El documento critica las políticas de ajuste estructural impulsadas por el FMI en países en desarrollo, señalando que (1) el FMI no reconoce que los mercados a menudo fallan y los estados deben intervenir, (2) la privatización debe ir acompañada de políticas para crear empleo y (3) la liberalización financiera no siempre genera más crecimiento e inversión.