El momento de la verdad en Ecuador: ¿Qué hacer con el petróleo del Yasuní?

El momento de la verdad en Ecuador:
¿Qué hacer con el petróleo del Yasuní?
El debate para extraer petróleo del subsuelo del Amazonas llega a su
momento decisivo
Ecuador quiere financiarse con el petróleo de la reserva del Yasuní
después de que fracasara el proyecto de conservarlo intacto a cambio
de una aportación internacional
Hablamos con las voces en contra de la extracción, que preparan la
convocatoria de una consulta popular, y con los que la defienden
Marina Blesa. Desalambre. 28/01/2014

Vista aérea del Parque Nacional Yasuní, declarado por la Unesco
reserva mundial de la biosfera en 1989. / Dolores Ochoa
Extraer o no extraer. El debate palpita con fuerza en las calles de
Quito, Guayaquil y Santo Domingo. Las asociaciones de ecuatorianos
en España hacen lo propio para que la polémica sea objeto de
coloquio también en las ciudades de Madrid, Barcelona o Valencia.
150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 596 de aves, 200 de
mamíferos, 500 de peces y 4.000 de plantas. En una sola hectárea,
según fuentes del Gobierno ecuatoriano, viven más especies de
animales que en toda Europa y más especies de árboles y arbustos
que en Estados Unidos y Canadá juntos.
“Catalogado como la zona más biodiversa del planeta”, recuerda
Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica, “el Parque
Nacional Yasuní alberga a los dos pueblos en aislamiento voluntario

de Ecuador, los Tagaeri y los Taromenan, que se internaron en la
selva virgen a inicios de los setenta, justo cuando arrancaba la
exploración y futura explotación petrolera en el país".
A esta riqueza natural y humana, hay que sumarle, precisamente,
una que todavía hoy permanece invisible al ojo humano: el petróleo
que subyace bajo los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini
(ITT), situados en la cuenca alta del río Napo, tributario del
Amazonas.
“No me gusta la minería, no me gusta el petróleo, pero mucho menos
me gusta la pobreza y la miseria”, repite a ambos lados del Atlántico
el presidente de Ecuador, Rafael Correa. 2013 fue el año en que el
ordenó archivar la Iniciativa Yasuní-ITT, una propuesta gestada en la
sociedad civil en 2006, auspiciada por el Gobierno en 2007 y
destinada a dejar en el subsuelo el petróleo del Amazonas a cambio
de una compensación económica por parte de la comunidad
internacional, ya que se trata de una reserva de la biosfera de
importancia global.
Abandonado el llamado Plan A por falta de apoyo de los países
extranjeros, el Gobierno de Correa puso en marcha el Plan B el
pasado agosto, dando luz verde a la empresa estatal Petroamazonas
para que comenzara las operaciones exploratorias en el terreno.
Economistas, ecologistas y ambientalistas iniciaron entonces una
movilización internacional con el objetivo de recolectar las 584.116
firmas (5% del padrón electoral) que obliguen al Gobierno a convocar
una consulta popular, dejando así el futuro del Yasuní ITT en manos
de los más de 15 millones de ciudadanos ecuatorianos. "Es potestad
del pueblo pronunciarse sobre temas de interés social”, sostienen
diferentes agrupaciones desde YASunidos, colectivo contrario a la
extracción.
La llegada de 2014 ha iniciado la cuenta atrás: quedan 3 meses para
saber si los detractores de la explotación consiguen el apoyo
suficiente para que el referéndum tenga lugar. “El futuro de Ecuador
es responsabilidad de todos”, afirma Aída Quinatoa, presidenta de
la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE).

Recolección de firmas en Quito durante una marcha indígena en
contra de la explotación petrolera. / YASunidos
“El petróleo –recuerda José Lema, presidente del Colegio de
Ingenieros Geólogos de Ecuador– aún representa el 40% de las
exportaciones y contribuye a mantener una balanza comercial
positiva”. Tras más de 6 años con Rafael Correa al frente del
Gobierno, con la Constitución de 2008 casi recién salida del horno
(donde indígenas y naturaleza cobran más protagonismo), y con unas
elecciones seccionales a la vuelta de la esquina, el interés del país
camina en una única dirección: desvincularse de una economía
extractivista de la que todavía se confiesa dependiente.
La pregunta del millón sería: ¿cuándo? Para Correa y Lema “extraer
es una cuestión de conciencia y justicia social, Ecuador saldrá de la
pobreza con apoyo internacional o no”. Para voces críticas como
Martínez y Quinatoa, “hay otras opciones, y explotar es un atentado
contra la naturaleza y las generaciones futuras”.
Instalados en bandos ideológicos opuestos, los primeros asumen las
“contradicciones propias de las políticas de cambio a favor de las
mayorías”. Los segundos apuestan por otras alternativas y no
aceptan “el precio a pagar para construir proyectos como, por
ejemplo, el FLOK Society". La polémica está servida.
Llamada fallida a la corresponsabilidad internacional
A cambio de mantener el Yasuní libre de perforaciones y cumplir así
con el compromiso de uno de los objetivos del Plan Nacional del
Buen Vivir (sumak kawsay, en lengua quechua), Correa pidió en 2007
responsabilidad internacional ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas: 846 millones de barriles de petróleo en el campo
ITT, equivalentes al 20% de las reservas del país, quedarían sin
sacarle rendimiento económico si el mundo asumía su responsabilidad

aportando 2.700 millones (el equivalente al 50% de lo que el Estado
percibiría si extraía los casi mil millones de barriles que se calcula que
hay en el parque).
“Se compensaría así la pérdida de ingresos y se gratificaría el papel
de sumidero de CO2 del parque nacional”, proclamaba el entonces
ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor. No en
vano, dejar el petróleo bajo tierra significaba no emitir más de 400
millones de toneladas de CO2 (similar a las emisiones de España en
un año).
Sin embargo, pese a las potentes campañas publicitarias y al apoyo
de países como Alemania, la propuesta del mandatario ecuatoriano,
el famoso Plan A, fue un estrepitoso fracaso: sólo se logró recaudar el
0,37% de lo previsto. “La iniciativa se adelantó a los tiempos, y no
fue comprendida”, dijo Correa el 15 de agosto de 2013, al anunciar la
finalización de ésta. Apelando a una lógica ambiental y económica,
añadió: “No era caridad lo que pedíamos, sino corresponsabilidad con
el cambio climático”.
En conversaciones con eldiario.es, Alberto Acosta, exministro de
Energía y Minas y coimpulsor de la iniciativa, discrepa y considera
que, “en realidad, quien no la comprendió y no estuvo a la altura del
reto propuesto por la sociedad ecuatoriana al mundo fue el propio
presidente Correa”.

Indígenas guaraníes ejerciendo sus prácticas de caza en el Parque
Nacional Yasuní. / Dolores Ochoa (AP)
El Plan B, explotar el 1 por 1.000 del Yasuní ITT, siempre fue, según
Acosta, “la primera opción” del Gobierno: “El presidente jamás tuvo

una posición firme a favor de la iniciativa, sus mismas acciones
minaban las grandes posibilidades que tenía el proyecto. Debió ser la
punta de lanza de una política exterior que, a partir del reclamo de la
deuda ecológica, propusiera la construcción de una justicia ecológica
global”.
Este giro del presidente, para el economista AlfredoSerrano, miembro
de la Fundación CEPS, responde, sin embargo, a una urgencia social
y humana: “Correa lo intentó pero no pudo ser, el neoecologismo
yerra si su propuesta política se ancla en conservar toda la naturaleza
intacta dejando de atender muchas injusticias acumuladas por el
neoliberalismo”. O dicho de otro modo, como puede leerse en la
misma página web de Iniciativa: “El mundo no aprovechó la
oportunidad que propuso el ITT, el futuro de Ecuador no tiene por
qué ser responsable de aquello”.
La falta de corresponsabilidad internacional no hizo desaparecer la
fuerte concienciación ecológica y colectiva que la sociedad había
alcanzado ni tampoco las necesidades de un país en vías de
desarrollo: “En Ecuador –coinciden voces de ambos bandos– urgen
inversiones superiores a los 70.000 millones de dólares (52.900
millones de euros) para erradicar una pobreza ya en descenso (en los
últimos 6 años los índices se han reducido del 37 al 27%) y extender
el bienestar a las comunidades menos favorecidas”. La clave está, y
aquí es donde la polémica alcanza su punto álgido, en cómo
conseguir esos ingresos.
Tecnología punta frente a Constitución
“Sólo se intervendrá una extensión mínima del Yasuní, unas 1.000
hectáreas” (en total ocupa 982.000), y además se hará con una
“tecnología punta que respete a las comunidades y al medio
ambiente”, ha asegurado el Gobierno en reiteradas ocasiones.
Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, hace saltar la voz de alarma
al subrayar la ilegalidad del plan: “El artículo 57 de la Constitución
prohíbe los procesos extractivistas en zonas donde viven pueblos
aislados”. Defensores de la explotación como Alfredo Serrano
sostienen que “la actividad no incidirá en la vida de los pueblos
aislados, ya que los campos están alejados de la llamada zona
intangible donde habitan esas nacionalidades”.
“Ahora existe una normativa adecuada y la voluntad política del
Gobierno para defender los recursos naturales de una forma
eficiente”, asevera la ministra del Ambiente, Lorena Tapia. José
Lema, del Colegio de Ingenieros Geólogos, cree que, efectivamente,
el “daño será menor”. Como antecedente, cita los trabajos
que Petroamazonas efectúa en el campo Pañacocha, ubicado en otra
norteña reserva natural, que ha recibido reconocimientos
internacionales por sus buenas prácticas ambientales. “Esta empresa

estatal viene desarrollando trabajos similares en esa área, donde
existe una afectación temporal, mientras se realiza el oleoducto
solamente”.
Los opositores a la explotación alertan de la afectación que sufriría la
fauna, la flora y los pueblos en aislamiento voluntario en el área
protegida más grande de Ecuador. Para Alberto Acosta, “no existe la
posibilidad de una explotación sin afectación a la naturaleza ni al
entorno social”.
Patricio Chávez, representante de Amazonía por la Vida, coincide con
el exministro en que “se ha explotado petróleo en la Amazonía
ecuatoriana desde hace más de cuatro décadas y, aun así, el país
nunca ha podido solventar sus carencias, todo lo contrario, en las
provincias petroleras los índices de pobreza y enfermedades son más
altos que en el resto del país. Además, apunta, el hecho de que en la
ecuación del ITT haya también actores internacionales como China
nos hace sospechar que esta dinámica no va a cambiar”.

El Parque Nacional Yasuní, a unos 250 kilómetros al sureste de Quito,
es famoso por su extraordinaria biodiversidad.
El presidente del Movimiento de los Índigenas de Ecuador, Carlos
Pérez, de la Confederación Kichwa (Ecuarunari), asegura que “la
única manera de evitar es no tocar, ya que la pobreza no se combate
sembrando más pobreza; debemos apostar por ser una potencia
ambiental que respete a la madre Naturaleza”.
En este sentido, el economista Alfredo Serrano advierte de que “se ha
pasado del antropocentrismo al pachamacentrismo, de manera casi
frívola si se tiene en cuenta la deuda social y ecológica heredada”
(Pachamama es la Madre Tierra incaica).
“La economía ambiental, al servicio del neoliberalismo, opta por
explicar todo parcialmente, con enfoque mecanicista, crematístico y

antropocéntrico. Por el contrario, la economía ecológica –subraya
Serrano– procura tener una visión integral, que acepta la complejidad
aunque sea a costa de ser menos preciso, que entiende que los
sistemas interactúan entre sí. El hombre no puede ser el centro del
mundo, pero la naturaleza tampoco”.
Acosta, amigo y colega de Serrano, contraataca: “Proponer una salida
del extractivismo ampliando el extractivismo es una torpeza, nuestra
supervivencia depende de la naturaleza y no al revés”.
Otros planes, otras opciones, otras voces
Informes gubernamentales revelan que la extracción de crudo del ITT
podría generar unos 40 mil millones de dólares (cerca de 30.000
millones de euros) en poco más de 20 años, es decir, que se podrían
obtener unos 2.000 millones por año (unos 1.500 millones de euros).
No obstante, avanza Acosta, “si el Gobierno requiere recursos, puede
obtenerlos de múltiples formas”. Según las últimas encuestas, el
92,7% de la población apoya la idea de mantener el petróleo bajo
tierra. El Centro de Derechos Económicos y Sociales enriquece el
debate y pone sobre la mesa una tercera opción, el Plan C:
“Redistribuir la riqueza para no explotar el Yasuní y salvaguardar a
los indígenas aislados”.
Organizados en la plataforma YASunidos, miles de ecuatorianos,
convencidos de que “otra forma de habitar el mundo es posible”, se
afanan desde el pasado 18 de octubre por conseguir el mínimo de
firmas necesario para la consulta antes del 15 de abril. En España,
también. Aída Quinatoa, presidenta de Conadee, lidera
movilizaciones en ciudades como Madrid o Barcelona para que sus
compatriotas –que rozan el medio millón– apoyen lo que ella
considera la más justa de las causas: “No explotar el ITT para vivir en
armonía con la naturaleza”.

El Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, ocupa
982.000 hectáreas. / YASunidos
La condición finita del petróleo como fuente de riqueza y los
perjuicios que comunidades indígenas y colonos sufrieron a raíz de la
actividad petrolera de la compañía Chevron-Texaco constituyeron el
germen de notables resistencias en contra de las extracciones de
hidrocarburo en el país. “La iniciativa –aunque haya fracasado,
sostiene Acosta– potenció una conciencia ciudadana y ecológica sin
precedentes que ayudó a la construcción de la tesis de una moratoria
petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana”.
“Si hay un tema en el que Ecuador nos ha puesto de acuerdo, es el
Yasuní”, asiente Esperanza Martínez. “La resistencia nos hará libres”,
añade Carlos Pérez. Sin embargo, no todos los indígenas o
ecologistas están a favor de la no extracción. Algunos, como Alfredo
Serrano, insisten en “conciliar justicia ambiental con justicia social,
afrontando sin invisibilizar la tensión entre pueblo y naturaleza para
que todos puedan disfrutar del buen vivir”.
A esta forma de ver las cosas se suma un grupo de amazónicos
liderados por una treintena de alcaldes que han declarado su apoyo al
plan del Ejecutivo asegurando que sólo de esa forma las poblaciones
de la Amazonía podrán desarrollarse.
2014, el año del desenlace
“¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga
el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo
suelo?”. La pregunta de consulta impulsada por los colectivos sociales
se suma a una larga lista de interrogantes: la intención manifiesta de
reducir la dependencia de los recursos naturales ha puesto a Ecuador
en el punto de mira internacional.
¿Superará el país latinoamericano el modelo neoextractivista en
2014? ¿Será vinculante el resultado de la consulta si ésta llega a
efectuarse? ¿Ganarán terreno las alternativas gestadas en colectivo
que proponen una distribución de la riqueza más igualitaria? O, por el
contrario, ¿asistirá Ecuador a un proceso paulatino de reconversión
económica explotando sus recursos naturales y sin, como dicen,
afectar al medio ambiente y a las comunidades indígenas? La cuenta
atrás ha comenzado.

"El petróleo no ha sacado aún a Ecuador de la pobreza, pero sin
tierra nosotros sí somos pobres"
El activista indígena Eriberto Gualinga visita España para mostrar a
través de su documental 'Los descendientes del Jaguar' que es
posible el triunfo de la selva ecuatoriana frente a la explotación
petrolera
En plena polémica por la aprobación de la explotación del Parque
Nacional Yasuní de Ecuador, Gualinga recuerda la victoria de los
sarayaku, población indígena que logró expulsar a la empresa
argentina CGC de sus tierras en 2003
Gabriela Sánchez 02/11/2013


Heriberto Gualinga, cámara y activista indígena sarayaku, creador del
documental 'Los descendientes del jaguar'. Fotografía: AI.
Dejaron Quito sin ser recibidas por nadie del Gobierno. No callaron,
hablaron, pero se sienten ignoradas. Tras 220 kilómetros recorridos
desde la ciudad amazónica de El Puyo hasta la capital ecuatoriana,
después de permanecer a la espera durante diez días, las mujeres
amazónicas que pretendían dialogar con el presidente ecuatoriano
sobre la explotación petrolera que pende de forma constante sobre
sus tierras regresaron.
Llegaron el 12 de octubre para hacer una propuesta: un cambio de
modelo a nivel energético pero también social que modifique la

concepción de la Amazonía. "Podemos conseguir que se conserve
como lo que es. Apostamos por la vida, no solamente por dinero, no
solamente por los recursos, sino por la vida de las futuras
generaciones”, advirtió la representante de la comunidad Kichwa
Sarayaku Patricia Gualinga ante la Asamblea Nacional del país. No
pararán, dice, continuarán su lucha en su territorio. En su mente se
mantiene vivo el ejemplo: la victoria de los sarayaku.
Eriberto Gualinga estaba a 8.755 kilómetros de Quito aunque,
mientras charlaba con nosotros, su cabeza estaba allí, con su
hermana Patricia, y con las mujeres indígenas que la acompañaban.
Su mente también se desplaza en el tiempo: retorna a 2002, cuando
la empresa petrolera argentina CGC llegó a su localidad sin consulta
previa. Recuerda su lucha y la victoria posterior. El activista visita
Madrid con la intención de dar a conocer, bajo el impulso de Amnistía
Internacional, el documental que muestra ese triunfo, cuando la
Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón. Su
objetivo ahora es la aplicación de la sentencia: piden que el Gobierno
reconozca y garantice su derecho a ser consultados cuando sus
territorios están en juego.
En 1996, el Gobierno dio permiso a la petrolera CGC para que
realizara perforaciones en las tierras del pueblo indígena Sarayaku,
un territorio en el que esta comunidad ha vivido desde hacía siglos.
Ellos poseen los títulos de las tierras desde 1992.
"Los helicópteros aparecieron en 2002", comienza a explicar Gualinga
en tono pausado. "Los técnicos de la empresa vinieron con seguridad
armada, con militares que les protegían, y empezaron a entrar en el
territorio. No lo podíamos consentir y nos organizamos. Levantamos
campamentos por los caminos a través de los cuales la petrolera
pretendía acceder por tierra a nuestra localidad. Como éramos pocos
y entraban por varios recorridos, teníamos que ir corriendo de camino
a camino". Y, así, de asentamiento en asentamiento, transcurrió un
año.
Las tentaciones por la lucha hermana surgieron, reconoce, pero
abandonaron la idea. "Las mujeres frenaron a los hombres que
apostaban por las armas", apunta el entrevistado. Defendieron la
estrategia a través del diálogo y recordaron el potencial de los medios
de comunicación, hasta ese momento monopolizados por el Gobierno
de turno que los utilizaba en su contra, según indica Gualinga.
"Daban la versión de la empresa petrolera y la oficial. Éramos el
punto rojo de la Amazonía, nos llamaban terroristas". Fue entonces
cuando Eriberto, cámara en mano, comenzó a documentar lo que
ocurría en Sarayaku. Los medios se interesaron y encontraron su
hueco.

"Sarayaku hizo la vida imposible a la empresa petrolera para
conseguir que abandonase el terreno. Su constancia les obligó a
retirarse. Aunque estaban militarizados, no pudieron avanzar",
celebra manteniendo la tranquilidad en sus palabras. "En 2003 la
petrolera se retiró, pero siguió intentando acceder de diferentes
formas, incluso hubo amenazas telefónicas. Finalmente la empresa
denunció al Estado de Ecuador por no poder realizar su actividad".
La sentencia de la Corte Interamericana
Necesitaban garantías de que aquella situación no se volvería a
repetir. Abrieron otra línea de acción en su batalla pacífica: la justicia.
Mientras agotaban las vías judiciales de su país sin cosechar ningún
éxito y acumulando sendos fracasos, optaron por acudir a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. "No queríamos que se
quedase así. El Gobierno se negaba a admitir lo que había hecho y
nos fuimos a Costa Rica –sede de la Corte– para acabar con la
impunidad del acoso a las comunidades indígenas”.
El tribunal internacional falló a su favor y pidió al Gobierno de
Ecuador que adoptase una legislación para garantizar la consulta a
los pueblos indígenas. Ahora exigen su cumplimiento. "El Gobierno
tiene que dialogar con las comunidades, ellos son los dueños de los
territorios donde se encuentra la deseada oferta petrolera. Saben que
nos opondremos y el discurso de Rafael Correa se aferra a que unos
pocos no podemos perjudicar al resto de la población ecuatoriana",
denuncia.
"Ecuador es un país petrolero desde toda su historia. Correa está al
frente del poder desde 2006. Es verdad que en esta época han subido
los precios del petróleo, lo que ha aportado grandes beneficios. Pero
no hemos visto un beneficio real de la extracción. Hemos visto mucha
publicidad y hasta ahora no hemos salido de la pobreza, mientras que
hemos sido petroleros durante todo este tiempo", explica el cámara,
quien se niega a pensar que las poblaciones indígenas deban
prescindir de su tierra por un bien común promulgado por el
Gobierno. "Sin embargo, si nos quitan la tierra, nosotros sí somos
pobres. El mantenimiento de la Amazonía es aportar algo que no es
dinero, es aportar vida".
El ejemplo más reciente del incumplimiento de esta sentencia es
la aprobación por la Asamblea Nacional de Ecuador de la explotación
petrolera en el Parque Nacional Yasuní, al este de la Amazonía
ecuatoriana. En un principio, a través de la iniciativa ambiental
Yasuní-ITT impulsada por el Gobierno de Correa, se pretendía no
tocar las reservas de crudo del parque a cambio de un fondo
internacional de 3.200 millones de dólares que compensaría la
pérdida de ingresos. Pero la cifra recaudada se quedó en los 13
millones. El plan fue suspendido y la extracción sigue adelante. "Allí

viven pueblos en aislamiento voluntario. Si llegan las petroleras,
seguramente los más afectados serán ellos", lamenta Gualinga. No
afectaría a los sarayaku pero su lucha, como la de las mujeres
indígenas, es conjunta. "Es una batalla de todos. La victoria de
Sarayaku ha tenido mucho que ver en la unión de los pueblos. Ahora
tenemos mucha más experiencia sobre cómo se puede resistir. Con
idiomas y culturas diferentes, nos hemos unido y esperamos la
victoria".
Documental: Los descendientes del Jaguar
https://www.youtube.com/watch?v=MisSLxg7vLk

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