La nueva ley de delitos informáticos en Perú ha causado controversia por tener una redacción demasiado amplia que podría afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión. La ley tipifica actos como borrar archivos ajenos o utilizar una base de datos como delitos, y no hace una excepción clara para el hacking ético. Antes de aprobar la ley, Perú debió unirse al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia.