“enemigos”a quienes posteriormente vigiló, dio seguimiento
y ejecutó.
…los escuadrones de la muerte fueron una fachada para las acciones encubiertas del Ejército y de las Fuerzas
de Seguridad. Una de las circunstancias que evidenció lo anterior, fue que los escuadrones pudieron ejecutar
a sus víctimas sin temer la intervención de otros agentes del Estado que con harta frecuencia se encontraban
presentes en el mismo lugar donde se producían los hechos16
.
2.2 Características de las muertes selectivas durante el conflicto
armado interno
A. Modus operandi
Muertes selectivas
Las muertes selectivas se caracterizaron por la extrema crueldad utilizada para su comisión. Se implementaron
acciones como el encubrimiento, la eliminación de sobrevivientes o testigos, pasando por el cruel y dramático
ocultamiento de cadáveres en cementerios clandestinos que privó a multitud de familias guatemaltecas de la
posibilidad de rendir culto a sus muertos17
.
15 Ibíd. Página 43.
16 CEH, Ob. Cit. Capítulo II. Párrafo 689. Jolón Morales, Carlos Estuardo. Noche y niebla en Guatemala. Una aproximación a las ejecuciones arbitrarias en la ciudad de Guatemala y su periferia
de 1979 a 1985. Página 89.
17 Ibíd. Párrafo. 1935.

Para la ejecución selectiva de personas, el Estado implementó una serie de estrategias destinadas a mantener
en el anonimato a los autores materiales e intelectuales de las muertes, utilizando diferentes medios para ello.
El encubrimiento de los crímenes fue común durante el conflicto armado interno, existiendo estructuras en
funcionamiento en las instituciones de administración de justicia, que obstaculizaban y frenaban cualquier
proceso orientado a la averiguación de la verdad.
Entre las tácticas utilizadas se encuentran las amenazas a funcionarios de justicia, el secuestro y asesinato de
jueces, así como la existencia de personas responsables de vigilar las actividades de éstos para garantizar que
se abstuvieran de realizar acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos18
.
Casos que ilustran estas situaciones son el asesinato del investigador e intimidación de miembros del
Ministerio Público y jueces que tenían a su cargo el caso Myrna Mack, al terminar de rendir su declaración, se
le acercó un representante del Ministerio Público y le dijo que acababa de firmar su sentencia de muerte. En
efecto, el detective Mérida Escobar inició esta declaración diciendo que temía por su vida. Fue asesinado el 5
de agosto de 1991 cuando se dirigía a la Procuraduría de Derechos Humanos19
.
Así también, amenazas, seguimiento y atentados contra el responsable de la investigación del caso Bámaca;
entre mayo y agosto de 1995 Arango Escobar recibió presiones, atentados y amenazas en razón de su
desempeño como fiscal especial en el caso Bámaca Velásquez. En particular, dicho funcionario fue objeto de
seguimientos, atentados con arma de fuego en su lugar de trabajo y amenazas telefónicas. El 2 de agosto de
1995, Arango Escobar renunció a su cargo como fiscal especial del caso20
.
Jueces y abogados fueron asesinados con el objeto de paralizar la justicia y toda acción de protección de los
derechos humanos y como estrategia para encubrir a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes,
obstaculizando la investigación criminal, y el juicio y castigo de éstos; provocando la inactividad del sistema
de justicia e incrementando sensiblemente los niveles de impunidad en el país21
.
Laeliminaciónfísicaylasamenazashaciasobrevivientesy/otestigos,tambiénfueunaprácticaquecontribuyó
al encubrimiento de los crímenes22
, ejemplo de ello es lo ocurrido durante la tramitación del caso Carpio
Nicolle, donde uno de los investigadores fue asesinado y los testigos fueron objetivo de intimidaciones, para
que se abstuvieran de prestar declaración23
.
18 CEH. . Ob. Cit. Capítulo II. Párrafo 1907.
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sentencia Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Noviembre 2003. Página 37.
20 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sentencia Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Noviembre 2000. Párrafo 89.
21 Ibíd. Párrafo 119
22 CEH, Ob. Cit. Capítulo I. Párrafo 588 al 590.
23 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sentencia Caso Carpio Nicolle Vs. Guatemala. Noviembre 2004. Página 16.

En el caso de la Panel Blanca, el 3 de octubre de 1997 la Comisión Interamericana informó a la Corte que
el señor Felicito Oliva Arias, quien rindió testimonio en las audiencias públicas sobre este caso, había sido
amenazado de muerte por el señor Oscar Augusto Díaz Urquizú, ex Director de la Guardia de Hacienda de
Guatemala, horas después de presentar su testimonio en la sede de la Corte en San José de Costa Rica24
.
En los casos de muerte selectiva, era común que los cuerpos de las víctimas fueran abandonados en
carreteras, ríos y en general en lugares donde pudieran ser fácilmente ubicados por la población. La CEH
registró un total de 23.671 víctimas de ejecución extrajudicial durante el enfrentamiento armado interno, el
Ejército fue responsable del 86% del total de ejecuciones arbitrarias. Las PAC fueron responsables del 21%,
los Comisionados Militares del 11%. Otras Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia de
Hacienda y otros), del 4%25
.
Encuantoalasmujeres,laejecuciónextrajudicialseatribuye,enalgunoscasos,alavinculaciónalasactividades
que realizaban sus esposos u otros familiares. Así también, se calcula que una de cada cinco víctimas de este
delito era niño, niña, anciano o anciana.
Las víctimas de una ejecución extrajudicial selectiva, recibían amenazas telefónicas, escritas y/o mediante la
publicación de sus nombres en listados de enemigos del Estado. En algunos casos, las fuerzas de seguridad
del Estado realizaron allanamientos a sus viviendas, y sustrajeron a las víctimas (desaparición forzada),
quienes aparecieron con posterioridad sin vida en lugares públicos (ejecución extrajudicial). Así también, se
estilaba eliminar a las víctimas en la vía pública en presencia cercana de las autoridades de seguridad, las
cuales presenciaban los hechos sin intervenir para evitarlos.
Cuando previo a la ejecución extrajudicial se daba una desaparición forzada, los cuerpos sin vida aparecían
desnudos en lugares públicos, presentando señales de tortura como: desmembración, mutilación de los
genitales, violación sexual, uñas de pies y manos arrancadas, señales de haber sido atadas de pies y manos,
quemaduras, señales de asfixia (por estrangulamiento, ahorcamiento, sofocación e inmersión), y con el “tiro
de gracia”26
. También se utilizaron ácidos para eliminar cara y huellas dactilares.
En general, el modo de matar, el día o las formas de huida quedaban a la elección del especialista encargado
del secuestro o asesinato, teniendo en cuenta que debía parecer una acción de delincuencia común o que
se dificultara su identificación (por ejemplo, en la oscuridad) en un momento adecuado (sin testigos) y
asegurándose que la persona no iba a quedar herida. Éste fue el sistema de numerosos asesinatos de líderes
o intelectuales, como Myrna Mack27
.
24 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sentencia Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Marzo 1998. Párrafo 54
25 Ibíd. Párrafo 1803.
26 Disparo en la base del cráneo o en la sien
27 REMHI. Ob. Cit. Las Ejecuciones. Cometer el efectivo.

Este modus operandi comparte similitudes con las muertes violentas acontecidas en la actualidad,
especialmente con los casos de mujeres y la juventud.
Muertes colectivas
Durante el conflicto armado [interno] el Ejército se inspiró en el conocido concepto maoísta que dice “la
guerrilla, apoyada por el pueblo, se desenvuelve dentro de éste como pez en el agua”, y puso en práctica la
estrategia de“quitar el agua al pez”, es decir, destruir las comunidades que pudieran apoyar a la guerrilla para
que ésta no pudiera sostenerse con el apoyo popular. Así es como el Estado racista planificó, ejecutó y justificó
uno de los genocidios más crueles e impunes de América Latina28
.
El Plan de Operaciones Sofía29
demuestra que, durante el gobierno de Ríos Montt, en 1982, hubo un plan
preconcebido hasta el último detalle para destruir toda señal de vida y convertir en cenizas el Área Ixil, que
incluye los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. En estos documentos
militares figuran los nombres de los responsables de los crímenes cometidos en la misión de exterminio; los
movimientos y los reportes de las patrullas que operaron; los faxes enviados entre los mandos en una cadena
que no se rompe; los “éxitos” obtenidos en la arrasada contra las comunidades indígenas y sus bienes30
. El
racismo constituyó un elemento fundamental para explicar la saña y discriminación con la que se llevaron a
cabo los operativos militares contra las comunidades indígenas del Occidente31
.
DeacuerdoalaCEH,en unamasacreconcurrenvariasejecucionesextrajudiciales(másdecinco)caracterizadas
por la comisión de graves violaciones a derechos humanos en un mismo acto. Durante las mismas se realizaron
torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas y violaciones sexuales. En las masacres también se ejecutaron
hechos aberrantes como la desmembración y mutilación de cadáveres, así como la destrucción de bienes
de personas, comunitarios y destinados al culto. Es este conjunto de hechos el que le otorga significación
histórica a las masacres32
.
A través del Plan “Sofía”, se puede comprobar, una vez más, no sólo el objetivo de destruir al enemigo
interno, sino la naturalización y animalización del mismo, de forma que a la población maya se le cosifica y
deshumaniza…33
.
28 Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Plan de operaciones Sofía. Guatemala 2004. Página 1. Disponible en: http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/ficheros/documentos/33_Qui-
tando%20el%20Agua%20al%20Pez.pdf
29 El Ejército entregó a los Tribunales de Justicia los dos primeros una versión más completa que la que había entregado a la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), pero decía haber
perdido el Plan“Sofía”(POS). A finales del 2009, la analista Kate Doyle recibía una de las veinte copias originales del POS. Ibíd. Página 1.
30 Supra. Página 1.
31 Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Ob. Cit. Página 4.
32 CEH. Ob. Cit. Capítulo III. Párrafo 3057.

B. Las víctimas
En el área urbana
En el año de 1966 se registra el primer caso de Desaparición Forzada de dirigentes y militantes del Partido
Guatemalteco del Trabajo (PGT). Durante este mismo año, también se registran las primeras Ejecuciones
Extrajudiciales de supuestos guerrilleros-comunistas, quienes fueron sometidos a interrogatorios por oficiales
del Ejército y posteriormente fueron ejecutados en secreto34
.
Durante la década de 1960-1970, se asignan funciones y tareas militares a los Comisionados Militares,
incluyéndose la persecución y captura de opositores que fueron acompañadas de métodos de represión
y terror (tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales), incorporándose de esta forma en la
ejecución selectiva de personas.
Fueron víctimas de estas prácticas activistas, sindicalistas y líderes comunitarios, debido a que representaban
una amenaza latente por las actividades de concientización y organización social que realizaban.
A finales de la década de los sesenta, agentes de Estado iniciaron la ejecución selectiva de líderes sindicales,
entre los que destacan Cesar Montenegro Paniagua 1970, Mario López Larrave 1977 y Mario Mujía Córdoba
1978; como parte de la estrategia para frenar el movimiento obrero en Guatemala, considerado una amenaza
por el Estado y el poder económico del país35
.
Uno de los sectores afectados de manera sensible durante el conflicto armado interno fue el académico-
estudiantil.Entresusvíctimasseincluyenmiembrosdeorganizacionesestudiantiles,catedráticosyestudiantes
universitarios, así como académicos sin vinculaciones políticas, maestros y estudiantes de educación media,
siendo población eminentemente joven.
Las acciones represivas y de constante acoso contra el sector académico estudiantil responden al papel activo
y constante que jugaron en la organización social para la participación política y para la denuncia de los
hechos de violencia que se sucedieron a lo largo del conflicto armado interno.
Su participación como actores políticos portadores de demandas populares, determinó que el Estado los
considerara enemigos, ya que sus acciones representaban un peligro para los regímenes políticos-militares
instaurados que les percibían como una amenaza a sus intereses.
34 CEH. Ob. Cit. Párrafo 416.

Su postura contraria a las acciones militares fue demostrada públicamente a través de actividades como
manifestaciones, interposición de acciones legales en defensa de sectores carenciados, organización política
y actividades educativo-formativas; acciones tendientes a la articulación de una oposición política real que
respondiera a las demandas populares.
Laarticulacióndelsectorestudiantilconllevóelapoyoalosmovimientossindicalesypopularesenlabúsqueda
de reivindicaciones sociales, …todo este consolidado organizativo de participación general del estudiantado
guatemalteco, dio como resultado una génesis político organizativa estudiantil, convencida de integrarse a
los procesos políticos que afectaban el país…36
Durante el desarrollo del conflicto armado interno37
, aconteció la muerte de cientos de personas vinculadas
al movimiento estudiantil y al sector académico en ataques directos que implicaron su desaparición forzada
y/o ejecución extrajudicial y en actividades como manifestaciones, donde se sucedieron enfrentamientos con
las fuerzas de seguridad del Estado.
La participación estudiantil expresada en el grupo Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco (FUEGO) que
luego se transformara en la Asociación de Estudiantes de Educación Media38
, y la intervención política de la
Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media (CEEM);
evidenció una intervención constante del sector estudiantil, como grupo político beligerante y activo de
oposición a las acciones represivas impulsadas por los Gobiernos militares. Como respuesta a ello, muchos de
sus participantes y líderes fueron brutalmente asesinados, como ejemplifican algunos casos que se enuncian
a continuación.
El 8 de junio de 1977 es asesinado el académico y abogado laboralista Mario López Larrave y con su muerte,
se pone en práctica la represión selectiva de dirigentes sindicales, estudiantiles, profesionales y catedráticos
de la Universidad de San Carlos, entre otros39
.
El 27 de julio de este mismo año fue capturado y secuestrado en la ciudad capital el dirigente estudiantil
Robin Mayro García Dávila40
, encontrándose su cuerpo sin vida una semana después en el interior del país, con
señales de haber sido torturado y muerto a martillazos41
.
37 Se fija como fecha de inicio del mismo el surgimiento del movimiento el 13 de noviembre de 1960 con el alzamiento de jóvenes militares que luego partieron al exilio.
38 Con la participación de estudiantes de la Escuela Normal Central para Varones, El Instituto Normal Centroamérica (INCA) y el Instituto María Luisa Samayoa Lanuza. Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag). Era tras la vida por lo que íbamos… Página 47.
39 CEH. Ob. Cit. Capítulo II. Párrafo 1979.
40 Robin García fue miembro de FUEGO y a su ingreso a la Universidad se integró al movimiento estudiantil universitario, conformando el grupo FUERZA.

El entierro de Robin García en 1977, constituye la marcha de duelo más grande en la historia de la Universidad
de San Carlos. En ella el 5 de agosto más de 50,000 personas acompañaron su ataúd. El entierro, a la vez
manifestación silenciosa, paralizó el tránsito en la ciudad. García, apenas terminando su adolescencia,
se convirtió en uno de los principales mártires del movimiento estudiantil. En 1978 se hizo símbolo del
movimiento revolucionario, cuando su nombre fue adoptado por el Frente Estudiantil Revolucionario“Robin
García”–FERG–42
.
Al año siguiente (1978) Oliverio Castañeda de León, secretario general de AEU es asesinado el 20 de octubre
al finalizar la marcha conmemorativa de la Revolución de 1944, después de un mitin en el que figuraba como
orador43
. Durante su participación político-estudiantil Oliverio Castañeda de León encabezo protestas por
las masacres ocurridas en el interior del país y protestas contra el aumento al precio del pasaje urbano que
conllevaron a una huelga que paralizó la ciudad capital durante más de 15 días. La AEU lleva su nombre como
homenaje a su lucha reivindicativa.
Otro sector objetivo de esta práctica es el representado en los partidos políticos de la época, teniendo la
misma finalidad que en el caso del sector sindical, universitario y profesional desarticular los movimientos y
organizaciones ejecutando a sus líderes y militantes de base; con ese fin sucedieron numerosas ejecuciones
arbitrarias de militantes de partidos políticos, particularmente, del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), la
Democracia Cristiana (DC), el Partido Revolucionario (PR) y el Frente Unido de la Revolución (FUR)44
.
A principios de la década de los ochentas el perfil de las víctimas de muertes selectivas comenzó a ampliarse
en la ciudad capital a grupos cuya existencia fue considerada indeseable, siendo víctima la niñez de la calle.
Entre 1982 y 1983, el Ejército y la Policía Nacional recogía niños y niñas de la calle para torturarles… algunos
eran ejecutados45
.
En 1989, con la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de la dirigencia estudiantil representada en la
AEU, se debilita aún más la participación del movimiento estudiantil. Las muertes de políticos, sindicalistas,
académicos y líderes estudiantiles disminuyeron sensiblemente la fuerza del movimiento organizado de
oposición a las acciones impulsadas desde los gobiernos militares.
En los noventas se operan cambios importantes en la esfera político-nacional que marcan el inicio de las
conversaciones para el cese del conflicto armado interno, aunque caracterizados al igual que los anteriores,
por acciones contra dirigentes estudiantiles, sindicales y sociales. Como se mencionó, uno de los casos que
ilustra estas acciones es el asesinato de la Antropóloga Myrna Mack Chang en septiembre de 1990 a manos de
agentes del Ejército, caso paradigmático que fue condenado a nivel nacional e internacional.
42 Odhag Ob. Cit. Era tras la vida por lo que íbamos...Página 53.
43 Ibíd. Páginas 56 y 57.
45 Samayoa, Claudia y Aguilar, Arturo. Deudas de la transición: ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas. Página 94.

En esta década se incluyen otros perfiles en la persecución y eliminación de personas, sumándose grupos por
considerárseles“indeseables”más que por atentar contra el“orden militar”, como fue el caso de la niñez de la
calle en los ochentas, ampliándose nuevamente el perfil de las víctimas de ejecución extrajudicial.
En tal sentido, se conoce de la desaparición y asesinato de niños de la calle, responsabilizándose a elementos
de las fuerzas de seguridad del Estado de estos hechos. La Policía Nacional, en abierto abuso de poder
desapareció forzosamente y ejecutó a varios de ellos, hecho probado en la sentencia dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Niños de la Calle (Villagran Morales y otros) vs. Guatemala46
,
en el cual se declara la responsabilidad del Estado de Guatemala basándose en las numerosas y concurrentes
evidencias de la participación de agentes de Estado (agentes de la Policía Nacional), en el asesinato de Henry
Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez
Cifuentes y Anstraum Aman Villagrán Morales.
En el mes de abril de 1992, el escuadrón denominado Hunapú (conformado por la Policía Nacional y la Guardia
de Hacienda) ejecuta al estudiante universitario Julio Cuc Quim y deja heridos a otros siete en las cercanías del
Paraninfo Universitario durante las actividades previas al Desfile de la Huelga de Dolores de ese año47
.
Los ataques, la represión y la persecución contra el movimiento estudiantil es una constante durante el
conflicto armado interno, de tal forma que previo a la suscripción del acuerdo de paz firme y duradera, el
11 de noviembre de 1994 es atacado Mario Alioto López Sánchez, estudiantede la Facultad de Derecho de
la USAC, quien muere en el hospital por desangramiento a raíz de los golpes provocados por agentes de la
policía tras ser baleado y capturado durante una protesta contra la alza en la tarifa del transporte en la entrada
a la Ciudad Universitaria48
.
Las ejecuciones arbitrarias jugaron un papel fundamental y ayudaron a establecer un amplio control social,
que destruyó la oposición al sistema, ya fuera por la eliminación misma, el exilio o por el temor a represalias
que limitó a los individuos a cualquier vinculación a alguna causa social que pudiera ser juzgada como
irreverente ante el gobierno49
.
En el área rural
En Estados pluriétnicos y pluriculturales, donde existen minorías étnicas o mayorías minorizadas, como
Guatemala, y donde el racismo ocupa un lugar primordial en la estructura social, en la ciencia y en la estructura
de poder, éstas prácticas, actitudes y manifestaciones contribuyen a la ejecución de actos y prácticas sociales
de genocidio, existiendo una relación directa entre racismo y genocidio50
.
46 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sentencia caso de los“Niños de la Calle”(Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Noviembre 1999.
47 CIDH. Casos Guatemala.
48 Kobrak, Paul. En pie de lucha. Organización y Represión en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1944 a 1996. Anexo I.
49 Jolón Morales. Ob. Cit. Página 89.

En el contexto del conflicto armado interno se desarrollaron operaciones militares con el fin de exterminar a
la población indefensa, actos denominados masacres51
, especialmente durante el período que va de junio de
1981 a diciembre de 1983.
El exterminio de la población indígena fue, sin duda, obra del Ejército y de la élite de poder durante la fase más
álgida de la guerra, que costó la vida, según la CEH, a más de 200.000 personas, de las cuales más del 83% eran
mayas, provocando actos de genocidio contra la población indígena52
.
Esta violencia tuvo un trasfondo racista, en la medida en que se trató de exterminar al pueblo maya,
declarándolo enemigo interno, hecho documentado en las conclusiones y recomendaciones de la CEH.
Los líderes locales y comunitarios, muchos de ellos antiguos agraristas53
y miembros de ligas campesinas,
fueron objetivo de muertes selectivas, debido a que eran considerados la base social del movimiento
insurgente, y por tanto enemigos del Estado. Entre las víctimas se cuentan agricultores, jornaleros, mozos
colonos, trabajadores de fincas y demás pobladores de las comunidades rurales54
.
Así también, se presentaron como una amenaza y fueron considerados enemigos varios miembros del sector
religioso, contándose entre las víctimas sacerdotes, catequistas y fieles integrados en las organizaciones de
base de la iglesia.
Elnúmerodecatequistasasesinadossuperaalossacerdotes,yaquelosprimeroseranpartedelascomunidades
y orientaban sus acciones y esfuerzos a tratar de aliviar materialmente la pobreza y el sufrimiento de la
población, alentando a las personas a organizarse para defender sus derechos55
.
En varias aldeas, los soldados, los comisionados o los patrulleros, empleando listas de nombres, buscaban a
los catequistas a quienes imputaban su pertenencia a la guerrilla. Éstos fueron perseguidos en las iglesias,
puestos de trabajo o en sus casas, siendo torturados y/o ejecutados de forma cruel, frecuentemente delante
de sus vecinos56
.
Del total de violaciones contra los derechos humanos que afectaron a la vida y a la integridad física, el 70%
se cometieron contra mayas y solo el 10% contra ladinos; en cuanto a víctimas registradas, el 89% fueron
maya hablantes y procedieron de municipios mayoritariamente indígenas y de los pueblos: K´iche´, Q’eqchi’e
y Kakchiquel.
51 La CEH estableció que una masacre es la ejecución arbitraria de más de cinco personas, realizada en un mismo lugar y como parte de un mismo operativo, cuando las víctimas se encon-
traban en un estado de indefensión absoluta o relativa. Capítulo II. Párrafo 3058
53 Que buscaban beneficiarse de la reforma agraria impulsada por el denominado Gobierno de la Revolución (1944-1954)
54 El 42% del total de víctimas identificadas y registradas por la CEH corresponde a este sector
55 Ibíd. Capítulo II. Párrafo 1967.
56 Supra. Párrafo 1971.

El pueblo K’iche’ fue el más afectado, habiendo sufrido el 25% de las ejecuciones arbitrarias en masacres,
seguidos por los Kaqchikel (14%), los Ixil (13%), los Q’eqchi’e (11%), los Achi (8%), los Mam (6%) y los Chuj (5%).
El 7% de las víctimas ejecutadas en masacres eran ladinos57
.
Algunas de las masacres cometidas durante este período en Guatemala, permiten comprobar cómo en las
formas de violencia (tortura, aniquilación en contra de las mujeres, niños e indígenas) hubo una planificación
y estrategia previa desde el alto mando, una intencionalidad diseñada desde la cúpula militar destinada a
exterminar físicamente a un pueblo y a su descendencia58
.
En estos hechos, el 23% de las víctimas fueron mujeres frente a un 77% de víctimas hombres. Del total de
víctimas con edad conocida, los niños conforman el 20% de las personas muertas por ejecución extrajudicial
arbitraria durante el conflicto armado interno59
.
C. Los victimarios
El Ejército
De acuerdo al informe de la CEH, el Ejército es responsable del 85% de las violaciones a los derechos humanos
registradas cuyas víctimas mayoritariamente, pertenecían a la población maya residente en el altiplano del
país.
Estas operaciones se enmarcaron en la lucha contrainsurgente y respondieron a planes de operaciones
elaborados con el fin de combatir al “enemigo interno”, estos delitos en su mayoría fueron cometidos entre
1980 y 1984; acciones que se enmarcan dentro del Plan de Operaciones Sofía y el Plan Victoria 82.
Enlosañosquevandesde1980a1984,elEjércitoconcentrósustropasenelterritoriooccidentaldeGuatemala
para quitar lo que consideraba la potencial base civil de la guerrilla60
.
Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)
De acuerdo a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua)61
, las patrullas de
autodefensa civil fueron entrenadas [por el Ejército] en combate individual, patrullaje, inteligencia, captura e
interrogación de prisioneros, uso de armamento y guerra ideológica.
57 CEH. Ob. Cit. Capítulo II. Párrafos 3080 y 3081.
59 Supra. Párrafos 2376 y 2491.
60 Méndez, Luis. Guatemala: la persistencia del terror estatal. Disponible enhttp://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-27/guatemala-la-persistencia-del-terror-estatal
61 Minugua. Ob. Cit. Linchamientos: un flagelo que persiste.Párrafo 21

Entrenamiento que sirvió para la ampliación de las fuerzas armadas, y facilitó el involucramiento de la
población civil en los enfrentamientos. El Ejército reclutó y entrenó a más de un millón de Patrulleros Civiles62
.
A las PAC se les atribuye el 18% de las violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado
interno, y a pesar de haber sido desarticuladas luego de la suscripción de los acuerdos de paz, las patrullas
aún continúan articuladas y funcionando en el interior de la República, y se encuentran exigiendo una
remuneración por los“servicios”que prestaron al Estado durante el conflicto armado interno.
Los Comisionados Militares
La figura de los comisionados militares fue creada el 9 de julio 1938 mediante Acuerdo Gubernativo, con el fin
de realizar citaciones, reclutamientos, capturas de delincuentes…, y en general [cumplir] con comisiones del
ramo de guerra63
.
Durante el conflicto armado interno, los comisionados tuvieron una participación activa en las operaciones
militares de lucha contrainsurgente, gozando de total impunidad. Posterior a la creación de las PAC, los jefes
de éstas fungieron como comisionados militares.
A los comisionados militares se les atribuye el 11% de las violaciones a derechos humanos y hechos de
violencia durante el conflicto armado interno.
La Policía Nacional (PN)
Los operativos implementados por la PN durante el conflicto armado interno, contaron con una elaborada
construcción y con recursos suficientes para su ejecución. Estas situaciones se evidencian en la eliminación
selectiva de personas realizada en la ciudad capital, donde muchas de las personas ejecutadas habían sido
controladas durante largos períodos de tiempo. De acuerdo a la CEH, el 4% de las violaciones a derechos
humanos y hechos de violencia fueron ejecutados por otras fuerzas de seguridad, entre ellas la disuelta Policía
Nacional.
La planificación de estas acciones fue realizada al más alto nivel jerárquico de la estructura militar, donde se
establecía quienes eran los enemigos y cuáles eran las formas de neutralizarlos; quienes ejecutaban estas
acciones contaban con un entrenamiento específico para ello64
.
El componente ideológico fue fundamental para la ejecución de las operaciones contrainsurgentes; para
ello, el Ejército se valió de un fuerte adoctrinamiento en la formación de oficiales, quienes transmitían estos
conocimientos e ideologías a sus subalternos en la institución castrense y a otros estratos sociales. Durante
62 Ibíd.
63 CEH. Ob. Cit. Capítulo II. Párrafo 1193 al 1195.
64 CEH. Ob. Cit. Capítulo II.Párrafos 930 y 3126.

la formación ideológica fue fundamental la participación de guatemaltecos en la Escuela de las Américas
ubicada en Panamá, luego en centros de entrenamiento en Estados Unidos, y finalmente en centros de
formación académico-militar creados en Guatemala65
.
En la actualidad, el descubrimiento y estudio del Archivo Histórico de la PN ha proporcionado información
sobre la forma en la cual operaba la inteligencia“civil”del Estado.
D. Respuesta del Estado
Una de las estrategias de los autores intelectuales de estos hechos, era culpabilizar de forma casi inmediata
como responsables de estas acciones a estructuras de crimen o de cuerpos clandestinos de seguridad sobre
los cuales “no tenían control”; obstaculizando de esta forma procesos de investigación. Asimismo, el silencio
impuesto en el interior del país les permitió actuar impunemente.
La mayoría de las ejecuciones arbitrarias cometidas por agentes del Estado y por grupos paramilitares, se
complementaron con otros actos y maniobras orientadas a evitar o entorpecer la investigación de los jueces,
intensificando el clima de impunidad. El terror generalizado antes descrito, creó una situación de intimidación
masiva tal que una investigación seria de las actuaciones de las fuerzas contrainsurgentes era poco probable.
Familiares de las víctimas abrumadas por el miedo, no buscaron a las autoridades encargadas de investigar
las ejecuciones arbitrarias; y éstas a su vez, en los pocos procesos que tenían asignados, no respondieron con
investigaciones adecuadas. Actividades estrechamente asociadas a la práctica de ejecución arbitraria fueron
implementadas para ocultar la identidad de los autores y de las víctimas, facilitando la virtual impunidad con
que obraron los agentes del Estado66
.
El terror que se desató durante los Gobiernos militares desestructuró las organizaciones sociales, políticas y
profesionales existentes, afectando la administración de justicia. Jueces y abogados fueron asesinados con
el objeto de paralizar la justicia y toda acción de protección a los derechos humanos así como para encubrir
a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, obstaculizando la investigación criminal, el juicio
y el castigo de éstos; lo cual provocó la inactividad del sistema de justicia e incrementó e institucionalizó la
impunidad en el país.
A su vez, la omisión del sistema judicial en operar los recursos de exhibición personal y poner freno al abuso
de poder, se tradujo en complicidad respecto a sostener una apariencia de legitimidad para el nuevo régimen
contrainsurgente y contribuyó al incremento de la violencia e impunidad67
.
65 CEH. Ob. Cit. Capítulo II. Párrafo 769 y; http://telesurguatemala.blogspot.com/2010/03/la-escuela-de-las-americas-la-escuela.html
66 CEH. Ob. Cit. Capítulo II. Párrafo 1907
67 Ibíd. Capítulo I.Párrafo 420.

3. Violencia post-conflicto
Posterior a la firma de los acuerdos de paz, la presencia y el mandato de Minugua, es ampliado con el fin de
verificar la implementación y cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el Estado de Guatemala y la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG); y para monitorear e informar acerca de la situación de
respeto a los DDHH en Guatemala68
.
También es instalada la Comisión del Esclarecimiento Histórico, la cual elabora y publica el informe Guatemala:
Memoria del Silencio, como parte de los compromisos asumidos en los acuerdos. Adicionalmente, la Iglesia
Católica implementa el Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que cual elabora
y publica el informe Guatemala: Nunca Más. Ambos informes registran los horrores del conflicto armado
interno69
.
La suscripción de los acuerdos de paz fortalece la apertura para la denuncia y persecución penal de casos que
implican graves violaciones a derechos humanos en el ámbito nacional, y la agilización de casos tramitados
ante la justicia internacional; de tal forma que en el año 1998 la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) dicta sentencia en el Caso de la“Panel Blanca”(Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala; en 1999 dicta
sentencia en el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. En ambos casos
condena al Estado de Guatemala por crímenes de lesa humanidad en los cuales tuvieron participación directa
agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales70
.
A finales de la década de 1990 y principios de la década del 2000, se intensifican los secuestros, linchamientos
y ejecuciones extrajudiciales de niños y niñas de la calle, y se implementa la práctica denominada “limpieza
social”orientada a la eliminación física de pandilleros y supuestos pandilleros, justificando estos hechos en la
necesidad de imponer orden y combatir la delincuencia, ante la inactividad del Estado y su poca capacidad de
brindar seguridad a la población, argumentando que “se aplica justicia por mano propia”.
Muchas de las muertes violentas de la post-guerra revisten características de las arbitrariedades y atrocidades
cometidas durante el enfrentamiento armado.
Quienesrealizaronestetipodehechos,sevalierondelosconocimientosaprendidosdurantesuentrenamiento
en las fuerzas armadas para la ejecución de los mismos.
68 Minugua fue creada de conformidad con lo dispuesto en la resolución 48/267 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1994. Minugua se estableció con el mandato de verificar el
cumplimiento del Acuerdo global sobre derechos humanos, firmado por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en México, D.F., el 29 de
marzo de 1994 (A/48/928-S/1994/448, anexo I)
69 En abril de 1998 es asesinado Monseñor Juan Gerardi Conedera, director del proyecto REHMI; muerte por la cual son condenados miembros del Ejército guatemalteco.
70 CIDH. Casos Guatemala.

El ex presidente Álvaro Arzú, en declaraciones públicas realizadas en agosto (de 1996) afirmó que la industria
del secuestro involucra tanto a militares como a políticos y otros civiles. Por su parte, informes de Minugua
sostenían que agentes del Estado, en conexión con ex agentes estatales y civiles, operan en amplias redes del
crimen organizado71
, prácticas mantenidas a la fecha72
.
Encuantoalfenómenodeloslinchamientos,Minuguaregistróuntotalde421casosdeenero1996adiciembre
de 2001, de los cuales 215 víctimas fueron mortales y 622 personas heridas73
. De acuerdo a Minugua, en las
comunidades donde se documentaron los hechos, los modelos de convivencia y la distribución del poder
social que existía fueron destruidos a causa del conflicto armado interno y cuando sucedieron los hechos aún
no había dado inicio la reestructuración del tejido social, ni de los modelos de convivencia o de gestión de
conflictividad social.
Además, el informe agrega que estas comunidades fueron militarizadas en su totalidad. Con la implantación
deestructurascivilescontrainsurgentes,sedesestructuróelsistemadeautoridadlegítimodelascomunidades,
y se impidió el uso de sus propias normas y procedimientos para regular la vida social y resolver conflictos.
Se impuso un modelo social militarizado, tanto por la influencia del Ejército como de la guerrilla, que valoró
las conductas agresivas y defensivas y el verticalismo jerárquico, en lugar del diálogo democrático y la
construcción de consensos74
.
Minugua también constató que, la forma en la cual se instigan o ejecutan los linchamientos se utilizan
procedimientossimilaresalosaplicadosenelconflicto,atendiendoaquesedesarrollancongranensañamiento
y en forma pública, con impunidad de los perpetradores, existiendo linchamientos planificados. La Misión
documentó casos en los cuales el motivo que justificaba estas acciones era totalmente falso y tras él se
escondían otros intereses, mostrando el nivel de manipulación alcanzado75
.
De la misma forma, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) documentó 579 linchamientos
de enero 2004 a junio 2011, registrando 798 personas heridas y 251 víctimas mortales76
. Esta situación
demuestra el traspaso de culturas violentas, mayormente en las comunidades donde la práctica se mantiene,
lugares en los cuales ex comisionados militares y ex patrulleros civiles son actualmente“líderes comunitarios”.
71 CEH. Caso ilustrativo 103; Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua). Sexto Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre
la verificación de los Acuerdos de Paz en Guatemala Junio 2001.Párrafo 62.
72 En el 2012 han sido detenidos más de 15 policías y 5 miembros del Ejército acusados de participar directamente en secuestros.
73 Minugua. Ob. Cit. Linchamientos un flagelo contra la dignidad humana.Página 2.Linchamientos un flagelo que persiste. Página 2.
75 Minugua. Ob. Cit. Linchamientos un flagelo que persiste.Páginas 4 y 5
76 Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Muerte violenta por linchamientos, casos y víctimas a junio 2011.

En cuanto a los casos de niñez “de y en la calle”, en el año 200077
, la organización Casa Alianza presentó ante la
CIDH seis casos de niños de la calle asesinados entre 1990 y 1994, algunos de ellos brutalmente torturados y
cuyas muertes nunca fueron suficientemente investigadas por las autoridades guatemaltecas78
.
De acuerdo a Minugua, el sustancial aumento de las amenazas de muerte durante la estadía de la Misión
en Guatemala, se atribuye principalmente a la Policía Nacional Civil (PNC) y personas relacionadas con el
Ejército79
; destacando el hecho de que el uso desproporcional de la fuerza por la PNC durante interrogatorios
fue la causa más recurrente de las Ejecuciones Extrajudiciales80
.
En este informe Minugua reporta la documentación de casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes,
tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la PNC,
específicamente de la Sección de Investigación Criminal (SIC)81
.
También reporta: La difícil situación de la Policía Nacional Civil es uno de los problemas más serios del proceso
de paz. La actitud constante de negligencia que existe desde 1998 ha transformado la institución responsable
de garantizar la seguridad pública en la principal fuente de violaciones de los derechos humanos que hay
en el país en la actualidad. La Misión confirmó la responsabilidad policial en siete ejecuciones extrajudiciales
(y un intento de asesinato) en 1998. Estas cifras ascendieron a 20 muertes (con dos intentos de asesinato)
en 1999, 16 muertes (y 18 intentos de asesinato) en 2000, 40 muertes (y 19 intentos de asesinato) en 2001,
y 43 muertes (y 10 intentos de asesinato, con 10 casos aún bajo investigación) en 2002. MINUGUA también
ha verificado un promedio de 66 casos de tortura y 165 casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza al
año entre 1999 y 2002. Además, la Misión recibe cada vez más información sobre la participación policial en
actividades de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y limpieza social en todo el país82
.
A raíz de la inminente finalización del mandato de Minugua en el país, en 2002 la labor de monitoreo de la
situación sobre Derechos Humanos en Guatemala es asumida por la Oficina del Procurador de los Derechos
Humanos, quien publica anualmente el Informe Anual Circunstanciado de la Oficina del Procurador de los
Derechos Humanos (PDH).
77 En enero del año 2000, asume la presidencia Alfonso Portillo nominado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido político que albergaba entre sus máximos
dirigentes a el ex general José Efraín Ríos Montt, jefe del gobierno defacto de 1982-1983 quien fungió como diputado al Congreso Nacional de la República durante tres períodos (1996-
2000; 2000-2004 y 2008-2012).
78 CIDH. Comunicado de Prensa 2/00. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp
81 Minugua. Ob. Cit. Sexto Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la verificación de los Acuerdos de Paz en Guatemala.Derecho a la integridad personal y a la vida.
82 Misión de Verificación de las Naciones Unidas (Minugua). Decimocuarto Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la verificación de los Acuerdos de Paz.
Noviembre 2003. Párrafo 25.

EL ESTADO DE GUATEMALA Y
LOS CRÍMENES DE LESA
HUMANIDAD
CAPÍTULO 2

1. Los crímenes de lesa humanidad
La definición de lo que hoy conocemos como crímenes de lesa humanidad, es una construcción desarrollada
a través del juzgamiento de graves violaciones a derechos humanos cometidas por los Estados miembros de
las Naciones Unidas (UN) en tiempo de guerra o de conflicto armado interno; lo cual ha sido posible a través
de la instalación de Tribunales Militares y/o de Derecho Penal Internacional.
Estas instancias se han constituido como mecanismos idóneos para el juzgamiento y castigo de crímenes
de lesa humanidad ante la inactividad de los sistemas judiciales en cada país y como garantía de que tales
hechos no quedarán impunes.
Los crímenes de lesa humanidad se han caracterizado por la extrema crueldad utilizada para su comisión, lo
irracional de sus motivaciones y la indefensión de las víctimas ante tales ataques, situaciones que afectan a la
humanidad en su conjunto y no solo a las poblaciones que han sido víctimas directas de los ataques.
En estos casos, ha sido común la participación de los Estados como autores intelectuales y materiales a través
de las fuerzas armadas; o bien se constituyen en autores por omisión al no actuar en defensa de la población,
ignorando y obviando su obligación de protección como parte del cumplimiento de sus deberes.
Elincumplimientodeldeberdeprotecciónylaejecucióndeactosconstitutivosdecrímenesdelesahumanidad
por parte de los Estados es uno de los elementos a tomar en cuenta para identificar acciones que configuran
los crímenes de lesa humanidad, atendiendo a que el Estado es el obligado a proteger, garantizar y defender
la vida y la integridad de sus habitantes, y en los crímenes de lesa humanidad, es quien ha violentado tales
derechos, llegando al punto de casi exterminar pueblos y naciones enteras, tal y como ocurrió en el caso
guatemalteco.
El primer tribunal internacional de crímenes de lesa humanidad es el Tribunal Militar Internacional de
Núremberg, creado el 06 de octubre de 1945. El mismo tuvo como objetivo el enjuiciamiento y la sanción de
los principales criminales de guerra del eje europeo, siendo en su mayoría alemanes nazis involucrados en el
exterminio judío ocurrido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.
El segundo tribunal creado fue el Tribunal Penal Militar Internacional del Lejano Oriente, conocido también
como Tribunal de Tokio. Ante él se desarrollaron los juicios de Tokio, organizados contra los imputados de
los crímenes recogidos en el Estatuto o Carta de Londres suscrita el 8 de agosto de 1945. La jurisdicción del
mismo fue exclusiva para Japón, realizando juicios contra individuos particulares, miembros del ejército y de
la administración japonesa involucrados en la Segunda Guerra Mundial.

El 08 de noviembre de 1994 fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el Tribunal Penal
Internacional para Ruanda (TPIR), con el fin de perseguir, arrestar, juzgar, condenar y ejecutar a los autores o
promotores del genocidio ruandés. La temporalidad de los hechos competencia delTPIR se comprende entre
el 01 de enero y el 31 de diciembre de 1994.
También se conoce de la existencia y funcionamiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
(TPIY) establecido por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 25 de mayo de 1993,
siendo su nombre oficial Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la exYugoslavia desde
1991. ElTPIY tuvo jurisdicción internacional para perseguir y procesar a personas naturales (no organizaciones
públicas o privadas).
Y más recientemente, se estableció la Corte Penal Internacional (CPI) bajo el Estatuto de Roma, creado por
la necesidad de contar con un tribunal internacional permanente con jurisdicción a nivel mundial y con la
capacidad de investigar, perseguir y juzgar crímenes de lesa humanidad. La CPI fue establecida el 17 de julio
de 1998 en Roma-Italia.
Adicionalmente existen Tribunales Regionales o de Organizaciones Regionales, entre los cuales se cuentan:
• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, creado en 1950, el cual conoce los asuntos relativos a la
interpretación y aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos.
• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, creado en 1957, su competencia ratione materiae83
es obligatoria en la mayoría de los casos y más diversificada que otro tribunal internacional. La
legitimación no corresponde sólo a los Estados, sino a órganos comunitarios y a particulares. La
solución de controversias es sólo una de sus funciones.
• LaCorteInteramericanadeDerechosHumanos,creadaporlaConvenciónAmericanasobreDerechos
Humanos en 1969. Su competencia material es especializada y sólo es aplicable a los Estados que
son parte de la Convención promulgada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
• El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN), creado en 1979 mediante la suscripción
del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, su función es ejercer
control de legalidad sobre las actuaciones judiciales de los países miembros e intervenir cuando
le sea requerido para la solución de controversias derivadas de: acción de nulidad, acción de
incumplimiento, interpretación prejudicial, el recurso por omisión o inactividad, la función arbitral y
la acción laboral84
.
83 Por razón de la materia
84 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo=SA&title=tribunal-de-justicia-de-la-comunidad andina.

Los cinco estatutos (Núremberg, Tokio, ex Yugoslavia, Ruanda y Roma) establecen los hechos que deberán
ser considerados crímenes de lesa humanidad, delimitación que ha sido construida tomando en cuenta las
consecuencias de las acciones que dieron origen a los estatutos, mismas que fueron descubiertas luego de
finalizados los conflictos.
El Estatuto de Núremberg y su protocolo dieron lugar a la creación del primer Tribunal Militar Internacional,
brindando la definición de lo que se entenderá por crimen de lesa humanidad: CRÍMENES CONTRA LA
HUMANIDAD es decir, el asesinato, el exterminio, esclavitud, la deportación, y otros actos inhumanos
cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o las persecuciones por las razones
persecución política, racial o religiosa, o cuando estos atenten, o constituyan una violación del derecho
interno del país donde se ha perpetrado, o cualquier crimen de la competencia del Tribunal o que esté en
relación con estos delitos.
Sin embargo, el Estatuto de Roma no realiza una definición exacta de los crímenes de lesa humanidad,
únicamente los regula en su artículo siete, en el cual incluye el asesinato (ejecución extrajudicial) y la
desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad, cuando sean cometidos como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
1.1 El deber y obligación de cuidado del Estado de Guatemala
ElEstadodeGuatemala,comocualquierotroEstado,tieneeldeberylaobligacióndeprotegerasushabitantes
ante cualquier amenaza que ponga en riesgo su vida e integridad física y mental.
Para ello, el Estado debe asumir medidas de protección eficaces ante las acciones de particulares que
amenacen o vulneren el derecho a la vida de quienes habitan y coexisten en su territorio; así como medidas
que permitan ejercer un control efectivo sobre el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad
en el ejercicio de sus funciones, para que las acciones realizadas por el Estado a través de sus funcionarios se
ajusten a los parámetros internacionalmente reconocidos.
La CIDH ha determinado el alcance de estas obligaciones basándose en el artículo 27 de la Convención
Americana, estableciendo que el derecho a la vida no es un derecho derogable. En consecuencia, los Estados
no pueden, ni siquiera en tiempo de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la
independencia o seguridad del Estado, adoptar medidas que suspendan la protección del derecho a la vida85
.
85 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. Párrafo 107.Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/seguridad/se-
guridadv.sp.htm#_ftnref135

El Estado tiene la obligación de prevenir, mediante la investigación, enjuiciamiento y sanción, la comisión
de acciones que puedan implicar violaciones al derecho a la vida, principalmente aquellas ejecutadas por
agentes estatales, atendiendo a los altos niveles de impunidad con respecto a las ejecuciones extrajudiciales
cometidas por éstos bajo el fenómeno del “ajusticiamiento” de presuntos delincuentes, en el marco del
supuesto“resguardo de la seguridad ciudadana”86
.
En cuanto al caso específico de las niñas y mujeres víctimas de violencia, de acuerdo con la obligación del
Estado debe actuar con debida diligencia para impedir la violencia y proteger a este grupo vulnerable, debe
garantizar primordialmente la prevención, y cuando esto no sea posible, la investigación, enjuiciamiento
y sanción de los autores de actos violentos contra este sector vulnerable e indemnizar a las víctimas de la
violencia87
.
Como es evidente, el Estado de Guatemala ha incumplido con el deber y obligación de cuidado que le
corresponde de forma reiterada e injustificada, actuando como victimario en casos de graves violaciones
a derechos humanos, a través de la comisión de crímenes de genocidio, desaparición forzada y ejecución
extrajudicial, aunque recientemente en el ámbito internacional también se discute sobre las implicaciones
que para los Estados tiene la ejecución de crímenes de odio.
1.2 La construcción de un nuevo enemigo, las potenciales víctimas
de crímenes de lesa humanidad
De la cifra de muertes violentas en Guatemala, es importante resaltar aquellas muertes que tienen una
intencionalidad específica, además de tener características comunes, ya sea por el perfil de las víctimas, el
perfil de los victimarios, el móvil de la muerte o por el contexto en el que ocurren.
En el capítulo anterior se describe, a grandes rasgos, la justificación de la eliminación física de personas en
forma selectiva por parte del Estado guatemalteco, destacando el asesinato a manos de fuerzas estatales
de aquellas personas que exigían la transformación de un modelo social excluyente y discriminador que
continua vigente, a quienes se les consideró “enemigos de Estado”; dando inicio en este contexto la ejecución
de crímenes de odio, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
La justificación de la eliminación física de personas bajo la construcción de la figura del“enemigo del Estado y
la sociedad que desea implantar el comunismo”es sólo un reflejo del impulso de las acciones que responden
86 Ibíd.Párrafo 108.

al etiquetamiento de personas como indeseables, desviadas y/o antisociales; elaborada y aplicada con el
objetivo de mantener el orden social dominante, situación que continua en la actualidad, amparándose en la
posición teórica del“derecho penal del enemigo”(DPE) que busca castigar penalmente personas por el hecho
de ser consideradas peligrosas, desviadas y/o antisociales.
Esta nueva noción de enemigo puede ser entendida, de acuerdo con Jakobs, como el individuo que ha
abandonado una forma de vida lícita y socialmente aceptable88
, así como las normas y reglas que plantea el
Derecho, no sólo de manera incidental sino en forma presuntamente permanente y duradera, haciendo de la
comisión de hechos delictivos y/o desviados su modo de vida; y por tanto, su comportamiento personal no
garantiza el mínimo cognitivo de seguridad.
Ello implica que no es posible tener certeza si sus acciones se ajustarán a los estándares y normas socialmente
establecidas; teniendo el Estado en estas conductas una justificación para limitar las garantías y endurecer las
penas89
; enviando con ello el mensaje de no encontrarse“hablando con sus ciudadanos”sino“amenazando y
combatiendo”a sus enemigos90
.
Sumado al etiquetamiento basado en las construcciones emanadas de la DSN y DPE; encontramos la figura
del “potencial delincuente” como una nueva forma de enemigo del Estado, la cual incluye otros grupos
sociales a quienes perseguir, combatir y neutralizar; grupos comúnmente integrados por personas cuyos
comportamientos, acciones y estilos de vida no constituyen hechos delictivos, sin embargo, de acuerdo a
la percepción social, los patrones de conducta que expresan deben ser eliminados por ser considerados
“desviados y/o antisociales”.
En tal sentido, la sociedad busca neutralizar, controlar y reformar formas de vida, formas de ser y actividades
sociales por considerar que las mismas no deberían existir, ya sea porque: 1. Contradicen concepciones
religiosas o moralistas (como puede ser el caso de la Comunidad GLBTTTI91
), 2. No pueden controlarse a sí
mismas ya que“no saben lo que les conviene”(como ha sucedido a lo largo de nuestra historia con los pueblos
indígenas, las mujeres y las personas empobrecidas), 3. Sus comportamientos no se ajustan a lo“socialmente
aceptado”, como podría ser el caso de las nuevas expresiones y culturas juveniles92
, o 4. Porque representan
las carencias y resultados de una sociedad indiferente y excluyente, que marginaliza a grandes sectores de la
población93
.
88 Cometiendo hechos delictivos de tipo sexual por lo cual su comportamiento debe ser rechazado, o bien haciendo una “profesión” la comisión de delitos como el tráfico de drogas, o
dedicándose a delitos económicos, o viviendo de forma abierta del crimen organizado; o bien, vinculándose a organizaciones cuyo fin primordial es atentar contra el orden jurídico del
Estado, como es el caso del Terrorismo.
89 Jiménez Ruiz, Juan Luis. Reflexiones sobre política y derecho: ¿la política del enemigo como Derecho en la globalización? Página 107.
90 Ibíd.
91 Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travestí e Intersexual.
92 B-boys, x-gamers, las maras y/o pandillas, entre otras expresiones y formas de vida.
93 Como sucede con el caso de la niñez en y de la calle, los ancianos que sobreviven de la mendicidad, y las personas que son víctimas de explotación sexual-comercial.

De tal forma que ahora son considerados enemigos del Estado, además de aquellos sectores que impulsan
y exigen cambios en estructurales en el sistema, sectores que atentan y violentan lo que es “socialmente
permitido y aceptable”.
De allí el surgimiento de la “no-persona” como planteamiento que implica, que las garantías fundamentales
de protección deben excluir a quienes se vinculan a estos sectores sociales; con el objetivo de neutralizar, por
cualquier medio, a aquellos cada vez más numerosos, que el Estado advierte como enemigos, etiquetando a
estos grupos como“socialmente indeseables”.
Las acciones represivas contra los enemigos del Estado, que incluye a opositores y detractores a los gobiernos
de turno, delincuencia transnacional y organizada,“terroristas”, y aquellos sectores cuya existencia se convierte
en indeseada porque no se ajusta a los estándares socialmente establecidos, encuentran un terreno fértil en
el contexto violento en el cual se desarrolla la sociedad guatemalteca, marcado y definido por las secuelas
psicológicas del terror implantado con la estrategia contrainsurgente operativizada durante el conflicto
armado interno.
A ello se suma, el populismo punitivo y la exacerbación del fenómeno de la violencia a través de los medios
masivos de comunicación, que además de generar terror y paranoia en la sociedad guatemalteca, legitiman
la eliminación física y endurecimiento de las penas para aquellos a quienes ahora se considera el enemigo
interno.
Es evidente que la teoría del Derecho penal del enemigo enfrenta los conceptos más básicos que sustentan
el Estado social y democrático de Derecho, lo cual implica la absoluta negación de la teoría de los derechos
humanos y un no menos lesivo ataque al propio concepto de dignidad humana y de persona94
; situación que
favorece la comisión de crímenes de lesa humanidad.
En el presente capítulo se abordarán los crímenes de odio y la desaparición forzada, reservándose el capítulo
III y IV para abordar lo referente al crimen de ejecución extrajudicial por tratarse de una práctica recurrente
en Guatemala
94 Jiménez Ruiz. Ob. Cit. Página 109.

2. Crimen de Odio (hate crimen)
Existen dudas en algunos espacios en cuanto al alcance y diferencia entre el crimen de odio y la ejecución
extrajudicial, la cual constituye un crimen de lesa humanidad.
Dicha confusión, posiblemente obedezca a la selectividad de las víctimas de estos hechos delictivos, lo cual se
evidencia en el perfil y en el mensaje que se envía a la población a través de su comisión.
En la actualidad, no existe una definición aceptada sobre el significado e implicaciones del crimen de odio a
nivel mundial, en virtud del abordaje académico, jurídico e inclusive de uso común que se le da al mismo. Sin
embargo, podemos entender los crímenes de odio como “aquellos crímenes motivados por el rechazo hacia
un determinado grupo social”.
Generalmente,setratadegruposdefinidosporpertenenciaétnica,religión,orientaciónsexual,discapacidades,
nacionalidad, edad, género, sector social o afiliación política95
. Un ejemplo característico de los delitos de odio
ha sido el nazi-fascismo evidenciado en la creación y funcionamiento de grupos extremistas como el Ku Klux
Klan en los Estados Unidos.
Como afirma Lolita Aniyar de Castro, a cualquier definición que asuma las particularidades de los crímenes
de odio, podríamos agregar categorías de personas que son asesinadas o perseguidas por sus características
personales, funcionales o sociales, como por ejemplo, los ciudadanos en situación de calle (mendigos,
personas con problemas mentales, personas sin hogar), policías, periodistas, los ricos, la clase media, los que
usan corbata, o quienes no comparten la misma ideología96
.
Es importante establecer que, el crimen que se dirige contra una víctima asociada o vinculada con un grupo
discriminado en razón de un prejuicio y con un objetivo persecutorio, no impacta sólo a la víctima directa
del crimen, sino es un mensaje enviado a través de ella hacia el grupo y hacia la sociedad en general, el cual
se traduce en que su existencia será perseguida y si es necesario, se procederá a su eliminación física y su
persecución social.
En ese sentido, para los autores la víctima como persona individual tiene poca importancia; simplemente es
el individuo que da en el estereotipo y, a través de la lesión al sujeto, se envía un mensaje a todo el grupo o
colectividad, a todos los que presentan las mismas características del sujeto agredido97
.
95 Aniyar de Castro, Lolita. Los crímenes de odio: Discurso político y delincuencia violenta en Venezuela. El respeto a las diferencias y el rol de la criminología crítica en Venezuela
en los inicios del Siglo XXI. Página 13.
97 Peralta, Héctor. Los delitos de odio, según Zaffaroni. La Gaceta (Argentina). 21/07/2007.Disponible en: http://www.lagaceta.com.ar/nota/231632/Tribunales/

Es importante establecer que, en cuanto a los crímenes de odio se refiere, es posible afirmar que han sido
construidas dos categorías de “enemigos”. En primer lugar tenemos una cierta categoría de delincuentes,
considerados como“enemigos”de acuerdo a la propuesta del Derecho Penal del Enemigo, el cual los confronta
con los“ciudadanos”, y cuyas garantías pretenden atenuar bajo la coartada de vivir en la actualmente llamada
“sociedad de riesgo”98
. En la otra categoría están las víctimas de los delitos de odio. Estas son, simplemente,
por construcción social, moral o política“diferentes”99
.
Para identificar con claridad un crimen de odio, es necesario observar los siguientes elementos100
:
1. La existencia de una agresión, o un conjunto de agresiones, dirigidas a lesionar los derechos de una
persona.
2. Se debe estar en presencia de un conjunto de sectores sociales en situación de vulnerabilidad. Entre
los grupos poblacionales que con más frecuencia se incluyen en las definiciones, se notan: los grupos
raciales, nacionales, étnicos, etarios, de género, orientación sexual y/o identidad de género. La
vulnerabilidad de estos grupos se debe a la falta de identidad legal acorde con su identidad físico
social, lo cual tiende a colocar sus derechos en condición de ser vulnerados.
3. La motivación que impulsa a una persona (o varias) a actuar contra los derechos de otra, la cual por
lo general está básicamente fundamentada en el odio, el prejuicio, la intolerancia, el rechazo, el
desprecio, o la discriminación hacia algún miembro, real o percibido, de alguno de los grupos
identificados en la definición utilizada.
El involucramiento de estigmas sociales y el mensaje enviado al grupo o colectividad a la que pertenecía
la víctima -así como a la sociedad en general-, es el común denominador de los crímenes de odio con las
ejecuciones extrajudiciales.
A pesar de lo anterior es importante aclarar que los crímenes de odio son por su naturaleza fenómenos
individuales, cuya diferencia con las ejecuciones extrajudiciales radica en que éstas se han convertido en
política y/o práctica generalizada101
. Asimismo, para que estemos frente a una ejecución extrajudicial, el
requisitosinequanonesqueelcrimenseacometidoporunagentedelEstado,yaseadirectaoindirectamente.
En el caso de los crímenes de odio el perpetrador (individual o grupal) es siempre un particular.
En cuanto a la regulación legal, a nivel internacional existen varios tratados internacionales que el Estado de
Guatemala ha suscrito, aprobado y ratificado, los cuales protegen el derecho a la vida, la integridad personal,
la dignidad, la igualdad y a la no discriminación.
98 En la perspectiva de Jakobs, ellos se habrían autoexcluido voluntariamente. Por lo cual son considerados“diferentes”.
99 Aniyar de Castro. Ob. Cit. Página 15.
100 Vargas, Karen y otros. Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género en Costa Rica. Página 13.
101 Samayoa, Claudia y otros. Ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados en Centroamérica: Estudio de situación en Guatemala, el Salvador y Honduras. 2009. Página 34.

Cuadro 1
Regulación internacional de derechos humanos fundamentales
Instrumentos internacionales vigentes en Guatemala
Derechos reconocidos Instrumento internacional que lo regula
Derecho a la vida
Art. 3 Declaración Universal de Derechos Humanos.
Art. 1 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Art. 4 Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Art. 6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Derecho a la integridad personal Art. 5.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Derecho a la no discriminación
Derecho a la igualdad
Art. 2 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Art. 2 y 3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Prohibición contra la tortura, tratos
crueles y degradantes
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Art. 5.2. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Fuente: Elaboración propia con base a instrumentos internacionales vigentes en Guatemala.
A nivel interno, existen varias leyes que reconocen los derechos de las personas, siendo la Constitución Política
de la República de Guatemala (CPRG) la ley suprema. Sin embargo, no se ha regulado en las leyes ordinarias
el“crimen de odio”como un delito, únicamente se regula la motivación del perpetrador fundamentada en el
odio, el prejuicio, la intolerancia, el rechazo, el desprecio o la discriminación, como un agravante102
.
102 Artículo 27 del Código Penal (CP) y Artículo 10 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.

También es importante establecer que, además del estigma social que pesa sobre víctimas y el mensaje
enviado a la sociedad con la comisión de crímenes de odio en algunos casos el móvil de las ejecuciones
extrajudiciales también puede ser el odio. En otras palabras, algunos casos identificados como crímenes de
odio -porque cumplen con todos sus elementos- pueden constituirse en ejecuciones extrajudiciales siempre
y cuando (condición sine qua non) el hecho sea cometido por un agente de Estado.
Caso ilustrativo 1103
Ejecución extrajudicial cuyo móvil es el odio
El caso de Paulina
El día 16 de diciembre del año 2005, aproximadamente a las 23:30 horas, entre la 11 calle y 4ª avenida
de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, de acuerdo a declaraciones testimoniales, 4 agentes de la
Policía Nacional Civil uniformados, quienes se trasladaban en motocicletas de la PNC, atacaron con
armas de fuego a la transgénero de nombre“Paulina”, de veintidós años de edad, quien se encontraba
en ese momento acompañada de su compañera transgénero“Sulma”.
Los agentes de policía se colocaron en formación estratégica, dos atrás vigilando, uno al frente y el
cuarto se acercó a las víctimas y les disparó a sangre fría para ejecutarlas. “Paulina” quien murió a las
03:00 horas del 17 de diciembre en el Hospital San Juan de Dios, era una activista defensora de derechos
humanos en la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral Frente al SIDA –OASIS-.
“Sulma”quedó gravemente herida. Los agentes de PNC escaparon impunemente y regresaron después
a“limpiar”la escena del crimen.
El caso que es conocido por la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, se encuentra
aún en fase de investigación, sin que a la fecha se haya ordenado la captura de los agentes que fueron
identificados por los testigos como presuntos autores materiales del hecho. Las últimas diligencias de
investigación se documentaron en el año 2006.
103 López Sologaistoa, Jorge Luis y Zapeta Mazariegos, Luis. Guatemala, el rostro de la homofobia. Informe especial. Los crímenes de odio por identidad sexual (1996-2006). Página 25. El
expediente de investigación del caso se encuentra abierto y a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público. El mismo fue revisado y analizado para la presente
investigación.

3. Desaparición Forzada
Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación
de libertad que sea obra de agentes del Estado, o que sea ejecutado por otras personas o grupos de personas
cuya actuación se lleve a cabo con la autorización, el apoyo o la aquiescencia104
del Estado, seguida de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona
desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley105
.
A través de la historia, la desaparición forzada de personas ha sido utilizada como un mecanismo de
represión e intimidación hacia la población en gobiernos autoritarios y de corte militar. En Guatemala, la
desaparición forzada de personas se constituyó en una de las principales acciones como parte de la estrategia
contrainsurgente.
La desaparición forzada fue aplicada a la oposición política e ideológica. La misma consistió en el secuestro de
personasysutrasladoacentrosclandestinosdedetención-endondeeranalojadasencondicionesinhumanas
y sometidas a toda clase de torturas-, esta práctica era acompañada de la negativa a brindar información a sus
familiares sobre el destino y suerte de las víctimas.
La práctica de la desaparición forzada de personas, se registra por primera vez como un método de
intimidación de la población en la Alemania nazi, práctica que se traslada durante la década de 1960 a los
países latinoamericanos, siendo utilizada constantemente para reprimir e infundir terror en la población.
De acuerdo al informe de la CEH, de 61.648 violaciones de derechos humanos, 6.159 corresponden a casos de
desaparición forzada durante el conflicto armado interno. La práctica de las desapariciones forzadas alcanzó
un significativo aumento entre 1979 y 1983, período que coincide con la agudización del conflicto y con la
práctica de desapariciones forzadas masivas en el área rural106
.
Cuando hablamos de desaparición forzada, es importante evidenciar que su uso provoca situaciones de gran
angustia e incertidumbre, así como daños irreparables; puesto que su objetivo, además de intimidar, es el de
eliminar a los opositores de un determinado régimen; borrando todo rastro de las víctimas.
104 Consentimiento.
105 Artículo 2. Convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada.

3.1 La desaparición forzada de personas en el derecho internacional
de los Derechos Humanos
El crimen de desaparición forzada ha sido regulado a través de la resolución 47/133 de fecha 18 de diciembre
de 1992 de la Asamblea General de UN, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la
desaparición forzada o involuntaria. Posteriormente, la OEA adoptó durante su vigésimo cuarto período
ordinario de sesiones, en Belem do Pará-Brasil, la Convención interamericana sobre desaparición forzada de
personas, el 9 de junio de 1994. Finalmente, la Asamblea General de UN, adopta la Convención internacional
para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada el 20 de diciembre de 2006.
Parte de las acciones para evitar este tipo de prácticas en América Latina, ha sido su regulación, debido a
que las formas más recientes, extendidas, graves, crueles, y sucesivas de violación a derechos humanos,
están representadas por las desapariciones llevadas a cabo por agentes del Estado, o grupos organizados
de particulares que obran con su apoyo o tolerancia, permitiendo su clasificación como un delito de lesa
humanidad.
Por su parte, el Estatuto de Roma107
define la desaparición forzada de personas en el artículo 7 numeral 2
literal“i”, estableciendo que se entenderá por desaparición forzada la aprehensión, la detención o el secuestro
de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido
de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas
personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado, considerándola
un Crimen de Lesa Humanidad.
Esta definición amplía los potenciales autores de la desaparición forzada, incluyendo además de agentes de
Estado o personas, grupos de personas que actúen bajo la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado108
,
a otras organizaciones políticas. Esta ampliación implica que organizaciones subversivas, paramilitares o
guerrilleras pueden cometer el delito de desaparición forzada.
La ampliación obedece a situaciones en las cuales este tipo de delitos han sido cometidos por organizaciones
políticasdistintasalosEstados,talcomoeselcasosdelasdesaparicionesforzadasconocidasporlosTribunales
para Ruanda y la Antigua Yugoslavia, así como los hechos acaecidos en países como Perú y Colombia.
107 El 17 de julio de 1998, durante la realización de la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas en Roma, 160 países decidieron establecer una Corte Penal Internacional
permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad, aprobando lo que hoy conocemos como el Estatuto de Roma; el cual fue ratificado por el Congreso de la República de Guatemala el 26 de enero de 2012.
108 Artículo II. Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas y, Artículo 2. Convención internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas.

Sin embargo, las convenciones antes mencionadas, prevén como requisito para que se cumpla la desaparición
forzada, que se presente la negativa de brindar información sobre el paradero de una persona, debido a
que el Estado esta legítimamente obligado a brindar esta información; aunque no es una obligación para
organizaciones políticas distintas a los Estados, por lo tanto, podría existir confusión, ya que estas acciones
pueden considerarse un secuestro y no una desaparición forzada.
No obstante y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma, constituyen un crimen de lesa humanidad
aquellos actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población
civil, en el que el autor en caso de enfrentamientos armados, puede ser cualquiera de las partes en conflicto y
en tal sentido sería aplicable la legislación internacional para autores diferentes al Estado.
Es importante establecer que la definición del Estatuto de Roma, entiende la circunstancia de dejar al margen
de la ley al detenido como un fin perseguido por el autor del delito, el cual no es necesario lograr. Es decir,
que si bien no se requiere que dicha permanencia en el tiempo (para dejar al margen de la ley a la persona
detenida) se realice, sí exige que el autor la tenga como un fin109
.
3.2 La desaparición forzada de personas en el derecho penal
guatemalteco
En el año de 1994, se suscribe el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, como parte fundamental de los
Acuerdos de Paz. En éste, el Estado de Guatemala asumió el compromiso de promover ante el Organismo
Legislativo, las modificaciones legales necesarias en el Código Penal para la tipificación y sanción, como
delitos de especial gravedad, las desapariciones forzadas o involuntarias, así como las ejecuciones sumarias
o extrajudiciales110
.
Enestaforma,seiniciaconelprocesodecabildeoydiscusióndelainiciativadeleyquepermitieralatipificación
del delito de desaparición forzada en el Código Penal guatemalteco, aprobándose la creación de la figura de
Desaparición Forzosa a través del Decreto Número 33-96 del Congreso de la República de Guatemala111
, el
cual adiciona el Artículo 201 TER, que regula el delito de la siguiente forma:
109 Ambos, Kai (coordinador). Desaparición Forzada de Personas. Análisis comparativo e internacional. Página 182.
110 Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Guatemala 1994. Compromiso en contra de la impunidad. Página 2.
111 Aprobado el 22 de mayo de 1996, publicado el 25 de junio de 1996.

Artículo 201. TER. Comete el delito de desaparición forzada quien, por orden, con la autorización
o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por
motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así
como el funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que
ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones.
Constituye delito de desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más personas, aunque no
medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando
en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente,
cometen delito de desaparición forzada, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas
con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio
o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas.
El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima.
El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de veinticinco a cuarenta años. Se impondrá
la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, cuando con motivo u ocasión de la desaparición
forzada,lavíctimaresultareconlesionesgravesogravísimas,traumapsíquicoopsicológicopermanente
o falleciere.
Como puede apreciarse, en la tipificación en la legislación guatemalteca se realiza la inclusión de autores
sin vinculación al Estado, situación que entorpece su interpretación y aplicación al duplicar supuestos con el
delito de secuestro, debido a que, si se juzga a un funcionario público por el delito de secuestro cuando lo
que cometió es el crimen de desaparición forzada se está invisibilizando y dejando impune la comisión de un
crimen de lesa humanidad.
3.3 Vinculación del delito de desaparición forzada con el delito de
Es importante aclarar que el delito de desaparición forzada y el de ejecución extrajudicial, que será analizado
a continuación, son delitos independientes y no necesariamente la comisión de cualquiera de ellos, supone
la comisión de ambos.

Así también, la comisión de ambos se ve condicionada por la participación del Estado como autor (directa
o indirectamente) convirtiéndolos en delitos graves, debido a que las instituciones y personas obligadas a
proteger, promover y garantizar la vida y el respeto a los derechos humanos fundamentales son quienes,
valiéndose de su posición de poder, privan de la libertad y/o la vida a sus víctimas.
La vinculación entre ambos hechos radica en que, en algunas ocasiones la desaparición forzada puede
finalizar en una ejecución extrajudicial; o bien, que para realizar una ejecución extrajudicial, primero se de
una desaparición forzada.
Atendiendo a que son delitos independientes, cuando se suceden uno tras otro, deben ser castigados de
forma individual; es decir, debe imponerse una pena por cada uno de ellos. A esto se le conoce en derecho
penal como: concurso real de delitos.
El concurso real o material, implica la comisión de dos o más delitos, sin que el primero sea absolutamente
necesario para cometer el segundo, de allí que cuando se da una desaparición forzada seguida de una
ejecución extrajudicial, existe un concurso real.
En estas circunstancias deben ser castigados de forma separada, ya que el delito de desaparición forzada no
tiene prevista como acción la privación arbitraria de la vida, y el delito de ejecución extrajudicial, no tiene
prevista como acción la privación arbitraria de la libertad.
En estas situaciones debe dictarse en una misma sentencia dos penas; una por cada delito cometido, las
cuales deben ser cumplidas de forma consecutiva.
Desaparición forzada que culmina en ejecución extrajudicial
112 Caso documentado en el informe de investigación Samayoa, Claudia. Ob. Cit. Deudas de la transición.

Luis Fernando Canté Pérez, de 16 años, de quien se supone la pertenencia a una clica de la Pandilla 18, como
de costumbre, salió a dejar a su novia a la Escuela Fe y Alegría, el día 22 de febrero de 2007 a las 07:00 hrs. En esta
oportunidad Luis Fernando se hizo acompañar de su amigo Isaac López Coronado.
Según el relato de Isaac, en el campo que se encuentra frente a dicha escuela, lugar donde habitualmente se ubica un
pequeño mercado, se estacionó una patrulla de la Policía Nacional Civil, a pocos metros de donde ellos se encontraban.
Los agentes, que iban a bordo de la misma, descendieron y les dijeron que se acercaran, ante esto, él (Isaac López),
reaccionó corriendo en dirección a su residencia que se ubica aproximadamente a doscientos metros de ese lugar; y en
cambio Luis Fernando Canté se quedó parado en el lugar en donde se encontraba.
Isaac López, al correr rumbo a los callejones de la colonia, salvó su vida, porque sólo uno de los Agentes lo persiguió,
dándole alcance en una de las calles cercanas a su residencia. López declaró que el Agente le ordenó detenerse después
de accionar su arma en varias ocasiones.
Unavezreducido,elpolicíaleapuntóelarmaalacabezayleamenazódemuerteenvariasocasiones,mientrassolicitaba
refuerzos, aunque no desde su radio oficial, sino desde su teléfono celular. Los refuerzos no llegaron y finalmente el
Agente le dijo a Isaac que ya lo conocía y que iba a regresar por él, en ese momento procedió a retirarse.
Mientras tanto, Luis Fernando permaneció en el lugar ordenado por el otro Agente, según lo relatado por Isaac. Un
testigo observó como la PNC tenía detenido a Luis Fernando Canté; corroborando que éste se encontraba sentado en
el suelo.
Luis Fernando le hizo señas [al testigo], y le pidió que fuera a llamar a la señora Vilma, madre de su novia Andrea. El
testigo realizó el aviso. Al regresar a dicho lugar, el menor de edad ya no se encontraba allí, ni tampoco la radio patrulla.
El testigo identificó la radio patrulla e indicó que era la número 14022.
La suegra de Luis Fernando, se dirigió a la casa de éste para comunicar lo sucedido, conversó con el padre del menor y
ambos se dirigieron a la Sub Estación de la PNC ubicada en El Mezquital, aproximadamente a cien metros del lugar de
loshechos.ElseñorCantéfuedirectamenteapreguntarporlasituaciónjurídicadesuhijo,dondeunagenteuniformado
le informó que ellos no habían detenido a nadie y que no existía registro de una situación como la que señalaba.
LahermanamayordeLuisFernandotambiénlobuscó.Sedirigió alJuzgadodePazdeVillaLobosI, alCentroCorreccional
de menores Las Gaviotas y al Juzgado de Primera Instancia de Villa Nueva; obteniendo resultados negativos en todos
los lugares.
A partir del mes de febrero del 2007, la familia Canté Pérez ha intentado localizar a Luis Fernando. A la fecha, han
realizado diversas acciones orientadas a dar con su paradero.
Agentes de la policía al ser indagados por un Juez acerca del desaparecido, declararon que “chivita”, como le apodaban,
era un asesino, miembro de la pandilla que opera en el sector de la colonia La Esperanza.
Comentario que refleja de manera directa la estigmatización de la cual era objetivo el menor, y que en alguna forma
contribuyó a su desaparición.
Hasta el momento Luis Fernando sigue desaparecido, pero del análisis del caso, así como de la investigación y diversas
acciones legales realizadas para dar con su paradero, es posible afirmar la participación de miembros de la PNC en su
desaparición;
Se sospecha que Luis Fernando fue ejecutado extrajudicialmente.

EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
CAPÍTULO 3

La ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria tiene sus primeras connotaciones como crimen perpetrado
por el Estado y sus funcionarios contra población civil, en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de
Núremberg113
, el cual regula los crímenes contra la humanidad cometidos durante la segunda guerra mundial.
Entre los crímenes contra la humanidad establecidos en el Estatuto de Núremberg, se encuentra el asesinato,
la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil
antes de la guerra o durante la misma; así como la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en
ejecución con otros crímenes o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación
interna del país donde se perpetraron114
.
Esta regulación, marca el punto de partida para la legislación de lo que posteriormente se conocería como la
jurisdicción internacional para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad.
Como se mencionó, el Estatuto de Núremberg constituye el principal antecedente para la persecución,
enjuiciamiento y castigo de crímenes cometidos por los Estados contra poblaciones civiles; ya sea por motivos
políticos, raciales o religiosos, incluidos los asesinatos masivos y selectivos que se sucedieron en la Alemania
nazi, estableciendo las bases de la competencia internacional en casos de graves violaciones a derechos
humanos.
AraízdelEstatutodeNúrembergseelaborandiversostratados,convenios,pactosyprotocolosinternacionales
destinados a promover la protección de las personas durante los conflictos armados (nacionales o
internacionales) y posteriormente se extiende esta protección hacia las arbitrariedades que los Estados
pudiesen llegar a cometer contra la población civil, estuviesen o no en guerra.
Sin embargo, no es hasta 1980 durante la realización del Sexto Congreso de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, que se comienza a hablar de
Ejecución Extrajudicial, atendiendo a la preocupación que surge en los Estados miembros por la gran cantidad
de asesinatos selectivos cometidos por fuerzas de seguridad de Estado, principalmente en aquellos lugares
en conflicto (guerra).
Respondiendo a lo establecido en los cuatro convenios de Ginebra115
, en donde se acordó que“en el caso de
conflicto armado no internacional, se prohíbe, sea cual fuere el momento y el lugar, se ejerza violencia de
cualquier tipo contra la vida y la persona, en particular el homicidio de toda índole”116
.
113 Adoptado por el Estado de Guatemala el 6 de octubre de 1945.
114 Artículo 6 literal“c”. Estatuto del Tribunal militar internacional de Núremberg.
115 Convenio para aliviar la suerte que corren de los heridos y los enfermos en las fuerzas armadas en campaña (Convenio I); Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren
los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (Convenio II); Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III);
Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV). Los cuatro convenios fueron aprobados 16 de abril de 1952
mediante el Decreto 881, y ratificados el 14 de mayo de 1952.
116 Resolución 5. Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente.

De esta forma se reconoce que todo homicidio cometido o tolerado por los gobiernos es objeto de condena
por todos los sistemas jurídicos nacionales, y por consiguiente, por los principios generales del derecho.
Durante este congreso, se comienza a definir lo que hoy conocemos como ejecución extrajudicial, sumaria
o arbitraria, y se establece que los asesinatos y ejecuciones generalizados de oponentes políticos o de
presuntos delincuentes cometidos por fuerzas armadas, instituciones encargadas de la aplicación de la ley
u otros organismos gubernamentales o grupos paramilitares o políticos, que a menudo actúan con el apoyo
tácito o de otro tipo de tales fuerzas u organismos, se consideran ejecuciones extrajudiciales.
El concepto de ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria, implica la diferenciación de dos categorías:
Ejecución extrajudicial arbitraria
Es la privación arbitraria de la vida por orden del Estado ejecutada por sus agentes, o cometida por agentes de
Estado en el ejercicio de sus funciones. También es la privación arbitraria de la vida con autorización, apoyo o
aquiescencia del Estado, sin que medie un proceso legal. Incluye la muerte como resultado de:
a. La aplicación de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante la privación
de libertad, impuesta a través de una orden emanada de una autoridad judicial competente,
b. El uso excesivo de la fuerza por la policía, las fuerzas armadas u otras fuerzas estatales o
paraestatales (escuadrones de la muerte),
c. Las agresiones cometidas por individuos o grupos paramilitares bajo control oficial (como el
caso de las PAC, los Comisionados Militares y los cuerpos ilegales o aparatos clandestinos de
seguridad),
d. Las agresiones cometidas por individuos o grupos que no se hallan bajo control oficial, pero
que actúan con conocimiento, en complicidad o en conspiración con las autoridades (la
actuación de los Comités, Comisiones o Juntas Locales de Seguridad Ciudadana en la actualidad),
e. Las muertes resultado de una desaparición forzosa, y
f. Las muertes ocurridas en circunstancias poco claras, en las cuales la víctima se encontraba en
poder de sus aprehensores (agentes de Estado).
Ejecución extrajudicial sumaria
Es la privación ilegal de la vida como resultado de una sentencia impuesta en un procedimiento sumario.
El procedimiento sumario es aquel en el que se limitan, desvirtúan u omiten las garantías procesales.
La aplicación de la pena de muerte en procesos donde se violentan garantías constituyen ejecuciones
extrajudiciales sumarias.

Un ejemplo de estas ejecuciones, son las muertes ordenadas por los tribunales de fuero especial durante el
período 1982-1983; las cuales pretendieron revestir una apariencia de legalidad.
1. La ejecución extrajudicial en el derecho
internacional de los derechos humanos
Al igual que la desaparición forzada, la regulación de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,
en el ámbito internacional tiene sus orígenes en el Estatuto de Núremberg y en la Resolución Cinco del Sexto
Congreso de la ONU para la prevención del delito y tratamiento del delincuente; entendiendo las ejecuciones
como: la práctica de asesinatos, y ejecuciones de opositores políticos o presuntos delincuentes, por Fuerzas
Armadas, instituciones encargadas de la aplicación de la ley u otros órganos gubernamentales o grupos
paramilitares políticos, que actúan con el apoyo tácito o de otra índole, de tales fuerzas u organizaciones117
.
El Consejo Económico y Social de la ONU, aprobó mediante Resolución 1989/65 de fecha 24 de mayo de 1989,
los Principios relativos para una eficaz prevención e investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias
o Sumarias. Dichos principios establecen en su artículo 1 que: Los gobiernos prohibirán por ley todas las
ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y velarán por que todas esas ejecuciones se tipifiquen como
delitos en su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de
tales delitos. No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones circunstancias excepcionales, como por
ejemplo el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política interna ni ninguna otra emergencia
pública. Esas ejecuciones no se llevarán a cabo en ninguna circunstancia ni siquiera en situaciones de conflicto
armado interno, abuso o uso ilegal de la fuerza por parte de un funcionario o de otra persona que actúe con
carácter oficial o de una persona que obre a instigación, o con el consentimiento o la aquiescencia de aquella,
ni tampoco en situaciones en las que la muerte se produzca en prisión. Esta prohibición prevalecerá sobre los
decretos promulgados por la autoridad ejecutiva.
A la fecha, se han promulgado cinco estatutos a nivel internacional con el objetivo de investigar, procesar
y castigar a autores materiales e intelectuales de crímenes de lesa humanidad, entre estos crímenes las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Los estatutos regulan la necesidad de enjuiciar a los
presuntos responsables de crímenes cometidos contra la población civil por agentes de Estado, e imponer
una sanción en caso de ser demostrada su culpabilidad.
117 Organización de las Naciones Unidas. Informe del sexto congreso de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente. Resolución cinco sobre ejecuciones
extralegales. Capítulo I. Sección B.

En todos y cada uno de ellos se contempla el asesinato como un crimen de lesa humanidad118
, cuando éste
constituye un ataque generalizado y sistemático cometido contra población civil en razón de su nacionalidad
o pertenencia a un grupo político, étnico, racial o religioso, ejecutado por agentes de Estado o personas u
organizaciones vinculadas de manera directa al mismo.
Una innovación introducida a través del último de los estatutos aprobados, el Estatuto de Roma, es que
omite la necesidad de que este tipo de ataques se produzcan en el medio de un conflicto armado, interno
o internacional, por lo cual el tribunal se encuentra facultado para conocer de prácticas sistemáticas sin la
necesidad de que éstas se produzcan en el marco de un conflicto armado.
Así también, es necesario mencionar que la ONU, consciente de la gravedad de las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias; y atendiendo a que en muchas ocasiones existen casos que se encuadran en esta figura,
que no son tratados o tramitados como tal, debido a una deficiente detección y tratamiento de los casos119
,
elaboró el Manual para la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o
Sumarias120
, conocido como Protocolo de Minnesota.
El Protocolo de Minnesota es una valiosa herramienta para la adecuada investigación y documentación de
casos de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el cual al ser aplicado adecuadamente, facilita
la identificación de potenciales casos; en él se establecen estándares internacionales para la investigación y
documentación de casos de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, proveyendo un protocolo para
la realización de necropsias, para la exhumación y para el análisis de restos óseos.
Es importante indicar que el delito de ejecución extrajudicial, no aparece siempre con dicha denominación en
los tratados internacionales. Sin embargo, en el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos,
los asesinatos cometidos por el Estado constituyen ejecuciones extrajudiciales.
Las ejecuciones extrajudiciales son un acto deliberado, ilegítimo y con participación gubernamental. Por
consiguiente, una ejecución extrajudicial es un asesinato perpetrado o consentido por el Estado121
, de allí la
importancia de su prevención, persecución, juzgamiento y castigo.
118 Artículo 5 del Estatuto del tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia, Artículo 3 del Estatuto del Tribunal internacional para Ruanda; y Artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal
Internacional.
119 Lo cual constituye un obstáculo para la investigación, enjuiciamiento y sanción de las ejecuciones ocurridas, y para la prevención de ejecuciones futuras.
120 Instrumento elaborado con la colaboración y participación activa del Comité Internacional de Derechos Humanos y de los Abogados en Minnesota, así como de un grupo de
expertos internacionales en ciencias forenses, abogados, expertos en derechos humanos y en otras materias, quienes prestaron su asesoramiento voluntario en la preparación
y elaboración del manual.
121 Jones Aguilar, Mayra. El delito de ejecución extrajudicial: análisis crítico de su tipificación y la necesidad de su reforma. Página 11.

1.1 La ejecución extrajudicial, un crimen de lesa humanidad
Como ya se describió, la estrategia de la eliminación selectiva de personas o grupos no es un fenómeno que
atañe exclusivamente al Estado de Guatemala y sus políticas, es un fenómeno presente en muchos países del
mundo, muy frecuente en contextos de conflicto armado (interno o internacional) o en países con regímenes
militares o autoritarios, que ha generado la preocupación internacional por regular la prohibición de la
consumación de este tipo de conductas.
Debido a que la ejecución extrajudicial atenta contra el derecho fundamental a la vida, y que es el Estado quien
por acción u omisión priva de la vida de forma arbitraria, el derecho internacional de los derecho humanos
presta especial atención a su investigación, juzgamiento y sanción, sin importar el lugar o la fecha en la cual
haya sido cometido ya que atenta contra los fundamentos mismos de la civilización122
.
La tipificación o descripción detallada de lo que se entiende por ejecución extrajudicial, (quienes son las
víctimas, los victimarios, las circunstancias en las cuales se comete, etc.) ha permitido que las leyes de los
países donde ha sido legislado como delito, se ajusten y compartan características comunes que contribuyen
a que estas prácticas adquieran el estatus de crimen de lesa humanidad, permitiendo que el mismo sea
sancionado sin importar la nacionalidad de las víctimas o de los victimarios, el lugar de su ejecución o la fecha
en la cual se cometió.
En tal sentido, los crímenes contra la humanidad poseen una serie de elementos acordes a su naturaleza, los
cuales son compartidos con el delito de ejecución extrajudicial; consistentes en: a) la existencia de un ataque
generalizado o sistemático; b) el ataque ha de estar dirigido contra un grupo específico de población civil; y
c) el perpetrador ha de saber que existe un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población
civil y que sus actos son parte de este ataque123
.
Al ser considerado un crimen de lesa humanidad el delito de ejecución extrajudicial tiene las siguientes
características:
A. Ataque generalizado o sistemático
La característica fundamental de los crímenes de lesa humanidad radica en que su ejecución implica un
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que el autor [Estado] tiene conocimiento de
dicho ataque, o se encuentra en complicidad con quien lo ejecuta, por lo tanto su responsabilidad se hace
extensiva.
122 Rodríguez, Alejandro y otros. Impunidad. Página 29.
123 Sánchez, Joan. Corte Interamericana, Crímenes contra la Humanidad y Construcción de la Paz en Suramérica. Página 20.

Esta situación presupone que previo a su realización, existe una planificación, elaboración de un perfil,
selección de la persona, personas o grupos que se ajustan a ese perfil y posteriormente se procede a su
eliminación física.
Para el caso de Guatemala, la CIDH logró comprobar que a partir de la segunda mitad de la década de los 80 y
hastalafinalizaciónformaldelconflictoarmadoen1996,serealizaronenGuatemalaejecucionesextrajudiciales
selectivas con un propósito de“limpieza social”para“aniquilar a quienes [el Estado] consideraba enemigos”, es
decir todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que, supuestamente, trataban de romper el orden
establecido. A través de la práctica sistemática de la ejecución arbitraria, “agentes del Estado eliminaron
físicamente a sus opositores, buscando a la vez reprimir, silenciar y controlar a la población en su conjunto, a
través del terror, tanto en las áreas urbanas como en las rurales…”124
.
No obstante “el conocimiento de dicho ataque” no debe requerir prueba sobre el conocimiento del autor de
todas las características del ataque, ni de los detalles precisos del plan o la política del Estado o la organización.
En caso de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil que esté comenzando, la
intencionalidad se comprueba en la actuación del autor de cometer un ataque de ésta índole125
.
Para el caso de Guatemala, basta decir que el Estado conoce la existencia de un ataque generalizado contra
una población civil especìfica al examinar las cifras de muertes violentas, las cuales evidencian que el 50% de
las víctimas de delitos contra la vida son hombres jóvenes comprendidos entre las edades de 12 a 29 años,
residentes en zonas urbano marginales, en estas circunstancias.
B. Responsabilidad estatal (el Estado que mata)
La particularidad y gravedad de las ejecuciones extrajudiciales, como un crimen de lesa humanidad, radica en
que quien realiza la violación al derecho a la vida es el Estado (sujeto activo) a través de sus funcionarios, sin
importar la jerarquía o cargo que ostenten.
Cuando el delito es ejecutado por terceras personas, se entiende que el Estado tiene una participación
indirecta. En estos casos, puede ser que ordene la realización de dichas acciones, las autorice, apoye o brinde
su consentimiento para la ejecución.
La amenaza o el ataque se centran en un perfil determinado de personas (sujeto pasivo) seleccionado y
establecido previo a los hechos. En el caso guatemalteco, los sujetos pasivos de los ataques generalizados
124 Corte IDH. Ob. Cit. Sentencia de fondo Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala.Párrafos 134.10 al 134.13.
125 University of Minnesota. La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000).Disponible enhttp://www1.umn.edu/humanrtsinstree/Scri-
meelementsicc.html#_ftn7

o sistemáticos han sido: las poblaciones indígenas, los opositores a los regímenes militares (estudiantes,
sindicalistas, líderes comunitarios, académicos, políticos de oposición); recientemente con la ampliación de la
definición de lo que se entiende por enemigo interno126
: personas provenientes de sectores cuya existencia
se ha tornado indeseable (la niñez en la calle y de la calle, personas que expresan una orientación e identidad
sexual diferente a la heterosexual, personas vinculadas a hechos violentos “maras, pandillas y delincuentes
habituales”, y personas privadas de libertad).
De acuerdo a la Corte IDH …las ejecuciones arbitrarias selectivas, por lo general, eran operaciones realizadas
por los organismos de inteligencia del Estado y tenían características y patrones comunes. En primer lugar,
se identificaba el sujeto o los sujetos que serían objeto de la acción de inteligencia. Posteriormente, se
recopilaba información detallada sobre la persona, se controlaban las comunicaciones de la persona, y se
realizaban seguimientos con el objeto de determinar sus rutinas diarias. La información obtenida era evaluada
e interpretada, con el objeto de planificar la operación. Se definía el personal que participaría, sus funciones,
quién sería el responsable, los vehículos y las armas por utilizar, y se determinaba si la operación era pública o
clandestina. Las órdenes eran verbales y no se llevaban registros escritos ni de la decisión ni de la planificación,
con el fin de garantizar que la operación fuera encubierta127
.
C. Imprescriptibilidad
Atendiendo a la gravedad de los hechos, así como a la política mundial definida para la prevención,
persecución, enjuiciamiento y sanción de crímenes de lesa humanidad, se llegó al acuerdo (en el seno de las
Naciones Unidas) de declarar este tipo de hechos como imprescriptibles.
En este sentido, la imprescriptibilidad faculta a las víctimas, los Estados y a las cortes internacionales al
juzgamiento en cualquier época de la ejecución extrajudicial, disposición que responde al deber de los
Estados de garantizar que el crimen no volverá a ser ejecutado, y, que se castigará a quienes lo cometieron.
La imprescriptibilidad busca el juzgamiento de éste tipo de delitos, los cuales por su extrema saña, crueldad y
por la afectación social que producen, no pueden quedar impunes; con ello se envía el mensaje a la población
en general de que éstas acciones jamás deben ser cometidas, así mismo, exigiendo a los Estados garantizar la
no repetición de los hechos.
126 De acuerdo a lo planteado Jakobs, exponente principal de la Doctrina del Derecho Penal del Enemigo.
127 Ob. Cit. .

Para los efectos, la CIDH estableció que:
El Estado debe garantizar que el proceso interno tendiente a investigar y sancionar a los responsables (…)
y, en particular, debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento
de excluyentes de responsabilidad (…) son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de
prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y
sancióndelosresponsablesdelasviolacionesgravesdelosderechoshumanostalescomolatortura,lasejecuciones
sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos
inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos128
.
Asimismo, el artículo 29 del Estatuto de Roma es claro en cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos que
son competencia de la Corte Penal Internacional, entre ellos la ejecución extrajudicial (asesinato como es
establecido en dicho Estatuto), el cual regula que los crímenes competencia de la Corte no prescribirán.
D. Jurisdicción Universal para perseguir la ejecución extrajudicial
En los crímenes de lesa humanidad, es aplicable el principio de jurisdicción universal, el cual establece la
capacidad de las cortes de cualquier Estado para juzgar o enjuiciar a personas por crímenes de este tipo,
aunque hayan sido cometidos fuera de su territorio, todo ello sin importar la nacionalidad del sospechoso o
de las víctimas, o el daño causado a los intereses nacionales del propio Estado en el cual se cometieron los
delitos. La Jurisdicción Universal facilita la persecución permanente de los delitos sin limitaciones de tiempo
y lugar.
Los organismos jurisdiccionales estatales, dando cumplimiento a las disposiciones de su legislación y/o a
las obligaciones emanadas del derecho internacional, han asumido el compromiso de aplicar el principio
de Jurisdicción Universal en la persecución, enjuiciamiento y sanción de los responsables de crímenes
contra la humanidad, tomando en consideración las particularidades de esta categoría de crímenes. Si bien
el principio de jurisdicción universal facilita la persecución de los crímenes sin limitaciones espaciales, la
imprescriptibilidad permite su persecución sin limitaciones temporales129
, por lo cual se aplican de manera
conjunta y complementaria.
La Jurisdicción Universal favorece la persecución y el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad, no sólo
a través de tribunales internacionales creados para el efecto, sino a través de la ampliación de la jurisdicción
de cortes nacionales de los lugares donde se encuentren los victimarios.
128 CIDH. Ob. Cit. Sentencia caso Mirna Mack Chang Vs. Guatemala. Párrafo 276.
129 Sánchez, Joan. Ob. Cit. Página 21.

El principio de Jurisdicción Universal se aplica sin importar la nacionalidad de la persona acusada o la de la
víctima. La aplicación más amplia de la Jurisdicción Internacional permitiría a los Estados ejercer su jurisdicción
sobre los perpetradores de crímenes bajo la ley internacional si éstos fuesen cometidos en el exterior, incluso
si el sospechoso no estuviese presente en el Estado donde el fiscal o los jueces que hayan investigado el delito
se encuentren.
Es de esta forma que muchos países, incluido Guatemala, han ratificado el Estatuto de Roma con el objetivo de
juzgar y castigar la comisión de crímenes graves y de trascendencia para la humanidad, buscando disminuir
la impunidad en su comisión. Todo ello en atención al deber del Estado de ejercer su jurisdicción contra los
responsables de crímenes internacionales, promoviendo la práctica y el respeto de la justicia internacional.
Por sus características, gravedad y los derechos que violenta, la ejecución extrajudicial, así como la
responsabilidad directa del Estado, ya sea por acción u omisión, se establece que su tipificación es autónoma;
es decir, el mismo no debe ser subsumido por un delito de menor gravedad como el homicidio, femicidio o
asesinato130
.
1.2 Violaciones a los Derechos Humanos de las víctimas de ejecución
extrajudicial
La ejecución extrajudicial, como crimen de lesa humanidad conlleva la violación a varios derechos humanos,
así como a garantías previamente establecidas en el ámbito nacional e internacional, por lo cual es necesario
ahondar en el mismo para evidenciar la gravedad de esta práctica, y de esta forma comprender de una mejor
manera el por qué es sancionada como un crimen de lesa humanidad. A continuación se describen los
principales derechos que violenta:
A. Derecho a la vida
El Estado se organiza con el fin de proteger la vida y garantizar el bienestar a todos los habitantes de la
república. Esta situación conlleva una obligación implícita, la obligación de proteger la vida de cualquier
persona que se encuentre en el territorio de la república131
.
130 Si bien es cierto que con el homicidio, femicidio y el asesinato castigan acciones que atentan contra la dignidad, la integridad personal y la vida, la gravedad de la ejecución
extrajudicial radica en que el autor de la violación es el Estado.
131 Artículo 1 y 2. Constitución Política de la República de Guatemala

Atendiendo a ello, cualquier muerte que ocurra en el territorio nacional implica necesariamente una
responsabilidad para el Estado, ya que está incumpliendo con uno de sus deberes fundamentales, el proteger
y garantizar la vida.
La articulación y funcionamiento de grupos paramilitares, grupos de extermino o estructuras paralelas al
Estado, creadas con el fin de eliminar selectivamente a personas o grupos sociales, implica responsabilidad
para el Estado en cuanto a la violación del derecho a la vida. Cuando esto sucede nos encontramos ante una
violación por omisión, es decir, una responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones.
Asimismo, el Estado tiene responsabilidad directa en las muertes selectivas o ejecución extrajudicial de
personas, cuando sus funcionarios participan (de forma directa o indirecta) en los hechos, ya que debe contar
con controles efectivos sobre la actuación de quienes le representan y dependen de él. Esta situación es aún
más grave, dado que las instituciones o personas que deben garantizar el libre ejercicio de los derechos civiles,
son quienes los violentan, dejando a la población en una situación de indefensión por no tener a quien acudir
en busca de protección.
Cuando el Estado no investiga, omite perseguir penalmente, no juzga y deja de sancionar la ejecución
extrajudicial, envía el mensaje de “estar de acuerdo” con este tipo de prácticas, y más allá de ello, pareciera
consentir que se lleven a cabo, incrementando de esta forma los niveles de impunidad.
De allí la importancia de la investigación, juzgamiento y sanción de este tipo de delitos, para demostrar a la
población que no importa quién sea la persona que transgrede la ley (su ocupación o posición) será castigada
y más aún cuando se trate de agentes del Estado.
B. Derecho a la integridad personal
Toda persona tiene derecho a que sea respetada su integridad física, psíquica y moral; así como el derecho a
no ser sometida a torturas ni penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes132
.
La ejecución extrajudicial violenta el derecho de las personas a la integridad personal, debido a que muchas
víctimas, previo a su ejecución, fueron objetivo de un tratamiento cruel e inhumano, mediante actos de
violencia y abuso físico que lesionan su integridad física, psíquica y moral. Estas situaciones se evidencian
a través de los exámenes médicos (necropsias) realizados en los cuerpos sin vida de las víctimas. También
es evidente la afectación psíquica de las víctimas, cuando previo a su ejecución han recibido amenazas por
cualquier medio.
132 Artículo 3 y 4. Constitución Política de la República de Guatemala.

Las agresiones y torturas sufridas implican, presumiblemente, una forma de castigo por su condición o por
sus acciones, tal como sucede en el caso de la niñez de la calle, las muertes de jóvenes vinculados con maras
y pandillas, o las muertes de los denominados delincuentes habituales.
Adicionalmente, la ejecución extrajudicial violenta el derecho a la integridad personal de las familias, debido
a la forma en la cual las víctimas han sido privadas de la vida, lo que ocasiona angustia y sufrimiento, el cual se
incrementa por la falta de interés en el esclarecimiento de los hechos.
Estas situaciones se agravan por la aceptación social de las muertes, las cuales son aplaudidas y justificadas
por amplios sectores sociales, como se ejemplifica más adelante con los comentarios en notas de prensa
electrónica.
C. Derecho a la libertad personal
La legislación guatemalteca contempla el derecho a la libertad personal (artículos 5 y 6 CPRG), entendida
como el derecho de hacer lo que la ley no prohíbe; y el derecho a no ser detenido o preso de manera ilegal o
arbitraria.
Cuando previo a una ejecución extrajudicial se priva de libertad a la víctima, se viola flagrantemente el derecho
a la libertad personal, cometiéndose adicionalmente el delito de desaparición fozada, lo cual constituye un
concurso de delitos.
Cuando agentes de Estado privan de libertad y mantienen cautivas a las personas en lugares distintos a
los legalmente establecidos para el efecto, alejándolas de la protección legal que brinda el sistema de
administración de justicia, constituye una forma particularmente grave de privación arbitraria de la libertad.
Este tipo de acciones, que por su naturaleza secreta no pueden ser objeto de examen o control por parte del
Estado o los particulares, generan situaciones idóneas para la realización de actos de tortura y otros tratos
crueles, inhumanos y degradantes.
La privación de libertad arbitraria limita el ejercicio de los derechos contemplados en la legislación nacional
e internacional, debido a que no puede ser ejercido el derecho a acudir o ser presentado ante una autoridad
judicial competente, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a la defensa, el derecho a
impugnar la legalidad de la detención y el derecho a proceder contra las personas que han violentado los
procedimientos legalmente establecidos, en perjuicio de las víctimas.

D. Violación de las garantías judiciales y de protección judicial
La ejecución extrajudicial (exista o no una desaparición forzosa) limita el acceso de las víctimas a la protección
judicial que el Estado está obligado a proporcionar, no solo por negarles el acceso a un recurso sencillo y rápido
interpuesto ante autoridad judicial competente e imparcial que garantice la protección de sus derechos, sino
porque se violenta el derecho de sus familias a conocer el destino y el lugar donde se encuentran.
También se violentan las garantías procesales y la protección judicial, cuando el Estado incumple con su
función de realizar las investigaciones necesarias y pertinentes orientadas al esclarecimiento de los hechos.
La denegación, retardo u obstaculización de las acciones legales impulsadas por familiares o terceras
personas, con el objetivo de garantizar la protección de las víctimas u orientadas al esclarecimiento de los
hechos, constituyen una privación del derecho a la protección judicial, a la vida y a la seguridad.
El Estado violenta el derecho a la protección judicial cuando no garantiza un tribunal independiente e
imparcial, o al emitir fallos judiciales arbitrarios, y al cesar las investigaciones. Sin embargo, si los procesos
judiciales son ágiles y eficientes, las violaciones relacionadas con los derechos de las familias no ocurren.
E. Derecho a la verdad
El derecho a la verdad le es inherente a los familiares de las víctimas y a la sociedad en su conjunto. El mismo
tiene un carácter colectivo que implica tener acceso a la información para garantizar la convivencia en Estados
democráticos, y un carácter individual como el derecho de los familiares a conocer que fue lo que sucedió con
la víctima.
El derecho a la verdad constituye un mecanismo de reparación, debido a que mientras se tenga incertidumbre
acerca de lo sucedido, la afectación psicológica y moral de las familias continuará.
El conocer y divulgar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad, es un aliciente para que los Estados
procuren condiciones en lo social y lo político, que le permitan comprometerse a que los hechos no vuelvan
a repetirse.

F. Obligación de respetar y garantizar los derechos
Las constantes violaciones a derechos humanos perpetradas o consentidas por el Estado guatemalteco,
conllevan la violación a las obligaciones de respetar y garantizar los derechos contenidos y regulados en la
legislación interna del país, y en las convenciones, pactos y tratados internacionales de protección a Derechos
Humanos, aprobados, suscritos y ratificados por Guatemala.
Estas violaciones no pueden ser justificadas por razones de seguridad nacional, ya que el Estado tiene la
obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público sin recurrir a prácticas violatorias de
derechos, es decir, debe realizar sus labores con apego a la ley, incluida la observancia del ordenamiento
internacional para proteger a las personas.
Es importante resaltar que, el Estado no puede restringir de forma alguna las garantías y derechos que forman
parte de su ordenamiento, y tampoco puede interpretarlas para restringir el goce de derechos.
2. La ejecución extrajudicial en el derecho
penal guatemalteco
La tipificación del delito de ejecución extrajudicial en el ordenamiento jurídico-penal guatemalteco, implica
el inicio del establecimiento de un sistema de control sobre las actuaciones del poder público representado
en sus funcionarios; con lo que se busca operativizar la garantía de respeto a los derechos fundamentales,
prohibiendo este tipo de conductas en aquellas personas cuya función principal es garantizar el libre ejercicio
de los derechos.
Como se menciona, la tipificación dentro del ordenamiento guatemalteco responde al compromiso III del
Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, mediante el cual el Estado de Guatemala asume la obligación de
promover ante el Organismo Legislativo, las modificaciones legales necesarias en el Código Penal para la
tipificación y sanción como delitos de especial gravedad, las desapariciones forzadas o involuntarias, así como
las ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias.
Este compromiso da como resultado la tipificación del delito de ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria en
el Código Penal guatemalteco bajo la figura de Ejecución Extrajudicial, aprobada a través del Decretó Número
48-95 del Congreso de la República de Guatemala133
, el cual adiciona el Artículo 132 BIS, que regula el delito
de la siguiente forma:
133 Emitido el 15 de junio de 1995 y publicado el 14 de julio de 1995.

Artículo 132 BIS. Comete el delito de ejecución extrajudicial, quien por orden, con autorización,
apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, privare, en cualquier forma, de la vida a una o
más personas, por motivos políticos; en igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado
público, perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la
aquiescencia para la comisión de tales acciones.
Constituye delito de ejecución extrajudicial, la privación de la vida de una o más personas, aun cuando
no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado,
estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de
fuerza. Igualmente cometen delito de ejecución extrajudicial, los miembros o integrantes de grupos
o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo,
cuando como resultado de su accionar resultare la muerte de una o más personas.
El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años.
Se impondrá la pena de muerte en lugar de máximo de prisión, en cuales quiera de los siguientes casos:
Cuando la víctima sea menor de doce años de edad o persona mayor de sesenta años.
Cuandoporcircunstanciasdelhechoodelaocasión,lamaneraderealizarloylosmóvilesdeterminantes,
se revelare una mayor peligrosidad del agente.
Sin embargo, la inclusión de miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas,
insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo en la tipificación de la ejecución extrajudicial,
desvirtúan la esencia de los delitos cometidos contra Derechos Humanos134
, así como su intención original,
que es ejercer un control y sancionar a funcionarios públicos que en el ejercicio de sus cargos priven de la vida
de forma arbitraria o sumaria a personas.
La intención de protección no se limita a proteger la vida, sino busca proteger a la población de posibles
ilegalidades en las que puedan incurrir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, por lo cual, no
tiene sentido la inclusión de otros potenciales autores en el tipo penal.
Otra de las desventajas de la inclusión de personas vinculadas con hechos terroristas, es la duplicidad de
sanciones, ya que el presupuesto de“vinculación terrorista”se contempla en el delito de asesinato, para el cual
el código penal ofrece una sanción mayor.
134 Ejecución extrajudicial, Tortura y Desaparición forzosa.

Además de ello, pareciera que se ha beneficiado al autor del delito de ejecución extrajudicial, debido a que la
pena a imponer por este delito es menor a la contemplada para el asesinato, aun cuando éste es un delito de
mayor gravedad, ya que es cometido por un agente del Estado.
En tal sentido, la deficiente técnica legislativa utilizada para la definición del tipo penal de la ejecución
extrajudicial, dificulta su interpretación, generando confusión y ambigüedad con otros delitos que atentan
contra la vida.
3. La estigmatización de las víctimas de
ejecución extrajudicial (construcción
del imaginario social)
Cuando hablamos del imaginario social, nos referimos al proceso de construcción de las ideas comúnmente
compartidas en un grupo social acerca de, qué debe ser y cómo debe ser la realidad. Este qué y cómo marcan y
definen las relaciones sociales e interpersonales, ya que a través del imaginario social se idealizan y establecen
como válidas formas de ser, pensar, actuar, vivir, etc.
En este espacio, se construye y define la dirección político-cultural, la ideología dominante, y se realiza la
identificación del liderazgo ideológico de una clase social sobre otra, es donde se gestan patrones de
dominación y sumisión que proporcionan el control social a un determinado sector, el cual investido de
este poder define lo“socialmente aceptable”, así como los patrones de conducta que deberán ser aceptados,
promovidos y reproducidos por el sector sometido.
Entonces, podemos afirmar que la construcción del imaginario social tiene como base las ideas y concepciones
políticas, económicas, culturales, éticas, religiosas, etc.; de quienes ostentan el poder, que para el caso de
Guatemala se concentra en el empresariado y en la resurgida cúpula militar.
Cuandoelimaginariosocial(cúmulodeideassobreeldeberser)seconstruyeenbasealasideasyconcepciones
de quienes ostentan el poder, implica relaciones de dominación verticalizadas, constituyendo un sistema
hegemónico135
. Este sistema puede utilizar distintas herramientas para la imposición de ideas, valiéndose de
su potencial económico, militar o político para socializar e implantar los patrones de conducta definidos que
han de ser interiorizados y reproducidos por el resto de la sociedad.
135 Dominio de una clase social sobre otra, regularmente ejercido por quienes tienen acceso al poder económico, militar y político.

Una de las herramientas más comúnmente utilizada son las corporaciones mediáticas de información, que
hacen posible la transmisión de ideas, posturas, valores, y patrones de conducta a ser aceptados, validados,
interiorizados y reproducidos por la generalidad. A la vez, los mensajes enviados facilitan la construcción
de una opinión colectiva sobre la problemática que aqueja a la sociedad, y las respuestas que deben ser
aplicadas.
Los mensajes pueden ser transmitidos a través de noticieros televisivos o radiales, anuncios sensacionalistas,
campañaspublicitarias,prensaescrita,programasdeopiniónydiscusión,asícomoatravésdelastanafamadas
telenovelas, las cuales imponen patrones de conducta, dirigidos especialmente a las mujeres.
Otros medios para la transmisión de patrones y valores son la escuela y la iglesia; espacios en los cuales
los conocimientos impartidos fortalecen el imaginario social hegemónico, fomentando la aceptación del
racismo, machismo, adultocentrismo, xenofobia, homofobia, exclusión, discriminación y pobreza; así como
la criminalización de conductas que cuestionen o que afecten la forma en la cual se desarrolla la dominación
ideológica.
Tales afirmaciones pueden ser comprobadas a través del racismo imperante en la sociedad guatemalteca,
el cual motiva la negación y exclusión de las culturas maya, garífuna y xinca por considerarlas inferiores,
promoviendo la admiración e imitación de patrones culturales extranjeros (principalmente anglosajones),
extremos que se hacen evidentes en el debate técnico y político con respecto al porcentaje de población
indígena en el país.
De acuerdo a declaraciones de líderes del movimiento maya, la población indígena representa más de la mitad
de la población total del país136
, extremo avalado a través del informe El Mundo Indígena donde se establece
que la población indígena en Guatemala representa el 60%137
. Sin embargo, según cifras oficiales la población
indígena constituye un 40% de la población total, porcentaje que se relaciona íntimamente con el hecho de
que las estadísticas oficiales se basan en la autodeterminación que expresan las personas encuestadas.
En tal sentido, es fácil deducir que algunas personas con ascendencia indígena les avergüenza su pertenencia
étnica, por lo que niegan su vinculación, reforzando la afirmación sobre el racismo imperante en Guatemala,
el cual motivó, facilitó y justificó el genocidio durante el conflicto armado interno, dirigido principalmente
contra el pueblo maya.
136 Despacho interactivo de comunicadores sociales por la interculturalidad B´AQTUN. Informe de Monitoreo. Disponible en: http://baqtun.naleb.gt/index.php/monitoreoind%C3%ADgena/
informemonitoreo09.html
137 Wessendrof, Kathrin (compilación y edición). El Mundo Indígena 2011. Grupo internacional de trabajo sobre asuntos indígenas (IWGIA). Conpenhague, Dinamarca. Mayo 2011.
Página 87.

Pero no sólo el racismo ha justificado la eliminación física de personas, también lo hace la inserción en el
imaginario social de las ideas del“enemigo”y de los“indeseables”. El posicionamiento de la concepción sobre
la existencia de personas que dejan de formar parte de la sociedad -porque se convierten en delincuentes
habituales, porque no se ajustan a las normas y reglas, o bien, porque persiguen la realización de cambios
estructurales- por lo cual deben ser detenidas y neutralizadas, sin importar los medios a ser empleados
para conseguir este fin, ya que lo trascendental es anular sus acciones y hacer desaparecer la amenaza que
representan, lo que facilita la comisión de delitos contra la vida.
Esta aceptación de ideas como verdades reforzó y refuerza la motivación y justificación del asesinato selectivo
de personas.
Todas estas acciones se orientan hacia la estigmatización138
de las víctimas, despojándolas de dignidad y
respeto, excluyéndolas de la protección de un Estado que debería respetar y garantizar sus derechos, su vida y
su integridad física, justificando su eliminación en construcciones sociales diseñadas para despersonalizarlas,
menospreciarlas y deshumanizarlas.
Ahora bien, la estigmatización construida en el imaginario social y reproducida por la población, no
únicamente hace referencia a los grupos y/o personas víctimas de ejecución extrajudicial previo a su deceso y
como herramienta para justificar su muerte, sino va más allá, atentando contra la dignidad de la memoria de
las víctimas y contra la integridad de sus familias.
En la actualidad, existen otras situaciones que igualmente se justifican con posturas que aluden a que, su
pertenencia o identificación con un grupo social determinado simplemente les ha valido “obtener lo que
merecían”, por no ajustarse a las normas y reglas de convivencia, a los patrones sociales comúnmente
aceptados, o bien, porque se oponen a las acciones emprendidas por el régimen establecido, lo cual“atenta”
contra las políticas impulsadas por el Gobierno de turno, aunque las mismas excluyan y marginalicen a la
mayoría de la población.
Un aspecto sumamente interesante con respecto al imaginario social, es cómo los grupos que carecen de
espacios de participación o de poder real para incidir en cambios estructurales en su beneficio, se identifican,
promueven y defienden políticas y acciones que se dirigen contra el o los grupos a los cuales pertenecen, es
decir, se identifican con una clase social diferente (la dominante), y aspiran a formar parte de la misma, sin
tomar en cuenta que ésta les menosprecia y ataca, sin embargo, los“sumisos”la defienden y apoyan.
138 Estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que su portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y
se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores. Goffman, Erving. Estigma. La identidad deteriorada. Página 11.

Estas situaciones pueden evidenciarse, por ejemplo, en las personas a quienes la Iglesia Católica se niega
a albergar por su orientación e identidad sexual, y que pese a ser discriminadas y hasta excluidas apoyan y
divulgan la filosofía y postulados de la Iglesia, cumpliendo con los mandatos de la misma, sin embargo ésta,
les ataca, desconoce y censura su forma de ser y de vivir.
O bien, aquellas personas que residen en barrios urbano marginales, que protestan enérgicamente y exigen
justicia, cuando miembros del sector político o económico son víctimas de violencia, llegando al punto de
articularse para la defensa de los derechos de éstas, siendo manipulados y utilizados estratégicamente por
quienes ostenta el poder para apoyar sus intereses; sin embargo, cuando las víctimas pertenecen a su mismo
estrato social no emprenden acciones para brindarles su apoyo; sino por el contrario, justifican los hechos
basándose en el discurso implantado en el imaginario social.
En estas circunstancias, es común escuchar frases que responsabilizan a las víctimas de lo sucedido, como
en el caso de los miles de jóvenes que han perdido la vida en hechos de violencia, ante lo cual es frecuente
escuchar“saber en que andaba metido y por eso lo mataron”.
La estigmatización de las víctimas, aún después de fallecidas, violenta su dignidad y la de sus familias, debido
a que se mancilla la memoria de los muertos culpabilizándoles de las circunstancias en las cuales fueron
privados de la vida, menospreciando el dolor y la necesidad de las familias de conocer la verdad, dejando en
la impunidad la mayoría de hechos.
Otro ejemplo, lo encontramos en el secuestro y sustracción de personas menores de edad, en donde la
cobertura de los medios de comunicación colectiva, la exigencia de conocer la verdad impulsada por algunas
organizaciones de sociedad civil, así como los recursos invertidos por el Estado para la investigación de este
tipo de casos, se activan cuando los hechos involucran a la niñez cuya posición económica permite a las
familias la movilización de recursos, no así, cuando quien desaparece o es secuestrado es un niño o una niña
proveniente de sectores marginalizados de la población.
Durante el primer semestre del año 2012 se activaron 885 alertas Alba-Keneth, siendo desactivadas 349 a
julio del 2012. Sin embargo, únicamente en un caso ha existido movilización de medios de comunicación,
sector político y del sistema de investigación criminal a nivel internacional, por lo cual se ha generado una
exigencia social para establecer la situación y paradero de dos niños139
; siendo impresionante el desapego
cuando las víctimas provienen de sectores marginalizados y excluidos de la población, casos en los cuales no
existe movilización de los recursos existentes en el Estado para su búsqueda, ni existe una exigencia social
para la averiguación de la verdad.
139 Caso Siekavizza.

Estas situaciones permiten ejemplificar que, cuando la víctima pertenece al sector económico dominante
o se vincula a la política, se activan los mecanismos de protección del Estado, e inclusive las personas
marginalizadas y excluidas exigen el esclarecimiento de los hechos, atendiendo al sector social al cual
pertenece la víctima; sin embargo, cuando la víctima proviene de sectores carenciados y marginalizados, los
mecanismos de protección del Estado permanecen inoperantes y las personas que comparten su procedencia
no se pronuncian ni realizan exigencia alguna; debido a que se han asumido y reproducen los patrones de
conducta construidos a través del imaginario social.
La interiorización y reproducción de las conductas y patrones culturales definidos a través del imaginario
social dominante, facilitan y justifican la comisión de hechos delictivos en los cuales las víctimas se encuentran
socialmente estigmatizadas.
4. Caracterización de los autores de
Como ha sido mencionado, el Estado es responsable por la comisión del delito de ejecución extrajudicial.
Cuando se afirma que es autor directo, obedece a que funcionarios de Estado en el ejercicio de su cargo han
violentado los derechos humanos de la población.
Merece la pena recalcar que, un funcionario de Estado en ejercicio de su cargo que priva de la vida a otra
persona de forma arbitraria o sumaria, ya sea porque ha recibido una orden directa o porque se encuentra
implementando un plan o política de Estado, sus acciones se encuadran en la definición del delito de ejecución
extrajudicial140
.
Ahora bien, la responsabilidad directa en los hechos puede generar dos tipos de autoría. Para el delito de
ejecución extrajudicial se considerará autor intelectual a aquella persona o personas que planifican la
comisión del delito; y serán autores materiales quienes lleven a cabo los hechos; es decir, quienes priven de la
vida a la víctima o víctimas.
140 En tal sentido, las muertes selectivas ejecutadas por las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto armado interno se encuadran en dicha figura, aunque al momento
de la comisión de los hechos en el ordenamiento interno no estuviere tipificado el delito; ya que, como se analizó previamente, el asesinato en estas circunstancias es considerado un
crimen de lesa humanidad a partir de la creación del Estatuto de Núremberg.

También debemos esclarecer que, para los autores materiales del hecho, existirá responsabilidad penal en
cuanto al grado de participación en la comisión del delito, la cual será determinada por el rol que jugaron y las
acciones que realizaron durante del crimen. Es decir, serán castigados conforme a lo que hayan hecho.
4.1 El Estado como autor directo del delito de ejecución extrajudicial
(autoría por acción)
Como ha sido establecido, durante el conflicto armado interno el Ejército fue responsable del 86% del total
de ejecuciones arbitrarias. Las PAC fueron responsables del 21%, los Comisionados Militares del 11%. Otras
Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia de Hacienda y otros), del 4%141
.
Con la firma del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad
democrática (AFPC) en septiembre de 1996, se acuerda la creación de una nueva institución policial de
carácter civil bajo la dirección del Ministerio de Gobernación, así como la disolución de la Policía Nacional,
Policía Militar Ambulante y de la Guardia de Hacienda.
Sin embargo, el Gobierno de Álvaro Arzú decidió integrar la nueva fuerza de seguridad implementando la
figura del“reciclaje”, que consistió en“reeducar”a parte de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia
de Hacienda, facilitando la permanencia en las tareas de seguridad ciudadana de altos mandos involucrados
en acciones de contrainsurgencia.
Muchos de quienes no aprobaron el reciclaje o se dieron de baja en las filas del Ejército, pasaron a formar parte
de las empresas de seguridad privada del país, creando servicios y ofreciendo sus conocimientos en acciones
de seguridad y protección a empresas privadas y personas particulares.
Una de las principales teorías que surgen a raíz de los casos tramitados en el sistema de administración de
justicia, con respecto a las fuerzas especiales denominadas Kaibiles, es que se encuentran asesorando y
brindando seguridad a grupos de narcotráfico y de crimen organizado, lo cual se fundamenta en los hechos
acaecidos en El Petén en 2011, donde sobrevivientes de una masacre testificaron que quienes comandaban
las fuerzas armadas del grupo de narcotraficante denominado Los Zetas se hacían llamar Kaibiles, y
manejaban un lenguaje militar142
, así como en la reciente captura de un Kaibil de quien se sospecha brindaba
entrenamiento a un grupo de sicarios.
141 CEH. Ob. Cit. Párrafo 1803.
142 website@siglo21. Fiscal dice que ex kaibil capturado dirigió masacre. Siglo 21 (Guatemala). 19/02/2011. Disponible en: http://www.s21.com.gt/nacionales/2011/05/19/fiscal-dice-que-
ex-kaibil-capturado-dirigio-masacre

Cae Kaibil por asesinato, entrenaba a sicarios
Cae kaibil por asesinato, entrenaba a sicarios
Agentes de la Sección de Delitos Contra la Vida, de la Policía Nacional Civil, capturaron ayer en la
colonia Nuevo Amanecer al kaibil Edgar Cardona Alvarado, de 33 años, quien era buscado desde
el año pasado por matar a una pareja.
Según las autoridades, el detenido pertenece a la banda criminal que asesinó a Facundo Cabral,
aunque no habría tenido participación directa en el caso.
“Cardona Alvarado fue paracaidista de 1998 a 2000, y es uno de los cabecillas de un grupo de
sicarios”, afirmó Juan Pablo Ríos, jefe de la Fuerza de Tarea Contra el Sicariato.
Dentro de la estructura criminal era el encargado de conseguir el armamento y de entrenar a sus
miembros, agregó.
DOBLE CRIMEN
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el 20 de julio de 2011, en Puerto San José,
Cardona intentó robar una pistola a Carlos Humberto González, de 48 años, a quien acompañaba
Karen González, de 28, y al no lograrlo los mató.
En cuanto a la figura de los Comisionados Militares y Patrullas de Autodefensa Civil, ambas continúan activas
en comunidades del interior del país, movilizados durante los últimos cinco años con el fin político de acceder
a beneficios económicos por los servicios prestados al Estado durante el conflicto armado interno, y para
apoyar la vuelta al poder de un Gobierno de corte militar y autoritario. Los grupos han sido movilizados
constantemente por distintos partidos políticos para obtener su apoyo en las elecciones sucedidas luego de
la firma de los Acuerdos de Paz.
DeconformidadconloestablecidoenelestudioHerederosdelaGuerra,desde1997,ungrupodeexpatrulleros
del departamento (provincia) de El Petén144
empezaron a reunirse para exigir que fueran indemnizados por
los servicios prestados al gobierno y al ejército durante la década de 1980. La respuesta afirmativa a esta
demanda por parte del gobierno contribuyó a que decenas de miles de ex patrulleros civiles se reorganizaran
en la mayoría de los municipios del país145
.
143 Redacción. Cae Kaibil por asesinato, entrenaba sicarios.Nuestro Diario (Guatemala). 16/03/2012. Disponible en: http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario/LandingPage-
LandingPage.aspx?href=R05ELzIwMTIvMDMvMTY.&pageno=NA..&entity=QXIwMDQwMQ..&view=ZW50aXR5
144 Departamento más extenso del país, ubicado al norte de la ciudad de Guatemala.
145 García García, Glenda. Herederos de la Guerra: ex paramilitares y víctimas de la contrainsurgencia en Guatemala. Página 2.

En la actualidad, miles de personas que participaron en hechos de violencia durante el conflicto armado
interno, se encuentran articulados en la Asociación de Ex Patrulleros Civiles, quienes en comunidades del
interior del país se autodenominan líderes comunitarios y conforman Juntas, Comisiones y/o Comités de
Seguridad Ciudadana, utilizando los conocimientos y técnicas aprendidos durante su entrenamiento en
combate contrainsurgente146
.
Las JLS tienen distintas características según la comunidad y muy probablemente varían en cuanto a su
nivel real de despliegue y actividad. En algunas comunidades la población que participa en la JLS reproduce
estructuras de poder local establecidas desde la guerra, siendo una extensión en el tiempo de lo que fueron
las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC. En muchas comunidades persisten elementos ligados a prácticas
militares, ya sea por la organización de las ex PAC, o por el hecho de que en ellas conviven ex soldados que
fueron incorporados al Ejército durante los años álgidos del enfrentamiento147
.
Parasuatención,elEstadohadiseñadovariosmecanismosquevandesdesuinclusiónenprogramasecológicos,
la creación de la Secretaría Técnica de Atención a los ex Patrulleros Civiles, hasta la elaboración, presentación
y aprobación de iniciativas de ley en el seno del Congreso de la República148
, acciones mediante las cuales el
Estado ha erogado fondos para la realización de pagos, situación que ha favorecido su rearticulación.
Así también, debe destacarse el resurgimiento de grupos paramilitares y de exterminio, dirigidos a un nuevo
enemigo “los indeseables”, acciones que al igual que las cometidas durante el enfrentamiento, causan la
indiferencia social y se realizan en una total impunidad; hechos que lamentablemente generan demanda y
aceptación en varios sectores sociales.
Grupos de Exterminio
El 16 de febrero de 2012 vecinos del lugar encontraron en un camino de terracería en Villa Nueva,
los cuerpos sin vida de dos hombres que no pudieron ser identificados.
Autoridades informan que los cadáveres tenían las manos atadas hacia atrás, los ojos vendados, las
cabezas cubiertas con gorros pasamontañas, heridas de arma de fuego y una nota en la cual se les
acusaba se ser extorsionistas.
Esta nota, además, tenía un listado con el nombre y apodo de“los que tendrán el mismo final”.
146 Ejemplo de ello son los grupos articulados en San Juan Sacatepéquez y en Ciudad Quetzal.
147 Torres Escobar, Edelberto. Aproximación a la inseguridad en Huehuetenango. Página 43.
148 Decreto 28-04 del Congreso de la República de Guatemala, mediante el cual se crea un beneficio económico para los ex patrulleros de auto defensa civil.
149 Solórzano, Armando. Hallan cuerpos en un camino. Nuestro Diario (Guatemala). 17/02/2012.

Grupos de Exterminio
El cuerpo sin vida de Karen de León Macario de 21 años fue localizado en el interior de una vivienda
por un niño que se encontraba jugando pelota, cuando extravió su pelota ingresó al patio de una
casa abandonada para buscarla, fue entonces cuando quedó sorprendido al encontrar el cadáver.
Rápidamente avisó a sus padres y éstos a las autoridades. De acuerdo a la PNC el inmueble es
utilizado por un grupo de extorsionistas y vendedores de droga.
Karen había sido degollada, estaba atada de pies y manos. Cerca de su cuerpo fue encontrado un
papel escrito con lapicero en el cual la acusaban de ser extorsionista, en éste también amenazaban
con matar a tres hombres que fueron identificados con sus apodos en la nota.
En el año 2000 el Congreso de la República aprueba la participación del Ejército en labores de seguridad
ciudadana a través del decreto 8-2000, el cual faculta a la nueva Policía Militar151
para asistir a la Policía
Nacional Civil, y luego el decreto 40-2000 Ley de apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil, faculta al Ejército para
“colaborar” con las fuerzas civiles de seguridad en la lucha contra la delincuencia; el Acuerdo Gubernativo
216-2011 realiza una clara sesión de funciones de seguridad ciudadana a las fuerzas militares, autorizando a
la fuerza pública a expandir el número de sus efectivos sin limitación alguna “de acuerdo a las necesidades
actuales de seguridad nacional”. Con estos decretos y acuerdos se garantiza la participación activa del Ejército
en las tareas de seguridad ciudadana y se continúa con la militarización de la seguridad interna.
Estas situaciones sumadas a la tendencia y exigencia de un pequeño sector social de remilitarizar el Estado y
la seguridad ciudadana, evidencian el atraso en el proceso de democratización social del Estado, mientras que
las fuerzas de seguridad aún continúan involucradas en hechos de violencia y violaciones graves a derechos
humanos, y su intervención en el tema de seguridad no ha sido efectivo, ya que las cifras de violencia han ido
en aumento.
150 Molina, Carlos. Degüellan a mujer. Nuestro Diario (Guatemala). 03/03/2012.
151 Esta fue creada con posterioridad a la desaparición de la Policía Militar Ambulante.

Tabla 1*
Muertes violentas de personas a nivel nacional y en el departamento de Guatemala
Enero 2003 a diciembre 2009152
Año
Delitos
reportados
a nivel
nacional
Homicidios a nivel
nacional Total
Homicidios en el
departamento de
Guatemala Total
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
2003 29.236 3.858 379 4.237 NR NR 1.835
2004 34.236 4.010 497 4.507 NR NR 1.891
2005 30.554 4.820 518 5.338 1.904 210 2.114
2006 28.562 5.282 603 5.885 2.190 258 2.448
2007 37.141 5.191 590 5.781 2.064 265 2.329
2008 29.970 5.605 687 6.292 2.110 323 2.433
2009 31.589 5.778 720 6.498 2.303 341 2.644
38.538 15.694
*Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el INE.
A. El Ejército
En el Capítulo I se reafirmó la actuación del Ejército como autor directo de ejecuciones extrajudiciales durante
el conflicto armado interno. Sin embargo, esta situación no es algo del pasado, ya que en la actualidad varios
miembros del Ejército se encuentran vinculados y procesados por la ejecución extrajudicial de personas en
Guatemala.
152 No se reporta.

La Masacre de Totonicapán
El 04 de octubre de 2012 residentes de los 48 cantones de Totonicapán, población indígena
maya K´iche´, se encontraban realizando una protesta pacífica para expresar su oposición a las
reformas constitucionales, a la Estrategia para una Educación de Calidad para la niñez y juventud
guatemalteca aprobada por el MINEDUC y el elevado e injusto cobro de la energía eléctrica que
afecta la economía comunitaria de los pueblos.
La protesta fue innecesariamente reprimida por el Ejército, acciones que dejaron como saldo la
muerte de ocho personas a manos de funcionarios de Estado y otras cuarenta resultaron heridas.
Actualmente, se encuentran procesados un coronel y ocho soldados, acusados de ejecutar
extrajudicialmente a los comunitarios y campesinos que estaban manifestando sus
inconformidades.
Así también, medios de comunicación han registrado hechos que involucran a miembros de la institución
castrense en graves violaciones a derechos humanos.
Tabla 2*
Hechos delictivos que vinculan a miembros del Ejército con crímenes de lesa humanidad
Medio Fecha y título de la
nota
Capturados Breve descripción Delito
imputado
Nuestro
Diario
07/05/2012
Muere tras discusión,
oficial del ejército
acusado de crimen
Oficial Héctor
Manuel Santizo
de León
Testigos informan que la víctima
se encontraba en una discoteca,
discutió con un hombre y
salieron a la calle. Este le disparó
y huyó, minutos después
regresó a la escena uniformado,
fue reconocido por testigos y
detenido.
Homicidio
153 Red nacional de organizaciones de jóvenes Mayas (Renoj), Observatorio indígena, Asociación de educación rural de Guatemala (Amerg). Comunicado de prensa en torno a la
Masacre de Totonicapán. Disponible en: http://xa.yimg.com/kq/groups/17809804/1260127172/name/COMUNICADO+DE+RENOJ.pdf

Nuestro
Diario
29/03/2012
Capitán es ligado a
crimen
Capitán retirado
del Ejército, José
Alfredo Camey
El Ministerio Público lo
responsabiliza de asesinar a
los esposos Carlos Humberto
González y Karen del Socorro
González en el Puerto de San José
Escuintla, es supuesto miembro
de una banda de sicarios.
Asesinato
Nuestro
Diario
16/03/2012
Cae Kaibil por
asesinato, entrenaba
sicarios
Kaibil Edgar
Cardona
Alvarado
Es acusado de asesinar a una
pareja. De acuerdo a la PNC
era encargado de conseguir
armamento y dar entrenamiento a
un grupo de sicarios
Asesinato
Prensa
Libre
12/10/2011
Capturan a ex militar
vinculado en masacre
en el triángulo Ixil
Ex Militar
José Mauricio
Sánchez
Fue capturado en la zona 17
sindicado de genocidio y delitos
contra deberes de la humanidad
en la masacre en el Triángulo Ixil,
Quiché
Genocidio
El Periódico 03/09/2011
Policías y soldados
involucrados en
doble asesinato
Subteniente
Francisco Ruano
Castellanos;
soldados Jorge
Corado Litín e
Ismael Jiménez
Nájera
Interceptaron el carro Toyota
modelo 68, donde viajaban los
tres hombres. Llevaban una
pistola Desert Eagle cromada. Los
miembros de la patrulla dijeron
que conducirían a Víctor, Luis
y Avelino a la Subcomisaría 15.
Sin embargo, se dirigieron hacia
Amatitlán. En la aldea Mesías
Bajas asesinaron a dos de ellos,
García logró escapar.“En un
área desolada, nos obligaron a
hincarnos y a ponernos boca
abajo. Después de que me quité
un pedazo de alambre que me
ataba las manos, logré huir”, dijo.
Ejecución
extrajudicial,
encubrimien-
to propio

EFE
Noticias
11/02/2010
Capturan a oficial
del ejército,
cuatro policías y
dos coreanos por
secuestro y asesinato
de un empresario
Mayor del
Ejército Hugo
Leonel Zielke
Puac
Secuestro y posterior asesinato
del empresario coreano Te Paek
Soung Kim, de 54 años de edad,
cuyo cadáver fue hallado con
señales de tortura el pasado 2
de febrero (2010) en un terreno
baldío del municipio de Palín,
unos 50 kilómetros al sur de la
capital
Secuestro y
asesinato
*Fuente: Elaboración propia basada en noticias televisivas y en prensa escrita. (VER BIBILOGRAFÍA)
B. La Policía Nacional Civil (PNC)
La transformación de la PN a la PNC, como se mencionó, incluyó el“reciclaje”para integrar la nueva institución,
realizándose el traslado de prácticas con el mantenimiento de agentes que participaron en la implementación
de la estrategia contrainsurgente.
Las técnicas aprendidas y reproducidas continuaron aplicándose posterior a la firma de los Acuerdos
de Paz, situaciones que se evidencian en las muertes selectivas de adolescentes y jóvenes vinculados a
maras y/o pandillas154
; así como en los procesos entablados contra agentes de Policía Nacional Civil por su
involucramiento en ejecuciones extrajudiciales, como lo ejemplifica la captura y procesamiento de la ex
viceministra de Gobernación, Marlene Blanco Lapola, a quien se le sindica junto a cuatro ex agentes, de la
ejecución extrajudicial de tres personas en operativos denominados“de limpieza social”.
De acuerdo a la Cicig, todos ellos [policías capturados] presuntos miembros de una estructura paralela
dentro de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación, que bajo el mando de la ex viceministra, se
dedicaban a la localización y eliminación de personas sospechosas en casos de extorsiones a empresarios del
medio de transporte155
.
Así también, existen otros casos que involucran a agentes de PNC, miembros del Ejército y otros funcionarios
públicos en la comisión de delitos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial; hechos del dominio
público mediante su divulgación en distintos medios de comunicación, a los cuales se accede fácilmente
a través del portal del Sistema de Monitoreo de Medios de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad (SAAS)156
.
154 Samayoa, Claudia. Ob. Cit.
155 Declaraciones de Diego Álvarez, portavoz de la Cicig. Juez ordena prisión preventiva para Blanco Lapola. Prensa Libre (Guatemala). 23/03/12. Disponible en http://www.prensalibre.com/
noticias/justicia/Captura-Ex-Directora-PNC_0_668933203.html
156 http://monitoreo.saas.gob.gt/noticias2/page/4/?s=pnc#content

Estos acontecimientos hacen visible el traslado de prácticas utilizadas durante la guerra interna, para privar de
la libertad y de la vida en forma arbitraria, así como la ilegalidad en la actuación de funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley.
A continuación se presentan algunos de los hechos delictivos que vinculan a funcionarios públicos. Estos
fueron publicados en diferentes medios masivos de comunicación social en 2010, 2011 y el primer semestre
de 2012:
Tabla 3*
Hechos delictivos que vinculan a funcionarios públicos
Medio Fecha y título
de la nota
Capturados Breve descripción Delito
imputado
Nuestro
Diario
29/06/2012
Señalan a
policía de
Crimen
José Roberto
Gatica Ramos,
Agente de PNC
Le acusan de haber asesinado a
un hombre vestido de mujer en
su casa de habitación, el jefe de
la Comisaría 11, Arnoldo López
indicó que Gatica, quien estaba de
descanso, relató que el individuo lo
persiguió en la calle para asaltarlo,
por lo que buscó refugio en su
pieza, pero el desconocido logró
meterse y se produjo la tragedia.
Los investigadores no descartan la
hipótesis de que el policía salió a
beber e invito a su habitación a una
presunta mujer, pero al descubrir
que se trataba de un homosexual
se produjo la pelea
Asesinato

Siglo 21 07/06/2012
Capturan a
ocho policías
acusados de
secuestro
Mynor Abel Dávila,
Carlos Enrique
Álvarez, Eleázar
Migdael Zavaleta,
Jeremías José
Gutiérrez, Manuel
Esquipulas Ortiz,
Hemerson Edhson
Jolón, Pedro Noé
Salazar y Alex
Omar Nájera.
Los agentes detenidos, formaban
parte de la Comisaría 13 en
la estación La Villa, zona 10,
interceptaron a Bravo Navarro y
a López Moreno a inmediaciones
del Casino Golden, en la zona
10, cuando trataban de pactar la
venta de una camioneta propiedad
de López Moreno. Detuvieron a
las víctimas, les solicitaron sus
documentos, los engrilletaron
e introdujeron en la camioneta.
Bravo Navarro logró escapar y se
refugió en el interior del casino.
López Moreno fue secuestrado en
su propio vehículo, golpeado; y le
exigían Q500 mil por su liberación.
Plagio o
secuestro
Siglo 21 06/06/2012
Capturan a ex
PNC acusado
de ejecución
extrajudicial
Nicolás Camajá
Bach
Fue detenido en Antigua
Guatemala, se le sindica del delito
de ejecución extrajudicial por
el asesinato de Edwin Estuardo
Santacruz Rodríguez, hecho
perpetrado el 3 de noviembre de
2005 en Río Hondo, Zacapa
Ejecución
extrajudicial
Nuestro
Diario
28/04/2012
Mata a ex
cuñado
Gerson Giovany
Aguilar,
investigador de la
PNC
El investigador intentó secuestrar
a su ex novia, el hermano de ésta
intervino para evitarlo, en ese
momento le disparó privándolo de
la vida
Asesinato

Siglo 21 23/03/2012
Capturan a
Marlene Blanco
Lapola, ex
viceministra de
Gobernación
Marlene Blanco
Lapola Ex
Viceministra de
Gobernación
De acuerdo al MP y la Cicig
conformó una red de sicariato
con miembros y ex miembros de
la PNC, la cual se dedicaba a la
eliminación de personas vinculadas
con extorsiones.
En operativos simultáneos a la
captura de Blanco Lapola, fueron
detenidos el comisario de la PNC,
Edwin Nathaniel Chipix Notz, y los
exagentes Lino Efrén Castillo García
e Israel Chávez157
.
Ejecución
extrajudicial
y asociación
ilícita
Prensa Libre 14/03/2012
Capturan a
integrante de
la DEIC, por
desaparición de
investigadores
Israel Miranda
Ramírez,
Investigador del
DEIC
El Ministerio Público (MP) lo sindica
de desaparición forzada de cuatro
investigadores, el fiscal indicó
que vinculan a Miranda con la
desaparición, debido a que sus
declaraciones han sido confusas
y“rodea”una serie de mentiras.
“Él nos dio una versión, otra a la
ORP (Oficina de Responsabilidad
Profesional) y otra a los familiares
de los desaparecidos en cuanto
a la forma de la desaparición de
los cuatro elementos, y con la
investigación que hemos efectuado
no concuerda nada y solo hay
mentiras que cobran relevancia
debido a nuestra investigación”,
comentó Molina, investigador del
caso.
Desaparición
forzada
de cuatro
investigadores
Footnote157
157 Supra

Nuestro
Diario
25/01/2012
Denuncian
a policía, es
sindicado de
crimen
Mario Pérez
Suchité, Agente de
PNC
Carlos Súchite, padre de Karla
Carolina Súchite Interiano, de 20
años, denunció que el agente
de la PNC Mario Pérez Súchite,
de 22, presionaba a su hija para
que abortara, y le advirtió que
la iba a matar si no lo hacía. El
MP responsabiliza al agente
de asesinar de tres balazos a la
joven, quien tenía 27 semanas
de gestación. Las autoridades
sospechan que el crimen se
produjo porque el agente dudaba
que el hijo que esperaban fuera
suyo.
Asesinato
El Periódico 03/09/2011
Policías y
soldados
involucrados en
doble asesinato
02 Agentes de PNC
Marvin Sacol y
Marvin Rodríguez
Interceptaron el carro Toyota
modelo 68, donde viajaban los
tres hombres. Llevaban una
pistola Desert Eagle cromada. Los
miembros de la patrulla dijeron
que conducirían a Víctor, Luis
y Avelino a la Subcomisaría 15.
Sin embargo, se dirigieron hacia
Amatitlán. En la aldea Mesías Bajas
asesinaron a dos de ellos, García
logró escapar.“En un área desolada,
nos obligaron a hincarnos y a
ponernos boca abajo. Después
de que me quité un pedazo de
alambre que me ataba las manos,
logré huir”, dijo
Ejecución
extrajudicial,
encubrimi-
ento propio
Nuestro
Diario
23/08/2011
Querían
lincharlo
Elmer Rolando
Marroquín, Agente
de PNC
Agente de PNC bajo efectos de
droga da muerte a taxista, unos
150 comunitarios querían lincharlo
Asesinato

Ex jefe de la PN
va a Matamoros
Pedro Arredondo,
Ex jefe del
Comando Seis
Ex jefe del Comando Seis de la
desaparecida Policía Nacional
(PN), quedó ligado a proceso y
fue enviado a prisión preventiva,
a la cárcel militar de Matamoros,
zona 1. Según el Juzgado Décimo
Penal, García Arredondo debe ser
procesado por la desaparición
forzada del estudiante universitario
Édgar Sáenz Calito, en 1981.
Desaparición
forzada
Capturan a
PNC sindicado
de ejecución
extrajudicial
Romilio Grijalva
Corado, Oficial
Primero de
servicio en la
Comisaría 11 de la
Ciudad Capital
Un agente de la Policía Nacional
Civil fue capturado este viernes en
la zona 1 sindicado por el delito de
ejecución extrajudicial en grado de
tentativa, la orden de aprehensión
fue girada por la jueza octava
del Juzgado de Primera Instancia
Penal de la capital, Marta Sierra,
el detenido fue trasladado a la
Torre de Tribunales para prestar
declaración
Tentativa de
ejecución
extrajudicial
Monitoreo
SAAS
09/07/2011
Capturan a
agentes de
la PNC por
ejecución
extrajudicial
Gilber Fernández
Sarceño, Rony
Méndez, Sonia
Jamileth Mateo
Jacobo, Emilia
Sarai Morales
Santos.
Los agentes fueron detenidos
en la Dirección General de la
Policía Nacional Civil acusados de
Ejecución
extrajudicial
Capturan a ex
Alcalde por
muerte de
Policía y su hijo
José Pérez Chen,
ex Alcalde de San
Juan Cotzal
Pérez Chen es sindicado de tortura,
ejecuciones extrajudiciales,
asociaciones ilícitas y detención
ilegal según informó la fiscal
general Claudia Paz y Paz
Ejecución
extrajudicial,
tortura,
asociaciones
ilícitas,
detención
ilegal

Noti 7 24/05/2011
Capturan en
Austria a ex
subdirector de
la PNC
Javier Figueroa, ex
subdirector
Capturan en el norte de Austria
a Javier Figueroa, exsubdirector
de la Policía Nacional Civil, por el
proceso en su contra de ejecución
extrajudicial de reos
Ejecución
extrajudicial
Nuestro
Diario
15/01/2011
Fiscal a prisión
Marvin Osberto
González Fiscal
de la fiscalía
contra el crimen
organizado de
Quetzaltenango,
Sergio Esaú
Hernández
Villagran Teniente
del Ejército y,
Patricia Hernández
Fuente
Es sindicado de haber participado
en el asesinato del Agente Fiscal
Nicolás Rufino Velásquez Oroxom y
de otras dos personas.
Es señalado de tres asesinatos y,
según el expediente está vinculado
a la banda delincuencial“Los
Pitágoras”
El MP también informó de la
captura del teniente del Ejército
Esaú Hernández Villagrán y Patricia
Hernández Fuentes quienes
están señalados de ser autores
intelectuales
Asesinato
El
Quetzalteco
27/11/2010
Capturan a tres
agentes de la
PNC
Agentes Carlos
Daniel Mendoza
de León, Arturo
Juc Pitán de la
Comisaría 41 y
Edvin Armando
Ramírez Isara
Fueron detenidos por agentes de
la Inspectoría de la PNC por estar
involucrados en hechos que se
suscitaron en Colomba Costa Cuca
Ejecución
extrajudicial
en grado de
tentativa
EFE Noticias 11/02/2010
Capturan a
oficial del
ejército, cuatro
policías y dos
coreanos por
secuestro y
asesinato de un
empresario
Agentes de la PNC,
Ernesto Gutiérrez,
Jairo Orozco,
Osmandi López
y Jorge Ramírez
Cerna
Secuestro y posterior asesinato
del empresario coreano Te Paek
Soung Kim, de 54 años de edad,
cuyo cadáver fue hallado con
señales de tortura el pasado 2 de
febrero (2010) en un terreno baldío
del municipio de Palín, unos 50
kilómetros al sur de la capital
Secuestro y
asesinato
*Fuente: Elaboración propia basada en noticias radiales, televisivas y en prensa escrita. (VER BIBILOGRAFÍA)

A ello se suma la información brindada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(Cicig) en su quinto informe de labores, a través del cual dan a conocer que se encuentran procesadas por
diversos delitos un total de 135 personas que figuran o figuraron como funcionarios públicos, casos que
cuentan con el apoyo de Cicig para su consecución. Entre los funcionarios y exfuncionarios vinculados a estos
procesos se encuentran158
:
1 ex presidente de la República
1 ex director de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
6 ex ministros de Estado
12 funcionarios (viceministros, asesores, y otros)
5 ex directores de la Policía Nacional Civil
52 comisarios y oficiales de la PNC
12 oficiales del Ejército
1 ex fiscal general del Ministerio Público
4 funcionarios del Ministerio Público
6 jueces de la República
32 (otros funcionarios del Estado)
3 autoridades municipales
El involucramiento de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios de Estado en la comisión de hechos
delictivos, representa otra herencia del pasado, ya que las actuaciones de estos raras veces eran cuestionadas y
podían cometer cualquier tipo de arbitrariedades con toda impunidad. Estas situaciones se vieron favorecidas
(aún en la actualidad) por la inoperancia del sistema de administración de justicia y por la inexistencia o
ineficacia de controles efectivos sobre su actuación.
Tabla 4*
Hechos delictivos que vinculan a funcionarios públicos con delitos comunes, principalmente delitos contra la
vida, la libertad personal y la propiedad
Medio Fecha Capturados Motivo
Capturan a un PNC por
violaciones en la Roosevelt
Agente Marvelys Obed Ramos Iguardia Vinculación
a banda de
supuestos
violadores de
la Roosevelt
158 Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig). Comunicado de prensa 067. Informe quinto año de labores. Disponible en: http://cicig.org/index.php?mac=News,cn
tnt01,detail,0&cntnt01articleid=241&cntnt01returnid=67

Siglo 21 09/06/2012
Capturan a cinco roba
camiones, tres son agentes
de la PNC
Agentes de la DEIC, Carlos Cerón
Sandoval, Jonathan Estuardo Siramagua
Sandoval y Mario Martínez Miguel
Robo de
camiones
El Quetzalteco 02/06/2012
Capturan a agentes de la
DAIA de servicio en Xela
Edgar René Rodas Pérez, Francisco Rufino
Martínez, Quervin Rolando Culajay
Robo
agravado
y abuso de
autoridad
Desarticulan banda de
policías y fiscales
La banda era dirigida por el comerciante
Orozco Vargas, alias el Cochi, y el exagente
de la desaparecida División de Análisis
e Información Antinarcótica (Daia) de la
PNC, Manuel López Asencio.
También fueron capturados el fiscal de
Villa Nueva, Federico Guillermo Ramírez
Corado, y los auxiliares Hilda Angélica
Ruano García y Marco Mauricio Benítez
Díaz, alias el Nicho.
Y de la PNC los agentes asignados a
la Subdirección General de Análisis
e Información Antinarcótica, Édgar
Esteban Salazar, Blanca Cecilia Ávila, René
Antonio García y Sergio Jonatán Duarte,
alias el K-9, y el inspector Carlos Eleazar
Villanueva.
No especifica
Emisoras
Unidas
28/04/2012
Capturan a cuatro agentes
de la PNC acusados de
secuestro
Jefe de la Subestación de Canalitos,
Luis Fernando Mateo Pinto; los agentes
Baldomero Felipe Nimajuan, Mario
Enrique Contreras y Manuel Douglas
López.
Secuestro
de cuatro
personas
Capturan a Capitán por
secuestro
Capitán Segundo de Infantería del
Ejército, Marvin Antonio Blanco Batres
Secuestro de
un menor de
edad

Nuestro Diario 02/03/2012
Protegían a red criminal
Comisarios José Alfonzo Cruz Valdés
Jefe de la Comisaría de Jutiapa, Erick
Noé Palacios López de Escuintla y
Fredy Fernando López Trabanino Jefe
del Distrito Sur. El subcomisario Luis
Francisco González Estrada (Wicho),
inspector Lile Castañeda Sandoval, y los
oficiales José Ángel Veliz Valdez, Juan
Zacarías y Amílcar René Franco
Asociación
ilícita,
obstrucción
de la justicia,
defraudación
aduanera,
caso
especial de
contrabando
aduanero,
lavado de
dinero
Emisoras
Unidas
07/02/2012
Jefe de SAAS confirmó la
captura de agente
Agente de la SAAS Estanislao Zepeda
Ruíz, responsable de la seguridad del Ex
Presidente Cerezo
Secuestro
EFE Noticias 17/02/2010
Capturan a Coronel ex
director de prensa del
Ejército durante transacción
de drogas
Walfred Estrada Girón, Coronel ex director
de prensa del Ejército
Tráfico de
drogas
*Fuente: Elaboración propia basada en noticias radiales, televisivas y en prensa escrita. (VER BIBLIOGRAFÍA)
Hechos como los enumerados, evidencian los abusos y arbitrariedades cometidas por miembros de la PNC
y del Ejército en el ejercicio de sus cargos, conductas que constituyen delitos perseguibles penalmente, los
cuales han sido realizados de forma continua, mostrando el irrespeto por las leyes vigentes en el país, así
como la continuidad de prácticas del pasado.
C. Personal penitenciario y de los centros de privación de libertad para adolescentes en
conflicto con la ley penal
Cuando la muerte de personas ocurre bajo la tutela legal del Estado, es decir, cuando se encuentran privadas
de libertad por orden de autoridad judicial competente, estas muertes son constitutivas de ejecución
extrajudicial.
La muerte de personas privadas de libertad implica que el Estado: 1. Facilitó la comisión de los hechos que
llevaron a la privación arbitraria de la vida de quienes se encontraban bajo su tutela; 2. Que teniendo la

responsabilidad y estando en la obligación de actuar en su defensa, se ha negado a intervenir para evitar las
muertes, o 3. Que el Estado a través de sus funcionarios públicos privó arbitrariamente de la vida a personas
en detención o prisión.
Todas las muertes ocurridas en centros de privación de libertad, constituyen ejecuciones extrajudiciales, en
virtud de la aquiescencia o permisibilidad -por acción u omisión- del Estado en la comisión de los hechos.
En tal sentido, la CIDH ha considerado que frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en
una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio
sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia159
.
Las muertes en centros carcelarios a cargo del Estado es un hecho recurrente, en el cual existe participación
y complicidad de funcionarios públicos, por lo que constituye una práctica a ser investigada, juzgada y
sancionada, siendo deber del Estado el garantizar el cese de la misma.
4.2 El Estado como autor indirecto del delito de ejecución
extrajudicial (autoría por omisión)
Como se mencionó, el Estado tiene responsabilidad en aquellas muertes que han ocurrido al incumplir con
su obligación de garantizar la vida, siendo responsable al dejar de hacer y al dejar pasar; es decir, es cómplice
por omisión.
Esta complicidad se agrava en los casos de ejecución extrajudicial, ya que como lo indica el tipo penal, comete
el delito de ejecución extrajudicial, quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades
del Estado, privare, en cualquier forma, de la vida a una o más personas, por motivos políticos…
Entonces, es posible afirmar que las ejecuciones extrajudiciales son aceptadas y avaladas por el Estado, debido
a que quien las realiza cuenta con su aprobación, ya que conoce de sus actividades y aun así no interviene
para prevenir la ejecución de actos violatorios a las leyes. En estas circunstancias, se presume la existencia de
la garantía de no persecución penal para los autores, ya que el Estado tiene conocimiento de los hechos y los
encubre. A partir de estas afirmaciones, podemos concluir que el Estado es responsable por omisión, cuando
los asesinatos selectivos son cometidos con su conocimiento, apoyo o consentimiento.
A continuación se describen los grupos organizados cuyas actuaciones se encuadran en el tipo penal de
ejecución extrajudicial:
159 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sentencia Caso“Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay”. Septiembre 2004. Párrafo 152. Disponible en: http:/www.corteidh.
or.cr/pais.cfm?id_Pais=5

A. Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad
Son aquellos grupos que se integran con hombres fuertemente armados, que comenten o amenazan con
cometer actos delictivos violentos. Constituyen un legado no resuelto de los 36 años de conflicto armado interno
enGuatemala…[estosgrupos]noactúanporcuentapropiasinorespondenamiembrosdeunaredinterconectada
de guatemaltecos poderosos… conocida como poderes ocultos160
.
Los denominados poderes ocultos, cuentan con influencia en la burocracia estatal, relaciones con la mayoría de
partidosyactorespolíticos,asícomovínculosconelcrimenorganizado.Susactividadessocavanelsistemajudicial
y perpetúan un clima de inseguridad ciudadana, generando un terreno fértil para una mayor generalización de la
corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, cuya consecuencia es una ola de violencia que pone en peligro
el estado de derecho y el funcionamiento de la democracia en Guatemala161
.
De acuerdo al informe de Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas
en ingles), forman parte de los poderes ocultos civiles y militares que pertenecieron o pertenecen a las
estructuras del Estado; hay también funcionarios de distinto rango, empresarios y, en general, personas de
distintos sectores nacionales.
Los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad se conforman (al parecer) con personal militar y
policial activo y retirado, empleados de compañías privadas de seguridad, delincuentes comunes y miembros
de maras, haciendo las veces de Ejércitos del crimen organizado. Ocultan sus actividades disfrazando los
delitos que cometen como actos de delincuencia común. Se cree que quienes dirigen los grupos son ex
oficiales del Ejército que ocuparon posiciones prominentes durante el conflicto armado interno162
.
Sus actividades se orientan a impedir que se haga justicia por pasados abusos, así como una reforma de
los cuerpos de inteligencia, de la policía y del Ejército. Por eso no sorprende que el modelo de los ataques,
hostigamientos y amenazas de los grupos clandestinos recuerde los esfuerzos contrainsurgentes de las
fuerzas armadas guatemaltecas durante el conflicto armado interno.
La Fundación Myrna Mack realizó en el año 2002 un análisis preliminar sobre los hechos de violencia en
el informe que fuera presentado a Hina Jilani, primera representante especial de Naciones Unidas para
defensores de derechos humanos, en el que estableció que se trata de una acción llevada a cabo por estructuras
que con el tiempo han perfeccionado el empleo de métodos y técnicas de inteligencia, las cuales operan con una
compleja división del trabajo, gozan de recursos y normalmente, de impunidad. Son estructuras que difícilmente
pueden estar fuera del aparato estatal, competir contra el mismo o ser totalmente ajenos a su conocimiento. Del
160 C. Peacock, Susan y Beltrán, Adriana. Poderes ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos. Página 5. Disponible en: http://www:wola.org/
sites/default/files/downloadable/Citizen%20Security/past/Poderesocultos.pdf
161 Ibíd.
162 Supra. Página 7 y 8.

mismo modo, se precisa que en dichas estructuras ilegales se combinan formas y motivaciones organizacionales
diversas, entre las que se incluye el apadrinamiento de las estructuras formales de inteligencia militar, con los
cuales, y atendiendo a los objetivos de las operaciones, se dan niveles de coordinación, además de tener cierta
autonomía y estar vinculadas al fenómeno del crimen organizado o a la ejecución de “encargos personales”163
.
Para combatir este tipo de organizaciones ilegales, el Estado de Guatemala solicitó la asistencia de la ONU,
para el establecimiento y funcionamiento de una comisión de investigación y desarticulación de cuerpos
ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, suscribiendo el 7 de enero de 2004, el acuerdo para la creación
de la Comisión para la investigación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciciacs).
Estas circunstancias implican el reconocimiento por parte del Estado de Guatemala, de la existencia y
funcionamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, los cuales continuaron activos
luego de la finalización del conflicto armado interno.
La comisión tenía como objetivo investigar la estructura y las actividades de los cuerpos ilegales y aparatos
clandestinos de seguridad y su vinculación con el Estado, así como con actividades de la delincuencia
organizada, para procesar a las personas responsables de la constitución y el funcionamiento de esas
entidades164
.
El acuerdo facultaba a la comisión para investigar la estructura y las actividades de los cuerpos ilegales y los
aparatos clandestinos de seguridad, sus modalidades de funcionamiento y sus fuentes de financiación, sin
perjuicio de las funciones que el sistema legal guatemalteco le atribuye al Ministerio Público.
Esta investigación incluía establecer los nexos entre las asociaciones ilícitas y agentes de Estado, así como
con la delincuencia organizada y los cuerpos de seguridad privada, que afectan adversamente el respeto
a los derechos humanos en Guatemala165
. Sin embargo, la denominada Ciciacs nunca llegó a instalarse en
Guatemala. La iniciativa para su creación surgio en 2002, durante el Gobierno del Presidente Alfonso Portillo,
quien antes de finalizar su mandato suscribe el acuerdo para la instalación de la comisión. Sin embargo,
durante el Gobierno de Oscar Berger la instalación de la comisión se hace imposible, debido a la negativa del
Gobierno y la oposición de grupos de poder.
Durante el Gobierno de Berger, la Ciudad de Guatemala se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del
continente americano166
.
163 CICIACS: Sistematización de un proceso. Anexo I, página 56. Disponible en: http://www.sedem.org.gt/sedem/sites/default/files/archivos/5.1.6%20Comisi%C3%B3n%20
de%2investigaci%C3%B3n.pdf
164 Artículo 1. Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión de investigación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de
seguridad en Guatemala (Ciciacs)
165 Ibíd. Artículo 2.
166 Fernández Luiña, Eduardo y otros. La comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig) y su impacto en Guatemala. Página 13. Disponible en: http://www:libertopolis.
com/wp-content/files/CICIG_-_Artculo_SOCIEDAD_INTERAMERICANA_DE_PRENSA.pdf

La corrupción en la PNC se vio profundizada cuando en su mandato, se permitió y promovió la creación de
cuerpos ilegales para las ejecuciones extrajudiciales167
.
Ante la persistencia de la problemática relacionada con estos grupos paralelos, el 12 de diciembre de 2006 la
ONU y el Gobierno de Guatemala suscriben un nuevo acuerdo, el cual contempla la creación de una Comisión
internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), y tras la opinión consultiva favorable de la Corte de
Constitucionalidad, fue ratificado por el Congreso de la República el 01 de Agosto de 2007.
El mandato de la CICIG, está compuesto de tres objetivos principales:
• Investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos
que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar
las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado),
actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
• Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de
seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus
integrantes;
• Hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas
a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición,
incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
El ahora Presidente de la República, Otto Pérez Molina, denunció que durante el Gobierno de Oscar Berger
funcionaron dos escuadrones de la muerte con vínculos en la Policía Nacional Civil y en el Ministerio de
Gobernación, a lo cual añadió estos grupos funcionan con la complacencia de las autoridades máximas
guatemaltecas168
.
Las afirmaciones realizadas por Pérez Molina en febrero 2007, aluden a los hechos de violencia en los cuales
fueron muertos diputados al Parlacen y posteriormente fueron asesinados cuatro policías procesados por
estos hechos, indicando que los policías ejecutados en prisión pertenecían a uno de los escuadrones de la
muerte funcionando en el país.
167 Samayoa, Claudia. Hacia la construcción del sistema nacional de seguridad en Guatemala. Páginas 3 a 14. El Observador; Análisis alternativo sobre política y economía. Año 3, Número
13. (Julio 2008).
168 EFE/Guatemala. Hay dos escuadrones de la muerte. El Universo (Ecuador). 27/02/2007. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2007/02/27/0001/14/D38E6B8682E40A3960331D5F-
6FA04EB.html

Caso ilustrativo 7
Caso Parlacen169
Footnote170
El 19 de febrero de 2007 en la ruta hacia El Salvador fueron encontrados cuatro cuerpos sin vida. Se trataba de los diputados al
Parlamento Centroamericano (Parlacen) Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, así como el cuerpo de
otro hombre que podría ser el piloto de los funcionarios, todos del partido oficial de El Salvador, Alianza Republicana Nacionalista
(Arena).
Los cuerpos estaban calcinados, dos de los cuales yacían en el interior de una camioneta agrícola marca Land Cruiser placas
salvadoreñas P-186-171, color beige y los otros dos, también calcinados, a pocos metros del vehículo170
.
La mañana del 22 de febrero son capturados cuatro agentes de la PNC, quienes prestaban servicio en la Unidad contra el crimen
organizado, a quienes se les sindica del secuestro y asesinato de los diputados salvadoreños y el piloto que les acompañaba.
Los agentes capturados guardaban prisión en el preventivo de la zona 18, y posteriormente fueron trasladados a la cárcel de “El
Boquerón”ubicada en el departamento de Santa Rosa. Dicho traslado fue ordenado por el Director del Sistema Penitenciario (sin
que existiera orden de juez competente).
El día 25 de febrero fueron brutalmente ejecutados los cuatro agentes detenidos. Las imágenes muestran una escena en la que
aparece uno de ellos ejecutado, boca abajo y con el torso descubierto, golpeado y lleno de moretes, con un disparo de bala
que le ingresó por la espalda, a la altura del omóplato. El cuerpo se encuentra vestido sólo con un pantalón de lona. Los otros
tres cuerpos también permanecían tirados en el suelo, dos parecen haber sido degollados y se observa partes del piso de la
habitación cubiertas de sangre.
Un Bombero Voluntario dijo [a El Periódico] que al filo de las 17:30 horas fueron advertidos sobre una balacera adentro de “El
Boquerón”y la posibilidad de que existieran muertos. Se presentaron en el lugar, pero en la puerta, los guardias de seguridad les
aseguraron que "no había pasado nada", que se trataba de pequeños disturbios.
Un testigo dijo a radio Sonora: "Eran las 3 y 40. De un carro doble, siete o seis se empezaron a poner máscara en la cara, también
guantes. Es gente de la policía porque andaban botas del Ejército o la policía. Yo estaba cuando empezaron a sacar a la gente.
Entraron, iba un gordo algo alto, llevaban armas largas. El carro que los llevó se quedó algo lejos".
Lostestigosaseguranqueluegodesersacadosdelaprisiónlaluzfuecortadaenelcentro.Posteriormente,sostienen,elcomando
especial entró al lugar.
Un familiar de los policías asesinados también dio su testimonio a radio Sonora: "Hay altas esferas del gobierno involucradas en
este caso. Mi familiar ya tenía su teoría. El jefe de investigadores iba de particular. Ya nosotros sabíamos que algo así iba a pasar.
Son órdenes de arriba.Yo estaba de visita y nos trasladaron", dijo.
Traslamuertedelospolicías,lospresosseamotinaronysecuestraronalalcaidedelBoquerón,VladimiroRusso,yacuatrocustodios,
paraevitarquelapolicíaentraradespuésadjudicándoleselcrimen.Lospresospidieronquelosmediosdecomunicaciónentraran
alpenalparacomprobarqueellosnohabíanmatadoalospolicías.Alcierredeestanota,lasautoridadesseguíannegociandocon
los presos y los medios continuaban esperando poder ingresar en la puerta principal de la cárcel.
La noticia de la muerte de los cuatro policías llega un día después del anuncio del presidente Berger de depurar a la PNC
guatemalteca. La PNC, según su director, Erwin Sperirsen, "está plagada de males, porque existen más de dos mil agentes que
están vinculados a bandas de secuestradores, tráfico de drogas, robo de vehículos, la corrupción y extorsiones".
Por este caso fue sentenciado como autor intelectual el ex diputado y ex alcalde de Jutiapa, Manuel de Jesús Castillo, alias
“Manolito”,aquienseimpusounapenadeprisiónde203añosdecárcel.SentenciaconfirmadaporlaSalaPrimeradeApelaciones
del Organismo Judicial el 30 de abril de 2012. La sala también confirmó la sentencia impuesta a los otros siete sentenciados por
este caso.
169 Equipo de investigación Derechos. Asesinan a los cuatro policías acusados de la muerte de diputados. 26/02/2007. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/guatmaladoc/bo-
queron.html
170 Herrera, Oscar. Asesinan a tres diputados salvadoreños al Parlacen. El Periódico (Guatemala). 20/02/2007. Disponible en: http://www.elperiodico.com.gt/es/20070220actualidad/36969/

Otros casos en los cuales, de acuerdo a las investigaciones realizadas, existe participación de cuerpos ilegales
y aparatos clandestinos de seguridad, así como vinculación directa de funcionarios públicos con los hechos,
se enuncian a continuación171
:
• Ejecuciones Extrajudiciales sucedidas en la Finca Nueva Linda –Retalhuleu- el 31 de agosto de 2004.
En estas acciones, de acuerdo al listado de la PDH de Retalhuleu fueron afectadas 102 personas y 10
fueron muertas172
.
• Homicidio de Álvaro Juárez, sucedido el 8 de julio de 2005, en Petén. Quien participó en varias
actividades en rechazo a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y
América Central. Álvaro Juárez sufrió previamente a su muerte un atentado en su contra y varias
amenazas de muerte, situación que puso en conocimiento de la PDH173
.
• Ejecuciones Extrajudiciales de los prófugos de la cárcel de máxima seguridad conocida como “El
Infiernito”: Edwin Estuardo Santacruz Rodríguez (3 de noviembre de 2005 en Rio Hondo, Zacapa);
Hugo Humberto Ruíz Fuentes (14 de noviembre de 2005 en Barberena, Santa Rosa) y los prófugos
Julián Morales Blanco y José María Maldonado Sosa (1 de diciembre de 2005 en los Amates, Santa
María Ixhuatán).
• El 15 de agosto de 2005 fueron asesinados 18 reos del Centro de Reinstauración Constitucional
“Pavoncito”, supuestamente durante un enfrentamiento entre pandilleros que se encontraban
presos, aunque según otra versión se trató de una ejecución extrajudicial planificada y dirigida por el
subdirector del centro y guardias174
.
• El 22 de junio del año 2006, en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones (Cejupliv),
aproximadamente a las 18:40 horas, jóvenes internos, miembros de la mara 18, salieron de sus
dormitorios dirigiéndose al dormitorio D, donde haciendo uso de armas de fuego y armas blancas
atacaron a los jóvenes miembros de la mara salvatrucha, dando muerte a cuatro. En el presente
caso la Procuraduría de los Derechos Humanos logró establecer la complicidad que existía entre
los agresores y personal de dicho centro (monitores), lo cual se determinó a través de un vídeo de
las cámaras del Cejupliv, en el cual se observa cuando agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía
(FEP), ingresaron al centro, y no actuaron, permaneciendo apostados presenciando los hechos.
Como señaló el relator de Ejecuciones Extrajudiciales:“En el informe (de PDH) se llega a la conclusión
de que algunos guardianes ayudaron a armar a los autores de los crímenes y les facilitaron la entrada
en las celdas de las víctimas, mientras que las autoridades Penitenciarias y la policía se mantuvieron
al margen y no intervinieron para evitar la matanza”.
171 Cicig. Comunicado de prensa 039. Fiscalía Suiza investiga delitos imputados a Erwin Sperirsen mientras en Guatemala Jueces cierran proceso contra otros involucrados. 23/05/2011.
Disponible en: http://cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=106&cntnt01returnid=81
172 Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República Informe Final. Página 13. Disponible en: http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/oficiales/InformeComDDHCongreso-
CasoFincaNuevaLinda.pdf
173 Organización Mundial contra la Tortura. Guatemala: Asesinato del Sr. Álvaro Juárez/amenazas de muerte contra el Sr. Francisco Javier Mateo y la Sra. Candelaria Ramírez. 03/08/2005.
Disponible en: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/guatemala/2005/08/d17570/
174 Oficina del procurador de los derechos humanos. Informe anual circunstanciado al Congreso de la República de las actividades y de la situación de los derechos humanos en Guatemala
durante el año 2005. Página 200.

• Ejecuciones Extrajudiciales de siete reos de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón (25 de
septiembre de 2006).
• Homicidio de cuatro salvadoreños (19 de febrero de 2007, tres diputados del PARLACEN y su piloto).
• Homicidios de cuatro Agentes de la Policía Nacional Civil (Cárcel el Boquerón el 25 de febrero de
2007). Agentes PNC: Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, Marvin Langen Escobar
Méndez y José Adolfo Gutiérrez.
Así también, investigaciones realizadas por la PNC apuntan a que las muertes de agentes en servicio (106
agentes ejecutados), revisten características de ser crímenes cometidos por otros policías (ejecución
extrajudicial) vinculados a estructuras paralelas al Estado, tal como lo ilustra la siguiente nota:
Un miembro de investigación de la PNC describe los recientes asesinatos de elementos de la Policía como
el mismo “trabajo” que el Comando Seis de la Policía Nacional (PN) hacía en los años ochenta; secuestraban,
torturaban y luego les asertaban varios tiros en la cabeza, a otros los asesinaban en medio del tráfico vehicular.
En sus propias palabras, explica que se trata de policías asesinando a policías175
.
Estas prácticas han ocurrido sin interrupción desde la década de los 80´s, y han sido documentadas a través
de informes nacionales e internacionales, reportes de prensa, investigaciones y casos tramitados en el ámbito
nacional e internacional.
Entre las investigaciones que han documentado prácticas de ejecución extrajudicial de jóvenes vinculados a
actividades violentas, se encuentran: a. Las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados176
, b. Deudas
de la transición; ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas177
y c. Ejecuciones extrajudiciales de
jóvenes estigmatizados en Centroamérica: Estudio de situación en Guatemala, el Salvador y Honduras 2009178
.
175 Equipo de investigación. Policías en manos asesinas, 106 agentes ejecutados. El Periódico (Guatemala). 01/08/2012. Disponible en: http://www.elperiodico.com.gt/es/pais/36217
176 Samayoa, Claudia Virginia y otros. Las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados. Primera edición. Guatemala, Guatemala. Caldh-Sedem-Iccpg. Enero 2007.
177 Samayoa, Claudia y Aguilar, Arturo. Ob. Cit. Deudas de la transición
178 Samayoa, Claudia Virginia y otros. Ob. Cit. Ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados en Centroamérica

4.3 Los nuevos autores del delito de ejecución extrajudicial, otra
forma de autoría indirecta para el Estado de Guatemala (dejar hacer,
dejar pasar)
En la actualidad, es común escuchar y conocer de organizaciones, diferentes al Estado, dedicadas a tareas
de seguridad ciudadana, las cuales se han articulado a iniciativa de éste o con su autorización, quien tiene
conocimiento de su existencia y actividades a través de las autoridades responsables de la seguridad
ciudadana (Mingob y PNC), por medio de las Municipalidades, o bien, a través de los Consejos de Desarrollo.
De tal forma que es posible afirmar que el Estado es responsable (autor indirecto) por las acciones que éstas
ejecuten en violación a las leyes penales vigentes en el país, debido a que han sido creadas a iniciativa de éste
o con su autorización y/o apoyo.
Entre estas organizaciones se encuentran las Juntas, Comisiones y/o Comités de seguridad ciudadana, así
como las empresas de seguridad privada que operan en el país al amparo de la Ley que regula los servicios
de seguridad privada179
.
A. Juntas, Comisiones y/o Comités de seguridad ciudadana
El antecedente inmediato de la articulación de Juntas y Comités para la realización de tareas de seguridad
ciudadana lo encontramos en los Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC).
En 1986, tras la llegada de Vinicio Cerezo a la Presidencia, las comunidades comienzan a exigir el respeto
al derecho que les asiste para decidir la conveniencia de continuar patrullando y las manifestaciones de
rechazo a integrar obligatoriamente las PAC cobran fuerza. Las protestas se fundamentan en el artículo 34 de
la Constitución aprobada en 1985, en donde se regula que: Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte
de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional, por lo
cual, las Patrullas de autodefensa civil pasan a denominarse Comités Voluntarios de Defensa Civil, a través del
Decreto-Ley número 19-86. Este cambio fue nominal, puesto que la finalidad de estas organizaciones siguió
siendo la misma y continuaron siendo parte de la estrategia contrainsurgente del Ejército, y sus integrantes
siguieron dependiendo totalmente de la Institución Armada180
.
179 Decreto número 52-2010 del Congreso de la República de Guatemala.
180 .CEH. Ob. Cit. Capítulo II. Párrafo 1391 y 1392.

Posteriormente, en el Acuerdo global sobre Derechos Humanos, el Gobierno unilateralmente declara que no
alentará ni armará nuevos CVDC181
, asignándose al Procurador de Derechos Humanos la función de verificar
el cumplimiento del acuerdo, en especial, que la participación en este tipo de organizaciones sea voluntaria.
Las PAC y los CVDC continuaron activos en sus comunidades al finalizar las negociaciones de paz, debido a
que muchos de sus integrantes adquirieron la calidad o se autodenominaron líderes comunitarios, ocupando
los espacios que les correspondían a las autoridades ancestrales182
.
La aceptación como líderes es entendible, ya que durante la guerra quien se oponía a ellos y sus decisiones,
era reprimido y corría el riesgo de ser asesinado, por lo cual las comunidades no cuestionaban sus actuaciones;
situación evidente en lugares donde fue más notoria la militarización, encontrándose entre las prácticas más
comunes asociadas al ejercicio negativo de este liderazgo los linchamientos y asesinatos183
.
A nivel institucional, en 1999 el Ministerio de Gobernación (Mingob) ordenó la creación y organización de
Juntas Locales de Seguridad (JLS) con el propósito de contribuir a un clima de seguridad ciudadana y propiciar
un mecanismo de participación que lograra un acercamiento entre los policías y la comunidad184
. Las Juntas
fueron conformadas con líderes comunitarios, siendo algunos de éstos ex miembros de las PAC y CVDC en los
lugares militarizados durante el conflicto armado interno, tal como se describió.
De esta forma, las estructuras de las PAC y CVDC fueron reactivadas en la figura de las Juntas Locales de
Seguridad, bajo el amparo del Ministerio de Gobernación.
Las JLS fueron fortalecidas durante la gestión de Berger, justificando su promoción y articulación en la escasez
de presencia policial. Estos grupos continuaron articulándose y multiplicándose a nivel nacional, a través de
acciones impulsadas desde el Mingob, las cuales en muchos casos se tornaron en grupos de seguridad que
imponen medidas autoritarias y de control a sus propias poblaciones, acciones que guardan un gran parecido
con la forma de operar de las PAC.
El Ministerio de Gobernación a través de la Unidad para la prevención comunitaria de la violencia (UPCV),
actualmente promueve la articulación de otros grupos ciudadanos en apoyo a las acciones de seguridad,
creando una estructura de participación social en temas de seguridad ciudadana, amparada en la Ley de los
Consejos de Desarrollo y paralela al funcionamiento de las JLS.
181 Acuerdo 5. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos.
182 Minugua. Ob. Cit. Linchamientos, un flagelo contra la dignidad humana.Párrafo 10.
183 Ibíd.
184 De León Escribano, Carmen Rosa y otros. Manual de seguridad preventiva y policía comunitaria. Página 31.

Ésta se conforma por comisiones departamentales de seguridad ciudadana, comisiones municipales de
seguridad ciudadana y comisiones comunitarias de seguridad ciudadana185
, apoyadas en su articulación y
definición de actividades por la UPCV.
También se han creado comités (locales) de seguridad ciudadana y comités únicos de barrio186
dependientes
de las municipalidades.
La organización comunitaria en torno a la seguridad ciudadana ha adoptado varias denominaciones: Juntas
Locales de Seguridad Ciudadana, Comisiones de Seguridad Ciudadana, Comités Locales de Seguridad
Ciudadana y Comités Únicos de Barrio. Sin importar cuál sea su denominación, todas y cada una de ellas se
organizan y actúan bajo el amparo del Estado y/o con su conocimiento, dependiendo de las Municipalidades,
el Ministerio de Gobernación y/o la Policía Nacional Civil.
A diferencia de las comunidades que articulan esfuerzos con el Estado, o comunidades donde el Estado
promueve la organización, se presenta otra situación, en donde la corrupción imperante en las estructuras de
la PNC ha provocado que la población civil emprenda acciones de violencia contra las estaciones y elementos
policiales, habiéndose retirado las fuerzas de seguridad del Estado de éstos lugares187
, encontrándose la
seguridad ciudadana a cargo de estructuras creadas en el seno de las comunidades.
De acuerdo a notas publicadas en prensa, la PNC ha retirado sus elementos de188
: San Antonio Palopó y
San Pablo La Laguna del departamento de Sololá; Cunen, San Bartolomé Jocotenango y Zacualpa del
departamento de El Quiché; Unión Cantinil, San Gaspar Ixil, San Antonio Chimaltenango, Santa Bárbara y
San Idelfonso Ixtahuacán del departamento de Huehuetenango; San Andrés Xecul del departamento
de Totonicapán; Chisec del departamento de Alta Verapaz; San Martín Jilotepeque del departamento de
Chimaltenango; Tacaná, Sibinal, Sipacapa, San José Ojetenán, Ixchiguán, Comitancillo, Tejutla, Río Blanco, San
Lorenzo, Concepción Tutuapa, Esquipulas, Palo Gordo, Tajumulco y San Miguel Ixtahuacán del departamento
de San Marcos.
En consonancia, el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla explicó que se han detectado 58
municipios en donde existen problemas de ingobernabilidad por conflictos causados por cabecillas de
organizaciones ilícitas que se dedican al contrabando y narcotráfico, elaborándose un mapa de riesgo en
donde se establece que la mayoría de los municipios ingobernables se ubican en los departamentos de San
185 Velásquez, Álvaro. Gestión municipal de la seguridad ciudadana en Centroamérica y República Dominicana. Informe Guatemala. Páginas 22 a 25. Disponible en: http://www
gobernabilidaddemocratica.org/wp-content/uploads/2010/06/informe-final-guatemala.pdf
186 De acuerdo a la Municipalidad de Guatemala el Comité Único de Barrio (CUB) es la instancia núcleo de la organización social y del sistema de participación de la Municipalidad
de Guatemala. Valladares Vielman, Luis Rafael y otros. Comités Únicos de Barrio. Participación social en el municipio de Guatemala 2001-2008. Disponible en: http://digi.usac
edu.gt/bvirtual/revista2009/resumenes/paz/cubs.pdf
187 .Samayoa, Claudia. Ob. Cit. Hacia la construcción del sistema nacional de seguridad en Guatemala.
188 Julajuj, Ángel. Policía Nacional Civil abandona pueblo por ataque de vecinos. Prensa Libre (Guatemala). 04/04/2012. Disponible en: http://www.prensalibre.com/solola
PNC-abandona-pueblo-ataque-vecinos_0_676132413.html; y Castro, Luis. Hay 25 ciudades sin policía. Siglo 21 (Guatemala). 16/02/2012. Disponible en: http://www.s21.com
gt/nacionales/2012/02/16/hay-25-ciudades-sin-policia

Marcos (15) y Huehuetenango (13). López Bonilla sostuvo que los hechos delictivos que se registran en estos
municipios obedecen a “manipulaciones de líderes comunitarios e integrantes del crimen organizado con la
finalidad de permitir el libre paso de mercadería ilegal y del narcotráfico”189
.
La retirada de la institución policial, con pleno conocimiento del Estado, implica que la seguridad ciudadana
pasa a formar parte de las actividades cotidianas de la población civil, quienes comúnmente se articulan
en Juntas, Comisiones y/o Comités; sin contar con orientación, asesoría, formación, acompañamiento y/o
seguimiento de las instituciones estatales responsables de la seguridad ciudadana.
En estas circunstancias, las Juntas, Comisiones y/o Comités desarrollan sus actividades sin orientación o
supervisión, aunque su articulación y actuación se encuentra en conocimiento del Estado.
Sin embargo, el Estado carece de procesos de capacitación, acompañamiento y monitoreo de las actividades
desarrolladas, lo cual ha ocasionado que sus prácticas, en muchas ocasiones, transgredan las leyes penales y
vulneren los derechos humanos de la ciudadanía.
En sus inicios, la organización comunitaria en apoyo a la seguridad ciudadana tenía como objetivo articular a
la población en torno a la prevención situacional y coordinar la ejecución de acciones de seguridad, las cuales
deberían estar a cargo exclusivamente de la Policía Nacional Civil, a la fecha estas organizaciones han asumido
funciones de seguridad ciudadana, supliendo en muchas ocasiones al Estado representado en la PNC.
Adicionalmente, debiera existir un mayor involucramiento de la UCPV, la PNC y las municipalidades que han
avalado su creación, para garantizar la legalidad de sus actuaciones.
Las acciones implementadas por las Juntas, Comisiones y/o Comités invaden el espacio reservado de forma
exclusiva para la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, realizando cacheos, registro de vehículos
y cierres peatonales, entre otras actividades, incurriendo en ilegalidades debido a que su actuación debe
limitarse a “alertar acerca de la presencia de grupos ilegales y/o delincuenciales en sus comunidades” a las
fuerzas de seguridad, y no a implementar acciones que son competencia exclusiva del Estado.
De acuerdo a declaraciones del Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se estima que en Guatemala
existen no menos de 1.100 organizaciones de este tipo, las cuales deberán constituirse en Comisiones de
Seguridad Ciudadana avaladas y registradas legalmente, a partir del segundo semestre del 2012; mismas que
dependerán de forma directa de la nueva subdirección de prevención del delito de la PNC190
.
189 Agencia ACAN-EFE Guatemala. Gobernación admite que 58 municipios son ingobernables. Prensa Libre (Guatemala). 16/02/2012. Disponible en: http://www.prensalibre.com
noticias/justicia/Gobernacion-declara-municipios-ingobernables_0_647335482.html
190 Montepeque, Ferdy. Gobernación ahora autorizará Juntas Locales de Seguridad. Agencia guatemalteca de noticias (Guatemala). 16/06/2012. Disponible en: http://66.172.38.84
index.php?option=com_content&view=article&id=20865%3Agobernacion-ahora-autorizara-juntas-locales-de-seguridad&catid=86%3Aactualidad&Itemid=223

A la fecha, el papel inactivo del Estado en el seguimiento, asesoría y coordinación con las Juntas, Comisiones
y/o Comités ha generado que su actuación conlleve la violación a derechos humanos y la comisión de hechos
delictivos.
En cuanto a su estructura y funcionamiento, las Juntas, Comisiones y/o Comités se asemejan a la estructura
operativa de las PAC, ejerciendo control y persecución de grupos o personas que perciben como una amenaza
al orden social191
. Otras particularidades que las asemejan a las patrullas son las acciones cotidianas que
realizan, dentro de las cuales se pueden mencionar: patrullajes, vigilancia, control de accesos, sistemas de
alarma, castigos, generación de información y capturas.
Estas semejanzas pueden obedecer, como ya se mencionó, a que algunos de sus miembros formaron parte
del Ejército, las Patrullas de Autodefensa Civil y los Comités Voluntarios de Defensa Civil.
Cuando las Juntas, Comisiones y/o Comités transgreden la ley, el Estado es responsable por omisión, ya que
estos grupos han sido articulados a iniciativa del Estado, o bien, con su autorización y/o su conocimiento.
Entre los excesos que se atribuyen a estas organizaciones se encuentran linchamientos, extorsiones y
asesinatos, hechos ejemplificados en los siguientes casos:
Los Ángeles Justicieros
El grupo fue contratado en 2002, para brindar seguridad a comerciantes y compradores en el mercado
de La Terminal192
. El mismo se encuentra conformado por ex miembros del Ejército (aproximadamente 10
personas)193
, quienes utilizan sus conocimientos para controlar las actividades que se desarrollan al interior
del mercado.
La organización como tal tiene relación con la PNC, a través de la Sub-Estación que funciona en el sector,
quienes conocen de las actividades de los Ángeles Justicieros. Desde su contratación a la fecha, se han
documentado excesos en su actuación, que van desde cobros de cuotas excesivas y con uso de la fuerza
(extorsiones) hasta asesinatos de presuntos delincuentes en la vía pública (ejecuciones extrajudiciales)194
, así
como otras arbitrariedades, como las que se ejemplifican a continuación:
191 Alcohólicos y drogadictos, prostitutas, personas extrañas a las comunidades, peleadores callejeros, jóvenes que con sus actividades“alteran el orden público”, extendiéndose
hasta enemigos personales y opositores. Argueta, Otto. Análisis crítico de la historia de las Juntas Locales de seguridad. Plaza Pública (Guatemala). Disponible en: http://www
plazapublica.com.gt/content/analisis-critico-de-la-historia-de-las-juntas-locales-de-seguridad
192 Mercado ubicado en la zona 4 de la Ciudad Capital.
193 Hurtado, Paola. El mercado de los ángeles justicieros. El Periódico (Guatemala). 26/03/2011. Disponible en http://www.elperiodico.com.gt/es/20060326/actualidad/26106/.
Así también, Ayuda memoria. Grupo Focal con la participación de miembros y beneficiarios del Programa Educativo para el Niño, Niña y Adolescente Trabajador (PENNAT),
realizado el 29/06/2012.
194 Entrevista. Jefe de Fiscalía. Ob. Cit. Actualmente la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público se encuentra investigando un asesinato relacionado con este grupo.

Algunos hechos de violencia atribuidos a los Ángeles Justicieros
Abatido en La Terminal
Edy Orlando Medrano Lemus, de 26 años, fue atacado a balazos ayer en el interior del mercado La
terminal, zona 4. Su cuerpo quedó tendido en la 0 avenida y 9a. calle, a donde llegaron elementos de
los Bomberos Municipales y lo trasladaron al hospital Roosevelt, pero por la gravedad de las heridas
falleció. Mynor Ruano, vocero de ese cuerpo de socorro, dijo que a la llegada de los paramédicos el
afectado tenía signos vitales, pero los cuatro impactos recibidos le segaron la vida.
JUTIAPANECOS
Gavino Medrano comentó que realizaban unas compras con su hijo, cuando un desconocido que ya
había pasado varias veces viéndolos les disparó. El padre del fallecido expresó que ellos viajaron
desde Comapa, Jutiapa, ya que venían a comprar artículos que no consiguen en su municipio.
La primera hipótesis es que el ataque fue perpetrado por el grupo conocido como Ángeles Justicieros,
quienes lo habrían confundido con algún delincuente. La Policía Nacional Civil, sin embargo, investiga
otras posibles causas.
Los Ángeles Justicieros patrullan en La Terminal
Balacera en el área de venta de mariscos deja dos personas muertas y una herida. Los vendedores del
lugar prefirieron guardar silencio respecto al doble crimen. Por su parte la Policía Nacional Civil (PNC),
investiga si los asesinatos fueron cometidos por los Ángeles Justicieros, quienes están sindicados de
cometer varias muertes, principalmente de personas que delinquen en el mercado196
.
Footnote 196
DeacuerdoconelreportajeelaboradoporMarielaCastañónparaelDiarioLaHora,aunquelainstituciónpolicial
cuenta con esta información, los vendedores admiten que muchos de los casos no se conocen públicamente,
porque la PNC y el Ministerio Público (MP) temen trabajar en la escena del crimen, o simplemente prefieren
obviar los casos porque se trata de delincuentes197
.
Segúnestadísticasdelainstituciónpolicial,de2007alafecha[12/07/2011]sehandocumentado15muertesen
el interior del mercado de LaTerminal. Aunque regularmente se sospecha que los fallecidos son delincuentes,
hay excepciones, como el caso del 2 de febrero de 2010, cuando una niña, hija de una de las vendedoras,
murió por una bala perdida.
195 Molina, Carlos.Ob. Cit.Degüellan a mujer.
196 Castañón, Mariela. Los Ángeles Justicieros que patrullan en La Terminal. Diario La Hora (Guatemala). 12/06/2011. Disponible en: http://www.lahora.com.gt/index.php/nacionalguate-
mala/reportajes-y-entrevistas/3353-los-angeles-justicieros-que-patrullan-en-la-terminal
197 Ibíd.

En esa ocasión, como sucede con el resto de las muertes, el silencio se convirtió en el mejor aliado para Los
Ángeles Justicieros, que prohibieron abordar el tema198
.
Una de las estrategias que permite que este grupo opere impunemente es la utilización de armas; éstas
están registradas de forma legal y sirven exclusivamente para el sicariato en ese perímetro, afirma una fuente
policial199
.
Existe el rumor, que se otorga un bono de Q.10.000.00 y 15 días de vacaciones a los miembros de Los Ángeles
Justicieros por cada muerte de presuntos delincuentes en el mercado de La Terminal200
.
Comité de Seguridad de Panajachel, Sololá
Al Comité de Seguridad articulado en Panajachel, más conocido como “los encapuchados” se atribuyen
los delitos de amenazas, tortura y secuestro; esto de acuerdo a la Fiscalía Distrital de Sololá, la cual giró 16
órdenes de captura en su contra. Sin embargo, las capturas han sido impedidas en reiteradas ocasiones por
la población del lugar.
Este grupo opera hace dos años aproximadamente, sospechándose su participación en los homicidios de una
turista europea y un carnicero del municipio, así como en al menos cinco secuestros201
.
El comité o junta fue articulado y avalado por la administración municipal. Inicialmente, se estructuró para
evitar robos luego de la tormenta Ágatha; y posteriormente se transformó en un grupo paramilitar encargado
de “hacer justicia” contra cualquiera que ellos consideraran que altera el orden público: quien sale de fiesta
y se pasa de tragos, quien fuma marihuana, quien “anda vagando con chanclas, un libro y una guitarra en la
mano”o los periodistas o ciudadanos que denuncian sus crímenes, son considerados un objetivo a combatir.
Cualquier persona puede llegar a ser víctima de una detención ilegal y hasta de un linchamiento202
.
Losoperativosimplementadosporlos “encapuchados” ocurríanregularmenteporlasnochescuandoarmados
con bates de béisbol, tubos, palos y pistolas salían a patrullar con el rostro cubierto con gorros pasamontañas.
El objetivo de los patrullajes era detener e interrogar en la vía pública a sospechosos203
.
En abril de 2012, dos personas miembras de este “comité” fueron sentenciadas a 17 y 19 años de prisión por
los delitos de lesiones graves, lesiones leves y coacción.
198 Supra.
199 Castañón, Mariela. Ob. Cit.
200 Ayuda Memoria. Grupo Focal PENNAT. Ob. Cit.
201 Gamazo, Carolina. Pobladores impiden captura de Comité de Seguridad. 31/01/2012. El Periódico (Guatemala). Disponible en: http://elperiodico.com.gt/es/20120131
pais/207270/
202 Arce, Roberto. La impunidad (que sigue) en Panajachel. Plaza Pública (Guatemala). 11/11/2011. Disponible en: http://www.plazapublica.com.gt/category/en-serio-guatemala?page=15
203 Arce, Roberto. La impunidad de los Encapuchados de Panajachel. Plaza Pública (Guatemala). 30/10/2011. Disponible en: http://www.plazapublica.com.gt/content/la-impunidad-de-los-
encapuchados-de-panajachel

De acuerdo a declaraciones ofrecidas por el fiscal distrital de Sololá a El Periódico: aún se quedan pendientes
12 órdenes de captura contra otros supuestos miembros del Comité de Seguridad Ciudadana de Panajachel.
“Existen varios casos de abusos cometidos por este grupo, entre ellos lo ocurrido con Luis Gilberto Sente,
quien fue secuestrado el 4 de octubre de 2011, durante la fiesta patronal del municipio. A la fecha no ha
aparecido”204
.
Juntas locales en San Juan Sacatepéquez
La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, ha aperturado 125 expedientes entre el 2006 y 2010, que
identifican 130 hechos relacionados con la seguridad y la dignidad, en San Juan Sacatepéquez.
Atendiendo a los graves hechos de violencia registrados y denunciados, la PDH realizó el informe especial San
Juan Sacatepéquez: Caso Paradigmático de violencia, criminalidad y violaciones a derechos humanos, en el
cual se refiere a la actuación de las juntas: de manera particular, llamó la atención de la PDH la reconstitución
de grupos de vigilantes nocturnos, que recordaban la estructura y los procedimientos de las Patrullas de
Autodefensa Civil, organizadas por el Ejército de Guatemala durante los años del conflicto armado interno. La
PDH pudo documentar, a través de investigaciones propias, cómo algunos de estos grupos no sólo cometían
diversos tipo[s] de atropellos contra habitantes del municipio, sino incluso habían cometido crímenes y
disponían de“cementerios clandestinos”donde fueron enterradas algunas de las víctimas205
.
De acuerdo con los informes de seguimiento realizados por la PDH, entre enero 2007 a noviembre 2011,
se registraron un total de 16 linchamientos en San Juan Sacatepéquez, que tuvieron como resultado 30
personas lesionadas y 17 fallecidas. Los linchamientos se vinculan con la actuación de grupos de vigilantes o
patrulleros y, con la débil presencia y actuación de las instituciones públicas de seguridad y justicia. Una de las
características de los linchamientos ocurridos en el municipio es que las víctimas no son residentes del lugar
y se las considera sospechosas de cometer delitos206
.
Grupos similares han surgido en el resto de aldeas de esta región dedicándose a patrullar sus respectivas
comunidades y manteniendo control de las mismas y sus habitantes. La presencia y poder de estos grupos en
el municipio es de tal magnitud, que aún autoridades como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y los
cuerpos de bomberos no pueden acceder a todas las zonas sin el aval o consentimiento de los vigilantes. Esto
ha ocurrido, sobre todo, en los casos de linchamientos: generalmente se deja libre el paso a las autoridades
cuando el hecho ha sido consumado207
.
204 Ramos, Jerson. Veredicto: Miembros del Comité de Seguridad de Panajachel son culpables. El Periódico (Guatemala) 28/04/2012. Disponible en: http://www.elperiodico.com.gt/
es/20120428/pais/211422/
205 Oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH). Muerte violenta por linchamientos. Casos y víctimas a junio 2011. Guatemala. PDH 2011. Página 2. Disponible en:
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=5&Itemid=55
206 bíd. Página 17.
207 Supra. Página 17 y 22.

En Ciudad Quetzal, los pobladores de las aldeas se encuentran organizados en patrullas, las cuales son
integradas por hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños.
En el caso de la colonia Las Margaritas, el Comité fue articulado a iniciativa del Alcalde Auxiliar del lugar. Para
la realización de los patrullajes solicitan la participación de una persona por familia residente en el lugar, o el
pago de Q.75.00 para “evadir la obligación”. En el día realizan el patrullaje mujeres, jóvenes y niños, y por las
noches hombres encapuchados que utilizan armas hechizas. Las personas que se han negado a participar
en los patrullajes han sido brutalmente golpeadas, al punto de que los organizadores han secuestrado a un
miembro de la familia para asegurar la participación en estas actividades208
.
En la colonia Mejía, existe la prohibición de circular después de las diez de la noche, y quienes son sorprendidos
en la calle son golpeados, desnudados y amarrados a un poste. En las colonias Lo del Castillo y en Margaritas,
se presume la ejecución extrajudicial de tres personas que se negaron a pagar las cuotas209
.
Se sospecha que con el dinero recolectado por concepto de seguridad, los responsables de recaudar el mismo
realizan la compra de armas hechizas, las cuales son utilizadas para amenazar a la población210
.
Atendiendo a la problemática detectada, el Estado ha realizado una intervención en San Juan Sacatepéquez
con el objetivo de desarticular estas organizaciones, capturando a cuatro presuntos integrantes de las
patrullas que funcionan en el lugar.
Asimismo, el Ministerio Público se encuentra investigando otras denuncias presentadas por residentes en
las colonias Lo de Bran, Carranza y las Margaritas en Mixco por abusos cometidos por grupos de seguridad
ciudadana211
.
La actuación de las Juntas, Comisiones y/o Comités, evidencia la realización de actos de extrema violencia,
que incluyen la privación arbitraria de la vida a través de linchamientos y asesinatos, en los cuales participa
gran parte de la comunidad.
Estas acciones guardan gran parecido y relación con el pasado y se estima que existe un traslado de las
prácticas del pasado a la actualidad, como se ha reiterado.
208 Ayuda memoria. Grupo focal con beneficiarios de la Asociación Caja Lúdica realizado el 18/06/2012.
209 Ibíd.
210 Grupo focal Asociación Caja Lúdica. Ob. Cit.
211 Herrera, Paola. MP investiga comités de seguridad ciudadana en Mixco. Prensa Libre (Guatemala). 23/02/2012. Disponible en: http://www.prensalibre.com/noticias/justiciainvestigan-
comite-vecinos_Mixco-MP_0_650935179.html

B. Empresas de seguridad privada
En el 2010 se aprobó la Ley que regula los servicios de seguridad privada, estableciendo en el artículo 4 que
la seguridad pública es una potestad privativa del Estado y sus instituciones, por consiguiente los prestadores
de servicios de seguridad no pueden atribuirse potestad en este ámbito, es decir, no pueden realizar tareas de
seguridad ciudadana. También establece que las entidades privadas que brinden servicios de investigación,
protección y custodia sobre personas, bienes o servicios de titularidad pública o privada, están sujetas al
control activo por la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Dgssp) dependiente del Ministerio
de Gobernación.
De acuerdo al listado de empresas de seguridad privada autorizadas, publicado y actualizado por la Dgssp, a
febrero 2012 se registran 150 empresas de seguridad privada y se contabiliza un total de 41.000 agentes de
seguridad privada en servicio212
.
Según el Informe Mundial de Armas Ligeras, en un ranking de 70 países estudiados Guatemala es el país con
mayor desproporción de policías privados y estatales, debido a que por cada Policía Nacional Civil operan más
de seis agentes privados de seguridad. Se calcula que existe un total de 120 mil agentes privados de seguridad,
de los cuales 79 mil operan de forma ilegal. Las empresas privadas carecen de entrenamientos adecuados
para el personal que emplean, brindando cursos de una semana cuando la ley exige una preparación de 18
meses213
.
De acuerdo a los Bomberos Municipales y Voluntarios, un aproximado de 15 agentes de seguridad privada
son atendidos mensualmente debido a que se han herido con las armas de fuego que portan. Según los
informes de los cuerpos de socorro, algunas de las víctimas son menores de edad214
.
El informe 2012 de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Guatemala, confirma que el Estado guatemalteco continua delegando funciones de seguridad ciudadana a
empresas privadas, con una mínima rendición de cuentas, siendo uno de los países con mayores índices de
seguridad privada a nivel mundial en relación con el número de agentes de policía (24.255)215
.
Durante el 2011 fueron detenidos un total de 122 agentes de seguridad privada, 15 por lesiones de arma de
fuego, cinco por homicidio, 22 por ebriedad y escándalo, 47 por portación ilegal de armas de fuego y 33 por
otros delitos.
212 Disponible en: http://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/empresas_de_seguridad_autorizadas_febrero_2012.pdf
213 Archila, Omar. Realidad de las Policías Privadas. (Prensa Libre). Guatemala 15/11/2011.
214 Castañón, Mariela. En un mes, quince guardias privados se han disparado. (La Hora). Guatemala. 08/05/2012.
215 Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Guatemala. Organización de las Naciones Unidas.Párrafos 18 y 19.

Algunos hechos de violencia atribuidos a Agentes de Seguridad Privada Footnotes 217 218 219 220 221
Capturan a tres guardias de seguridad acusados de atacar a una persona
TresguardiasdeseguridadprivadafueroncapturadosporagentesdelaPolicíaNacionalCivildelaComisaría15,enelinterior
del inmueble ubicado en la 10 avenida, 0-86, colonia Guadalupe, Amatitlán. Los detenidos se identificaron como Fabio
Jeremías Ramos Aguirre, de 19 años, Elio Elías González Ibáñez, de 20 y Juan Alberto Toj Alvarado, de 20 años, guardias de
seguridad privada de la empresa New Tec Security. Al segundo de los detenidos se le encontró un revolver calibre 38
especial con 2 cartuchos útiles, los detenidos están sindicados de atacar con arma de fuego al señor Ángel Alfonso Rivas
Girón, de 25 años, le acompañaba Karen Leticia Barrientos, de 19 y un menor de 17 años, quienes fueron víctimas del ataque
cuando caminaban por el sector, no resultando heridos217
.
El descontrol domina en empresas de seguridad privada en el país
El 27 de julio [de 2011] fue asesinada Luisa Fernanda Fajardo López, de 23 años, después de haber salido de un gimnasio.
El principal sospechoso del crimen es Rosalío Pineda Pernillo, guardián del lugar. El Ministerio Público estableció que el
sindicado tenía antecedentes penales por robo y portación ilegal de arma, pero esto no fue obstáculo para ser contratado
por la empresa Orión218
.
Guardia de seguridad capturado por dar muerte a su compañero
Juan Mendoza Mendoza, de 43 años, fue capturado por agentes de la Comisaría 16 sindicado de ser el presunto responsable
de haber dado muerte momentos antes a un guardia de seguridad privada en el interior de un bus urbano, ubicado en
un predio de buses en mal estado, sobre la avenida principal, 14-36, colonia La Brigada, zona 7 de Mixco. La víctima fue
identificada como Rolando López Torres, de 25 años, quien trabajaba como guardia de seguridad privada, localizado muerto
en el interior de un bus en mal estado, momentos después fue capturado Mendoza Mendoza, compañero de trabajo del
fallecido a quien se le incautó un revólver calibre 38 especial, marca Bukara. Según la investigación el fallecido y el detenido
eran los encargados de la seguridad del predio en mención219
.
Capturan a presunto violador de mujer no vidente
Un agente de seguridad privada de nacionalidad salvadoreña fue capturado como presunto responsable de abusar
sexualmente de una mujer no vidente, en la 13 calle y 10 avenida de la zona 11. Según versiones, los vecinos alertaron a las
fuerzaspolicialesalescucharlosgritosdelaféminapidiendoauxilio. ElprocesadoidentificadocomoLeonelRamosCalderón,
de 40 años fue trasladado al juzgado de turno220
.
Capturan a dos guardias de seguridad privada en zona 11
Capturan en zona 11 a 2 guardias de seguridad privada, cuando recogían más de 50 mil Quetzales, producto de extorsión a
un comerciante221
.
216 Molina, Carlos. Ob. Cit. Degüellan a mujer.
217 Capturan a tres guardias de seguridad privada sindicados de atacar a una persona. (Noticias de Guatemala) Guatemala 10/08/2010. Disponible en: http://noticias.com.gt
nacionales/20100810-capturan-a-tres-guardias-de-seguridad-privada-sindicados-de-atacar-a-una-persona.html
218 Ortiz, Gerson. El descontrol domina en empresas de seguridad privada del país. (El Periódico) 05/02/2012.
219 Guardia de seguridad capturado por dar muerte a su compañero. (PNC de Guatemala). Guatemala 28/06/2012. Disponible en: http://pncdeguatemala.blogspot
com/2012/06guardia-de-seguridad-privada-capturado.html
220 Capturan a presunto violador de mujer no vidente. Emisoras Unidas. 02/09/2012. 17:16 hrs. Disponible en: http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/capturan
presunto-violador-mujer-no-vidente
221 Capturan en Z 11 a dos guardias de seguridad privada. (Twitter Telecentro 13). Guatemala 27/09/2012 21:44 hrs. Disponible en: http://www.monitoreodemedios.gt/wp
capturan-en-z-11-a-2-guardias-de-seguridad-privada-cuando-recogian-mas-de-50-mil-quetzales-producto-de-extorsion-a-un-comerciante/

La Fiscalía Metropolitana reporta que, semanalmente se reciben entre dos y tres casos de capturas de agentes
de seguridad privada, por portación ilegal de armas de fuego. Las armas incautadas, de acuerdo al protocolo
establecido por el MP, son remitidas al Inacif para que se realice el cotejo de las huellas balísticas. Los resultados
de los peritajes han establecido que de todas las armas que ingresan mensualmente, entre una y dos están
involucradas en otros crímenes principalmente vinculados con delitos contra la vida222
.
5. Caracterización de las víctimas del
crimen de ejecución extrajudicial
Como se ha establecido, las ejecuciones extrajudiciales han sido una práctica constante en Guatemala. En
tal sentido y para comprender el fenómeno, analizamos su evolución durante el conflicto armado interno y
posterior a la firma de los Acuerdos de Paz para evidenciar que a lo largo de la historia guatemalteca, han sido
privadas de la vida de forma violenta y arbitraria miles de personas, víctimas de la práctica sistemática de la
ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria por parte de agentes del Estado; siendo evidente la selectividad
de las víctimas.
Por lo anterior, se hace necesario caracterizar a las víctimas y establecer patrones de selectividad en las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de conformidad a la teoría del derecho penal del enemigo;
la cual es justificada por la población bajo el argumento de seguridad, por lo que muchos de estos casos aún
continúan en la impunidad.
Con la suscripción del acuerdo de paz firme y duradera en 1996, se marca la finalización del conflicto
armado interno en Guatemala, dando inicio una nueva etapa en la que se esperaba fortalecer el proceso de
democratización, impulsando la construcción de una cultura de paz.
En ese marco, el repunte del fenómeno de ejecuciones extrajudiciales se presenta en 2003, donde volvió a
recrudecer la práctica contra jóvenes, solo que ahora, también contra aquellos que pertenecen a pandillas y
maras, así como aquellos que aparentan pertenecer a ellas (tienen el prototipo físico estereotipado por las
autoridades y el medio social sobre quien es o no es de una mara). Paralelamente también se agudizaron las
ejecuciones de trabajadores y trabajadoras del sexo, así como de travestis y trans géneros223
; lo cual evidencia
la ampliación de los perfiles hacia aquellos que se han vuelto “indeseables” por sus acciones “desviadas y/o
antisociales”, o bien por considerar que sus formas de ser, de pensar y de actuar no se ajustan a lo socialmente
aceptado.
222 Herrera, Paola. Unos dos guardias privados son detenidos a la semana sin licencia. (Prensa Libre) Guatemala. 26/10/2012.
223 Samayoa, C. Ob. Cit. Ejecuciones Extrajudiciales de Jóvenes Estigmatizados. Página 16.

Durante el 2004, 2005 y 2006, la PDH examinó sistemáticamente las noticias aparecidas en la prensa sobre
muertes violentas y tabuló las características de cada una de las muertes de las que se informaba. Descubrió
que en 2005, 63 víctimas de asesinato fueron rematadas con un tiro de gracia, y que los cuerpos de otras 305
víctimas mostraban señales de tortura. Entre enero y junio de 2006, las cifras correspondientes se elevaron a
151 tiros de gracia y 435 víctimas de tortura. En 2005, los cadáveres del 12% de todas las víctimas de asesinato,
648 de 5.338, fueron hallados en un lugar distinto de aquél en que murieron. Sin embargo, la información
relativa a las víctimas no suministra datos fidedignos sobre los autores224
.
El Relator225
Philip Alston en su informe sobre Guatemala en el año 2006, expresó la existencia de indicios
muy sólidos de que ciertos incidentes de limpieza social, como la ejecución de miembros de bandas, de
sospechosos de haber cometido delitos y otros “indeseables” son obra de miembros de la policía. Ha habido
homicidios cometidos por reclusos que han sido facilitados por los guardias. En otros casos, se atribuye al
Estado una responsabilidad indirecta226
.
De acuerdo al informe anual de la PDH, de enero a noviembre 2006 se documentaron 290 muertes violentas,
de 268 hombres y 26 mujeres; 217 con arma de fuego y 73 con arma blanca. Se ha desatado una limpieza
social indiscriminada, específicamente en contra de jóvenes que se inician en actividades delincuenciales,
utilizados para realizar negociaciones de droga o mercadería robada; se presume la participación del crimen
organizado y de agentes de inteligencia de la PNC y del Ejército; identificándose seis ejecuciones227
.
Laformaenquemuchoshomicidiosfueronllevadosacabo(cuerpostorturados,atados,contirodegracia,etc),
los móviles (secuestrados, ejecutados en un lugar, abandonados en otro, barrancos o cunetas regularmente),
las víctimas (con características físicas y distintivos“propios”de“sospechosos”de ser delincuentes, en especial
mareros), la militarización de las fuerzas civiles de seguridad y el tratamiento de la comunicación (mostrar
los tatuajes de los cuerpos, subir la camisa de los detenidos, usar lenguaje denotativo de delincuentes o
pandilleros,etc),sonevidenciasquedemuestranlaactuacióndegruposdelimpiezasocial,asícomolapráctica
de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, no a nivel institucional,
pero si con su complicidad228
.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odhag) estableció que en 2007 se continuó con la muerte
violenta de personas menores de edad, siendo un problema grave y sin solución en Guatemala, aunque la
224 Consejo de Derechos Humanos. Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relativas con las desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. Informe del Relator
Especial Philip Alston, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Misión a Guatemala 2006. A/HRC/4/20/Add.2.
225 Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
226 Consejo de Derechos Humanos. Ob. Cit. Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relativas con las desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. Informe
del Relator Especial Philip Alston, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Misión a Guatemala 2006. A/HRC/4/20/Add.2. Página 2.
227 Oficina del procurador de los derechos humanos (PDH). Informe anual circunstanciado al Congreso de la República de las actividades y de la situación de los derechos humanos en
Guatemala durante el año 2006. Página 332
228 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odhag). Informe sobre situación de la niñez 2006. Página 32.

cantidad de muertes violentas con características de ejecución extrajudicial se redujo de 395 casos registrados
en 2006, a 346 durante el 2007229
.
La PDH aperturó nueve expedientes por ejecución extrajudicial en el 2008, expresando que en estos delitos
no se puede descartar la participación de agentes del Estado, como lo ha documentado la PDH en casos que le
han sido denunciados. Sin embargo, lo anterior no significa que se trate de una política del gobierno. Además,
una de las características que asume el fenómeno, actualmente, es la participación de agentes de los cuerpos
de seguridad privados; aparte de que muchas veces resulta difícil distinguir entre actos de “limpieza social”
y crímenes atribuibles a luchas entre grupos criminales. En todo caso, existe un grado de responsabilidad
estatal por la falta de protección del derecho a la vida y la integridad personal230
.
5.1 Víctimas enero 2009 – junio 2012
Durante el desarrollo de la investigación, fueron realizadas entrevistas a Fiscales del MP a cargo de casos
de ejecución extrajudicial, quienes indican que: no existe un perfil específico de las víctimas en los casos
tramitados por este delito.
También se accedió a expedientes en el MP y en base a ello no es posible afirmar que exista selectividad
hacia cierto tipo de víctimas, que por su pertenencia a un grupo social determinado puedan ser consideradas
“indeseables”, como lo afirma el Jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, el perfil de las víctimas no es en
su mayoría proveniente de sectores estigmatizados231
; extremo confirmado por la Jefa de la Unidad de casos
especiales de la Fiscalía de Derechos Humanos, quien indicó que el perfil de las víctimas es variado y no
siempre son personas estigmatizadas232
.
Por otro lado, se realizaron entrevistas con personal médico forense que presta sus servicios en Inacif, quienes
argumentaron que a través de la realización de las necropsias no es posible establecer un perfil de potenciales
víctimas de ejecución extrajudicial, ya que éste es un trabajo eminentemente criminológico y no médico,
confirmando que la mayoría de víctimas de muertes violentas son personas jóvenes que han fallecido a causa
de disparo de arma de fuego233
.
229 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odhag). Informe sobre situación de la niñez 2007. Página 41.
Guatemala durante el año2008. Página 2010.
231 Entrevista. Licenciado Ricardo Guzmán. Jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público. 24/05/2012.
232 Entrevista. Licenciada Sonia Montes. Jefa de la Unidad de Casos Especiales de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. 24/05/2012.
233 Entrevista. Dr. Sergio Maldonado Montejo, Jefe de la Unidad de Médicos Forenses del Departamento de Guatemala y Dr. Rigoberto Barreno Pech, Coordinador de Grupo de
Médicos Forenses, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). 14/06/2012.

Es importante establecer, que si bien en los casos en investigación por parte del MP, las víctimas no son
personas jóvenes que se ajusten al perfil de “personas estigmatizadas” no implica que en la actualidad se
haya reducido el número de crímenes que se encuadran en la figura de ejecución extrajudicial, atendiendo a
situaciones como la expresada por el Fiscal a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la vida, quien expuso que
en muchas ocasiones se prefiere acusar por asesinato y no por ejecución extrajudicial, debido a que la pena
es mayor.
La tipificación diferente, con el objetivo de una sanción mayor, afecta el control del Estado sobre la actuación
de los funcionarios públicos que realizan, ordenan, apoyan y/o autorizan la realización de crímenes de lesa
humanidad como la ejecución extrajudicial, debido a que se invisibiliza la continuidad de esta práctica
deplorable.
Las ejecuciones extrajudiciales continúan en el país, de tal forma que las muertes violentas con características
de ejecución extrajudicial son una práctica constante en Guatemala.
Tabla 5*
Número de expedientes aperturados por el delito de ejecución extrajudicial en la Oficina del Procurador de
los Derechos Humanos de 2003 a 2011234
Fuente 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 Total
Expedientes aperturados
por sospecha de ejecución
extrajudicial informe PDH
21235
91236
12 8 15 9 10 1 167
*Fuente: Elaboración propia con datos de los informes anuales de la PDH
Entre enero 2009 a marzo 2012 el MP recibió un total de 5.790 denuncias por ejecución extrajudicial.
Footnote 235 236
234 Elaboración propia con datos de los informes anuales circunstanciados de 2003 a 2009.
235 Si bien se aperturaron únicamente dos expedientes, el informe expone que se documentaron 59 muertes sospechosas de ejecución extrajudicial, 10 muertes de pandilleros,
17 muertes en las cuales se adujo violencia entre pandillas, 6 muertes de niños de la calle, y 17 muertes en las cuales se presentaba violencia excesiva y violación sexual. PDH
2003.
236 Uno de estos expedientes corresponde a la muerte de un reo en la cárcel de la Antigua Guatemala-Sacatepéquez, delito cometido por un guardia penitenciario. PDH 2004.

Tabla 6*
Denuncias presentadas a nivel nacional por el delito de ejecución extrajudicial ante el Ministerio Público
2009-2012
2009 2010 2011 2012 Total
Total 2261 2811 279 439 5790
*Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el Ministerio Público
Aunque la violencia y criminalidad que afecta a la población guatemalteca ha disminuido sensiblemente
durante los últimos años; de enero 2009 a junio 2012 murieron violentamente un total de 22.548 personas,
cifras que reflejan altos índices de violencia e impunidad para el país237
.
Tabla 7*
Número de muertes violentas a nivel nacional por género
(2009-2012)
Sexo de las
víctimas
2009 2010 2011 2012 Total
Masculino 6206 5842 5530 2283 19.861
Femenino 829 842 710 306 2.687
Total 7035 6684 6240 2589 22.548
*Fuente: Elaboración propia teniendo como base datos de Inacif al 11 de junio de 2012
En 2009 y 2010, el 41% de las muertes violentas se registró en el departamento de Guatemala. Esta cifra varió
en 2011 y en el primer trimestre del 2012, registrándose el 37.10% y el 38.82% respectivamente. El 41% de las
muertes ocurren en el departamento de Guatemala, y en su mayoría son cometidas mediante el uso de armas
de fuego (77%).
237 De las víctimas reportadas en este período, 2687 son mujeres.

El 50.24%238
de las muertes violentas se concentraron en la zona 18 (19.89%), la zona 7 (10.43%), la zona 6
(10.12%) y la zona 12 (9.80%), catalogadas como “violentas” por la presencia de maras y pandillas juveniles,
así como por el índice de delitos contra la vida y contra la propiedad. En cuanto a las personas adolescentes y
jóvenes, éstas representan el 50% del total de muertes reportadas de 2009 a 2011, produciéndose la muerte
de forma violenta de 9.130 personas adolescentes y jóvenes. Registrándose la mayoría de víctimas entre los
18 a 25 años.
Tabla 8*
Rango etáreo de las personas adolescentes y jóvenes que fallecieron en hechos violentos
2009-2011
Rango etáreo 2009 2010 2011 Totales
de 12 a 14 64 80 59 203
de 15 a 17 398 338 341 1077
de 18 a 21 824 820 753 2397
de 22 a 25 1189 1025 1038 3252
de 26 a 29 778 744 679 2201
Totales 3253 3007 2870 9130
*Fuente: Elaboración propia con datos de los informes anuales de la PDH
En 2011, el informe de la PDH expone que las similitudes principales entre lesiones y muertes violentas globales,
establecidashastaciertopuntocomounpatrónenlosúltimoscincoaños,sedanrespectoalmayormedioutilizado
(arma de fuego o arma blanca), en ambos casos, la mayor cantidad de víctimas han sido hombres, sobresaliendo
las personas jóvenes; el departamento con mayor incidencia delincuencial es Guatemala y los días más violentos
son los fines de semana.
El informe resalta que si bien existe una reducción en el número de homicidios la violencia, brutalidad e
intensidad de las muertes se ha incrementado, evidenciándose en el incremento de víctimas decapitadas,
descuartizadas, lapidadas, degolladas, quemadas y cadáveres encontrados en estado de putrefacción o con
señales de tortura, en los primeros 11 meses de 2011, según datos aparecidos en medios de comunicación, el
número de víctimas con estas características es menor al de 2010. Aunque la proyección del promedio mensual
indica que en 2011 (de enero a diciembre) supera la cantidad reportada en 2010239
Guatemala durante el año 2011. Página 72.
239 PDH. Ob. Cit. Informe anual circunstanciado al Congreso de la República de las actividades y de la situación de los derechos humanos en Guatemala durante el año 2011. Página 20.

Lanzan a un barranco el cadáver de un joven torturado
El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 17 años a quien no fue posible identificar fue
localizado en un barranco en Chinautla.
Tenía tres disparos en la cabeza, uno en el estómago, uno en la pierna, heridas de arma blanca en la
espalda posiblemente ocasionadas con un verduguillo, golpes en todo el cuerpo, se encontraba atado de
pies y manos, la cabeza fue envuelta con cinta adhesiva transparente, estaba desnudo envuelto en una
sábana, según testigos fue arrojado desde un automóvil blanco en movimiento.
Los procesos de investigación criminal y de procesamiento de casos en el sistema de administración de justicia
penal son infructuosos, al punto que, del cúmulo de procesos iniciados anualmente se obtienen resultados
entre el 4% al 12%, es decir que de cada 100 casos sólo reciben una respuesta 12241
. El Estado se muestra
incapaz de garantizar la seguridad e integridad de las personas, de brindar protección a testigos, y de resarcir
a las víctimas directas e indirectas, mediante procesos de investigación y enjuiciamiento efectivos.
Los escasos resultados demuestran la ineficiencia e ineficacia de las instituciones del Estado responsables
de la seguridad ciudadana, de la investigación criminal y de la persecución y enjuiciamiento penal, en la
prevención de delitos contra la vida y en la averiguación de la verdad en casos concretos.
A ello se suma, a. el crecimiento de las redes de narcotráfico y de crimen organizado en el país, b. el
surgimientodeempresasprivadasdeseguridadydeorganizacionesvecinalesconfinesdecastigoapresuntos
delincuentes, c. el constante señalamiento (desde diversos sectores sociales) sobre estructuras delincuencias
enraizadas en el Estado y, d. los altos niveles de corrupción y la ineficiencia e ineficacia del sistema, siendo
factores que inciden en los niveles de impunidad en hechos delictivos, especialmente en aquellos casos en los
que se encuentran involucrados, de forma directa o indirecta, funcionarios públicos.
Teniendo como base la situación presentada, la CIDH determinó que en Guatemala predomina la impunidad
en delitos contra la vida, especialmente aquellos que son cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio
de sus cargos, ya sea porque la investigación criminal no es exhaustiva, cuenta con deficiencias o no existe
voluntad de realizarla; o bien, porque existen injerencias externas que obstaculizan el avance de los procesos
de investigación criminal, además de las conocidas debilidades propias del Organismo Judicial en el
juzgamiento y sanción de las ejecuciones extrajudiciales.
240 Díaz, Tulio. Lanzan cadáver de joven torturado. Nuestro Diario (Guatemala). 05/04/2012.
241 En 2011 se recibieron 351.302 denuncias, depurándose 89.199 y remitiéndose a fiscalía un total de 257.595. Fueron resueltas 205.146 denuncias por vías alternas. Fueron
presentadas 15.836 acusaciones, dictándose 4901 sentencias. Memoria de labores Ministerio Público. Informe general de la gestión realizada por el Fiscal General de la República y Jefe
del Ministerio Público; año 2011. Página 43 y 44.

Es importante evidenciar que en las instituciones del sistema de administración de justicia, cuya actuación
es clave para el esclarecimiento de casos donde se sospecha ejecución extrajudicial (Inacif y MP), no existe
información cualitativa que facilite la identificación de potenciales casos, o que permita establecer el perfil de
las víctimas, siendo una tarea difícil identificarlos y diferenciarlos de otras muertes violentas.
A la inexistencia de mecanismos que faciliten la identificación e investigación de potenciales casos, se agrega
la inexistencia e inoperancia de controles efectivos sobre: 1. la actuación de las fuerzas de seguridad pública,
2. la tenencia y portación de armas de fuego, y 3. la actuación de las empresas de seguridad privada y de las
organizaciones vecinales de vigilancia; aspectos que favorecen el clima de impunidad en crímenes de lesa
humanidad.
Lo anterior se constituye como catalizador para la realización de conductas delictivas, en especial delitos
contra la vida y contra la integridad de las personas, debido a que los agresores y potenciales victimarios
tienen la certeza de que el sistema no les perseguirá ni castigará por sus crímenes.
Delasdenunciasrealizadasporfamiliaresdelasvíctimasoporotraspersonasquesospechanelinvolucramiento
de funcionarios públicos (5.790 denuncias), indican la existencia de potenciales testigos que podrían ayudar
a solucionar estos casos, debido a que realizaron las denuncias, y puede ser factible que se encuentren en
la disposición de dar seguimiento a los procesos o posean información clave para su esclarecimiento; sin
embargo, la efectividad en la investigación del delito de ejecución extrajudicial es prácticamente nula (0.5%),
como se expondrá en el capítulo IV.
De acuerdo al monitoreo de medios realizado, las fuerzas de seguridad del Estado al ser cuestionadas sobre los
posibles móviles de las muertes en general y muertes con características de ejecución extrajudicial señalan a
sicarios, extorsionistas y otros miembros de las maras y/o pandillas juveniles como responsables, planteando
tres causas: 1. Murió en una riña, 2. Lo asesinaron para robarle, y 3. Fue una venganza personal.
Aunque no es posible descartar la participación de las maras y/o pandillas en algunas de las muertes, resulta
difícil creer que todas hayan sido ejecutadas por los mismos, debido a su constante reducción en miembros.
En 2006, se calculaba que existían alrededor de 35.000 integrantes de maras o pandillas en Guatemala242
. En
este mismo año, la PDH señala que hay 20.000 adolescentes y jóvenes involucrados en maras y pandillas243
.
Para el 2009, se calcula que el número de personas que integran estas agrupaciones, se encuentra entre 8.000
y 10.000 en todo el país244
.
242 Informe del Relator Piliph Alston. Ob. Cit. Página 8.
243 Informe PDH 2006. Ob. Cit. Página 675.
244 Cetina, Gustavo. Violencia juvenil, maras y pandillas en Guatemala. Informe para la discusión.

En 2012, de acuerdo a declaraciones del Ministro de Gobernación, las muertes vinculadas a las extorsiones o
secuestros exprés que realizan estos grupos podrían representar el 20% o 30% de las muertes ocurridas en el
área central del país245
, y otro porcentaje responde a enfrentamientos entre ellos.
El Ministro también declaró el problema no solo tiene que ver con las pandillas: tiene que ver con los grupos
de diferentes organizaciones mafiosas vinculadas a robo de vehículos, o a lo que sea, que también tienen sus
acciones entre ellos mismos. La violencia generada entre delincuencias supone, en nuestros análisis, un 60%
de la violencia criminal del país246
.
En cuanto al número y presencia de pandillas, el Ministro indicó cuando vemos la incidencia en las áreas a
donde ha habido presencia del narcotráfico, como por ejemplo Petén, hay pandillas en puntos muy exactos,
en áreas muy específicas, pero estamos hablando de grupos de 25 o 20 gentes, que tienen algún nombre
local pero dicen tener membrecía ya sea Salvatrucha o 18. Es decir, donde hay presencia de narcotráfico no
hay pandillas como tales y no todos los grupos que se denominan pandillas, tienen una pertenencia real a la
Mara Salvatrucha o la Pandilla 18.
También comentó: Creo que vamos caminando en esa línea y que en un par de años el impacto del trabajo
de las autoridades se va a sentir sensiblemente en la incidencia criminal de las pandillas. Ya sus áreas de
incidencia están bien focalizadas247
.
En base a ello, podemos concluir que los asesinatos ocurridos en el departamento de Guatemala, no pueden
seratribuidosensutotalidadaestosgruposantagónicos;yqueatravésdeestaatribuciónseestánjustificando
muchas de las muertes, las cuales quedarán sin esclarecer, siendo un distractor la responsabilización de éstos,
ya que han reducido sensiblemente su número de integrantes y actividades, no siendo posible atribuirles la
totalidad de los hechos violentos ocurridos en el país.
A. Ejecución extrajudicial de personas con orientación e identidad sexual diferente
Como ya se mencionó, los crímenes de odio son una práctica lamentable y presente en la sociedad
guatemalteca, que afectan en la mayoría de ocasiones, a personas que expresan una orientación e identidad
sexual diferente.
245 Sanz, José Luis y Martínez, Carlos. Una tregua entre pandillas no sería solución en Guatemala. 23/06/2012. Entrevista publicada en Plaza Pública (Guatemala). La misma fue
realizada publicada por el medio noticioso El Faro de El Salvador. Disponible en: http://www.plazapublica.com.gt/content/una-tregua-entre-pandillas-no-seria-solucion-enguatemala
246 Ibíd.
247 Supra.

La Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral Frente al SIDA (Oasis), que se caracteriza por ser la primera
organización en abordar la temática en Guatemala, se ha dado a la tarea de realizar monitoreo e investigación
de graves violaciones a derechos humanos, cuando éstas afectan de forma directa a personas de la diversidad
sexual.
Las investigaciones realizadas por Oasis, entre 1996 y 2006, identificaron y documentaron 64 casos de
agresiones y violaciones a derechos humanos contra personas de la diversidad sexual. El 54% de las
agresiones fueron muertes violentas (35 decesos), existiendo en 22 casos indicios de responsabilidad de
agentes encargados de hacer cumplir la ley (PNC y/o Ejército que representan el 71%) y el resto se vinculan
con guardias de seguridad privada (29%)248
.
En 2011 la Organización Trans Reinas de la Noche (Otrans) denunció el asesinato de cuatro personas entre
el 17 y el 20 de julio a través de un comunicado donde exigía al Gobierno y a todas sus instituciones que
garanticen la vida de todas las personas249
.
Asítambién,sereportóelasesinatodeunpresuntotravestienSanBenitoPetén,atravésdeunanotapublicada
en Prensa Libre en mayo 2012, en la cual puede leerse: El cuerpo sin vida de un presunto travesti fue localizado
este jueves en unos terrenos baldíos en las afueras del casco urbano de San Benito, Petén. Personal de la
Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que el cadáver estaba semicalcinado y con heridas provocadas con
arma de fuego. Técnicos del Ministerio Público consideraron que fue asesinado en otra área y sólo lo llegaron
a tirar al lugar donde fue encontrado250
.
248 López Sologaistoa. Ob. Cit. Páginas 18-20.
249 Postura Otrans ante la ola de asesinatos. Disponible en: http://guatemalaentrecolores.blogspot.com/2011/08/postura-de-otrans-ante-la-ola-de.html
250 Escobar, Rigoberto. Matan a presunto travesti. Prensa Libre (Guatemala). 10/05/2012. Disponible en: http://www.prensalibre.com/peten/Matan-presunto-travesti_0_697730442.html

Asesinato de transexual
El día 29 de julio de 2012 fue publicada en Nuestro Diario la noticia titulada: Señalan a policía de crimen,
la nota hace referencia a la actuación de un agente de PNC que privó arbitrariamente de la vida a un
transexual, sin embargo, no se menciona su nombre o alguna característica que permita identificarlo, la
nota gira en torno a la identidad del Agente y la forma en la cual trata de justificar la muerte.
En la nota puede leerse: “le acusan de haber asesinado a un hombre vestido de mujer en su casa de
habitación, el jefe de la Comisaría 11, Arnoldo López indicó que Gatica, quien estaba de descanso,
relató que el individuo lo persiguió en la calle para asaltarlo, por lo que buscó refugio en su pieza, pero el
desconocido logró meterse y se produjo la tragedia”.
Los investigadores no descartan la hipótesis de que el policía salió a beber e invito a su habitación a una
presunta mujer, pero al descubrir que se trataba de un homosexual se produjo la pelea.
B. Personas privadas de libertad
Como se mencionó, cuando una persona muere bajo la tutela del Estado, esta muerte encuadra en la figura
de ejecución extrajudicial; sin embargo el Estado ha mostrado negligencia e incapacidad para garantizar la
vida, integridad y seguridad en centros de privación de libertad a su cargo, pese a existir recomendaciones
específicas realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de personas
privadas de libertad.
Aunque muchas de las personas privadas de libertad fallecen a manos de otros reclusos o en situaciones
extraordinarias durante motines, la responsabilidad del Estado se mantiene y se agrava desde el momento en
que ordena la privación de libertad, ya que se disminuye la capacidad individual para defenderse.
Para responder a esta obligación fundamental, el Estado debe mantener control en la aplicación del castigo o
la pena ordenada por los tribunales en cualquier lugar de cumplimiento o de detención preventiva252
.
Sin embargo, las muertes en centros de detención o prisión a cargo del Estado continúan.
251 Pacheco, Miriam. Ob. Cit. Señalan a policía de crimen.

Tabla 9253
Muertes en centros de privación de libertad a cargo del Estado
(Sistema Penitenciario/Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia)
de enero 2005 a junio 2012
Año Centro Número de
personas
fallecidas
Fecha
2005 Comisaría 31 (El Hoyón). Escuintla, Escuintla 19 15/08
Granja Penal de Rehabilitación“Pavón”. Fraijanes, Guatemala 08
Granja Penal Canadá. Escuintla, Escuintla. 03
Centro Preventivo para hombres de Mazatenango. Mazatenango,
Suchitepéquez
03
Centro juvenil de detención provisional (Cejudep). Zona 13, Ciudad
de Guatemala.
02
Centro juvenil de privación de libertad para varones (Cejupliv),
también conocido como Etapa II. Fraijanes, Guatemala.
01 06/09
también conocido como Etapa II. Fraijanes, Guatemala
12 19/09
2006 Centro Preventivo para hombres de Mazatenango. Mazatenango,
Suchitepéquez
06 19/06
03 22/06
Granja Penal de Rehabilitación“Pavón”. Fraijanes, Guatemala 07 25/09
2007 Cárcel de máxima seguridad El Boquerón. Escuintla, Escuintla 04 25/02
Cárcel de alta seguridad“El Infiernito”. Escuintla, Escuintla. 03 26/03
2008 Centro de detención preventiva para hombres y mujeres de
Chimaltenango. Chimaltenango, Chimaltenango
01 01/05
Centro de detención preventiva para hombres “Reinstauración
Constitucional”(Pavoncito)
07 22/10
253 Informe alternativo presentado al Comité contra la tortura delas Naciones Unidas. .Violaciones de los Derechos Humanos en Guatemala. Página 89; PDH. Informe Pavón.
Diciembre 2006; PDH. Informe del Procurador de los Derechos Humanos sobre los hechos de violencia ocurridos en el centro de privación de libertad para varones Etapa II el
22 de junio de 2006. Julio de 2006.

2009 Centro juvenil de privación de libertad para varones (Cejupliv),
01 03/03
2010 El Informe anual circunstanciado 2010 de la Oficina del Procurador
de los Derechos Humanos, reporta la muerte de 27 personas
privadas de libertad. Dos de ellas en comisarías de la PNC (página
104)
27 2010
2012 Granja penal de Canadá. Escuintla, Escuintla. 2 05/04
Centro juvenil de detención provisional (Cejudep). Zona 13, ciudad
de Guatemala.
2 03/06
El 81.25% de las personas fallecidas que se reportan entre el 2003 y el 2008 pertenecían a una mara o pandilla,
y sus edades oscilaban entre los 17 a 22 años; el 12.5% eran hombres entre las edades de 25 a 40 años.
Siete de estas personas perdieron la vida durante la toma de pavón y tres en manos de pandilleros. El restante
6.25%representaafuncionariospúblicosqueperdieronlavidaalinteriordeuncentrodeprivacióndelibertad.
Las causas que originaron las muertes se asocian principalmente con enfrentamientos entre grupos
antagónicos (Mara Salvatrucha y Pandilla 18), hechos en los cuales la intervención de las fuerzas de seguridad
del Estado fue tardía, presumiéndose su complicidad para el ingreso de armas y otros artefactos con los que
los reos se enfrentaron.
6. Factores que favorecen la ejecución
extrajudicial en Guatemala
Las muertes selectivas han sido encubiertas a través de una serie de estrategias y acciones impulsadas de
forma sistemática, que propician un ambiente favorable para llevarlas a cabo, impidiendo la identificación,
persecución y enjuiciamiento de los culpables. Entre estas se destacan:
6.1 Culpar a la víctima por los hechos
En los años ochenta, el régimen militar culpó a las víctimas llamándolas subversivas, amenazando a quien se
opusiera a la represión.

En la primera década del siglo XXI la estrategia se continúa implementando, aunque introduce algunas
variaciones, atendiendo a que, la culpabilización de la víctima se encuentra instalada en el imaginario social
colectivo y las muertes encuentran una justificación en la pertenencia a un grupo (maras o pandillas, niñez de
la calle, mujeres explotadas sexualmente), en la orientación e identidad sexual (personas transgénero), o en el
involucramiento en actividades de delincuencia común.
La culpabilización de las víctimas se extiende de esta forma al nuevo perfil estigmatizado, los grupos cuya
existencia se convierte en indeseable. En este sentido, el discurso oficial justifica la ejecución extrajudicial, e
incentiva la ideología de“la necesidad de exterminar a los grupos en su totalidad”.
Uno de los ejemplos de “la necesidad de eliminar y reprimir” lo encontramos en los planes implementados
a través del Ministerio de Gobernación con el objetivo de “neutralizar” grupos indeseables como las maras
y pandillas. Algunos de ellos son: el Plan Tornado, Plan Saturación (…) y el Plan Escoba los cuales tienen un
común denominador, haber demostrado en la práctica la ineficiencia para la reducción de la violencia y la
persecución y juzgamiento de los responsables de hechos delictivos y que se realizan de forma conjunta entre
la Policía Nacional Civil y el Ejército254
.
El Plan Escoba resulta especialmente emblemático, debido a que proponía barrer las calles de mareros y
pandilleros, lo cual fue plenamente identificado como la necesidad de limpiar a la sociedad de su presencia.
Estos planes en la práctica demostraron su inefectividad, debido a que la tasa de homicidios aumentó,
afectando principalmente a población joven en centros urbanos, a quienes se asoció con las maras o
pandillas255
.
6.2 Justificar las muertes violentas
En consonancia con la culpabilización de las víctimas, encontramos la justificación de las muertes como
necesarias para mejorar los niveles de seguridad; coincidiendo con otra de las estrategias utilizadas por el
Estado durante la guerra.
Los medios masivos de información tienen responsabilidad en esta situación, siendo referentes para la
conformación de las identidades individuales y colectivas, constituyéndose como productores de cultura,
opinión y agentes de la acción política256
.
254 Rodríguez, Alejandro y Pérez, Gerardo. Transparentando el Plan Escoba: análisis de la estrategia policial en relación con las pandillas juveniles en Guatemala. Revista Justicia
Penal y Sociedad No. 22. Enero-Junio 2005. Páginas 11 a 84; Informe alternativo presentado al Comité contra la tortura delas Naciones Unidas Ob. Cit. Página 37.; Costa, Gino y
Romero, Carlos. ¿Qué hacer con las pandillas? Página 123.
255 2004-4507 muertes, 2005-5338 muertes, 2006-5885 muertes, 2007-5781 muertes, 2008-6292 muertes, 2009-6498 muertes.
256 Berganza, Gustavo y otros. Los medios de comunicación y la sociedad guatemalteca: un retrato a través de sus discursos. Página 5. Disponible en: http://www.dosesguatemala
org/wp-content/uploads/2012/03/Los-medios-de-comunicaci%C3%B3n-y-la-sociedad-guatemalteca-2002.pdf

El caso más ilustrativo lo constituye el periódico de circulación nacional Nuestro Diario, con su polémica
publicación La escoria, un delito más. Escoria: Cosa vil y sin ninguna estimación, esta era una sección especial
dentro del periódico, en la cual se informaba sobre muertes de personas vinculadas a maras y/o pandillas,
capturas o sobre los hechos violentos que se les atribuían257
.
La estrategia se continúa, aunque como ya se mencionó, con cierta variación; los medios hoy día no vierten
opinión a través de sus reporteros, sino publican la opinión de los lectores, las cuales cuando son relacionadas
con hechos violentos promueven la eliminación física justificándola en la necesidad de tener mayor y mejor
seguridad.
En tal sentido, los comentarios que pueden ser leídos en publicaciones electrónicas, cuando hacen referencia
a la muerte o captura de supuestos delincuentes, evidencian cómo miembros de la sociedad, principalmente
aquellos que residen en centros urbanos, muestran su alegría y conformidad con la eliminación física de los
indeseables, promoviéndola y proponiendo su ampliación.
Esta situación puede apreciarse en noticias electrónicas, como la publicada por Prensa Libre el 11/05/2012,
Matan a delincuente en moto en bulevar Los Próceres. Lo interesante del titular es que da por sentada la
culpabilidad del fallecido.
Así mismo, los comentarios realizados por particulares sobre la nota, evidencian la exigencia social de la
eliminación física de“delincuentes”, y a la vez la exaltación que realizan de las personas que privan de la vida.
A continuación se transcriben literalmente algunos comentarios258
:
En referencia a las personas que privaron de la vida al ahora fallecido:
• Aún existen buenos samaritanos
• MIS MAS SINCERAS FELICITACIONES P/ESE PAR DE VALIENTES Y ATREVIDOS TRIPULANTES DEL CARRO...
(DIOS NO LOS CASTIGARA)POR LO QUE HICIERON.....?EN LUGAR DE 1 HUBIERAN SIDO 10?YA QUE LAS
AUTORIDADES..NO SE ANIMAN HACERLO.....PUES TIENE QUE SER LA POBLACION QUIEN LES HAGA EL
CHANCE.....?YO LES DARIA LA ORDEN DEL QUETZAL...EN 6to. GRADO....QUE VALIERA COMO LOS GRADOS
DE PRIMARIA...EL MEJOR?(OJALA QUE EL HERIDO SE DESANGRE Y PARE LOS TENNIS)”no es que yo..sea
malo”
• SE MERECEN UNA MEDALLA!! GRACIAS!!
• asi tiene que ser ladron visto ladron muerto solo asi se van a terminar esas ratas,, porque si los agarra la
PNC al otro dia ya andan en lo mismo???
258 Matan a delincuente en moto en bulevar Los Próceres. Prensa Libre (Guatemala). 11/05/2012. Disponible en: http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Muere-motorista-herido-
tiroteo-Proceres_0_698330330.html

En referencia a la muerte ocurrida:
• Ojala estos tuvieran los huevos de poner la pena de muerte, minimo que les corten las manos a los hijue..
putas estos ya quisiera yo asi no mantengo tanto vago hijue..puta en la carcel con mis impuestos, encima
de que mantengo a los vagos del gobierno que no sirven para nada mas que para hueviar lo que no
tenemos, seguir con estas lacras
• Espero que poco a poco la ciudadania honrada, vaya tomando conciencia y juntos exterminemos a los
delincuentes. Esto no deberia de ser asi pero si las autoridades encargadas de impartir justicia no lo hacen
el pueblo tiene que hacer justicia por sus propias manos. Felicidades a esos valientes que actuan como
defensores del pueblo y cuidado he, porque a los honrados si los castiga la ley.
• Ahora solo falta que aparezca la Mamá de este infeliz pidiendo justicia por su hijo muerto y que por esto la
PNC ahi si se ponga pilas y agarre a los héroes que hicieron esto. Este para mi si es un caso al cual el MP y la
PNC tienen que hacer oídos sordos por amor al país. Por moral nadie debe morir. Pero por justicia tuvieron
su merecido.
• Ysiyacomenzólamanodura???????????QuéBuenoseñores!!!!Ysiesunaestrategiadepolicíasencubiertos
de civiles????????? Qué Bien señores!!!!!!!! Y si simplemente son unos ciudadanos como cualquiera de
nosotros.... QUÉ BIEN SEÑORES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reacciones en las cuales puede apreciarse la anuencia social para la creación de cuerpos ilegales y aparatos
clandestinos de seguridad, la justificación de la eliminación física de “delincuentes”y el apoyo hacia quienes
privan de la vida arbitrariamente, al punto de denominarlos héroes; tal como sucedió con quienes realizaron
las masacres, quienes fueron premiados y reconocidos por el Estado.
6.3 Inoperancia del sistema de administración de justicia
La CEH documentó un total de 664 masacres, todas ellas cometidas entre 1980 y 1984, a la fecha únicamente
han sido juzgados en el sistema de administración de justicia penal guatemalteco los siguientes casos:
Rio Negro. La masacre ocurrió el 13 de marzo de 1982, se emitió sentencia el 30 de noviembre de 1998.
Choatalum. Caso de desapariciones forzadas ocurridas entre el 05 de noviembre de 1982 y el 28 de octubre
de 1984. Se dictó sentencia el 31 de agosto de 2009.
Las Dos Erres. La masacre ocurrió el 7 de diciembre de 1982. Se dictó sentencia el 02 de agosto de 2011.
Plan de Sánchez. La masacre ocurrió el 18 de julio de 1982. El juicio público inició el 14 de abril 2012.
Las muertes violentas continúan siendo una constante en el país, las cuales quedarán en la impunidad a
menos que existan cambios sustanciales en el sistema de investigación criminal. Esta situación responde a la

baja efectividad de la investigación y el poco interés en casos donde las muertes se vinculan con delincuentes
e indeseables, así como la lentitud en la tramitación de los procesos.
En 2010 Cicig estableció que, las estadísticas del MP y del Inacif hablan de aproximadamente 6.450 asesinatos y
231 sentencias condenatorias, de las cuales 29 fueron por delitos culposos (accidentes de tráfico o imprudencias
médicas). Lo anterior quiere decir que únicamente se obtuvo 202 sentencias condenatorias por muertes violentas
en el año, en contraste con más de 6.450 muertes259
. Los datos reflejan que la efectividad en la averiguación de
la verdad en delitos contra la vida es de un 3%, lo cual implica que el 97% de las muertes violentas quedan
impunes.
Atendiendo a que las cifras de impunidad se han mantenido en delitos contra la vida, para los homicidios
cometidos de enero 2011 a junio 2012 se han dictado un aproximado de 450 sentencias condenatorias.
Teniendo en cuenta que durante el 2011 y el primer semestre del 2012 se han cometido 8.829 asesinatos,
y que se encuentran pendientes de averiguación 6.248 muertes violentas ocurridas en el 2010; la cifra de
muertes violentas que se encuentran impunes a junio de 2012 ascienden a un promedio de 14.600 muertes
cuyas víctimas son mayoritariamente personas jóvenes comprendidas entre los 12 y 29 años.
Siendo posible afirmar que, el sistema de administración de justicia aún continúa inoperante.
6.4 Involucramiento de la sociedad civil en las tareas de seguridad
ciudadana
En este punto es necesario aclarar que la participación ciudadana en espacios de toma de decisiones y
de articulación social es vital en un Estado democrático; sin embargo, los antecedentes nefastos de la
participación de la sociedad civil en tareas de seguridad ciudadana, cuyos efectos son visibles a la fecha,
hacen un llamado hacia la fiscalización de la nueva figura propuesta por el actual Gobierno, con el objetivo de
evitar su involucramiento en tareas que son exclusivas de la PNC; como patrullajes, capturas, registros y otras.
259 www.cicig.org/index.php?page=mensaje-a-los-jovenes-de-guatemala

Patrulleros de Ciudad Quetzal atacan a familia
Una familia se conducía en su vehículo e intentó salir de Ciudad Quetzal. En la salida del lugar los
patrulleros montaron un puesto de registro, éstos le hicieron el alto al vehículo, el cual no detuvo su
marcha.
Ante la negativa a detenerse los patrulleros abrieron fuego contra los ocupantes del vehículo, e
hirieron a Gregorio Morales Patzán de 77 años, quien murió al ingresar al hospital Roosevelt, Petrona
Castellanosde75yRobertoMoralesde30,quienesfueronheridosdebalaenlaspiernasyelestómago.
De acuerdo a declaraciones de las víctimas, los retuvieron después de haberles disparado, estos se
encontraban armados y usaban gorros pasamontañas para ocultar su identidad, eran alrededor de
200.
Otro ataque de Los Ángeles Justicieros
Pistoleros corrieron a un presunto ladrón en el sector de La Tomatera, en La Terminal de la zona 4, y
lo asesinaron ante decenas de compradores y vendedores.
Se dio aviso a los Bomberos Municipales, pero ya había muerto. Tenía tres balazos en la espalda y dos
en la cabeza.
La víctima no portaba documentos. Se le calculan 25 años. Vestía pantalón y playera azules, sudadero
y zapatos cafés.
Aunque los comerciantes del área dijeron que no saben quiénes son los culpables, investigadores
policiales atribuyen el crimen al grupo conformado por 80 agentes privados que se hacen llamar los
“Ángeles Justicieros”.
Ellos cuidan el mercado desde 2007. Por el servicio de seguridad, los locatarios pagan Q70 mensuales.
El grupo de vigilancia, que actúa sin ningún control de la Policía Nacional Civil, también es conocido
como los“Chalequitos”, cuyo lema es“Ladrón visto, ladrón muerto”.
Este año, 10 son las personas que han sido ultimadas entre los puestos de venta.
260 López, Edgar. Balean a familia, encapuchados de Ciudad Quetzal atacan a cuatro personas porque no se detuvieron cuando las pararon. Nuestro Diario (Guatemala). 19/03/2012.
261 Molina, Carlos. Abatido en La Terminal. Nuestro Diario (Guatemala). 15/03/2012.

6.5 Militarización de la seguridad pública
Pese a que el Estado acordó la reducción de efectivos, instalaciones y presupuesto del Ejército en el Acuerdo
sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática262
, la participación de
las fuerzas militares en la seguridad pública también ha sido una constante en Guatemala.
Esta participación se hace evidente durante el actual gobierno, el cual ha ordenado la reapertura de
destacamentosmilitaresenelinteriordelpaís,conelargumentodefortalecerelcombatealcrimenorganizado.
A junio de 2012, se han instalado seis destacamentos y la Quinta Brigada Militar, todos en el departamento de
Huehuetenango;previéndoselainstalacióndeunanuevaBrigadaenSanJuanSacatepéquez,ydestacamentos
en San Marcos, El Quiché, Izabal, Poptúm y Flores del departamento de El Petén, y en Ciudad Peronia del
municipio de Villa Nueva-Guatemala, continuándose con los patrullajes conjuntos en la ciudad capital y otros
municipios del país.
En la ciudad capital, se ha instalado la Fuerza de Tarea Maya en la zona 18, cuenta con un mil 200 elementos
del Ejército y 100 policías, y tiene como objetivos básicos: restituir la autoridad en este sector, y que el mismo
se convierta en un“sector modelo”para otros lugares que han sido catalogados como áreas rojas263
, y la Fuerza
de Tarea Kaminal en las Colonias La Verbena zona 7 y El Mezquital zona 12264
.
Adicionalmente se encuentran funcionando las fuerzas de tarea contra: Robo de Vehículos, Motocicletas y
Celulares, Secuestros, Femicidio, Homicidio y Sicariato, y Extorsiones al Transporte.
La militarización de la seguridad pública se realiza contraviniendo las recomendaciones realizadas por el
Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en el año 2000 y 2006, cuando indicó al Estado de Guatemala
que debe abstenerse de utilizar la intervención del Ejército en materia de seguridad pública y delincuencia,
potestad que debe corresponder privativa y exclusivamente a la PNC265
.
6.6 La continuidad de las operaciones de cuerpos ilegales y aparatos
clandestinos de seguridad
Las ejecuciones extrajudiciales realizadas por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, son
una constante comprobada en hechos como: la ampliación del mandato de la Cicig; las muertes violentas
262 Suscrito entre el Gobierno y la URNG el 19 de septiembre de 1996.
263 Portal de noticias del Gobierno de Guatemala. Fuerza de Tarea Maya disminuye violencia en zona 18. Disponible en: http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-08-04-18
06-26/item/1678-fuerza-de-tarea-maya-disminuye-violencia-en-zona-18
264 Rafael, Gerardo. Se confirma lanzamiento de fuerza de tarea para este lunes. Diario de Centroamérica (Guatemala). 03/11/2012.
265 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Las recomendaciones de los órganos de tratados a Guatemala. CAT/76B/2000 y CAT/11/2006.
Disponible en: http://www.cc.gob.gt/documentoscc/ddhh/recopilagua.pdf

de mujeres que han sido brutalmente mutiladas; los asesinatos de privados de libertad en los cuales se ha
comprobado la participación de estos grupos (Caso Pavón), así como las capturas de ex funcionarios públicos
acusados de promover la creación y vigencia de estos grupos, tal y como lo ejemplifica el caso de la ex
Viceministra de Gobernación Marlene Blanco Lapola266
.
Caso ilustrativo 14
Operaciones de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad
Dejan mensaje, crimen en la colonia Mitch
Walter Eduardo Funes Hichos, de 20 años, fue asesinado a balazos la noche del jueves, en el campo de futbol de
la colonia Mitch de Puerto Barrios.
Vecinos contaron a las autoridades que por la noche escucharon disparos. Los Bomberos Voluntarios fueron
alertados y localizaron al muchacho con dos heridas de bala en la cabeza.
La víctima residía en el barrio El Estrecho. Vestía pantaloneta de lona azul, playera blanca y tenis negros.
InvestigadoresdelMinisterioPúblicolehallaronunahojadepapelconunmensajequeatribuyeelasesinatoaun
grupo de limpieza social que opera en ese departamento. A un costado del cuerpo se encontró una motocicleta
sin placas, la cual presumen habría sido robada.
Las autoridades recogieron cascabillos en la escena del crimen.
Les dan tiro de gracia
Entre las comunidades de Muyjá y Chilló fueron localizados ayer al mediodía los cadáveres de dos personas,
atadas de pies y manos y con los ojos vendados.
Estas no pudieron ser identificadas, pues no portaban ningún documento con sus datos personales. Los fiscales
les calcularon una edad aproximada de 22 a 25 años.
CON AMENAZAS
En la escena del crimen, los investigadores encontraron un cartel con un mensaje de amenaza firmado por la
“Sombra”; este iba dirigido a un tal Paco Delgado.
Según algunos testigos del hecho, el conductor de un vehículo detuvo su marcha y otros individuos armados
bajaron a las víctimas del automóvil, empujándolas y forcejeando con ellas hasta llevarlas a unos matorrales
cercanos.
Allí, los captores las asesinaron dándoles un tiro en la nuca y, posteriormente, huyeron del lugar con rumbo
ignorado. Los mismos vecinos fueron quienes alertaron del hecho a la Policía Nacional Civil. Aún permanece en
la morgue sin poder ser identificado.
266 Supra. Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Localizan cuerpo, mensaje lo vincula a una mara
Vecinos de la colonia Sakerty en la zona 7 encontraron el cadáver de un hombre envuelto en nailon con un
mensaje que lo relaciona como pandillero. El hallazgo ocurrió la noche del sábado en la 38 calle y 32 avenida,
informó José Rodríguez, de los Bomberos Municipales.
Algunas personas notaron que había manchas de sangre en la banqueta, y cuando revisaron los plásticos,
vieron que se trataba de un cadáver.
En el cuerpo de la víctima había pegada una cartulina blanca, en la cual escribieron: “Extorsiona a tu madre
marero z 200”. Además, le ataron las manos y piernas con lazos.
“Solo sabemos que, desde un vehículo, lo llegaron a tirar al lugar durante la noche. El letrero parece que es para
despistar”, dijo el jefe de la Comisaría 14, Manuel Salguero.
LaPolicíaNacionalCivilsuponequepodríatratarsedealgúnsupuestodelincuente.Descartaronqueenelcrimen
estuvieran vinculados integrantes de los narcotraficantes mexicanos los “Zetas”.
Es moreno, pelo negro y vestía pantalón de lona azul y playera oscura. Tenía heridas de bala en el cuerpo. Aún
permanece en la morgue sin poder ser identificado.
6.7 La muerte en las calles
Muchos jóvenes pierden la vida diariamente en las calles de Guatemala. Es común escuchar por la radio y
conocer en los noticieros de la muerte de jóvenes que se encontraban en una tienda, parque, en la puerta de
su casa o saliendo de la escuela.
Las noticias reportan que, una persona con un arma se acercó y le acertó varios disparos que le privaron de la
vida. En otros, se trata de una motocicleta sin placas en la cual se conducen dos personas con casco, quienes
abren fuego y asesinan a sangre fría. Un tercer modo es, cuando de tres a cuatro personas descienden de un
vehículo (rojo o negro) sin placas, abriendo fuego y privando de la vida a su víctima.
Entre julio 2011 y junio 2012, de acuerdo al monitoreo de medios realizado, se registraron un total de 145
víctimas de ataques desde motocicleta, 85 desde ataques en vehículo (automóvil y pick up) y 40 víctimas
fallecidas en hechos relacionados con el transporte colectivo de pasajeros, todas comprendidas entre los 13
y 29 años267
.
267 Monitoreo de medios. Ob. Cit.

6.8 La criminalización de la protesta pública
Durante el conflicto armado interno, se implantó en el imaginario social, la idea acerca de que las acciones
emprendidas por líderes (juveniles, religiosos, campesinos, comunitarios, sindicales, políticos, estudiantiles)
que cuestionan las políticas implementadas por los Gobiernos de corte militar, atentan contra la seguridad
pública, lo que les convierte en enemigos de Estado, y en delincuentes; ya que sus conductas se adecuan en
figuras delictivas creadas en el Código Penal vigente, promulgado en 1973.
Esta postura facilitó la persecución, encarcelamiento político y la eliminación física de cientos de líderes en
Guatemala.
La instalación de la percepción acerca de que, ser líder o lideresa es algo negativo, que los líderes son
delincuentes que deben ser perseguidos, y que las exigencias populares que generan protestas ciudadanas
deben ser reprimidas por la fuerza, al extremo de avalarse el encarcelamiento de quienes las promueven, ha
llevado al Estado a la criminalización de la protesta pública.
Un ejemplo en la actualidad es la privación de libertad de líderes comunitarios detenidos en Santa Cruz
Barillas, Huehuetenango en mayo 2012; comunidad que se opone a la instalación de la hidroeléctrica a cargo
de la empresa Hidro Santa Cruz.
Además de la criminalización de las protestas generadas como respuesta a la explotación minera en
Guatemala, también se ha criminalizado el movimiento estudiantil que se opone a las reformas educativas,
por considerarlas inviables y orientadas a la eliminación de la carrera del magisterio.
Durante el 2012, han sido denunciadas amenazas, atentados y muertes de líderes y lideresas en Guatemala,
algunos de los cuales se enuncian a continuación:
• El 12 de junio, fue asesinado José Tabico, autoridad comunitaria de la Comunidad de Sibacá del
municipio de Santa Cruz de El Quiché, miembro activo del Consejo de Pueblos K’iche’268
.
• El 13 de junio, la lideresa Telma Yolanda Orquelí, activista contra la instalación de la Mina El Tambor
en San José del Golfo-Guatemala, fue víctima de un atentado armado al cual sobrevivió pese haber
recibido una herida grave en el abdomen. La lideresa ya había denunciado amenazas ante el MP en
abril y mayo269
.
268 Consejo de Pueblos de Occidente. Comunicado urgente. 14/06/2012. Disponible en: http://consejodepueblosdeoccidente.blogspot.com/2012/06/comunicado-consejo-de
pueblos-de.html
269 Gamazo, Carolina. Activista había denunciado amenazas. El Periódico (Guatemala). 15/06/2012. Disponible en: http://elperiodico.com.gt/es/20120615/pais/213684/

• El 4 de julio, varias dirigentes comunitarias del Consejo de Pueblos Kíche´s, que a su vez forman
parte del Consejo de Pueblos de Occidente, fueron atacadas por personas armadas resultando
gravemente heridas. Ese mismo día la dirigente Lolita Chávez denunció persecución y amenazas de
muerte270
.
• El 10 de julio, personas desconocidas allanaron la casa de Domingo Hernández Ixcoy, cofundador del
Comité de Unidad Campesina (CUC), coordinador de la Asociación Maya Uk’ux B’e y miembro de la
Junta coordinadora de Ajpatan Samaj y de la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej. A su regreso
se encontró todo desordenado, y un papel que decía: dejar el mensaje sobre el cadáver, en el reverso
del mismo estaba dibujado el croquis de la vivienda de Hernández271
.
• El 11 de julio, el Frente Nacional de Lucha, denunció el asesinato del abogado Ricardo Morataya y el
intento de asesinato de Melvy Lizeth Camey dirigente del SNTSG272
.
• El 04 de octubre de 2012 residentes de los 48 cantones de Totonicapán, población indígena maya
Kíche´, se encontraban realizando una protesta pacífica para expresar su oposición a las reformas
constitucionales, a la Estrategia para una Educación de Calidad para la niñez y juventud guatemalteca
aprobada por el MINEDUC y el elevado e injusto cobro de la energía eléctrica que afecta la economía
comunitaria de los pueblos. La protesta fue innecesariamente reprimida por el Ejército, acciones que
dejaron como saldo la muerte de ocho personas a manos de funcionarios de Estado. Actualmente,
se encuentran procesados un coronel y ocho soldados, acusados de ejecutar extrajudicialmente a los
comunitarios y campesinos que estaban manifestando sus inconformidades273
.
7. Características de las ejecuciones
extrajudiciales
Conanterioridad,estudiossobreejecuciónextrajudicialenGuatemala,hanutilizadounaseriedecaracterísticas
claves274
para identificar y documentar potenciales casos de ejecución extrajudicial, las cuales han sido
tomadas como base para la presente investigación, aplicándose variaciones en algunas de ellas, atendiendo
a que de acuerdo a los hallazgos, existe una ampliación en los autores del crimen de ejecución extrajudicial.
Estas características se listan a continuación:
270 Consejo de los Pueblos Maya de Occidente. El cobarde atentado en contra de Lolita Chávez, líderes y lideresas del consejo de pueblos Kíche´s, Miembros del Consejo de
Pueblos de Occidente – CPO. 05/07/2012. Disponible en: http://www.pcslatin.org/drupal/files/Julio12_AtentadocontraLCHAVEZ.pdf
271 Ibíd.
272 Frente Nacional de Lucha. Otro hecho criminal enluta a los salubristas. Libre Albedrio (Guatemala). 11/07/2012. Disponible en; https://www.albredio.org/htm/otrosdocs/
comunicados/fnl-285.html
273 Ob. Cit. Comunicado de prensa en torno a la Masacre de Totonicapán.
274 Samayoa Ob. Cit. Las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados. Página 26.

• Secuestro de la víctima (establecer si la víctima previo a su desaparición estuvo en contacto o fue
vista en compañía de agentes de seguridad del Estado o agentes de seguridad privada, lo cual podría
encuadrarse en el delito de desaparición forzosa),
• Cuerpos sin vida con señales de tortura (mutilación, desmembración, ataduras en pies y manos,
sofocación, estrangulamiento, golpes post-mortem, sin uñas, mordidas, golpes en las costillas,
quemaduras, cortes con arma blanca, suspensión, entre otras señales que pueden presentar los
cuerpos),
• Violencia sexual (evidencias de coito y/o de penetración anal, bucal y/o vaginal),
• Aparecimiento de cadáver en un lugar diferente de donde ocurrió la muerte,
• Tiro de gracia (disparo en la sien o en la base del cráneo),
• Utilización de vehículos sin placas,vehículos oficiales o vehículos con placas oficiales para la comisión
de los hechos (motos, carros, moto-taxis, entre otros),
• Los hechos han sido ejecutados por personas que ocultan su identidad (uso de pasamontañas,
gorras, máscaras u otras formas para ocultar la identidad), y
• Mensajes en los cuerpos sin vida que justifican la muerte o expresan los motivos de la ejecución.
Sin embargo, no fue posible cotejar y ubicar dichas características claves en las muertes que reporta el Inacif,
debido a que esta información no es presentada en la base de datos de la institución.
Por ejemplo, en la base de datos sobre muertes violentas del Inacif se registra: 1. Fecha de la muerte, 2. Sede
forense que atendió el caso, 3. Edad de la víctima, 4. Sexo, 5. Causa de muerte, y 6. Lugar de hallazgo indicado
en la orden por la autoridad competente.
En lo referente a la sede forense y el lugar del hallazgo, la base de datos no indica en forma clara el municipio
y departamento en el cual sucedieron los hechos, simplemente indica cuál de las ocho áreas de Inacif realizó
la necropsia y enuncia la dirección (incompleta) del lugar donde se halló el cadáver. En el caso de las muertes
ocurridas en hospitales, tampoco se hace referencia al lugar donde la víctima fue lesionada previo a ingresar
al hospital.
En cuanto a las causas de muerte, esta base de datos carece de una clasificación que haga posible identificar
las causas de muerte de manera práctica; cuando la muerte es consecuencia de disparo de arma de fuego, es
común encontrar diferentes formas de nombrar esta causa de muerte, entre las cuales pueden mencionarse:
arma de fuego, disparos con arma de fuego, múltiples impactos de arma de fuego, heridas producidas
por arma de fuego, heridas producidas por proyectil de arma de fuego, heridas penetrantes y perforantes
producidas por proyectiles de arma de fuego, etc..

También es común encontrar causas de muerte como “corporal”, “cerebral”, “en cuello”, “en estudio” o “sin
determinar”, lo cual impide identificar de forma clara las causas de muerte.
Otro obstáculo se presenta cuando la causa de muerte no es clara o no es entendible, por ejemplo, cuando se
consignan causas de muerte como:“hemorragia exanginante”o bien“hemorragia subaracnoidea”, no se hace
referencia a que provocó la hemorragia (golpes, arma de fuego, arma blanca) por lo cual no es posible conocer
con certeza si es una muerte violenta o no.
Así mismo, los informes forenses carecen de información referente a tortura, es decir, no indican si las
personas fallecidas, previo o posterior a su muerte, fueron víctimas de actos de tortura, argumentando que
el determinar la tortura no es una función forense, por lo cual no pueden pronunciarse sobre la existencia
o no de actos de tortura, pese a estar facultados y obligados a establecer tales extremos de acuerdo a lo
establecido en el Protocolo de Minnesota.
Tampoco se indica en las conclusiones del informe forense si existió violencia sexual o no, previo o posterior
al deceso, argumentando que no es posible conocer si la víctima brindó o no su consentimiento para sostener
relaciones sexuales; pero aun así, cuando se presenta violencia grave en el cuerpo, éste es un dato que debería
ser documentado.
Los miembros de Inacif entrevistados indicaron que, si a requerimiento del Fiscal a cargo del caso se solicita
ampliar la información proporcionada en el informe de necropsia, el personal recaba la información que se le
requiera y amplía el informe, lo cual, de acuerdo a lo expresado por los médicos casi nunca sucede275
.
Atendiendo a la constante estigmatización de las víctimas posterior a su muerte, bajo el argumento de que
pertenecían a maras y/o pandillas ya que se argumenta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado que
su ejecución fue motivada por riñas entre pandillas, traiciones, u otras causas relacionadas con su supuesta
pertenencia a éstos grupos, se requirió información sobre el uso de tatuajes y/o de piercings, información que
tampoco es recopilada ni registrada por el Inacif.
Debido a la falta de información en fuentes oficiales, se optó por utilizar la información proveniente de los
medios de comunicación y otras fuentes secundarias, para documentar muertes violentas sospechosas de
ejecución extrajudicial, por presentarse tres o más características de las mencionadas.
275 Ob. Cit. Entrevistas realizadas a persona de Inacif el 24/05/2012. Entrevista. Dr. Sergio Maldonado Montejo, Jefe de la Unidad de Médicos Forenses del Departamento de Guatemala
y Dr. Rigoberto Barreno Pech, Coordinador de Grupo de Médicos Forenses, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). 14/06/2012.

7.1 Muertes sospechosas de ejecución extrajudicial
Se monitoreó la publicación del periódico Nuestro Diario del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012,
sistematizándose un total de 1.001 notas, 453 de julio a diciembre 2011 y 548 de enero a junio 2012.
Las publicaciones sistematizadas corresponden a muertes violentas de personas entre los 13 y 29 años de
edad en el país, documentándose el deceso de 945 hombres y 137 mujeres, encontrándose un caso en el cual
no se estableció el sexo de la víctima.
Tabla 10*
Sexo de las víctimas de muertes violentas
Notas de prensa publicadas en el periódico Nuestro Diario
julio 2011-junio 2012
Edad
2011 2012
Sexo
Total
Sexo
Total
Hombre Mujer
No
especifica
sexo
Hombre Mujer
No
especifica
sexo
13 a 17 años 68 17 85 75 16 91
18 a 24 años 251 28 279 219 21 1 241
25 a 29 años 168 28 196 150 19 169
No especifica
edad
7 2 9 7 6 13
Total 494 75 569 451 62 1276
514
*Nota. Elaboración propia con datos obtenidos a través del monitoreo de medios.
Las causas de muerte en su mayoría se deben a ataques armados. Como se mencionó, 145 personas fueron
víctimas de ataques armados desde una motocicleta, 85 de ataques armados desde un vehículo (automóvil
rojo o negro y desde un pick-up) y 40 fallecieron en hechos relacionados con el transporte colectivo de
pasajeros. También fueron identificados cinco casos en los cuales las víctimas (entre muertos y heridos)
superan las cinco.
Footnote 276
276 El cuerpo corresponde a una persona que fue localizada en el municipio de Mixco-Guatemala, en la nota no consta el sexo de la víctima ni su identidad, se calcula que tenía
24 años. Molina, Carlos. Hallan cadáver, la víctima fue decapitada. Nuestro Diario (Guatemala). 19/04/2012.

Tabla 11*
Causas de muerte de personas entre 13 y 29 años
Notas de prensa publicadas en el periódico Nuestro Diario
Causa de muerte Hombre Mujer No especifica sexo Total
Disparo de arma de fuego 752 83 835
Dos señales de tortura o más 125277
30 155
Herida de arma blanca 16 4 20
Tiro de gracia 10 6 16
Golpes 10 4 14
No especifica 10 1 11
Otras causas 6 2 8
Degüello 4 1 5
Estrangulamiento 3 2 5
Lapidación 5 5
Mutilación y desmembración 3 3
Linchamiento 3 3
Mutilación 1 1
Desmembración 1 1
Decapitación 1 1
Total 944 138 1 1083
Footnote 277
277 Se incluye un joven de aproximadamente 20 años que fue decapitado, su cabeza fue encontrada en una hondonada y su cuerpo en un barranco entre bolsas de basura,
también presentaba disparos con arma de fuego.

Durante el monitoreo se detectaron un total de 219 muertes donde se presume una ejecución extrajudicial de
personas adolescentes y jóvenes, las cuales fueron agrupadas en dos categorías:
Muertes donde se presume una ejecución extrajudicial por el modo de operar de los victimarios y/o
por el agente que llevó a cabo el crimen. En esta categoría se incluyeron aquellas muertes que se sospecha
fueron cometidas por alguno de los potenciales autores descritos (Ejército, PNC, Agentes de Seguridad
Privada, Juntas, Comisiones y/o Comités, Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad); o bien,
porque la forma en la que fueron privadas de la vida las víctimas se ajusta a las características definidas para
este tipo de muertes y guardan un gran parecido con las ejecuciones del pasado, identificándose 137 casos
en esta categoría, 109 hombres y 28 mujeres.
Las notas de prensa sistematizadas en esta categoría hacen mención del uso de tatuajes por las víctimas en
dos casos, y en 37 hacen referencia a los antecedentes delictivos de las víctimas.
Muertesdondesepresumeunaejecuciónextrajudicialporlavinculaciónopertenenciaaungruposocial
o actividad determinada. En esta categoría fueron ubicados 82 casos, 79 hombres y 3 mujeres cuya muerte
pareciera justificarse en la pertenencia a un determinado grupo: maras y/o pandillas, delincuentes habituales
y personas de la diversidad sexual, llamando la atención la referencia a los antecedentes delincuenciales de
las víctimas en 70 casos. Las notas proporcionan detalles de capturas y detenciones previas a su deceso, como
si esto les hiciera merecedoras de la muerte.
En el caso de las personas menores de edad, estos datos se encuentran bajo reserva de ley atendiendo a la
privacidad de las actuaciones en materia de niñez y adolescencia, lo que hace suponer que la PNC pueda ser
quien proporciona la información a la prensa.
Las publicaciones también proporcionan detalles sobre el uso de tatuajes en 17 casos, los que en ocasiones
solo pueden ser visibles si los cuerpos son expuestos sin ropa, por lo cual se sospecha que los cadáveres son
despojados de sus vestimentas en la escena del crimen por la PNC.

Tabla 12*
Sexo y edad de las víctimas de muertes donde se presume una ejecución extrajudicial
Edad
Por el modo de operar de los victimarios y/o por
el agente que llevó a cabo el crimen
Por la vinculación o pertenencia a un grupo
social o actividad determinada
2011 2012
Total
2011 2012
Total
Sexo Sub
total
Sexo Sub
total
Sexo Sub
total
Sexo Sub
totalH M H M H M H M
13 a 17
años
10 4 14 10 5 15 29 3 3 9 9 12
18 a 24
años
19 3 22 29 3 32 54 18 1 19 13 13 32
25 a 29
años
13 2 15 21 6 27 42 20 1 21 16 1 17 38
NE 2 2 5 5 10 12 0 0 0
Total 44 9 53 65 19 84 137 41 2 43 38 1 39 82
De acuerdo al monitoreo realizado, durante el primer semestre de 2012 se redujo en seis casos las cifras
relacionadas con muertes donde se presume una ejecución extrajudicial por vinculación o pertenencia
a un grupo social o actividad determinada y se incrementaron en 10 las muertes donde se presume una
ejecución extrajudicial por el modo de operar de los victimarios y/o por el agente que llevó a cabo el crimen,
encontrándose menos indicios, testigos e información, incrementándose la violencia utilizada, lo que hace
pensar que las técnicas de los victimarios han sido mejoradas.
Si bien el fenómeno se ha mantenido, existen departamentos que no reportan casos, concentrándose la
mayoría en el departamento de Guatemala.

Tabla 13*
Departamento en el cual se reportan muertes donde se presume una ejecución extrajudicial
Departamento
Por el modo de operar de los victimarios y/o por el
agente que llevó a cabo el crimen
2011 2012
Total
2011 2012
Total
Sexo Sub
total
Sexo Sub
total
Sexo Sub
total
Sexo Sub
Guatemala 11 6 17 14 13 27 44 24 1 25 18 1 19 44
Escuintla 7 7 10 2 12 19 8 1 9 3 3 12
Izabal 0 8 8 8 1 1 2 2 3
Chimaltenango 3 1 4 1 2 3 7 5 5 1 1 6
El Petén 1 1 6 6 7 1 1 2 2 3
Quetzaltenango 1 1 5 1 6 7 1 1 3 3 4
Alta Verapaz 5 1 6 0 6 0 0 0
Santa Rosa 2 2 4 4 6 1 1 0 1
Suchitepéquez 0 6 6 6 0 0 0
Jutiapa 3 3 2 2 5 0 0 0
El Progreso 2 2 2 2 4 0 0 0
Huehuetenango 4 4 0 4 0 0 0
Baja Verapaz 0 3 3 3 0 0 0
Chiquimula 2 2 1 1 3 0 2 2 2
El Quiché 2 2 0 2 1 1 0 1
Retalhuleu 1 1 2 0 2 0 1 1 1
Jalapa 0 1 1 1 0 0 0
Sacatepéquez 0 1 1 1 0 0 0
San Marcos 0 1 1 1 0 1 1 1
Sololá 0 0 0 1 1 1 1 2
Zacapa 0 1 1 1 1 1 1 1 2
Total 44 9 53 65 19 84 137 44 2 46 35 1 36 82

En el departamento de Guatemala, se registra el 32% de las muertes donde se presume una ejecución
extrajudicial por el modo de operar de los victimarios y/o por el agente que llevó a cabo el crimen, y el 38% de
las muertes donde se presume una ejecución extrajudicial por vinculación o pertenencia a un grupo social o
actividad determinada, siendo los municipios de mayor incidencia Guatemala, Villa Nueva y Mixco.
Tabla 14*
Municipios del departamento de Guatemala que reportan muertes donde se presume una ejecución
extrajudicial julio 2011-junio 2012
Municipio del
departamento de
Guatemala
Por el modo de operar de los
victimarios y/o por el agente que
llevó a cabo el crimen
2011 2012
Total
2011 2012
Total
Sexo Sub
total
Sexo Sub
total
Sexo Sub
total
Sexo Sub
Guatemala 6 4 10 7 4 11 21 12 12 4 4 16
Villa Nueva 2 1 3 3 3 6 2 2 6 6 8
San Miguel
Petapa
0 3 3 3 1 1 0 1
Villa Canales 0 2 2 2 2 2 2 2 4
Amatitlán 1 1 1 1 2 3 0 3 3 3
Chinautla 1 1 1 1 2 0 0 0
Mixco 0 1 1 2 2 5 5 3 1 4 9
San Juan
Sacatepéquez
0 2 2 2 3 3 0 3
Palencia 0 1 1 1 0 0 0
San Pedro
Ayampuc
1 1 0 1 0 0 0
San Pedro
Sacatepéquez
1 1 0 1 0 0 0
Total 11 6 17 14 13 27 44 24 1 25 18 1 19 44

En cuanto a los presuntos victimarios, en las muertes donde se supone una ejecución extrajudicial por el modo
de operar de los victimarios y/o por el agente que llevó a cabo el crimen, resalta a nivel nacional el número de
casos atribuidos y/o vinculados con la actuación de vecinos de las localidades donde han sido ejecutadas las
víctimas, quienes se han organizado para dar muerte a presuntos delincuentes, o bien, se sospecha que han
contratado sicarios para eliminar a extorsionistas y/o pandilleros.
Caso ilustrativo 15
Vecinos se organizan para dar muerte a presuntos delincuentes
Balean a menores: Pistoleros los esperaban en la calle278
Víctor Ajtún, de 16 años, y Bryan Salazar, de 15, murieron baleados en la 3a. calle y 3a. avenida de Jocotales,
Chinautla.
Ellos eran amigos desde hacía un año. Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) sospechan que
ambos se dedicaban a extorsionar comerciantes, pero sus familiares aseguran que eran estudiantes.
Desde el mes pasado vivían en una habitación que alquilaron en la colonia mencionada.
“Mi hijo había dejado la casa, pero fue por los estudios”, aseveró Hilario Ajtún.
Ayersalierondelcuartoalascuatroymediadelamañana,ycuandocaminabanporladirecciónmencionada
fueron interceptados por varios hombres.
Uno de los desconocidos les dio un balazo en la espalda, y luego los remató de un disparo en la cabeza.
Salazar quedó empuñando un billete de Q50 en la mano derecha; cinco billetes de Q1 estaban tirados cerca
de él.
CONTROLADOS
Los muchachos se conocieron en el Instituto Chinautla, donde cursaban primero básico. Los padres de Ajtú
se dedican a vender cuadernos en el mercado local, mientras que la mamá de Salazar vende jugos frente a
la academia de la PNC.
“Establecimosqueellosveníanexigiendodineroavendedoresdelsector,quienes,posiblementecansadosde
ello, ya los esperaban para asesinarlos”, dijo un investigador.
En el caso de las Juntas, Comisiones y/o Comités, cuatro muertes se atribuyen a Los Ángeles Justicieros y una
a los Patrulleros de Ciudad Quetzal.
Las muertes atribuidas a Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos, se contabilizan en nueve casos donde se
encontraron“notas o mensajes”en los cadáveres y uno fue incluido en ésta categoría por la saña y brutalidad
con la cual fue realizado (ver Caso ilustrativo 10).
Footnote 278
278 Monzón, Kenneth. Balean a menores, pistoleros los esperaban en la calle. Nuestro Diario (Guatemala). 09/08/2011.

Tabla 15*
Presuntos victimarios y motivaciones a nivel nacional
Muertes donde se presume una ejecución extrajudicial por el modo de operar de los victimarios
y/o por el agente que llevó a cabo el crimen
Victimarios Motivación
Grupo o persona 2011 2012 Total Motivaciones de acuerdo a la
nota
2011 2012 Total
Sin hipótesis 29 55 84 Sin hipótesis 27 52 79
Vecinos de la localidad 9 2 11 Se dedicaba a una actividad
delictiva
13 12 25
Cuerpos Ilegales y
Aparatos Clandestinos
10 10 Fue una venganza planificada 5 3 8
Sicarios contratados 6 3 9 Fue asesinado para robarle 5 5
Juntas, Comisiones y/o
Comités
3 3 6 Golpes recibidos durante un
motín
2 2
Maras/Pandillas 2 3 5 Fue asesinado cuando cometía
un delito
2 1 3
Agente de Seguridad
Privada
3 1 4 Riña, pelea, disputa 2 2
Policía Nacional Civil 1 1 2 Pelea de territorio/ajuste de
cuentas
2 2
Centro de detención o
prisión
2 2 Por pertenecer a una mara/
pandilla
1 1 2
Asaltantes 2 2 Falleció en un desalojo 1 1
Ejército 1 1 Otros 5 3 8
Otros 1 1 Total 54 83 137
Total 53 84 137

Muertes responsabilidad de agentes de la PNC. Se detectaron dos casos en los cuales una de las víctimas
falleció durante un desalojo279
y la otra fue ejecutada por un investigador que intentaba secuestrar a su ex
novia, momento en el cual intervino el hermano de ésta y el investigador le dio muerte280
.
MuertesresponsabilidaddeagentesdeSeguridadPrivada.Cuatrovíctimasfueronprivadasarbitrariamente
de la vida por agentes de seguridad privada, el primero de ellos, un joven de 25 años que fue asesinado por
los guardianes de una finca cuando entró sin permiso al lugar para recoger leña, en la nota se lee que fue
asesinado por robar leña281
. El segundo caso corresponde a un joven de 17 años, en esta ocasión también se
alude que ingresó sin permiso en propiedad privada para pescar282
, y cuando lo descubrieron le dispararon
asesinándolo en el lugar; en ambas situaciones se consideró que el irrumpir en propiedad privada faculta a
dueños y empleados el privar de la vida a los invasores.
En el tercer caso, un agente de seguridad privada disparó a su compañero de trabajo mientras manejaba
irresponsablemente el arma que le había sido asignada, y el cuarto, posiblemente el que mejor ejemplifica
la forma arbitraria de actuar de los agentes de Seguridad Privada, es el de Juan Carlos Martínez Ramírez, un
campesino de 25 años que fue ejecutado por un agente que custodiaba un camión, el guardia lo veía de forma
intimidante y le apuntaba con el arma que portaba, Martínez Ramírez, quien se encontraba en compañía de
su esposa, le preguntó porque lo veía tanto y le apuntaba con el arma, discutieron y luego de ello el agente
le disparó ocho veces283
.
Vecinos y comerciantes de la localidad. Se identificaron 11 casos en los cuales, de acuerdo a la nota
publicada, la PNC tiene la hipótesis de que las personas victimizadas por los ahora fallecidos pudieron haberles
asesinado284
, dando muerte a quienes les extorsionaban285
, y nueve casos donde se sospecha contrataron
quien lo hiciera286
.
Se identificaron 5 casos cuya ejecución se presume es responsabilidad de miembros de maras y/o pandillas,
los cuales fueron incluidos en esta categoría por la saña con la que fueron cometidos. En uno de los casos
brindó declaraciones a la prensa en relación al hecho el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla,
quien al referirse a la muerte señala que es un “lio entre pandilleros”, la muerte a la cual hace referencia es la
de una joven de aproximadamente 15 años que fue descuartizada, sus partes fueron introducidas en bolsas
plásticas y arrojadas frente a una escuela287
.
279 Torres, Hugo. Desalojo mortal en Los Cafetales. Nuestro Diario (Guatemala). 29/07/2011.
280 López, Edgar. Matan a excuñado, antimotines rescatan a agente golpeado por vecinos quienes frustraron el rapto de una joven. Nuestro Diario (Guatemala). 28/04/2012
281 Molina, Carlos. Tragedia en finca, guardianes lo ultiman por robar leña. Nuestro Diario. 20/10/2011.
282 Pescaba en río, ingresa sin permiso a finca. Nuestro Diario (Guatemala). 08/11/2011.
283 Vásquez, Julio. Le reclama y lo asesina, Guardia de camión balea a un campesino tras una acalorada discusión. 13/03/2012.
284 Según testigos, los fallecidos amenazaron con matar a quienes no pagaran la extorsión, cuando se presentaron al lugar los vecinos los coparon, prendieron en fuego a la moto
en la que se transportaban, los ataron, les pusieron bolsas en la cabeza y los golpearon hasta matarlos. Lemus, Renato. Vivian con temor. Nuestro Diario (Guatemala). 15/08/2011.
285 Estaban en una moto y desde otra les dispararon, la PNC sospecha que las personas a quienes extorsionaban los mandaron a matar. Calderón, Arturo. Acribillados, se les acusa
de extorsionistas. Nuestro Diario (Guatemala). 25/03/2012.
286 Redacción. Matan a marero, su cabeza tenía precio. Nuestro Diario (Guatemala). 28/08/2011.
287 Solórzano, Armando. Descuartizan a quinceañera, lo atribuyen a rivalidad. Nuestro Diario (Guatemala). 26/01/2012.

Otro de los casos atribuidos a maras y/o pandillas es el de una joven de aproximadamente 16 años quien fue
víctima de violación y posteriormente fue mutilada, su cuerpo fue abandonado en las cercanías de la Central
de Mayoreo dentro de una maleta. La nota cita las declaraciones del Fiscal Guillermo Ramírez con respecto al
caso, quien expresa que los responsables son “una banda de pandilleros que retan a la autoridad”288
.
La muerte atribuida a un oficial del Ejército, de acuerdo a la nota testigos informaron que la víctima se
encontraba en una discoteca, discutió con un hombre y ambos salieron a la calle. El hombre con quien discutía
le disparó y huyo del lugar, minutos después regresó a la escena del crimen uniformado y fue reconocido por
testigos, por lo que fue detenido por las autoridades289
.
En lo referente a las muertes donde se presume una ejecución extrajudicial por la vinculación o pertenencia
a un grupo social o actividad determinada, frases como: la PNC resalta que era señalado de ladrón290
, la PNC
aduce que era roba motos y vendía mariguana291
, según la PNC acababa de salir de prisión292
, vecinos indican
que robaba motos y saqueaba viviendas293
, son comunes en notas donde se hace alusión a la muerte de
personas vinculadas con actividades delictivas.
Se identificaron seis casos en los cuales la PNC refiere que la persona fallecida había salido recientemente de
un centro de detención o prisión, como si esto justificara las muertes. Todas las víctimas fallecieron a causa
de disparos de arma de fuego, resaltando el caso donde los victimarios utilizaron fusiles, realizando disparos
a la cabeza y el cuerpo de la víctima294
. En otro, expresaron que los victimarios se habían confundido, ya que
suponen querían dar muerte al hermano de la víctima, quien acababa de salir del preventivo295
.
Los cuerpos sin vida han sido encontrados desnudos abandonados en lotes baldíos o barrancos, con múltiples
impactos de arma de fuego, torniquetes en el cuello, atados de pies y manos y con el tiro de gracia.
Tabla 16*
Motivación de las muertes donde se presume una ejecución extrajudicial por la vinculación o pertenencia a
un grupo social o actividad determinada a nivel nacional julio 2011-junio 2012
288 Kenneth Monzón. Dejan cadáver en una maleta. Nuestro Diario (Guatemala). 24/09/2011.
289 Vásquez, Olga. Muere tras discusión, oficial del ejército acusado de crimen. Nuestro Diario (Guatemala). 07/05/2012.
290 Palma, Anner. Acribillado en Barrio La Paz. Nuestro Diario (Guatemala). 14/05/2012.
291 Calderón, Aroldo. Acribillan a tiros“al loco”, PNC lo señala de robamotos. Nuestro Diario (Guatemala). 13/05/2012.
292 Solórzano, Armando. Matan a ex presidiario. Nuestro Diario (Guatemala).17/02/2012.
293 Sola, Nancy. Ultiman a piloto de tuc tuc. Nuestro Diario (Guatemala). 14/05/2012.
294 Sánchez, José. Muere baleado, víctima estuvo en prisión. Nuestro Diario (Guatemala). 07/06/2012.
295 Díaz, Tulio. Lo confundieron con su hermano, es asesinado de tres balazos. Nuestro Diario (Guatemala). 03/10/2011.

Presunta motivación 2011 2012 Total
Por dedicarse a una actividad delictiva 20 22 42
Por pertenecer a una mara o pandilla 9 8 17
Pelea de territorio/ajuste de cuentas/riña entre pandillas y/o bandas 11 11
Había salido recientemente de prisión 2 4 6
Diversidad sexual, aunque la nota no especifica que ese sea el
motivo
4 4
Lo confundieron 1 1
Venganza personal 1 1
Total 47 35 82
*Nota. Elaboración propia con datos obtenidos a través del monitoreo de medios
Entre quienes se relaciona con actividades delictivas, han sido privados de la vida adolescentes y jóvenes
acusados o vinculados con robos y extorsiones. En lo referente a los presuntos victimarios, en 68 casos no
existe sospecha sobre un grupo o persona determinada a quien atribuir las ejecuciones y en 14 casos se
responsabiliza a una mara y/o pandilla de los hechos.
Muerte de jóvenes de quienes se sospecha estaban involucrados en actividades delictivas
Momentos de terror vivieron ayer compradores y vendedores en el mercado de la colonia San Rafael II, zona
18, donde dos hombres fueron baleados.
Testigos dijeron que eran las 11:45 horas, cuando dos desconocidos que se conducían en una motocicleta
negra asesinaron a dos presuntos pandilleros de la “Mara 18”. En ese momento había muchos visitantes en
dicho centro de comercio.
En el lugar falleció Marvin Ottoniel Ordóñez Valencia, de 24 años, quien recibió cuatro balazos en la cabeza.
Fue identificado por su hermana Ruth Carolina Poitán Valencia.
Socorristas de los Bomberos Voluntarios trasladaron al hospital San Juan de Dios a Jean Steven Guerra de
León, de 27. Médicos del mismo informaron que murió poco después de ser ingresado por las heridas, también
en la cabeza.
Autoridades policiales indicaron que, según sus investigaciones, los fallecidos se dedicaban a asaltar y
extorsionar a particulares y a comerciantes del sector.
296 Caljú, Carlos. Ultiman a dos, dicen que extorsionaban. Nuestro Diario (Guatemala). 12/02/2012.

También fueron identificados cuatro casos en los cuales las víctimas eran Transexuales, y un quinto en el cual
la nota no hace referencia a la edad sino gira en torno al policía que le dio muerte. Aunque no ha sido incluido
en la tabla de muertes donde se presume una ejecución extrajudicial por el autor, ha sido presentado en la
parte correspondiente a la actuación de la PNC en casos de ejecución extrajudicial (ver Caso ilustrativo 11).
Ultiman a travesti
Luego de discutir con un grupo de desconocidos, fue asesinado un hombre que estaba vestido de mujer en la
11 avenida A y 2a. calle de la zona 1, la madrugada de ayer.
LavíctimafueidentificadacomoFredyElíFelipeArellano,de19años.Varioscompañerosdelfallecido,quienes
porseguridadnoquisieronidentificarse,comentaronqueteníavariosañosdetrabajarahíynuncalescomentó
que estuviera amenazado.
El occiso tenía el sobrenombre de la “Chespi” y era sexoservidor durante las noches en ese sector del Centro
Histórico.
Vestía una blusa azul, ropa interior de varios colores y zapatos de mujer. Los asesinos le acertaron dos balazos
en la cabeza.
LOS INTIMIDAN
Por aparte, algunos compañeros dijeron que casi todas las noches son hostigados y agredidos por hombres
que se transportan en carros con vidrios polarizados.
Y que a pesar de haberlo denunciado varias veces a la Policía, esta no les presta atención por su condición de
género.
Fiscales del Ministerio Público encontraron en la escena del crimen tres casquillos calibre 9 milímetros, los
cuales servirán para iniciar la investigación correspondiente y poder dar con los responsables.
A. Las mujeres
Estas muertes guardan similitudes con las prácticas del pasado, principalmente en la forma en que los cuerpos
de las víctimas han sido encontrados y las torturas a las cuales fueron sometidas previo a su deceso.
Las muertes de mujeres son prioritariamente preocupantes, debido a la brutalidad y violencia utilizada,
caracterizadas por agresiones sexuales, mutilaciones y desmembraciones.
Entre los elementos característicos que describen cómo se llevaron a cabo las violaciones sexuales contra
mujeres en el contexto de las masacres se identifican como los más relevantes: la planificación, el dejar
evidencias de la violencia sexual ejercida y la extrema crueldad y ensañamiento, incluso con los cadáveres298
.
297 Caljú, Carlos. Ultiman a travesti. Nuestro Diario (Guatemala). 25/09/2011.
298 CEH. Ob. Cit. Capítulo III. Párrafo 2403

Una práctica habitual la constituyó el dejar evidencias de la violación sexual contra las mujeres después de
muertas, lo más usual fue la desnudez y la introducción de objetos en la vagina de las mujeres o estacas
que clavaban en sus vientres. Las víctimas eran violentadas sexualmente en varias ocasiones y por distintos
agresores. Cuando se trataba de mutilar los cuerpos de las mujeres, el horror no tenía límites. La muerte
muchas veces no era el límite para la agresión. La violencia seguía después299
. Muchas de las víctimas fueron
mutiladas y degolladas300
.
En varios casos no importó que las víctimas estuvieran en estado de gestación, aun así fueron brutalmente
violadas, posterior a lo cual extrajeron los fetos de sus cuerpos y les dieron muerte a ambos. La muerte de
nonatos como consecuencia de la tortura o la muerte de mujeres embarazadas, en circunstancias aterradoras,
así como la ejecución arbitraria de los niños más pequeños, estrellándolos contra el suelo, piedras o árboles,
refleja el grado de crueldad que se ejerció contra uno de los grupos más vulnerables de la sociedad301
.
La crueldad con la que se ensañan contra los cuerpos de las mujeres, antes o después de asesinarlas, es el
vínculo que caracteriza el feminicidio que hubo durante la guerra y el de hoy: violación, mutilación de los
cuerpos, desfiguración, cientos de puñaladas, estrangulación. Esta saña, ilustrativa del odio contra las mujeres,
es la característica que sin duda distingue la violencia feminicida de la violencia social en general302
.
Caso ilustrativo 18footnote 303

Jovencita de 14 a 15 años embarazada desmembrada
La noche del 24 de enero de 2012 vecinos que pasaban por la 29 calle y 13 avenida de la colonia Lo de Bran,
Mixco, localizaron los restos descuartizados de una joven mujer, de inmediato alertaron a los socorristas de
Bomberos Voluntarios.
Estos comprobaron que se trataba de una adolescente de unos 14 años, quien estaba seccionada en 7 partes
ubicadas en igual número de bolsas plásticas. Las autoridades del Ministerio Público realizan las investigaciones
en el lugar del macabro hallazgo.
Según se conoció, los criminales no respetaron que su víctima estaba embarazada303
.
299 Fulchirone, Amandine Ob. Cit. Página 194.
300 Supra. Párrafo 2412 y 2425
301 CEH. Ob. Cit. Capitulo III. Párrafo 2488.
302 Supra. Página 219.
303 Fundación Sobrevivientes. Ubicación de restos de mujeres desmembradas en el departamento de Guatemala año 2011 y 2012. Disponible en: http://maps
google.cl/mapsms?msa=0&msid=212444930379376723007.0004af0a13d229161077f&hl=es&ie=UTF8&t=m&ll=14.592887,-90.528717&spn=0.398696,0.44632&z=11&sourceembed

Caso ilustrativo 19 footnote 304
27 de enero de 2012. Cadáver de mujer desmembrada y un hombre
Vecinos de la 9a. avenida “A” y 1a. calle de la zona 2, cerca del parque Isabel La Católica, informaron a la Policía
que a las 6:15 horas dos hombres que viajaban en un automóvil abandonaron dos bultos que tenían manchas
de sangre.
Una hora después, fiscales del Ministerio Público (MP) informaron que se trataba de los cuerpos de un hombre
y una mujer, que estaban tatuados, por lo que suponen que pertenecían a una pandilla.
La fiscal del MP, Rubí Monzón, dijo que la mujer fue decapitada y que tenía algunas partes del cuerpo
desmembradas. Las víctimas tenían de entre 25 y 30 años, y aún no han sido identificadas.
Fiscales encontraron en uno de los cadáveres un mensaje en el cual los victimarios explican que mataron a
la pareja porque era extorsionista. Vecinos expresaron su temor, porque en el sector se registran constantes
asaltos y la Policía no patrulla, a pesar de que en los alrededores funciona una subestación304
.
DeacuerdoainformacióndeFundaciónSobrevivientes,entreeneroyjunio2012,sehanlocalizadoloscuerpos
desmembrados de cuatro mujeres en distintas partes del departamento de Guatemala. Y se ha realizado el
hallazgo, en seis ocasiones y lugares distintos, de restos humanos pertenecientes a mujeres305
.
B. La lista negra
Para el desarrollo de operaciones de asesinatos selectivos en la ciudad durante el conflicto armado interno, se
utilizaron personas involucradas en redes delincuenciales y con antecedentes penales, así como informantes
civiles306
. A través de su actuación se elaboraron listados de potenciales“enemigos”a quienes posteriormente
se les vigiló, dio seguimiento y ejecutó.
El sistema incluía el seguimiento de la persona durante unos días o semanas hasta tener controlados sus
movimientos307
. Se recopilaba información completa de la persona para conocer sus características físicas
y psicológicas, sus vínculos familiares y sociales, su nivel de educación, sus gustos y hábitos, su trabajo,
sus intereses políticos, entre otros aspectos. Para obtener éstas y otras informaciones se indagaba con sus
familiares, amigos y colegas; se revisaban archivos clínicos y escolares; se obtenían fotografías, en resumen,
el objetivo era elaborar un archivo personal del sujeto308
. Estas prácticas son utilizadas actualmente para
identificar y asesinar a personas por considerarlas una amenaza.
304 Ibíd.
305 Ibíd.
306 CEH. Ob. Cit. Capítulo II. Párrafo 1105,1172, 1862.
307 REMHI. Ob. Cit. Ejecuciones Extrajudiciales. Cometer el efectivo.

Caso ilustrativo 20 footnote 309
El caso de Ligia
Entre el mes de septiembre y octubre de 2010, varios niños, niñas y jóvenes que vivían en las calles y parques de
la zona 1 fueron objetivo de desalojos violentos, golpes y electrocuciones después de ser mojados. Estas acciones
fueronrealizadasporagentesdelaPolicíaMunicipaldeTránsito(PMT).Accionesquecoincidenconlarecuperación
deparquesimplementadaporlaAlcaldíacapitalina.
En lo concerniente a la PNC, ésta continuó con el cobro de cuotas, las cuales son pagadas por varios niños, niñas y
jóvenesdelacalleconelobjetivoevitarsucaptura.Esto,porquecuandosonllevadosalascomisaríaslosmojanyles
pegan,esdecir,lostorturan.
En el transcurso del 2010 un vehículo gris doble cabina con vidrios polarizados comenzó a realizar rondas cerca
de los“focos”donde duermen los niños de la calle. De este vehículo descendieron en varias ocasiones hombres
con cámaras fotográficas que utilizaron para retratar a los allí presentes; identificándose como miembros de la
ProcuraduríaGeneraldelaNación.
Este vehículo volvió a presentarse en varias ocasiones, vigilando las actividades de los niños, niñas y jóvenes de la
calle,subiendoaunodeellosalmismoyamenazándolodemuertedenoalejarsedeactividadesdelictivas.Enesta
ocasióndejaronaljovenenlibertad.
Aconsecuenciadelconstanteacoso,muchosoptaronmovilizarsehaciamercadoscantonales,lugaresenloscuales
se sienten seguros. Algunos de los jóvenes, entre ellos Ligia, una joven de aproximadamente veinte años de edad,
conocida popularmente como “La Coneja”, decidieron movilizarse a inmediaciones del mercado de El Guarda
ubicadoenelTrébolzona11.
Lavigilanciayelseguimientoiniciados,secontinuaronenestoslugares.Afinalesdel2010,LaConeja,fuesubidapor
la fuerza a este vehículo. Sus captores, quienes la retuvieron por espacio de media hora, le amenazaron de muerte,
diciéndole quesino“desaparecía”laibanamatar,queseencontrabaenlafilaesperandoalamuerte.
Después de amenazarla le mostraron un álbum con fotografías de muchos de sus amigos y compañeros de calle,
yotraspersonasconquienesserelacionaba(delincuentescomunes),indicándolelosqueyaestabanmuertosylos
quecontinuabanenlafilaparamorir,ledijeronqueprevioasumuerteibanaviolarla,torturarlayqueleibanaquitar
“laschiches”.
LafotografíadeLaConejaseencontrabaentrelosmáscercanosalamuerte.Cuandofueliberada,contóestahistoria
avariosdesusamigos.SinembargoLaConejanohizocasodela“advertencia”ycontinuósusactividadesenlazona.
Aproximadamente dos semanas después, La Coneja desapareció. En esta ocasión sus amigos no se preocuparon
ya que era común que no se encontraran por días. Sin embargo, el cuerpo sin vida de La Coneja fue encontrado a
inmediacionesdelTrébol.Segúntestigos,habíasidomutiladatalycomolehabíandichoquesucedería309
.
AlsepeliodeLaConejasepresentaronvariaspersonas,quienestomaronfotografíasyvideodelosasistentes.
Algunosjóvenesreportanqueelvehículoenmencióncontinúahaciendorondas…
309 Ayuda memoria. Grupo Focal con beneficiarios del Movimiento de Jóvenes de la Calle (Mojoca), realizado el 18/06/2012.

RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO GUATEMALTECO EN
LOS CRÍMENES DE EJECUCIÓN
EXTRAJUDICIAL
CAPÍTULO 4

El derecho a la vida, es el derecho fundamental en el conjunto de derechos humanos inherentes a la persona,
reconocido en todo el ordenamiento internacional; siendo el más desarrollado y evolucionado en su
interpretación, a través de la doctrina y la jurisprudencia internacional.
En razón de su carácter fundamental no son admisibles enfoques restrictivos del mismo y comprende el
derecho de todo ser humano de no ser privado de ella arbitrariamente y el derecho de toda persona para vivir
en condiciones dignas, que se traduce en la obligación del Estado a generar y mantener estas condiciones
los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se
produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten
contra él310
.
Encuantoalaseguridadciudadanaserefiere,esnecesariodefinirunconceptopreciso,quepermitadeterminar
el alcance de las obligaciones del Estado, conforme a los instrumentos del Derecho internacional aplicables
a su protección.
En ese sentido, la CIDH establece que los derechos humanos como límites al ejercicio arbitrario de la autoridad
constituyen un resguardo esencial para la seguridad ciudadana al impedir que las herramientas legales con
las que los agentes del Estado cuentan para defender la seguridad de todos, sean utilizadas para avasallar
derechos. Por lo tanto el respeto y la adecuada interpretación y aplicación de las garantías establecidas en la
Convención Americana deben servir a los Estados miembros como guía para encauzar la actividad de la fuerza
pública en el respeto de los derechos humanos311
.
Deestaformasehaceposibleafirmarqueexisteunavinculaciónpermanenteentreseguridaddelaspersonasy
convivencia.Enesemarco,laactividaddelafuerzapúblicaorientadaalaproteccióndelaseguridadciudadana
y a la generación de ambientes propicios y adecuados para la convivencia pacífica, resulta indispensable para
alcanzar el bien común.
1. Respuestas del sistema a los delitos de
ejecución extrajudicial (tramitación y
tratamiento de casos)
En la actualidad se presentan altos índices de criminalidad e impunidad pese a las enormes expectativas de
310 CIDH. Ob. Cit. Sentencia caso de los“Niños de la Calle”(Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Párrafo 144.

eficacia, prontitud, respeto a las garantías, a los derechos de las víctimas y a los derechos de los imputados;
que prometía el proceso de reforma de la justicia procesal penal en Guatemala312.
Los índices de violencia, unidos a la baja efectividad de la investigación criminal, han contribuido a generar
una situación de impunidad estructural, que desemboca en la sensación permanente de inseguridad en la
población.
El Relator Philip Alston, en su visita a Guatemala, resumió esta situación con la frase “Guatemala es un lugar
indicado para cometer asesinatos, porque es casi seguro que el delito quedará impune”313.
La cifra de muertes violentas desde el año 2009 confirma lo expresado por el Relator Philip Alston:
Tabla 17*
Número de muertes violentas a nivel nacional por género
(2009-2012)
Sexo de las
víctimas
2009 2010 2011 2012 Total
Masculino 6206 5842 5530 2283 19861
Femenino 829 842 710 306 2687
Total 7035 6684 6240 2589 22.548
*Fuente: Elaboración propia teniendo como base datos de Inacif al 11 de junio de 2012
De acuerdo a las estadísticas presentadas, 2009 fue el año más violento, registrándose un descenso en las
muertes a partir de 2010, lo cual puede ser calificado como positivo, pese a que miles de guatemaltecos y
guatemaltecas pierden la vida cada año a causa de hechos criminales.
El departamento de Guatemala continúa siendo el más violento, reportando el mayor número de muertes a
nivel nacional, ocurriendo en este departamento el 41314% de las muertes registradas en el país.
La impunidad en delitos contra la vida, se mantiene de forma alarmante en el país. En 2006 la impunidad
alcanzaba el 97.3%315 y en 2010 se situó en 97%, registrándose un descenso del 0.3%.
312 Monterroso, Javier. Investigación Criminal: Estudio comparativo y propuesta de un modelo de policía de investigación en Guatemala. Página 46.
313 Informe del Relator, Philip Alston. Ob. Cit. Misión a Guatemala 2006. Párrafo 42.
314 Porcentaje promedio de los años 2009, 2010, 2011 y hasta el 11 de Junio de 2012.
315 Monterroso, Javier Ob. Cit.

En Guatemala se dicta un promedio de 450 sentencias condenatorias al año, atendiendo a que las cifras de
impunidad se mantienen, implica que de enero 2010 a junio 2012 se han impuesto un aproximado de 1.125
sentencias; durante este período se cometieron 15.513 asesinatos, lo que significa que a la fecha se encuentran
impunes un aproximado de 14.400 muertes cuyas víctimas oscilan en su mayoría entre 12 y 29 años316.
Entre las causas que explican la falta de respuesta del sistema de justicia a los hechos de violencia y a las
violaciones a derechos humanos en el pasado y presente, es posible enunciar: a. falta de voluntad política por
parte de los funcionarios públicos, b. prácticas de corrupción que implican agentes de la policía y operadores
de justicia, c. ausencia de investigación criminal y, d. la infiltración de aparatos clandestinos y grupos ilegales
en las instituciones de justicia y seguridad, sobre todo en la PNC y en el MP317.
Previamente, la CIDH estableció que, durante la época del conflicto armado y hasta hoy en día, los tribunales
de justicia de Guatemala se han mostrado incapaces de investigar efectivamente, procesar, juzgar y sancionar a
los responsables de las violaciones de los derechos humanos. En numerosas ocasiones los tribunales de justicia
han actuado subordinados al Poder Ejecutivo o a la influencia militar, “aplicando normas o disposiciones legales
contrarias al debido proceso u omitiendo aplicar las que correspondían”318.
Situación mantenida en el país, de acuerdo al Relator Philip Alston, quien expresó: Guatemala no ha dado una
respuesta adecuada a las matanzas ilícitas y el país sigue sometido a una alta tasa de impunidad. Los principales
motivos de esta situación siguen siendo las deficiencias de los sistemas policial, procesal y judicial y la negativa de
los testigos a prestar declaración debido a posibles represalias. Guatemala no ha logrado hacer frente a ninguno
de estos factores. En consecuencia, aproximadamente el 98% de los crímenes permanecen impunes319.
316 Supra. Capítulo II. Inoperancia del sistema de administración de justicia.
317 Samayoa, C. Ob. Cit. Ejecuciones Extrajudiciales de jóvenes estigmatizados en Centroamérica. Página 125.
318 CIDH. Ob. Cit. Sentencia caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Párrafo 134.13.
319 Consejo de Derechos Humanos. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desa-
Gráfica 1*
Porcentaje de muertes violentas en el departamento de Guatemala en relación a la totalidad del pais
2009-2012
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Inacif
*Información del 01 de enero 2009 al 11 de junio 2012.
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
44% 41% 40% 36%
100% 100% 100% 100%
2009
100%Total pais
Total Depto. de
Guatemala
44%
2010
100%
41%
2011
100%
40%
2012
100%
36%
Total pais Total Depto. de Guatemala

2. La efectividad del sistema de
administración de justicia en casos de
El Estado de Guatemala tiene la obligación de impartir justicia, actuación que conlleva la investigación,
procesamiento y sanción a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones a derechos humanos,
independientemente de la fecha de comisión y de la tipificación en el derecho interno.
Asimismo, se garantiza el derecho a la verdad y la reparación que detentan las víctimas y/o sus familias, como
pilares fundamentales para la construcción de una cultura paz320
.
La administración de justicia en una sociedad democrática, es la manifestación del ejercicio del poder del
Estado, que a través del Poder Judicial, tiene como labor principal: resolver los conflictos, garantizar a todos
los individuos el respeto y garantía a los derechos humanos fundamentales, y dar seguridad y certeza jurídica
a los ciudadanos321
. En tal sentido, la justicia debe ser efectiva para satisfacer las expectativas de la ciudadanía
a la cual se aplica y protege.

Cuando hablamos de efectividad, ésta se compone de dos aspectos: efectividad en la gestión y efectividad en
la averiguación de la verdad.
2.1 Efectividad en la gestión
La efectividad en la gestión debe ser entendida como el incremento en el número de casos, procesos y/o
expedientes que son finalizados; la misma implica el descongestionamiento del sistema de administración de
justicia,“sacando de circulación”procesos y/o expedientes.
La finalización de un proceso y/o expediente puede realizarse a través de la desestimación, aplicación del
criterio de oportunidad, archivo, clausura provisional, sobreseimiento o, mediante la celebración de un juicio
que llega a sentencia.
En los delitos contra la vida, no procede la aplicación de la desestimación ya que el Estado no puede negarse a
investigar los hechos, y no es aplicable el criterio de oportunidad, por el tipo de bien jurídico que es afectado,
la vida.
rollo. Informe del Relator Especial Philip Alston, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Adición. Seguimiento a las recomendaciones a los países: Guatemala 2009.
A/HRC/11/2/Add.7.
321 Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua). Derechos Humanos en la administración de justicia. Tomo II. Página 13.

Encuantoalasotrasformas,elarchivoseaplicacuandoexistenvariossospechosos,peronoesposibleconectar
a uno o varios de ellos con el delito, es decir, no hay pruebas suficientes para ir a juicio contra ellos; entonces el
proceso se archiva para éstos, y se continúa para los sospechosos contra quienes se tienen pruebas.
La clausura provisional, es aplicable cuando no hay suficientes pruebas para ir a juicio, pero el Ministerio
Público cree que más adelante podrá aportar nuevas pruebas; de esta forma el proceso se encuentra en
“pausa” hasta que se agreguen las nuevas pruebas; el sobreseimiento implica el cierre definitivo del proceso
por no contar con pruebas suficientes contra el o los sospechosos.
Cuando se da la aplicación de cualquiera de las salidas anteriores, se eleva la efectividad en la gestión, debido
a que los procesos y/o expedientes de investigación son finalizados.
La finalización de procesos y/o expedientes a través del desistimiento, o mediante la aplicación del archivo,
clausura provisional o sobreseimiento, no conlleva necesariamente la averiguación de la verdad, simplemente
se relaciona con un tema de gestión.
2.2 Efectividad en la averiguación de la verdad
La efectividad en la averiguación de la verdad implica que el Estado ha logrado esclarecer las circunstancias
en la cuales ocurrieron los hechos, quien o quienes lo llevaron a cabo y porqué, lo cual le permitirá enjuiciar
al o los responsables para la imposición de una sanción. Esto es posible a través de la aplicación del criterio
de oportunidad322
y/o el juicio. Esto quiere decir, que la efectividad en la averiguación de la verdad puede ser
medida a través del número de sentencias condenatorias obtenidas.
Entre enero 2005 y diciembre 2012, el Ministerio Público recibió un total de 6.805 denuncias por el delito de
ejecución extrajudicial323
, distribuyéndose en estos años de la siguiente forma:
322 En el criterio de oportunidad, el imputado“confiesa los hechos”para no ir a juicio y obtener un beneficio. En estos, casos, atendiendo a que existe aceptación de la responsabilidad se
dicta sentencia. El criterio de oportunidad no puede ser aplicado en delitos contra la vida que son sancionados con más de cinco años.
323 Datos proporcionados por la oficina de acceso a la información del Ministerio Público.

Tabla 18*
Número de denuncias recibidas en el Ministerio Público a nivel nacional por el delito de ejecución
extrajudicial de enero 2005 a diciembre 2012
Departamento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Alta Verapaz 4 50 4 7 564 446 41 6 1122
Baja Verapaz 7 7 9 416 198 9 7 653
Chimaltenango 16 17 13 430 197 193 16 26 908
Chiquimula 20 54 1 75
El Petén 1 37 46 5 4 93
El Progreso 2 15 4 21
El Quiché 12 62 86 183 454 948 179 322 2246
Escuintla 1 4 4 19 1 29
Extranjero 1 1
Guatemala 3 4 7 14 37 15 5 11 96
Huehuetenango 10 8 200 391 12 31 652
Izabal 30 69 1 100
Jalapa 8 8
Jutiapa 1 1 1 1 4
Quetzaltenango 1 1 10 26 1 1 40
Retalhuleu 1 5 66 1 73
Sacatepéquez 1 3 2 1 7
San Marcos 3 2 48 82 11 146
Santa Rosa 4 1 5
Sololá 1 40 77 87 1 5 211
Suchitepéquez 1 3 143 128 4 6 285
Totonicapán 2 14 1 1 18
Zacapa 1 5 6 12
Total 39 142 131 703 2261 2811 279 439 6805
*Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el departamento del Sistema Informático de gestión de casos del Ministerio Público. Información al 27 de febrero 2013.

De acuerdo con la entrevista realizada al Licenciado José Arturo Aguilar324
, Secretario Privado y de Asuntos
Estratégicos del MP, durante 2009 y 2010 el Programa Nacional de Resarcimiento presentó denuncias
por los delitos cometidos durante el conflicto armado interno en el altiplano del país, motivo por el cual
departamentos como Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Quiché, Huehuetenango y Chimaltenango presentan
números que sobrepasan la media en comparación con otros años.
También es importante hacer notar el incremento sensible en las denuncias presentadas al MP en 2011 y
2012, lo cual se presume obedece al incremento en la confianza hacia la institución.
Como se menciona, las denuncias realizadas en algunas ocasiones no corresponden al año en el cual ocurrió
el hecho, dado que los denunciantes han presentado la denuncia en años distintos y no inmediatamente
después de ocurrida la muerte de la víctima, muy probablemente por temor a los victimarios, que para estos
casos se sospecha pertenecen a las estructuras del Estado, y porque carecieron de acceso a mecanismos de
denuncia y protección, siendo el caso de las víctimas de las masacres y muertes selectivas durante el conflicto
armado interno.
En tal sentido, el departamento del Sistema informático de gestión de casos del Ministerio Público (Sicomp)
realizó una clasificación de las denuncias presentadas, logrando establecer el año en el cual ocurrieron las
muertes.
Tabla 19*
Año en el cual ocurrieron las muertes de acuerdo a las denuncias recibidas en el Ministerio Público a nivel
nacional por el delito de ejecución extrajudicial de enero 2005 a diciembre 2012
Departamento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Alta Verapaz 3 46 2 60 130 19 1 261
Baja Verapaz 2 2 16 15 2 3 40
Chimaltenango 76 10 8 268 44 7 9 5 427
Chiquimula 3 3
El Petén 1 1 2 5 1 10
El Progreso 1 1
El Quiche 11 15 9 12 228 104 33 10 422
Escuintla 1 1 1 3 6
324 Entrevista realizada el 31 de enero de 2013.

Guatemala 3 3 7 13 27 5 1 59
Huehuetenango 3 7 1 19 56 3 2 91
Izabal 1 27 1 29
Jalapa 1 1
Jutiapa 1 1 1 3
Quetzaltenango 1 6 3 10
Retalhuleu 1 9 10
Sacatepéquez 1 1 1 3
San Marcos 3 2 22 3 30
Santa Rosa 1 2 3
Sololá 1 2 2 3 8
Suchitepéquez 1 5 4 10
Totonicapán 1 1 2
Zacapa 1 2 2 5
Total 98 82 39 301 441 380 71 22 1434
*Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el departamento del Sistema informático de gestión de casos del Ministerio Público. Información al 27 de febrero 2013.
Las denuncias presentadas por el Programa Nacional de Resarcimiento en la actualidad están siendo
analizadas, clasificadas y agrupadas con el fin de establecer una estrategia que permita la persecución penal
y responsabilización de los autores materiales e intelectuales de los crímenes ocurridos durante el conflicto
armado interno.
Deltotaldecasosdenunciados(vertabla18)enelperíodo2005-2012,el1.41%correspondenaldepartamento
de Guatemala, lo cual podría considerarse poco si tomamos en cuenta que el 41% de las muertes violentas
ocurren en este departamento.
En cuanto a las formas de finalización de los procesos y/o expedientes, el Ministerio aplicó distintos
procedimientos para la terminación de los procesos y/o expedientes (efectividad en la gestión), y se llevaron
a juicio 22 casos.

Tabla 20*
Efectividad del Ministerio Público en casos de ejecución extrajudicial a nivel nacional
2005-2012
Actividad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totales
Denuncias 39 142 131 703 2261 2811 279 439 6805
Sentencias
obtenidas
3 2 0 4 4 1 7 1 22
Salidas antici-
padas**
3 9 11 68 150 125 13 12 391
Procesos y/o
expedientes
finalizados***
6 11 11 72 154 126 20 13 413
*Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el departamento del Sistema informático de gestión de casos del Ministerio Público. Información al 27 de febrero 2013.
** Las salidas anticipadas incluyen: archivo, clausura provisional y sobreseimiento.
***Sumatoria de las sentencias dictadas y las salidas anticipadas
Como puede apreciarse, se dictó sentencia únicamente en 22 casos de 6.805 denuncias presentadas, y se
aplicó una salida anticipada en 391. Estas cifras implican que efectivamente el Ministerio Público finalizó 413
procesos. El que se haya dictado sentencia, no implica la adecuada solución al conflicto, ni mucho menos
el cumplimiento adecuado de los principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad y sobre el
derecho de las víctimas a obtener reparaciones.
En cuanto a las sentencias impuestas, 13 fueron condenatorias y 9 absolutorias.
Si tomamos en cuenta ambas formas de finalización (sentencias y salidas anticipadas), el Ministerio Público
tuvo una tasa de efectividad del 6.06% a nivel nacional.
Ahorabien,siúnicamentetomamoselnúmerodesentenciasimpuestasporel delitodeejecuciónextrajudicial
(22 sentencias), el Ministerio Público tiene una tasa de efectividad en la averiguación de la verdad, por el delito
de ejecución extrajudicial, de 0.32% a nivel nacional.
Lo anterior también implica que, al 12 de diciembre de 2012 se encuentran en proceso de investigación 6.392
denuncias por ejecución extrajudicial.

3. Proceso de investigación en casos de
ejecución extrajudicial de 2009 a 2012
Lainvestigacióncriminalseráentendidacomo, elprocesosistemáticoderecopilación,análisisysistematización
de información sobre un hecho delictivo, que permite identificar a los responsables de la comisión de los
hechos en casos concretos325
.
La investigación criminal de la ejecución extrajudicial, se orienta a determinar los responsables, la forma en
la cual se cometieron los hechos, la participación y el móvil del crimen, para que éste pueda ser juzgado y
sancionado.
Guatemala presenta serias y profundas debilidades en el proceso de investigación criminal, lo que ocasiona, la
saturación y lentitud en la tramitación de casos incidiendo en los elevados índices de impunidad.
Pero no solo esta situación debe ser observada, en 2009 y 2010 el Ministerio Público solicitó 181.016326
desestimaciones, por considerar que no procedía su intervención; expedientes que saturan el sistema, debido
a que son procesados y atendidos previo a su salida, lo que incrementa la carga de trabajo del MP y distrae su
atención de casos graves.
La desestimación no implica únicamente un problema de saturación, debido a que para estos años, quedaron
sin resolver 181.016 conflictos; los cuales deberían ser atendidos por el Estado a través de vías alternas que
permitan al Ministerio Público concentrarse en los delitos graves, y que resuelvan los conflictos para evitar su
evolución.
Los problemas que afectan el funcionamiento del sistema de investigación criminal son varios y de distinta
naturaleza, entre los cuales puede mencionarse el diseño organizacional de las instituciones; escasos recursos
asignados a la investigación; problemas en los sistemas disciplinarios, de formación y de carrera; persistencia
de cultura inquisitiva de los operadores de justicia, saturación del sistema, hasta la infiltración del crimen
organizado en las instituciones de justicia, lo que ha generado ineficacia en la investigación criminal y altos
índices de impunidad327
.
325 Monterroso, Javier. Investigación e impunidad criminal en Guatemala. Revista Análisis Político. Página 45 a 57. Volumen 2. Año 3. Página 51.
326 85.883 en 2009 y 95.133 en 2010. Memoria de labores del Ministerio Público año 2009 y 2010.
327 Monterroso, Javier. Ob. Cit. Investigación criminal. Página 157.

A estas situaciones se suma la inefectividad de las estrategias implementadas por los distintos gobiernos
para superar estos obstáculos; las cuales han atacado los problemas de forma parcial, y no desde una visión
integral y sistémica328
.
A través de la presente investigación, se identificaron deficiencias en distintos momentos de la investigación
criminal de delitos contra la vida, los cuales resultan claves para la detección de potenciales casos de ejecución
extrajudicial.
Los problemas han sido detectados en tres momentos: manejo de la escena del crimen, necropsia y tipificación
del delito; siendo los momentos claves, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Minnesota, para
establecer e identificar potenciales casos de ejecución extrajudicial.
3.1 Manejo de la escena del crimen
La escena del crimen es aquella área, espacio físico o lugar donde se ha producido un hecho presuntamente
delictivo que va a requerir la intervención policial y la realización de labores técnico-científicas para su
investigación. También incluiría otras áreas o espacios adyacentes tales como: vías de acceso y salida, zonas
adyacentes, vehículos y medios de transporte utilizados para la llegada o la huida por el o los autores, entre
otros329
.
El manejo de la escena del crimen resulta de vital importancia, por lo cual debe ser analizada e investigada
cuidadosamente, ya que en ella pueden encontrarse los indicios que permitan establecer la identidad del o
los potenciales autores, y otros elementos que faciliten precisar el modus operandi330
utilizado en la comisión
del delito.
Debe existir claridad en torno a que el delito puede haber sido cometido en distintas fases, por lo cual pueda
ser que exista una o más escenas del crimen a analizar. Estas situaciones se dan, cuando las víctimas han sido
sustraídas de lo público331
y luego han sido privadas de la vida332
, pudiendo haberse cometido el delito en
un lugar distinto a donde se encontró el o los cadáveres. Siendo la escena del crimen primaria en la cual se
encuentra el cadáver, que suele ser, donde se inicia la investigación333
.
328 Ibíd.
329 Grupo iberoamericano de trabajo en la escena del crimen (Gitec). Manual de buenas prácticas en la Escena del Crimen. Academia iberoamericana de criminalística y estudios
forenses 2010. Disponible en: www.aicef.net/pdf/04P_Mangi.pdf Página 12.
330 Forma de actuar y forma de operar de quien llevó a cabo el delito.
331 Que puede constituir un secuestro o una desaparición forzada, dependiendo del autor.
332 Situación que podría encuadrarse en un asesinato, femicidio o ejecución extrajudicial, dependiendo del autor y el motivo que provocó la muerte.
333 Bustamante Salvador, Carlos. Manual: manejo del lugar de los hechos. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/criminalistica-lugar-hechos/criminalistica
lugar-hechos.pdf Página 7.

En este sentido, el o los sospechosos también son parte de la escena del crimen, constituyendo una escena
del crimen secundaria, ya que en su ropa, pertenencias o en su cuerpo pueden existir indicios de la comisión
del delito.
En la escena del crimen es posible determinar si la víctima o víctimas murieron en ese lugar o en uno distinto;
la posición y condición del cadáver, incluida su temperatura, lividez y rigidez para determinar la hora de la
muerte; los objetos presentes en la escena pueden ser indicios de quien o quienes cometieron el hecho, o
sobre el cómo. La escena del crimen es un buen lugar para la ubicación e indagación de posibles testigos.
Del desarrollo adecuado de la necropsia, es posible obtenerse fotografías del cadáver con ropa y sin ella que
faciliten documentar su estado, determinar la hora de la muerte, la edad de la persona fallecida, así como la
documentación de lesiones en el sistema óseo, evidenciar la presencia de señales de tortura, obtener ojivas
del cuerpo, establecer si hubo violencia sexual y determinar la presencia de fluidos corporales, etc.
Sumado a todo lo anterior, también es importante el examen minucioso de todos los objetos encontrados en
la escena del crimen, para obtener elementos de prueba que faciliten la identificación del o los responsables.
En Guatemala, le corresponde al Departamento técnico científico de la Dirección de investigaciones
criminológicas (Dicri) del Ministerio Público la realización de la investigación de campo de los casos que
requieran las fiscalías de toda la República, [la Dicri y sus elementos] brindan apoyo a la fiscalía que está de
turno y a las fiscalías que requieran apoyo, para las investigaciones que se inician en la escena del delito334
.
El manejo adecuado de la escena del crimen conlleva:
A. Asegurar la escena del crimen
Implica que la zona contigua al cadáver debe cerrarse, permitiendo únicamente el ingreso a los investigadores
y su personal. El aseguramiento se lleva a cabo con el objetivo de prevenir una posible contaminación con
elementos externos y para asegurar la conservación de las pruebas.
En Guatemala, es común que personas presentes se acerquen al cadáver, contaminando la escena; en muchos
casos cubren el cuerpo y, encienden velas cerca, y en casos extremos, mueven el cuerpo de la posición original
enlacualseencontrabaparatomarlefotografíasquesonvenidasamediosdenotaroja.Estasaccionespueden
trasladar elementos externos que no se encontraban originalmente en el cadáver (cabellos, fibras, hilos).
334 Monterroso, Javier. Ob. Cit. Investigación Criminal. Pág. 80.

También es común la presencia de periodistas, de medios de comunicación considerados amarillistas y de
nota roja335
, quienes por obtener una fotografía del cadáver ingresan a la escena del crimen, contaminándola.
Esta situación, además de contaminar la escena del crimen, afecta la dignidad de las víctimas, por la forma en
la cual es expuesta su muerte en notas de prensa.
B. Documentar la escena del crimen
La documentación de la escena del crimen, envuelve la identificación de las personas presentes en ella,
incluidos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y personal de cuerpos de socorro (bomberos).
La identificación de las personas presentes en la escena del crimen, facilita la realización de entrevistas cortas,
permitiendo identificar potenciales testigos de los hechos, lo cual ayuda a aclarar las circunstancias que
rodearon la muerte, cuando los acontecimientos y recuerdos se encuentran “frescos”. También es oportuno
identificar a las personas presentes, ya que entre ellas puede figurar el agresor, agresores o cómplices de los
hechos.
En los expedientes a los cuales se tuvo acceso, no consta la identificación y entrevista de las personas presentes
en la escena del crimen.
El segundo paso para documentar la escena del crimen, se realiza a través de la toma de fotografías del lugar
y del o los cadáveres en ella. El documentar a través de fotografías permite al personal forense explicarse con
mayor facilidad el porqué de los hallazgos físicos en la necropsia.
Por ejemplo, si el cuerpo fue arrojado al fondo de un barranco, y a raíz de ello se presenta escoriaciones
(raspones); el examen forense indicará que éstos fueron realizados post mortem. Si el forense a cargo de
la necropsia cuenta con información acerca de la escena del crimen y la conoce a través de fotografías, al
momento de prestar declaración como perito podrá explicar con facilidad los hechos.
Si por el contrario, el forense desconoce la escena, puede afectar su desempeño como perito, o puede influir
negativamente en los resultados de la necropsia.
En la actualidad, el Ministerio Público documenta la escena del crimen a través de fotografías; las cuales no
son socializadas con el personal forense de Inacif336
.
335 Nuestro Diario, Al Día y La Extra.
336 Entrevista Inacif. Ob. Cit.

Un tercer paso, se constituye por la recopilación de la evidencia física presente en la escena del crimen, esto
incluye: ropa, casquillos, cuerdas o sogas, huellas digitales, muebles, vehículos, muestras de terreno, etc.
C. Tratamiento adecuado del o los cadáveres
En cuanto al tratamiento adecuado del o los cadáveres, es importante resaltar que, la función de la PNC es
asegurar que únicamente el personal de la Dicri tenga acceso al o los cuerpos.
Sin embargo, en la práctica y como ya se mencionó, la escena del crimen no es asegurada adecuadamente.
Un tratamiento adecuado implica que el cuerpo o cuerpos no serán movidos de la posición en la cual fueron
encontrados, hasta que el personal a cargo del manejo de la escena del crimen haya documentado la misma
(fotografías del lugar y del cuerpo, recopilación de evidencia física, identificación de las personas presentes).
Finalizada la documentación, lo procedente es tomar el cuerpo y colocarlo dentro de la bolsa de embalaje, sin
tratar de acomodarlo y procurando que el mismo conserve la ropa y objetos con los cuales fue encontrado,
procediendo a su traslado hacia la morgue.
A través de los expedientes a los cuales se tuvo acceso, fue posible establecer el inadecuado tratamiento del
cadáver. En éstos constan fotografías que documentaron escenas del crimen, en las cuales se aprecia como
funcionarios del MP, despojaron de la sus ropas a varios cuerpos sin vida en la vía pública, con el objetivo de
fotografiarlos. En los expedientes constan fotografías de la zona genital de las víctimas, sin existir un objetivo
aparente y necesario para ello, ya que no presentaban lesiones en esas áreas.
Esta actuación no encuentra justificación alguna, ya que es el personal forense quien debe examinar el
cadáver, en un lugar adecuado que garantice la conservación de las evidencias, y que disminuya los riesgos
de contaminación externa.
Al ser cuestionado sobre estas prácticas, el Jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, argumentó que éstas
prácticas se encuentran en desuso. Sin embargo, no fue posible acceder a expedientes de delitos contra la
vida aperturados en el presente año, atendiendo a la confidencialidad de las actuaciones, motivo por el cual
no fue posible comprobar que dichas prácticas hayan cesado.
Con respecto a esta situación, el personal de Inacif hace ver que estas acciones lesionan los cuerpos e
interfieren en las conclusiones de la necropsia, ya que se altera el estado del cadáver.

Por ejemplo, si un cuerpo se encuentra rígido por el tiempo transcurrido desde su fallecimiento hasta su
hallazgo, la rigidez será un elemento para determinar la hora de la muerte. Sin embargo, si personal externo
a Inacif “desnuda” un cadáver, vencerán esa rigidez, lo cual impedirá determinar con exactitud la hora de la
muerte.
Si los cuerpos son movidos previo a ser fotografiados, pueda ser que se alteren o desaparezcan livideces
cadavéricas337
yseanproducidosgolpes,raspones338
uotraslesionesqueafectaránelresultadodelanecropsia,
lo cual puede ser evitado a través del aseguramiento de la escena, y facilitando el acceso del personal de Inacif
al registro fotográfico.
El traslado de los cuerpos hacia las instalaciones de Inacif, es realizado en la parte posterior de radio patrullas
de la PNC (en la“palangana de un pick-up”), vehículos que carecen de espacios y condiciones adecuadas para
el efecto.
El traslado en esos vehículos resulta inapropiado, ya que los cuerpos se mueven de un lado a otro en el
vehículo que los transporta, recibiendo golpes.
Las situaciones descritas, además de alterar el estado y contaminar los cadáveres, constituyen acciones que
demuestran menosprecio por las víctimas, afectando su dignidad y la de sus familias, las cuales en muchas
ocasiones son testigos silenciosos del trato denigrante del cual son objetivo sus muertos.
3.2 Examen médico forense (necropsia)
La necropsia es la operación que se practica en el cadáver para determinar la causa de su muerte o las
circunstancias concurrentes en el momento de la misma339
.
A través de su realización es posible determinar la causa de la muerte, así como los vejámenes ocurridos a la
víctima previo a su deceso.
La necropsia permite obtener vestigios que procedan de: ropas, balas en el interior del cuerpo, restos
orgánicos y fluidos corporales; lo cual hace posible contar con indicios sobre el o los posibles agresores.
Por ejemplo, del examen de las uñas de la víctima, es posible encontrar restos orgánicos externos, como
resultado de un intento de defensa.
337 Agolpamientos de sangre en cuerpos sin vida.
338 Muchas de las fotografías muestran que los cuerpos fueron despojados de sus ropas en el asfalto.
339 Núñez de Arco, Jorge. Autopsia. Primera edición. Sucre, Bolivia. Sociedad Alemana para la Cooperación (GTZ). 2005. Página 86.

Estos serán documentados y analizados, proporcionando a los investigadores muestras de ADN del o los
potenciales autores340
.
Para el adecuado desarrollo de la necropsia, la ONU creo el Protocolo de Minnesota, el cual fue diseñado con el
propósito de documentar potenciales casos de ejecución extrajudicial, y casos de tortura, como se mencionó.
El Protocolo de Minnesota establece que, es importante poner el cadáver a disposición del prosector341
durante un mínimo de 12 horas a fin de asegurar un examen adecuado o sin premuras.
Esta recomendación constituye una de las debilidades en cuanto a la investigación criminal se refiere, debido
al excesivo número de necropsias que se realizan en el país, que impiden la duración prolongada del examen.
Como se estableció, el 41% de las muertes violentas ocurren en el departamento de Guatemala, concentrando
la carga de trabajo para Inacif en la región central. En 2010, se realizaron 2.769 necropsias asociadas a hechos
criminales, en 2011 se realizaron 2.503, y hasta el 11 de junio 2012, se realizaron 940 necropsias.
De acuerdo a Inacif, actualmente laboral 21 médicos forenses en la realización de necropsias, aunque no
todos están realizándolas simultáneamente o en servicio, ya que “también tenemos que descansar y realizar
los informes”.
Cada médico forense realiza diariamente de tres a cuatro necropsias como máximo, y cada necropsia tiene
una duración de entre dos a tres horas, la necropsia se tarda más de ocho horas en casos graves como cuando
han desmembrado a la víctima.
Es evidente que el tiempo de doce horas previsto en el Protocolo de Minnesota para el desarrollo de la
necropsia, resulta inaplicable para Guatemala, debido a la carga de trabajo.
El Protocolo de Minnesota es aplicado de oficio, cuando las muertes han ocurrido en centros de detención
o prisión a cargo del Estado, ya que en estas circunstancias las muertes son “automáticamente” ejecuciones
extrajudiciales.
A. Orientación del Ministerio Público
Además de la existencia de parámetros internacionales para la realización de la necropsia; los cuales orientan
la búsqueda de indicios y su documentación, y la experiencia de los profesionales que laboran en Inacif, es
340 Gitec. Ob. Cit. Página 44.
341 La persona encargada de hacer la autopsia y de preparar el informe escrito de conformidad al Protocolo de Minnesota. En Guatemala las necropsias son realizadas por Médicos
Forenses capacitados para el efecto.

indispensable la orientación del Ministerio Público, para guiar al médico forense en la búsqueda de indicios
específicos, solicitando en casos concretos la aplicación del Protocolo de Minnesota cuando se sospeche que
la muerte puede ser una ejecución extrajudicial.
Si el profesional en medicina forense sabe que es exactamente lo que necesita probar el Fiscal a cargo del
caso, esto facilitará su trabajo y le permitirá enfocarse en los aspectos que exige la investigación criminal.
Sin embargo, en la práctica el personal médico forense carece de orientación para la búsqueda de indicios
específicos en la necropsia.
La falta de comunicación, afecta el trabajo de ambas instituciones, debiendo dirigirse en todo caso a las
autoridades superiores del Instituto. Esto perjudica la coordinación (…) especialmente porque la cadena de
custodia de las evidencias es una sola, aunque en la práctica se realice por dos instituciones342
.
B. Aplicación del Protocolo de Minnesota
El Protocolo de Minnesota contiene directrices para la investigación de toda muerte violenta, súbita,
inesperada y sospechosa, incluyendo (y no exclusivamente) los casos en que se sospeche una ejecución
extrajudicial, arbitraria o sumaria343
. También contiene pautas específicas para la detección post mortem de la
tortura. Aunque como se menciona, el Protocolo se aplica fundamentalmente, a las muertes ocurridas bajo la
tutela del Estado (en centros de detención o prisión).
Esta situación podría justificarse en la falta de orientación por el MP hacia Inacif. Idealmente los técnicos de
la Dicri, posterior al manejo de la escena del crimen, deben brindar información, fotografías de la escena del
crimen y orientación al médico forense: lo cual le permitirá contar con la información necesaria para identificar
potenciales casos de ejecución extrajudicial, y de esta forma aplicar el Protocolo a casos concretos.
3.3 Balística como prueba científica
El 77% de las víctimas de delitos contra la vida, han muerto a causa de disparo de arma de fuego344
. Pese a
existir una ley que regula la fabricación, venta, tenencia y portación de armas de fuego, se calcula que en el
país existen alrededor de 1.200.000 armas ilegales345
.
342 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala: Estado de Situación 2012. Página 21.
343 Ibíd. Pág. 5.
344 Supra. Capítulo II. Muertes violentas de personas de enero 2009 a
345 Políticas Públicas para prevenir la violencia juvenil (Poljuve). 12 Estrategias para prevenir la violencia relacionada con la adolescencia y juventud. Página 26.

De acuerdo al Jefe de la Fiscalía de delitos contra la vida, existen armas que han sido utilizadas en más de 30
hechos violentos, extremo que ha sido posible determinar gracias a la existencia en Inacif de una base de
datos que registra digitalmente la huella balística de las ojivas recogidas en escenas de crimen, las extraídas
de cadáveres a través de necropsias, y las armas requisadas puestas a su disposición para análisis.
Pese a existir esta huella, la cual ha permitido vincular diferentes hechos delictivos, aún no es posible incautar
las armas o conocer en poder de quien se encuentran, atendiendo al sub registro existente y a la gran cantidad
de armas que se encuentran de forma ilegal en el país.
La Ley de armas y municiones establece que debe existir un registro digital de la huella balística de todas
las armas registradas en la Digecam. Por lo cual, las personas a quienes les fueron otorgadas licencias de
portación de arma de fuego, antes del 21 de abril de 2009, deben acudir a la Digecam a registrar digitalmente
la huella balística de sus armas.
Para el efecto, la ley fijó un plazo de 3 años a partir de su entrada en vigencia, para que las personas actualizaran
sus registros, plazo que venció el 29 de abril de 2012, sin que todas las armas registradas cuenten con huella
balística registrada digitalmente.
La ley también establece que el Inacif, la PNC y el MP, podrán tener acceso al registro digital para realizar
consultas, únicamente para efectos de investigación en casos donde se involucren armas de fuego346
.
Sin embargo, no todas las armas registradas en el país cuentan con huella digital, y si a esto se suma que
para el 2009 se estimaba que existía un aproximado de 1.200.000 armas ilegales en Guatemala, número
que seguramente se ha incrementado durante los últimos tres años, se hace virtualmente imposible la
identificación de las armas de fuego utilizadas en delitos contra la vida.
Atendiendo a ello, la labor de investigación de delitos en los cuales se han utilizado armas de fuego, se ve
entorpecida al no contarse con los recursos necesarios para ello.
En cuanto a las armas destinadas a instituciones estatales, el artículo 83 de la ley establece la obligación del
registro de las armas de fuego utilizadas por las fuerzas de seguridad y de orden público del Estado; indicando
que el Ministerio de Gobernación (que incluye la Policía Nacional Civil), debe registrar las armas existentes en
sus inventarios, para contar con el registro digitalizado de la huella balística.
En lo referente a las instituciones y dependencias de la administración pública, el artículo 84 de la ley establece
que, todas las dependencias de Estado que por razón de sus funciones utilicen armas de fuego, deberán
registrarlas en la Digecam.
346 Artículo 26. Ley de armas y municiones. Decreto 15-2009.

Sin embargo, la Ley de armas y municiones no contempla ésta obligación para las armas en posesión y uso
del Ministerio de Defensa Nacional de forma explícita; y tanto el Ministerio de la Defensa Nacional como el
Ministerio de Gobernación han incumplido con el registro digital de la huella balística de las armas a su cargo,
contándose únicamente con un registro físico de las huellas balísticas de las armas en poder del Ministerio
de Gobernación, mismo que es resguardado por ésta institución. Estas situaciones hacen prácticamente
imposible el cotejar las ojivas encontradas en escenas de crimen, con armas en poder y uso de instituciones
estatales responsables e involucradas en las tareas de seguridad ciudadana.
La inexistencia del registro digital de todas las armas registradas en la Digecam, imposibilita al Ministerio
Público el saber si los hechos han sido cometidos con armas legales o ilegales.
Así también, la imposibilidad de cotejar ojivas encontradas en escenas de crimen, con las armas en
poder y uso del Estado (PNC, Mingob y Ejército), crea la duda razonable acerca de su posible utilización
en hechos que atentan contra la vida y la integridad de las personas.
Las armas ilegales, el sub registro de las legales y la negativa a registrar las armas en poder del Estado,
constituye un obstáculo real a la averiguación de la verdad en delitos contra la vida.
3.4 Calificación legal del delito de ejecución extrajudicial
Lainvestigaciónadecuadaylasancióndelaejecuciónextrajudicial,dependeengranmedidadeunaadecuada
calificación legal de los hechos por el Ministerio Público, institución que tiene la exclusividad del ejercicio de
la acción pública en materia penal.
La inaplicación del Protocolo de Minnesota en la investigación criminal de muertes violentas, permite
considerar que muchos casos de ejecución extrajudicial, se diluyen entre las miles de muertes violentas
cometidas anualmente.
A ello se agrega la confusión en los tipo penales, ya que este tipo de muertes puede encuadrarse en las figuras
legales de asesinato, homicidio o femicidio, debido a la ampliación del tipo penal de la ejecución extrajudicial
realizada en Guatemala, tal y como se analizó en el Capítulo III.
Aunque es evidente la claridad, en cuanto a determinar como sujeto activo a los elementos de los cuerpos de
seguridad del Estado (PNC y Ejército), que matan en el ejercicio de su cargo; así como la responsabilidad de
los funcionarios públicos que ordenan, autorizan o apoyan a personas o grupos que privan arbitrariamente
de la vida; aún resulta complicado determinar la aquiescencia o permisividad del Estado para la comisión de
ejecuciones extrajudiciales, cuando los sujetos activos pertenecen a Juntas, Comisiones y/o Comités.

En lo referente a las muertes bajo la tutela del Estado, resulta preocupante que no sean calificadas como
ejecución extrajudicial, debido a que no han sido cometidas de forma directa por las fuerzas de seguridad o
autoridades de los centros de detención o prisión. Aunado a ello, no se responsabiliza por estos hechos a las
autoridades de Estado a cargo de la guardia y custodia de personas que han fallecido en la cárcel.
Igualmente ocurre con la tipificación de éste delito cuando es cometido por miembros de Juntas, Consejos
y/o Comités, al cuestionar a un funcionario del Ministerio Publico sobre el caso de Los Ángeles Justicieros,
grupo que desempeña“funciones de seguridad”en el mercado de La Terminal, manifestó que en los casos de
muertes violentas vinculadas a este grupo no hay aquiescencia porque en el mercado de la terminal hay una
Sub Estación de la PNC.
También se estableció, que en algunos casos de ejecución extrajudicial, se opta por tipificar los hechos como
asesinatos, porque la sanción del asesinato es más alta y por lo tanto es mejor tipificarlo así347
.
4. Responsabilidad del Estado en los
delitos de ejecución extrajudicial
La CIDH ha declarado la responsabilidad del Estado de Guatemala por el delito de ejecución extrajudicial a
través de seis sentencias internacionales.
De esta forma, el sistema interamericano de derechos humanos, ha puesto de manifiesto que el Estado de
Guatemala es responsable por la recurrente violación del derecho a la vida, habiendo cometido y/o consentido
ejecuciones extrajudiciales de personas que debieron haber sido protegidas por él.
4.1 Obligación de prevenir la ejecución extrajudicial
El Consejo Económico y Social de la ONU, promulgó los Principios relativos a una eficaz prevención e
investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, en los cuales se contemplan una
serie de medidas y acciones a ser implementadas por los Estados, orientadas a garantizar la prevención y
juzgamiento de estos casos.
347 En el capítulo anterior ya se habló que para el delito de asesinato puede imponerse hasta un máximo de cincuenta años de cárcel, mientras que para el delito de ejecución extrajudicial
que es más grave porque son los agentes del Estado los que están matando- la sanción máxima es de treinta años de cárcel. La pena de muerte no se considera en la presente investi-
gación.

Los principios son lineamientos generales que deben ser adoptados por los Estados a través de reformas
legales y mediante la elaboración e implementación de políticas, programas y acciones tendientes a reducir
las posibilidades de la comisión del delito de ejecución extrajudicial.
A través de ellos, es posible medir el compromiso del Estado de Guatemala en la prevención e investigación
de casos.
En atención a ello, se evalúa el cumplimiento de los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación
sobre las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.
1. Prohibición legal
Se debe prohibir por ley todas las ejecuciones extrajudiciales, tipificando las mismas como delito en la
legislación interna. Así también, se debe prohibir expresamente la realización de ejecuciones extrajudiciales,
las cuales no pueden llevarse a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado
interno, ni tampoco en situación de privación de libertad (muertes en prisión).
Guatemala ha cumplido con la obligación parcialmente, ya que los principios contemplan que las penas
deben ser adecuadas, y que se debe tener en cuenta la gravedad del delito; sin embargo, el delito de ejecución
extrajudicial, tiene una sanción menor que el asesinato, pese a su gravedad por ser cometido por funcionarios
públicos, o por terceros con el apoyo, autorización o consentimiento del Estado y por constituirse en un
crimen de lesa humanidad.
Guatemala tampoco ha regulado la prohibición expresa de la realización del delito, el cual de acuerdo a los
principios no puede ni debe ser cometido bajo ninguna circunstancia; y tampoco ha regulado sanciones que
evidencien la gravedad de los hechos cuando sean ejecutados durante la privación de libertad.
2. Controles efectivos
Deben existir controles efectivos y estrictos sobre la actuación de los funcionarios públicos, en especial de
aquellos encargados de hacer cumplir la ley, con el fin de evitar actuaciones arbitrarias e ilegales en el ejercicio
de sus funciones.
Guatemalacuentaconregulacionesespecíficas,queestablecenquienespuedenrealizarcapturas,detenciones
y arrestos; y quienes son responsables de la guarda, custodia y encarcelamiento de personas. También ha
regulado quienes están autorizados para usar la fuerza y las armas de fuego.

En la práctica, no existen controles efectivos sobre la actuación de funcionarios públicos encargados de hacer
cumplir la ley (MP, PNC, Ejército), ya que muchos de ellos están siendo procesados por el delito de ejecución
extrajudicial y otros delitos comunes.
Así mismo, se carece de controles efectivos aplicables a los funcionarios responsables de la guardia, custodia
y encarcelamiento de personas en centros de detención o prisión.
En cuanto al involucramiento de la sociedad civil, el Estado carece de mecanismos efectivos de capacitación,
acompañamiento y monitoreo orientados hacia organizaciones civiles involucradas en tareas de seguridad
ciudadana (Juntas, Comisiones y/o Comités).
A esto debe agregarse la inobservancia e incumplimiento de las disposiciones reguladas en la Ley de Armas
y Municiones.
3. Prohibición de girar órdenes que autoricen o inciten a llevar a cabo
ejecuciones extrajudiciales
Esta prohibición conlleva, el derecho y el deber, de quien recibe la orden de negarse a darle cumplimiento
(objeción de conciencia).
La CPRG establece en el artículo 5 que, ninguna persona está obligada a acatar órdenes que no estén basadas
en ley y emitidas conforme a ella.
Sin embargo, ha sido posible establecer que funcionarios públicos de alto nivel han girado órdenes a
subalternos para la comisión del delito de ejecución extrajudicial, extremos comprobados a través de
procesos de investigación criminal específicos, tal y como se estableció en el“Caso Pavón”, aunque éste no ha
sido juzgado.
4. Protección eficaz a particulares y grupos que están en peligro de ejecución
extrajudicial
El Estado está obligado a garantizar la integridad y seguridad de las personas o grupos de personas que se
encuentren en peligro y/o riesgo de ser víctimas de ejecución extrajudicial.
Pese a esta obligación, las acciones orientadas hacia la protección de grupos en peligro y/o en riesgo han
sido limitadas y prácticamente inexistentes. En el caso de la niñez y adolescencia“de y en la calle”, a la fecha se
carece de programas estatales que garanticen su protección y cuidado (desintoxicación, reinserción familiar,

inserción laboral, tratamiento y atención psicosocial), y únicamente se cuenta con programas municipales
que les brindan alojamiento.
Para la adolescencia y juventud vinculada a maras y pandillas, el Estado ha sido negligente e incapaz de crear
e instalar programas orientados a su inserción y reinserción social y familiar. En el mismo sentido, los centros
de privación de libertad (para adultos y menores), carecen de programas destinados a su atención, situación
que afecta a la totalidad de personas privadas de libertad.
Igualmente, se carece de acciones destinadas a la promoción, protección y respeto de los derechos humanos
de las personas con una orientación e identidad sexual diferente a la heterosexual.
5. Nadie está obligado a regresar ni será extraditado a un país en donde
haya motivos fundados para creer que puede ser víctima de una ejecución
extrajudicial
Sobre esta disposición no existen datos para realizar una valoración acerca de su cumplimiento.
6. La privación de libertad debe realizarse en centros de reclusión
públicamente reconocidos
Elcumplimientodeesteprincipio,aligualquelosanteriores,serealizademaneraparcial,yaquesibienescierto
que en Guatemala existen centros estatales destinados a la detención o prisión de personas (adolescentes y
adultos)348
, aún se continúa privando de libertad en Comisarías a cargo de la PNC.
7. Inspecciones periódicas de los lugares de detención o prisión
En Guatemala, esta obligación recae en los Jueces de Primera Instancia, de acuerdo a lo regulado en el artículo
95 literal “c” de la Ley del Organismo Judicial, donde se establece: c) Los que tienen competencia en materia
penal esta obligados a visitar, por lo menos una vez al mes los centros de detención y las cárceles de su distrito.
El Organismo Judicial, a través de los Jueces de Primera Instancia, incumple esta disposición legal.
Adicionalmente la CPRG establece en el artículo 274 que el Procurador de los Derechos Humanos es un
comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos (…) tendrá facultades
de supervisar la administración.
348 Los cuales se encuentran a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario y de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

A partir de 2009, los informes presentados por el Procurador de los Derechos Humanos al Congreso de la
República, evidencian una baja en el monitoreo de la situación de detención o prisión en centros a cargo del
Estado, imposibilitando conocer las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad y las
violaciones a sus derechos humanos.
8. Obligación del Estado de prevenir las ejecuciones extrajudiciales, facilitar
el acceso de los demandantes al sistema internacional de protección,
cooperarenlainvestigaciónderivadadeestosprocesos,eimpulsarprocesos
de investigación a nivel nacional para el esclarecimiento de los hechos.
Los gobiernos harán cuanto esté a su alcance por evitar las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias
recurriendo, por ejemplo, a la intercesión diplomática, facilitando el acceso de los demandantes a los
órganos intergubernamentales y judiciales y haciendo denuncias públicas. Se utilizarán los mecanismos
intergubernamentales para estudiar los informes de cada una de esas ejecuciones y adoptar medidas eficaces
contra tales prácticas. Los gobiernos, incluidos los de los países en los que se sospeche fundadamente que
se producen ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, cooperarán plenamente en las investigaciones
internacionales al respecto.
El Estado de Guatemala ha facilitado la información que le ha sido requerida, extremo que puede ser
comprobado en las sentencias impuestas por la CIDH; aunque no existen informes oficiales que den cuenta de
las ejecuciones extrajudiciales investigadas, o de aquellas que han sido juzgadas, ni se conoce públicamente
de la adopción de medidas tendientes a contrarrestar esta práctica.
Porelcontrario,laejecuciónextrajudicialenmuchasocasiones,esjuzgadabajootrasfiguraslegales;socavando
su carácter de crimen de lesa humanidad, invisibilizando la responsabilidad del Estado, equiparando los
hechos a cualquier delito cometido por particulares.
4.2 La lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a obtener
reparación
La lucha contra la impunidad, conlleva necesariamente la investigación, procesamiento y sanción a los
responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos, independientemente de
la fecha de su comisión y de su tipificación interna.
Para ello, el Estado debe garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación que detentan las víctimas y/o
sus familias349
, y brindar la garantía de que hechos similares no volverán a ocurrir.

Con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia, entendidos como el
camino para combatir la impunidad, el sistema de la ONU ha diseñado una serie de principios en los cuales
se garantiza el derecho de las víctimas a obtener reparación, conocer la verdad y exigir que los crímenes no
vuelvan a suceder, entre estos se encuentran:
El Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad350
; y, Principios y
directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones, Principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones351
.
Ambos instrumentos reconocen como parte de la lucha contra la impunidad, el derecho a la justicia, el derecho
a la verdad, el derecho a la reparación y las medidas de no repetición; los cuales deben ser garantizados para
evitar la comisión de crímenes de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales.
Estos derechos, aplicados en la realidad coadyuvarán al cese de prácticas violatorias a derechos humanos, por
lo cual se describen a continuación.
a. El derecho a la justicia
Implica la obligación para los Estados de implementar investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e
imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, adoptando
las medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean
procesados, juzgados y debidamente condenados.
Además, los Estados deberán legislar normas procesales complementarias para que las víctimas, sus familiares
o herederos puedan tomar la iniciativa de impulsar los procesos, ya sea de forma individual o colectiva;
debiendo garantizar la amplia participación jurídica en el proceso a todas las partes perjudicadas y a toda
persona u organización no gubernamental que tenga un interés legítimo en el proceso352
.
350 Aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Resolución sobre impunidad, número 2005/81. Doc. ONU E/CN.4 RES/2005/81.
351 Aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas. AG Res. 60/147 del 16 de diciembre de 2005.
352 Principio 19. Principios internacionales sobre la lucha de la impunidad, en cuanto al derecho a la justicia

b. El derecho a la verdad
Este derecho es inherente a las víctimas, sus familias y la sociedad en general, quienes deben conocer las
circunstancias en que fueron cometidos los delitos y las violaciones a los derechos humanos y en caso de
fallecimiento o desaparición, conocer la suerte que corrió la víctima353
.
Los procesos judiciales son espacios ideales y privilegiados para conocer la verdad de los hechos de violencia,
los juicios penales contribuyen a reconstruir la verdad, de tal forma que adquieren un rol más simbólico, que
tiene efectos positivos y reparadores, ya que las víctimas y sus familias recuperan datos sobre lo sucedido,
constituyéndose en mecanismos reparadores y de prevención en la comisión de otros hechos similares354
.
c. El derecho a la reparación
Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones
a las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional
humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.
Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán
reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho
internacional humanitario355
.
En ese sentido los Estados están obligados a:
Restituir a la víctima el derecho o los derechos que fueran violados356
,
conceder a la víctima una indemnización de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a
las circunstancias de cada caso357
, y rehabilitar a la víctima, incluyendo la atención médica y psicológica, así
como servicios jurídicos y sociales358
.
d. La garantía de no repetición
Para dar cumplimiento a ésta, el Estado debe adoptar medidas adecuadas que garanticen que las víctimas no
volverán a ser objeto de violaciones de sus derechos. Con ese fin, debe realizar reformas institucionales y otras
necesarias para asegurar el respeto del imperio de la ley; promoviendo y manteniendo una cultura de respeto
de los derechos humanos; restaurando la confianza pública en las instituciones gubernamentales.
353 Principio 4. Principios internacionales sobre la lucha de la impunidad
354 Fundación para el debido proceso legal. Las víctimas y la justicia transicional. ¿están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los estándares internacionales? Página 23
355 principio IX.15 de los Principios internacionales sobre el derechos de las víctimas a obtener reparaciones
356 Ibíd. Principio IX.19

Las reformas institucionales encaminadas a prevenir una repetición de las violaciones a derechos humanos
deben ser diseñadas mediante un proceso amplio de consultas, que incluya y facilite la participación de las
víctimas y otros sectores de la sociedad civil.
Tales reformas deben promover359
:
• La sujeción a la ley de las instituciones y funcionarios públicos,
• La realización de reformas legales, que incluyan la derogación, promulgación y realización de cambios
para que legalmente se garantice el respeto a los derechos humanos,
• Elcontrolcivildelasfuerzasmilitaresydeseguridadydelosserviciosdeinteligenciayeldesmantelamiento
de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad,
• El fortalecimiento del sistema de investigación criminal,
• La adecuación de los procedimientos judiciales a las normas internacionales relativas a las garantías
procesales, la equidad y la imparcialidad
• La protección de los funcionarios públicos y personas que intervengan en la tramitación de los procesos,
• La divulgación de la verdad en torno a casos de violaciones graves a derechos humanos, con énfasis en
los casos de ejecución extrajudicial
• El diseño e implementación de controles efectivos orientados a la función pública,
• La promoción de mecanismos destinados a prevenir y resolver conflictos sociales
La implementación de los tres instrumentos que recogen principios internacionales para prevenir y sancionar
el delito de ejecución extrajudicial, representa uno de los pasos para combatir la impunidad y garantizar el
respeto a la vida en Guatemala.
359 Principio 35. Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad, y Principio IX.23. Principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

1. El irrespeto a los derechos humanos y los altos índices de criminalidad e impunidad, entre otros
factores, obstaculizan la consolidación de la democracia y la vigencia de un Estado de Derecho,
justificando la continuidad de la comisión del delito de ejecución extrajudicial, atentando contra
los valores más profundos de la humanidad y contrariando el deber del Estado de garantizar a sus
habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz.
2. El irrespeto a los derechos humanos en Guatemala fortalece la fijación en el imaginario social de
loqueseconsidera“enemigointerno”,que involucra el etiquetamiento de sectores poblacionales
como “indeseables”, legado de las operaciones de guerra ideológica implementadas durante
el conflicto armado interno. El imaginario social impuesto y vigente, que tiene como base las
ideas y concepciones políticas, económicas, culturales, morales y religiosas de quienes ostentan
el poder-empresariado y cúpula militar-, ha sido revalidado a través del populismo punitivo y la
implementación de políticas de ”mano dura”; generando en la población paranoia y temor por
la “inseguridad imperante” y falta de objetividad para abordar la problemática delincuencial;
incrementando la sensación de indefensión social, que legitima y exige la aplicación de medidas más
drásticas para hacer frente a la criminalidad y asegurar el orden público; entre ellas, la eliminación
física de personas por parte del Estado o con su apoyo y aquiescencia.
3. La práctica de la ejecución extrajudicial, aun después de la firma de los Acuerdos de Paz, ha dado
continuidada la estrategia de eliminar a los“enemigos”del Estado, teniendo como fundamento
ideológico la Doctrina de Seguridad Nacional y el Derecho Penal del Enemigo; que si bien ya
no forma parte de la lucha contrainsurgente, considera a sus víctimas una amenaza al
orden establecido y contra lo “socialmente aceptable”. En ese orden de ideas, las personas que
se oponen a las disposiciones del Estado y a quienes se consideran indeseables -la niñez en la calle y
de la calle, personas que expresan una orientación e identidad sexual diferente a la heterosexual,
personas vinculadas a hechos violentos “maras, pandillas y delincuentes habituales”, y personas
privadas de libertad-, son las víctimas más frecuentes.
CONCLUSiones.

4. Las fuerzas de seguridad del Estado -PNC y Ejército- y los Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de
seguridad, continúan siendo señalados y denunciados como responsables del delito de ejecución
extrajudicial; ampliándose los autores a través de las acciones implementadas por Juntas,
Comisiones y/o Comités de seguridad ciudadana y agentes de empresas de Seguridad Privada,
quienes actúan impunemente bajo la aquiescencia del Estado, grupos que en muchas ocasiones
son dirigidos y conformados por ex militares y ex patrulleros de autodefensa civil, quienes en la
actualidad implementan técnicas contrainsurgentes y replican mecanismos de control poblacional y
territorial utilizadas durante el conflicto armado interno.
5. El elevado número de denuncias por el delito de ejecución extrajudicial conocidas por el Ministerio
Públicoentreelperíodo2005-2012(6,805)lascualesinvolucranhechosacaecidosduranteelconflicto
armado interno ( 5,371), representan la impunidad presente e imperante en el país a lo largo de
más de 30 años, evidenciando la escasa efectividad en la investigación criminal en delitos contra la
vida que se constituyen con crímenes de lesa humanidad, impidiendo la aplicación de procesos de
justicia transicional, orientados a la construcción de una memoria histórica colectiva.
6. En cuanto a los hechos del período 2005-2012 (1,413) que se encuadran en la figura de ejecución
extrajudicial, se ha llevado proceso de investigación en 413 casos que corresponden al 29.23% del
total, lo cual nos permite concluir que dicho dato no es mayor debido a: el manejo deficiente de la
escena del crimen, la falta de orientación por investigadores para la búsqueda de indicios específicos
en la necropsia, la inaplicación del Protocolo de Minnesota; y la inadecuada calificación legal por
parte del MP.
7. Pese a la evidencia de la responsabilidad estatal –por acción u omisión- en la frecuente comisión del
delito de ejecución extrajudicial y las recomendaciones expresadas por Naciones Unidas a través
del Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, el Estado de Guatemala se resiste a
implementar las iniciativas y políticas necesarias para prevenir y sancionar éste delito, considerado
a nivel internacional como un crimen de lesa humanidad; evidenciando su menosprecio por la
dignidad de las víctimas, sus familias y los sectores sociales vulnerables ante éstas prácticas, de lo
cual se puede inferir que las mismas representan una solución para eliminar la“desigualdad social”.

1. Que el Estado garantice, a través de políticas específicas, la protección y el mejoramiento de las
condiciones de vida de aquellas personas que pertenecen a grupos considerados “indeseables” (la
niñez en la calle y de la calle, personas que expresan una orientación e identidad sexual diferente a
la heterosexual, personas vinculadas a hechos violentos“maras, pandillas y delincuentes habituales”,
personas privadas de libertad y trabajadores y trabajadoras del sexo), teniendo en consideración
que en su mayoría son personas adolescentes y jóvenes.
2. Que el Congreso de la República reforme el Código Penal con el fin de adecuar el delito de“ejecución
extrajudicial” a los parámetros internacionales. Lo anterior requiere el incremento de la pena en
virtud de la gravedad de dicho delito a nivel internacional, así como la eliminación de la ampliación
excesiva de dicho tipo penal que incluye supuestos de autoría que no tiene ninguna vinculación con
el Estado.
3. Que las agencias del sistema de justicia (MP, Inacif, OJ, Sistema Penitenciario y SBS) y de las fuerzas
de seguridad (PNC y Ejército), establezcan mecanismos de control efectivos sobre la actuación y
desempeño de sus funcionarias y funcionarios; asimismo que impongan las sanciones respectivas a
aquellos que transgredan la ley y violen derechos humanos en el ejercicio de su cargo.
Recomendaciones.

4. Que las agencias del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad, implementen los procesos de
formación y actualización permanente, para garantizar una adecuada investigación, juzgamiento
y sanción de las ejecuciones extrajudiciales. Lo anterior requiere: a) La aplicación de los Principios
relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias
o sumarias; b) la aplicación del Protocolo de Minnesota por el MP, la PNC y el Inacif en los casos
de muertes violentas; y, c) La aplicación de los Principios internacionales sobre la lucha contra la
impunidad y los Principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones,
por parte del MP y el OJ.
5. Que en relación a lo anterior, el Ministerio Público cree la “Agencia Fiscal especializada en delitos
contra la vida de adolescentes y jóvenes cuando los crímenes involucren violencia grave”, que por sus
características haga sospechar una potencial ejecución extrajudicial, ya sea por el modo de operar
de los victimarios o por el perfil de las víctimas; la cual deberá contar con personal especializado en
la investigación y procesamiento de muertes selectivas para determinar patrones comunes, modus
operandi y la posible participación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad ó
funcionarios de Estado en la comisión de los hechos.
6. Que se eliminen las Juntas, Comisiones y/o Comités de seguridad ciudadana, dando paso a
la construcción, aprobación e implementación de una verdadera política de prevención de la
violencia, que considere la participación ciudadana desde una perspectiva apegada a la ley y sin
otorgar o promover actividades que son única y exclusivamente responsabilidad del Ministerio de
Gobernación.
7. Que el Ministerio de Gobernación establezca los mecanismos de control efectivo de las empresas
de seguridad privada, incluyendo los procesos de selección adecuados (perfiles idóneos), el
cumplimiento de los procesos de formación y actualización permanente y la constante verificación
y evaluación de la actuación de sus agentes, tal y como se establece en la Ley que regula los Servicios
de Seguridad Privada, Decreto 52-2010 del Congreso de la República.

ANEXO
Metodología

La investigación fue realizada en cuatro fases. La primera corresponde a una investigación documental
exhaustiva que permitió la identificación y utilización de la amplia bibliografía nacional e internacional
relacionada con el delito de Ejecución Extrajudicial, facilitó la elaboración de la descripción de ésta práctica
durante el conflicto armado interno y en el pasado reciente del país.
La segunda etapa se refiere a la deconstrucción del pasado histórico que llevó a la definición de lo que
conocemos actualmente como Crímenes de Lesa Humanidad, incluida la Ejecución Extrajudicial, con el
objetivo de clarificar la gravedad del delito, la cual radica en el hecho de que, debiendo proteger la vida, el
Estado, es quien por acción y omisión priva de la misma, violentando una serie de derechos tutelados en el
ámbito nacional e internacional.
La recopilación de información sobre la violencia ejercida sobre la juventud guatemalteca (hombres y mujeres
entre 13 y 29 años) constituyó la tercera etapa del proceso de investigación, documentándose las muertes
violentas reportadas a través de fuentes oficiales sobre hechos de violencia entre el 2003 al 2012.
Los obstáculos superados en esta etapa se concentraron en la falta de información oficial acerca de hechos
de violencia disgregados por edad y sexo de las víctimas, ya que Guatemala no cuenta con clasificaciones que
permitan diferenciar los rangos etarios de niñez (0 a 12) y adolescencia (13 a 17) de acuerdo a lo definido por
la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia vigente (Leypina); o bien, el rango de juventud (13 a
29) definido por la Política Nacional de Juventud 2012-2020.
Así también, la poca y confusa información proporcionada por Inacif y documentada en los exámenes
forenses significó la necesidad de acceder a fuentes secundarias (medios escritos) para la documentación de
potenciales casos de Ejecución Extrajudicial.
En la tercera etapa se llevaron a cabo entrevistas con funcionarios públicos, revisión de algunos expedientes
tramitados por el delito de Ejecución Extrajudicial y grupos focales con personas que se encuentran en riesgo
de ser víctimas de Ejecución Extrajudicial, (niñez de la calle, diversidad sexual, jóvenes residentes en áreas
marginalizadas y líderes juveniles); quienes aportaron información sobre la forma en la cual son atendidos los
casos de violencia grave contra la juventud, y sobre las distintas formas de violencia de la cual están siendo
víctimas los y las jóvenes en la actualidad.
Finalmente, la cuarta etapa de investigación corresponde a la redacción del informe final, el cual representó
un reto atendiendo a la cantidad de información que en él se ha sistematizado, así como a los hallazgos
propios de la investigación, incluida información y análisis que no habían sido abordados y analizados en
investigaciones previas sobre la temática.

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108. Solórzano, Armando. Matan a ex presidiario. Nuestro Diario (Guatemala).17/02/2012.
109. Torres, Hugo. Desalojo mortal en Los Cafetales. Nuestro Diario (Guatemala). 29/07/2011.
110. Upún, Mario. Querían lincharlo. Nuestro Diario (Guatemala). 23/08/2011
111. Vásquez, Julio. Le reclama y lo asesina, guardia de camión balea a un campesino tras una acalorada discusión.
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112. Vásquez, Olga. Muere tras discusión, oficial del ejército acusado de crimen. Nuestro Diario (Guatemala). 07/05/2012.
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Entrevistas y grupos focales
Entrevistas
• Licenciado Ricardo Guzmán. Jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP). 24/05/2012
• Licenciada Sonia Montes. Jefa de la Unidad de Casos Especiales de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio
Público (MP). 24/05/2012.
• Doctor Sergio Maldonado Montejo. Jefe de la Unidad de Medicina Forense del departamento de Guatemala. Insti-
tuto
Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). 14/06/2012.
• Doctor Rigoberto Barreno Pech. Coordinador de Grupo de Médicos Forenses. Instituto Nacional de Ciencias Fo-
renses
(Inacif). 14/06/2012.
Grupos focales
• Grupo focal con beneficiarios de la Asociación Caja Lúdica, realizado el 18/06/2012.
• Grupo focal con beneficiarios del Movimiento de Jóvenes de la Calle (Mojoca), realizado el 18/06/2011.
• Grupo focal con miembros y beneficiarios del Programa Educativo para el Niño, Niña y Adolescente Trabajador
(PENNAT), realizado el 29/06/2012.

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