El documento describe los poderes ciudadanos establecidos en la Constitución de Venezuela de 1999. Estos incluyen la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo es promover y defender los derechos humanos; el Ministerio Público, encargado de garantizar el debido proceso y los derechos constitucionales; y el Poder Electoral, que dirige y vigila los procesos electorales y consultas populares para garantizar la participación ciudadana.