El documento presenta un compromiso para mejorar la calidad de la educación en España, proponiendo objetivos educativos a largo plazo y la colaboración entre diferentes niveles del sistema educativo. Se critica la reducción de profesores y la gestión ineficaz, argumentando que afecta negativamente la educación pública y el futuro profesional de los jóvenes. Se enfatiza la necesidad de recursos, estabilidad legislativa y cooperación entre comunidades para garantizar una educación equitativa y de calidad.