El documento discute la necesidad de implementar el documento electrónico y la firma digital en los procesos judiciales para agilizar la administración de justicia. Señala que se requiere dotar a los juzgados de la infraestructura tecnológica básica y crear fedatarios judiciales que certifiquen la validez de las firmas digitales, a fin de que el documento electrónico sea un medio eficaz y reconocido legalmente.