En noviembre de 2016, el gobierno argentino se preparaba para las elecciones legislativas de 2017 y enfrentaba protestas sociales que demandaban la sanción de una ley de 'emergencia social'. Se alcanzó un acuerdo con organizaciones sociales para impulsar dicha ley a cambio de levantar marchas, mientras se discutían reformas fiscales y laborales en un contexto de creciente desempleo y recesión económica. La empresa General Electric implementó un nuevo sistema de evaluación sin calificaciones, buscando una cultura organizacional más flexible y centrada en relaciones a largo plazo con los empleados.