Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú - Resultados y recomendaciones preliminares

Reforzar la integridad
del sector público
para un crecimiento
incluyente
Resultados y Recomendaciones
preliminares
Estudio de la OCDE
sobre integridad en el Perú

2 | Estudio de la OCDE sobre Integridad en EL Perú 2016 - Resultados y Recomendaciones preliminares
Control de la corrupción
Estado de derecho
Calidad del marco regulatorio
Efectividad del gobierno
Estabilidad política y
ausencia de violencia
Voz y rendición de cuentas
20% 40% 60% 80% 100%0%
OCDE ALC Perú
Gráfica 1. Indicadores Mundiales de Gobernanza, Perú comparado con
promedios de la OCDE y de los países de América Latina y el Caribe (ALC), 2014
Fuente: Adaptado del Banco Mundial.
Perú ha vivido un proceso significativo de desarrollo socioeconómico y mejora en el bienestar. Para que estos
avances sean sostenibles e incluyentes, es fundamental promover un sistema sólido de gobernanza que
mitigue los riesgos de corrupción y proporcione un entorno estable. Sin embargo, los niveles de gobernanza
de Perú se ubican por debajo de la media de los países miembros de la OCDE, solamente obteniendo mejores
resultados que el promedio de los países de América Latina y el Caribe (ALC) en Calidad Regulatoria (véase la
Gráfica 1). Por ello, para garantizar que el progreso siga manteniéndose, son necesarias profundas reformas
estructurales.
En los últimos 15 años, el país ha avanzado en el fortalecimiento de su sistema de integridad. En el 2010
se creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) reuniendo diferentes instituciones tanto del sector
público como privado, y de la sociedad civil, con la finalidad de estimular la coordinación y mejorar el marco
de políticas de integridad y combate a la corrupción en el nivel central y subnacional de gobierno.
Manteniendo los logros
alcanzados a través de la
integridad

3Estudio de la OCDE sobre Integridad en EL Perú 2016 - Resultados y Recomendaciones preliminares |
Integridad
pública
Sistema Responsabilidad
Cultura
Control
Supervisión
Sanción
Insclusión
Compromiso
Roles
Reglas
Estrategia
Sociedad
Apertura Liderazgo
Profesionalismo
Capacidad
En el contexto del Programa País de la OCDE con Perú, el Estudio de Integridad de la OCDE brinda un conjunto
de recomendaciones concretas para reforzar un sistema de integridad coherente e integral tanto a nivel
nacional como regional, para inculcar una cultura de integridad y garantizar la responsabilización por medio
de control y sanciones eficaces (véase la Gráfica 2). Más allá de analizar las disposiciones institucionales
del sistema, el estudio se centra en las políticas y prácticas relacionadas con la financiación política,
la promoción de la ética pública y la gestión de los conflictos de intereses, el cabildeo, la protección a
denunciantes, el control interno y la gestión de riesgos, así como el régimen disciplinario y la función del
sistema de justicia penal para combatir la corrupción. De sostener e incrementar sus esfuerzos en estas
áreas, Perú se posicionaría mejor con miras a continuar su camino a alcanzar los estándares de la OCDE y
un desarrollo sostenible e incluyente.

Fomentar un sistema integral y
coherente de integridad
Principales resultados y
retos
• La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)
reúne a algunos de los principales actores del
escenario de integridad de Perú, con lo cual
propicia la coordinación. Sin embargo, en la
actualidad algunos actores clave de la prevención
de la corrupción no son miembros de la CAN, en
especial la Secretaría de Gestión Pública (SGP), la
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
y la futura Autoridad Nacional de Transparencia
y Acceso a la Información (ANTAI).
• El estudio revela una cierta desconexión entre
los debates de alto nivel de la CAN y el nivel
técnico de los miembros de la CAN. Esto amenaza
la implementación eficaz de las políticas de
integridad decididas en la CAN e impide el uso
eficiente de los conocimientos técnicos de cada
miembro.
• La Unidad de Coordinación General (UCG), que
es el secretariado técnico de la CAN, se encarga
de asegurar la coordinación, diseñar la Política
Nacional Anticorrupción, brindar asesoría y dar
seguimiento a los acuerdos alcanzados por la
Comisión. Sin embargo, la unidad depende en
los aspectos administrativos y financieros de la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), lo
cual representa un obstáculo para su capacidad
de cumplir eficazmente con su mandato. A modo
de ejemplo, esto se ve representado en el hecho
de que actualmente el personal es empleado a
través de contratos de tiempo determinado que
se renuevan cada tres meses.
• Un logro de Perú es la creación de las Comisiones
Regionales Anticorrupción (CRA). Actualmente
estas operan en las 25 regiones, aunque con grados
variables de madurez. Las CRA se diseñaron en una
forma que refleja la composición de la CAN, para
así fomentar la coordinación interinstitucional en
el nivel regional. Sin embargo, de similar manera
que al nivel nacional, el foco de interés parece
situarse más del lado represivo, en tanto que el
sistema
La experiencia de los países de la OCDE muestra que para reforzar la integridad del sector público y prevenir la
corrupción, es esencial contar con un sistema de integridad pública eficaz, integral y coherente. En particular,
la buena práctica indica la importancia de aclarar las responsabilidades institucionales dentro del sector
público al establecer responsabilidades claras, garantizar que se cuente con los mandatos y capacidades
adecuados para cumplir con las responsabilidades asignadas, y promover mecanismos para la cooperación
y la coordinación en el nivel central, así como con y entre los niveles subnacionales de gobierno.

trabajo en prevención de la corrupción podría reforzarse para
lograr cambios estructurales más profundos.
• Una de las tareas de las CRA es elaborar un plan regional
anticorrupción. Hasta ahora, sólo unas pocas regiones lo han
hecho, y no se sabe con claridad en qué medida estos planes son
eficazmente implementados. Asimismo, la coordinación entre la
CAN y las CRA ha sido intermitente y el mecanismo actual parece
depender demasiado de la motivación del personal en funciones
en el nivel regional. Además, la comunicación entre las CRA es
aún muy limitada.
Recomendaciones
Reforzar la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)
• Para reforzar la UCG de la CAN, podría modificarse la ley para
clarificar los criterios de selección del coordinador general, su
titularidad y su destitución.
• La CAN podría beneficiarse de enfocarse en su mandato central
de asegurar la coordinación y la coherencia de políticas, así como
monitorear el estatus de implementación de los Planes Nacionales
Anticorrupción y de su evaluación.
• Desarrollar las capacidades de comunicación y gestión de
información de la CAN aumentaría su impacto y reforzaría su
foco de interés.
• La UCG podría fortalecerse si fuera incorporada formalmente a
la estructura organizacional de la PCM como un Órgano Técnico
Especializado.
• Perú podría considerar desarrollar más la base de conocimientos
sobre gestión pública del personal de la UCG de la CAN, así como
crear uno o dos puestos adicionales dedicados a la gestión y análisis
de datos cuantitativos.

Cuadro 1. Composición de la CAN (a octubre de 2016)
Miembros con voto (10) Miembros con voz pero sin voto (11)
• Presidente del Congreso de la República
• Presidente del Poder Judicial
• Presidente de la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM)
• Ministro de Justicia y Derechos Humanos
• Presidente del Tribunal Constitucional
• Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura
• Fiscal de la Nación
• Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales
• Presidente de la Asociación de Municipalidades
• Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional
• Contralor General (CGR)
• Defensor del Pueblo
• Director Ejecutivo del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE)
• Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores
• Presidente del Consejo Nacional para la Ética Pública
(Proética)
• Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas
• Representante de los sindicatos laborales de Perú
• Representante de la Iglesia católica
• Representante de la Iglesia evangélica
• Director Ejecutivo del Consejo de Prensa Peruana
• Coordinador General de la CAN
Fuente: Ley 29976 de 2013, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel.
Coordinación horizontal: Reunir a los actores
clave del Sistema de Integridad Pública
• La CAN podría reforzarse incluyendo los actores
clave mencionados arriba que en la actualidad
no forman parte de la entidad, idealmente,
previo al desarrollo del próximo Plan Nacional
Anticorrupción 2017-2021.
• Para garantizar que las decisiones tomadas en la
CAN surtan efecto y que los objetivos de política
comunes se reflejen en acciones concretas, es
preciso que en los planes operativos anuales de los
miembros de la CAN se incluya el Plan Nacional
Anticorrupción y otras decisiones tomadas por
la Comisión.
• Para asegurar aún más el impacto y aumentar
el compromiso de las instituciones que forman
parte de la CAN, podría promoverse la realización
de debates y la toma de decisiones de carácter
técnico al establecer dos subcomisiones o grupos
de trabajo, uno dedicado a la prevención y otro,
a la represión de la corrupción.
• Perú podría considerar ampliar el derecho a
voto a otros miembros de la CAN, con el fin de
aumentar el compromiso y la responsabilidad por
las decisiones tomadas en la comisión por todos
sus miembros.
Alcanzar a las regiones: Implantar sistemas de
integridad pública en el nivel regional
• Perú podría promover el desarrollo de los planes
regionales anticorrupción, cerciorándose en
particular de que estos se elaboren de manera
participativa e incluyan a actores clave que
actualmente no participen en las CRA.

• Perú podría considerar desarrollar las
competencias de los secretariados técnicos de
las CRA y prever la transferencia de fondos del
nivel nacional para apoyarlos.
• Perú podría considerar institucionalizar un
mecanismo de coordinación eficaz entre la CAN
y las CRA.
• Un mecanismo —por ejemplo, una plataforma
intranet o reuniones comunes— podría servir
para asegurar el intercambio de información y
experiencia entre las CRA para mejorar el diseño
y la puesta en marcha de los planes regionales
anticorrupción.
SISTEMA

Fortalecer la ética pública y la
gestión de conflictos de intereses
1
2
3
4
5
6
7
Definición de las características
generales de las situaciones en las
que surgen conflictos de intereses
y que podrían poner en riesgo
la integridad organizacional e
individual..
.
Identificación de ocasiones
específicas en las que
se presentan situaciones
inaceptables de conflictos de
intereses.
Liderazgo y compromiso
con la implementación de la
política sobre conflictos de
intereses.
Conciencia que ayuda al
cumplimiento y anticipación de áreas
en riesgo con fines de prevención.
Revelación adecuada de
información conveniente y
gestión eficaz de conflictos.
Alianzas con otras partes
interesadas, entre ellas contratistas,
clientes, patrocinadores y la
comunidad.
Evaluación y valoración
de una política de conflictos
de intereses con base en la
experiencia.
Fuente: OECD (2003), Managing Conflict of Interest in the Public Sector: OECD Guidelines and Country Experiences, OECD, París
www.oecd.org/gov/ethics/conflictofinterest
Componentes básicos de la política de conflictos de intereses
Definir un enfoque de políticas para resolver los conflictos de intereses es parte esencial del contexto
político, administrativo y jurídico de la administración pública de un país. Esta política no intenta cubrir
cada situación en la cual pudiera surgir un conflicto de intereses; en cambio, está diseñada como una política
general y una referencia práctica que es pertinente para un contexto social que cambia rápidamente.
Incorporar una cultura de integridad en el sector público requiere la definición de valores comunes a los
cuales deberían apegarse todos los funcionarios públicos y la elaboración de estándares concretos de conducta
que necesitan aplicar en su trabajo diario. Fijar valores y normas de conducta para los funcionarios públicos
en un código de ética e implementarlos en forma activa es pertinente en particular en aquellas situaciones
en las que puedan surgir conflictos de intereses. De hecho, si bien una situación de este tipo no entraña
corrupción per se, sí aumenta el riesgo de que se presente un acto de corrupción. Por consiguiente, garantizar
que los conflictos de intereses se identifiquen y gestionen en forma adecuada es uno de los primeros pasos
para proteger la integridad del sector público y defender el interés público (véase la Gráfica 3).
CULTURA
Gráfica 3. Componentes básicos de la política de conflictos de intereses

Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú - Resultados y recomendaciones preliminares

retos
• La Ley del Código de Ética de la Función Pública de
Perú establece un conjunto de principios, deberes
y prohibiciones éticos aplicables a funcionarios
públicos de los órganos de la administración
pública. El Código de Ética aborda también la
gestión de conflictos de intereses. Sin embargo,
otras leyes incluyen disposiciones adicionales
y la consecuente fragmentación del marco
dificulta garantizar el cumplimiento y ofrecer
una orientación clara a los funcionarios públicos.
• No resolver un conflicto de intereses al momento
de su aparición, aceptar o mantener un interés
privado prohibido, no informar sobre un conocido
conflicto de intereses por parte de un colega y la
ausencia de solución o gestión de conflictos de
intereses se consideran violaciones del código, por
las que se aplican sanciones disciplinarias. Sin
embargo, las sanciones que acarrea la violación
del Código de ética, aún no se encuentran
claramente definidas.
• En la actualidad, la CAN, la CGR, la SGP y SERVIR
tienen mandatos relacionados con la ética
pública, y generan conciencia sobre sus valores u
ofrecen formación en ética pública. Sin embargo,
la coordinación entre estas instituciones es
limitada, por lo que esta formación y orientación
no se proporciona de manera sistemática en
toda la administración pública. Asimismo, los
funcionarios públicos de alto nivel no reciben
la orientación adecuada, no se les utiliza como
promotores internos de conducta ética, y no se
atienden de forma explícita las áreas de riesgo
específicas.
• Todos los funcionarios y servidores públicos
deben presentar una declaración de ingresos y
de bienes y rentas antes y después de asumir su
puesto, así como actualizarla cada año (véase la
Gráfica 4). La información requerida cubre los
ingresos y los bienes, los ahorros y obligaciones,
así como los ingresos y los bienes del cónyuge.
Si bien la información presentada puede servir
para detectar el enriquecimiento ilícito, no se
incluye información adicional, como empleos
externos, regalos y puestos previos, útiles para
vigilar los conflictos de intereses. El proceso de
auditoría de la CGR se ve abrumado por el gran
número de declaraciones de bienes y carece
de la competencia requerida para cotejar la
información, por ejemplo, los datos fiscales, lo
cual provoca que dicho proceso podría ser más
eficaz.
CULTURA
10
“Trabajaremos en medidas
legislativas, administrativas
y prácticas institucionales
concretas para combatir la
corrupción, acabar con el tráfico
de influencias y sancionar los
conflictos de interés”
Fernando Zavala, Presidente del Consejo de Ministros,
Discurso al Congreso, 18 de Agosto de 2016

1111
CULTURA
Gráfica 4. Nivel de transparencia y disponibilidad pública de intereses privados en el Poder Ejecutivo
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Fuente: OECD Survey on Management of Conflict of Interest, 2014
Puestos de alto
cargo/nivel
AUS
AUT
BEL
CAN
CHL
CZE
EST
FIN
FRA
DEU
GRC
HUN
ISL
IRL
ISR
ITA
JPN
KOR
MEX
NLD
NZL
NOR
POL
PRT
SVK
SVN
ESP
SWE
CHE
TUR
GBR
USA
OECD
BRA
COL
PER
CRI
Puestos de Consejeros
Políticos
Servidores públicos
de alto cargo
Servidores públicos
NivelbajoNivelmedioNivelalto

Proporcionar orientación sobre ética y conflictos
de intereses
• Perú podría considerar instrumentar las
funciones de orientación, asesoría y consultoría
para resolver problemas éticos, al asegurar la
participación de los funcionarios de alto nivel
responsables de la ética y de la gestión de los
conflictos de intereses en el servicio público
dentro de cada organización.
• Perú podría considerar identificar políticas
específicas de conflictos de intereses para
categorías de funcionarios públicos calificadas
como en riesgo debido a la naturaleza de su
trabajo; por ejemplo, servidores públicos de
alto nivel, reguladores del mercado financiero,
auditores, funcionarios fiscales, asesores políticos,
funcionarios de aduanas, inspectores del nivel
central de gobierno y la oficina ministerial.
Recomendaciones
Clarificar el marco institucional de ética pública
y de gestión de conflictos de intereses
• Como objetivo a largo plazo, Perú podría
considerar la creación de un solo marco de política
para promover la ética y atender la gestión de las
situaciones que impliquen conflictos de intereses;
mientras tanto, Perú tendría que cerciorarse
de que el Manual Nacional sobre Principios,
Deberes y Prohibiciones Éticos de la función
pública, desarrollado por la CAN, sea distribuido
y utilizado de manera efectiva en todo el sector
público peruano, al actuar en conjunto con la
SGP, SERVIR y las oficinas de Recursos Humanos.
• Perú podría clarificar las funciones y
responsabilidades de los órganos implicados en
el desarrollo y el mantenimiento de las políticas
de ética pública y conflictos de intereses, es decir,
la SGP, SERVIR, la CGR y la CAN, y garantizar una
coordinación eficaz entre ellos.
CULTURA

• Perú podría crear directrices y ejemplos prácticos
de situaciones que impliquen conflictos de
intereses, así como la manera de identificar y
resolverlas.
Concientizar y ofrecer formación
• Perú podría considerar implementar una campaña
de concientización sobre ética pública en todos
los departamentos y destacar la necesidad de
distinguir entre formación y concientización entre
sus varios actores.
• Perú podría considerar consolidar sus programas
de formación dentro de la Escuela Nacional de
Administración Pública (ENAP) de SERVIR como el
órgano principal, en coordinación cercana con las
oficinas de Recursos Humanos, la SGP y la CGR.
• Perú podría considerar implementar formaciones
innovadoras y focalizadas en la ética y la gestión
de conflictos de intereses.
• Perú podría considerar el desarrollo de una
evaluación de necesidades que ayude a priorizar
y enfocar los programas de formación y mejorar
su costo-eficiencia, prestando atención especial
al desarrollo de directivos de alto nivel.
Garantizar la eficacia en el control, el moni-
toreo y la evaluación
• Perú podría considerar diseñar herramientas y
procedimientos para un monitoreo y evaluación
eficaces, que incluyan encuestas, revisiones de la
orientación que se proporciona sobre el código y
datos estadísticos sobre acciones disciplinarias
y declaraciones.
• Perú podría considerar otorgar a SERVIR o a la
SGP autoridad para garantizar que se emprenda
en todos los niveles del gobierno un proceso de
supervisión para promover estándares altos
de conducta en el servicio público en general,
generar indicadores claros y transparentes,
evaluar la Ley del Código de Ética de la Función
Pública y publicar informes anuales sobre los
avances.
• Perú podría considerar establecer criterios claros
y sistemáticos de violaciones y sanciones por
infringir el código de ética y las regulaciones de
conflictos de intereses.
• Podrían ampliarse los formatos de declaración
para incluir información sobre puestos externos
(remunerados y no remunerados), obsequios y
empleos anteriores, de acuerdo con el nivel de
riesgo del funcionario. Podría revisarse el círculo
de funcionarios públicos al establecer como
obligatorias las declaraciones de bienes para
funcionarios públicos de alto nivel y aquellos
que ocupen puestos en situación de riesgo.
• Perú podría apuntalar la función de la CGR para
auditar las declaraciones de bienes al otorgarle
mayores facultades de cotejar la información
necesaria para auditar las declaraciones mediante
acuerdos con los órganos fiscales y financieros. CULTURA

implementar la Protección de
Denunciantes
Gráfica 5. Razones por las que los peruanos pueden optar por no denunciar irregularidades
Fuente: Transparency International, 2013, Global Corruption Barometer
La denuncia es considerada como la última línea de defensa para proteger el interés público. Fijar reglas
y procedimientos claros para informar sobre violaciones a los estándares de integridad y asegurar la
protección contra todo tipo de trato injustificado como resultado de una denuncia son medidas de una
esencial importancia para cultivar una cultura de integridad. Los programas de apoyo de una cultura
organizacional abierta deberían complementarse con la dotación de canales alternativos para denunciar
supuestas violaciones a los estándares de integridad, incluyendo, cuando sea apropiado, la posibilidad de
informar de manera confidencial a un órgano con el mandato y la capacidad de realizar una investigación
independiente.
retos
• Perú cuenta con una ley de protección a
denunciantes especializada, la cual se diseñó para
proteger a funcionarios públicos, pero también
a ciudadanos que denuncian irregularidades
cometidas en una entidad pública. Pese a contar
con una naturaleza especializada y abarcar un
amplio espectro, la ley no define lo que constituye
una denuncia protegida, por lo que pone en
peligro la claridad y la confianza del público en
el proceso. Igualmente, si bien el marco legislativo
proporciona una amplia cobertura desde una
No sé a dónde
denunciar
Tengo miedo de las
consecuencias
No tendría efecto
alguno
Otras
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
CULTURA

perspectiva subjetiva, que incluye la protección
de antiguos servidores públicos, no cubre otras
categorías delicadas como los posibles solicitantes
de empleo y los aprendices.
• En el estudio se reconoce que los denunciantes
en Perú están protegidos del despido injustificado
por parte de su empleador como resultado de
su denuncia. Sin embargo, el marco legal no
establece sanciones penales en caso de que se
presenten represalias (o la amenaza de ejercer
estas represalias) en contra de los denunciantes.
Asimismo, encuestas muestran que los peruanos
justifican su decisión de no denunciar por temor
a las consecuencias o porque no esperan que
sus denuncias cambien la situación (Gráfica 5).
La legislación presenta otra brecha relativa a
los criterios en los que se basa la decisión de
emprender una investigación, lo cual no se
estipula ni se define con claridad en el régimen
jurídico actual.
• Perú ha adoptado disposiciones expresas en sus
leyes para garantizar que se disponga de medidas
de concientización. No obstante, dichas medidas
parecieran no implementarse de manera efectiva
en la práctica, y no hay un plan de comunicación
estratégico. Como resultado, el estudio muestra
que la concientización relativa a la ley y al Sistema
Nacional de Atención a Denuncias (SINAD) entre
los funcionarios públicos peruanos es mínima.
• Por último, Perú aún no ha evaluado si los
mecanismos en vigor cumplen los objetivos para
los cuales fueron implementados hace cinco
años. A la vez, no hay un mecanismo basado en
evidencias en vigor para evaluar la eficacia del
sistema de denuncia en su conjunto.
Recomendaciones
Apuntalar las protecciones
• Perú podría aclarar cuál es el contenido que
se considera merecedor de una denuncia
protegida y cerciorarse de que los denunciantes
no aporten información que se aparte de ese
contenido, situación que podría exponerlos a
riesgos innecesarios y sobrecargar el sistema de
recepción de denuncias con casos que no aplican.
• Perú podría considerar ofrecer parámetros
base en torno a los que se tomará la decisión
de impulsar investigaciones, y aclarar que las
denuncias que no den pie a una investigación
plena o a una acción judicial igualmente podrían
calificar para recibir protección legal.
• Perú podría trabajar para evitar la futura
marginación profesional de los denunciantes al
realizar campañas de concientización, permitir
a los denunciantes que han sufrido represalias
indemnizarse de los daños sufridos por pérdidas
de posibles ingresos, y contratar en forma
equitativa a los funcionarios públicos con base
en sus méritos y su compromiso con el interés
público.
• Perú podría considerar declarar al ejercicio o
la amenaza de emprender represalias como un
delito conforme a la ley peruana.
• Perú podría considerar proporcionar canales
alternativos formalizados a través de los cuales
las personas puedan denunciar, con opciones
internas y externas que operen en conjunto,
para que los posibles denunciantes puedan elegir
dónde presentar sus denuncias.
CULTURA

Aumentar la responsabilidad de los receptores de informes
de denuncia
• Perú podría considerar establecer criterios que orienten a
los investigadores respecto a si los alegatos de una denuncia
ameritan una investigación completa, con el fin de promover
la uniformidad, evitar prejuicios y optimizar el uso de recursos
internos.
• Perú podría considerar poner en marcha mecanismos de
seguimiento para mantener a los denunciantes informados de
los resultados de su denuncia, fomentando así la responsabilidad.
Concientizar
• Con el fin de poner en práctica la ley, Perú podría considerar
promover una amplia estrategia de comunicación y emprender
programas de mayor concientización a través de varios canales.
• Perú podría involucrar a la sociedad civil como una forma eficaz
de aplicar medidas de concientización.
Llevar a cabo evaluaciones y aumentar el uso de indicadores
• Perú podría considerar revisar su legislación de protección a
denunciantes para evaluar sus fines, su puesta en marcha y
su eficacia.
• Perú podría considerar recoger de modo sistemático datos e
información, como otro medio de evaluar la eficacia de su sistema
de denuncia.
CULTURA
16

“Si se quiere un país moderno,
una nación más honesta, es
necesario que toda la sociedad
se levante para luchar contra
la corrupción”
Pedro Pablo Kuczynski
Mensaje del Presidente del Perú a la Nación
28 de Julio de 2016

El cabildeo es un hecho en la vida pública de los países en democracia. Tiene el potencial de promover la
participación democrática y puede aportar a los encargados de tomar decisiones valiosos conocimientos y
datos, así como facilitar el acceso de las partes interesadas al desarrollo y la instrumentación de políticas
públicas. Sin embargo, a menudo es percibida como una actividad opaca de dudosa integridad, que puede
generar influencia indebida, competencia desleal y en la captura de las políticas públicas, en detrimento
de una formulación de políticas equitativa, imparcial y eficaz. Por consiguiente, proteger la integridad y
transparencia del cabildeo es una condición importante para el funcionamiento eficaz del Estado y para
asegurar la confianza del público en el gobierno.
Gráfica 6. Cronología de la regulación del cabildeo
Fuente: Government at a Glance 2015, OECD Publishing, París.
Sentar las bases para un cabildeo
transparente y formal
retos
• Perú ha sido pionero en América Latina en la
regulación del cabildeo (véase la Gráfica 6). La
ley establece que los cabilderos que representen
intereses de terceros deberán registrarse
oficialmente para que se les permita emprender
actividades de cabildeo, y presentar un informe
cada seis meses. Sin embargo, en la práctica, Perú
tiene dificultades para implementar de manera
efectiva esta regulación y sólo unos cuantos
cabilderos están registrados. En particular, la
Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP), responsable de llevar el
registro, carece de los recursos y del poder
necesario para asegurar un cumplimiento con
las reglas.
• En el estudio se concluye que en Perú el cabildeo
se percibe ampliamente como corrupción, si no se
le equipara con esta. En general, los ciudadanos no
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Estados Unidos 1946
Alemania 1951
Australia 1983
Canadá 1989 Perú 2003
Polonia 2005
Hungría 2006
Israel 2008
Francia 2009
México 2010
Eslovenia 2010
Austria 2012
Italia 2012
Chile 2012
Países Bajos 2014
Reino Unido 2014
Irlanda 2015
RESPONSIBILIDAD

confían en las actividades llevadas a cabo por los
cabilderos, debido a la deficiente transparencia de
estos procesos. Asimismo, parece no entenderse
que el cabildeo es una forma de participación
política y, como tal, parte integral de una
democracia, aunque requiere una regulación,
supervisión y transparencia adecuadas para
mitigar los riesgos de una influencia indebida
en las decisiones públicas.
• A la vez, en la actualidad no hay una formación
específica para funcionarios públicos sobre cómo
ocuparse del cabildeo. No muchos saben que
hay una ley al respecto. De igual forma, no se
cuenta con cursos de formación o estrategias de
sensibilización específicos para alentar al sector
privado a asumir su parte de la responsabilidad,
y no se explica a los ciudadanos la importancia
de un cabildeo transparente y responsable.
Recomendaciones
El marco institucional peruano para regular
el cabildeo
• Perú ha sido pionero en implementar una ley de
cabildeo en América Latina y en el mundo entero,
pero, de momento, sus regulaciones no operan
en la práctica.
• Perú podría considerar remitir las
responsabilidades de registro y políticas de
cabildeo a la futura ANTAI.
Implementación y cumplimiento de las
regulaciones sobre cabildeo
• En la actualidad, no hay claros beneficios
para aquellos cabilderos que se registren. Por
consiguiente, Perú podría considerar proporcionar
incentivos positivos a los cabilderos para que
se enrolen, reduciendo la carga administrativa
implicada en registrarse y presentar informes,
y eliminando la necesidad de proporcionar una
constancia de la ley de cabildeo.
• Perú podría considerar revisar el título VI de
la Ley sobre Cabildeo, otorgando la facultad
de sancionar a la futura ANTAI y al mismo
tiempo asegurar su aplicación para todos los
funcionarios públicos; el Tribunal Administrativo
Especial previsto en la Ley sobre Cabildeo que
nunca se estableció podría incorporarse al
Tribunal Administrativo de Transparencia, que
será creado con la ANTAI.
Fomentar la transparencia en el cabildeo
• Es conveniente garantizar un acceso fácil y
transparente al registro y a extractos de los
informes, con el fin de reducir los problemas
reales o percibidos de tráfico de influencias por
parte de los cabilderos. Perú requerirá encontrar
un nivel operable de declaración pública que
equilibre la privacidad y los derechos de acceso
a la información.
• Perú ha avanzado en lo que respecta a aumentar
la transparencia en la interacción entre los
actores de los sectores público y privado mediante
otras reglas complementarias y podría continuar
en este camino al optimizar los Portales de
Transparencia y su uso.
RESPONSIBILIDAD

Formación y concientización
• Con la finalidad de modificar la percepción
negativa del público respecto al cabildeo, Perú
podría considerar realizar campañas públicas en
las que se explique el funcionamiento del cabildeo
transparente y la importancia de su regulación.
• Perú podría considerar crear conciencia y ofrecer
formación específica a funcionarios públicos
en torno a el cabildeo; por ejemplo: desarrollar
directrices sobre cómo manejar reuniones con
cabilderos o actores del sector privado, así como
la organización de informes específicos sobre las
regulaciones en vigor.
• En particular, Perú podría considerar concientizar
sobre la importancia de la autorregulación en
el sector privado, y alentar a las empresas a
asumir su rol como responsables del refuerzo
de la integridad.
Revisar la eficacia del marco de cabildeo
• Perú podría considerar realizar una revisión
sistemática de sus reglas y directrices de cabildeo
para identificar brechas de implementación y
oportunidades de mejora. Una posible forma de
efectuar evaluaciones podría ser mediante la
consulta pública.
20
RESPONSIBILIDAD

Mejorar el marco de
financiamiento político
La función que el dinero desempeña en la política es ambigua, como un arma de doble filo. El dinero puede
servir como canal para que los ciudadanos apoyen a los partidos políticos y los candidatos que representen
sus intereses y sus ideales, y también puede permitir a los actores políticos comunicarse con eficacia con sus
bases y conformar el debate público. Sin embargo, el dinero puede ser utilizado por intereses particulares
para capturar al sistema político y debilitar el carácter incluyente del proceso político. Poner en práctica
la transparencia, controles adecuados y equilibrar el financiamiento público y privado de los partidos
políticos y las campañas electorales, es, por tanto, una palanca de política que resulta clave para mitigar
el riesgo de captura, así como para proteger la legitimidad de los procesos democráticos que apuntala el
desarrollo económico.
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RESPONSIBILIDAD
retos
• Se percibe que en Perú prevalece el riesgo de
captura de la política mediante el financiamiento
de los partidos políticos y de las campañas
electorales. Esta inquietud parece reflejarse
en el bajo nivel de confianza del público en los
partidos políticos del país. De acuerdo con una
encuesta de Latinobarómetro, en 2015, más de
70% de los peruanos que contestaron la encuesta
tenían poca o ninguna confianza en los partidos
políticos.
• Es recomendable incorporar iniciativas
para combatir el financiamiento ilícito y
las aportaciones provenientes de fuentes
cuestionables a un programa de reforma integral
para fortalecer la transparencia de donantes y
aportaciones, cumplimiento y supervisión de las
campañas y los gastos de los partidos políticos,
así como sancionar violaciones.
• A pesar de la reciente reforma del marco jurídico
para el financiamiento político en el Perú, el país
aún afronta dificultades para implementar con

eficacia este marco. En particular, la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
carece de recursos y poder para garantizar
el cumplimiento de las reglas y regulaciones
existentes, especialmente en las regiones.
Recomendaciones
El marco jurídico peruano para financiar
partidos políticos y campañas electorales
• Perú podría esforzarse para garantizar que el
programa de financiamiento público contenido en
la Ley sobre Organizaciones Políticas se cumpla
con eficacia.
• Perú podría considerar prohibir o reducir las
donaciones anónimas.
Mejorar la transparencia y la integridad, así
como desarrollar competencias
• Perú podría considerar reforzar la transparencia
del financiamiento privado garantizando el acceso
público a los informes realizando inspecciones
aleatorias de las actividades de campaña
orientadas a evaluar mejor las actividades y los
gastos reales de la campaña, con el fin de detectar
con mayor eficacia el financiamiento ilícito y no
declarado.
• Perú podría considerar reforzar las facultades de
la ONPE para demandar documentos, materiales
o testigos de apoyo adicionales relacionados con
los informes financieros, así como los recursos
humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo
investigaciones eficientes.
• Para prevenir el abuso de recursos estatales
por parte de los partidos políticos y las
campañas electorales, Perú podría considerar
aumentar el uso de actividades educativas y de
concientización.
Garantizar el cumplimiento
• Perú podría considerar la creación de un
mecanismo de presentación de informes para
permitir a los ciudadanos registrar presuntas
violaciones de las regulaciones de financiamiento
de campañas.
• Perú podría considerar fortalecer las sanciones
en general para garantizar la disuasión eficaz
de actividades prohibidas.
• Perú podría considerar fortalecer la asistencia
técnica mediante una formación personalizada
y guías amigables para el usuario destinadas a
los dirigentes de los partidos.
RESPONSIBILIDAD

Garantizar un marco sólido de
control interno y gestión de riesgos
Contar con un marco sólido y eficaz de control interno y gestión de riesgos resulta esencial para proteger la
integridad en las organizaciones del sector público, dado que garantiza un entorno de control con objetivos
claros y proporciona un nivel razonable de confianza en la eficiencia, el desempeño y el cumplimiento de
leyes y prácticas por parte de una organización. Para lograrlo, la buena práctica internacional muestra
que el control interno y la gestión de riesgos tendrían que convertirse en parte integral de las operaciones
cotidianas, y no percibirse e instrumentarse como un ejercicio aislado.
Cuadro 2. Asignación de funciones entre las partes interesadas de control y auditoría, según el
modelo de tres líneas de defensa y aseguramiento
Fuente: Adaptado de la presentación del Institute of Internal Auditors (IIA): Three Lines of Defence Model, Assurance Maps, PIC EU-28ª Conferencia 2015
retos
• El Sistema Nacional de Control Interno (SNC) de
Perú es dirigido por la CGR, la cual es la Institución
Superior de Auditoría (ISA) del país. En el seno de
las instituciones públicas, los Órganos de Control
Institucional (OCI) son responsables del control
y la auditoría internos. Las regulaciones, normas
y directrices peruanas están estructuradas de
acuerdo con los estándares internacionales
pertinentes. Sin embargo, Perú aún afronta
1ª Línea de Aseguramiento 2ª Línea de Aseguramiento 3ª Línea de Aseguramiento
Nivel operativo: aceptar y
gestionar los riesgos
Independiente de las
unidades de entrega
Función de auditoría interna
independiente
Buena información de
desempeño y política
Estadísticas de monitoreo
Registros de riesgo
Evaluaciones o revisiones de
cumplimiento
Gestión de programa y de
proyecto
Línea directa de reporte a la
alta dirección y al ministro
Evaluar y garantizar la eficacia
de los mecanismos de la
primera y la segunda líneas
Enfoque basado en riesgos
para resolver las brechas o
deficiencias del sistema de
aseguramiento
Las tres líneas del modelo de aseguramiento
RESPONSIBILIDAD

dificultades para plasmar su sólido marco en la
práctica y acotar la brecha en su implementación.
• De hecho, hay varios retos para alcanzar un
sistema eficaz de control interno y gestión de
riesgos en el Perú. En primer lugar, este ejercicio
es considerado como una rutina burocrática y
administrativa. En segundo lugar, no hay una
clara asignación de funciones y responsabilidades
relativas a procesos de control interno y
gestión de riesgos, lo cual limita el ejercicio a
un ejercicio aislado. En tercer lugar, la gestión
de riesgos es llevada a cabo por los OCI y las
unidades administrativas, y la participación de
las unidades operativas, que son las dueñas de
los riesgos, es escasa. Asimismo, actualmente
el marco de gestión de riesgos y control interno
de Perú no incluye una política de gestión de
fraudes especial.
• El estudio también identificó un conjunto de
deficiencias que obstaculizan un sistema eficaz
de control interno: no hay señales claras de los
niveles de alta dirección; los objetivos de las
entidades tienden a definirse en forma vaga; los
sistemas de información no han alcanzado la
madurez; la fijación de indicadores pertinentes
y la medición del desempeño son limitadas; las
actividades de concientización acerca de los
beneficios del control interno y la gestión de
riesgos son también escasas, y los programas de
desarrollo de competencias y formación requieren
mejorar aún más. Estos retos son aún mayores
a nivel regional.
• La actual incorporación de los OCI a la estructura
de la CGR afronta dos retos diferentes pero
interconectados. En primer lugar, hay confusión
dentro de las entidades respecto a las funciones y
las responsabilidades de su propio personal y del
personal de los OCI en lo que concierne al control
interno y la gestión de riesgos según el modelo
de tres líneas de defensa (véase el Cuadro 2).
En segundo lugar, la función exacta de una
auditoría interna independiente no parece estar
desarrollada con claridad, según las principales
prácticas de los países miembros de la OCDE.
Recomendaciones
Reforzar el marco de Control Interno y Gestión
de Riesgos de Perú
• Perú podría cerrar la brecha entre el marco
conceptual de control interno y gestión de
riesgos y la implementación a nivel de entidad,
aplicando funciones y actividades de control
interno, incluyendo la gestión de riesgos, como
parte integral de los procesos de operación,
gobernanza y gestión (por ejemplo, planificación,
toma de decisiones, monitoreo y evaluación).
• Perú podría integrar las funciones de control
interno y gestión de riesgos en reformas de
24
RESPONSIBILIDAD

25
gestión pública, al reforzar y formalizar la
cooperación entre instituciones del SNC con
instituciones públicas clave. Dichas funciones
podrían vincularse con iniciativas y políticas como
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (Plan
Bicentenario), la gestión basada en resultados, las
reformas de gestión pública, los planes fiscales de
mediano plazo y la descentralización.
• Perú podría considerar mejorar la puesta
en marcha del análisis de la autoevaluación
del sistema de control interno mediante el
fortalecimiento de la conciencia y conocimientos
individuales, y el desarrollo de competencias y
capacidades de todos los jefes de departamentos y
direcciones, así como de los empleados en puestos
clave.
Asignar funciones y responsabilidades y separar
las obligaciones en la función de control interno
• Perú podría trabajar en determinar y asignar las
diversas funciones y responsabilidades respecto
al control interno y la gestión de riesgos mediante
la separación clara de las políticas de control
financiero y de gestión, y los procedimientos de
la función de auditoría interna.
• Perú podría rediseñar la función y las operaciones
de los OCI, centrarse en la consultoría y apoyo
para la alta dirección, garantizar la idoneidad
de los procesos de control interno para mitigar
riesgos y cerciorarse de que los gerentes y el
personal de las entidades gubernamentales
participen en forma activa en las actividades de
control y gestión de riesgos. A su vez, a modo de
reflejar este cambio los OCI podrían denominarse
Oficinas de Auditoría Interna y Aseguramiento
(OAIA).
RESPONSIBILIDAD

• Perú podría explorar maneras prácticas de mejorar y estandarizar
la coordinación entre las partes interesadas, garantizar la
armonización de estándares e instrumentos metodológicos, asignar
funciones y responsabilidades claras, separar las tareas y proteger
la independencia y la objetividad institucionales e individuales en
el área de auditoria y control externos e internos.
• La eficacia del marco de control interno y gestión de riesgos, incluidos
la concientización sobre el valor agregado del control interno
entre la alta dirección y el fortalecimiento de la independencia y
objetividad de la función de auditoría interna, podría beneficiarse de
la implantación de consejos o comités independientes de auditoría
y riesgo.
Respaldar las reformas de integridad y anticorrupción
• Perú podría explorar soluciones para desarrollar un entorno óptimo
de control interno basado en la integridad y la transparencia.
Es fundamental garantizar la aplicación de los valores éticos
de manera coherente en todos los procesos y procedimientos
organizacionales. Asimismo, podría supervisarse y evaluarse la
madurez del entorno de control interno, incluidos los aspectos
estructurales y conductuales.
• Perú podría considerar diseñar una política especial de gestión
de riesgo de corrupción, que incluya actividades específicas de
mapeo y evaluación, con la finalidad de apoyar a las entidades
gubernamentales en su misión de instrumentar controles para
prevenir, detectar y responder con eficacia a planes y actos de
corrupción.
26
RESPONSIBILIDAD

Un marco eficaz de integridad del sector público incluye no sólo fundamentos para definir, sostener y
supervisar la integridad, sino también respuestas adecuadas a todas las presuntas violaciones de los
estándares de integridad pública por parte de funcionarios públicos y todos aquellos implicados en las
violaciones. Si se aplican en forma transparente, oportuna y objetiva, las medidas disciplinarias pueden
dar credibilidad a las reglas y marcos de integridad de los gobiernos, servir para fortalecerlos y ayudar a
inculcar valores de integridad en las personas y las organizaciones como normas culturales.
Simplificar y reforzar el
régimen disciplinario
administrativo para
funcionarios públicos
retos
• El régimen disciplinario administrativo aplicable
a la mayoría de los servidores civiles y empleados
públicos peruanos consiste de dos sistemas que
coexisten: el régimen administrativo disciplinario,
regulado por la Ley del Servicio Civil (SERVIR), y
el régimen administrativo funcional, instituido
por la CGR. Esto plantea varios riesgos para la
eficacia y la equidad procesal del mecanismo
de aplicación general para irregularidades y
corrupción, ya que una sola falta cometida por
un servidor público puede, en teoría, ser atendida
por ambos regímenes.
• El estudio detectó también que la capacidad
de las instituciones públicas y sus respectivas
unidades de Gestión de Recursos Humanos
(GRH) en relación con asuntos disciplinarios es
incipiente y requiere fortalecerse.
• Si bien el actual marco jurídico, en su faz formal,
previene la violación del principio de non bis in
idem en relación con procedimientos penales y
administrativos, en la práctica se carece aún
de claridad respecto a la coincidencia entre los
regímenes, en particular entre los órganos de
GRH de las instituciones públicas.
• En relación con el estatuto de limitaciones, el cual
restringe la cantidad de tiempo durante el cual
un funcionario puede ser pasible de una sanción,
el reto en Perú es evitar el riesgo de que los casos
administrativos se desechen sin realizar la debida
investigación o trámite, y que, en consecuencia,
el efecto disuasorio para los posibles infractores
pueda disminuir.
• Por último, la información recogida sobre las
sanciones disciplinarias impuestas no permite la
realización de una evaluación integral de ambos
sistemas, lo cual pone en peligro el uso de dicha
información para demostrar el compromiso con
la integridad y mejorar el diseño y la puesta en
marcha de políticas de integridad.
RESPONSIBILIDAD

Recomendaciones
Hacia un régimen disciplinario administrativo
más coherente
• En el mediano a largo plazo, con el fin de reducir
aún más la impunidad y proteger los derechos
de los acusados, Perú podría considerar mutar a
un régimen administrativo disciplinario con un
único catálogo de infracciones con sus sanciones
correspondientes, y una definición más clara de
las jurisdicciones y responsabilidades de SERVIR,
la CGR y los tribunales respectivos.
• Para lograr un régimen administrativo más
coherente en el largo plazo requerirá medidas
inmediatas en el corto plazo. Como prioridad,
para preparar el camino hacia reformas futuras,
se precisa una coordinación y una comunicación
más fuertes bajo los auspicios de la CAN, así
como programas más ambiciosos de desarrollo
de capacidades.
Cerrar brechas para prevenir la impunidad
• Enelcortoplazo,lalegislaciónylosprocedimientos
actuales podrían aclararse y adaptarse para
garantizar una mejor coordinación entre las
autoridades responsables de procedimientos
penales y administrativos relacionados con
funcionarios públicos.
• En el corto plazo, podría revisarse el estatuto de
limitaciones sobre infracciones disciplinarias, con
miras a fortalecer la disuasión contra las faltas.
Medir el desempeño para documentar mejor
las estrategias de integridad y aplicación
• Indicadores de desempeño clave, estandarizados
y disponibles para el público, sobre el
funcionamiento del régimen unificado (o en el
corto plazo, de ambos regímenes), aportarían
valiosa evidencia para evaluar, informar a la
sociedad civil y mejorar no sólo los mecanismos
de aplicación, sino también la estrategia
generalizada de integración.
RESPONSIBILIDAD

En caso de que los procesos preventivos e internos fallen, hay que garantizar mecanismos de rendición de
cuentas y cumplimiento que aporten respuestas adecuadas a todas las presuntas violaciones de los estándares
de integridad pública por parte de los servidores públicos y todas las personas implicadas en las infracciones.
Para este propósito, es esencial fijar un sistema de justicia penal independiente, coordinado y entrenado,
con la capacidad de sancionar con eficacia los delitos contra la administración pública, como extorsión,
desfalco, fraude, malversación, soborno, abuso del cargo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Mejorarelsistemadejusticiapenal
para garantizar la integridad
retos
• Varios órganos participan en el sistema judicial de
Perú (la Fiscalía de la Nación [FN], los procuradores
especialistas en anticorrupción del Ministerio
de Justicia, el Poder Judicial, la Policía Nacional
y la CGR). Si bien se dispone de mecanismos
de coordinación, como el Acuerdo Marco de
Cooperación Interinstitucional, se puede mejorar
la coordinación real y la cooperación depende en
gran medida de las personas involucradas.
• La independencia del Poder Judicial y de la FN
se garantiza en la Constitución peruana. Los
jueces y fiscales son seleccionados, nombrados
y confirmados por un órgano constitucional
independiente (el Consejo Nacional de la
Magistratura o CNM) tras un proceso público de
selección y una evaluación individual. Pero, pese a
estas disposiciones y mecanismos reglamentarios,
la independencia de una influencia indebida es
un reto importante en el sistema de justicia penal
del Perú, en particular respecto al Poder Judicial.
Entre otras, el amplio uso de jueces y fiscales
provisionales es una amenaza a la independencia
de facto.
• En la actualidad se observa un grado
razonablemente alto de especialización en
todos los órganos de investigación, procuración
y justicia de Perú. Sin embargo, el país se
encuentra gradualmente implementando un
sistema mediante el cual los casos se asignarán
a los fiscales de manera aleatoria, medida que
aumentará el reto para gestionar adecuadamente
los conocimientos y la experiencia específicos.
El uso eficaz de la especialización puede verse
también obstaculizado porque, a partir de
mediados de 2015, se requiere un nuevo criterio
para transferir casos a la unidad especializada
de la FN (la participación del crimen organizado)
junto con los ya existentes (gravedad, complejidad
y tener implicaciones a nivel nacional).
• Además, la aplicación en términos penales de
las leyes anticorrupción fue afectada por la falta
de recursos humanos y financieros en todos
los órganos implicados. Si bien el presupuesto
de la FN casi se duplicó entre 2008 y 2012, si
se considera la carga de trabajo que requiere
RESPONSIBILIDAD

la investigación, ni el personal de la fiscalía ni
el administrativo son suficientes. La falta de
recursos financieros adecuados también restringe
la cantidad de formación disponible, en especial
en el nivel regional. Preocupante en particular
resulta la aguda falta de experticia interna o de
acceso a expertos especializados en las áreas de
contabilidad, ingeniería y procuración pública
(peritos), sobre todo en el nivel regional, ya que
a menudo los casos de corrupción son complejos
desde el punto de vista financiero y requieren
conocimientos específicos para garantizar la
eficacia de la investigación.
Recomendaciones
Mejorar la independencia, la cooperación y la
coordinación
• Adoptar claros procedimientos escritos o
acuerdos de entendimiento entre la FN, la Policía
Nacional (DIRCOCOR), el Ministerio de Justicia,
SERVIR y la CGR para requerir y garantizar la
cooperación sistemática y continua entre los
órganos pertinentes sobre casos de corrupción
bajo jurisdicción penal.
• Utilizar las CRA para intercambiar información
y conocimientos entre oficinas y entre regiones
sobre casos, retos y éxitos específicos. Considerar
formaciones conjuntas interinstitucionales y en
todos los órganos al utilizar las CRA como foros
para sesiones de formación sobre diferentes
aspectos de investigación y enjuiciamiento de
la corrupción.
RESPONSIBILIDAD

• Considerar celebrar reuniones mensuales
entre representantes de la FN y el CNM, en
las cuales los representantes puedan debatir,
de manera confidencial y privada, cualquier
preocupación respecto a la interferencia política
en nombramientos judiciales o casos en curso
para cerciorarse de detectar y sancionar esta
conducta.
• Ofrecer formación y concientización periódicas
a la Magistratura y a otros empleados de la
corte sobre conducta ética, complementadas por
mecanismos de respaldo para buscar información
relativa a la corrupción. Asegurarse de que estos
esfuerzos reciban un apoyo abierto y continuo
de los funcionarios de alto nivel del gobierno y
del Poder Judicial.
Aumentar la capacidad mediante la
especialización, la inversión de recursos y la
formación
• Garantizar que la asignación de casos tome en
cuenta la experiencia, los conocimientos y/o la
formación del fiscal, evitando, a su vez, posibles
conflictos de intereses.
• Considerar poner en marcha un conjunto
más flexible de criterios o dejar algún margen
de discrecionalidad para decidir qué casos
se transferirán a las oficinas nacionales
especializadas de la FN y la Sala Penal Nacional.
• Explorar maneras de garantizar que a los casos le
sean asignados los recursos adecuados de la FN.
• Implementar medidas urgentes para reducir
el número de vacantes en la Magistratura y
la FN para eliminar el uso de jueces y fiscales
provisionales, y aumentar, en el mayor
grado posible, la continuidad del personal de
investigación para casos específicos, lo que
incluye jueces y fiscales.
• Proporcionar guía y formación anual a la
Magistratura y los fiscales sobre delitos de
corrupción, y temas y asuntos pertinentes (como
por ejemplo la contratación pública). Considerar
implantar un programa informal de tutoría
mediante el cual los fiscales y/o miembros de la
Magistratura puedan solicitar asesoría de otros
fiscales o jueces con experiencia en casos de
corrupción.
• Incrementar el suministro de formación y
orientación conjuntas a los fiscales y a la Policía
sobre técnicas de investigación pertinentes para
investigaciones sobre corrupción, en particular
obtener y analizar información fiscal y financiera.
Tomar medidas para reducir la rotación de
personal de la Policía (específicamente la
DIRCOCOR), con el fin de mantener la capacidad
y los conocimientos expertos y desarrollar
confianza.
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¿Qué son los Estudios sobre Integridad?
Los Estudios sobre Integridad de la OCDE ayudan a los encargados de la formulación de políticas
públicas a mejorar estas, adoptar buenas prácticas y poner en marcha principios y estándares esta-
blecidos. En ellos se comparan experiencias y buenas prácticas de países miembros y no miembros
de la OCDE. Los Estudios sobre Integridad proponen acciones para que los gobiernos mejoren su
sistema de integridad pública con base en un análisis exhaustivo de sus estructuras, instrumentos
y procesos, con el fin de promover un sector público más limpio. Se pone particular atención a la
evaluación de la eficacia de sus sistemas de gestión de integridad y se detallan opciones alternativas
para atender áreas “en riesgo”. Durante el proceso de revisión, la OCDE organiza talleres y debates
sobre políticas con expertos y funcionarios de instituciones homólogas de los países de la OCDE,
así como del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE y sus redes afiliadas.
Para más información
Ccomuníquese con GOVintegrity@oecd.org
O visite www.oecd.org/gov/ethics/
@OECDgov

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