Elementos para la discusión (gobierno)

ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN

Proyecto de Ley

Por el cual se regula el servicio público de la educación superior.

MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA EDUCATIVA

El siglo XXI y la globalización han generado múltiples desafíos para los ciudadanos del
mundo, imponiendo nuevas formas de producción en mercados abiertos, cada vez más
exigentes y competitivos. Con la llegada del nuevo milenio, se abrieron las puertas de
manera definitiva al conocimiento, al manejo de la información y al uso de las nuevas
tecnologías, lo que a su vez impone la necesidad de que todas las Naciones, en especial
aquellas que están en vías de desarrollo, trabajen por lograr una cultura abierta al cambio
y piensen su futuro de una manera diferente.

Esta nueva realidad, marcada por unos sistemas económicos que exigen la producción de
nuevos bienes, productos y servicios en los cuales el conocimiento y la innovación tienen
un valor cada vez mayor, determina la necesidad de desarrollar unas habilidades y
competencias comunes a todas las personas para competir. Pero también pone al orden
del día la necesidad de fortalecer la singularidad, la diferencia y la identidad cultural. La
respuesta a estos planteamientos está en la capacidad que cada país tenga, desde la
educación, para desarrollar a plenitud el potencial y la creatividad de cada ciudadano
como fuente de innovación y los talentos colectivos como principal herramienta para la
competitividad.

Colombia así lo ha entendido y viene trabajando desde hace dos décadas en construir un
proyecto educativo nacional acorde con estas nuevas exigencias. La expresión de esta
voluntad está contenida en la Constitución Política de 1991 que establece la educación
como un derecho y un servicio público con función social, que busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.

Con base en los postulados constitucionales, la Ley 30 de 1992 abordó de manera
especial la educación superior, a fin de desarrollar aspectos fundamentales como el
principio de autonomía universitaria, el Estatuto Orgánico, el funcionamiento de las
instituciones de educación superior públicas y privadas; promover la estructura del
sistema de acreditación y establecer los mecanismos de financiación para la educación
superior pública.

El Gobierno Nacional, el Honorable Congreso de la República, las Altas Cortes y los
distintos actores de la comunidad educativa han promovido desde entonces y en
consecuencia importantes iniciativas, expidiendo normas como la Ley 749 de 2002, la Ley
1002 del 2005, la Ley 1188 del 2008, la Ley 1286 del 2009 y la Ley 1324 del 2009 y
múltiples sentencias que han propendido por hacer del sistema de educación superior un
sistema de calidad, que dinamiza las funciones sustantivas de la educación dentro de las
que se encuentra la investigación y la innovación, y que permite que un mayor número de
jóvenes ingresen, permanezcan y se gradúen en el sistema.

De otro lado, el sector cuenta con el Plan Decenal de Educación 2006–2016, un ejercicio
participativo donde se definieron las prioridades educativas desde los distintos sectores y
actores de la comunidad académica. Dentro de estas prioridades, es de singular
importancia la promoción del acceso y permanencia de los jóvenes al sistema de
educación superior, la búsqueda de nuevas alternativas de financiación que garanticen la
posibilidad de mayores oportunidades de acceso, el imperativo de altos estándares de
calidad de la oferta educativa, su articulación con los demás niveles de educación y con
los sectores productivos y sociales y la permanente rendición de cuentas a la sociedad.
Bajo estos preceptos y desde su campaña, el Presidente de la República, Juan Manuel
Santos, asumió el compromiso de trabajar por mejorar la calidad de la educación en
Colombia, seguro de que este es el camino más directo hacia la prosperidad de los
colombianos y el riel sobre el que avanzarán las locomotoras de crecimiento económico
que le ha propuesto al País.

A partir de esta convicción, la política educativa se ha trazado la meta de avanzar en
cinco grandes áreas: mejoramiento de la calidad en todos los niveles educativos; atención
integral a la primera infancia; cierre de brechas en acceso y permanencia con un enfoque
regional; pertinencia para la innovación y la prosperidad; y eficiencia en la gestión y uso
de los recursos. Los énfasis de la actual política en materia de educación superior,
contemplan el mejoramiento continuo a través del fortalecimiento de la acreditación y el
sistema de aseguramiento de la calidad, la evaluación y el fomento. Así mismo, plantea
reducir las brechas de inequidad entre zonas urbanas y rurales, así como entre niveles
socioeconómicos y grupos poblacionales como las etnias, los desplazados por el conflicto
armado y aquellos con discapacidad y capacidades especiales, con el fin de generar
oportunidades de acceso, permanencia y graduación.

Para ello se ha propuesto llegar al 50% de cobertura en educación superior en el 2014,
generando 645.000 cupos nuevos, llegando al 75% de los municipios con oferta
pertinente y reduciendo la deserción al 40%.

Es una realidad que para lograr los niveles de desarrollo y competitividad que se
requieren para lograr el bienestar y la prosperidad deseados, el país debe avocar la tarea
urgente de incorporar de manera más contundente la innovación, el uso de nuevas
tecnologías, la investigación y el emprendimiento en la educación y en los procesos
pedagógicos. En este sentido es muy importante tener en cuenta que el 10% de las
regalías, si se aprueba la reforma que está en curso, serán invertidas en programas
regionales de ciencia y tecnología y el sistema de educación superior debe prepararse
para ser un pilar fundamental en este desarrollo.

Buscamos además la pertinencia, es decir, que la formación que reciban los jóvenes sea
la que demandan la sociedad, las empresas y el sector público, y que la educación
proporcionada sea coherente con las necesidades del país. En Colombia, el 66% de la
educación superior es universitaria y el 34% es técnica profesional o tecnológica, mientras
que en los países desarrollados la proporción es al contrario. Para lograrlo, se apoyará la
formación superior técnica y tecnológica —de la cual el SENA es una parte muy
importante— para que en unos años la proporción sea más coherente con las
necesidades del país. En la gráfica 1 se presenta la participación de la matrícula técnica
profesional y tecnológica en el total de la matrícula de educación superior:

Gráfica 1. Participación de la matrícula técnica profesional y tecnológica en el total de la matrícula
de educación superior. Los datos 2011 – 2014 son proyectados

En calidad, el objetivo es fortalecer y posicionar a nivel internacional el sistema de
aseguramiento, a través de los acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos y la
acreditación internacional del CNA. Actualmente, el 100% de los programas ya fueron
evaluados con condiciones de calidad para obtener el registro calificado, no obstante, se
requiere acompañar de forma diferenciada a las instituciones de educación superior en
sus procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo, con el fin de obtener la
acreditación de alta calidad en muchos más programas e instituciones.

Justamente para promover estos avances, se crearán los incentivos necesarios para que
las instituciones de educación superior se acojan no solo al proceso de registro calificado,
si no al proceso de acreditación de alta calidad y logremos que el 10% de las Instituciones
cuenten con dicha acreditación y el 25% de los programas. Todo lo anterior, sin dejar de
lado temas como la gestión, planeación y transparencia; la meta es convertir al sector
educativo en modelo de eficiencia, transparencia y gestión de la calidad.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Ante los complejos desafíos tanto presentes como futuros que se enfrentan en el ámbito
nacional y en el contexto internacional, es el sector de la educación superior un actor
fundamental al que se le imprime la gran responsabilidad de avanzar en la comprensión
de los distintos problemas sociales, económicos, científicos y culturales, así como en su
capacidad para enfrentarlos y proponer soluciones.

Hoy, es común a nivel internacional la necesidad de promover el fortalecimiento de los
sistemas de educación superior, fomentar mayor acceso de los jóvenes, generar nuevas
fuentes de financiación que soporten dicha expansión, fortalecer la calidad y la pertinencia
de la oferta académica reduciendo así la inequidad, y finalmente lograr que las actuales y
futuras generaciones desarrollen un pensamiento crítico y una ciudadanía activa, que les
permita dar respuestas a retos en materia de desarrollo sostenible, derechos humanos,
valores democráticos y en general, a todas las políticas que contribuyan al bienestar de la
sociedad.

La autonomía que tiene el sector de la educación superior, debe apuntarle entonces no
solo a promover la calidad y pertinencia de la oferta educativa, sino a ser cada vez más
un referente de apertura y de transparencia, entendiendo la diversidad de los actores de
nuestra sociedad.

Tal y como se expone en la declaración mundial sobre educación superior del 2009, en la
última década se han venido realizando esfuerzos muy importantes por mejorar el acceso
y garantizar la calidad de la educación superior. No obstante, aún subsisten grandes retos
en materia de acceso y considerables disparidades que constituyen una importante fuente
de desigualdad. El reto para un país como el nuestro, es justamente contar con sistemas
educativos incluyentes donde se acojan diversos tipos de estudiantes y una gama amplia
de instituciones tanto públicas como privadas.

La Unesco lo expresa en los siguientes términos “La Sociedad del conocimiento exige una
diferenciación cada vez mayor de funciones dentro de los sistemas e instituciones de
educación superior, con polos y redes de excelencia investigadora, innovaciones en
materia de enseñanza y aprendizaje y estrategias al servicio de la sociedad”. Lograr
alcanzar las metas que en países como el nuestro se están imponiendo en materia de
equidad y calidad en la educación superior, requiere de la creación de vías de acceso
más flexibles y del reconocimiento de los aprendizajes adquiridos y la experiencia laboral.

Igualmente, como parte de las tendencias observadas en los sistemas de educación
superior de América Latina y el Caribe, se encuentra que los planteamientos en materia
de acceso van de la mano de enormes desafíos en calidad; desafíos que demandan el
fortalecimiento de los sistemas de evaluación y de la cultura de la calidad en el sector, el
estímulo a la innovación, la investigación y el desarrollo de competencias de nuestros
jóvenes, en el marco de una educación a lo largo de la vida.

Por otra parte, cada vez se hace más importante que los distintos sistemas estén
inmersos en estrategias de internacionalización; las iniciativas de intercambios de
docentes, estudiantes e investigadores y el trabajo en red, son algunos dinamismos que
contribuyen al fortalecimiento de las capacidades nacionales y la generación del
conocimiento a escala regional.

Vale la pena señalar que en los últimos años, a nivel internacional se ha producido una
ola continua de reformas encaminadas justamente a dar respuesta a estos desafíos. En
diferentes paises y regiones se han creado organismos de acreditación y regulación; se
han definido estrategias que promueven la diversificación y flexibilización del sistema; se
ha promovido y expandido la educación virtual, los postgrados, la internacionalización y
las políticas de integración con una visión integral de la educación. Se han ampliado los
esquemas financieros para responder a los retos que enfrentan muchos países en materia
de cobertura y escasez de recursos públicos, adoptando mecanismos que en algunos
casos combinan el financiamiento directo público con el financiamiento público asociado a
indicadores, los fondos concursables, el financiamiento privado, los programas de crédito
educativo y otras estrategias, todas exigiendo rendir cuentas a la sociedad de la inversión
y los resultados en el sector.

En un análisis del sistema de educación superior colombiano, es importante tener en
cuenta las experiencias en el ámbito internacional en materia de cobertura, mejoramiento
continuo de la calidad, financiación, internacionalización, equidad y posicionamiento de la
educación, como motor de todas las transformaciones sociales.

Estas experiencias nos invitan a reflexionar sobre lo que hemos hecho en materia de
educación, su impacto y los grandes retos a mediano y largo plazo. Casos como los de
Brasil, Chile, China, Estados Unidos y Corea, entre otros, resultan muy ilustrativos y
fueron tenidos en cuenta al momento de estructurar esta propuesta, que hoy estamos
compartiendo con ustedes.

Brasil: A partir de la década de 1990, Brasil experimentó diversos cambios en su sistema de educación
superior, como respuesta a la escasez de recursos financieros, la creciente demanda de cupos y la exigencia
paulatina de programas que respondieran a los requerimientos de calidad y pertinencia que demandaba el
país; alcanzando el quinto lugar en el mercado de educación superior en el mundo y el más grande de
América Latina, con ingresos anuales de USD13 mil millones.

El sistema público de nivel superior ha implementado cambios importantes en sus modelos curriculares, en las
prácticas pedagógicas, en sus relaciones con el sector productivo, en las exigencias de calidad de la
formación de estudiantes y de las investigaciones, en los patrones laborales de los docentes, y en las
relaciones con el Estado, especialmente en materia de evaluación externa y regulación.

Estas reformas, junto con la expansión libre del sector privado con ánimo de lucro, permitieron un crecimiento
sostenido de la cobertura en educación superior. En 1996 las matriculas ascendían a 1.868.529 y en 2008 a
5.958.135 1 de estudiantes, alcanzando una cobertura en educación superior de 34% 2 . El sistema presenta un
número de instituciones públicas que asciende a 220, frente a 2.032 de carácter privado, de las cuales
alrededor del 80% son con ánimo de lucro; éstas tienen una participación en la matrícula del 75% (cercana a
4.8 millones de estudiantes en 2009). En el último lustro se estima un crecimiento en 1.8 millones de
estudiantes de educación superior en instituciones privadas, de los cuales 1.5 millones son personas de bajos
recursos socioeconómicos (la tasa de crecimiento de matricula estimada entre 2009-2012 es del 6% anual).

Las IES privadas pueden ser sin fines lucrativos —es el caso de las “comunitarias” y confesionales—y con
fines de lucro. Las IES se organizan como universidades, que imparten docencia, extensión, investigación y
postgrado, en general involucrando diversos sectores de conocimiento; centros universitarios (sin obligación
de hacer investigación), y facultades (colleges). Un 92% del total de 2.398 instituciones se dedican solamente
a la enseñanza y están orientadas a impartir una rápida titulación, para facilitar la inserción en el mercado
laboral 3 .

El financiamiento del sistema público brasileño es responsabilidad del gobierno central, en el caso de las IES
públicas federales, y de los gobiernos de los respectivos estados, cuando se trata de las IES estaduales. El
73% de la matricula y el 90% de las instituciones son privadas; adicionalmente, la expansión del sector ha
sido acompañada de programas de financiamiento estudiantil: PROUNI (Programa Universidad para todos) y
FIES (Programa de Financiamiento Estudiantil), el primero tiene como objetivo la concesión de becas
parciales y totales de postgrado y formación específica secuencial en las instituciones privadas de educación
superior, quienes se adhieren al programa y a cambio se les ofrece la exención de algunos impuestos. El
programa FIES está destinado a financiar principalmente a los estudiantes de pregrado que no pueden
afrontar los costos de su educación y están matriculados en instituciones, a través de crédito educativo o
financiación a los beneficiarios de becas parciales del programa PROUNI, los cuales son seleccionados de
acuerdo a criterios establecidos por el gobierno y en instituciones evaluadas positivamente en los procesos de
calidad oficiales. Los recursos para este programa provienen del Gobierno Federal, a través del Ministerio de
Educación y Cultura y del sector privado, a través de las instituciones privadas de educación superior.

1
Enrollment in all programmes. Tertiary. En http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx
2
Estadísticas UNESCO,
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=760
3
Dias Sobrinho J y. de Brito Marcia. La educación Superior en Brasil: principales tendencias y desafíos. En
http://www.scielo.br. P. 489

Las IES privadas firman contratos por diez años (prorrogables) con el gobierno federal, de tal forma que se
comprometen a dar un porcentaje mínimo de becas sobre el total de alumnos (10% aproximadamente) en los
programas escogidos. De igual forma se garantiza el acceso a estos beneficios a minorías étnicas y a
personas con discapacidad. Los fondos también contemplan recursos para gastos complementarios que
permiten cubrir los gastos diferentes a la matricula.

Además de sus presupuestos, las IES captan otros recursos a través de sus fundaciones de apoyo y mediante
las prestaciones y ventas de servicios, alquiler de espacios, convenios con empresas etc. La distribución de
presupuestos para las IES públicas federales está siempre asociada a la evaluación de sus resultados en
cuanto a número de estudiantes y de cursos.

Como se mencionó, la expansión del sector privado con ánimo de lucro, fue determinante para el crecimiento
permanente de la cobertura en educación superior en el Brasil. Por supuesto, esto ha generado una variedad
de instituciones de diversos tipos, tamaños y la proliferación de las pequeñas instituciones privadas con una
oferta correspondiente y ajustada al perfil y las demandas de sus estudiantes. Esta situación ha sido
acompañada desde 2004 con la implementación del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación
Superior (SINAES), el cual involucra todas las dimensiones institucionales y articula diversos instrumentos y
metodologías.

En este sentido, el SINAES tiene como objetivo permitir el seguimiento de la evolución de la calidad en la
educación superior y permitirle al Gobierno brasilero llevar a cabo el proceso de acreditación o renovación
para las instituciones cada 5 años, al garantizar la Evaluación Institucional, interna y externa, que abarca el
análisis global e integrado de las dimensiones, estructuras, relaciones, compromiso social, actividades, metas
y responsabilidades sociales de las instituciones la educación parte superior de sus cursos, el carácter público
de todos los procedimientos, datos y resultados del proceso de evaluación. Los resultados de la evaluación
proporcionarán referencia básica de los procesos de regulación y supervisión de la educación superior y se
4
constituye en garante de la calidad del sistema .

Chile: En los últimos años la matrícula en educación superior ha tenido un crecimiento importante al pasar de
542.580 estudiantes de pregrado en 2003 a 835.247 en 2009 y de 14.911 de postgrado a 27.475, en el mismo
periodo de tiempo, lo que representa una cobertura del 20% en pregrado y 20% en postgrado.

La expansión del sistema ha estado acompañada de la consolidación del sistema del aseguramiento de la
calidad y del diseño e implementación de distintos mecanismos de financiación, que incluyen: El Fondo
Nacional de Becas para los estudiantes más desfavorecidos, el subsistema de Crédito Solidario para
Estudiantes de las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), Ayudas Estudiantiles en Instituciones
(universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica) autónomas y acreditadas, becas de
arancel para los estudiantes más pobres y crédito solidario para los estudiantes en universidades del CRUCH,
el fondo de maestrías y doctorados, y por el lado de la oferta el Programa de Mejoramiento de la Calidad y
Equidad de la Educación Superior (MECESUP), que fue diseñado como el instrumento de política y fomento
del Gobierno de Chile.

Dichos instrumentos tienen como objeto apoyar el acceso a los estudiantes del sistema, focalizarse en
proyectos de desarrollo y mejoramiento académico que involucran la Renovación Curricular; la modernización
de la oferta educacional universitaria y su articulación con los demás niveles de la educación superior; el
reforzamiento de personal académico con doctorados; la renovación curricular centrada en el estudiante; el

4
Marcelo Recktenvald. SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SINAES): Avaliação
Emancipatória ou Regulação? En http://www.assevim.edu.br/agathos/2edicao/marcelorecktenvald.pdf

apoyo sostenido al doctorado nacional y la introducción experimental de convenios de desempeño en
universidades del Estado.

No obstante, estos avances demostrados, actualmente se está estudiando una propuesta de Reforma de la
Educación Superior que toma en cuenta las recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial quienes
realizaron una evaluación al sistema. Dentro de los temas a abordar se destacan: el mejoramiento de la
gobernabilidad institucional en los temas de aseguramiento de la calidad; la creación de instituciones con
ánimo de lucro, la asignación de recursos a instituciones sin ánimo de lucro a través de convenio de
desempeño; mayores y mejores mecanismos de rendición de cuentas; unificación del sistema de becas; la
implementación de un Sistema de Información unificado; el desarrollo de un Marco Nacional de Comentario [J1]: A las
5
Cualificaciones y la revisión de currículos que permitan el desarrollo de un sistema más flexible y articulado . citaciones les falta la fecha de
consulta (marzo 2009) etc.
China: Durante las últimas dos décadas la región de Asia Pacífico se ha convertido en el mercado de
educación superior de mayor crecimiento global. Los países del Este asiático tienen alrededor de 50 millones
de estudiantes, (14 millones en 1991). Especialmente, después de experimentar la crisis de finales de los
noventa, estos países son más conscientes de la importancia del desarrollo de la educación superior.

En China, que se ha convertido en el segundo mercado de la educación superior, al pasar de 2 millones de
estudiantes en 1990 a 22 millones en 2006, como se observa en la gráfica 2, los esfuerzos por tener
universidades de clase mundial se iniciaron en 1998, con el “Proyecto 985”, con el cual se decidió concentrar
los recursos financieros en el desarrollo de este tipo de instituciones y la creación de estrategias para atraer
recursos de otros sectores. Más de 30 universidades se han creado con este proyecto, los fondos destinados
por parte de diferentes ministerios a éstas son sometidos a procesos de evaluación y control, por parte de los
ministerios de educación y el de finanzas, los cuales premian o sancionan a las IES de acuerdo a su nivel de
ejecución presupuestal.

Crecimiento de la matrícula y la cobertura en educación superior. (1990-2006)

Gráfica 2. Crecimiento de la matrícula y la cobertura en educación superior. (1990-2006)

Fuente: China’s Move to Mass Higher Education: The Policy Process Qiang Zha, York University
Jing Lin, University of Maryland

5
Sistema de Educación Superior de Chile http://600.mineduc.cl/informacion/info_nive/nive_supe/index.php
Resumen de Matrícula de Educación Superior 2009.
http://www.mineduc.cl/usuarios/sies/File/PROCESOSSIES2009/Resumen-Matricula-Total-2009-SIES-20092.pdf
Mecesup2 http://www.mece2.com/info_mece2/sitio/
OECD, BANCO MUNDIAL. La Educación Superior en Chile; consultado en:
http://www.mineduc.cl/usuarios/sies/File/ESTUDIOS/ENCARGADOS/la-es-en-chile.pdf, 2009.

No obstante, ha sido necesario profundizar los procesos de descentralización y autonomía para dar pasos
hacia procesos de gestión compartida (“gongjian”), de tal forma que el ministerio se encarga de funciones de
coordinación, mientras los gobiernos locales tienen mayor autonomía para la gestión y asignación de recursos
hacia las IES.

La presión fiscal por entregar cada vez mejores resultados con ingresos similares o menores, han llevado a la
educación superior a incrementar sus procesos de mercadeo y privatización, los cuales se han profundizado
en los territorios anteriormente coloniales (Hong Kong y Taiwán) que heredaron modelos de escolarización
más internacionales y flexibles.

Para aumentar los recursos y volver más eficientes los servicios prestados, se han adoptado diferentes
estrategias de mercado que incluyen el cobro de matrícula y el fortalecimiento de las relaciones con el sector
empresarial y el desarrollo de actividades de mercado que generen ingresos.

Por su parte, el sector de las IES privadas (1500 aprox.) es el que más ha desarrollado su capacidad para
alcanzar el 20% del total de estudiantes de educación superior en China y pasar de 22 mil estudiantes en
1998 a más de 5 millones en 2008. Se subdividen en tres clases: Tipo I, la cual otorga títulos propios; Tipo II,
las cuales ofrecen diplomas compartidos; y por último, las Tipo III, que preparan los estudiantes para los
exámenes nacionales. Contrario a las IES públicas, este sector basa sus ingresos en 87% en la matrícula, y
en un 8% en inversiones de sus administradores.

Otro de los procesos destacados ha sido el de la internacionalización de la educación superior, el cual ha
permitido estudiar fuera de su país a más de un millón de personas (desde 1978) de las cuales han regresado
alrededor de 300 mil. En cuanto a los estudiantes acogidos el número asciende aproximadamente a 162 mil
(2006), provenientes de 184 países. Adicionalmente, son más de 165 los programas ofrecidos de
universidades internacionales, mientras que el principal esfuerzo de expansión de la cultura china se focaliza
en los Centros Confucio, los cuales son una iniciativa originada por el Ministerio desde 2004.
Corea: Otra experiencia internacional que conviene mencionar es la de Corea del Sur. A comienzos de 1990
se planteo la democratización, la desregulación y la descentralización de la educación superior, siendo la
autonomía y la competencia el principal vehículo considerado para la mejora de la calidad de la educación.
Las medidas que se adoptaron estuvieron enfocadas en parte a que la ayuda financiera del Ministerio de
Educación debería estar relacionada con la evaluación de la actuación y desenvolvimiento de la universidad.
El gobierno indujo la participación del sector privado en la educación mediante la creación de escuelas y
universidades y, para tal efecto, proveyó de incentivos en la forma de excepciones en los impuestos así como
6
subsidios públicos. Con la creciente demanda sobre cupos en educación superior, el sector privado ganó
importancia, de tal manera que Corea se basa más en recursos privados para la educación superior que
cualquier otro país de la OCDE 7 .

El caso coreano es interesante por la mezcla que se ha dado entre la participación del gobierno y la
participación del sector privado. Aunque el gasto en educación como porcentaje del PIB es mayor que en
otros países de la OECD (2.4% vs 1.3%) este gasto en el año 2005 representaba sólo el 25% del total de

6 Kim, Young-Hwa : Concurrent Development of Education Policy and Industrialization Strategies in Korea (1945-95): A
Historical Perspective. Journal of Education and Work Vol. 13, No 1. March 2000.

7
Sunwoong Kim and Ju-Ho Lee. Changing Facets of Korean Higher Education: Market Competition and the Role of the
State. University of Wisconsin – Milwaukee. 2004

gasto en educación superior, siendo el remanente provisto por el sector privado. En 2007, el 88% de las
universidades y el 93% de los centros universitarios intermedios eran privados mientras que todas las IES
enfocadas en formar educadores eran públicas

En la actualidad, los esquemas de financiamiento son variados. El Esquema de Préstamos Garantizados por
el Gobierno (GGSL en inglés) fue introducido en 2005 para reemplazar un programa anterior de créditos
subsidiados. Es un esquema de créditos comerciales a través de 16 bancos con un período de repago de 20
años. El gobierno subsidia el 100% de los intereses a los estudiantes más pobres y una porción menor (30%)
de los intereses a los grupos de ingresos medios. El Ministerio creó un fondo de garantías que cubre el 90%
de la pérdida del banco comercial.

Igualmente, existe un nuevo programa puesto en marcha en 2010, denominado Estudie Ahora Pague
Después. Está enfocado en los estudiantes del ingreso más bajo de la pirámide. Es una respuesta al GGSL
que en algunos casos ha sido señalado de ser demasiado oneroso en su esquema de repago. Este nuevo
programa es de ingreso contingente, con un período de gracia durante la época de estudios y deberán pagar
el capital y los intereses por un período de 25 años. En Corea la innovación financiera es el hecho que más
resalta. El gobierno participa mediante la compra de préstamos educativos y la titularización de éstos para
venderlos en forma de bonos empaquetados. El nuevo esquema de ingreso contingente aún está por ver sus
resultados pero indudablemente es un esfuerzo por llegar de manera más efectiva a la base de la pirámide.

IMPACTO EN CALIDAD – INSTITUCIONES CON ÁNIMO DE LUCRO

Dentro de las revisiones normativas llevadas a cabo en países de la OCDE en el tema de educación superior,
se destaca la realizada recientemente por Estados Unidos, específicamente a la financiación de la demanda
en instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro; las cuales han tenido un crecimiento en su
matrícula de 236% en el periodo 1998-2009 y actualmente representan el 12% del total de estudiantes de ese
nivel educativo (20% del total de estudiantes de raza negra de educación superior y 24% del total de
beneficiarios de Pell Grant, los cuales son ayudas federales destinados a cubrir un porcentaje de la matrícula
de estudiantes de bajos recursos) 8 .

La administración Obama ha repensado la normatividad en lo referente al acceso a recursos de subsidios
9
federales , permitiéndola en casos en que se demuestre que un porcentaje mayor al 45% de los beneficiarios
10
estén pagando su deuda y que el servicio de ésta no comprometa más del 20% de sus ingresos . Estas
medidas instan a las universidades a ayudar a sus estudiantes en la búsqueda efectiva de empleo de sus
graduandos (Gainful Employment) que permita el pago de sus deudas educativas al concluir sus estudios.

Un caso más cercano es el brasilero, donde la expansión del sector privado con ánimo de lucro fue
determinante para el crecimiento permanente de la cobertura en educación superior. Por supuesto, esto ha
generado una diversificación de instituciones en cuanto a tipos, tamaños y la proliferación de las pequeñas
instituciones privadas con una oferta correspondiente, ajustada al perfil y las demandas de sus estudiantes.
Esta situación ha sido acompañada desde 2004, como se mencionó arriba, con la implementación del Sistema
Nacional de Evaluación de la Educación Superior (SINAES) el cual involucra todas las dimensiones
institucionales y articula diversos instrumentos y metodologías.

8
The Education Trust. “Subprime Opportunity: The Unfulfilled Promise of For-Profit Colleges and Universities”.
2010, pág. 2. http://www.edtrust.org/sites/edtrust.org/files/publications/files/Subprime_report_1.pdf
9
“For-profits: two new rules that really matter”. En http://voices.washingtonpost.com/college-
inc/2010/06/the_obama_administration_on_tu.html

10 “Obama Urged To Support Regulations On For-Profit Colleges And Student Debt”. En
http://www.huffingtonpost.com/2011/01/26/obama-urged-to-support-for-profit-college-regulations_n_814618.html

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La educación superior es una excelente herramienta para avnazar en equidad. La
empleabilidad y las expectativas de ingreso de una persona con un título de educación
superior son sensiblemente mejores comparadas con las de un bachiller. Según el DANE,
entre octubre y diciembre de 2010, en las 13 áreas metropolitanas la ocupación total
creció 4,4 por ciento con respecto a igual periodo del 2009, mientras que el empleo de
personas con educación superior aumentó 6,6 por ciento, y el empleo formal para ellos se
incrementó en 7,8 por ciento.

En el año 2002 se graduaron 414.424 bachilleres, mientras que en el 2010 esta cifra
ascendió a 625.466. Son precisamente a estos y a los jóvenes que se graduarán en los
próximos años, a quienes se debe asegurar el tránsito a la educación superior con
programas pertinentes y de calidad. En la Gráfica 3, se presenta la proyección de
bachilleres al 2019; la cifra será cercana a un millón. La presión de este gran número de
bachilleres sobre el sistema de educación superior es cada vez mayor. Hoy ingresan
alrededor de 450.000 jóvenes al año a la educación superior.

Proyección Bachilleres Colombia ‐ 2019
1.000.000

909.330

900.000 873.641
820.229
888.894
B 850.794
800.000
a
772.379
c
h
700.000
i
l
l
600.000 625.466
e
r
e
500.000
s

414.424
400.000

300.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Año
Bachilleres total Población de 16 años

Gráfica 3. Proyección de bachilleres al 2019. Los datos de 2010 a 2019 son proyectados

Es importante anotar que de quienes se gradúan como bachilleres, una tercera parte
ingresa a la educación superior el año inmediatamente siguiente a su grado y otra tercera
parte ingresa en un momento posterior; el último tercio nunca ingresa.

Adicionalmente, si a este último tercio que no ingresa a la educación superior se suma
quienes ingresaron al sistema pero desertaron, la cifra asciende a 3.300.000 jóvenes que
hoy están entre los 17 y los 27 años y no se han graduado de la educación superior.

Esta cifra proyectada a 2014, en caso de mantenerse las condiciones actuales, ascenderá
a 4.856.00de jóvenes menores de 27 años que no tienen educación superior y que por lo
tanto les será más difícil salir de los niveles de pobreza en los que se encuentran. En la
gráfica 4, se presentan la población bachiller que no ingresa a la educación superior y que
ingresa pero deserta para el periodo 2002-2014.

Acumulado a
2014: 4.856.000

Acumulado a
2010: 3.300.000

Gráfica 4. Población bachiller que no ingresa a la educación superior y que ingresa pero deserta
(2002-2014). Los datos de 2010 a 2014 son proyectados

Estas cifras explican parcialmente el por qué la tasa de desempleo en jóvenes entre 17 y
27 años es significativamente mayor que en el resto de la población (. Si observamos la
tabla vemos que el desempleo en esta población ha bajado conforme la tasa de cobertura
de la educación superior ha subido. El que los jóvenes estén estudiando impacta el
desempleo, la inseguridad y los niveles de pobreza.

Indicadores anuales 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tasa de desempleo 15,00% 15,50% 14,10% 13,60% 11,70% 12,00% 11,10% 11,30% 12,00%
nacional
Tasa de desempleo 25,07% 25,88% 24,46% 24,11% 21,60% 21,28% 19,70% 20,30% 21,07%
jóvenes 17 a 27

Fuente DANE

Es entonces imperativa subir los niveles de cobertuta de la educación superior. Un paso
importante, que países como Chile esperan obtener en el año 2012, es lograr una
cobertura en educación superior del 50%, propuesta del Plan nacional de Desarrollo
2011-2014. Esta meta implica pasar de 1.680.000 estudiantes a más 2.180.000 jóvenes
que podrán graduarse de una educación superior de calidad, que asegure la igualdad de
oportunidades y atienda a las expectativas y las demandas de la sociedad. En la gráfica 5,
se presenta la tasa de cobertura en educación superior al 2014, con la meta de 50%.

Tasa de cobertura en educación superior
2002 ‐ 2014*
60,0%
50,0%
50,0%
40,0% 46,3%
39,8% 42,9%
30,0% 37,1%
34,1% 35,3%
20,0% 28,4% 30,0% 31,7%
24,4% 25,6% 27,0%
10,0%
0,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014*
Año

Gráfica 5. Proyección de la tasa de cobertura en educación superior al 2014. Los datos 2011 a
2014 son proyectados.

La Ley 30 de 1992 dio un giro fundamental a la dinámica del sector en el país, afrontado
una transición hacia un modelo de crecimiento donde la educación superior se convirtió
en parte activa de las políticas públicas. Como tal, la sociedad comenzó a exigir, en el
marco de la autonomía, reformas que apuntaran a lograr un uso más racional de los
recursos y una mejor calidad de la educación.

La nueva Carta Política de 1991, fijó el proyecto educativo del país en el que la educación
es un derecho y un servicio público con función social. A través de ella se buscó el acceso
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Así
mismo, se consagró la participación de distintos estamentos en los gobiernos escolares y
universitarios y se garantizó la autonomía universitaria. La Ley 30 por su parte, desarrolló
específicamente aspectos fundamentales como el principio de autonomía universitaria, el
estatuto orgánico, el funcionamiento tanto de las instituciones de educación superior
públicas como privadas y estableció una regulación respecto a los organismos asesores
de la educación superior, promoviendo la estructura del sistema nacional de acreditación,
el sistema nacional de información, y en su vigencia se ha venido consolidando lo
que hoy es el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

En cuanto a financiación, la Ley 30 dio un paso fundamental al garantizar en su artículo
86 el sostenimiento de las universidades públicas mediante aportes anuales en pesos
constantes, tomando como base los recursos girados por la Nación y las entidades

territoriales en 1993. Por otra parte, el artículo 87 de la misma Ley, dispuso de unos
recursos adicionales sujetos al crecimiento de la economía que se otorgan actualmente a
las universidades según los resultados en materia de formación, investigación, bienestar y
extensión. Sin embargo, no fue sino hasta 1998 que las universidades oficiales dejaron de
ser tratadas presupuestalmente como establecimientos públicos, pues la Corte
Constitucional consideró que este tratamiento era violatorio de la autonomía universitaria.
A partir de ese momento, la Nación y los entes territoriales debieron concurrir en la
financiación de la universidad pública de acuerdo con lo consignado en la Ley, que
garantiza los aportes gubernamentales en términos reales a cada una de las instituciones
públicas.

En términos generales podemos afirmar que, los postulados de la Ley 30 han permitido a
las universidades alcanzar importantes logros en el desarrollo de sus actividades
misionales. En la última década se han venido adelantando esfuerzos importantes en el
país para garantizar la expansión y el mejoramiento de la calidad del sector, lo que en
materia de financiación se expresa en un aumento de gasto público en educación con
relación al PIB; un importante incremento de cobertura superando el promedio
latinoamericano y el posicionamiento del sistema en materia de evaluación y certificación
de la calidad.

En el cuadro siguiente se presenta la evolución de los aportes del Gobierno Nacional a las
Universidades Públicas.
TIPO DE RECURSO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aportes Nación -
Funcionamiento (art
86+art 87)
1.190.856 1.336.932 1.419.948 1.507.126 1.614.182 1.706.155 1.792.706 1.935.147 2.042.492 2.112.988
Aportes Nación -
Inversión
36.887 39.100 41.237 42.803 46.126 48.271 50.744 54.085 56.789 58.993
Apoyo de votaciones
13.621 18.000 18.540
Fondo cobertura Icete 70.000
Ley 1324 de 2009 41.835 45.409
Aportes Entidades
Territoriales* 97.360 109.371 129.339 139.990 146.990 188.811 197.307(p) 201.253(P) 207.253(P)
Colciencias 15.079 20.409 16.354 16.938 21.156 74.587 92.000(p) 123.840(P) 127.555,2(P)
TOTAL ESTADO 1.488.471 1.590.965 1.695.622 1.817.236 1.922.572 2.106.847 2.292.161 2.554.209 2.570.738

Hoy la cobertura en educación superior llega al 37%, tasa superior al promedio
latinoamericano. Entre el 2002 y el 2010, la matrícula de pregrado creció en 69,3% al
pasar de 937.889 a 1.587.928 estudiantes. Igual tendencia se observa en el número de
programas de pregrado que mostraron un crecimiento de 1183% para el mismo periodo. A
nivel de postgrado el número de matriculados pasó de 62.259 a 86.492, el número de
programas creció un 1339% al pasar de 296 a 3962 programas. En la gráfica 6, se
presenta la matrícula de pregrado entre 2002 – 2014.

Gráfica 6. Matrícula de pregrado 2002 – 2014. Los datos 2011 – 2014 son proyectados

En cuanto a los niveles de calidad también ha sido importante el progreso. Se creó el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad; hoy el 100% de los programas cuenta con
certificación de condiciones de calidad, al igual que el 25% de los programas del SENA, y
el 13% del total de los programas cuenta con acreditación de alta calidad. Existen 21
instituciones de educación superior acreditadas institucionalmente, de las cuales 8 son
públicas y 13 son instituciones privadas. Los grupos de investigación registrados por
COLCIENCIAS pasaron de 809 en 2003 a 4072 en 2010; las revistas indexadas crecieron
en 350% al pasar de 90 a 405. El sistema cuenta hoy con tan solo un 13.5% de sus
docentes en tiempos completos equivalentes con formación doctoral. Aun así, en
comparativos internacionales ninguna universidad colombiana aparece entre las 15
primeras de América Latina y ni entre la primeras 500 del mundo.

Del mismo modo, es importante señalar el rol del crédito educativo como movilizador de la
demanda, así como el papel que tiene en este proceso el ICETEX, el cual en los últimos
años ha beneficiado a 285.579 estudiantes, 87% de ellos de estratos 1, 2 o 3. La
inversión del ICETEX ha alcanzado $2 billones 882 mil millones. Aun así, solamente el
18% de los estudiantes de instituciones privadas tiene crèdito educativo.

El crédito educativo es una herramienta de responsabilidad social comprobada, que
adicionalmente impulsa la calidad y disminuye la deserción. Según estudios realizados
por dos universidades del país, se demostró que la probabilidad de deserción disminuye
en un 3% en los estudiantes que financian su educación con créditos educativos.

No obstante, como afirma la OCDE, en ningún otro momento de la historia ha sido más
importante que ahora la inversión en educación superior, por ser la fuerza primordial para
la construcción de sociedades del conocimiento integradoras, que fomenten la
investigación, la innovación y la creatividad. Si Colombia quiere asumir este reto y
alcanzar indicadores con niveles similares en América Latina a los de Chile o con
instituciones del nivel e impacto de las mejores de la región, o como meta más ambiciosa

alcanzar el promedio de la OCDE, se requiere una reforma integral en el sistema que
permita en los próximos años contribuir a la formación de muchos más jóvenes como
ciudadanos éticos, con competencias sólidas que respondan a las exigencias de hoy y del
mañana y fomenten el desarrollo sostenible.

Hoy, casi dieciocho años después de la expedición de la Ley 30 de 1992, la visión del
país está puesta en nuevas y ambiciosas metas de calidad y cobertura en educación
superior. Es una realidad que han surgido nuevas necesidades de formación en todos los
sectores sociales y productivos del país, la sociedad demanda un recurso humano cada
vez más capacitado. Las Instituciones de Educación Superior están bajo una presión cada
vez mayor por parte de la sociedad, que a su vez exigen injentes demandas de recursos
humanos, físicos y tecnológicos. En muchos aspectos se requeiren entonces cambios
estructurales en el sistema de tal manera que se pueadan afrontar estso importantes
retos. Por ello, es necesario repensar diversos temas que no fueron resueltos de manera
suficiente por la Ley 30 y otros que definitivamente están ausentes. Se hace necesaria
una nueva Ley que se armonice con los últimos desarrollos normativos y responda a la
actual estructura del sector de la educación, con miras a alcanzar los grandes retos que
nos hemos impuesto como país en esta materia.

En este marco, el Ministerio de Educación Nacional espera trabajar con las distintas
instancias del Gobierno Nacional, múltiples actores sociales y con el sector a través de
sus organizaciones y asociaciones, tales como el Sistema Universitario Estatal (SUE); la
Asociación Colombiana de Universidades (ASCÚN); las Asociaciones Colombianas de
Instituciones de Educación Superior con Formación Tecnológica y Técnicas Profesionales
(ACIET y ACICAPI); representantes estudiantiles y comunidad académica, en la
construcción de una reforma para presentar al Congreso de la República, a partir de la
propuesta que se presenta a consideración, a fin de garantizar el fortalecimiento del
sector y nuevas estrategias de financiación, reconocer las distintas dinámicas, armonizar
con las tendencias a nivel internacional y responder a los retos que en materia de
calidad, acceso, pertinencia y buen gobierno impone la educación superior en el país.

PROPUESTA DE ARTICULADO

I. PRINCIPIOS

El principio de la autonomía universitaria consagrado en la Constitución Política y
desarrollado por la ley y la jurisprudencia —estableciendo su fundamento, alcance y
límites— debe entenderse como un atributo constitucional que permite a las instituciones
de educación superior organizarse bajo los parámetros que consideren necesarios o
pertinentes para alcanzar la excelencia requerida y hacer efectivos otros derechos de
rango constitucional como la educación.

Es así como, para la Corte Constitucional 11 , el artículo 69 de la Constitución de 1991
reconoce en forma expresa la autonomía de los centros de educación superior, como una
garantía institucional que busca preservar la libertad académica y el pluralismo ideológico,
en los cuales se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho (C.P. art. 1º). Por
consiguiente, esta facultad o atributo colectivo de la institución es independiente pero
inescindible de derechos subjetivos, que en ocasiones la complementan y en otras la
limitan. Así pues, la autonomía universitaria se relaciona íntimamente con las libertades

11 Sentencia T-310 de 1999.

de cátedra, enseñanza, aprendizaje e investigación (C.P. art. 27), con los derechos a la
educación (C.P. art. 67), al libre desarrollo de la personalidad (C.P. 16) y a escoger
libremente profesión u oficio (C.P. art. 26); lo cual explica porqué en algunas
circunstancias puede ser vista como una garantía y en otras como un “derecho limitado y
complejo”.

Ahora bien, dada esa relación estrecha entre autonomía universitaria y derecho a la
educación, no basta con que las instituciones de educación superior actúen con
independencia del poder público, sino que, además, justamente para confirmar la
legitimidad de esa permisividad jurídica que emana del concepto de autonomía, se
requiere que todas las instituciones generen programas académicos con calidad, que
garanticen su excelencia, brinden respuestas satisfactorias a las necesidades colectivas y
a los intereses de la comunidad y que guarde correspondencia con los recursos y fines
que le han sido encomendados, pues cualquiera que sea el origen de sus recursos deben
propender por mejorar cada vez más la prestación del servicio público de la educación.

Con todo acierto previene la Corte 12 que «(…) esa caracterización no las hace ajenas a su
entorno o irresponsables frente a la sociedad y al Estado, el ejercicio de la autonomía
implica para las universidades el cumplimiento de su misión a través de acciones en las
que subyazca una ética que Weber denominaría "ética de la responsabilidad", lo que
significa que esa autonomía encuentre legitimación y respaldo no sólo en sus propios
actores, sino en la sociedad en la que la universidad materializa sus objetivos, en el
Estado que la provee de recursos y en la sociedad civil que espera fortalecerse a través
de ella; se trata de que quienes conforman la universidad trasciendan su propia e
individual convicción de que lo que hacen es lo pertinente, lo conveniente, lo razonable,
sometiéndolo a consideración no solo de sus pares, sino de esos otros actores de la
sociedad, que evaluarán si la autonomía ejercida por sus universidades prevé, como le
corresponde, incluso lo no previsible, teniendo en cuenta las consecuencias e impacto de
sus acciones en la sociedad, e identificando en el individuo que educa no a un mero
instrumento para sus propios objetivos, sino, a un universo individual, único y
diferenciable».

Es así como este proyecto de Ley parte del reconocimiento y respeto de la autonomía
universitaria al reafirmar las facultades de las instituciones educativas para determinar su
orientación ideológica, dotarse de su propia organización interna, darse sus estatutos,
desarrollar los planes de estudio y programas académicos, formativos, científicos y
culturales que consideren pertinentes, por una parte, y por la otra al identificar las
necesidades que se espera sean satisfechas por las instituciones de educación superior.

El proyecto insta a que las instituciones de educación superior asuman la importancia que
este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico del país y para
la construcción del futuro nacional y de la humanidad, y en consecuencia resulta
imperativo que se construyan lazos con los distintos sectores, se promueva la
internacionalización y se rindan cuentas a la sociedad y el Estado sobre sus procesos y
resultados del desarrollo misional, así como de sus recursos financieros, físicos, y
humanos.

Igualmente, la propuesta resalta el papel de la educación superior en la pertinencia de la
formación del capital humano que requiere el país, ya que no solo el acceso al sistema
garantiza una mayor equidad y en consecuencia real movilidad social.

12 Sentencia C-220 de 1997.

Al respecto, es pertinente destacar que la transparencia, la información y rendición de
cuentas son pilares de un Estado Social de Derecho, y forman parte de lo que en la
literatura internacional se conoce bajo la denominación de accountability, que en países
industrializados como Estados Unidos y Gran Bretaña especialmente, se ha convertido en
un principio de la vida pública. En consecuencia, se definen en el Proyecto de Ley, con
estricta observancia y respeto de la institución constitucional de la autonomía universitaria
y sus desarrollos jurisprudenciales, los mecanismos y el tipo de información con base en
los cuales la comunidad en general y el Estado en particular podrán vigilar y hacerle
seguimiento al ejercicio del derecho constitucional y a la educación como servicio público,
con una función social según lo consagrado por el artículo 67 de la Constitución Política.

II. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Con el objetivo fortalecer y flexibilizar la oferta de educación superior en el país, el
proyecto propone reconfigurar el sistema de educación superior, reforzar la autonomía en
la denominación de las IES y mantener la denominación de “Universidad”, con
condiciones específicas.

Por otro lado, busca que la oferta de programas de educación superior dependa de la
capacidad de las IES verificadas por el sistema de aseguramiento y no de la tipología de
la misma.

Actualmente, existen en Colombia cinco tipos de instituciones de educación superior:
universidades (80), instituciones universitarias (114), instituciones tecnológicas (51), e
instituciones técnicas (41). A ellas es necesario sumar las instituciones de régimen
especial y las escuelas normales que ofrecen el ciclo normal superior, las cuales, en la
actualidad, no son consideradas IES. La diferencia entre los distintos tipos de IES no es
clara. Según la Ley 30 de 1992, complementada posteriormente por la Ley 115 de 1994,
las instituciones se diferenciaban según el tipo de programas que podían ofrecer, así:

Tipo de IES Facultadas para

Instituciones técnicas «Ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter
profesionales operativo e instrumental y de especialización en su respectivo
campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos
propios de este nivel» (Ley 30/1992 art. 17).

Instituciones «Ofrecer programas de formación en ocupaciones, programas
tecnológicas de formación académica en disciplinas y programas de
especialización en sus respectivos campos de acción» (Ley
115/1994, art. 213).

Instituciones Aunque son dos tipos distintos, la Ley 30 de 1992 no las
universitarias o diferencia. En cambio, les atribuye las mismas facultades:
escuelas tecnológicas
«Adelantar programas de formación en ocupaciones,
programas de formación académica en profesiones o
disciplinas y programas de especialización» (Ley 30/1992 art.
18).

Universidades Adelantar programas de formación en ocupaciones,
profesiones o disciplinas, programas de especialización,
maestrías, doctorados y post-doctorados (Ley 30/1992 art.
19).

La Ley 749 de 2002 permitió a las instituciones técnicas y tecnológicas «ofrecer y
desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional, solo por ciclos
propedéuticos y en las áreas de las ingenierías, tecnología de la información y
administración, siempre que se deriven de los programas de formación técnica profesional
o tecnológica que ofrezcan” (artículos 1 y 2). Posteriormente, la Ley 1188 de 2008
dispuso en su artículo 5 que “todas las instituciones de Educación Superior podrán ofrecer
programas académicos por ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional, en todos los
campos y áreas del conocimiento dando cumplimiento a las condiciones de calidad
previstas en la presente ley y ajustando las mismas a los diferentes niveles, modalidades
y metodologías educativas».

Como consecuencia de estos cambios, el tipo de programas que las instituciones de
educación superior están facultadas para ofrecer ya no son un criterio de diferenciación
válido. En la actualidad, limitar el tipo de programas que una institución de educación
superior pueda ofrecer tomando como base únicamente su denominación, carece de
sentido por dos razones: primero, porque el soporte legal de tal diferenciación
prácticamente ha desaparecido; segundo, porque el principal criterio para determinar qué
puede ofrecer una institución no es su denominación sino la capacidad real demostrada
de cada institución, definida en términos de condiciones de calidad verificables a través
del proceso de registro calificado.

De otra parte, las escuelas normales de educación que ofrecen el Programa de
Formación Complementario son proveedores de educación superior de hecho; sin
embargo, no están contempladas por la legislación de educación superior y se encuentran
aisladas del resto del sistema.

Otro aspecto relevante que sustenta la propuesta, es que la Ley 30 de 1992 contempla un
régimen dual artificial de autonomía universitaria, pues en su artículo 28 establece el
régimen de autonomía para las universidades y en el artículo 29 el régimen para las no
universidades. Una comparación detallada de los dos regímenes arroja como conclusión
que no existen diferencias sustanciales entre uno y otro. Por consiguiente, para efectos de
autonomía esta diferencia es relevante sólo para las instituciones de educación superior
pública, pero no por la diferencia de regímenes aquí descrita, sino por la diferencia en el
tipo de persona jurídica que la ley les confiere, como se explica a continuación.

La diferencia entre entes universitarios autónomos e instituciones de educación superior
con carácter de establecimiento público que prestan el servicio público de educación
superior ha ampliado la brecha entre estos dos tipos de instituciones, creando situaciones
de inequidad que deben ser corregidas.

Actualmente las instituciones de educación superior están organizadas por disposición
legal como instituciones sin ánimo de lucro. Esto ha resultado ser un limitante para la
inversión privada, que ha querido participar en el sector de la educación superior. En este
sentido y con el ánimo de nutrir al sector de nuevas y mayores fuentes de financiamiento,
es importante abrir el espacio para que las actuales instituciones sin ánimo de lucro

coexistan con nuevas IES que tengan la naturaleza de, por ejemplo, sociedades
anónimas .

Esta posibilidad es un incentivo a la inversión privada para participar en el sector, pues el
marco jurídico de este tipo de sociedades es más flexible en cuanto a la transferencia de
activos y pasivos, lo que hace que su crecimiento sea más rápido y permite la formación
de alianzas nacionales e internacionales. Este tipo de instituciones estarán sujetas a
reglas claras de rendición de cuentas y asociadas a altos estándares de calidad y bajo el
mismo marco regulatorio de todo el sector.

El cambio en la naturaleza jurídica de las IES es una condición necesaria más no
suficiente para estimular la participación del sector privado. Es necesario complementar
esta acción con iniciativas innovadoras que permitan canalizar nuevos recursos para
financiar la creación de los nuevos cupos y el acceso a estos por parte de la población
más necesitada en programas pertinentes y de calidad.

El Proyecto de Ley contempla una nueva categoría de instituciones de educación superior
por el origen de sus recursos, al adicionar a la actual clasificación de públicas y privadas
la de instituciones de educación superior mixtas. Se pretende así establecer la habilitación
normativa para que recursos del sector privado se vinculen al esfuerzo estatal que
propende por la ampliación de la cobertura de la educación superior.

Se recoge así la experiencia exitosa que ha tenido el Estado colombiano en la prestación
de otros servicios públicos en los que concurren aportes estatales y de capital privado,
como también las prácticas innovadoras de algunos países en los que ya funcionan
instituciones como las que se proponen en este Proyecto de Ley, que han demostrado las
bondades de acudir a este tipo de entidades mixtas que, más allá de paliar la escasez de
recursos, se erige en una alternativa de gestión de servicios públicos que se nutre de las
destrezas propias de la práctica y la experiencia del empresariado y, al tiempo,
potencializa la focalización de la planeación y la política pública del sector en tanto
mantiene para el Estado grados de iniciativa y control en la gestión del servicio educativo.

En cuanto a las Instituciones de Naturaleza Especial, se hace explicita su vinculación al
Ministerio de Educación en relación con la prestación del servicio de educación superior.

Por otra parte en materia de instituciones, el proyecto contiene un capítulo específico
referido a la “Transparencia, Eficiencia y Buen Gobierno” orientado a promover los
criterios de gobernabilidad, elegibilidad y régimen de inhabilidades, combinando de mejor
manera la autonomía institucional y la responsabilidad pública.

El articulado contempla el fomento a la rendición de cuentas, establece que todas las
instituciones estarán sujetas a las mismas normas de rendición de cuentas y
transparencia en cuanto al uso de recursos, y estimula a las universidades públicas a
adoptar practicas modernas en la gestión y sus planes de desarrollo, acompañando el
proceso de toma de decisiones institucionales con completos sistemas de información.

III. CAMPOS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS

Sobre los campos de acción de los programas, se parte de que la educación superior en
todos sus niveles, brindará formación integral a sus estudiantes, estimulará la creación,
difusión, aplicación y transferencia del conocimiento para beneficio de la sociedad, la
Nación y el individuo, y dotará al estudiante de las competencias generales y específicas
propias de cada nivel.

En cuanto a campos de acción en particular, este Proyecto acoge lo expuesto en la Ley
30 de 1992. Es este sentido, los campos de acción son: El de la técnica, el de la ciencia,
el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía.

Por otra parte, la Ley 30 no define el alcance de cada tipo de programa académico; en
este Proyecto se hace explicito que todos los programas de educación superior deben
brindar formación integral y que su definición se da en torno a cuatro variables principales:
el escenario de desempeño que se prevé para el egresado, los niveles de complejidad,
especificidad y abstracción propios de cada nivel.

Consientes de la importancia de promover la articulación, flexibilidad y movilidad en el
sistema y acorde a lo expuesto en el Ley 749 del 2001, se propone que todas las IES
podrán desarrollar programas por ciclos, con una estructura curricular que permita al
estudiante adquirir competencias y conocimientos teóricos y prácticos necesarios para su
tránsito exitoso en el sistema de educación superior. La culminación de cada nivel de
formación permitirá ingresar al mercado laboral con un título y adicionalmente lo dotaran
de las herramientas teóricas para hacer el tránsito fluido entre los distintos niveles.

Adicionalmente se enfatiza que en los distintos niveles de formación se debe tener en
cuenta el desarrollo de los fundamentos de las ciencias acorde al área respectiva y al
nivel de formación. Lo anterior permitirá al estudiante una mayor movilidad y mejor
desempeño en diferentes áreas y campos de acción del mercado laboral.

Igualmente, se explicita que las instituciones de educación superior podrán ofrecer
programas de grado y de posgrado, en los campos de acción anteriormente señalados y
de conformidad con sus propósitos de formación. En grado, en los niveles técnico
profesional, tecnológico o profesional universitario y en cuanto a posgrado pueden ser de
especialización, maestría y doctorado. Las instituciones de Educación Superior definirán
de manera autónoma las modalidades en las que desarrollarán sus programas
académicos y definirán los requisitos de ingreso y de grado a los diferentes programas de
educación superior, teniendo en cuenta la normativa que regula la materia.

IV. TÍTULOS

El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona
natural, a la culminación de un programa académico de educación superior, por haber
adquirido un saber determinado en una Institución de Educación Superior.

El otorgamiento de títulos en la Educación Superior, es de competencia exclusiva de las
instituciones legalmente constituidas y autorizadas y deberán guardar coherencia con el
tipo de programa y sus contenidos. La nomenclatura de los títulos estará en
correspondencia con los campos de acción, el nivel de formación, la denominación, los
contenidos curriculares del programa, el perfil del egresado propuesto y las normas que
regulan el ejercicio de las profesiones.

Adicional a lo anteriores, este título incluye el suplemento de diploma, como una exigencia
general .Se tratará de un documento que acompañará al título durante toda su formación
académica y profesional y su objetivo fundamental será hacer fácilmente comprensible y
comparable el título a nivel internacional. Para la implementación, el Ministerio
reglamentará lo pertinente.

V. SISTEMA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

CAPÍTULO I. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, ACREDITACIÓN,
EVALUACIÓN Y FOMENTO

El Ministerio de Educación Nacional al asumir las funciones del ICFES, de registro de los
programas académicos en la educación superior, y con el fin de que la Educación pueda
enfrentar los desafíos sociales, económicos y culturales que se plantean en el siglo XXI;
implementó un sistema para asegurar su calidad, inspirado como todo proceso de esta
naturaleza, en la autoevaluación que permitiera a las instituciones evaluarse, definir,
poner en marcha sus propias políticas y promover procesos integrales de mejoramiento.

El país cuenta en la actualidad con un sistema de aseguramiento de la calidad más
complejo y robusto de lo que se había previsto en la Ley 30. Se creó la Comisión
Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad (CONACES), como una instancia
asesora del gobierno en materia de aseguramiento de la calidad, formada por académicos
de reconocida idoneidad; se modificó la misión del ICFES que pasó de ser el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, a ser el Instituto Colombiano para
la Evaluación de la Educación, y en el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) se ha
fortalecido y consolidado su reconocimiento internacional, pero requiere de mayor
autonomía.

Consolidado y aceptado el sistema resulta imperioso constituir el marco normativo de
orden legal en torno al aseguramiento de la calidad, con el propósito de: garantizar el
cumplimiento de condiciones de calidad para programas e instituciones; garantizar a la
sociedad que las instituciones que hacen parte del sistema cumplan con los más altos
requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos, a través de los procesos de
acreditación; fomentar el fortalecimiento y apoyo a las instituciones en sus procesos de
mejoramiento continuo, mediante la evaluación; y garantizar la adecuada presentación del
servicio educativo a través de la Inspección y de Vigilancia.

Con el propósito de fortalecer el sistema de acreditación, el Ministerio de Educación
Nacional podrá, con el apoyo del Consejo Nacional de Acreditación, autorizar mediante
convenio de asociación, a personas jurídicas sin ánimo de lucro para que se constituyan
como Órganos Evaluadores de Educación Superior, bajo los criterios establecidos por el
Consejo Nacional de Educación Superior, fijados de acuerdo con la reglamentación que
expida el Ministerio de Educación Nacional. Los convenios de asociación se regirán por lo
previsto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998.

En cuanto al Fomento de la Educación Superior, que en la Ley 30 estaba brevemente
mencionado, este Proyecto precisa su alcance. El fomento contempla la integración del
sector de la educación superior a los distintos sectores de la sociedad, crea incentivos,
identifica buenas prácticas y apoya financieramente su implementación, promueve

acciones de mejoramiento, desarrolla y promueve mecanismos que incrementen el
acceso y la permanencia de los jóvenes en la educación superior, adopta medidas para
fortalecer la investigación, promueve la articulación del sector al sistema nacional de
ciencia y tecnología, identifica mecanismos que faciliten la coordinación intersectorial en
temas relacionados con la educación superior, promueve el desarrollo de políticas de
proyección social y de bienestar universitario, asesora al Sistema Universitario Estatales,
vela por la calidad de la información del sector, monitorea y fomenta la rendición de
cuentas.

Capitulo II.INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

En lo referente a la Inspección y Vigilancia, el sistema actualmente carece de
herramientas adecuadas para ejercer dicha dinámica. Esta función fue asignada por la
Ley al Presidente de la República y el Ministerio de Educación Nacional, sin embargo,
existen importantes vacíos que deben ser corregidos: la Ley 30 contempla las funciones
de fomento e inspección y vigilancia como si fuera una sola, lo cual termina
desvirtuándolas; en la actualidad las instituciones de educación superior, a diferencia de
las demás entidades sin ánimo de lucro, no registran sus libros contables ni sus estados
financieros ante ninguna entidad del estado, y el procedimiento de investigaciones
administrativas no está claramente regulado.

En relación con el procedimiento sancionador aplicable a las instituciones de educación
superior, se considera necesaria su modificación con el fin de garantizar el debido
proceso y el derecho de defensa, la eficiencia en el ejercicio de la potestad sancionatoria,
así como la adecuada prestación del servicio educativo en condiciones de calidad,
mediante su adecuación a los principios orientadores del derecho sancionador. Con tal
finalidad, se organiza un procedimiento por etapas y se establecen términos perentorios
para su adelantamiento, con el propósito de garantizarle a los investigados un
procedimiento reglado y la certeza sobre su duración, y adicionalmente, se establecen
criterios para graduar las sanciones, en virtud del principio de proporcionalidad,
inexistentes en el procedimiento previsto en la Ley 30 de 1992, con el propósito de
establecer circunstancias atenuantes y agravantes para su determinación, con lo cual se
pretende racionalizar la actividad sancionadora.

Se incorporan medidas correctivas que permiten a las instituciones de educación superior
vencer situaciones de naturaleza jurídica, académica, contable, económica o
administrativa, que afecten la prestación del servicio educativo.

Se prevén medidas cautelares con el fin de evitar la vulneración del ordenamiento jurídico
por parte de las instituciones de educación superior y sus directivos, cuando pueda
derivarse un perjuicio injusto contra alguna persona o contra el servicio mismo.

Se incrementa el monto de las multas a quinientos (500) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, y se precisa su carácter sucesivo mensualizado cuando el
incumplimiento se extienda en el tiempo; además, se contempla una multa que guarda
relación con los derechos pecuniarios indebidos que se puedan percibir con ocasión de la
vulneración de la ley.

Se incluye la facultad de imponer multas sucesivas de hasta quinientos (500) salarios
mínimos mensuales legales vigentes a los que sin contar con personería jurídica de
institución de educación superior, ofrezcan y desarrollen este nivel formativo, con el fin de

proteger a la comunidad y preservar el cumplimiento de las normas que regulan la
prestación del servicio educativo.

Se prevé que en audiencia de notificación de pliego de cargos, los investigados pueden
suscribir un acta de compromiso, en la que se indicarán las medidas y la forma en la que
cesarán los hechos que dieron lugar a la formulación del pliego y las garantías que
ofrecen para asegurar el cumplimiento de lo acordado, en aplicación del principio de
oportunidad y de la racionalización de la actividad sancionadora.

Se contempla la posibilidad del uso de mensajes de datos para la notificación,
comunicación y publicación de las actuaciones dentro del procedimiento sancionador, con
el propósito de dar aplicación a lo dispuesto sobre esa materia en la Ley 527 de 1999, y
promover la modernización de la Administración Pública y el uso eficiente de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Se prevé un registro de las sanciones con el fin de garantizar la transparencia de la
actividad sancionadora y la publicidad de las decisiones que en este sentido expida el
Ministerio de Educación Nacional.

VI. FINANCIACIÓN

El financiamiento de la educación superior en Colombia se ha venido dando a través de
esfuerzos públicos y privados con mecanismos destinados a financiar la oferta y la
demanda. De acuerdo con la UNESCO, si bien deben agotarse todos los esfuerzos con
miras a aumentar la financiación pública de la educación superior, es preciso reconocer
que los fondos públicos son limitados y tal vez no resulten suficientes para un sector que
evoluciona tan rápidamente. Así, debería estimularse también la financiación privada 13 .

De acuerdo con ello, este Proyecto, no solo fortalece el financiamiento público de las
instituciones de educación superior a través de recursos adicionales, sino que explora
otras fuentes de financiación, en particular las que se basan en iniciativas conjuntas de los
sectores público y privado, como el otorgamiento de crédito educativo y subsidios a la
demanda, la creación de instituciones de capital mixto e instituciones con ánimo de lucro y
el establecimiento de mecanismos de fondeo y otorgamiento de garantías a los proyectos
de inversión de las IES.

Actualmente las instituciones de educación superior en Colombia están organizadas por
disposición legal como instituciones sin ánimo de lucro. Esto ha resultado ser un limitante
en algunos casos en que la inversión privada, ha querido participar en el sector de la
educación superior. En este sentido y con el ánimo de nutrir al sector de nuevas y
mayores fuentes de financiamiento, es importante abrir el espacio para que las actuales
instituciones sin ánimo de lucro coexistan con nuevas IES que tengan la naturaleza de,
por ejemplo, sociedades anónimas. Esta posibilidad es un incentivo a la inversión privada
para participar en el sector, pues el marco jurídico de este tipo de sociedades es más
flexible en cuanto a la transferencia de activos y pasivos, lo que hace que su crecimiento
sea más rápido y permite la formación de alianzas internas o con entidades del exterior 14 .

13
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 2009: La nueva dinámica de la educación superior y la investigación
para el cambio social y el desarrollo. Sede de la UNESCO, París, 5-8 de julio de 2009.
14
El cambio en la naturaleza jurídica de las IES es una condición necesaria más no suficiente para estimular la participación
del sector privado. Es necesario complementar esta acción con iniciativas innovadoras que permitan canalizar recursos
frescos para financiar la creación de los nuevos cupos y el acceso a estos cupos por parte de la población más necesitada.

Este capítulo parte del concepto central de fortalecer el financiamiento del sector
reconociendo la complejidad, la diversidad y la sostenibilidad de las instituciones de
educación superior, al igual que la necesidad de garantizar nuevas fuentes y
oportunidades de acceso y permanencia a una educación superior con calidad.

La presente iniciativa, otorga a todas las instituciones de educación superior públicas
autonomía financiera. Por tanto, la condición de entes universitarios autónomos que
otorga este proyecto de ley a todas las IES, se constituye en un mecanismo que
fortalecerá los presupuestos de las IES que a la entrada en vigencia de la presente ley
están organizadas como establecimientos públicos, pues es un aliciente para fortalecer
sus presupuestos a través de la consecución de recursos propios con los que pueden
contar y destinar a la financiación de sus necesidades de inversión.

Por otra parte, establece la composición de los ingresos y del patrimonio de las
instituciones de educación superior públicas, así como el mecanismo con que la nación y
las entidades territoriales trasferirán recursos para funcionamiento e inversión de estas
instituciones. En este sentido la iniciativa define una base y garantiza el crecimiento de los
aportes del Presupuesto General de la Nación y/o de los entes territoriales a los
presupuestos de todas las instituciones de educación superior que son actualmente
universidades oficiales y establecimientos públicos. Es necesario hacer énfasis en que no
se modifica el actual esquema de financiamiento de las universidades oficiales sino que
se extiende a las demás instituciones de educación superior oficiales que hoy son
establecimientos públicos.

En segundo lugar, se incrementan los aportes que la Nación destina a las instituciones de
educación superior públicas de acuerdo con el desempeño de la economía y se
establecen recursos nuevos que serán destinados al incremento de la calidad y de las
condiciones de acceso en educación superior, los cuales serán transferidos previa
suscripción de convenios plurianuales de desempeño que garanticen el fortalecimiento
institucional y el alcance de las metas sectoriales. Adicionalmente, se otorga la facultad al
Gobierno Nacional y Territorial de destinar recursos a proyectos de inversión de las IES
que no harán base presupuestal y de crear bolsas concursables destinadas a las IES que
sean acreditadas de alta calidad.

De otra parte, el Gobierno Nacional podrá destinar recursos con criterios objetivos de
elegibilidad a las instituciones de educación superior privadas sin ánimo de lucro,
orientados al mejoramiento del servicio, a través de fondos competitivos o convenios de
desempeño.

Este proyecto de ley, dota al sistema de mecanismos de fondeo para que las IES
financien sus proyectos de expansión a través de recursos de crédito provistos por
FINDETER y dé respaldo a sus obligaciones a través del Fondo Nacional de Garantías.
Adicionalmente, el sistema contará con FOMINVEST, institución que remplazará a
FODESEP y asesorará a las IES en la estructuración, presentación y financiación de
proyectos de inversión que demanden recursos de fuentes públicas y privadas, y podrá
servir de garante de esos recursos de crédito.

De hecho, es importante resaltar la escala de las IES privadas en Colombia. Éstas son más pequeñas, en número de
alumnos, en promedio que las IES públicas. Eso tiene un efecto grande en la rentabilidad de las inversiones y las
necesidades de capital que se tienen. IES más grandes, con mayor utilización de su capacidad instalada, con mayor uso de
herramientas de las nuevas tecnologías de información, con uso más eficiente del tiempo de los profesores son IES más
rentables que pueden apoyar la expansión de la oferta educativa en este segmento en Colombia.

Finalmente, en cuanto al financiamiento de la demanda, este proyecto de ley, fortalece al
ICETEX estableciendo recursos que mantengan los subsidios de matrícula otorgados a
los estudiantes de bajos recursos y se crea un fondo que tiene como fin promover la
permanencia de los estudiantes en la educación superior. También se autoriza a las
instituciones a establecer de forma voluntaria y previa reglamentación del Gobierno
Nacional, la creación de un nuevo esquema de crédito en el cual los estudiantes podrán
pagar su matrícula, una vez terminen sus estudios, se inserten en el mercado laboral y
logren un nivel de ingresos determinado.

VII. ARTICULACIÓN CON ENTIDADES DEL SECTOR EDUCATIVO Y CON
ENTIDADES RELACIONADAS DEL ORDEN NACIONAL

Por el impacto y el rol de la educación superior, es muy importante promover la
articulación con todos los actores de la sociedad y los demás actores del sector educativo.
Dicho trabajo armónico contribuye a elevar la calidad y la pertinencia de la educación,
escalar los recursos y las metas a alcanzar, en respuesta a los grandes desafíos en
materia de desarrollo y equidad que enfrenta el país.

Tanto el incremento de los recursos, como el fortalecimiento y la flexibilización de la oferta
educativa, deben ir acompañados de un importante compromiso regional. La educación
superior debe ser un compromiso de todos y debemos contar con un marco normativo
que la promueva y fortalezca en las regiones, y que adicionalmente genere las instancias
requeridas para que la política sea construida atendiendo los requerimientos y las
necesidades de las mismas. En este sentido, este Proyecto de Ley incorpora acorde a la
normatividad vigente, la naturaleza de las entidades del sector educativo del orden
nacional y explicita el rol de estas dentro del sistema.

Específicamente, vale la pena anotar que la distribución de los recursos adicionales
favorecerá la regionalización. La creación de los Comités Departamentales de Educación
Superior, con la participación de las Secretarias de Educación será la instancia de
construcción y concertación de la política e igualmente dichas propuestas también serán
acogidas a través de la representación de las regiones que se prevé en el CESU, máximo
organismo asesor en materia de educación superior.

De otro parte se definen y promueven los procesos de articulación entre todos los niveles
de formación que conforman el sistema educativo. Dicha articulación tiene por objeto
mejorar la calificación del capital humano nacional y brindarle al individuo alternativas de
movilidad entre las diferentes opciones formativas y proveerle de las competencias
necesarias para insertarse competitivamente en ámbitos socio-ocupacionales y se dará a
través del reconocimiento de competencias. Y con el fin de articular el sistema en el
mercado laboral, se propone desarrollar en el país un Marco Nacional de Calificaciones
que promueva el tránsito efectivo en el sistema educativo y el reconocimiento de saberes.

.

VIII. ÓRGANOS ASESORES

El Ministerio de Educación Nacional, para el cumplimiento de sus funciones , se
asesora y apoya en organismos integrados por representantes de las comunidades
académicas, científicas y del sector productivo, los cuales permitan tener una visión
completa de los temas estratégicos para el sector educativo y en particular, de la

educación superior. Dicha visión permite que los procesos de fijación de la política, de
regulación y ejecución de los asuntos de responsabilidad e interés en materia de
educación superior, tengan los fundamentos y motivación requerida en procura del
cumplimiento de la misión asignada en la Constitución Política y en la Ley .

El CESU, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y la Comisión Nacional
Intersectorial de la Educación Superior (CONACES), son los principales aliados, que
integran los órganos asesores del Ministerio de Educación Nacional en la educación
superior. Este Proyecto define la composición de dichas instancias y las funciones y
procesos de selección de sus miembros de conformidad con el procedimiento que
reglamente el gobierno nacional.

IX. RÉGIMEN ESTUDIANTIL

Se define la condición de estudiante en el sistema, los derechos y deberes, la
obligatoriedad de establecer un reglamento estudiantil que regule temas como requisitos
de inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, distinciones e incentivos,
régimen disciplinario y demás aspectos académicos.

Adicionalmente se hace referencia a la política general de ayudas y créditos para los
mencionados estudiantes. Se abre la posibilidad del pago de la matrícula o del crédito
eductivo mediante un sistema que difiere el pago a cuando el estudiante se haya
graduado, vinculado al sistema laboral y tenga un ingreso superior a un umbral
estabecido.

X. POLÍTICAS DE BIENESTAR

Se reitera que las instituciones de educación superior deben adelantar y ejecutar
programas de bienestar en los que participe la comunidad educativa, procurando espacios
que propicien el aprovechamiento del tiempo libre, que atiendan las áreas de la salud,
cultura, desarrollo humano y deporte, que promuevan la formación integral del estudiante
y su capacidad de asociar sus programas de formación con su proyecto de vida,
estrategias solidarias y en consecuencia, que promuevan el desarrollo físico,
psicoafectivo, intelectual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo.
Se establece que el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) determinará las
políticas a nivel nacional de bienestar universitario.

Dentro de esta política, se incluye que las instituciones deben identificar y hacer
seguimiento a las variables asociadas a la deserción y a las estrategias orientadas a
disminuirla, apoyar esfuerzos de las instituciones relativos al compromiso social (servicio
social) y promover el apoyo a población vulnerable.

XI. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Teniendo en cuenta que la investigación es fundamento de la docencia, medio de avance
de la sociedad y soporte de la transferencia social del conocimiento, se desarrolla este
título Investigación, Innovación y Desarrollo que no estaba desarrollado explícitamente en
la Ley 30 y que se constituye como el espacio propicio para resaltar que estas son
funciones esenciales de las Instituciones de Educación Superior y que es un desafío
promover la mayor articulación entre la academia y los requerimientos de la sociedad.

En este sentido, se hace explícito que el Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación, en articulación con el Viceministro de Educación Superior y en
el marco del Sistema de Ciencia y Tecnología y Sistema Nacional de Competitividad,
fomentarán la investigación científica y el desarrollo tecnológico en las instituciones de
educación superior.

Entre los objetivos del fomento a la investigación se encuentran: promover el desarrollo de
la investigación multidisciplinaria, la articulación entre los centros de investigación y las
instituciones de educación superior, el fomento a la movilidad de estudiantes docentes e
investigadores, la calidad y competitividad internacional de la investigación, el intercambio
tecno científico y el fomento y consolidación de las diferentes redes conducentes al
fortalecimiento del sistema.

Igualmente el proyecto también prevé el apoyo a las estrategias que financien el acceso
de estudiantes e investigadores en la formación de alto nivel y estimulen la participación y
desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores, emprendedores y
desarrolladores de tecnología e innovación.

XII. INTERNACIONALIZACIÓN

A partir de los años 90 se ha hecho más clara, la tendencia de nuestros sistemas de
educación superior a la internacionalización. Lo anterior con el objetivo de mejorar la
calidad de la educación superior, contribuir al entendimiento global, preparar a los
estudiantes para el desempeño en una comunidad multicultural y así hacerlos más
competentes y mejores ciudadanos.

La internacionalización en la educación superior, se presenta como una respuesta a los
desafíos que impone la globalización y se entiende como un proceso de desarrollo e
implementación de políticas y programas para integrar las dimensiones internacional e
intercultural en las misiones, propósitos y funciones del sector.

En este sentido, se propone fortalecer las capacidades en materia de relaciones
internacionales de las Instituciones de Educación Superior, con el objetivo de incrementar
la movilidad académica y profesional, y posicionar internacionalmente el sistema de
calidad de la educación superior a través de acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos,
de la conformación de redes internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, la
internacionalización del currículo y los procesos de internacionalización solidaria.

Igualmente se estimulará y fortalecerá el desarrollo y competencia en un segundo idioma
y la cooperación en la enseñanza y certificación del mismo.

Para lograr lo anterior es prioritario promover que el sistema de educación superior se
inserte en el contexto internacional a través de la participación activa en espacios de
integración, gubernamental, científica y regional.

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