Evaluación Integral del Progreso Femenino Global - Análisis de ONU Mujeres sobre Avances, Desafíos y Futuras Perspectivas para el Empoderamiento y la Igualdad de Género..ppt

EL PROGRESO DE LAS MUJERES EN EL MUNDO 2019-2020
RESUMEN
FAMILIAS
EN UN
MUNDO
CAMBIANTE
MUJERES El

Consulte el informe en la siguiente dirección: progress.unwomen.org
Las opiniones expresadas en esta publicación pertenecen a las autoras y no reflejan necesariamente el punto de vista de ONU
Mujeres, de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organizaciones afiliadas. Las fronteras y los nombres que se muestran, y las
denominaciones utilizadas en los mapas que aparecen en este informe no implican su aceptación ni adhesión oficial por parte de las
Naciones Unidas.
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Diseño: Blossom - Milán
Traducción al español: Prime Production Ltd.
Cotejo de traducción y edición: Claudia Itzkowich, Constanza Tabbush y Verónica Torrecillas Impresión: AGS Custom Graphics, una
empresa de RR Donnelly
© ONU Mujeres 2019
Elaborado en los Estados Unidos de América Todos los derechos reservados

RESUMEN
EL PROGRESO DE LAS MUJERES EN EL MUNDO 2019-2020
FAMILIAS EN UN
MUNDO
CAMBIANTE
•ONU Sil
MUJERES 3
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres

FAMILIAS EN UN MUNDO CAMBIANTE
El mundo está cambiando con rapidez. Las familias también están
cambiando, al igual que el papel que desempeñan las mujeres y las niñas en
ellas. En la actualidad no existe un modelo de familia "normal” De hecho,
nunca ha existido. Las leyes y políticas vigentes deben evolucionar y
adaptarse para poder apoyar a todas las familias y responder a las
necesidades de todos sus miembros. En el informe El progreso de las mujeres
en el mundo se evalúa la dimensión y el alcance de las transformaciones en
la vida familiar, así como sus implicaciones para la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.
A partir de los datos globales disponibles, este informe propone una
agenda integral de políticas dirigidas a las y los principales hacedores y
hacedoras de políticas, activistas, gobiernos nacionales y organismos
internacionales para garantizar que todas las mujeres y niñas gocen
plenamente de sus derechos humanos sin importar el modelo de familia en
el que vivan.
Hoy en día existen numerosos indicios de que las mujeres tienen mayor voz
y poder de decisión en sus familias. El aumento de la edad al contraer
matrimonio, el mayor reconocimiento jurídico y social de diversos tipos de
unión, el descenso de las tasas de fecundidad producto de poder elegir el
momento y el número de hijos que se desean tener, y la mayor autonomía
económica de las mujeres son solo algunos de ellos. Estos cambios son a la
vez causas y consecuencias de grandes transformaciones demográficas, así
como del creciente acceso de mujeres y niñas a la educación y al empleo, de
modificaciones en normas sociales e ideas sobre las familias y de reformas
jurídicas. Estos últimos procesos han sido a menudo impulsados e
inspirados por el activismo de las mujeres.
Este activismo, junto con un profundo compromiso con los derechos
humanos, es más necesario que nunca, en un contexto en el que ganan
terreno las voces que cuestionan la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres. Quienes niegan a las mujeres el derecho a
tomar sus propias decisiones suelen utilizar una retórica que enaltece los
"valores de la familia” en pos de socavar los logros alcanzados en las
últimas décadas. En la práctica, quienes defienden estos puntos de vista con
frecuencia han adoptado políticas contrarias al bienestar de las familias y
sus miembros, en lugar de apoyarlos.
Las familias contribuyen al empoderamiento
de las mujeres y las niñas, pero también son
un espacio donde con frecuencia se vulneran
sus derechos
Las familias son un pilar fundamental de las sociedades. Sin ellas, las
comunidades y las economías no podrían funcionar. En su seno, las
personas comparten recursos como la vivienda o los ingresos, cuidan de las
personas enfermas y vulnerables, y nutren a las generaciones futuras. Las
familias pueden ser un entorno de amor y afecto, un espacio crucial para
que sus integrantes desarrollen su identidad y sentido de pertenencia.
Sin embargo, con demasiada frecuencia las mujeres y las niñas sufren
violencia y discriminación en el entorno familiar. A lo largo de su vida,
alrededor de un tercio de las mujeres son víctimas de abuso físico o sexual
por parte de una pareja. En algunos países, las niñas no tienen derecho a
heredar bienes, mientras que en otros se obliga a las mujeres a obedecer a
sus esposos, lo cual impone graves barreras a su empoderamiento y su
libertad de expresión. Reconocer de manera explícita que las familias son un
espacio contradictorio para las mujeres y las niñas es uno de los objetivos
clave de este informe.
Ahora bien, la desigualdad, la discriminación y las desventajas que las
mujeres experimentan en su vida y sus relaciones familiares no son
naturales; tampoco inevitables. En consecuencia, hacedoras y hacedores de
políticas, activistas y la ciudadanía tienen ante sí un desafío urgente:
transformar las familias en un lugar de igualdad y justicia, en un hogar
donde se potencie la capacidad de mujeres y niñas de empoderarse y
realizar sus derechos.
Acelerar el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Garantizar que las familias sean espacios de igualdad, exentos de
discriminación, es esencial para el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El ODS 5 ("lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas”), por ejemplo, exige eliminar la
violencia y todas las prácticas nocivas, asegurar el acceso de las mujeres a
los recursos económicos, incluso a través de los derechos sucesorios y la
igualdad en las leyes de familia, y promover la responsabilidad compartida
del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que recae
desproporcionadamente sobre las mujeres.
2

RESUMEN
Para "garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades” (ODS 3), las mujeres necesitan tener acceso a servicios de
planificación familiar y de atención de la salud reproductiva; con el objeto
de "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (ODS 4), las
niñas deben poder contraer matrimonio a edades más tardías y finalizar
sus estudios escolares; para "promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos” (ODS 8), es preciso adoptar políticas orientadas a las
familias y normas en el ámbito laboral que posibiliten que mujeres y
hombres
combinen sus responsabilidades de cuidados con el empleo remunerado.
La aplicación de la agenda de políticas orientadas a las familias que se
describe en este informe puede crear sinergias y acelerar los avances entre
las diferentes generaciones, tanto en lo que respecta a la igualdad de
género como al desarrollo sostenible en general. Con el fin de adaptar esta
agenda y aplicarla a los contextos nacionales y locales, las y los
responsables de la formulación de políticas deben comprender el modo en
que los sesgos de género en las relaciones de poder favorecen o limitan los
derechos de las mujeres en la familia y reconocer la naturaleza diversa y
cambiante de los modelos familiares.
MUJERES Y RELACIONES FAMILIARES: ENTRE LA
COOPERACIÓN Y EL CONFLICTO
En este informe, las familias se consideran instituciones en las que la
cooperación (solidaridad y amor) coexiste con el conflicto (desigualdad y
violencia), como se muestra en el gráfico 1.’ El estudio se apoya en la visión
de la economía feminista para explicar que la desigualdad en el poder de
negociación dentro de las familias se traduce en desigualdad de resultados
—por ejemplo, en lo que concierne a la distribución de los recursos o a la
división del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado—, y propone
soluciones a este problema.
Además del papel que desempeñan los ingresos en la capacidad de
negociación de las mujeres para defender sus derechos en la familia, el
informe destaca la valiosa contribución de los sistemas de apoyo social
(como los grupos comunitarios o las organizaciones defensoras de los
derechos de las mujeres), los derechos garantizados por el Estado (por
ejemplo, los sistemas de protección social y los servicios jurídicos) y las
normas sociales progresistas.2
A partir de esta visión de las familias, en el
informe se analiza cómo se desenvuelven las mujeres y las niñas en ellas.
Más recursos en manos de (algunas) mujeres
Se observa un avance notable en el acceso de las mujeres a los recursos a
través de la obtención de ingresos, la protección social y la titularidad de
activos. Esto ha desencadenado algunos cambios en el equilibrio de poder
dentro del hogar, lo que dota a las mujeres de mayor seguridad económica
y de un mayor peso en la toma de decisiones, y posibilita mejorar el
bienestar económico familiar.
Sin embargo, incluso en los países desarrollados, donde el progreso de las
mujeres ha sido más amplio y sostenido, las que residen con una pareja
heterosexual todavía siguen aportando menos de la mitad de los ingresos
familiares y son titulares de una proporción aún menor del patrimonio
familiar.3
El costo económico de la maternidad para las mujeres, en forma de
menores tasas de ocupación y remuneración comparadas con aquellas de
las mujeres sin hijos, constituye un problema persistente.4
Además, en un
mundo en el que la riqueza y los activos presentan una concentración y un
control crecientes por parte de una fracción de la población mundial, el
avance de las mujeres ha sido desigual entre unos países y otros, así como
entre los diferentes grupos de mujeres.5
Las familias monoparentales, que
cuentan con un solo ingreso, por ejemplo, corren mayor riesgo de caer en la
pobreza de ingresos que las familias con dos proveedores.6
Sin embargo, los cuidados siguen siendo una
tarea fuertemente feminizada
Pese a que, en general, el acceso de las mujeres a los recursos económicos
ha mejorado, la distribución del trabajo de cuidados no remunerado sigue
siendo muy desigual. En las familias, las mujeres realizan una cantidad tres
veces mayor de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los
hombres; las desigualdades son particularmente pronunciadas en los países
en desarrollo, en los que el acceso a las infraestructuras que permiten
ahorrar tiempo y a los servicios públicos es más limitado.7
3

GRAFICO 1
EL ESPACIO DE ACCIÓN DE LAS MUJERES PARA
DEFENDER SUS DERECHOS EN LA FAMILIA
La desigualdad de género en las relaciones familiares significa que las mujeres a
menudo se vean obligadas a negociar para disponer de la parte que les corresponde de
recursos económicos, comida, tiempo de ocio y poder de toma de decisiones.
Las familias son espacios de cooperación y conflicto. La actuación de los Estados, las comunidades y los mercados puede mejorar la posición de las
mujeres al negociar sus derechos en la familia.
Las familias influyen en las instituciones. Las instituciones influyen en las familias.
Fuente: Basado en Sen (1990a) y Agarwal (1997).
4 5

En muchas regiones existe un claro déficit de cuidados, que provoca una
desatención de las necesidades de las niñas y los niños y de las personas
adultas mayores, en particular, por parte de las instituciones dedicadas a la
prestación de servicios de cuidados. Cuando no existe disponibilidad de
servicios de cuidados profesionales o estos son excesivamente onerosos, se
espera que las mujeres y las niñas llenen ese vacío, lo que reduce el tiempo
que pueden destinar a sus estudios, al trabajo remunerado y a otras tareas,
o provoca que las necesidades de cuidados queden desatendidas. Esta
dinámica tiene consecuencias negativas para las mujeres, puesto que afecta
su capacidad para acceder a un trabajo remunerado decente, así como su
salud física y mental.
... incluso cuando las mujeres migran
En un mundo cada vez más globalizado y en el que el desplazamiento
forzado es un problema creciente, muchas familias sustentan y cuidan de
sus integrantes a distancia. A pesar de que las familias, las comunidades y
los Estados dependen cada vez más de la capacidad y la disposición de las
mujeres para migrar y generar ingresos, los hombres no siempre asumen la
responsabilidad de cuidar de las personas dependientes que permanecen
en el hogar. De hecho, la migración pone de relieve hasta qué punto
persiste el papel de las mujeres como cuidadoras; en ausencia de una
madre que provea cuidados, es frecuente que abuelas o hijas mayores
asuman el cuidado de las personas dependientes.
Cuando migra toda la familia —algo que no siempre es posible—, la
desigualdad en el acceso a la protección social y los servicios públicos se
acentúa aún más. Estas diferencias son particularmente marcadas en el
caso de las personas migrantes en situación irregular, así como en
contextos de crisis humanitarias.
La violencia contra mujeres y niñas persiste
La manifestación más grave del conflicto dentro de las familias es la
violencia contra las mujeres y las niñas. Tras décadas de activismo
feminista, la violencia en la familia se ha reconocido al fin como un
problema público y ha dejado de considerarse una cuestión
exclusivamente privada. En la actualidad existen leyes, planes de acción,
servicios de protección y apoyo y un creciente número de medidas de
prevención de la violencia.
Pese a estos esfuerzos, la violencia contra las mujeres y las niñas persiste
hasta alcanzar tasas abrumadoramente elevadas en todas las regiones del
mundo. A menudo, la violencia en la familia es letal: se calcula que un 58 %
de las mujeres que fueron víctimas de homicidio intencionado en 2017
fueron asesinadas por un familiar. Ese año murieron asesinadas 137
mujeres por día.8
LAS FAMILIAS EN LA ACTUALIDAD: CAMBIANTES Y
DIVERSAS
No hay un solo tipo de familia. Jamás lo ha habido. Con base en datos
globales, el informe documenta la gran diversidad de estructuras y
relaciones familiares existentes en las diferentes regiones, dentro de cada
país y a través del tiempo.
Si se toma el hogar como unidad de análisis, poco más de un tercio de los
hogares del planeta (38 %) están formados por una pareja con hijas e hijos
de cualquier edad (véase el gráfico 2).9
Pero hasta esos hogares distan
mucho de ser homogéneos; presentan diferencias en términos de ingreso,
por ejemplo, o de edad de las hijas e hijos que viven en ellos. Cerca de dos
tercios del total de los hogares adoptan otras formas y, de ellos, alrededor
de la tercera parte (27 %) son hogares extensos, en los que pueden residir
abuelas y abuelos o tías y tíos, por ejemplo.
Los hogares monoparentales—de los cuales un 84 % a nivel mundial están
conformados por madres solas que viven con sus hijos— y los compuestos
por parejas (heterosexuales u
homosexuales) sin hijos, también son comunes en muchas regiones.10
En las
sociedades que están pasando por un proceso de envejecimiento, los
hogares unipersonales son una realidad cada vez más frecuente.
¿Qué factores explican la variación en la composición de las familias en las
diversas regiones y dentro de los países? Las diferencias en las políticas
públicas y las normas sociales, los cambios demográficos y los patrones
laborales influyen en la gran variedad de modelos de familia.11
Cambios en las parejas
A lo largo de las últimas tres décadas se han producido cambios
significativos en el momento y el tipo de unión que mujeres y hombres
eligen para formar una pareja (así como en cuanto al propio hecho de
decidir formar una pareja o no). Mujeres y hombres de todas las regiones
del mundo están retrasando la edad a la que contraen matrimonio.12
6

RESUMEN
Esto ha permitido que las mujeres concluyan sus estudios, ganen presencia
en el mercado de trabajo y disfruten de autonomía financiera.’3
La cohabitación sigue una tendencia al alza y, en algunas regiones, un
número creciente de mujeres están optando directamente por no casarse.
Estas decisiones pueden ser consecuencia tanto de la necesidad como de la
elección, ya que para algunas parejas el costo de formar una familia puede
ser excesivo.’4
También pueden ser el reflejo de una disposición cada vez
menor por parte de las mujeres a entablar relaciones en las que se espera
que asuman un rol subordinado.
Desde la década de ’980, el incremento de las tasas de divorcio es una de
las características más visibles de los cambios en las familias en la mayoría
de las regiones.’5
La liberalización de las leyes de divorcio en algunos países
desarrollados ha dado lugar a una reducción de los índices de suicidio entre
las mujeres, a un menor número de denuncias por violencia doméstica y a
una disminución del número de asesinatos de mujeres a manos de sus
esposos.’6
Sin embargo, el aumento de las cifras de divorcios y separaciones también
puede implicar otras formas de vulnerabilidad para las mujeres. Poner fin a
una relación suele entrañar consecuencias mucho más adversas para las
mujeres que para los hombres. Con demasiada frecuencia, las mujeres
pierden el acceso a los bienes de la pareja; incluso pueden llegar a perder la
custodia de las y los hijos.’7
Voz y toma de decisiones en materia
reproductiva
La crianza infantil es uno de los pilares centrales de la vida familiar. Y
también es uno de los aspectos que más están cambiando. En todo el
mundo se aprecia un descenso de las tasas de fertilidad, si bien el ritmo de
caída difiere según las regiones.
Este cambio indica, por un lado, que las mujeres tienen más voz y poder de
decidir si tienen descendencia y cuándo tenerla (así como sobre el número
de hijas e hijos). En términos prácticos, una familia reducida puede resultar
menos costosa de mantener, y puede conllevar una menor carga de trabajo
doméstico y de cuidados para las mujeres.
Por otro lado, el descenso de las tasas de fertilidad en algunas regiones
también indica que las mujeres tienen menos hijos de los que desean. Las
parejas pueden estar limitando el número de descendientes en respuesta a
condiciones económicas que dificultan la crianza, o porque, dada la
ausencia de servicios de cuidados de calidad a largo plazo, también tienen
parientes de edad avanzada que cuidar. Es posible asimismo que las mujeres
tomen la decisión de tener menos hijos porque los hombres continúan sin
asumir la cuota que les corresponde del trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado.
Comprender tanto las dinámicas de género de las familias como la
diversidad de formas que adoptan en las diferentes regiones, a lo largo del
tiempo e incluso a lo largo de la vida de las personas es fundamental para
formular políticas adecuadas.
¿QUÉ PAPEL DEBE DESEMPEÑAR LA ACCIÓN
PÚBLICA?
Familias, economías y gobiernos son interdependientes: los tres ámbitos
aportan a la hora de construir sociedades prósperas y justas. Para su buen
funcionamiento, los mercados y los Estados necesitan familias que
produzcan mano de obra, compren bienes y servicios, paguen impuestos y
nutran a los miembros productivos de la sociedad. Sin embargo, las
contribuciones de las familias no son infinitamente elásticas. Tratarlas como
un recurso ilimitado, que puede ser aprovechado sin miramientos por
actores públicos y privados, puede tener consecuencias muy negativas para
las propias familias y sus integrantes. La austeridad, el estancamiento de los
salarios, los conflictos y la aceleración del cambio climático pueden impedir
que las familias salgan adelante. En este contexto reviste la máxima
importancia contar con el apoyo de las comunidades, los mercados y los
Estados.’8
Los Estados tienen una responsabilidad adicional de apoyar a las familias
debido a sus obligaciones como garantes de derechos. Hace más de 70
años, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoció a la familia
como unidad fundamental de la sociedad, que requiere protección y
asistencia.’9
En el campo del derecho internacional, la protección de la
familia está intrínsecamente vinculada al principio de igualdad y no
discriminación, especialmente en lo que respecta al matrimonio.20
La
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW) establece con claridad que las relaciones familiares
deben entenderse a la luz de este principio (art. ’6). Su aplicación al contexto
familiar implica que todas las leyes, políticas y prácticas referentes a las
familias deben adoptarse sin discriminar a ninguno de sus miembros ni a
ningún tipo de familia.
7

GRÁFICO 2
TIPOS DE HOGARES: PROMEDIOS MUNDIALES Y
REGIONALES
En todo el mundo, menos de cuatro de cada diez hogares están formados por
una pareja con hijas e hijos (de cualquier edad).
Tipos de
hogares
Parejas con hijas e hijos (de
cualquier edad, incluso adultas y
adultos)
Proporción de hogares según
tipo, distribución mundial
Fuente: Valores regionales calculados por ONU Mujeres a partir de estimaciones nacionales publicadas por el DAES de las Naciones Unidas (2018a). A efectos de este análisis, los datos referidos a
China están basados en estimaciones elaboradas y publicadas en Hu y Peng (2015).
Nota: las estimaciones regionales marcadas con un asterisco (*) están basadas en una proporción inferior a dos tercios de la población de la reglón respectiva, por lo que deben tratarse con cautela:
Europa y América del Norte (41 % de la población) y África del Norte y Asia Occidental (36,1 % de la población). La suma de las distribuciones mundiales y regionales de los hogares puede no ser
Igual a 100 debido al redondeo. La cobertura pobladonal de Oceania era insuficiente, por lo que no se muestra.
8

La diversidad es la norma en la composición de los hogares: en el África Subsahariana y en
Asia Central y Sudoriental, cerca de un tercio de los hogares son extensos; además, en
varias regiones, uno de cada diez hogares es monomarental o monoparental.
Proporción de hogares según Proporción de hogares según tipo, distribución por países
tipo, distribución regional
0 10 20 30 40 50 60 70
Europa y América del Norte*
África Subsahariana Asia Oriental y
Sudoriental América Latina y el Caribe
Asia Central y Meridional África del Norte
y Asia Occidental*
y Asia Occidental*
Asia Central y Meridional Africa del Norte
y Asia Occidental*
y Asia Occidental*
y Asia Occidental*
Asia Central y Meridional Africa del Norte
y Asia Occidental*
0 10 20 30 40 50 60 70
9

La CEDAW también cuestionó la separación artificial de las esferas "pública”
y "privada”, y dejó claro que los Estados tienen tanta obligación de
garantizar el respeto a los derechos humanos en el ámbito "privado” del
matrimonio y la familia como en el terreno "público” de los mercados y la
política.2
’
El resto de las convenciones citadas en este informe proporcionan un
marco jurídico y orientaciones normativas sobre un conjunto amplio de
derechos sociales, económicos y culturales, incluida la obligación de
garantizar que todas las parejas y personas tengan derecho a "decidir libre
y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los
nacimientos y el intervalo entre éstos” (Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo);22
la obligación
de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus
manifestaciones, incluso dentro de las familias (Recomendación General
núm. 35 del Comité de la CEDAW);23
y la obligación de proteger
los derechos de las niñas y niños (Convención sobre los Derechos del
Niño).24
Pese a que en este informe se identifica a los gobiernos como principales
actores, garantes de los derechos de las mujeres, existen otros actores con
un importante papel que desempeñar. Entre ellos destacan las
organizaciones de mujeres y feministas, que históricamente han sido un
motor fundamental del cambio, a menudo mediante el establecimiento de
alianzas con sindicatos, organizaciones religiosas y el sector privado, con el
objeto de modificar y aplicar leyes y políticas para el fomento de la
igualdad de género tanto dentro de la familia como fuera de ella.
En la agenda de políticas propuesta en el presente informe se promueve
una visión de las familias como lugares de igualdad y justicia: espacios
donde las mujeres y las niñas tengan poder y voz, y donde gocen de
seguridad física y económica.
OCHO RECOMENDACIONES PARA UNA AGENDA DE
POLÍTICAS ORIENTADAS A LAS FAMILIAS
Sancionar e implementar leyes de
familia basadas en la diversidad, la
igualdad y la no discriminación
4
Garantizar los recursos
necesarios para políticas
orientadas a las familias
Mejorar las estadísticas sobre
familias y hogares con enfoque
de género
Implementar políticas y normas
migratorias orientadas a las familias y a
los derechos de las mujeres
Garantizar servicios públicos
accesibles y de calidad para apoyar
a las familias y promover la
igualdad de género
Garantizar el acceso de las
mujeres a ingresos propios
adecuados
Proveer tiempo, dinero y
servicios para cuidar dentro y
fuera de la familia
Prevenir y responder a la
violencia contra las mujeres
en el entorno familiar
10

RESUMEN
1. SANCIONAR E IMPLEMENTAR LEYES DE
FAMILIA BASADAS EN LA DIVERSIDAD, LA
IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN
Los Estados, las comunidades y las instituciones religiosas regulan e
intervienen en el matrimonio y en la vida familiar a través de leyes y
políticas. Las leyes de familia, que rigen el matrimonio (incluida la edad
mínima a la que pueda contraerse), el divorcio, la custodia y tutela de los
hijos, la adopción y la herencia, a menudo contienen disposiciones
discriminatorias hacia las mujeres. Esto se traduce en condiciones
desiguales para mujeres y niñas en muchas partes del mundo. La falta de
derechos legales para iniciar un divorcio o la amenaza de perder la custodia
de los hijos pueden atrapar a las mujeres en relaciones insatisfactorias o
incluso violentas. Su capacidad de abandonar este tipo de relaciones
también se ve limitada por los regímenes patrimoniales entre cónyuges que
no reconocen el trabajo de cuidados no remunerado que realizan las
mujeres, así como por
los contextos en los que no se asegura que los padres paguen la pensión
alimentaria que les corresponde a sus hijas e hijos.
Sin embargo, como muestra el ejemplo de Túnez (véase el recuadro 1), es
posible modificar las leyes de familia discriminatorias. Con frecuencia, estos
cambios son el resultado de largas campañas de feministas junto a sus
aliados en el gobierno, el poder judicial y la sociedad civil. En la mayoría de
las regiones hay una clara tendencia hacia la igualdad en las leyes de familia,
sobre todo desde la década de 1950.25
No obstante, es necesario
profundizar dichas reformas, de modo que se reconozca la diversidad de
uniones y se garanticen los derechos de quienes cohabitan con sus parejas
sin casarse o que tienen parejas del mismo sexo.
PROGRESO EN LAS LEYES DE FAMILIA EN TÚNEZ
Túnez ha sido un país pionero en el mundo árabe en la introducción de leyes de familia igualitarias desde 1956, cuando se estableció en su
Código del Estatuto Personal el matrimonio basado en el consentimiento mutuo y la igualdad para las mujeres en los procedimientos de divorcio.
Cerca de 60 años después, en 2014, el Gobierno retiró todas las reservas a la CEDAW y se promulgó una nueva Constitución que concedía a las
mujeres una amplia gama de nuevos derechos.26
Las organizaciones de mujeres desempeñaron un papel crucial para lograr este objetivo. Tras
superar diferencias partidarias y divisiones históricas entre organizaciones de mujeres islámicas y seculares, se logró crear el Diálogo Nacional para
las Mujeres, que elaboró una plataforma inclusiva de demandas sobre la nueva Constitución.27
Las redes sociales fueron un canal privilegiado para
dar a conocer y generar oposición a la cláusula constitucional que definía a las mujeres como "complementarias" a los hombres. Como resultado, el
proyecto fue modificado para establecer que "todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tienen idénticos derechos y obligaciones, y son iguales
ante la ley sin discriminación" (artículo 21).28
La nueva Constitución ofreció una base sólida para introducir importantes cambios legislativos en 2017. Entre ellos cabe destacar la aprobación
de la Ley sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, la derogación de la disposición del Código Penal que eximía de castigo a los
violadores si se casaban con su víctima y la modificación de las leyes que impedían a las mujeres musulmanas contraer matrimonio con no
musulmanes.29
En 2018 se dieron pasos para convertir a Túnez en el primer país de la región en legislar sobre la igualdad de derechos sucesorios.30
Las feministas
islámicas de la región argumentan que las leyes sucesorias requieren una reforma, no solamente desde el punto de vista de la igualdad y la justicia,
sino también con el fin de adecuarlas a los cambios que se están produciendo en la estructura y las dinámicas de las familias. Históricamente, el
acceso desigual de las mujeres a la herencia se justificaba con base en el rol de sostén económico que supuestamente desempeñaban los hombres.
Pero, habida cuenta de que en algunos países de la región existe una proporción no desdeñable de hogares a cargo exclusivamente de mujeres,31
las feministas islámicas sostienen que existe un argumento irrefutable y urgente en favor del cambio.32
RECUADRO 1
11

2. GARANTIZAR SERVICIOS PÚBLICOS ACCESIBLES Y
DE CALIDAD PARA APOYAR A LAS FAMILIAS Y
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO
Los servicios públicos, incluidas la educación y la salud reproductiva,
desempeñan un papel crucial para promover la igualdad de género en las
familias. En los países desarrollados, la educación abrió nuevos horizontes
para las mujeres más allá de la esfera doméstica; en los países en
desarrollo, por su parte, la participación en la enseñanza secundaria se
correlaciona con menores índices de matrimonio infantil y de embarazo
adolescente. Se requieren mayores esfuerzos para cerrar las brechas entre
grupos de mujeres y poder garantizar el pleno acceso a la salud y la
educación de las niñas que viven en zonas rurales, con discapacidad y
pertenecientes a grupos étnicos minoritarios o a los hogares más pobres.
Los programas de estudio que incluyen contenidos sobre la igualdad de
género y las relaciones sin violencia son fundamentales, así como
garantizar que las escuelas acojan y no discriminen a las adolescentes
embarazadas ni a madres y padres jóvenes.
El control sobre su propia fertilidad es un pilar fundamental del bienestar y
de las oportunidades de las mujeres; de él depende también el disfrute del
resto de sus derechos humanos. En 1970, tan solo un 42,2 % de las mujeres
de entre 15 y 49 años en todo el mundo que estaban casadas o vivían con
su pareja y querían utilizar un método anticonceptivo moderno podían
hacerlo; en 2015, este porcentaje había aumentado al 77,2 % (véase el
gráfico 3). Para garantizar que las mujeres tengan igual voz y poder de
decisión en la pareja, es necesario continuar avanzando en el acceso de
mujeres y hombres a servicios de atención de la salud reproductiva con
perspectiva de derechos, algo que a menudo va de la mano de un
fortalecimiento más general de los sistemas de salud, como muestra el
ejemplo de Rwanda (véase el recuadro 2). Como exige el Comité de
Derechos Humanos, también es urgente avanzar en políticas encaminadas a
reducir el número de muertes y el sufrimiento provocados por los abortos
inseguros.33
RECUADRO 2 EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA SALUD EN
RWANDA
En una región caracterizada por las deficiencias de los sistemas sanitarios y las altas tasas de fertilidad, Rwanda ha logrado enormes avances que se
traducen en un rápido aumento del acceso a los servicios de planificación familiar y de atención de la salud reproductiva, con beneficios tangibles
para las mujeres, las familias y la sociedad en su conjunto.
En 1970, los anticonceptivos modernos solamente daban respuesta al 0,2 % de la demanda de planificación familiar en Rwanda. Se prevé que este
porcentaje aumente hasta el 78,2 % en 2030, muy por encima de la media del África Subsahariana (62 %).34
A lo largo de las cuatro últimas décadas,
la tasa de fecundidad total se redujo a menos de la mitad, pasando de 8,3 a 3,8 nacidos vivos por mujer,35
al tiempo que la tasa de mortalidad
materna cayó de 1300 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 1990 a 290 en 2015.36
Este avance es el resultado de acciones de gobierno que priorizaron fortalecer el sistema de salud en su conjunto. Por ejemplo, Rwanda creó escuelas
de enfermería y obstetricia con el fin de aumentar el personal médico cualificado. En la actualidad, las y los agentes de salud comunitarios también
desempeñan un papel importante en la prestación de servicios y la distribución de preservativos y anticonceptivos. En 1999 se introdujo el seguro
comunitario de salud, cuyas tasas de cobertura ascendían ya al 78 % de la población de Rwanda en 2010.37
Otro aspecto clave ha sido la movilización efectiva de recursos financieros tanto nacionales como externos. Rwanda cuenta con un riguroso
mecanismo de gestión de los fondos que aportan los donantes para canalizarlos hacia las prioridades nacionales del plan de gobierno.38
El gasto en
salud aumentó de 7,91 dólares de los Estados Unidos per cápita en 2002 a 48,08 dólares en 2016, superando así la inversión mínima recomendada por
la Organización Mundial de la Salud de 44 dólares de los Estados Unidos per cápita.39
No obstante, todavía persisten diversos desafíos. En algunos contextos se siguen observando actitudes y creencias discriminatorias profundamente
arraigadas. Muchas mujeres afirman que sin la aprobación de sus cónyuges no pueden disponer de anticonceptivos. Con frecuencia, las adolescentes
solteras ven limitado su acceso a los servicios de planificación familiar; en ello influyen, entre otros factores, la desaprobación de algunas y algunos
trabajadores de salud comunitarios.40
La creación de centros o espacios específicos para jóvenes en los establecimientos de salud ha contribuido a la
prestación de servicios para las jóvenes y a fomentar su privacidad; sin embargo, la presencia de este tipo de instalaciones no es aún habitual.41
12

RESUMEN
GRÁFICO 3 DEMANDA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SATISFECHA A TRAVÉS DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS MODERNOS POR REGIÓN; MUJERES DE 15 A 49 AÑOS QUE ESTÁN CASADAS O
COHABITAN CON SU PAREJA, DE 1970 A 2030
100
LO o LO
o> o o
o> o o
' CN CN
o
o
CN
CN CN CN
África Subsahariana
Oceania (excepto Australia y Nueva Zelandia) Asia
Oriental y Sudoriental
Asia Central y Meridional América
Latina y el Caribe Australia y
Nueva Zelandia
África del Norte y Asia Occidental Europa
y América del Norte Mundo
Fuente: Cálculos de ONU Mujeres a partir de DAES de las Naciones Unidas (2018b, 2018c).
Notas: incluye 185 países y zonas con una población de 90.000 habitantes o más, con base en los datos disponibles en febrero de 2018. Las estimaciones (ajustadas) de las
medianas nacionales se convirtieron en estimaciones del número de mujeres multiplicando cada porcentaje estimado por el número de mujeres de 15 a 49 años casadas o
en algún tipo de unión en el año de referencia y el país en cuestión. Las estimaciones porcentuales regionales y mundiales se obtuvieron dividiendo el número de mujeres
que utilizaban métodos anticonceptivos modernos por el número de mujeres de 15 a 49 años casadas o en algún tipo de unión que expresaron una demanda de servicios
de planificación familiar para el año de referencia y la región en cuestión. Los datos correspondientes a 2020, 2025 y 2030, marcados con un asterisco (*), están basados en
proyecciones.
13

3. GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A
INGRESOS PROPIOS ADECUADOS
Para que las familias prosperen, necesitan disponer de acceso a ingresos
adecuados. Estos pueden obtenerse a través del empleo remunerado, de la
rentabilidad de sus activos (como los terrenos que poseen, por ejemplo) o
de transferencias estatales. El hecho de contar con ingresos propios
permite a las mujeres gozar de mayor igualdad en sus relaciones de pareja,
fortalece su poder de negociación en la familia y les permite abandonar a
su pareja si así lo requieren. Sin embargo, el matrimonio y la presencia de
niños pequeños en el hogar reducen la participación laboral y los ingresos
de las mujeres (véase el gráfico 4). Estos factores están asociados con el
costo económico de la maternidad. Pese a su rigidez, las normas sociales
que limitan el acceso de las mujeres al trabajo
fuera del hogar pueden superarse, como pone de manifiesto el ejemplo de
Bangladesh (véase el recuadro 3).
Se necesitan políticas macroeconómicas y de empleo enfocadas en crear
trabajo decente, además de sistemas de protección social sensibles al
género que respalden a los diversos tipos de familias. Los componentes
esenciales de la protección social para lograr estos objetivos incluyen:
licencias remuneradas por maternindad, paternidad y parentales
compartidas; transferencias monetarias para las familias con
responsabilidades de cuidados, con apoyo adicional para hogares
monoparentales, así como pensiones adecuadas que combinen beneficios
contributivos y no contributivos con perspectiva de género.
RECUADRO 3 TRANSFORMAR NORMAS SOCIALES EN TORNO AL TRABAJO REMUNERADO DE LAS MUJERES
EN BANGLADESH
En algunos contextos, la participación de las mujeres en el mercado laboral genera resistencia por parte de sus cónyuges y puede ser un detonante
de violencia en la pareja. ¿Cómo consiguieron entonces las mujeres de Bangladesh trabajar en las fábricas de ropa de exportación, sobre todo
teniendo en cuenta las preocupaciones de sus esposos por las implicaciones que tendría para el "honor" de la familia, en una sociedad en la que las
normas de la purdah exigen que las mujeres permanezcan en el hogar?42
Las entrevistas realizadas a la primera oleada de mujeres que entraron a trabajar en esas fábricas en la década de 1980 revelaron las estrategias
prácticas que utilizaron para superar la resistencia de sus esposos. Dada la naturaleza íntima de las relaciones dentro del matrimonio, las mujeres
entendían los temores y la ansiedad de sus maridos, y lograron utilizar eficazmente esa comprensión en sus estrategias.
En primer lugar, las mujeres justificaron su deseo de trabajar expresando que compartían la preocupación de sus esposos por el bienestar del hogar y,
sobre todo, por ofrecer un futuro mejor a sus hijas e hijos. Como padres y guardianes del bienestar de la familia, a los hombres les resultó difícil
contrarrestar estos argumentos. En segundo lugar, las mujeres intentaron combatir las implicaciones negativas de su presencia pública asegurando a
sus esposos que no se había vulnerado la purdah, ya que su comportamiento fuera del hogar era irreprochable: jamás "perdían el tiempo" con otras
personas después del trabajo y siempre realizaban el trayecto de ida y vuelta a las fábricas con actitud modesta.
Muchas de las mujeres adoptaron asimismo medidas para garantizar que su trabajo no afectara sus responsabilidades domésticas (o el confort de los
hombres en el hogar). Algunas delegaron esas responsabilidades en otras mujeres de la familia, mientras que otras realizaban las tareas domésticas
antes o después del trabajo.
Con estas estrategias buscaban convencer a sus esposos de que su trabajo fuera del hogar no interfería en la vida familiar. Algo que en realidad, por
supuesto, sí ocurría. Las mujeres no se convirtieron en "insubordinadas" como temían sus esposos, pero ambas partes reconocieron el valor de la
contribución económica de las mujeres. Todo ello se tradujo en un cambio radical en el equilibrio de poder dentro del hogar.
14

PARTICIPACION LABORAL DE LAS MUJERES Y
LOS HOMBRES
HOMBRES Y MUJERES
Análisis mundial
MUJERES Análisis
regional
Hombres casados
Hombres solteros
Mujeres solteras
Mujeres casadas
90
80
70
60
50
40
30
Asia Oriental y
Sudoriental
Europa y América del Norte
■Mi Australia y Nueva Zelandia
África Subsahariana
América Latina y
el Caribe
Asia Central y
Meridional
— Casados
— Solteros
Tasa de participación laboral, personas entre los 25 y los 54 años de edad, por sexo, estado civil y región,
último año disponible
Fuente: Cálculos de ONU Mujeres basados en datos de la OIT (2018b), Estudio sobre los Ingresos de Luxemburgo (varios años) y ABS (2016b).
Notas: se utilizaron los datos relativos al año más reciente disponible para cada país, correspondientes al intervalo 2007-2018 y para una muestra de 93 y 109
países para el análisis mundial y regional, respectivamente. La región de Australia y Nueva Zelandia contiene información relativa exclusivamente a Australia.
Los agregados regionales expuestos son medias ponderadas basadas en cifras de población de 25 a 54 años (hombres y mujeres, respectivamente) obtenidas
a partir del DAES de las Naciones Unidas (2017m).
15

4. PROVEER TIEMPO, DINERO Y SERVICIOS PARA
CUIDAR DENTRO Y FUERA DE LA FAMILIA
Las familias realizan buena parte del trabajo diario de cuidados y
alimentación, ya se trate de niñas y niños, personas adultas o adultas
mayores. Sin esta labor, que recae mayoritariamente sobre las mujeres, las
economías y las sociedades se detendrían. Como se muestra en el gráfico 5
para el caso de América Latina y el Caribe, el hecho de vivir en un hogar
pobre aumenta la cantidad de tiempo que dedican las mujeres al trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado; lo mismo ocurre en el caso de las
mujeres que viven en zonas rurales, casadas y con niños pequeños.
Pese a que las familias asumen un rol central en la prestación de cuidados,
otras instituciones y agentes también desempeñan un papel importante en
el financiamiento o la provisión de cuidados, ya sea a través del mercado (el
trabajo doméstico remunerado, por ejemplo), del sector
público (como en el caso de una residencia municipal para personas adultas
mayores) o de organizaciones sin fines de lucro de diversos tipos (un centro
de atención infantil comunitario, por ejemplo).
Se deben construir sistemas nacionales de cuidados que incorporen
progresivamente licencias remuneradas por maternidad, paternidad y
parentales compartidas; transferencias monetarias para trabajadoras
formales e informales, y prestaciones monetarias y licencias para quienes se
dediquen al cuidado de familiares de edad avanzada o con discapacidad. Se
requieren mayores inversiones públicas en infraestructura básica para
reducir la carga del trabajo de cuidados no remunerado; en servicios
profesionales de educación temprana y cuidado infantil (véase el recuadro
4); y en servicios de cuidados a largo plazo para personas mayores o con
discapacidad.
RECUADRO 4 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL EN
EL ECUADOR A TRAVÉS DE CENTROS COMUNITARIOS
Los 3800 Centros de Desarrollo Infantil del Ecuador, anteriormente denominados Centros Infantiles del Buen Vivir, prestan servicios de cuidados a
más de 138.000 hijas e hijos de madres trabajadoras.43
Estos servicios se coordinan de manera centralizada, aunque su prestación se lleva a cabo
principalmente por medio de convenios entre los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. La cobertura del servicio a niñas y niños de
5 años o menos aumentó de menos del 3 % en el año 2000 a más del 22 % en 2015.
Además de la accesibilidad, el Gobierno consiguió avances importantes en el marco de una estrategia más amplia dirigida a mejorar la calidad de los
servicios. A modo de ejemplo, contrató como coordinadores de servicio a profesionales especializados en educación temprana y cuidado infantil para
coordinar la prestación de los servicios en los centros.
Hasta 2013, quienes prestaban los cuidados eran personas voluntarias que recibían únicamente un pequeño estipendio, pero a partir de entonces
este trabajo se ha formalizado y profesionalizado. Estos trabajadores y trabajadoras, que hoy se conocen como "promotoras y promotores de la
educación infantil", reciben una capacitación que les permite obtener un certificado técnico al cabo de tres años de estudios a tiempo parcial, y
perciben el salario mínimo y plena cobertura de prestaciones sociales por su trabajo.44
A pesar de estos logros, es necesario continuar trabajando para ampliar la cobertura. En el contexto de la recesión económica, la creación de nuevos
centros se ralentizó entre 2013 y 2015. También es preciso seguir mejorando la calidad de los servicios y la capacitación de las y los profesionales que
prestan los cuidados.
16

RESUMEN
GRÁFICO 5 TIEMPO MEDIO NO PONDERADO DEDICADO AL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS NO
REMUNERADO, SEGÚN SEXO Y QUINTIL DE INGRESO EN UN CONJUNTO DE PAÍSES
SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA, DATOS RELATIVOS AL AÑO MÁS RECIENTE DISPONIBLE
360
300
240
180
120
60
0
354
Quintil 1 (Más
pobre)
Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
(Más rico)
Mujeres | Hombres
Fuente: CEPAL (2018).
Nota: la media no ponderada se basa en los datos más recientes disponibles para un conjunto de 11 países: Argentina (2013), Brasil (2012), Chile (2015), Colombia (2012),
Ecuador (2012), El Salvador (2010), Guatemala (2011), Honduras (2009), México (2014), Perú (2010) y Uruguay (2013), asignando a cada país la misma importancia relativa.
17

5. PREVENIR Y RESPONDER A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN EL ENTORNO FAMILIAR
Las familias pueden ser espacios en los que las mujeres y las niñas
experimentan una profunda inseguridad; de hecho, el hogar es el contexto
en el que tienen mayor probabilidad de sufrir violencia y abuso. En todo el
mundo, un 17,8 % de las mujeres declara haber sido objeto de violencia
física o sexual a manos de su pareja en los últimos 12 meses (véase el
gráfico 6).
Los Estados tienen una clara obligación de implementar leyes, políticas y
programas para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y
las niñas. Las leyes que tipifican como delito las diferentes formas de
violencia contra las mujeres en la familia son importantes para imputar a
los agresores y responsabilizarlos de sus actos, ofrecer a las víctimas vías
de acceso a la justicia y enviar al conjunto de la comunidad un mensaje
claro de que la violencia es inaceptable.
Las leyes de familia deben ser reformadas con el fin de proteger los
derechos de las mujeres en el matrimonio, el divorcio y la custodia, de
modo que tengan mayor capacidad para escapar de situaciones de abuso o
violencia. Por ese mismo motivo, también es crucial reformar las normas
migratorias, de forma que se garantice que la condición de residencia de
las mujeres migrantes sea independiente de la de sus parejas. Además de
asegurar que las mujeres puedan disfrutar de independencia en términos
de ingresos y de promulgar leyes y reglamentos adecuados, para mejorar el
acceso de las mujeres a la justicia se necesita un conjunto de intervenciones
complementarias. Estas incluyen la creación y el fortalecimiento de servicios
de apoyo coordinados y multisectoriales para las víctimas, así como
inversiones a largo plazo en programas de prevención con el objeto de
luchar contra las causas de la violencia (véase el recuadro 5). Es preciso
garantizar que estos servicios se mantengan en períodos de austeridad.
LECCIONES APRENDIDAS GRACIAS A SASA!, UNA INTERVENCIÓN DE
MOVILIZACIÓN COMUNITARIA
SASA! es una intervención de movilización comunitaria puesta en marcha por Raising Voices, una organización no gubernamental de Uganda. Su
objetivo es transformar las actitudes, las normas y los comportamientos de la comunidad que dan lugar a la desigualdad de género, la violencia y la
mayor vulnerabilidad de las mujeres al virus de inmunodeficiencia humana. El proyecto analiza las dinámicas de poder y las relaciones de género,
trabajando sistemáticamente con una amplia variedad de partes interesadas de la comunidad para promover análisis y debates críticos. SASA!, que
significa "ahora" en kiswahili, es un acrónimo que describe las cuatro fases del enfoque de la iniciativa: Start (comienzo), Awareness (toma de
conciencia), Support (apoyo) y Action (acción).
Un estudio realizado en 2013 constató una disminución de los índices de aceptación social de la violencia física en las relaciones tanto por parte
de las mujeres como de los hombres, así como un aumento de la aceptación social de que las mujeres se nieguen a mantener relaciones sexuales
con su pareja. En las comunidades en las que se llevó a cabo la intervención SASA!, el nivel de violencia física experimentado por las mujeres en la
pareja durante los 12 meses anteriores al estudio fueron un 52 % inferiores que en las comunidades donde SASA! no estaba presente.45
Estos resultados se lograron gracias a la atención que puso la iniciativa en la dinámica de las relaciones individuales, así como a la incidencia del
proyecto en las normas sociales de la comunidad en su conjunto. Desde el punto de vista relacional, el proyecto SASA! ayudó a las parejas a
explorar los beneficios de los roles de género de apoyo recíproco y fomentó la mejora de la comunicación, así como la adopción de decisiones y la
resolución de problemas de manera conjunta. A nivel comunitario, la iniciativa SASA! se centró en generar un clima de intolerancia a la violencia
contra las mujeres. Para ello, impulsó una campaña de comunicación e involucró a los miembros de la comunidad en los debates, con el fin de
reducir la aceptabilidad de la violencia contra las mujeres y mejorar las aptitudes, la disposición y el sentido de responsabilidad individuales para
combatir la violencia contra las mujeres en las comunidades.
RECUADRO 5
18

RESUMEN
GRÁFICO 6 PROPORCIÓN DE MUJERES Y NIÑAS DE ENTRE 15 Y 49 ANOS QUE HAN EXPERIMENTADO EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES VIOLENCIA FÍSICA O SEXUAL INFLIGIDA POR UNA PAREJA O EXPAREJA, POR
REGIÓN, DATOS RELATIVOS AL ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE
Promedio mundial
17,8%
Las fronteras, los nombres mostrados y las
denominaciones utilizadas en este mapa no
implican su aceptación ni adhesión oficial por
parte de las Naciones Unidas.
TLS
América Latina y el Caribe* | África Subsahariana Europa y América del
Norte | Asia Oriental y Sudoriental
África del Norte y Asia Occidental* | Asia Central y Meridional
Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia)
Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas (2018).
Notas: los círculos muestran las medias ponderadas según la población por región para las mujeres de 15 a 49 años en un total de 106 países y territorios. Las ponderaciones
de la población están basadas en datos correspondientes a 2017 para los países y territorios sobre los que existen datos disponibles desglosados por sexo y edad en el
informe World Population Prospects. Este análisis abarca 106 países y territorios, que representan el 54,4 % de los países y el 50 % de la población de mujeres y niñas de 15 a
49 años. En el caso de las regiones de Asia Oriental y Sudoriental, América Latina y el Caribe y África del Norte y Asia Occidental, los datos abarcan el 12,7 %, el 48,4 % y el
41,7 % de la población de la región, respectivamente. Los agregados regionales y mundiales marcados con un asterisco (*) están basados en una proporción inferior a dos
tercios de la población de la región respectiva, por lo que deben tratarse con cautela. En todas las demás regiones, los agregados se basan en datos que abarcan dos tercios
o más de la población regional. En el caso de Australia y Nueva Zelandia, la cobertura poblacional era insuficiente para calcular un promedio regional, por lo que no se
muestran. Para 75 de los 106 países, el grupo de edad de las mujeres es de 15 a 49 años, mientras que para 30 países el grupo de edad es de 18 a 49 años. En el caso del
Paraguay, la muestra corresponde a mujeres de 15 a 44 años; para Portugal, el grupo de edad es de 18 a 50 años. Los datos de Cote d'Ivoire se refieren solo a mujeres que se
encuentran actualmente casadas. En Nicaragua, Panamá, el Paraguay y el Uruguay, la definición de violencia sexual difiere de la armonizada. Además, la definición de la
violencia física y sexual difiere de la armonizada en todos los países europeos incluidos en la muestra.
19

6. IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y NORMAS
MIGRATORIAS ORIENTADAS A LAS FAMILIAS Y A
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
Aunque la migración puede ofrecer nuevas oportunidades a las mujeres, con
frecuencia exige a las familias sortear una compleja red de políticas y
normas que influyen en la posibilidad que tienen sus integrantes de vivir
juntos o separados. Por ejemplo, existe una amplia variación entre los países
en cuanto a los marcos regulatorios que definen qué miembros de la familia
cumplen con las condiciones para la reunificación familiar, y algunos Estados
exigen como requisito que las personas migrantes posean cualificaciones
profesionales o un determinado nivel de competencias. Los Estados pueden
tomar decisiones políticas y reglamentarias que refuercen el poder de
negociación de las mujeres frente a otros miembros de la familia, por
ejemplo, mediante el registro de las mujeres solicitantes de asilo por
separado de sus familiares varones y la concesión de la residencia, con
independencia de la de sus familiares, a las mujeres que migran por
reunificación familiar o matrimonio.
Como se muestra en la siguiente historia de cambio sobre Indonesia, las
organizaciones de la sociedad civil han resultado cruciales para presionar a
los Estados a promulgar medidas tendientes a garantizar que las personas
migrantes puedan disfrutar de sus derechos humanos. El acceso universal
a la protección social y a los servicios públicos (incluidos la salud, la
educación y el cuidado infantil), con independencia de la ciudadanía o la
condición de migrante, es fundamental para garantizar que las mujeres
migrantes y sus familias puedan cumplir con sus responsabilidades de
cuidados y no se vean empujadas a la pobreza. Es necesario adoptar
asimismo políticas económicas y sociales que aborden los factores que
llevan a algunas mujeres y hombres a migrar dejando atrás a sus
familiares.
HISTORIA DE CAMBIO
PROTECCIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS
TRABAJADORES MIGRANTES INDONESIOS Y SUS
FAMILIAS
Millones de indonesias e indonesios que trabajan en el extranjero han logrado
al fin, tras un enorme esfuerzo, obtener protección jurídica contra la
explotación gracias al trabajo de activistas pioneros.
Anis Hidayah todavía se encontraba estudiando cuando, una mañana,
tomó el periódico y leyó un artículo sobre una mujer que había dejado a
sus hijos pequeños en Indonesia para marcharse a trabajar a miles de
kilómetros de distancia, en uno de los países del Golfo. Allí fue explotada,
maltratada y violada por su empleador. Cuando regresó a casa, la trataron
como una marginada social, y su joven familia fue humillada y repudiada.
Indonesia cuenta con una de las mayores comunidades de trabajadoras y
trabajadores migrantes del mundo. Se calcula que en 2016 había nueve
millones de indonesios trabajando en el extranjero. La mitad eran mujeres,
y la mayoría de ellas se desempeñaban en la economía informal como
trabajadoras domésticas.46
Según Hidayah, en Indonesia muchas familias dan por hecho que al menos
una persona adulta tendrá que buscar trabajo en otro país para asegurar
que sus hijas e hijos puedan recibir educación y disfrutar de oportunidades.
En el pueblo donde creció, muchas de las amistades de Hidaya se criaron
con sus abuelas y abuelos, mientras sus progenitores vivían en el extranjero.
"Me di cuenta de que ese también era mi problema y el de mi comunidad”,
afirma.
En 2004, Hidayah, junto con un grupo de activistas pro derechos humanos,
fundaron Migrant Care, una organización que lucha por mejorar la
protección de las trabajadoras y los trabajadores migrantes indonesios. La
organización recibe más de 1000 llamadas cada año de trabajadoras y
trabajadores o de familias que necesitan ayuda.
En 2017, el Gobierno aprobó una nueva ley que, por primera vez,
garantizaba algunos derechos básicos a las y los
20

Anis Hidayah, cofundadora de Migrant Care, en su casa. Fotografía:
ONU Mujeres/Ed Wray
trabajadores que migraran por canales oficiales.47
"La nueva ley no es
perfecta, pero es una victoria extraordinaria para nosotros”, señala Hidayah.
Uno de los objetivos más importantes por los que ha luchado Migrant Care
ha sido limitar el poder de las agencias de contratación en el proceso
migratorio.
Migrant Care también ofrece su apoyo a las localidades para ayudar a las
niñas y los niños que se quedan atrás. "Necesitamos saber, por ejemplo, si un
niño o una niña deja de ir a la escuela, o si le están maltratando en casa
mientras uno de sus progenitores se encuentra en el extranjero”, dice
Hidayah. "Estamos ayudando a implementar sistemas que pongan su
bienestar en manos de la comunidad, y que aseguren la inclusión de las
familias de las y los trabajadores domésticos en los programas
presupuestarios y los planes de desarrollo de las aldeas. De ese modo, la
aldea en su conjunto asume una responsabilidad colectiva”.
La visión de Migrant Care no se centra exclusivamente en las comunidades
locales. En 2017, también se firmó el Consenso de la Asociación de Naciones
de Asia Sudoriental (ASEAN) sobre la Promoción y Protección de los
Derechos de los Trabajadores Migrantes, un hito histórico en el que los
Gobiernos de 10 países de la región se comprometieron a fortalecer la
protección social, el acceso a la justicia y los derechos humanos de millones
de trabajadoras y trabajadores migrantes, tanto en los países de origen
como en los de destino.48
Pese a que esto representa un triunfo para los grupos de la sociedad civil de
la región, Hidaya manifiesta que todavía queda una labor urgente por hacer.
Una de las prioridades de Migrant Care es luchar por los derechos de los
millones de trabajadoras y trabajadores indocumentados —aquellos que
migran en busca de un empleo a través de canales extraoficiales—, que
están excluidos del citado consenso y que no gozan de reconocimiento ni
protección por parte de sus Gobiernos.
"Consideramos a las y los trabajadores indocumentados desde la
perspectiva de los derechos humanos y laborales, pero esta visión no se
refleja en las políticas ni en las leyes de nuestro país o nuestra región”, dice
Hidayah. "No obstante, los avances logrados en los últimos años nos llevan
a confiar en que realmente podemos trabajar para conseguir un cambio
duradero y sostenible”.
Los avances logrados en los
últimos años nos llevan a confiar
en que realmente podemos
trabajar para conseguir un
cambio duradero y sostenible”.
21

7. MEJORAR LAS ESTADÍSTICAS SOBRE FAMILIAS
Y HOGARES CON ENFOQUE DE GÉNERO
Existen importantes lagunas en nuestro conocimiento sobre la vida familiar.
Las limitaciones de los datos en todas las regiones afectan
significativamente la capacidad de quienes deben formular políticas públicas
(y adaptar las vigentes) de manera que reflejen las realidades cambiantes de
las familias de hoy. Es preciso fortalecer los sistemas de registro civil y
estadísticas vitales que recopilan información sobre los acontecimientos
clave de la vida (nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio). Al menos
110 países en desarrollo carecen de sistemas de registro funcionales, lo que
provoca que queden sin registrar numerosos acontecimientos vitales,
particularmente aquellos de determinados grupos de la población. Esto
afecta la capacidad de los gobiernos para elaborar y planificar políticas
como, por ejemplo, los programas de transferencias monetarias para
familias con niños pequeños.49 Los censos y las encuestas nacionales
representativas requieren una profunda revisión metodológica
con el fin de captar mejor la diversidad en la composición de los hogares y
ofrecer datos confiables a nivel individual. Como se muestra en el recuadro
6, en varias regiones existen iniciativas en curso destinadas a contabilizar los
diversos tipos de familias y sus modelos emergentes.
Es necesario identificar y eliminar tanto las brechas de género en la
cobertura como los sesgos presentes en los instrumentos de recopilación de
datos utilizados en la actualidad, así como fortalecer sus capacidades de
traducción y adaptación multilingüe y multicultural. Para estas medidas se
requiere, por encima de todo, invertir y capacitar a las oficinas nacionales de
estadística. Para formular políticas sensibles al género que promuevan los
derechos de las mujeres y apoyen la vida familiar también se precisa tomar
en cuenta métodos cualitativos y enfoques interdisciplinarios que
contemplen y contextualicen la información cuantitativa.
PROPUESTAS PARA INCLUIR A LAS "NUEVAS” FAMILIAS EN LAS ESTADÍSTICAS
OFICIALES
Las y los especialistas en estadística se esfuerzan por encontrar formas de identificar los tipos "emergentes" de familias y hogares. Las definiciones
de familia que elaboran con ese objetivo varían según los contextos nacionales y regionales, dado que reflejan patrones y preocupaciones políticas
específicos a cada entorno. A modo de ejemplo, varios países de América Latina y el Caribe han dado prioridad a la documentación de las parejas
que cohabitan o las constituidas por personas del mismo sexo, a menudo en consonancia con el reconocimiento legal de este tipo de uniones.50
Los países europeos contemplan un conjunto más amplio de tipos de familia. Incluyen, por ejemplo, las denominadas "familias reconstituidas",
formadas por una pareja con uno o más hijas o hijos fruto de la unión actual y de uniones anteriores de uno o ambos miembros de la pareja.5
’
También se incluyen las parejas que mantienen una relación íntima pero que viven en hogares separados.52
Las normas sociales predominantes pueden dificultar la inclusión de determinadas preguntas en las encuestas; sin embargo, la ausencia de dichas
preguntas refuerza la idea de que esos tipos de familias o relaciones son poco frecuentes o inexistentes, un círculo vicioso que es importante
romper para mejorar el conocimiento y la comprensión de la vida familiar actual.
RECUADRO 6
22

RESUMEN
8. GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA
POLÍTICAS ORIENTADAS A LAS FAMILIAS
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer instó a los Estados
Miembros a implementar políticas orientadas a las familias con el objetivo
de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.53
En
este informe se propone un paquete de políticas que garantizaría a todas las
personas la seguridad de sus ingresos básicos y el acceso a la atención
esencial de la salud a lo largo de toda su vida, en consonancia con la
Recomendación de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pisos
de protección social, 2012 (núm. 202). Asimismo, el conjunto de políticas
propuesto aseguraría que las y los niños en edad preescolar y las personas
adultas mayores puedan acceder a servicios de cuidados de calidad. Además
de voluntad política, estas políticas precisan de recursos suficientes. En un
análisis elaborado para este informe se pone de manifiesto que el volumen
de recursos requerido es alcanzable para la mayoría de los países.54
Para cerrar las brechas de ingreso, salud y cuidados, por ejemplo, la cuarta
parte de los países analizados (41 de un total de 155) podrían implementar
las políticas necesarias incurriendo en un costo inferior al 3 % del producto
interno bruto (PIB), y algo más de la mitad de los países (79) podrían hacerlo
por menos
de un 5 % del PIB. Para una quinta parte de los países, estas políticas
tendrían un costo superior al 10 % del PIB, lo que implica que sería
necesario contar con apoyo internacional adicional (véase el gráfico 7).
Para poder implementar estas políticas, los gobiernos deben recaudar
fondos de diversas maneras, por ejemplo, aumentando sus ingresos
tributarios, ampliando la cobertura de la seguridad social, utilizando el
margen presupuestario y las reservas de divisas, recurriendo a préstamos o
a la reestructuración de su deuda, reduciendo los flujos financieros del Sur
al Norte, eliminando los flujos financieros ilícitos y haciendo uso de la
asistencia y las transferencias internacionales.
Tales inversiones ofrecen beneficios significativos para las mujeres y las
niñas, las familias y la sociedad en su conjunto. Esta agenda permitirá
desarrollar las capacidades humanas de las y los niños, proteger la dignidad
y los derechos de las personas mayores y los de las personas con
discapacidad, así como crear oportunidades de empleo decentes para las
mujeres y los hombres en el sector de los cuidados.
GRÁFICO 7 NÚMERO DE PAÍSES SEGÚN EL VOLUMEN DE RECURSOS NECESARIO PARA CERRAR LAS BRECHAS
DE INGRESOS, SALUD Y CUIDADOS COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 2015
35
30
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5
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<D
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O
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30
25
25
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Porcentaje del PIB
Fuentes: Bíerbaum y Cichon (de próxima publicación).
Notas: se utilizaron los datos correspondientes a 2015 o al año más reciente disponible para cada país (muestra: 155 países). En los casos en que no se disponía de
estimaciones nacionales, los valores se imputaron con base en el promedio de los países de la misma región y categoría de ingreso (salvo los datos correspondientes a las
brechas de pobreza, las tasas de desempleo y las tasas de participación en el mercado de trabajo, los partos atendidos por personal cualificado y el gasto en cuidados a
largo plazo).
23

NOTAS FINALES
Para acceder a la lista con las referencias completas, sírvase consultar el informe, disponible en http://progress.
unwomen.org
1. Sen, 1990a.
2. Agarwal, 1997.
3. Sierminska y Girshina, 2017.
4. Budig e England, 2001.
5. Alvaredo et al., 2017.
6. Nieuwenhuis y Maldonado, 2018.
7. Basado en el promedio de las diferencias
entre las medias no ponderadas de mujeres y
hombres. Cálculos de
ONU Mujeres a partir de datos de la División de
Estadística de las Naciones Unidas, 2018.
8. UNODC, 2018.
9. Esta cifra está basada en una media
ponderada de una muestra de 86 países y
territorios que abarcan un 78,5 % de la
población mundial.
10. Este análisis cubre 88 países y territorios
que abarcan un 61,3 % de la población mundial,
a partir de los datos más recientes disponibles
desde 2007 en adelante.
11. Therborn, 2004.
12. DAES, 2011.
13. Barker, 2017.
14. Posel et al., 2011.
15. Harkonen, 2014.
16. Stevenson y Wolfers, 2006.
17. De Vaus et al., 2015; Gadalla, 2008.
18. Elson, 1998; ONU Mujeres, 2014b.
19. Asamblea General de la ONU, 1948, 217 A
(III).
20. Sepúlveda Carmona, 2017.
21. Pateman, 1983.
22. UNFPA, 1994.
23. CEDAW, 2017b.
24. Asamblea General de las Naciones Unidas,
1989.
25. Htun y Weldon, 2018.
26. Asamblea General de las Naciones Unidas,
1979, Declaraciones y reservas, nota final núm.
82; Tamaru et al., 2018.
27. Khalil, 2014; Debuysere, 2016.
28. Hitman, 2018.
29. Tamaru et al., 2018.
30. Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos, 2018.
31. Por ejemplo, la proporción de hogares
encabezados por mujeres es del 12,9 % en
Egipto, del 13 % en Jordania, del 9,8 % en el
Estado de Palestina y del 7,8 % en el Yemen.
Véase DAES, 2018a.
32. Véase, por ejemplo, Powell, 2017.
33. CDH, 2018, párr. 8. Véase también: CESCR,
2016.
34. Cálculos de ONU Mujeres a partir de DAES,
2018b; DAES, 2018c.
35. DAES, 2017m.
36. OMS et al., 2015.
37. Bucagu et al., 2012.
38. AFIDEP, 2013.
39. OMS, 2014b; Banco Mundial, 2016.
40. Farmer et al., 2015.
41. Schwandt et al., 2018.
42. Kabeer, 2000.
43. Velasco, 2017; Araujo et al., 2013.
44. Ministerio de Inclusión Económica y Social
(Ecuador), 2013, págs.
25 y 26; Ministerio de Inclusión Económica y
Social (Ecuador), 2018.
45. Abramsky et al., 2016.
46. Banco Mundial, 2017a.
47. Presidente de la República de Indonesia,
2017.
48. ASEAN, 2017a, 2017b.
49. Banco Mundial, 2018a; Centro de
Excelencia para los Sistemas de Registro Civil y
Estadísticas Vitales, 2019a, 2019b.
50. Salguero y Vignoli, 2011.
51. CEPE, 2015.
52. CEPE, 2011.
53. ECOSOC, 2018; ECOSOC, 2019b.
54. Bierbaum y Cichon, de próxima
publicación.
24

ONU MUJERES
ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres. Defensora mundial a favor de las mujeres y las niñas, ONU
Mujeres se creó para fomentar el progreso que permita cubrir sus necesidades en todo el
mundo.
ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de
normas internacionales para lograr la igualdad de género y trabaja con los gobiernos y la
sociedad civil en la creación de leyes, políticas, programas y servicios necesarios para aplicar
dichas normas. También respalda la igualdad de participación de las mujeres en todos los
aspectos de la vida, centrándose en seis esferas prioritarias: el incremento del liderazgo y de la
participación de las mujeres; la eliminación de la violencia contra las mujeres; la participación de
las mujeres en todos los procesos de paz y seguridad; el aumento del empoderamiento
económico de las mujeres; la incorporación de la igualdad de género como elemento central de
la planificación del desarrollo y del presupuesto nacional. Además, ONU Mujeres coordina y
promueve el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta al fomento de la
igualdad de género.

220 East 42nd Street New York,
NY 10017, USA Tel: 646-781-
4400 Fax: 646-781-4444
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