El documento discute el problema del enriquecimiento ilícito en el sector público. Explica que es un acto contrario a la ley cuando funcionarios se enriquecen de manera injustificada. Propone soluciones como mejorar la educación y salarios de funcionarios, fortalecer la supervisión y rendición de cuentas, y adecuar las leyes para prevenir este delito. Concluye que se requieren reformas estructurales y cambios en la sociedad y gobierno para abordar este y otros problemas que incrementan la criminalidad.