El documento aborda el régimen de conciertos educativos, destacando la libertad de enseñanza como un principio fundamental que justifica la existencia y financiación de centros educativos privados con fondos públicos. Se detallan los derechos y obligaciones económicas y no económicas de estos centros, así como las implicaciones del concierto educativo para el desarrollo del ideario educativo y la calidad de la educación. Concluye defendiendo el concierto educativo como un modelo menos problemático que otras formas de financiación, a pesar de sus limitaciones y la necesidad de un debate social sobre la libertad de enseñanza.