Evolucion sistema educativo

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2004).
El Sistema Educativo español. Madrid: MECD/CIDE.

1. PERSPECTIVA HISTÓRICA, LEGISLACIÓN Y PRINCIPIOS
GENERALES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

En este capítulo se presenta, en primer lugar, una breve historia del sistema educativo español,
haciendo especial referencia a los hitos normativos que han establecido sus líneas definitorias y
contextualizando dicha información con una panorámica de los acontecimientos políticos que
los acompañaron. En el segundo apartado se describe la legislación básica que regula el sistema
educativo español: la Constitución, la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU), la Ley
Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y
el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG). Por último se señalan los principios
fundamentales del sistema educativo y los aspectos más significativos de la nueva Ley de
Calidad de la Educación (LOCE) de 2002.

1.1. PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL SISTEMA EDUCATIVO.

Los sistemas educativos nacionales surgen en Europa a principios del siglo XIX a raíz de la
Revolución Francesa. En España, la Constitución de 1812 incorpora la idea de la educación
como un entramado en cuya organización, financiación y control debe intervenir el Estado, con
lo que se sientan las bases para el establecimiento del sistema educativo español. Sin embargo,
su concreción definitiva culmina con la aprobación, en 1.857, de la llamada Ley Moyano.

1.1.1. LA EDUCACIÓN DESDE FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN HASTA LA
PROMULGACIÓN DE LA LEY MOYANO EN 1857.

La reacción española a la invasión napoleónica pone en marcha la revolución liberal, que tiene
como consecuencia legislativa más importante la aprobación, por parte de las Cortes de Cádiz,
de la Constitución de 1812. En ella se proclaman la soberanía de la ley sobre el rey y una nueva
organización de la sociedad basada en los principios de libertad, igualdad y propiedad. Es la
única Constitución en la historia de España que ha dedicado un título en exclusiva, el IX, a la
instrucción pública. Este título, a pesar de respetar la estructura educativa existente en ese
momento —sólo se recogen la enseñanza primaria y la de las universidades—, incluye
importantes ideas renovadoras en el campo educativo. Entre ellas cabe señalar su defensa de la
universalidad de la Educación Primaria para toda la población sin excepciones y la uniformidad
de los planes de enseñanzas para todo el Estado. Igualmente, se señala que las competencias en
educación recaen sobre las Cortes y no sobre el Gobierno.

Promulgada la Constitución, la siguiente preocupación de los diputados fue la elaboración de
una ley general de instrucción pública que ampliara y desarrollara los principios
constitucionales.

A tal efecto, Manuel José Quintana elaboró en 1814 un informe de gran transcendencia para el
futuro de la educación en España: el Informe para proponer los medios de proceder al arreglo
de los diversos ramos de instrucción pública (llamado Informe Quintana), posteriormente
convertido en norma legal en 1821, con algunas modificaciones. El informe es una exposición

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de principios básicos en la que se defiende que la instrucción debe ser igual, universal,
uniforme, pública y libre; es decir, que constituye la mejor formulación del ideario liberal en lo
que respecta a la educación.

Pocos meses después se produce el primer alzamiento militar de la historia del siglo, liderado
por el general Elío. El gobierno surgido del golpe de Estado declaró nula la Constitución y los
decretos de las Cortes, volviendo, de esta manera, al Antiguo Régimen. En las cuestiones
educativas, la principal consecuencia fue la vuelta de la educación a manos de la Iglesia,
fundamentalmente la enseñanza primaria.

El trienio de 1820-23, tras el pronunciamiento militar de Rafael de Riego, es un período
importante para la historia de la educación, dado que en él se regula una nueva estructura
educativa con la aprobación del Reglamento General de la Instrucción Pública de 1821. Fueron
tres años en que los liberales llevaron el peso de la política española.

El Reglamento de 1821, que supone la redacción en forma de ley del Informe Quintana, ya
citado, dio carácter legal a una estructura del sistema educativo dividida en primera, segunda y
tercera enseñanza, estructura inexistente formalmente en el Antiguo Régimen. De igual modo,
esta normativa sancionaba la división de la instrucción en pública y privada, y determinaba la
gratuidad de la enseñanza pública.

En 1823 se restablece el poder absoluto de Fernando VII por la intervención de las tropas
francesas. Durante los diez años que dura esta época —el rey muere en 1833—, la reacción
absolutista llega con la derogación del Reglamento General de Instrucción Pública de 1821 y la
posterior promulgación del Plan literario de estudios y arreglo general de las universidades del
Reino (1824), del Plan y Reglamento de escuelas de primeras letras del Reino (1825), y del
eglamento general de las escuelas de latinidad y colegios de humanidades (1826). Estas
reformas, que se denominaron Plan de Calomarde, por ser éste el responsable de su elaboración,
significaron un claro intento de hacer de la instrucción pública un instrumento eficaz del
absolutismo.

Las novedades más importantes serían el establecimiento de la uniformidad de los estudios de
todas las universidades y su exhaustiva reglamentación, la centralización de las universidades y
la articulación jerárquica del gobierno, la inspección y la dirección de las escuelas.

En 1833 comienza la regencia de Mª Cristina y, con ella, la llamada «década liberal». Durante
esos diez años se definen dos tendencias entre los liberales: los moderados y los progresistas.

Estos últimos lograrán afianzar sus ideas y su poder: desamortización, supresión de señoríos y
órdenes religiosas, secularización de la enseñanza, etc. En 1836 se aprueba el Plan General de
Instrucción Pública (Plan del duque de Rivas), que apenas tuvo vigencia pero supuso un
importante antecedente de la Ley Moyano de 1857.

Este Plan reguló los tres grados de enseñanza: la instrucción primaria, que comprende la
primaria elemental y la superior, la instrucción secundaria, dividida en elemental y superior, y la
instrucción superior, a las que corresponden las facultades, las escuelas especiales y los estudios
de erudición, respectivamente. Tras la aprobación de la Constitución de 1837 hubo intentos de
desarrollar normativamente los preceptos constitucionales, pero la sublevación de Espartero
imposibilitó su aplicación.

En 1843, con la mayoría de edad de Isabel II, se abre un nuevo período en la historia de España
que dura hasta 1854: es la llamada «década moderada». La ley clave de esta etapa, de marcado
carácter liberal moderado, es la Constitución de 1845. Con ella se pretendía servir a la nación
española paliando cualquier atisbo de radicalidad o de actitudes idealistas y encauzando la vida

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política del país. En el terreno educativo se aprueba en 1845 el Plan General de Estudios
(llamado Plan Pidal), en el que se renuncia a una educación universal y gratuita en todos los
grados y se establecen las bases para la primera definición del sistema educativo
contemporáneo, que se realiza con la promulgación de la Ley Moyano en 1857.

1.1.2. DE LA LEY MOYANO A LA PRIMERA REPÚBLICA. 1857-1874.

La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, llamada Ley Moyano por ser Claudio
Moyano Ministro de Fomento en el momento de su aprobación, fue fruto del consenso entre
progresistas y moderados, y significó la consolidación definitiva del sistema educativo liberal y
el comienzo de la estabilidad del desarrollo de la instrucción pública, sobre todo en el nivel
legislativo y de administración, durante más de un siglo.

La Ley Moyano consta de cuatro secciones. La primera, «De los estudios», regula los niveles
educativos del sistema: primera enseñanza, dividida en elemental (obligatoria y gratuita para
quien no pueda costearla) y superior; segunda enseñanza, que comprende seis años de estudios
generales y estudios de aplicación a las profesiones industriales; y, en el nivel superior, los
estudios de las facultades, las enseñanzas superiores y las enseñanzas profesionales. En la
sección «De los establecimientos de enseñanza» se regulan los centros de enseñanza públicos y
privados. La tercera, «Del profesorado público», regula la formación inicial, forma de acceso y
cuerpos del profesorado de la enseñanza pública. Por último, en la sección «Del gobierno y
administración de la instrucción pública» se establecen tres niveles de administración educativa
(central, provincial y local) perfectamente jerarquizados, y se regulan unos tímidos intentos de
participación de la sociedad en el asesoramiento a las diversas Administraciones.

Las características fundamentales de esta ley son las siguientes: su marcada concepción
centralista de la instrucción; el carácter ecléctico y moderado en la solución de las cuestiones
más problemáticas, como eran la intervención de la Iglesia en la enseñanza o el peso de los
contenidos científicos en la segunda enseñanza; la promoción legal y la consolidación de una
enseñanza privada, básicamente católica, a nivel primario y secundario; y, por último, la
incorporación definitiva de los estudios técnicos y profesionales a la enseñanza postsecundaria.

El 19 de septiembre de 1868 estalla la revolución conocida como «la Gloriosa», comenzando el
llamado sexenio revolucionario, y en 1873 es proclamada la Primera República española. Una
de las características básicas de este período en el campo de la educación es el impulso de la
libertad de enseñanza. El Decreto de 21 de octubre de 1868 defendía el necesario equilibrio
entre la educación pública y privada, la necesidad de unos estudios distintos en duración para
personas con desiguales capacidades y la libertad de cátedra. Otro importante decreto, aprobado
el 25 de octubre de ese año, organizaba la segunda enseñanza, entendiéndola como un
complemento o ampliación de la Educación Primaria, que debía formar ciudadanos ilustrados
dotándoles de una amplia instrucción, y regulaba las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias,
Farmacia, Derecho y Teología.

Así, aunque no se produjeron grandes innovaciones en este período en materia de política
educativa, muchas de las reformas introducidas en el tema de la libertad de enseñanza se
incorporaron al sistema educativo español de modo definitivo.

1.1.3. LA EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA DE LA RESTAURACIÓN. 1874-1923.

Tras los agitados sucesos del sexenio revolucionario, los deseos de paz y orden de amplios
sectores de la población facilitaron la llegada de la Restauración. En 1876 se aprueba una nueva
constitución que restaura la monarquía constitucional y que, siendo marcadamente
conservadora, supo conjugar principios de carácter más progresista: el sufragio universal, la
declaración de los derechos del hombre y la tolerancia religiosa.

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La vocación conciliadora de esta ley, sin embargo, no facilitó el consenso en política escolar.
Esta dificultad se desprende de la propia interpretación que del articulado constitucional harán
los diferentes sectores políticos. La Constitución, en su artículo 11, reconoce la religión católica
como la oficial del Estado, pero a su vez proclama la libertad de cultos y de conciencia. El
sector más intransigente del catolicismo español mantenía que la confesionalidad del Estado
implicaba el control ideológico de las escuelas y, por el contrario, las tesis de los liberales más
progresistas afirmaban que la tolerancia de cultos y la libertad de conciencia significaban,
necesariamente, la libertad de cátedra.

Además, el sistema de partidos turnantes hizo de la educación un espacio de lucha política por
la libertad de enseñanza, describiendo la legislación educativa un movimiento de péndulo en
función de quién ocupase la cartera de Educación. Así, aunque al principio se reafirmó la
confesionalidad del Estado, excluyendo la tolerancia religiosa y la libertad de cátedra, más
adelante se sucederían momentos en los que se proclama y defiende la libertad de enseñanza y
de conciencia.

La educación volvió a tener un gran protagonismo a finales del siglo XIX. La crisis interna y la
independencia de las últimas colonias en Asia y América hicieron que se acuñase la famosa
frase de «salvar a España por la escuela». La regeneración de España pasaba por la reforma
educativa. Fruto de este sentimiento será el período de cambios producido a principios del siglo
XX, en el que, una vez más, el consenso entre progresistas y liberales volvería a dar sus frutos.
Se reforman las escuelas normales, la enseñanza secundaria y los planes de estudio de las
enseñanzas universitarias. Las reformas también afectan a la reglamentación de los exámenes, a
la regulación de la enseñanza de la religión, a la titulación del profesorado, a la reordenación del
Bachillerato y a la autonomía universitaria.

Un hecho muy destacado es el intento de que los maestros pasen a ser pagados por el tesoro
público, puesto que hasta entonces eran pagados por los ayuntamientos y su salario era bastante
deficiente.

Hasta 1923, la política en general, y la educativa en particular, fueron vacilantes e inestables.

Los gobiernos se fueron precipitando más que sucediendo, ya que la duración media de los
mismos apenas llegaba a los cinco meses. En cualquier caso, en estos años no puede hablarse
con rigor de una política educativa coherente.

El 13 de octubre de 1923, el general Primo de Rivera encabezó un golpe militar que puso fin a
la Restauración. El planteamiento antiliberal del nuevo régimen se concretó en la negación de la
libertad de cátedra. Durante el mandato primorriverista se llevaron a cabo reformas en el
Bachillerato y en la Universidad; esta última muy contestada puesto que permitía a ciertos
centros privados universitarios la colación de grado.

1.1.4. LA SEGUNDA REPÚBLICA. 1931-1936.

Tras el triunfo de los partidos republicanos y socialistas en las elecciones municipales, el 14 de
abril de 1931 se proclama la Segunda República española y se abre una nueva etapa en el
sistema educativo español. Tras la marcha de Alfonso XIII se convocaron elecciones generales a
Cortes constituyentes, cuyos diputados se propusieron como primer objetivo la elaboración de
una nueva constitución.

Efectivamente, el 9 de diciembre se aprueba la Constitución de la República Española y
comienzan a dictarse leyes que suponen profundos cambios frente a la anterior situación.

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La Constitución republicana proclamaba la escuela única, la gratuidad y obligatoriedad de la
enseñanza primaria, la libertad de cátedra y la laicidad de la enseñanza. Igualmente, establece
que los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial serán funcionarios y que se
legislará con el fin de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los
grados de enseñanza, a fin de que no se hallen condicionados más que por la aptitud y la
vocación.

En cuanto a la normativa de carácter educativo que se aprueba en estos años, destacan los
cambios respecto a la regulación del bilingüismo, permitiendo que en las escuelas primarias se
enseñe en lengua materna, aunque sea diferente del castellano; se suprime la obligatoriedad de
la enseñanza religiosa; se reforma la formación inicial de los docentes; y se regula la inspección
de la primera y segunda enseñanza.

En 1933 se celebraron las segundas elecciones a Cortes de la República, dando la victoria a los
partidos de la derecha. Esto supuso que se revocaran muchos de los planteamientos educativos
del anterior gobierno. Los ataques principales se centraron en la coeducación, «prohibiéndose a
los maestros e inspectores su implantación en las escuelas primarias nacionales», en el Plan de
Escuelas Normales, que se pretendió derogar, y en la Inspección Central de Primera Enseñanza,
que quedó suprimida. Como aportaciones de esta etapa destacan las reformas de la segunda
enseñanza, fundamentalmente la aprobación, en 1934, del Plan de estudios de Bachillerato. Por
último, cabe señalar la continuación de la reforma universitaria con las mismas directrices del
anterior bienio.

Las terceras elecciones de la República, en 1936, dieron la victoria al Frente Popular, alianza de
partidos y organizaciones de izquierdas. A pesar de que entre sus promesas electorales se
incluían profundas reformas educativas, el alzamiento militar, que trajo consigo la guerra civil y
el final de la República, no permitió su puesta en práctica.

El 18 de julio de 1936 comienza la guerra civil española con el alzamiento militar del general
Franco. Durante los tres años que dura la confrontación, la vida social, cultural y política del
país vive conmocionada, por lo que habrá que esperar hasta la victoria de los sublevados para
reanudar la historia del sistema educativo español.

1.1.5. LA DICTADURA DEL GENERAL FRANCO. 1936-1975.

El régimen político que se impone en España a partir de la guerra civil no se preocupa de
diseñar un sistema escolar distinto del preexistente. En los primeros años, la educación sólo
interesa al Gobierno como vehículo transmisor de ideología, sin importarle en exceso su
organización y estructura interna. Así, proliferan decretos y órdenes ministeriales con una sola
idea: la educación debe ser católica y patriótica. Hay, por tanto, un rechazo frontal a la política
educativa de la República.

Podría caracterizarse someramente el sistema escolar de la posguerra por una serie de rasgos. En
primer lugar, se define una enseñanza confesional católica basada en tres premisas
fundamentales: educación de acuerdo con la moral y dogma católicos, enseñanza obligatoria de
la religión en todas las escuelas y derecho de la Iglesia a la inspección de la enseñanza en todos
los centros docentes. Se observa igualmente una politización de la educación por medio de una
orientación doctrinaria de todas las materias. En tercer lugar, se establece la subsidiariedad del
Estado en materia de educación, porque es la sociedad la que asume las competencias en este
terreno; ello no se entiende como subsidiariedad en el sentido liberal, sino que significa que el
Estado se desentiende de la tarea educativa y la deja plenamente en manos de la Iglesia. Como
ya se ha dicho, se produce una ruptura total con la época anterior, rechazándose todos los
avances de la república en cuanto a la renovación de los métodos pedagógicos y mejora del
nivel intelectual de la enseñanza. También es importante la separación de sexos, debida a la

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prohibición de la escolarización mixta. Y, por último, se incrementan el elitismo y la
discriminación en la enseñanza, manifestados principalmente en la existencia de un sistema
educativo de «doble vía»: el Bachillerato para las elites y otra vía para las clases más
desfavorecidas.

En este período se promulgan cuatro leyes importantes en materia de enseñanza. La primera, la
Ley de Reforma de la Enseñanza Media, de 20 de septiembre de 1938, pretende regular el nivel
educativo de las elites del país. En esa misma línea, el 29 de julio de 1943 se promulga la Ley
que regula la Ordenación de la Universidad. La tercera ley, que afecta a la Enseñanza
Primaria, deberá esperar hasta el 17 de julio de 1945, y la cuarta, la Ley de Formación
Profesional Industrial, hasta el 16 de julio de 1949.

En la década de los 50 se observa una cierta apertura en el mundo de la enseñanza. Persisten la
confesionalidad y el predominio de la Iglesia, pero remiten un poco el patriotismo y la
preponderancia del adoctrinamiento político sobre lo técnicopedagógico.

Tres leyes básicas se promulgan en esta etapa. En primer lugar, la Ley sobre Ordenación de la
Enseñanza Media llamada «Ley de Ruiz Jiménez», de 26 de febrero de 1953. Esta normativa
significa un nuevo enfoque de la educación, menos dogmático y más atento a la calidad
intelectual de la enseñanza; además, supone un primer paso hacia la generalización de la
escolaridad hasta los 14 años, aunque se mantiene la doble vía. La segunda ley fundamental,
decisiva en este caso para la escolarización real de la población infantil, fue la de 22 de
diciembre de 1953 sobre Construcciones Escolares, donde se establece un sistema de convenio
entre Estado y ayuntamientos y diputaciones para la construcción de escuelas.

Por último, la Ley de 20 de julio de 1957 sobre Enseñanzas Técnicas contribuye también, de
alguna manera, a la «normalización» del sistema, al incorporar a la Universidad las escuelas de
ingenieros y arquitectos y abrirlas a un mayor número de alumnos.

En los años 60, la expansión económica, el proceso de industrialización, la explosión escolar
pesar de que entre sus promesas electorales se incluían profundas reformas educativas, el
alzamiento militar, que trajo consigo la guerra civil y el final de la República, no permitió su
puesta en práctica.

El 18 de julio de 1936 comienza la guerra civil española con el alzamiento militar del general
Franco. Durante los tres años que dura la confrontación, la vida social, cultural y política del
país vive conmocionada, por lo que habrá que esperar hasta la victoria de los sublevados para
reanudar la historia del sistema educativo español.

1.1.6. LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970.

La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa (LGE), regula y estructura, por primera vez en este siglo, todo el sistema educativo
español.

Fue una ley de gran alcance, que pretendió superar las contradicciones internas en las que había
caído el sistema por sucesivas reformas sectoriales, insuficientes para responder al acelerado
cambio social y económico de la España de aquellos momentos.

Los planteamientos de la ley se inscribían en la tradición educativa liberal y suponían un
reconocimiento implícito del fracaso de la educación autoritaria de los últimos 30 años. Desde
una perspectiva global de educación permanente, la LGE diseñó un sistema unitario (se suprime
la doble vía en los primeros niveles) y flexible (se crean numerosos «puentes» y posibilidades
de paso de una rama a otra en los niveles superiores).

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Así, se estructura el sistema en cuatro niveles: Preescolar, Educación General Básica,
Enseñanzas Medias y Enseñanza Universitaria. Dado que esta ley sigue vigente en parte, en
posteriores capítulos se ofrece más información acerca de la estructura que regula.

Un resumen de las características más relevantes del sistema regulado por la LGE puede ser el
siguiente:

a) Generalización de la educación de los 6 a los 14 años para toda la población, en el doble
sentido de integración en un sistema único, no discriminatorio, de todos los niños y niñas
comprendidos en estas edades, y de escolarización plena.
b) Preocupación por la calidad de la enseñanza. La LGE no sólo supuso la extensión de la
educación, sino que procuró una enseñanza de calidad para todos.
c) Fin del principio de subsidiariedad del Estado, presente hasta 1970. Esta ley reconoce la
función docente del Estado en la planificación de la enseñanza y en la provisión de puestos
escolares.
d) Presencia notable de la enseñanza privada en los niveles no universitarios.
e) Un sistema educativo, pretendido teóricamente con esa estructura, poco selectivo en
comparación con otros países.
f) Preocupación por establecer relaciones entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, por
entender que la educación debe preparar para el trabajo.
g) Configuración de un sistema educativo centralizado, que trajo consigo una uniformidad en la
enseñanza.

1.1.7. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y LA REFORMA DEL SISTEMA
EDUCATIVO.

Franco muere en noviembre de 1975. Le sucede en la jefatura del Estado Juan Carlos I, rey de
España, quien nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno en 1976. Inmediatamente se
anuncia el desmantelamiento de las instituciones franquistas y se promulga una Ley de Reforma
Política, que es aprobada mayoritariamente por el pueblo español en un referéndum. Se
convocan las primeras elecciones democráticas desde 1936, donde triunfa la Unión de Centro
Democrático, que gobernará por espacio de seis años. El Parlamento surgido de estas elecciones
diseña una constitución democrática, debatida y pactada por la mayoría de las fuerzas políticas
del país y aprobada por referéndum en 1978. El artículo 27 de la Constitución marcó los
principios generales de toda la legislación actual en materia educativa, introduciendo, como es
lógico, profundas diferencias de enfoque y ciertas modificaciones parciales. Su formulación dio
pie, en 1980, a la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE),
con la que se realizó el primer intento normativo de ajustar los principios de la actividad
educativa, la organización de los centros docentes y los derechos y deberes de los alumnos a los
principios que marcaba la recién aprobada Constitución. Sin embargo, esta ley fue derogada
pocos años más tarde.

El ajuste de los principios democráticos y de participación presente en la Constitución hace que
se vayan aprobando nuevas leyes educativas. Será el Gobierno del Partido Socialista Obrero
español, llegado al poder tras las elecciones generales de 1982, quien se encargue de dicha tarea.
En sus años de gobierno aprobaron las cuatro leyes orgánicas básicas que, junto con la
Constitución, regulan el sistema educativo español. El Partido Popular ganó las elecciones
generales convocadas en 1996 y en 2000, desempeñando desde entonces las tareas de Gobierno
del Estado. En la actualidad siguen vigentes las leyes orgánicas antes señaladas, por lo que se
abordarán en el siguiente epígrafe.

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1.2. MARCO LEGISLATIVO GENERAL.

El sistema educativo español se regula por la Constitución Española [L001] aprobada en 1978 y
por cuatro leyes orgánicas que desarrollan los principios y derechos constitucionales. Este
marco legislativo se completa con una gran cantidad de disposiciones reglamentarias aprobadas
con posterioridad. La legislación básica se concreta en:
• la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria [L002];
• la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
[L003];
• la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo [L004]; y
• la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y
el Gobierno de los centros docentes [L005].

Al ser aprobada la LOGSE como norma legal básica en materia educativa queda derogada la
anterior Ley General de Educación de 1970 [L006]. Sin embargo, todavía siguen vigentes
algunos artículos de esta Ley como el 10, que hace referencia al calendario escolar, el artículo
11.3 sobre la información personal del alumno que se debe incluir en el expediente escolar, el
137 sobre Fundaciones y Asociaciones de carácter docente, y el artículo 144 sobre Inspección
General de Servicios. Igualmente, siguen vigentes algunas enseñanzas, dado que en la
actualidad no se ha completado aún el proceso de generalización de las enseñanzas reguladas
por la LOGSE.

1.2.1. LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN (LODE).

La Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) [L003] desarrolla el artículo
27 de la Constitución a excepción del apartado décimo relativo a la autonomía universitaria. Su
objetivo es garantizar para todos el derecho a la educación, haciendo especial énfasis en la
consecución de una enseñanza básica, obligatoria y gratuita, sin ningún tipo de discriminación.
La actividad educativa debe perseguir el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, la
formación en el respeto y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad como principios
democráticos de convivencia, la adquisición de conocimientos, hábitos y técnicas que capaciten
para la actividad profesional y la participación activa en la sociedad, así como la formación para
la paz y la cooperación.

Desde esta Ley se garantiza y desarrolla el derecho a la libertad de enseñanza. A los padres y a
los alumnos se les reconoce una serie de derechos que garantizan la consecución de los fines de
la acción educativa de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Se aprueba la existencia de
una doble red de puestos escolares, públicos y privados, estableciéndose un régimen de
conciertos al que se pueden acoger centros de titularidad privada para ser financiados con
fondos públicos. Esta ley distingue así entre centros cuyo titular es un poder público o centros
públicos, privados que funcionan en régimen de mercado, y centros de titularidad privada
sostenidos con fondos públicos denominados centros concertados.

Se regula asimismo la participación en la programación general de la enseñanza de todos los
sectores implicados en el proceso educativo desde el centro escolar hasta los niveles de máxima
decisión del Estado, quedando a su vez reconocida la libertad de asociación, federación y
confederación de los padres y de los propios alumnos.

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1.2.2. LA LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA
EDUCATIVO (LOGSE).

La Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) [L004] regula
la estructura y organización del sistema educativo en sus niveles no universitarios. En ella se
reiteran los principios y derechos reconocidos en la Constitución [L001] y en la LODE [L003].

Esta reordenación del sistema va encaminada a conseguir objetivos como la regulación efectiva
de la etapa previa a la escolaridad obligatoria, la reforma profunda de la formación profesional,
y la conexión entre las Enseñanzas de Régimen General y Especial. Así, la nueva estructura del
sistema educativo establece en su régimen general las etapas de Educación Infantil, Educación
primaria, Educación Secundaria, que comprenderá la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional de grado medio; Formación Profesional de grado
superior, y Educación Universitaria. También regula las Enseñanzas de Régimen Especial, que
incluyen las Enseñanzas Artísticas y de Idiomas. En el título preliminar se determina la duración
de la enseñanza básica contemplada en el artículo 27.4 de la Constitución: esta enseñanza
abarca la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, iniciándose a los 6 años de
edad y extendiéndose hasta los 16, de forma que se establecen diez años de escolarización
obligatoria y gratuita. Con el fin de garantizar una formación común de todo el alumnado, la
Ley determina los aspectos básicos del currículo en relación con los objetivos, contenidos,
principios metodológicos y criterios de evaluación. La LOGSE favorece a su vez un amplio
ejercicio de competencias en materia de educación por parte de las Comunidades Autónomas.
Con esta Ley también se refuerza la diversidad e identidad cultural, lingüística y educativa de
cada Comunidad, dando oportunidad desde el sistema al bilingüismo y a la inclusión de
materias propias de la cultura de cada territorio.

La LOGSE dedica títulos independientes a aspectos como la Educación de las Personas Adultas
y a la calidad de la enseñanza, estableciendo que los poderes públicos prestarán una atención
prioritaria al conjunto de factores que la favorecen como la formación del profesorado, los
recursos educativos y la función directiva, la innovación e investigación educativa, la
orientación educativa y profesional, y la inspección y evaluación del sistema. También se
aborda la compensación de desigualdades en educación desde la normalización e integración
social, introduciéndose el concepto de «necesidades educativas especiales».

1.2.3. LA LEY ORGÁNICA DE LA PARTICIPACIÓN, LA EVALUACIÓN Y EL
GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES (LOPEG).

La Ley Orgánica 5/1995 de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes (LOPEG) [L005] adecua a la nueva realidad educativa aprobada en la LOGSE [L004]
el planteamiento participativo y los aspectos referentes a organización y funcionamiento de los
centros que reciben financiación pública establecidos en la LODE [L003]. En su primer título
aborda la participación de la comunidad educativa en la organización y gobierno de los centros
docentes y en la definición de su proyecto educativo. Se regulan también los órganos colegiados
de gobierno de los centros docentes públicos como el Consejo Escolar y el Claustro de
profesores, detallando su composición, competencias y participación de la comunidad educativa
en ellos. Se define la función directiva de los centros públicos, especificándose los
procedimientos de elección, nombramiento y acreditación del director y, en su caso, del resto de
los miembros del equipo directivo. Se dedica a la evaluación un título completo siguiendo el
planteamiento propuesto en la LOGSE de permanente adecuación entre el sistema y la demanda
social, valorándose aspectos como la evaluación de los centros, de la función pública docente,
de la labor directiva y de la inspección, así como de la formación del profesorado. Por último se
desarrollan las funciones, condiciones de acceso y ejercicio de la inspección educativa.

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Como disposiciones adicionales se establecen aspectos que las distintas Comunidades
Autónomas han de desarrollar, entre otros las condiciones para garantizar la escolarización del
alumnado con necesidades educativas especiales en centros públicos, los criterios de admisión
de alumnos en algunas enseñanzas, convenios con centros de Formación Profesional o de
programas de Garantía Social, planes de formación de profesorado, adecuación de los conciertos
educativos, etc.

1.3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

La Constitución Española aprobada en 1978 por las Cortes y ratificada por votación popular
propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y
el pluralismo político.

En su título I se recogen los derechos y deberes fundamentales. Entre ellos se reconoce el
derecho a la educación como uno de los derechos esenciales que los poderes públicos deben
garantizar a todos los ciudadanos. El artículo 27 desarrolla otros principios básicos relacionados
con este derecho fundamental. Así aparece considerado en la misma Constitución:

1. «Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores
afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes,
dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de
los centros en los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el
cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley
establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.».

Se completa el desarrollo de este artículo con la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la
Educación (LODE) [L003], que garantiza en su título preliminar una oferta gratuita en los
niveles obligatorios e impide discriminaciones en el ejercicio de la libertad de enseñanza, así
como el acceso sin discriminaciones a los niveles superiores de educación. La LODE enuncia en
el artículo segundo los fines que ha de tener la actividad educativa, que son:

a) «El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.
b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.
f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.»

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La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) [L004] reconoce en
su artículo primero que el sistema educativo español está configurado de acuerdo con los
principios y valores de la Constitución y se asienta en el respeto a los derechos y libertades
reconocidos en ella y en la LODE. Esta ley define los principios a los que debe atender la
actividad educativa en el artículo 2.3 de la forma siguiente:

a) «La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos,
destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar,
social y profesional..
b) La participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la mejor
consecución de los objetivos educativos.
c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y
el respeto a todas las culturas.
d) El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.
e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.
f) La autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites establecidos por las leyes, así
como la actividad investigadora de los profesores a partir de su práctica docente.
g) La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional.
h) La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
i) La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los centros docentes y de los
diversos elementos del sistema.
j) La relación con el entorno social, económico y cultural.
k) La formación en el respeto y defensa del medio ambiente.»

La Constitución garantiza otros derechos básicos en educación como la libertad de enseñanza en
su artículo 20, la libertad ideológica y religiosa en su artículo 16 y el derecho a la cultura en el
44. También la LODE desarrolla aspectos contenidos en estos artículos. La Constitución
asegura a su vez la garantía de derechos internacionalmente reconocidos como los derechos
humanos, los derechos de los niños y los de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.

La LODE, en su título preliminar, detalla los derechos y libertades de los miembros de la
comunidad educativa (profesores, padres y alumnos).

A los docentes se les garantiza en el artículo 3 la libertad de cátedra. A los padres, en el artículo
4 se les reconoce el derecho a que sus hijos tengan una educación conforme a lo establecido en
la Constitución y en esta Ley, y a que reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus convicciones, así como a elegir un centro docente distinto de los creados por
los poderes públicos. En el artículo 5 se les garantiza la libertad de asociación.

Los alumnos tienen reconocido en la LODE el derecho a recibir una formación que asegure el
pleno desarrollo de su personalidad, a la valoración objetiva de su rendimiento, al respeto de su
libertad de conciencia y de convicciones, al respeto de su integridad y dignidad, a participar en
el funcionamiento del centro, a recibir orientación escolar y profesional y la ayuda precisa para
compensar carencias de tipo familiar, económico y sociocultural y a la protección social en caso
de ser necesario, así como el derecho a asociarse.

También se determina como deber básico de los alumnos el estudio y el respeto a las normas de
convivencia del centro.

A todos los miembros de la comunidad educativa se les reconoce el derecho de reunión en el
centro docente.

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Como principio de actuación para toda la comunidad educativa, tanto la LODE como la LOPEG
promueven la participación de dicha comunidad en la programación de la enseñanza, en la
organización y en el gobierno de los centros docentes. El principio de autonomía pedagógica
organizativa y de gestión de los recursos de los centros educativos también rige la marcha de
nuestro sistema.

Además del derecho a la educación y de otros derechos básicos relacionados con éste
desarrollados en la misma Constitución, en la LODE y en la LOGSE, la Constitución reconoce
la descentralización de la administración de la enseñanza en el Estado de las Autonomías como
un aspecto esencial. Excepto aquellas cuestiones que son de reserva competencial del Estado,
las Comunidades Autónomas pueden asumir, en el marco del artículo 148.1.17, competencias
en la ordenación y administración del sistema educativo en su ámbito de gestión.

1.4. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), de 2002.

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), de 2002, que modificaba tanto la Ley
Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, como la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, y la Ley Orgánica de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG) de 1995, proponía
una serie de medidas con el principal objetivo de lograr una educación de calidad para todos.

La LOCE no fue llevada a efecto, siendo reemplazada por la LOE.

1.5. Ley Orgánica de Educación (LOE), 3 de Mayo de 2006. (Doc. 3)

SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL (LOE)

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